Vistas de página en total

jueves, 15 de junio de 2023

México: las brechas regionales

La brecha regional en México : ¿aumenta o disminuye? Saúl Escobar Toledo Las diferencias regionales en México representan uno de los problemas más complejos y lacerantes de nuestra realidad. Estas se acrecentaron durante los años del neoliberalismo ya que la industria manufacturera de exportación se concentró en algunos estados del país, principalmente en la franja que corre de Querétaro y Guanajuato hacia la frontera con Estados Unidos. En cambio, el sur – sureste se mantuvo ajeno a este proceso de industrialización. Los años de la sustitución de importaciones (1945-1970) que propiciaron un tipo de industrialización distinta, fundamentalmente para el mercado interno, ya habían consolidado algunos núcleos industriales como Monterrey. Sin embargo, con la globalización de fines del siglo XX, algunas entidades lograron beneficiarse; otras tuvieron que cambiar su vocación productiva, como la Ciudad de México; y algunas más se quedaron sumidas en el atraso económico. La pandemia y nuevos fenómenos como la inversión pública en proyectos como la refinería de Dos Bocas, el corredor industrial transístmico y el Tren Maya, por un lado, y el llamado “nearshoring”, es decir la relocalización mundial de empresas e inversiones, por el otro, podrían estar cambiando esas tendencias. De acuerdo con el informe de INEGI, publicado en junio, con cifras de febrero de este año, a tasa anual y con series desestacionalizadas, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial, en términos reales, fueron: Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas. Ahora bien, si observamos las cifras en un plazo más largo, comparando los niveles previos a la pandemia con los de 2023, observamos que BCS todavía está muy por debajo de los niveles previos a la emergencia sanitaria; en cambio, Chiapas y Tabasco han crecido rápidamente lo mismo que Oaxaca (aunque un poco menos) . Por su parte, Quintana Roo, San Luis Potosí, y Nayarit a pesar del rápido crecimiento del último año, apenas están llegando a los niveles prepandémicos. Llama la atención la situación de Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa y, señaladamente, Tamaulipas, ya que no se han recuperado del trauma sanitario a pesar de haber sido parte del proceso de industrialización en las décadas pasadas. También es notable el caso de Campeche pues no se “contagió” del crecimiento de sus vecinos. Otros estados golpeados por la pandemia y todavía muy postrados son Colima, Michoacán y Veracruz. Por otro lado, además de los estados sureños mencionados, se observa un crecimiento, entre 2018 y 2022, en Baja California, Hidalgo, Nuevo León y Yucatán; y , en menor medida, Sonora, Jalisco, Chihuahua, y Guanajuato. Otras entidades como San Luís Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, parece que van en vías de recuperación, aunque muestran un nivel de actividad todavía por debajo de los años 2018-2019. ¿Qué podemos señalar con base en estos datos? Por un lado, que el impacto de las obras de infraestructura del gobierno está dando por resultado un rápido crecimiento industrial en tres estados del sur, quedando fuera, notablemente, Veracruz. Por otro, que las entidades más desarrolladas en las últimas décadas y sede de una mayor industrialización han tenido resultados dispares: mientras algunas entidades como Aguascalientes, Coahuila y, sobre todo, Tamaulipas no han se han recuperado, otras, como Baja California, Nuevo León, Sonora, y Chihuahua , han concentrado, quizás, los beneficios del “nearshoring” y es aquí donde se está concentrado la inversión extranjera. Tomando en cuenta entonces, únicamente, el crecimiento industrial, y sin discutir por el momento los costos sociales y medioambientales, dos regiones están despuntando: la del sur, conformada por tres estados: Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y las del corredor fronterizo con Estados Unidos, con la excepción de Tamaulipas. Sin embargo, esta bonanza aún no se refleja en los índices de pobreza laboral: las entidades con mayor porcentaje de personas pobres por los bajos ingresos que recibieron por su trabajo, en el primer trimestre de 2023, fueron: Chiapas (67.2%) , Guerrero (59.8%) y Oaxaca (57.2%) , mientras que Tabasco permanece en un nivel intermedio, cercano al 40%. Los estados norteños tienen una pobreza laboral mucho menor: en números redondos, Baja California (18%) , Nuevo León (22%) , Sonora (30%) y Chihuahua (28%) las cuales se sitúan por debajo del promedio nacional ( 37.7%). Además, en Chiapas, la pobreza laboral aumentó casi 2 puntos porcentuales en el último año en tanto que nivel nacional ésta disminuyó 1.1%. De la misma manera, la informalidad laboral en los tres estados sureños que crecieron significativamente en los últimos dos o tres años, sigue siendo muy alta: Chiapas (74%); Oaxaca (80%) y Tabasco (62.1%), mientras que en las entidades fronterizas es sensiblemente menor: BC ( 37.8%) Nuevo León (36.7%) Sonora (41,7%) y Chihuahua (34.1%). Todo ello muestra que la inversión pública ha generado crecimiento, pero aún es un fenómeno incipiente que no ha logrado modificar sensiblemente la pobreza y la informalidad laboral. Se trata de un proceso que apenas empieza y que no necesariamente está provocando un bienestar generalizado, quizás sólo “islas” de prosperidad dentro de una región históricamente rezagada, con la posible excepción de Tabasco, estado en el cual la pobreza laboral disminuyó en -0.4% en el último trimestre. En el otro extremo del país, en la región fronteriza norteña, la pobreza laboral, ( entre el IV-2022 y el I-2023), aumentó en Chihuahua en más de 4 puntos porcentuales y en Sonora 1.9%; aunque en BC se redujo en 1.6%, y en NL 0.1%. También en esta región se pude detectar un crecimiento desigual que no va acompañado necesariamente de un bienestar generalizado. Hay que agregar, no obstante, que Tabasco y Baja California destacan debido que el impacto de la pandemia se pudo superar pronto, y entre 2019 y 2021 el primero creció en casi 12% y el segundo en más del 4%. La brecha regional probablemente se esté cerrando si nos atenemos al crecimiento industrial y al del producto total: por ejemplo, la distancia, medida por el producto a precios constantes, entre Baja California y Tabasco, se redujo en dos años, de 1.28 a 1.19 es decir, en 7%; y, si tomamos el producto de los tres estados sureños y los cuatro fronterizos, la distancia se acortó en 6%. Estos números, sin embargo, no reflejan las condiciones sociales vigentes y los riesgos que provocan las nuevas inversiones. De ahí la necesidad de fortalecer la inversión pública en infraestructura productiva y, destacadamente, en bienestar social (educación salud, cuidados, protección del medio ambiente, ordenamiento urbano) tanto en el sur como en el norte y desde luego en otras regiones del país, particularmente los casos, hasta ahora, fallidos como Veracruz, Tamaulipas y Campeche; y las regiones que todavía no ven una mejoría, particularmente Colima, Guerrero y Michoacán; Tlaxcala y Puebla; y Durango y Zacatecas. Frenar la inversión pública no sólo agravaría las brechas regionales. Llevaría al país a un fracaso monumental, dejando inconclusos proyectos que apenas comienzan; sometería a la población a la inercia del crecimiento depredador (sobre todo de las grandes multinacionales exportadoras); y convertiría el nuevo empuje de las inversiones privadas, foráneas y nacionales, en un auge desordenado y excluyente, como ya se vio en las décadas pasadas. Se han abierto nuevas opciones de desarrollo. Para que éstas den como resultado una prosperidad compartida, se requiere una conducción responsable del Estado con la participación de la población afectada por las obras en curso y las que se decidan en el futuro. saulescobar.blogspot.com

La década perdida: una perspectiva del Banco Mundial

La década perdida del Banco Mundial Saúl Escobar Toledo Según un nuevo informe del Banco Mundial, publicado en marzo pasado, titulado Falling Long-Term Growth Prospects: Trends, Expectations, and Policies (Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo: Tendencias, expectativas y políticas), “casi todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad en las últimas tres décadas se están disipando… En consecuencia, se espera que entre 2022 y 2030 el crecimiento potencial promedio del producto interno bruto (PIB) mundial disminuya aproximadamente un tercio respecto de la tasa observada en la primera década de este siglo. En el caso de las economías en desarrollo, la disminución también será pronunciada: del 6 % al año entre 2000 y 2010 al 4 % anual durante el resto de esta década. Estas caídas serían mucho más marcadas en caso de producirse una crisis financiera mundial o una recesión”. En síntesis, el informe anuncia una “década perdida para la economía mundial”. Las repercusiones de este atorón económico serían graves pues se mermaría la capacidad del mundo para abordar problemas tan cruciales como “la pobreza persistente, los ingresos divergentes (la desigualdad) y el cambio climático”. Conviene entonces revisar brevemente las causas que encuentra el Banco para explicar este oscuro panorama y las posibilidades de solución que aconseja. El documento de 400 páginas, señala en su introducción, firmada por el presidente del Banco, David Malpass, que todas las fuerzas económicas que condujeron el progreso económico han estado menguando, incluso antes de la pandemia, en primer lugar, la productividad y la inversión. A lo anterior, agrega que el crecimiento de la fuerza de trabajo ha sido muy deficiente ya que en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, la población está envejeciendo. Además, la formación de capital humano ha sufrido retrocesos debido al shock sanitario, el cierre de las escuelas y la pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia. Finalmente, el comercio internacional que, entre los años 90s y hasta 2011 creció al doble del producto, ahora apenas aumenta al mismo ritmo. Las propuestas que plantea para recuperar el crecimiento y acelerarlo las resume de la siguiente manera: Primero, aumentar la inversión, para lo cual se requiere alentar al sector privado, reduciendo los problemas que lo afectan como : los costos para emprender un nuevo negocio, la “debilidad” de los derechos de propiedad; las políticas ineficientes en materia laboral; y la “flaqueza” de los sectores financieros. En segundo lugar, se recomienda mantener robustas las políticas monetaria y fiscal para apoyar la confianza de la inversión privada. Para ello se debe priorizar el combate a la inflación y cuidar el endeudamiento y el gasto público excesivo. También sugiere reducir los costos del transporte de mercancías mejorando los puertos y los sistemas de carga. Además, señala que el sector servicios se ha convertido en un motor muy importante para el crecimiento económico, sobre todo en los países en desarrollo y, particularmente, la exportación de servicios profesionales relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Para acelerar el crecimiento de estas actividades se requerirá un nuevo enfoque de la educación y la capacitación, especialmente en materia de idiomas y habilidades digitales. El BM propone, asimismo, la necesidad de elevar el nivel de participación de la fuerza de trabajo especialmente de las mujeres y de los trabajadores de mayor edad. Subraya la disparidad entre los géneros dado que la participación femenina representa tres cuartas partes de la masculina. Por su parte, afirma, se debe aumentar la participación de los trabajadores mayores de 55 años, aunque ello implique invertir en capacitación y reentrenamiento en nuevas habilidades. Finalmente, el informe del BM llama a fortalecer la cooperación internacional, la cual fue “muy amplia” después de la ruptura de la Unión Soviética hasta 2010, ya que posteriormente se debilitó. Nuevos métodos de cooperación en materia de comercio, clima, finanzas, deuda, transparencia, salud e infraestructura serán esenciales para alentar la inversión. Desde nuestro punto de vista, el documento tiene un problema fundamental: considera que las décadas pasadas, especialmente las que corrieron desde los años noventa del siglo pasado hasta la crisis mundial de 2008, fueron ejemplares. Es decir, los años más exitosos de la globalización neoliberal deben ser retomados como el modelo a seguir para recuperar el ritmo de crecimiento de la economía mundial. No hay, por lo tanto, una revisión crítica de esa experiencia como tampoco de las causas que llevaron a la crisis mundial de 2007-8 aunque se estudian con detenimiento sus consecuencias. Las enormes desigualdades de ingresos y riqueza provocadas por esos años de globalización neoliberal apenas son mencionados y su relación con el crecimiento se resuelve en una nota de pie de página. Por ejemplo, es evidente que la productividad se debilita si cae la inversión y que, en la década pasada, entre 2011 y 2020, ambas tuvieron un crecimiento más lento. Sin embargo, este fenómeno no fue un accidente; fue consecuencia de una serie de factores estructurales como la extrema concentración del ingreso; la fragmentación productiva que creó cadenas de valor muy extendidas para aprovechar el bajo costo de la fuerza de trabajo; y la tendencia cada vez más acusada de las grandes corporaciones a destinar sus excedentes a la especulación financiera. El tema del empleo no toma en cuenta la escasez de ocupaciones seguras, protegidas y bien pagadas. Desde luego, una mayor incorporación de la mujer a las actividades remuneradas es necesaria, pero debe reconocerse que, en muchos países en desarrollo como México, una gran parte de ellas tienen que aceptar ocupaciones informales, inseguras y mal pagadas en mayor proporción que los hombres. Buena parte de las propuestas parecen encaminadas a reconstruir el modelo neoliberal apoyando en todo lo posible a la inversión privada. Poco se dice en cambio de la posibilidad de que los estados nacionales conduzcan la recuperación económica. Mas bien se insiste en la necesidad de que la política monetaria se ajuste al combate a la inflación ( y no al crecimiento) y que la política fiscal se ajuste a la ortodoxia para no poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. De esta manera, no puede cuestionarse que el documento proponga reducir los costos del transporte, construyendo la infraestructura necesaria. Sin embargo, el informe supone que lo debe hacer la inversión privada. La posibilidad de que el Estado se encargue de un programa masivo de inversiones en este renglón queda condicionada por una reducción de los gastos “improductivos” y los “subsidios” ( no se precisa si éstos incluyen aquellos destinados a combatir la pobreza) y a que se encuentren los recursos necesarios. Para ello, como han sugerido otras instituciones, una reforma fiscal y el combate a la evasión y los paraísos fiscales es indispensable. No obstante, el documento sólo encuentra aconsejable en esta materia reducir los impuestos al trabajo y aumentar los que gravan el consumo. Llama la atención que el documento aconseje concentrar la atención en las inversiones en el sector servicios, como si la industrialización de los países en desarrollo quedara descartada. Sin embargo, la reestructuración de la globalización y el llamado “nearshoring” parecería indicar que el camino de la industrialización para países como México no está cancelada. Para el documento del BM, por el contrario, esta reestructuración puede conducir a una pérdida de productividad. El documento del BM pone a discusión varios problemas y, sin duda, la alerta, acerca de una próxima década de bajo crecimiento, debe tomarse muy en serio. Precisamente por ello, la crítica de sus fundamentos teóricos e históricos, así como de sus propuestas, son también muy necesarias. Saulescobar.blogspot.com

Crecimiento y empleo. México: la inercia del pasado neoliberarl

Crecimiento y empleo: la inercia del pasado neoliberal. Saúl Escobar Toledo De acuerdo con los datos más recientes del INEGI (https://www.inegi.org.mx/temas/pib/) el crecimiento de la economía mexicana, medida por el índice del Producto Interno Bruto (PIB), ha sido nulo si se mide entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2022 ya que apenas alcanzó un 0.08%. Si tomamos en cuenta los datos anualizados, el año pasado todavía no alcanzaba los niveles de 2018, y presentaba un decrecimiento de -0.9% aunque superaba los de 2017 en 1.3%. Se trata de cifras que pueden ajustarse, pero muestran, sin duda, que la economía mexicana no ha crecido en los últimos cinco años. Este fenómeno se explica por varias razones, desde luego por el trauma de la pandemia que impactó principalmente 2020 y 2021. También por la situación internacional y los problemas que se presentaron: primero el freno de las actividades en todo el mundo, después la interrupción de las cadenas de abastecimiento (refacciones y materias primas), y luego la inflación y el aumento de las tasas de interés. Otro asunto que ha pesado tiene que ver con la política económica pues se optó por la moderación y la estabilidad para no poner en riesgo la balanza de pagos y evitar una devaluación de nuestra moneda. El “supero peso” es entonces resultado de una administración conservadora de la economía y refleja, paradójicamente, la ausencia de medidas suficientes y oportunas para reanimar el aparato productivo. Ahora bien, si nos fijamos en el comportamiento por sectores entre 2018 y 2022, vemos que el sector primario (agricultura) fue el que creció más (8.8%); el sector secundario, por su parte, tuvo un comportamiento negativo (-1.25%) y en cambio, las actividades terciarias (servicios) crecieron en un 0.38%. Sin embargo, hay que recordar que, sin tomar en cuenta los impuestos, las actividades primarias representan una porción muy pequeña de la actividad económica (4.2%) en tanto que el grueso de éstas se ubica en los servicios (59%) y en la industria y la minería (32%). Por su parte, la ocupación y los salarios han tenido un comportamiento menos negativo. Si medimos el primer rubro con el concepto de brecha laboral, la cual incluye la desocupación abierta; los subocupados; y las personas que no buscan un trabajo pero estarían dispuestas a aceptarlo debido a que necesitan esos ingresos (la Población no Económicamente Activa disponible), ésta representó alrededor del 18% a finales de 2018 y en marzo de 2023 fue de 17.5%. Un progreso pequeño que, no obstante, resulta mejor que el comportamiento de la economía en su conjunto. En materia de salarios, el mínimo ha aumentado de diciembre 2018 a marzo de 2023 un 134% en términos nominales y de alrededor de 90.75% en términos reales (descontando la inflación, según el Banco de México). Los contractuales han tenido un desempeño más modesto. En el caso de las empresas privadas, habrán ganado un o dos puntos por encima de la inflación. En cambio, los trabajadores de las empresas públicas, tan sólo en el inicio de este año, han perdido por lo menos cuatro puntos porcentuales de su poder adquisitivo. La política de austeridad les ha recortado sus salarios. Hay otro elemento que hay que tomar en cuenta: en la medida en que la economía se fue recuperando, todas las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) también se expandieron. En marzo de 2023, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 32.5 millones de personas y la Tasa de Informalidad Laboral fue 55 % de la población ocupada. Lo que quiere decir que la mayoría de los trabajadores mexicanos laboran en condiciones vulnerables: carecen, en su mayoría, de seguridad social, estabilidad laboral y reciben ingresos muy reducidos. De esta manera, puede decirse que la ocupación ya superó los niveles previos a la pandemia; sin embargo, no ha cambiado su estructura: seguimos arrastrando los mismos problemas, las brechas de desigualdad entre trabajadores formales e informales; entre hombres y mujeres; entre las distintas regiones del país; y con un nivel de desempleo juvenil elevado, pues más de la tercera parte de las personas sin ocupación tienen menos de 24 años. En resumen, superamos el golpe de la pandemia, pero seguimos arrastrando una situación muy deficiente. La regulación de la subcontratación y, quizás el alza de los salarios mínimos, hayan servido para impedir que el estancamiento económico redundara en una caída más fuerte de la ocupación. En lo que se refiere al último asunto, hay que tomar en cuenta que los salarios de menores ingresos se han elevado más que los intermedios y los que reciben ingresos más elevados. Fenómeno que merece una investigación más minuciosa. Las expectativas de crecimiento para este año apuntan a una cifra menor al 2% (1.6% según el Banco de México). Sin embargo, el contexto internacional sigue siendo incierto y los efectos de una recesión o una crisis financiera en Estados Unidos no pueden descartarse. Lo que resulta indudable es que se requiere de una nueva política económica que acelere el crecimiento y dé lugar a una estructura ocupacional más justa para los trabajadores. No puede apoyarse solamente en los aumentos al salario mínimo ni en los programas de inversión en infraestructura que se están realizando. Por lo pronto, resulta imperativo detener el aumento de las tasas de interés, como ya lo están haciendo otros países, incluso de América Latina. El tipo de cambio del peso mexicano no puede ser el objetivo más importante de la política económica. Viendo hacia el futuro inmediato, han surgido propuestas para esbozar lo que podría ser una agenda de reformas desde el lado progresista, entre las que se encuentran, por lo menos, las siguientes: una reforma fiscal que grave a los sectores de mayores ingresos (quizás apenas al 1% más rico) y disminuya los impuestos de los que menos ganan; una política industrial apoyada en tres pies: inversiones públicas en infraestructura y servicios, incluyendo no sólo aquella indispensable para las empresas (energía, comunicaciones, internet) sino también para el reordenamiento urbano. Una segunda pata, consistiría en su orientación “verde”, para evitar el saqueo de recursos naturales, principalmente el agua; y una tercera, el aumento del gasto en Ciencia y Tecnología. Asimismo, se requiere seguir avanzando en la agenda laboral. La reforma de 2017-2019 necesitará mayores recursos para que las nuevas instituciones funcionen mejor, principalmente los juzgados laborales y los centros de conciliación. Un seguro de desempleo es otra falta que se arrastra desde hace décadas. Asimismo, es indispensable desplegar una red de instituciones estatales en materia de cuidados, especialmente dirigidos a la mujer trabajadora (guarderías, escuelas de tiempo completo, alimentación para menores, etc.). Por su parte, el Congreso tiene varios asuntos no resueltos: la ley para la protección de los trabajadores que laboran para plataformas digitales y la semana de cuarenta horas con dos días de descanso. Dejemos para otra ocasión el tema del sistema de pensiones privado (manejado por las AFOREs) debido a su complejidad. Anotemos, solamente, que el problema no está resuelto. Tampoco hemos abordado el grave problema de las instituciones públicas de salud y el retroceso en esta materia que quedó demostrado con la desaparición del INSABI. Todos estos asuntos por resolver deben verse a la luz de las lecciones que nos dejó la pandemia, pero también observando que, en los fundamental y a pesar de algunos cambios, seguimos teniendo un crecimiento insuficiente y una estructura productiva y del empleo que persiste desde hace décadas. El cambio estructural no ha llegado y por lo tanto, la pobreza, la desigualdad y el abandono de millones de mexicanos siguen siendo una deuda pendiente. saulescobar.blogspot.com