Salir de la oscuridad
Saúl Escobar Toledo
De manera similar a lo que sucede en
la industria del petróleo, en la que se ha revelado la existencia de una
estructura paralela, oculta e ilegal que ha servido para proporcionar enormes
ganancias a particulares, en el mundo laboral hace tiempo que viene operando un
esquema similar. En este caso, se trata de sindicatos de papel que no
representan a sus pretendidos agremiados y de contratos colectivos que no son
del conocimiento de los trabajadores y nunca han sido negociados entre la
representación de los empleadores y la parte obrera. Se les ha llamado
contratos de protección patronal pues solo han servido para que éste pueda
manejar a su antojo las condiciones de trabajo.
Como en el caso de la industria de
los hidrocarburos, las estructuras paralelas surgieron desde el interior de las
instituciones del Estado, PEMEX en el caso del huachicol y en la Secretaría del
Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los asuntos laborales. Si
allá han servido para enriquecer a una amplia red de funcionarios públicos y negociantes
privados, acá los beneficiados han sido un conjunto de líderes espurios,
despachos de abogados y autoridades corruptas que se han comportado como una
verdadera mafia para repartirse el dinero mal habido, simular que sucede lo que
nunca sucede (una relación obrero patronal basada en organizaciones gremiales
representativas), y protegerse unos a otros.
No son las únicas muestras de la corrosión de las estructuras del Estado. Es
el caso también, muy notable, de la seguridad pública, donde mandos policiacos
de distinto rango y nivel, jueces y ministeriales fingen cumplir con su deber
cuando en realidad solapan o pertenecen a grupos criminales.
Aunque indudablemente en todos los
ámbitos existen funcionarios honestos que se esfuerzan por cumplir con la ley y
su responsabilidad, en las últimas décadas el surgimiento de camarillas y
mecanismos ocultos dentro de las propias instituciones, concertados para
satisfacer intereses particulares, se ha agudizado. En el caso del mundo
laboral, la ausencia de democracia sindical viene de muchas décadas atrás,
sobre todo desde fines de los años cuarenta del siglo pasado. Pero con la globalización
de los mercados y las políticas neoliberales, el sindicalismo se convirtió, en
su mayor parte, en un aparato vacío, fantasmal y sombrío.
No hay mal que dure cien años, dice
el refrán. En este caso, la presión internacional principalmente de nuestros socios extranjeros, Canadá y Estados
Unidos, y de los organismos internacionales como la OIT, han jugado
un papel destacado para tratar de modificar esta situación pues consideraron
que la ausencia de representaciones
sindicales legítimas y democráticas en nuestro país forman parte de un sistema ilegal que ha
servido para bajar artificialmente los
salarios y prestaciones y atraer inversiones extranjeras, una competencia
desleal que debe ser combatida.
Ello, junto con diversas
manifestaciones de descontento nacionales, llevaron a una reforma del 123
constitucional en febrero de 2017. Sin embargo, durante casi dos años, ésta no
se ha aplicado porque no se ha reformado la Ley Federal del Trabajo. El cambio
político ocurrido el año pasado y la nueva composición del Congreso de la Unión
parece abrir por fin esta posibilidad. En las últimas semanas, diversas
iniciativas, entre ellas la suscrita por algunos diputados de MORENA, fueron presentados
ante el Congreso. Se trata de un proyecto que recoge puntos de vista de sindicalistas,
abogados y académicos del Observatorio Laboral. Se propone construir un nuevo
modelo basado, en primer lugar, en la independencia del sistema de justicia
respecto del Poder Ejecutivo, lo que implica la eliminación de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje. Pero en segundo lugar y de manera igualmente
destacada, busca garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
colectivos de los trabajadores. Con ello, se afirma, el mercado de trabajo y
las relaciones obrero-patronales podrían convertirse en espacios de inclusión
social, frenando la pobreza y la desigualdad imperantes.
En este comentario abordaremos
solamente una parte de las reformas: la que tiene que ver con la democracia
sindical y la negociación colectiva. Una pieza clave de este nuevo modelo es el
Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical (el CFCyR) el cual tendrá a
su cargo el registro de los sindicatos y contratos colectivos. Vigilará también
el respeto a la democracia sindical. Se trata de un organismo novedoso que
deberá gozar de plena autonomía y regirse por los principios de independencia,
imparcialidad y transparencia. El texto prevé un periodo de transición pues el
Centro empezaría a funcionar en un plazo no mayor de dos años.
De acuerdo con la iniciativa, habrá plena
libertad para organizar sindicatos, pero la autoridad cuidará que éstos cumplan
con sus estatutos. No habrá afiliación obligatoria y la elección de sus
directivas tendrá que realizarse por voto personal, libre y secreto. Las
organizaciones estarán también obligadas a rendir cuentas de la administración de
su patrimonio.
El registro de estos colectivos se simplificará
y solo se requerirá copia de las actas de su asamblea constitutiva y de la
elección de su directiva; la lista de sus miembros; y la presentación de sus
estatutos. La autoridad, el CFCyR, no
podrá negar dicho registro pero si deberá observar que sus reglas internas
contemplen, necesariamente, el voto secreto y la representación proporcional de
genero de sus dirigencias.
El proceso legal para pactar contratos
colectivos es un poco más complejo ya que el sindicato deberá contar
previamente con una Constancia de Representatividad (CR) expedida por el CFCyR.
Dicha Constancia solo podrá obtenerse si se realiza una consulta con los trabajadores
mediante voto personal, libre y secreto. Esta Constancia requerirá por lo menos
el respaldo del 30% de los asistentes y, en caso de que concurran dos o más asociaciones,
la constancia se otorgará a la que resulte mayoritaria. El Centro también se encargará
de convocar y organizar el proceso de
votación, elaborará las boletas, instalará las urnas y hará el registro de los
votantes. Llevará a cabo también el
escrutinio y cómputo de la votación, levantará el acta correspondiente y dará
fe de su validez. Finiquitado este paso, y si se cumplen los requisitos
legales, la autoridad deberá resolver la procedencia de la solicitud de la
Constancia de Representatividad y entonces se podrá dar validez al contrato
colectivo.
Este procedimiento, completamente
nuevo, tiene como finalidad evitar cualquier forma de simulación que permita a
un grupo de personas usurpar la representación de los
trabajadores en las negociaciones con el
empleador. Pretende también impedir que las autoridades decidan arbitrariamente la
procedencia de un registro sindical o de un contrato colectivo, fenómeno muy
común desde hace años que ha impedido el surgimiento de sindicatos independientes
y democráticos.
Una buena ley no garantiza su
inviolabilidad. En caso de que se apruebe el texto, el respeto a la voluntad de
los trabajadores, mediante el voto
secreto, dependerá ahora, sobre todo, de la conducta y probidad de las autoridades
encargadas del flamante Centro Federal de Conciliación y Registro. La
iniciativa de MORENA, junto con otras ya presentadas o en curso, deberán
discutirse en febrero, durante el periodo ordinario, y sufrir todos los cambios
que sean necesarios, siempre de acuerdo con los preceptos constitucionales. Una
vez aprobada, el gobierno deberá tener tiempo suficiente para preparar el
cambio. Estamos ante una oportunidad histórica de construir una nueva realidad en el que se elimine la simulación y se
destierren esas estructuras paralelas, ocultas e ilegales que han controlado el
ámbito laboral. Con ello, el sindicalismo mexicano podría empezar a salir de
las sombras y, de manera transparente, reinventarse con la participación genuina
de sus afiliados.
saulescobar.blogspot.com
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