El aumento a los salarios mínimos 2022: trayectoria histórica y efectos en el presente

22 por ciento Saúl Escobar Toledo El incremento de los salarios mínimos anunciado la semana pasada puede leerse de distintas maneras: en primer lugar, desde el punto de vista histórico, viendo el largo plazo, se trata de un esfuerzo significativo. Después de una caída vertical entre 1982 y 2003, hubo una etapa de congelamiento que duró hasta el 2017. En la administración del presidente López Obrador, el aumento ha sido de 96 % en términos nominales y alrededor de 75% en términos reales (sin tomar en cuenta la inflación de 2022 y exceptuando a la franja fronteriza del norte). Desde este ángulo, han alcanzado el nivel que tenían en 1988, pero todavía la mitad de su punto más elevado ocurrido en 1977. Esta trayectoria muestra una recuperación acelerada. Un crecimiento promedio anual real de casi 19% (frente a un 5.5 % del periodo 1953-1970 cuando se observó el periodo más prolongado de crecimiento de los salarios). Representa sin duda un punto de inflexión que debe ser sostenido no sólo en el sexenio actual sino durante varios años más. Un cambio de fondo que debe reconocerse como un punto de partida para un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Rompió con tesis supuestamente basadas en criterios científicos propagadas por la administraciones anteriores que aseguraban que aumentar los mínimos por encima de la inflación afectarían la creación de empleos y serían un factor que dispararía los salarios y los precios en su conjunto. Se puede entender como una derrota, en el terreno político e ideológico, de las ideas neoliberales más rígidas y de aquellos personajes que de manera sistemática y planeada decidieron mantener estos ingresos laborales en niveles mundialmente muy reducidos para “atraer la inversión”, creyendo que esa “ventaja comparativa” impulsaría el crecimiento económico. Desde el punto de vista del combate a la pobreza, esos casi 173 pesos o poco más de 5 mil pesos mensuales, son todavía inferiores a la línea calculada por CONEVAL para definir la pobreza urbana por familia, la cual sería de al menos 7 840 pesos, presumiblemente, en enero de 2022. Sin embargo, sería suficiente para comprar la canasta alimentaria en las zonas urbanas de alrededor de 4 mil pesos mensuales (suponiendo en ambos casos que esa familia necesite al menos dos salarios mínimos para sostener a todos sus miembros). Ayudará por lo tanto a reducir, en una medida por ahora incuantificable, el número de personas que en el tercer trimestre de 2021 tenían un ingreso laboral que los ubicaba por debajo de la línea de la pobreza, y que representaban el 41% de la población ocupada: principalmente al 20% menos favorecido y más lastimado por la crisis causada por la pandemia. La secretaria del trabajo aseguró que beneficiará a 6.3 millones de trabajadores, según cifras del IMSS. No obstante, debe tomarse en cuenta que la informalidad laboral alcanza al 56% de todas las personas ocupadas. Éstos, que no tienen un contrato, prestaciones, ni seguridad social, se benefician poco de los aumentos decretados por CONASAMI. Se trata de 31 millones y medio de trabajadores con un ingreso laboral promedio de 4 400 pesos mensuales. Una porción muy significativa gana menos de un salario mínimo; según CONEVAL, en total, hay 16 millones de trabajadores en esta condición. Un tercer enfoque tiene que ver con las revisiones contractuales. Durante este año, según el Banco de México, éstas han logrado incrementos entre agosto y octubre entre 5.7 y 4.1 % en términos nominales. Calculando la inflación de los últimos doce meses, resultan cifras negativas en términos reales de (-) 1.2 y (-) 1.6 %. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que, entre enero y octubre, el aumento promedio de los salarios fue de 4.5% en términos nominales; descontando la inflación, retrocedieron 0.94%. La cosa se va a complicar el próximo año debido a que la inflación ha venido al alza y puede seguir esta tendencia en 2022. De acuerdo con CONASAMI, el factor que debe guiar las negociaciones colectivas sería de aproximadamente 9% ya que el llamado MIR (monto Independiente de Recuperación) tiene, dijeron, “como única finalidad la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y es una cantidad absoluta en pesos (en esta ocasión $16.90), que no debe ser utilizada como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales, federales, estatales, ni municipales” . Suponen quizás que el aumento general de precios de este año será cercano al 8 % por lo que la recuperación real sería apena un punto o menos. Esta indicación tiene varios problemas: el primero, que la CONSAMI no debería hacer recomendaciones de este tipo. No está en sus facultades legales y se trata de una práctica heredada del sexenio anterior. Se supone que las revisiones contractuales se deben llevar a cabo por los empleados y empleadores sin ninguna influencia externa incluyendo, desde luego, cualquier instancia oficial. El segundo, que las empresas serán muy renuentes a otorgar este margen de aumento debido a los problemas e incertidumbres que asolan el panorama económico. Recordemos que nivel mundial se enfrenta también un proceso inflacionario agravado por la interrupción de las cadenas de abastecimiento y los posibles efectos de la nueva ola de la pandemia. Y que, a nivel nacional, la recuperación económica ha sido más lenta en los últimos meses. Por su parte, las familias han visto aumentar el precio de su canasta alimentaria de manera más acentuada que el promedio nacional. Desgracidamente, la reforma laboral apenas está en un momento de transición y la inmensa mayoría de los trabajadores no cuentan todavía con sindicatos, contratos o dirigentes representativos que garanticen una negociación de sus salarios apegada a sus requerimientos presentes y futuros. En resumen, los incrementos a los mínimos han roto con una tendencia de varias décadas y pueden amortiguar el crecimiento de la pobreza. Sin embargo, sus efectos serán limitados por la magnitud del trabajo informal; la inflación; y la respuesta de los empleadores en un entorno que arrastra todavía el peso de una estructura sindical muy poco representativa y de una base obrera desmovilizada que, al mismo tiempo, siente que sus ingresos alcanzan cada vez menos para sostener a sus familias. Lo anterior puede crear un panorama difícil para el próximo año. Por un lado, nos encontraríamos con una inconformidad social que no encuentre solución, con los costos políticos que ello representa. En algunos casos, se producirían conflictos laborales en un entorno más bien desfavorable para los trabajadores. El esfuerzo gubernamental requiere entonces complementarse con más reformas laborales (seguro de desempleo; combate a la informalidad; protección a los puestos de trabajo más vulnerables como los jornaleros rurales y los que laboran en plataformas digitales); la continuidad de la implementación de la reforma laboral (sin las restricciones presupuestales que la amenazan); y una estrategia económica renovada que amplíe los programas sociales para beneficiar a los trabajadores en activo y al mismo tiempo fortalezca la oferta mediante una nueva política industrial (mayor inversión pública en infraestructura; en investigación y desarrollo científico y tecnológico; y en apoyos a las micros y pequeñas empresas). Vivimos un proceso de transición : los aumentos a los mínimos son una base, indispensable, para fincar una sociedad más justa y productiva. Sería una lástima que el resto de la obra quedara inconclusa. saulescobar.blogspot.com

Integración económica y soberanía nacional: el caso del T-MEC

La integración de América del Norte y la soberanía nacional Saúl Escobar Toledo La participación del presidente López Obrador en la Cumbre de Líderes de América del Norte hace unos días consistió, en general, en una ratificación de su visión política acerca de la integración económica en este bloque. Recodemos que, a principios de julio de 2020, AMLO viajó a Washington a ratificar el T-MEC con el entonces mandatario Donald Trump. En esa ocasión, el presidente mexicano enfatizó que la región “es inexplicablemente deficitaria en términos comerciales… lo cual se traduce en fuga de divisas, menores oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleos”. Y añadió que América del Norte ha perdido presencia económica en el mundo durante las últimas cinco décadas. Por ello, según AMLO, el nuevo Tratado debe “buscar una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas… ya que las importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte”. Luego vino la parte más debatible al agradecer a Trump su “comprensión y respeto” tanto a su gobierno como a “nuestros paisanos mexicanos”. Y recalcó que “nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía”. Nos ha tratado “como lo que somos: un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano”. Más de un año después, en la reunión de la CELAC, ante los gobernantes de América Latina y el Caribe, y después de invitar al presidente de Cuba a participar en los festejos de nuestra independencia, amplió su idea. Propuso, una integración económica de los países de esta región con Estados Unidos y Canadá: “construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea”. Lo anterior estaría basado en “la no intervención y la autodeterminación de los pueblos; la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación”. Abundó: “propongo que construyamos un acuerdo y firmemos un Tratado para fortalecer el mercado interno en nuestro continente…”. En su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU a principios de noviembre de este año, fue más allá. Denunció la “corrupción” de “los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites; el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de pueblos”. También acusó a las grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos; la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales; y la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres”. Resumió: “Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos”. Específicamente, propuso un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios, el cual podría financiarse con un fondo procedente de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4 por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta; una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes; y una cooperación del 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Con estas aportaciones, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares. En la reunión en Washington, con el primer ministro de Canadá y el presidente de EU, AMLO reiteró, como lo hizo frente a Trump, la importancia de la integración económica frente al crecimiento de otras regiones del mundo y la decadencia de Norteamérica. En esta ocasión, su intervención fue más agresiva en el caso de China, al señalar que si se mantienen las tendencias que reflejan el creciente dominio de esa potencia asiática del mercado mundial, se “mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza”. Insistió en la necesidad de impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones. Y puso en la mesa el asunto de la migración: ya no habló del respeto que supuestamente tuvo Trump con ellos. Ahora señaló: dado que, para crecer se necesita de fuerza de trabajo que, en realidad, no se tiene con suficiencia ni en EU ni en Canadá, se debería “abrir ordenadamente el flujo migratorio”. ¿Cómo interpretar este activismo internacional del presidente? Sobre todo, queda claro que, para AMLO, la integración económica norteamericana es un tema vital. Pensar en la posibilidad de adoptar un rumbo distinto está descartado. A diferencia de lo que esperarían sus simpatizantes y opositores, el presidente mexicano es el más convencido de seguir el camino abierto por el TLCAN en 1994, aunque con un discurso diferente que plantea algunas condiciones y exigencias nuevas, como en el plan de ayuda a Centroamérica. Integración económica y soberanía nacional son asuntos que, por su propia naturaleza, se contraponen. El ejemplo más evidente es, precisamente, la Unión Europea. La clave, como han afirmado diversos especialistas, consiste en regular esa integración de tal manera que no se sacrifiquen, sobre todo en una relación tan desigual, las prioridades nacionales y se pueda aspirar a una prosperidad compartida. La condición principal para evitar ese riesgo, según ha afirmado nuestro mandatario, reside en su liderazgo y su oposición a una eventual injerencia indebida de la potencia norteña. De ahí el valor simbólico de su posición frente a Cuba y la presencia del presidente Diaz Canel en México. O su discurso en la ONU. Sin embargo, esa independencia política no se ha reflejado, por ejemplo, en el tema de la migración. Ya veremos qué efectos tiene en la cuestión de la reforma energética. Por otro lado, es importante destacar que, por lo pronto, la política de Biden y Trudeau en materia de derechos laborales permitiría suponer que estamos hablando de una asociación que incluye un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, según lo pactado en el T-MEC. Sin embargo, la situación política en EU y una eventual derrota de los demócratas el próximo año podría debilitar la presión sobre las grandes compañías estadounidenses instaladas en México para respetar los derechos laborales. La retórica del presidente en materia internacional se ha vuelto más audaz que en los inicios de su administración. Ya no se afirma que “la mejor política exterior es una buena política interior”. Más bien se observa lo contrario: la política exterior es indispensable para gobernar al país e impulsar el desarrollo económico. Este cambio de estrategia ha dado lugar a algunos excesos retóricos (por ejemplo, contra China); a un poco de demagogia (en el tema de la migración indocumentada); de incongruencias (si en la ONU propone nuevos impuestos debería hacerlo en México); y de malabares geopolíticos (como proponer un Tratado, al estilo europeo, que incluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con Estados Unidos). Podría admitirse que la integración de América del Norte es inevitable. Pero cabría también señalar que la diplomacia y la política exterior del gobierno mexicano no tienen que ser cuestiones ajenas y a veces opuestas a las políticas internas. Esa integración ofrece ventajas y riesgos. Para el gobierno mexicano parecen estar claros los beneficios, no los inconvenientes. Una regulación ventajosa para México sigue siendo un desafío que, en estos momentos, depende en buena medida de la voluntad del gobierno estadounidense. Ha faltado, de este lado, una estrategia de desarrollo nacional que, en el marco de la asociación norteamericana, realice las transformaciones necesarias para construir una economía más sustentable e incluyente. saulescobar.blogspot.com

La Disrupción de las cadenas de abastecimiento mundial

El Gran Atasco Global Saúl Escobar Toledo Desde 2020, el cierre de los establecimientos manufactureros debido a la pandemia afectó la producción de todo tipo de bienes, tanto de consumo final como intermedio (refacciones). La oferta se paralizó. Una de las manifestaciones más evidente de este fenómeno se observó en el embotellamiento de barcos cargados de contenedores en los grandes puertos ubicados en diversas partes del planeta. No había personal que los descargara, ni empresas que los requirieran, particularmente, entre marzo y septiembre de 2020. Cuando las empresas empezaron a abrir sus puertas, el problema no se resolvió porque las mercancías seguían atoradas en el mar. Se creó lo que se ha llamado la gran Disrupción de las Cadenas de Abastecimiento (según la agencia Bloomberg: “The great Supply Chain Disruption”), es decir, un atasco mayúsculo del flujo del comercio internacional. Debido a ello, los consumidores sufren demoras en las entregas de sus pedidos, y las fábricas están enfrentando serias dificultades para conseguir refacciones y productos terminados. Según Otaviano Canuto del Centro de Estudios de Macroeconomía y Desarrollo (www.policycenter.ma), el tiempo de entrega aumentó más del 50% en 2021 mientras que la tasa de envíos marítimos por contenedores (container shipping rates) subió de 100 a 250 puntos en este mismo año. Para Michael Spence, premio Nobel en esta disciplina, las alteraciones de las cadenas de suministro están perjudicando seriamente la recuperación económica global (Project Syndicate 03/11/2021). Las ramas afectadas por las demoras y la escasez –incluido un amplio rango de bienes intermedios, desde materias primas hasta semiconductores, y los productos finales que dependen de ellos- dan una impresión semejante a una economía de guerra. Y, agrega, las alteraciones nos tomaron en gran medida por sorpresa. En el primer trimestre de este año, se proyectaba de manera contundente que la expansión económica mundial iba a acelerarse y no se esperaba que la oferta fuera a resultar un problema que atorara el crecimiento. Señala que, según diversos observadores, este fenómeno persistirá hasta bien entrado el 2022. El autor ofrece varias razones del atorón: Una, es que la demanda reprimida se liberó antes de que la pandemia hubiera terminado. Cuando el consumo aumentó, las alteraciones provocadas por el COVID siguieron afectando a los principales puertos e instalaciones manufactureras, lo que sofocó la oferta. Otro factor es que la demanda parece haber aumentado más allá de la capacidad de carga máxima del sistema. Expandir esa capacidad exigirá inversiones y, sobre todo, tiempo. Canuto asegura, por su parte que, del lado de la oferta, la complejidad y distribución geográfica de las cadenas de valor hacen que la entrega final sea muy vulnerable a los bloqueos. Del lado de la demanda ha habido cambios significativos en su composición y volumen desde 2020. Por ejemplo, la sustitución del consumo, de manera personal, por compras electrónicas de bienes de consumo de los hogares. En los países desarrollados, los apoyos fiscales han permitido a las familias mantener su nivel de ingresos y seguir adquiriendo mercancías y servicios. El problema de fondo concluye Spence, es que las redes de suministro globales, como están constituidas actualmente, son rígidas y descentralizadas. El sistema pudo funcionar bien en tiempos normales, pero no fue capaz de enfrentar las perturbaciones que aparecieron súbitamente. Además, resulta muy difícil tomar medidas precautorias: “No hay manera de saber, por ejemplo, dónde se producirán los nuevos cuellos de botella, mucho menos de qué manera los participantes del mercado pueden adaptarse a estas dificultades”. Y agrega: “El sistema es esencialmente miope: descubre los bloqueos sólo cuando ya ocurrieron”. México ya está sufriendo este problema: El FMI, en su reporte de noviembre acerca de la situación en nuestro país asegura que la dinámica de las manufacturas está siendo contenida por la escasez de suministros, principalmente de semiconductores. El organismo internacional destaca que el 95 por ciento de estos insumos, que se utilizan en la producción de vehículos motorizados en México, fueron importados. En 2018, estas piezas fueron valuadas en 75 mil millones de dólares. Además, la oferta doméstica de semiconductores decreció del 20% en 2003 al 8% en 2014. Por ello, el atasco internacional se ha convertido en un factor negativo para la producción de manufacturas y de las exportaciones, especialmente de vehículos. Se calcula que puede haber una caída del 11% en esta rama industrial entre el último trimestre de 2020 y el primero de 2021. El impacto puede alcanzar casi un punto porcentual del PIB, según el Banco de México. En un reportaje de Villalpando, publicado en Las Jornada el 8 de noviembre, se señala que, según el IMSS, entre enero y agosto de este año se perdieron en el estado de Chihuahua 6 mil 846 puestos laborales en las industrias automotriz y electrónica, así como en el sector de servicios técnicos profesionales, debido al desabasto de insumos. La presidenta del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) de Ciudad Juárez, señaló que el impacto de la falta de chips afecta a unas 200 maquiladoras, la mayoría de ellas instaladas en esa ciudad fronteriza. Y agregó que “ya se están llevando a cabo recortes de contrataciones de personal pues las plantas no requieren tanta mano de obra”. En resumen, el Gran Atasco de las cadenas de abastecimiento de refacciones y productos terminados está afectando al comercio y a la producción global de una manera no prevista y, al parecer, sin un remedio a la mano. Lo único que queda, a nivel mundial, es esperar que el problema se vaya resolviendo con el tiempo. Sin embargo, mientras eso sucede, las fábricas volcadas a la exportación, tendrán que reducir su ritmo de producción y por lo tanto sus plantillas de trabajadores. La globalización capitalista de la era neoliberal se ha vuelto poco menos que caótica. Este desorden se ha convertido en un serio obstáculo para aumentar la producción y el empleo, Si a ello sumamos las posibilidades de una cuarta ola de COVID que puede estar presentándose ya en algunos países de Europa, y otros problemas como la posibilidad de una crisis financiera y un aumento de la inflación, el panorama general no pinta tan bien como parecía al inicio de este año. México, como exportador de manufacturas y altamente dependiente de la oferta y la demanda de EU, sufrirá este gran atasco probablemente más que otros países de América Latina. Si a nivel internacional no hay mucho que hacer, en el ámbito nacional sentarse a esperar no puede ser una estrategia recomendable. Los pactos contenidos en el TMEC, de manera destacada en la industria automotriz, se encuentran en riesgo. Una mejor opción consistiría en diseñar una política activa de corto y mediano plazo que amplie la infraestructura marítima y de transporte, los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, y a los trabajadores que ya están siendo despedidos, con una visión de mediano y largo plazo, como parte de un plan industrial de sustitución de importaciones. Ello tendría que ser acompañado de una mayor inversión en tecnología, ya que, como lo señala un experto en innovación industrial “somos aun un país con niveles de inversión en I+D por debajo de Brasil y de Chile. México destina menos de 1% del PIB en Transformación Digital o Inversión en Digitalización y Automatización” (cf. Carlos Escobar en linkedin; logistics digital industry) No se trata de un asunto sencillo. Sin embargo, los costos de este embrollo pueden ser cada vez más elevados en la medida en que transcurre el tiempo. Una intervención planeada del Estado mexicano sería muy conveniente. saulescobar.blogspot.com

Los sistemas privados de pensiones en América Latina y la reforma del sistema en México

Los sistemas privados de pensiones en América Latina: un balance negativo Saúl Escobar Toledo ¿Cuáles han sido los resultados de la privatización de las pensiones en América Latina? ¿Por qué ocurrió y qué ventajas y desventajas aporta la reforma de ese sistema en México aprobado el año pasado? Estas son algunas de las preguntas a las que responde un estudio muy detallado del doctor Carmelo Mesa-Lago, “Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): promesas y realidades” publicado recientemente por la Fundación Ebert, disponible en www.fes.mexico.org. El tema de las pensiones, a pesar de su enorme importancia, no recibe la atención que merece en los medios de difusión debido entre otras cosas a sus complejidades técnicas y conceptuales. Sin embargo, es un asunto vital para las sociedades contemporáneas. El futuro de millones de personas que han trabajado toda su vida está en juego. Una vejez que no recibe los ingresos necesarios para su sostenimiento empobrece a toda la familia y se convierte en un problema social que refleja la desigualdad, la exclusión y el abandono que distingue al capitalismo actual. Representa, también un desafío ante las tendencias demográficas de muchos países en los que se observa un aumento relativo de la población mayor de 65 años que no se compensa, al ritmo de las tendencias de décadas anteriores, con la incorporación de una mayor cantidad de jóvenes al mercado laboral. El autor de este libro, un especialista que ha reflexionado en torno a estos asuntos desde hace muchos años, ha sido reconocido ampliamente por diversos organismos internacionales como la OIT y la CEPAL. Se ha convertido en una referencia obligada de los estudios acerca de la seguridad social y las pensiones. El autor señala que “en esta obra integro, profundizo y actualizo toda mi obra anterior sobre el tema por casi 30 años, a la par de revisar la principal bibliografía existente, y evalúo las promesas de la privatización en los aspectos fundamentales de la seguridad social”. En sus páginas encontraremos una evaluación de los nueve sistemas privados de pensiones latinoamericanos todavía en funcionamiento que se enfoca en cinco aspectos: 1) la cobertura, es decir, el número de personas que trabajan o trabajaron y que cotizan en el sistema privado; 2) la solidaridad social, en especial en lo que toca a la igualdad de género; 3) si el sistema ha otorgado a los jubilados un ingreso suficiente y las perspectivas inmediatas; 4) la eficiencia y el costo que significa para los trabajadores la operación de las administradoras privadas; y 5) su “sostenibilidad financiera y actuarial”, tratando de averiguar si estos esquemas y las reformas que se han llevado a cabo son viables dado el gasto público que representan. Los organismos internacionales como el FMI y el BM, y diversos voceros de los consorcios financieros privados, cuando recomendaron sustituir el sistema público por el privado, hicieron un conjunto de promesas y cálculos que lamentablemente no se han cumplido en ninguno de los rubros observados. Hay que recordar que el primer país que fue obligado a adoptar este cambio fue Chile bajo la dictadura de Pinochet. Desde entonces, la presión política y económica llevó a que la receta se extendiera por casi toda América Latina, incluyendo a México. No hay duda de que se trató de una de las medidas más relevantes del ideario neoliberal. Su fracaso refleja la arbitrariedad, las mentiras, la demagogia, y el oportunismo político del que se hizo gala para “convencer” a partidos políticos y gobiernos de las bondades de la privatización. Por ejemplo, tanto la cobertura del sistema como el monto de la pensión, la llamada Tasa de Reemplazo (TR), han sido inferiores a los calculados. Por ello, los gobiernos han tenido que recurrir a una pensión no contributiva, pagada enteramente con recursos del erario, para “completar” un poco el ingreso de los jubilados o adultos mayores que ya no trabajan y ofrecer un apoyo a los excluidos, sobre todos los trabajadores informales. Por otro lado, se formó un mercado oligopólico, controlado por unas cuantas AFORES que ha resultado en costos muy altos, pagados por los trabajadores por el manejo de sus cuentas, y que ha rendido substánciales utilidades para esas empresas. El poder que han adquirido las administradoras tanto por el volumen de recursos que manejan como por sus rendimientos, las han convertido en un factor de gran influencia política. Un penoso reflejo de esta situación se ha observado en el funcionamiento de la “puerta giratoria”: los funcionarios de alto nivel de las administradoras privadas ocupan puesto clave en los gobiernos y los parlamentos y luego regresan a sus funciones anteriores, en un ir y venir constante del sector privado al público y viceversa. Otro grave problema consiste en los costos fiscales de la privatización, a cargo de los presupuestos públicos y pagados por los contribuyentes. Fundamentalmente, consisten en el pago de las pensiones de aquellas personas que todavía se están jubilando o se van a jubilar con el sistema público (costo de “transición”); la aportación que se hace para que los jubilados alcancen una pensión mínima garantizada que no les puede otorgar el sistema privado; las pensiones no contributivas que se han implementado; y para cubrir el déficit de algunos sistemas que no fueron privatizados, como el de las Fuerzas Armadas. Todo ello ha provocado que estos costos hayan sido mayores a los proyectados originalmente por el BM y que sigan aumentando. Finalmente, Mesa-Lago hace un repaso de la reforma que se aprobó al sistema privado el año pasado. Dicha reforma parte del reconocimiento, manifestado en la iniciativa presidencial, de las fallas que ha presentado la privatización. Una TR promedio inferior a 30%; una cantidad equivalente al 64% de asegurados que no recibiría una pensión por no haber cumplido las semanas de cotización requeridas; la expectativa de que apenas un 6% del total de asegurados alcanzará una pensión mayor a la mínima; y una caída de los afiliados que cotizan de 60,2% a 31,5% entre 1999 y 2019, el segundo descenso mayor entre los nueve países. La reforma de AMLO, aprobada por el Congreso, incluye una reducción de los años de cotización; un incremento de la pensión mínima garantizada; una TR promedio de 40% (mayor a la actual pero inferior al mínimo de la OIT de 45%); ajustes a las comisiones de las AFORES; aumento de la contribución de los empleadores del 5,15% al 13,875% en ocho años; y un reacomodo de las contribución públicas para concentrase en los salarios más bajos para mejorar el ingreso de las pensiones. Todos estos cambios mejoran la mayoría de los principios de la seguridad social, dice Mesa-Lago. El problema, agrega, es que no se conoce un estudio actuarial que valide el cálculo de la nueva TR; la sustentabilidad del incremento de las contribuciones de los empleadores y de la cuota social del Estado; y el costo y la garantía del pago de la pensión no contributiva. No se encuentra ni en la propuesta presidencial ni en el dictamen de las cámaras del Congreso. El documento de Meza-Lago es una aportación de gran valor para el estudio del sistema de pensiones en América Latina. Coincide con otros análisis de la OIT (El Trimestre Económico, núm. 343, julio-septiembre de 2019) que abarca varios países del mundo; y el de Berenice Ramírez (El Trimestre, no 344, octubre-diciembre de 2019) dedicado especialmente al caso de México. De acuerdo a estos trabajos y otros similares, puede afirmarse que la privatización de los sistemas de pensiones fue un esquema dogmático impuesto a nuestros países basado en supuestos y cálculos irreales. Su razón más íntima, y no declarada, consistió en imponer, a toda costa, de un empoderamiento del sistema financiero a cargo de los salarios y los recursos públicos. En eso han tenido éxito. Lamentablemente, ello no se ha traducido ni en mayor crecimiento económico ni una disminución de la pobreza. saulescobar.blogspot.com

Los Papeles de Pandora: la impunidad del poder

Los “Papeles de Pandora”: la impunidad del poder Saúl Escobar Toledo La filtración de documentos confidenciales pertenecientes a 14 entidades especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales ha revelado la existencia de una industria enfocada a ocultar la riqueza de un grupo de personas: ofrecen anonimato y baja o nula tributación. Los documentos retratan también a los clientes de esta industria y a los intermediarios que les sirven de puente para acceder a estos servicios. Como ha señalado El País (05112021), el desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en las haciendas públicas. La lista de nombres relevantes que aparecen como clientes de estos proveedores en los documentos filtrados en los “Papeles de Pandora” (PdeP) es larga. Hay 35 jefes y exjefes de Estado de los cuales 14 son de América Latina, 46 oligarcas rusos, millonarios, personalidades del mundo de la cultura e incluso congregaciones religiosas. Como lo demuestran diversas investigaciones, estos paraísos o refugios (havens en inglés), son parte de la maquinaria de un mundo más desigual. Al evitar el pago de impuestos, contribuyen a aumentar la disparidad de ingresos, la riqueza y el poder. Brooke Harrington, autor del libro “Capital Without Borders: Wealth Managers and the One Percent.” (Capital sin fronteras: los administradores de la riqueza y el uno por ciento), afirmó recientemente (NYT, 08102021): para que las reglas fiscales puedan cumplirse hay que atacar el problema de la secrecía: solo se puede gravar al propietario legal de los bienes, quien no es necesariamente la persona que se beneficia de ellos. Los trusts (fideicomisos) dividen la propiedad legal del beneficiario de tal manera que un fideicomiso en las Islas Caimán puede ser el propietario de un Castillo en Francia, pero la persona que vive en él y lo disfruta plenamente no necesariamente es el dueño legal de ese inmueble. Los fideicomisos o sociedades registradas en esos refugios producen esa ambigüedad. Se requiere entonces que las leyes exijan el registro de los verdaderos beneficiarios, para atacar este problema. Hay más. La novedad de los Pandora, en comparación con otras filtraciones previas, como los “Papeles de Panamá”, revela que los Estados Unidos se han convertido en un refugio fiscal y destino global de riqueza ilícitas (The Nation, 05102021). Albergan muchos fideicomisos (trusts) secretos u opacos. De esta manera se desmiente la idea tradicional de que esos paraísos están localizados únicamente “offshore” es decir, fuera de EU. Estados como Dakota del Sur, Delaware, Texas, Florida y Nevada rivalizan con naciones del caribe y protectorados europeos. En Dakota del Sur, por ejemplo, hay sociedades de este tipo que tienen fondos de, al menos, 367 mil millones de dólares. Por su parte, Nicholas Shaxson autor de varios libros, entre otros, “Las islas del tesoro” publicado en español por el FCE, señala (NYT, 08102021) que el corazón del sistema de los refugios fiscales es la Gran Bretaña. La ciudad de Londres se convirtió en “la capital del lavado de dinero”. Se trata, dice, Shaxson, de un sistema complejo, con instrumentos opacos y enredados que incluyen trusts registrados en distintos territorios, lagunas fiscales y compañías fantasmas o de fachada. Además, el secreto bancario, y una regulación financiera laxa que da cobertura a la riqueza escondida mediante coberturas aparentemente legales. Un papel central lo juegan los centros financieros que se encuentran en las Islas Cook, la Vírgenes Británicas, y Jersey (una de las pequeñas islas situadas en el Canal de la Mancha). Hay también países europeos como Suiza, Luxemburgo, Irlanda que ofrecen varias rutas para esconder las riquezas. En Asía, por supuesto, están Hong Kong y Singapur. Sin embargo, agrega, la red británica es la más grande. El Índice de Opacidad Financiera (Financial Secrecy Index, disponible en https://fsi.taxjustice.net) muestra que la Gran Bretaña (GB) y sus satélites se colocan en el primer lugar. Más de dos tercios de las 956 compañías que los PdeP vinculan con funcionarios públicos, fueron establecidas en las Islas Vírgenes. La City es el nervio central del sistema global de los paraísos fiscales, un conducto crucial para que transiten capitales internacionales de todo tipo. Un momento clave para entender cómo llegó a ocupar este papel, fue cuando el Banco de Inglaterra permitió al país jugar el papel de huésped del nuevo mercado de los eurodólares. Londres se convirtió en un espacio financiero casi sin regulaciones y altamente rentable, separado de la economía británica, en el cual los bancos extranjeros, la mayoría estadounidenses, podrían realizar operaciones prohibidas en su país. La riqueza escondida en estos refugios es sorprendente. Las estimaciones van de los 6 a los 36 billones de dólares. En el caso de la red que incluye a la City de Londres y sus oficinas de ultramar, representa una pérdida fiscal, solo para las empresas, sin tomar en cuenta a las personas físicas, de aproximadamente entre 245 y 600 mil millones de dólares. La exposición pública de algunos personajes políticos ha dado ya algunos resultados: en Ecuador, el Congreso votó el domingo pasado en favor de abrir una investigación del presidente Lasso para averiguar si violó la ley al depositar parte de su riqueza en un paraíso fiscal. En Chile, la Fiscalía de la nación abrió una investigación contra el presidente Piñera por la venta de la empresa Minera Dominga. Hay la sospecha de que esta operación implicó sobornos y evasión fiscal. En el caso de nuestro país, como ya se ha publicado, hay más de 3.000 mexicanos que figuran en los PdeP. Figuran (hasta ahora) Julio Scherer; Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Incluye también a antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y ex secretario de Agricultura; Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera; Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del candidato presidencial del PRI en el 2000, Francisco Labastida Ochoa. Hay, asimismo, celebridades y sobre todo multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala. Y, qué causalidad, las Islas Vírgenes Británicas fue el destino predilecto de estos mexicanos. En síntesis, los PP revelan la existencia de cuentas de los superricos del mundo, incluyendo ciudadanos mexicanos que, por lo pronto, no han recibido ninguna sanción a pesar de su posible involucramiento en crímenes tan graves como: la fuga de capitales, la evasión fiscal, el ocultamiento de patrimonios mal habidos, el registro de empresas fantasma, y el abuso de poder. Cometer un crimen puede ser "legal", dependiendo de la legislación que resulte conveniente para el delincuente. Sin embargo, en todos los casos, las personas que se aprovechan de los refugios fiscales lo hacen para depositar sus cuantiosas fortunas personales fuera del territorio en el que residen; evitar el pago de impuestos; esconder su riqueza; y atentar contra sus propios gobiernos y sociedades. Lastiman y agravian, principalmente, a los más pobres e indefensos. No deben justificarse, atenuarse, o perdonarse estas conductas. Investigar y actuar legalmente contra estas personas es indispensable. También fortalecer la coordinación internacional para acopiar información. Hay que cerrar todos los paraísos fiscales. Son una plaga contra la humanidad. Mientras tanto, a sus beneficiarios, hay que denunciarlos ante los ciudadanos del mundo como lo que son: violadores del derecho a una vida digna de la gran mayoría de las personas que no tienen ni los ingresos ni la capacidad para hacer uso de los "tax havens". La impunidad no puede seguir dominado al mundo. saulescoba.blogspot.com

COVID: Daños en el mercado laboral de México

Mercado laboral: El tamaño del boquete Saúl Escobar Toledo Conforme van pasando los meses, va apareciendo con mayor claridad el daño causado por la pandemia en nuestras sociedades, gracias a las investigaciones y recopilación de datos estadísticos que se han llevado a cabo. En México, en particular en el caso del mercado laboral, los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del segundo trimestre de este año realizada por el INEGI, y los que ofrece el Boletín de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, arrojan datos relevantes. De acuerdo con estos documentos (y otros estudios que no citamos) puede decirse que, entre el segundo trimestre del año pasado (cuando pegó más fuerte la pandemia en el empleo) y el mismo periodo de 2021, casi 11 millones de personas dejaron de formar parte de la Población Económicamente Activa, es decir se retiraron del mercado laboral: quedaron desocupadas y renunciaron a buscar un empleo. Más claramente, 10.5 millones de personas dejaron de trabajar, suspendieron sus actividades cotidianas. La recuperación de éstas fue paulatina. No todos volvieron al trabajo al mismo tiempo. Lo que hay que subrayar, sin embargo, es que, por alrededor de tres meses, una gran cantidad de familias dejaron de percibir ingresos debido a esta disrupción. Ahora bien, no todos han regresado: la tasa de desempleo abierto sigue siendo más alta que antes: 4.2%. Más significativo, la incorporación al mercado laboral ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres, lo que ha acentuado la desigualdad entre los géneros. Además, todavía este año, una cantidad muy importante, casi 8 millones de personas, declararon que necesitaban trabajar pero, al mismo tiempo, no estaban buscando un empleo ni se encontraban ocupadas, debido a que no veían ninguna oportunidad para ello o a que su situación familiar (cuidado de otras personas en el hogar) o personal (enfermedades o percepción de un alto riesgo de contagio) se los impedía. Muchos de los que lograron volver a trabajar no regresaron a sus ocupaciones anteriores. Algunos pasaron de un empleo asalariado a convertirse en trabajadores por cuenta propia. Otros, se refugiaron, principalmente, en micronegocios (6.4 millones) y los menos en grandes establecimientos en el sector industrial o de servicios (1.1 millones). Debido a lo primero, las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) se expandieron y en el segundo trimestre de este año representaron el 56.2% de la población ocupada (frente a un 51% que se registró en ese mismo periodo del año pasado). Por su parte, el Centro Yglesias, señaló: “La pandemia por COVID-19 afectó particularmente el mercado de trabajo… y sus efectos fueron asimétricos entre hombres y mujeres, entre grupos etarios, entre quienes tienen bajo y alto nivel educativo, entre zonas y regiones del país, entre trabajadores formales e informales, y entre sectores económicos. Todo lo anterior empeoró la situación de grupos tradicionalmente más vulnerables…”. Y es que se presentaron varios fenómenos: por un lado, la exclusión del mercado laboral que afecto a los 8 millones de personas mencionadas más arriba se debió principalmente a dos factores: residir en una zona de alta marginalidad (donde la demanda de empleos es débil o no es constante o uniforme a lo largo del año), y la falta de educación y capacitación (o, dicho de otra manera, aquello que la persona sabe y se refleja en sus habilidades, conocimientos o experiencia). Por otro lado, las razones por las cuales las personas fueron despedidas de su trabajo, pueden asociarse principalmente a tres factores: salud; edad; y formación. Según el reporte, las mujeres resultaron más afectadas que los hombres. Además, estos despidos y la persistencia del desempleo tienen que ver con “las adecuaciones que las empresas han hecho en sus métodos de operación y comercialización a través de plataformas digitales o tecnologías de teletrabajo”. Aclaran, sin embargo, que la salud fue el factor de despido más importante entre las mujeres (35.6 %) y el segundo más relevante entre los hombres (43.5 %). Ello da cuenta de la persistencia tan extendida de la informalidad laboral que por esa condición no cuenta con una protección adecuada, y a la ausencia de un sistema de salud universal accesible y de calidad. El estudio anota que la exclusión, las renuncias y los despidos, por razones de género, han tenido mucho peso en el mercado laboral incluso antes de la pandemia. Sin embargo, debido a la interrupción de muchas actividades económicas, particularmente en el caso de la cesantía forzada, han adquirido mayor relevancia. De lo anterior, el estudio desprende la necesidad “prioritaria” de fortalecer las políticas laborales enfocadas, por una parte, a la formación, las habilidades y los conocimientos; y, por otra, sobre todo para aliviar la situación de las mujeres y fomentar su inclusión, a mejorar los sistemas de cuidado y combatir la exclusión, la discriminación y el maltrato que sufren en los centros de trabajo. En resumen, los daños causados por la pandemia en el mercado laboral agudizaron viejos problemas y crearon nuevos. Provocaron un deterioro, hasta ahora irreparable, de los ingresos de millones de personas y sus familias, debido a despidos, exclusiones, crecimiento de ocupaciones precarias y mal pagadas; y aumentaron las desigualdades por razones de género, ubicación geográfica, educación, edades, condiciones de salud. Por ello, el gobierno debe reforzar y renovar sus estrategias. Hay una realidad distinta. La situación es más difícil y, además, se produjeron cambios que probablemente sean irreversibles en la organización del trabajo, el perfil de las labores formales e informales, las dinámicas de la oferta y la demanda, y las relaciones entre empleados y empleadores. Permitir que estas viejas y nuevas tendencias persistan, fluyan sin cortapisa, solo puede llevar a un desplome generalizado de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Debilitaría la obra social del gobierno y en especial, la reforma laboral que se está implementando. Una visión de largo plazo es indispensable no sólo para tratar de resarcir lo perdido y abatir el crecimiento de la pobreza, sino también para responder a los desafíos que han surgido. El empleo y las condiciones de trabajo son uno de los fundamentos de las economías, el bienestar y la convivencia ciudadana. Están influyendo, cada vez más, en las preferencias políticas de los votantes. Quizás no lo parezca, sobre todo porque en el pasado, estas cuestiones carecieron de importancia para los gobiernos y los partidos. Sin embargo, ahora, es posible que la evolución de los mercados laborales y las políticas públicas relacionadas con el empleo, los salarios y, en general, la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, retomen una gran importancia tanto arriba como en el sentimiento popular. Prepararnos para un mejor futuro en el ámbito del trabajo adquiere un sentido estratégico desde todos los puntos de vista. saulescobar.blogspot.com saulescobar.blogspot.com

Paquete económico 2022: ¿dejar que nos lleve la corriente o navegar hacia otro lado?

Paquete 2022: que nos lleve la corriente Saúl Escobar Toledo El flamante secretario de Hacienda del gobierno federal entregó hace unos días a la Cámara de Diputados el “paquete económico” para 2022 que, como se sabe, incluye los Criterios Generales de Política Económica (CGPE); la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); y el Proyecto de Presupuesto. Dicho paquete tiene algunos cambios significativos, con relación a los años previos de esta administración, que vale la pena mencionar. Del lado de la LIF, encontramos un aumento de los ingresos tributarios. No obstante, debe hacerse notar que el ISR (impuesto sobre la renta), a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir la evasión fiscal, se incrementará en apenas 4.9%. De esta manera, los ingresos totales del gobierno aumentarán sólo en un 1.3% en comparación a lo estimado para este año. En estas condiciones, se calcula que el déficit público llegaría a 3.1% (similar al esperado para 2021 aunque superior al presentado en las administraciones anteriores). Además, se propone contratar un mayor endeudamiento interno por 850 mil millones de pesos y 3 800 millones de dólares en los mercados internacionales. El incremento se dará, según la iniciativa, sobre todo en la local, que aumentaría en casi un punto del PIB (0.7%) respecto a 2021. Se advierte, asimismo, un manejo más flexible de estos instrumentos, lo que se refleja en que el llamado “saldo histórico de la deuda bruta del sector público no financiero” pasará del 51 al 58.6% del PIB. Por su parte, el gasto también aumenta. Destacan el renglón de la salud (15.2% en términos reales) y el financiamiento a los programas sociales. Dentro de estos últimos, de manera relevante, la pensión para adultos mayores y en seguida, las becas escolares. El gasto de inversión, después de varios años, muestra por fin una expansión (14.3% en términos reales). El proyecto que recibirá una mayor cantidad de recursos será el Tren Maya. Habrá, igualmente, asignaciones importantes para “vías de comunicación y trasporte” lo que incluye al nuevo aeropuerto internacional. Por otra parte, se prevé un mayor gasto para estados y municipios (4.7 por ciento). Estos números, en comparación con 2020 y 2021, representan un avance: se trata de un paquete menos conservador, más flexible y atinado. Sin embargo, no debemos olvidar que la disrupción de las actividades económicas en todos estos meses de pandemia ha dejado en la pobreza a millones de familias. Éstas vieron reducirse sus ingresos laborales a tal punto que, en el momento más agudo (el segundo y tercer trimestre de 2020), no pudieron comprar la canasta básica alimentaria casi 9 millones más de mexicanos. El porcentaje de la población total que padeció estas condiciones pasó del 35.6 a 44.3% del total. Esa pérdida no ha sido compensada ni está contemplada ninguna medida para ello en el presupuesto 2022. Ante la merma de sus ingresos, muchas familias tuvieron que sacrificar parte de su patrimonio para poder comer. Es probable que hayan vendido algunos bienes (o dejado de adquirirlos) e incluso se hayan mudado de domicilio a un lugar más modesto. En cambio, los estratos más acomodados, que no fueron afectados severamente por la caída de sus ingresos, vieron aumentar su riqueza patrimonial debido a que se incrementó el valor de los activos financieros (bonos, acciones bursátiles, etc.) y en muchos casos, sus propiedades inmobiliarias. Durante estos meses, en México y en el mundo, los ricos, especialmente los más prósperos, se beneficiaron debido al aumento del valor de sus patrimonios mientras que una gran proporción de los habitantes de este planeta perdieron ingresos y bienes materiales. Por otro lado, hay que hacer notar que el paquete económico presentado tiene, sobre todo, una orientación redistributiva y en mucho menor medida se enfoca en una modernización del aparato productivo. Tal cosa puede verse, de acuerdo con la información de Hacienda, en que los programas sociales prioritarios concentran un gasto equivalente a 1.44% del PIB mientras que los programas de infraestructura más destacados alcanzan un 0.5%. Desde luego que es loable la intención de repartir mejor el pastel, pero no se debe relegar el esfuerzo a hacerlo más grande. La administración del presidente López Obrador ha insistido en que ambas cosas no son posibles y que se tiene que escoger sólo por una de ellas. Considera, equivocadamente, que el postulado neoliberal consiste fundamentalmente en crecer sin distribuir. En realidad, bajo este esquema, las economías se han vuelto más inestables y propicias a las crisis, afectando a la mayoría de la población. En cambio, los estudios y propuestas de organismos como CEPAL y de diversas universidades de México y el mundo, han planteado que una mejor distribución del ingreso y un mayor crecimiento económico no sólo son posibles, sino que deben marchar juntos. Amarrarse al esquema que ha defendido la administración actual lleva a un futuro poco promisorio: según las proyecciones de Hacienda, el PIB crecería 4.1% en 2022, apenas para alcanzar los niveles pre pandémicos; sin embargo, entre 2023 y 2027 se crecería a un promedio de 2.7%, similar al de los tiempos neoliberales. Un crecimiento más elevado con mayor igualdad y un efectivo combate a la pobreza requeriría un esfuerzo mayor en materia de inversión pública. De acuerdo con los CGPE, la formación bruta de capital fijo en el sector público cayó a un ritmo anual de (-) 6.2% con un acumulado de casi 25% negativo entre 2015 y 2018. Entre 2019 y 2021 (con datos al primer trimestre de este último año), fue de (-) 28.3% acumulado, una disminución promedio anual de 9.4%. Si a ello agregamos que el consumo interno ha crecido (al 3,3% anual entre 20125 y 2018) menos que las exportaciones (5.55%), podemos ver que la marcha de la economía mexicana ha dependido de dos variables: la inversión privada y la venta de mercancías en el exterior. Este patrón de desarrollo económico ha dado por resultado un ritmo muy lento de incremento del PIB. También ha propiciado mayores desigualdades; ingresos laborales reducidos; niveles de pobreza crónicos; finanzas públicas que acusan una significativa falta de recursos para atender las necesidades de los mexicanos; y una mayor dependencia de los mercados internacionales, particularmente de Estados Unidos. Aun tomando en cuenta los nuevos programas sociales, la administración de AMLO no busca una transformación de las bases fundamentales del modelo económico. Se basa, principalmente, como el propio presidente ha dicho, en el impulso de la economía de EU. En otras palabras, confía en que nos lleve la corriente en lugar de remar hacia otro lado. Ese otro lado tendría que ser un proyecto no sólo basado en mayores subsidios monetarios a la población sino en un esfuerzo mucho mayor en materia de inversión pública y en atender otros rubros tan importantes como la educación (que en el paquete 2022 recibe un incremento muy menor). De esta manera, se impulsaría el empleo con un aumento sostenido de los salarios mínimos y contractuales (estos últimos han caído ligeramente en términos reales durante este año según el Banco de México). Se pondrían los cimientos de una economía con una mejor distribución del ingreso y con mayores capacidades para competir mejor en los mercados globales. Hay que insistir en que una reforma fiscal progresiva que grave con tasas mayores al segmento más rico de las personas (se ha calculado que bastaría afectar al 3% que se sitúa en la cúspide) y reduzca las aportaciones de los más pobres e incluso de fragmentos de las clases medias, además de otras enmiendas pendientes, no sólo podrían corregir los efectos devastadores de la pandemia. También arrojarían mayores recursos para cambiar el rumbo de la economía y lograr un país más justo. De otra manera, seguiremos viendo la misma película de hace varias décadas. El paquete 2022, a pesar de sus méritos, es un ejemplo de esa continuidad. saulescobar.blogspot.com

Buenos trabajos, la mejor solución para combatir la desigualdad

Buenos trabajos, la mejor solución Saúl Escobar Toledo Una comisión de académicos de distintas nacionalidades, convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer recientemente un estudio acerca de los problemas económicos del mundo. El grupo de expertos decidió enfocarse sólo en tres aspectos, ya que consideraron que son los problemas fundamentales del presente y del futuro; representan “bombas de tiempo” que tendrán efectos sobre todo a largo plazo: calentamiento global, desigualdad y envejecimiento de la población. Aquí nos limitaremos a comentar el capítulo que se refiere a la desigualdad, elaborado por Dani Rodrik y Stefanie Stantcheva, profesores de la Universidad de Harvard. Para empezar, los autores consideran que la desigualdad tiene muchas dimensiones pero que una de las principales es “el grado de acceso a buenos trabajos y una vida laboral satisfactoria”. Sus recomendaciones para fomentar buenos empleos consideran tres tipos de medidas: 1) En la etapa de preproducción (para una mejor inserción de las personas en el mercado de trabajo) 2) En la etapa de producción (para que las empresas y los trabajadores puedan construir mejores condiciones laborales). 3) En la etapa de postproducción (para que los trabajadores más vulnerables reciban mayor protección). En cuanto a las medidas de la etapa de preproducción, sugieren que es necesario un acceso más igualitario a la educación y, al mismo tiempo, mejorar su calidad. También, un proceso de certificación de habilidades más transparente. En lo que se refiere a la tercera etapa, la posproducción, será necesario revisar las leyes fiscales para aumentar los gastos en educación y a la protección y fomento del empleo. En particular, se concentran en el tratamiento de los ingresos de capital. Argumentan que: Los gobiernos descubrieron que, cuando intentaron gravar el capital, las inversiones huyeron, lo que condujo a una caída generalizada de los ingresos fiscales. Para corregir esta situación es indispensable revisar las leyes de cada país y entablar acuerdos internacionales como el que tomaron los países del G-20 recientemente para gravar a las multinacionales que optan por declarar beneficios en países con bajos impuestos, sin importar dónde venden realmente sus productos. En lo que toca a la segunda etapa, argumentan que, tanto el progreso tecnológico como el comercio internacional tienen efectos profundos y complejos sobre la estructura de la producción y, por ende, sobre el empleo. A veces, el progreso tecnológico sustituye el trabajo por capital, lo que lleva a la eliminación de puestos de baja calificación o incluso de calificación media. En otras, permite que los trabajadores de baja o media calificación realicen tareas más complejas. Sin embargo, la desaparición de buenos empleos ha llevado a muchas comunidades a experimentar graves problemas de salud (adicciones) y delincuencia, generando malestar social y un aliento a las posiciones políticas extremistas, sobre todo de derecha, poniendo a los inmigrantes como causantes del deterioro laboral. Por su parte, el comercio internacional crea plazas de trabajo en las industrias de exportación, pero también conduce al cierre de empresas en los sectores afectados por las importaciones. Además, la creación de empleos no ocurre necesariamente ahí donde los puestos de trabajo han sido destruidos. De acuerdo con lo anterior, Rodrik y Stantcheva, sugieren poner más atención en lo que se puede hacer en la producción y elaborar políticas que induzcan a las empresas a ofrecer mejores puestos laborales. Para ello será necesario que los subsidios a la inversión consideren la calidad del trabajo y que se puedan evaluar sus resultados. Así mismo, proponen aplicar una “prueba de empleo prospectivo” para determinar las prioridades del gasto en investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D). Actualmente, estas inversiones no toman en cuenta su impacto en la ocupación, lo que deberá tenerse en cuenta. De esta manera, por ejemplo, se deberían aumentar los gravámenes a los equipos y las innovaciones que destruyen empleos. Por otro lado, alegan que es necesario poner restricciones al comercio internacional, para evitar el “dumping social” (es decir la reducción de salarios y condiciones de trabajo para atraer nuevas inversiones foráneas). Los autores sugieren que el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las condiciones de trabajo peligrosas e insalubres, o la represión violenta de los derechos laborales, deben ser considerados. El estudio admite que, aún si estas medidas tuvieran éxito, muchas ocupaciones no podrían convertirse en "buenos trabajos", lo que plantea la cuestión de qué se puede hacer por los "malos". Para estos últimos, se deben realizar compensaciones en efectivo, de tal manera que esos trabajadores puedan ganar un ingreso suficiente por lo menos para cubrir sus necesidades más elementales. El estudio es pertinente para reflexionar sobre la realidad mexicana por dos razones. La primera, debido a que los efectos de la pandemia, sumados a la trayectoria de las últimas décadas, han profundizado la desigualdad y la pobreza, principalmente por la caída de los ingresos laborales. Segundo, porque el T-MEC y la presión interna propiciaron una reforma laboral y algunas medidas (como el aumento al salario mínimo y la regulación de la subcontratación), que buscan mejorar la calidad del empleo. Para resolver lo primero y profundizar en lo segundo, hay que implementar nuevas políticas. En el caso de México, lo que los autores del estudio citado llaman medidas preproducción (o políticas activas de empleo, según la terminología más usada en Latinoamérica), se requiere mejorar el acceso a la educación; elevar su calidad; y destinar recursos suficientes para los programas de calificación de los trabajadores. El programa “Jóvenes construyendo el futuro” podría aprovecharse para darle un enfoque más bien orientado a elevar los niveles de adiestramiento y hacer una certificación de sus nuevas habilidades, no sólo para transferir recursos en efectivo. En cuanto a la posproducción (o políticas pasivas), urge legislar sobre un seguro de desempleo y adoptar programa de transferencias monetarias para los trabajadores informales (asalariados y por cuenta propia). En cuanto a las políticas de producción, podríamos decir que la reforma laboral apunta indirectamente a una reorganización de las empresas ya que, si se forman sindicatos legítimos y representativos, sería natural que los trabajadores presionaran y en algunos casos accedieran a mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Aún más en los casos de las empresas incluidas en el T-MEC, debido a que el gobierno de EU ha desplegado acciones para que se cumpla la reforma laboral. El caso de General Motors y otros podrían multiplicarse. Sin embargo, esta reorganización empresarial puede tener resultados negativos: frente a la presión obrera, los gerentes y/o accionistas podrían endurecer las negociaciones y propiciar conflictos laborales y huelgas; crear menos plazas, acelerando la sustitución del trabajo humano por máquinas; o bien disminuir sus inversiones e, incluso, mudarse del país. Para crear más y mejores empleos “buenos”, se requiere la intervención del Estado, con el propósito de que la reorganización de las empresas lleve a un mejoramiento de la productividad, de la tecnología, y al mismo tiempo de las condiciones laborales. Para ello, las políticas activas y pasivas resultan vitales, pero a la larga no serían suficientes. De ahí que las reflexiones de Rodrik y Stancheva resulten útiles. Nos muestran la complejidad del problema, algunas propuestas de solución y la necesidad de innovar las políticas aún en un marco de incertidumbre. Lo más importante consiste en reconocer que, principalmente, elevando la calidad del trabajo se pueden construir sociedades más justas; más armoniosas; y evitar la polarización política, capitalizada sobre todo por la derecha. saulescobar.blogspot.com

Impuestos globales a las transnacionales: el acuerdo del G-20

Impuestos globales: ¿un paso adelante para el mundo? Saúl Escobar Toledo La reunión de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del llamado G-20 que se llevará a cabo en Venecia, Italia, el 9 y 10 de julio, promete ratificar un acuerdo muy importante: establecer una tasa mínima de impuestos para las grandes corporaciones internacionales y reglas claras para compartir los recursos que se obtengan. Hay que recordar que el G-20 está formado por 19 países, la Unión Europea, y algunos invitados permanentes como España y tres naciones africanas; representa dos tercios de la población planetaria y el 85% de la producción mundial. Argentina, Brasil y México, son los países latinoamericanos que participan en dicho grupo. La ratificación en Italia será producto de un acuerdo previo en el que participaron 130 países, negociado por la OCDE y, como ha explicado Jorge Faljo (La Silla Rota, 3 de julio de 2021), es un asunto que ha llevado años de negociaciones que no habían fructificado. Según la agencia Bloomberg, la firma de los miembros del G-20 resulta fundamental para asegurar su cumplimiento, lo que podría llevar a su implementación alrededor de 2023, evitando la evasión fiscal mediante la aplicación de una tasa de “al menos 15%” y un mecanismo de coordinación que obligue a las empresas a pagar impuestos donde ofrece servicios y obtiene ingresos aun cuando no tenga oficinas o personal, y a evitar la competencia entre países ofreciendo tributaciones cada vez más reducidas. Algunas naciones no se han unido a este acuerdo, como Irlanda y Hungría: se trata de países que han logrado atraer a las empresas multinacionales para que fijen su sede o domicilio fiscal en su territorio fungiendo como paraísos fiscales para grandes corporaciones como Facebook, Google, y otras. La negativa de estos países podría crear problemas para que la Unión Europea lleve a cabo la aplicación de los acuerdos. El ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, dijo el mes pasado que cualquier acuerdo en torno a una tasa mínima debe cumplir con las necesidades de "países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo". Por su parte, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que pasaría la semana previa a la reunión del G-20 redoblando sus esfuerzos para convencer a los países europeos reacios de que "hagan todos los esfuerzos necesarios para unirse a un acuerdo histórico que reúne de manera muy amplia a las naciones del planeta". Ya veremos si Europa realmente se unifica o, desafortunadamente, se divide aún más. Por su parte, cambiando la narrativa que imperó en las décadas anteriores, como hemos visto en otros temas, el gobierno de EU, en esta ocasión por medio de la secretaria del tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, elogió el acuerdo de los 130 y dijo que era "un día histórico para la diplomacia económica". Aseguró, en un comunicado oficial, que “una carrera a la baja a nivel internacional en las tasas de impuestos corporativos, que despojaba a los países de los ingresos necesarios para infraestructura, educación y otras necesidades básicas, se acercaba a su fin con este paso adelante”. Lo que parece indudable es que tratar de resolver el problema de la evasión fiscal se ha vuelto cada vez más urgente para la economía mundial. La expectativa de que podrían recabarse casi $ 150 mil millones de dólares en ingresos adicionales para los gobiernos ayudó a lograr un acuerdo tan amplio, ya que la mayoría de los países enfrenta un déficit presupuestario masivo a raíz de la pandemia Covid-19. Sin embargo, el premio noble de Economía, Joseph Stiglitz, afirmó recientemente (Project Syndicate, 6 de julio de 2021) que ese 15%, aun siendo un avance sustantivo, representa una tasa muy baja, lo que podría traducirse en una contribución menor a la esperada por los gobiernos. Además, advirtió que algunas fórmulas para calcular los impuestos podrían afectar a algunos países en desarrollo. Afortunadamente, todavía se están discutiendo los detalles técnicos del acuerdo original de los países más poderosos del G-7. Las naciones menos ricas están reclamando una revisión técnica de esos cálculos para su debate final en Venecia. Aparentemente, algo han logrado: ahora se habla de gravar con una mayor tasa las ganancias excesivas (calculadas en función de los beneficios que obtienen las multinacionales más poderosas). Asimismo, se está estudiando aplicar nuevas reglas a compañías cuyos ingresos rebasen los 10 mil millones de euros (en lugar de 20 mil millones que señalaba el proyecto original) lo que beneficiaría a las economías menos prósperas. Finalmente, se ha informado que Amazon (que no estaba considerada) será sujeta de gravamen en cada uno de los países en que ofrece sus servicios bajo nuevas reglas. Desde luego, la reunión de ministros de economía o hacienda del G-20 no tiene en su agenda sólo este problema. El optimismo acerca del crecimiento de la economía a nivel mundial se topa con la persistencia de la pandemia con sus nuevas variantes, algunas de ellas más contagiosas. El problema, a su modo de ver, es que el ritmo de vacunación a nivel mundial es menor y mucho más desigual que la evolución de la enfermedad, lo que podría poner en peligro la reapertura de las economías y con ello, frenar la demanda y propiciar la inflación. La incertidumbre sigue presente, sobre todo para las naciones más rezagadas, las cuales, ya se ha dicho varias veces, han obtenido dosis de vacunas muy escasas. Esta desigualdad no sólo resulta una manifestación evidente de la injusticia que domina al mundo; también es un riesgo para todas las naciones. A los riesgos sanitarios, hay que añadir los financieros, ya que el problema de la deuda puede agravarse. A tal punto que en un informe elaborado por un grupo muy destacado de economistas se señala que: “Hoy en día, 120 países de ingresos bajos y medios deben en conjunto 3.1 billones de dólares de deuda externa; pagar el servicio de ésta va a constituir un impedimento mayor para la recuperación de los países endeudados y la economía mundial… (Por ello) una forma de ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo y los mercados emergentes es una suspensión total del servicio de deuda. No obstante, puesto que la pandemia se ha prolongado más de un año, algunos países van a requerir más que eso: se necesita una reestructuración integral de la deuda, una que no cometa el mismo error de hacer demasiado poco, demasiado tarde y que sólo conduzca a otra crisis dentro de unos años”. (El Trimestre Económico, número 351). En resumen, si los países más avanzados, particularmente Estados Unidos, mediante políticas que rompen con algunos viejos paradigmas neoliberales, están encontrado un nuevo camino para su prosperidad, los países en desarrollo, como México, y las naciones más pobres, tienen riesgos y problemas que no parecen encontrar soluciones tan claras o expeditas. Para ellos, se requiere un mayor esfuerzo concertado de la comunidad internacional; pero también puede ser el tiempo para tomar decisiones más firmes y decididas y emprender reformas largamente postergadas, como la salud universal, la renta mínima básica, la fiscal, la de pensiones o la del seguro de desempleo, entre otras. Los conflictos políticos y la movilización social que hemos presenciado en Colombia, Perú, Brasil, y Chile, así como la grave problemática migratoria en el Triángulo Norte de Centroamérica, deben entenderse como exigencias para que los gobiernos actúen frente a un presente doloroso y para prevenir un futuro aún más adverso para sus pueblos. saulescobar.blogspot.com

Bases de una nueva política económica para México

Bases de una nueva política económica para México Saúl Escobar Toledo El pasado 9 de agosto se dio a conocer el documento más reciente de Grupo Nuevo Curso de Desarrollo coordinado por Rolando Cordera y auspiciado por la UNAM, un colectivo que desde 2009 ha publicado diversos libros, ensayos y documentos, todos ellos disponibles en http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx. En esta ocasión, el escrito, titulado “Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México” propone un conjunto de medidas para cambiar la conducción estatal de la economía mexicana. Respaldado por 20 académicos con distintas trayectorias políticas e intelectuales, recoge un consenso acerca de la situación del país y las acciones que, consideramos, deben discutirse para remontar la crisis provocada por la pandemia y, lo más importante, cambiar el modelo económico que ha conocido el país desde hace cuarenta años. El documento parte del reconocimiento de que ha ocurrido, como resultado de la crisis sanitaria, una agudización de la desigualdad y la pobreza. Tal fenómeno ha sido documentado por diversas investigaciones y fuentes estadísticas elaboradas tanto por la UNAM como por CONEVAL, entre otras instituciones. Uno de los datos más destacados es que entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, la pobreza laboral –es decir, la proporción de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimentaria– pasó de 35.6% a 39.4%. Por su parte, se observa que la recuperación económica, que ya se ha iniciado, será más lenta en algunos sectores y regiones del país, acentuando la disparidad del desarrollo. Se asegura que ésta ha sido “inercial” es decir, ha ocurrido a pesar de la ausencia de programas oficiales para proteger la planta productiva y el empleo, y detonar un incremento de la formación de capital o de la producción. Parte sustancial de la reanimación observada ha provenido del voluminoso esfuerzo contracíclico implementado por el nuevo gobierno estadounidense. Debido a lo anterior, la marcha de la economía corre el riesgo de perder impulso y volver a sumirse en la “trampa de bajo crecimiento” que la ha caracterizado desde hace treinta años, pues sigue descansando el libre comercio, en particular con Estados Unidos, como eje central de la actividad productiva. Sin embargo, las cosas han cambiado en el panorama internacional. Ahora hay una coyuntura caracterizada por una concepción distinta de las políticas económicas, sociales, sanitarias, ambientales, energéticas, y tecnológicas, que se está traduciendo en un viraje de las estrategias predominantes en las últimas décadas. Tratar de seguir por la misma pista neoliberal significaría perder una oportunidad para propiciar el cambio y, lo más importante, para rescatar de la pobreza y la desigualdad a millones de mexicanos. Se proponen, entonces, medidas urgentes en materia sanitaria, política social, y empleo, entre ellas, acelerar el paso a un sistema de salud universal y al alcance de toda la población; revisar y ampliar los programas de apoyo a los sectores más vulnerables; aplicar de manera gradual, un ingreso básico universal garantizado; diseñar un seguro de desempleo financiado con contribuciones tripartitas; y rehacer un sistema de pensiones mixto, contributivo por un lado y compensado con el ingreso básico garantizado. Se sugiere, igualmente, poner en práctica una nueva visión en materia laboral. La política salarial debe procurar una garantía de mejora continua, que le otorgue, -junto con las condiciones laborales adecuadas— dignidad al trabajo. El salario mínimo debe sostener su recuperación y convertirse en una garantía para que los trabajadores reciban ingresos por encima de la línea de pobreza. Asimismo, programas públicos de cuidados para garantizar el bienestar de las personas dependientes, facilitando la labor de quienes se hacen cargo de ellas, sobre todo mujeres, ofreciendo servicios, tiempo y recursos; y una estrategia de ordenamiento territorial que promueva y articule la urgente necesidad de ciudades habitables y reduzca las enormes desigualdades de las regiones de México. Todo ello requerirá ampliar el espacio fiscal y un nuevo pacto entre la Federación, los Estados y los Municipios. Un incremento de los ingresos públicos, basado solo en la mejora de la recaudación, si bien ha permitido captar montos apreciables desde 2019, alcanzará pronto un límite. Una perspectiva de largo plazo es indispensable, es decir, una reforma fiscal de gran calado y con sentido progresista. Entendemos que se trata de un tema de alta complejidad, que demandará diálogo y negociación; sin embargo, no sería responsable eludirla por el riesgo político. La inacción sería más costosa ya que agudizaría las restricciones presupuestales que enfrentamos de tiempo atrás, agravadas en los últimos años. Esta reforma es aún más oportuna y necesaria ya que no puede descartarse una crisis financiera propiciada por factores externos o internos, que es necesario prevenir. El colectivo señala también que una nueva política económica requiere que la Banca de Desarrollo juegue un papel destacado, yo diría central, para otorgar apoyos a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas; tratamientos fiscales especiales, ligados a compromisos de recuperación y protección de empleo; y, además, para relajar las condiciones de acceso y el costo de los créditos de la banca comercial. A mediano y largo plazo, pero que debe iniciarse pronto, la propuesta incluye la recuperación de la inversión pública dentro de un plan que lleve a una nueva política industrial. Ésta última se hace más acuciosa si consideramos que la relación con Estados Unidos, bajo el T-MEC, está en un proceso de cambio. Este nuevo acuerdo otorga especial importancia a la cuestión laboral, a la que dedica un anexo especial, relacionado con los derechos laborales. Para que lo anterior se traduzca, como han afirmado los tres países miembros, en una mejoría sostenida de las condiciones de los trabajadores mexicanos, se requerirá continuar con la reforma laboral y, asimismo, elevar la calificación de la mano de obra, inversiones en ciencia y tecnología, proyectos de infraestructura, y una colaboración, de un nuevo tipo, entre las grandes empresas multinacionales y los gobiernos de los tres países, para elevar la productividad. Significa, si se mantiene, esta política laboral, un cambio de modelo de las relaciones comerciales sustentadas, hasta ahora, en salarios ínfimos y malas condiciones de trabajo. Finalmente, aunque de manera prioritaria, el documento sostiene la necesidad de alinear la recuperación con la sustentabilidad ambiental. En particular, aunque no exclusivamente, hay que hacer frente a La crisis del agua que afecta a la mayor parte del país y que tiende a agravarse con el cambio climático. Pone en riesgo no solo la calidad de vida en las ciudades sino también a los sistemas productivos agropecuarios. Dicha crisis exige una mejor conservación de los sistemas ambientales y políticas de regulación más eficientes de los servicios de agua. Todo lo cual supone inversiones cuantiosas. El documento pretende definir una agenda de discusión. Sus propuestas, algunas descritas con más detalle y otras apenas mencionadas, buscan sentar las bases de un diálogo que ponga como objetivo fundamental la transformación del país. Otras instituciones y personas están en la misma línea, frecuentemente con planteamientos similares. Esperamos que todas ellas sirvan para que los actores políticos, en particular el gobierno federal y el Congreso de la Unión; y la sociedad (instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y agrupaciones representativas de los factores productivos), encontremos un camino que nos lleve a tomar acuerdos y, en caso de discrepancias irreductibles, a un debate político que supere la frivolidad que hasta ahora ha dominado los enfrentamientos partidarios. La crisis actual, por su gravedad, merece un enfoque más constructivo. saulescobar.blogspot.com

Los Derechos Especiales de Giro y el peligro de una crisis financiera mundial

Los DEGs y la próxima crisis financiera Saúl Escobar Toledo Hace unos días, la directora -gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebraba el respaldo del Consejo Directivo de esa institución para una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a 650 mil millones de dólares. Se trata – dijo- de la mayor asignación en la historia del FMI y servirán para enfrentar, a nivel global, las necesidades que tienen muchos países para mantener sus reservas monetarias, en esta etapa -agregó-en que el mundo vive la peor crisis desde la Gran Depresión (1929). Ahora se requiere presentar un proyecto para dotar, país por país, esos DEGs. La directora del FMI señaló que esta inyección servirá para aliviar las necesidades de liquidez de todos los países miembros del FMI, y con ello, se alimentará la confianza, la capacidad de respuesta y la estabilidad de la economía global. Consideró que el reparto de los DEGs deberá beneficiar principalmente a los países más vulnerables. Ello requerirá la voluntad de las naciones más ricas para apoyar a las más pobres y ayudar así a combatir la pandemia y alentar el crecimiento económico. Pero ¿qué son los DEGs y por qué es importante este anuncio? Aunque puede resultar un poco difícil de explicar para aquellos que están alejados de la jerga económica, cabe aclarar que los DEGs no son una moneda sino un activo (asset), creado y distribuido por la Junta de Gobernadores del FMI, es decir por todos los estados nacionales, bajo ciertas reglas que le dan un gran poder de decisión a las naciones más prósperas, en especial a Estados Unidos. Este instrumento está destinado, principal, aunque no únicamente, a fortalecer las reservas monetarias de los gobiernos nacionales que normalmente se depositan en los bancos centrales. Estas reservas sirven para evitar devaluaciones bruscas o una carencia de divisas (principalmente el dólar), necesarias para importar bienes como medicinas (vacunas), alimentos, insumos (como el petróleo o el gas) y maquinaria. También para el pago de sus obligaciones de deuda externa. En otras palabras, una dotación suficiente de DEGs pueden ayudar a que, sobre todo los países más endeudados o pobres, puedan utilizar sus recursos para beneficio de sus habitantes y de su economía, en lugar de depositarlos en sus bancos centrales. Los DEGs fueron creados en 1969, basados en una idea de un economista latinoamericano, Raúl Prebisch. Se trata de un activo meramente contable (no existe un billete o una moneda) y se define mediante una canasta de cinco divisas: el dólar de EU; el Euro; el renminbi chino; el yen de Japón; y la libra esterlina. En sus primeros años, se utilizaron como un complemento de las reservas monetarias para que ésta no dependieran sólo del dólar estadounidense y del oro. La idea era evitar una guerra monetaria y un desorden mayúsculo. No se logró. Y en 1973, ante la fluctuación permanente de las tasas de cambio de las monedas más fuertes en el mundo, la emisión de DEGs cayó casi en total olvido. Como consecuencia de la crisis de 2008, los DEGs revivieron y se utilizaron para aliviar un poco los efectos de esa crisis. Desde el año de su creación y hasta ahora, se habían asignado un total de 293 miles de millones de dólares, de los cuales más del 90% se crearon en 2009 a raíz de la Gran Recesión. De esta manera, la decisión de asignar una cantidad de DEGs equivalente a 650 mil millones de dólares significa un cambio radical. Más de lo doble de lo que se había destinado en toda su historia. El problema, en esta ocasión, es que su distribución beneficie a los países más pobres pues según las reglas del FMI, los DEGs se otorgan de acuerdo con las cuotas que los países aportan al Fondo. Los más ricos se quedan con una mayor asignación de DEGs. Sin embargo, los países miembros del FMI decidieron en 2009 un reparto más equitativo. Esta vez, debe apegarse, muchos más, a la debilidad financiera de cada país. El otro asunto es la cantidad. Según varios centros de estudio e instituciones, en realidad se requieren algo así como 3 billones de DEGs, una cantidad aproximada de 4 billones de dólares. Es decir, cinco veces más de lo que ya se autorizó. Por su parte, la CEPAL (Informe especial COVID 19, 8 de julio de 2021) ha reconocido que la iniciativa más importante para proteger las reservas internacionales y evitar la volatilidad de los tipos de cambio, la fuga de capitales o la posibilidad de crisis bancarias, particularmente en América Latina, consiste en la propuesta de una nueva emisión de DEGs equivalente a 650.000 millones de dólares, y su asignación a las economías en desarrollo. Esta institución afirma que la distribución de los DEGs se dividirá en tres partes. La primera consistiría en aumentar el financiamiento del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), lo que beneficiaría a los países de menores ingresos. La segunda consistiría en un fondo fiduciario para financiar la lucha contra el cambio climático, la transformación digital y los gastos relacionados con la salud. La tercera parte se destinaría a apoyar préstamos de bancos multilaterales de desarrollo (que otorgan créditos en dólares a una tasa de interés muy baja). El informe señala que América Latina y el Caribe se beneficiaría de una nueva emisión de DEGs, al fortalecer algunas de las economías más pequeñas y endeudadas, disminuyendo así su prima de riesgo y liberando recursos para el financiamiento de gastos para enfrentar la pandemia. Precisa que la contribución de una nueva emisión de este activo como porcentaje de las reservas internacionales favorecería principalmente a Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, El Salvador, Belice y Haití. México no recibiría muchos recursos por este concepto. Sin embargo, la CEPAL advierte también que para sostener el gasto público y evitar una crisis financiera, se requiere un “mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente, sobre todo, a las obligaciones contraídas con los acreedores privados; y una agencia multilateral de calificación crediticia (en lugar de las privadas como Moody´s y Standard & Poor´s). Asimismo, considera que se debe ampliar el alcance de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, acordado por el G20, más allá del 2021 y que debe incluirse a los países de ingresos medios, no sólo a los más pobres. Es decir, a naciones como Brasil, Argentina y México. Estas propuestas no han recibido una respuesta, hasta el momento, de los organismos multilaterales como el FMI, ni de los gobiernos de los países más poderosos. En resumen, hay esfuerzos sin precedentes para ayudar a superar los problemas actuales, que en cierta medida rompen con el modelo neoliberal, pero todavía son insuficientes. Si no se fortalecen y se toman en cuenta medidas más drásticas como las que propone la CEPAL y otros centros de investigación, la posibilidad de que se produzca al mismo tiempo una crisis mundial de grandes dimensiones, tanto financiera (por falta de pago de las deudas) como social (debido a la ausencia de recursos para luchar contra la pandemia y reactivar las economías), es una posibilidad que cada vez más se perfila en el futuro inmediato. México, a pesar de haber sostenido una política económica muy conservadora en materia de gasto y deuda, no podría escapar de este negro escenario porque la magnitud de sus obligaciones externas ha crecido (como proporción del PIB), y por los efectos de contagio que pueden producirse por la situación internacional. Una acción conjunta, sostenida por México, Argentina (miembros del G20), y quizás ahora Perú, apoyada también por otras naciones como Bolivia, podría servir mucho para ampliar la asignación de DEGs y llevar a la mesa las propuestas de reestructuración de las deudas como propone la CEPAL. Si el gobierno de López Obrador persiste en su política de restricción del gasto público, al menos podría mostrar una cara más progresista en el escenario mundial. saulescobar.blogspot.com

Acerca de Capital e Ideología de Thomas Piketty.

https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/1313 Acerca de Capital e Ideología de Thomas Piketty. Reseña publicada en El Trimestre Económico no.351, julio-septiembre de 2021.

Un apunte de las elecciones del 6 de junio de 2021

Sumas, restas y pendientes: un breve recuento de las elecciones del 6 de junio Saúl Escobar Toledo Publicado en Brújula Ciudadana no. 129, mayo 2021. disponible en https://www.revistabrujula.org Para tratar de hacer un balance mínimo de los resultados de los comicios del domingo pasado, supongo que hay que partir de las ofertas básicas que ofrecieron, por un lado, el bloque opositor (PRI, PAN; PRD), y el oficialismo (Verde, PT y Morena) por el otro. Los primeros apuntaron que lo que estaba en juego era muy sencillo, consistía en optar entre la democracia y dictadura; los defensores del actual gobierno propusieron en cambio que los electores tendrían que decidir entre volver al pasado de corrupción o darle continuidad a los esfuerzos de la 4T para combatirla. Ambas propuestas eran bastante simples y no se presentaron proyectos más elaborados para enfrentar los problemas del país en materia de pobreza, crecimiento económico, violencia estructural, salud y educación. Desde este punto de vista, sin duda, la mayoría de los electores escogieron la alternativa “no más corrupción” y desdeñaron el argumento de que la democracia mexicana estaba en peligro bajo el mandato de AMLO. Así lo demuestran los triunfos de Morena en 11 gubernaturas y en varios congresos estatales ( en alrededor de otras ochos entidades). De acuerdo con lo anterior, no hay mucha cabida para la confusión: tanto el PRI como el PAN perdieron varios estados que gobernaban. Frente a la posibilidad de optar por “los corruptos de siempre” decidieron darles una oportunidad a otros candidatos. Tal fenómeno se puede extender a los casos de Nuevo León y San Luis Potosí. En realidad, sólo en Querétaro y Chihuahua ganó de nueva cuenta el PAN mientras que el PRI perdió todos los gobiernos estatales que antes estaban en sus manos. En el caso de las elecciones para diputados federales, la competencia entre “democracia o dictadura” o “no más corrupción” fue más pareja. La diferencia entre ambos bloques fue menor en términos de número de votos (43 vs 40%) pero en las diputaciones de mayoría relativa (distritales) la diferencia se amplía: 185 vs 108. Habrá que advertir que todas estas cifras y las que presentamos más adelante provienen del INE y son aproximadas, sujetas a rectificación por los órganos competentes y no incluyen a Movimiento Ciudadano, otros mini partidos y votos nulos. Según los resultados oficiales, la coalición Morena, PT, Verde tendrá mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de manera holgada con un grupo que oscilará entre 275 y 280 legisladores, lo que le permitirá aprobar cambios en las leyes secundarias y los ingresos, egresos y deudas públicas. Así las cosas, el presidente y los partidos que lo apoyan tienen razones para estar satisfechos. Las pérdidas fueron relativamente menores y se mantuvo lo más importante: el control mayoritario de la CD. Resulta curioso que los medios y la oposición traten de apreciar los resultados electorales confundiendo, por ignorancia o mala fe, términos como mayoría simple, mayoría absoluta o mayoría calificada. Esta última, que significa más de 333 diputados, no la ha obtenido ningún partido o coalición desde 1988, cuando el control casi monopólico del PRI empezó a resquebrajarse. En 1991, por ejemplo, el PRI subió su votación de manera muy notable en comparación a 1988, pero en ese año obtuvo sólo 320 curules. Para llevar a cabo las reformas neoliberales y modificar la Constitución hizo alianza con el PAN. Desde entonces se elaboró el término PRIAN para distinguir esta nueva fase, caracterizada por el control político del legislativo a manos de estos dos partidos. Quienes afirman que fue un triunfo que la coalición de la 4T no ganara 334 diputados caen en el engaño, ya que tal cosa era prácticamente imposible. Esta falacia ha sido útil, sin embargo, para la propaganda del bloque opositor y ha servido para mentirle a sus seguidores. Lo que resulta curioso es que algunos comentaristas y “expertos” reproduzcan esta apreciación, un tanto descabellada. En este panorama general, que pude calificarse como positivo para el gobierno y sus aliados, destacan los resultados adversos de la Ciudad de México. En la capital, como se sabe, la oposición ganó 9 alcaldías de 16. En términos porcentuales también superó a la coalición Morena-PT-Verde: 45 vs 44%. Para entender estas derrotas, habrá que admitir que los electores le dieron a Morena una sopa de su propio chocolate: también dijeron “no más corrupción” y votaron en contra de sus candidatos por diversas razones que habrá que estudiar con más detenimiento. Desde mi punto de vista, el fenómeno tiene que ver con el accidente de la Línea 12 del Metro y la reacción del presidente y en menor medida de la Jefa de Gobierno. Ante la reacción de las autoridades, los ciudadanos detectaron una actitud cómplice, opaca y poco sensible con las víctimas. Sheinbaum tuvo que pagar un precio demasiado alto pues ha enfrentado, mejor que otros gobiernos estatales y la propia administración federal, la coyuntura pandémica y, en general, ha conducido de manera adecuada las riendas de gobierno del gran monstruo urbano. Otras razones que podrían explicar el retroceso electoral de Morena tienen que ver con la estructura del partido en la capital. Actuaron como 16 agrupaciones políticas; no se coordinaron; no tuvieron un plan ni un discurso común; se dice que hubo “fuego amigo” o traiciones internas para favorecer a candidatos rivales; y en algunos casos, los sufragantes identificaron a sus candidatos como “los mismos de siempre”. En lo que toca a los congresos, tanto federal como local, las pérdidas fueron relativamente menores pero significativas: en lo que toca al local, la coalición Morena, PT, Verde también tuvo un porcentaje menor de votos que la oposición, aunque ganó 19 de las 33 curules de mayoría relativa, lo que probablemente le asegure el control del Legislativo capitalino. En cuanto a las diputaciones federales, esta alianza ganó 12 y perdió 12. En este asunto, el presidente ha adoptado una explicación muy dudosa. Asumirse como víctimas de una campaña de desprestigio e incluso mencionar la portada de The Economist como prueba no resulta convincente. La pregunta obvia es por qué tal cosa no afectó su votación en otras partes del país, por ejemplo, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (ganados por Morena) donde hay niveles educativos relativamente altos y la vinculación de las economías locales con Estados Unidos es mucho más evidente que en otras regiones de México. Tampoco parece razonable suponer que la división entre las alcaldías del oriente y del poniente resulte tan significativa como se pretende. Según esta narrativa, de un lado se concentran los ciudadanos más prósperos e informados, mientras del otros están los más pobres y laboralmente informales. Algunas caricaturas lo ponían así: en el occidente están los que pagan impuestos; del otro lado los que viven de los subsidios gubernamentales; de este lado los que tienen tarjetas de crédito, del otro los que sobreviven con la que otorga el gobierno a los adultos mayores. Tales apreciaciones no resisten un análisis más fino: varias delegaciones ganadas por la oposición, según CONEVAL se encuentran entre las que tenían un mayor porcentaje de familias en pobreza en 2015: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Magdalena Contreras. A mi modo de ver se trata de una división pasajera que puede modificarse en las próximas elecciones. No es aquí entonces donde hay que encontrar la explicación de las derrotas de los partidos de la 4T. Finalmente habría que señalar que el futuro del bloque opositor y de los apoyadores de AMLO es incierto. De un lado, está claro que el partido fuerte es el PAN y es el que mejor refleja el sentir del electorado conservador. El PRI perdió varias posiciones y el Sol Azteca posiblemente se quede sin registro. Para afianzarse como cabeza y eje de la oposición, el PAN tendrá que fortalecer su perfil: no al aborto ni a las uniones del mismo sexo; separarse de otras demandas del feminismo; insistir en las banderas tradicionales de la democracia liberal (incluso si ello supone proteger a los acusados de corrupción de los sexenios anteriores); y, sobre todo, oponerse a una política económica que amplíe la protección social a los más pobres mediante transferencias en efectivo o medidas como el aumento del salario mínimo; restringir la intervención del Estado en la economía y abogar por el libre mercado; descartar una reforma fiscal progresiva (o apoyar una que afecte a los más pobres aumentando el IVA) y reprobar no sólo las obras de infraestructura actuales sino cualquier otro esfuerzo en este sentido. Por su parte, la coalición encabezada por Morena tendrá el acompañamiento obligado del Verde lo que puede resultar muy incómodo y hasta peligroso. El PT no representa ningún problema, pero tampoco ayuda mucho. Y el partido mayoritario difícilmente podrá aguantar, tal como está, sus guerras fratricidas, su pragmatismo a ultranza, y su ausencia de definiciones ideológicas y programáticas. El asunto de la Ciudad de México no podrá pasar inadvertido, como si nada hubiera sucedido. Además, su relación con el presidente y el gobierno le exigirá mayor disciplina pues los votos de cada legislador son ahora más importantes. Ello puede conducir a una mayor subordinación al Ejecutivo, pero también podría suceder que éste se decidiera por acelerar algunos cambios legislativos e incluso una reestructuración de sus acciones e integrantes. En este caso, MORENA también tendrá que ser parte de esas mudanzas. Recordemos también que la segunda parte de los sexenios han servido para preparar la transición hacia la nueva administración presidencial, en este caso, la que surgirá de los comicios de 2024, lo que elevará la tensión interna. En síntesis, en las elecciones del domingo, a pesar de que algunos resultados podrían apreciarse de manera contradictoria, hubo ganadores y perdedores Falló la estrategia de “Democracia o dictadura” y tuvo mayo éxito la de “No más corrupción”. Sin embargo, estas narrativas, una vez pasados los comicios, tendrán que formularse en ideas y propuestas más sustanciosas. Esa será la tarea más importante del PAN y Morena, cada uno por su lado, en los próximos meses. ¿Lo harán, o se conformarán con seguir navegando con discursos huecos y ataques mutuos, desconociendo las crudas realidades que sufre el país? saulescobar.blogspot.com

A cincuenta años del halconazo del 10 de junio: un testimonio

10 de junio: Ganar la calle Notas para el Seminario: a cincuenta años del halconazo, testimonios DEH- INAH, secretaria de Gobernación, INHERM Disponible YouTube Saúl Escobar Toledo El 10 de junio de 1971, en la página editorial de Excelsior, apareció un artículo firmado por el periodista y escritor Ricardo Garibay titulado “Ganar la calle; perder la pelea”. Transcribo algunos párrafos: “los líderes del movimiento del 68 han pedido, recomendado y exigido (quedarse dentro de las aulas estudiando) y han demostrado que ganar la calle ahora, precisamente ahora, es renunciar a algo que no se vio ni se pudo ver en 68: la necesidad, la oportunidad, la urgencia de prepararse a todas prisa para el ejercicio posible desde la Universidad… Ganar la calle es entrar en la dispersión, en la íntima distracción, en la no participación… en las tareas de esta colectividad que estamos siendo, haciendo, los mexicanos. Ganar la calle es posponer una vez más y no por un día sino por mucho tiempo otra vez el tiempo de estudio, el de la reflexión, la toma del poder por el espíritu. Es un acto de provocación gratuito y aberrante, porque hoy es cuando el gobierno, por primera vez en más de medio siglo, está buscando y propiciando la identidad entre la inteligencia, la juventud y el poder. Es buscar mañosa y suciamente la represión gubernamental que acarreará desprestigio y debilidad al gobierno… Es hacer el juego a los grupos de presión más indecentes que padece el país, los que acaban de perder … es volver a ofrecerles el país en bandeja de plata, listo para su hartazgo”. (fin de la cita) Por su parte, el editorial de Excelsior el 11 de junio condenó duramente la represión. Sin embargo, no pudo evitar que apareciera la siguiente frase: “El exceso represivo es tan condenable como la actitud de los manifestantes”. Años después, la revista Proceso, en su número del 20 de mayo de 2012, poco después del fallecimiento de Carlos Fuentes recordaba que: El aclamado escritor “fue uno de los intelectuales de los años setenta que… asumieron su adhesión al régimen al adoptar la frase Echeverría o el fascismo. Fernando Benítez, asesor del presidente, en entrevista con Proceso (807) en abril de 1992, respondió ante la posición asumida por el autor de “La región más transparente “y otras novelas memorables, que “Fue una expresión exacta… En ese momento la situación de México era muy grave y podía haber caído en un fascismo del que nos salvó Echeverría…” Posteriormente, hay que destacarlo también, en sus “Personales memorias del sexenio” (Proceso, 5), Ricardo Garibay narró su experiencia durante esos años. Desde noviembre de 1968, recordó, se propuso estar lo más cerca posible del poder para incidir “en bien de la nación” en las decisiones, y reconoció: “Nunca fui informado de nada importante, nunca se me consultó para nada (...) Me equivoqué (...) Me pasé de ingenuo. Comprobé a mi costa que la inteligencia no debe ni puede estar con el poder, sino enfrente del poder y contra el poder, para beneficio de ambos.” Por su parte, Fuentes, en un diálogo con el periodista James R. Fortson (publicado en 1973 en el libro Perspectivas mexicanas desde París), tras comparar a Echeverría con Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, respondió a quienes criticaban su respaldo a Echeverría: “No acabamos de digerir nuestros traumas (...) Creo que en primer lugar el responsable único (del 2 de octubre de 1968) fue el presidente de la República de México. En segundo lugar, que en Tlatelolco intervino el Ejército por órdenes de la Presidencia y de la Defensa, no de Gobernación. Y, en tercer lugar, que aunque Echeverría hubiese sido 100% responsable del 68, no podemos hacer una política a base (sic) de la noción cristiana del pecado original y convertirnos en estatuas de sal mirando siempre hacia atrás...” En marzo de 1999, Fuentes explicó, igualmente a Proceso, (No. 1167) que no sólo él, sino otros escritores, como Fernando Benítez y Octavio Paz, habían creído en la llamada apertura democrática prometida por Echeverría, e insistió en considerar que existía realmente el temor de que el poder hubiera sido tomado por los militares” Con lo anterior quiero resaltar que el ambiente político antes y después de la represión del 10 de junio dividió a intelectuales, activistas y dirigentes de los movimientos sociales, incluyendo aquellos que se manifestaron dentro de las universidades. En el 68, también hubo críticas y condenas al movimiento por diversas personalidades, por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, considerado como uno de los marxistas más lúcidos del país y dirigente de la izquierda mexicana. No obstante, estos señalamientos provenían de personas y organizaciones ajenas al movimiento que nunca simpatizaron con él. En junio del 71, en cambio, las opiniones adversas acerca de la marcha del 10 de junio provinieron de escritores, periodistas, universitarios de distintas disciplinas que habían simpatizado y apoyado al movimiento estudiantil y su demanda por la democracia. Casi todos, después de ocurrida la masacre, condenaron la represión y pidieron el esclarecimiento de los hechos y una investigación especial sobre la existencia de los halcones. Otros profesores, periodistas e intelectuales, en cambio, reprobaron tajantemente al gobierno sin atenuantes. Lo que me interesa subrayar en esta plática es que el debate antes y después del 10 de junio de 1971 fue muy fuerte sobre todo en las escuelas del Poli y en la UNAM. En esos momentos yo era un activista del CL de la ENE; apoyé decididamente la convocatoria a la marcha; y participé con mi contingente ese día. Afortunadamente, salí ileso entre otras cosas porque pude refugiarme con (aproximadamente) otros veinte compañeros en una casa particular. Recuerdo muy bien que una señora nos abrió la puerta de su domicilio apurándonos para entrar. Estuvimos ahí refugiados varias horas hasta que la balacera terminó y decidimos salir uno por uno con gran sigilo. La generosidad y la valentía de la familia que nos protegió fue una muestra de la solidaridad popular con el movimiento estudiantil. Ahora bien, en lo que se refiere al debate interno, recuerdo que, ante la diversidad de puntos de vista, hubo largas reuniones de los Comités de Lucha de la UNAM y, en particular en el de Economía; asambleas generales de estudiantes y profesores muy tirantes en las que la discusión fue muy exhaustiva; e incluso debates en los salones de clase muy acalorados. Nuestra actividad, la de los integrantes del Comité de Lucha, fue muy intensa no sólo para difundir la manifestación sino especialmente para debatir las diferencias que afloraron. Al recordar estos momentos, debe quedar claro que mi intención no es poner en duda la calidad intelectual y artística de la obra de Fuentes, Garibay, o Benítez, etc. Tampoco juzgar sus posiciones políticas en ese momento o posteriormente. Lo que intentaré, más bien, es tratar de explicar por qué (algunos) partidarios de salir a la calle no dudamos de nuestra posición y explicar qué nos motivó a mantener la convocatoria a la marcha a pesar de la división de opiniones. En primer lugar, nos propusimos romper el cerco impuesto desde el 2 de octubre. Una valla de silencio, olvido e impunidad se había impuesto en la vida política del país. Este cerco se agudizó incluso por acontecimientos como el mundial de futbol de 1970. Ante ello queríamos retomar la calle para anunciar que el movimiento estudiantil mantenía sus reclamos y protestas frente a la antidemocracia, el autoritarismo y las mentiras del gobierno pretendiendo ocultar sus crímenes. Queríamos que se supiera que las cosas no habían cambiado y que había que seguir luchando por cambiar este país En segundo lugar, salir a la calle nos parecía necesario para que otros grupos inconformes también pudieran manifestarse. Y creo que así fue: en 1971 y, más claramente, después de ese año, hubo una gran ola de movimientos sociales campesinos, urbanos, y obreros. Uno de los mejores ejemplos fue la TD del SUTERM que inició sus movilizaciones en ese 1971; otras huelgas obreras se llevaron a cabo en distintas ramas económicas. Éstas empezaron a aumentar desde 1972 de manera muy clara. A ese período se le ha llamado, con razón, los años de la Insurgencia Obrera. Hubo también hubo rebeliones campesinas, tomas de tierras y el surgimiento de nuevas organizaciones en el campo y en la ciudad. En tercer lugar, queríamos salir a la calle porque no confiamos en la reforma que proclamaba el gobierno. El cambio de estrategia gubernamental con el arribo de Echeverría a la presidencia ha sido materia de numerosos ensayos. Podemos reconocer las intenciones de llevar a cabo una política económica más distributiva; impulsar la educación sobre todo superior (los CCH bajo la rectoría de la UNAM de González Casanova surgen en 1971); y una política exterior más progresista. Lo que no cambió, y esto es lo que me parece fundamental, fue la estrategia de aniquilar las oposiciones políticas y sociales. Tal cosa resultó muy evidente en la propia historia de la TD del SUTERM y muchos otros movimientos inconformes. Recordemos, además, que después del 71 se desató la llamada guerra sucia que incluyó una nueva modalidad represiva, las desapariciones de activistas, sospechosos de guerrilleros y militantes de grupos armados. Muchos de ellos, después de varias investigaciones independientes, se encontró que, en realidad, fueron activistas y dirigentes sociales. Un cuarto aspecto fue el ambiente general que se percibía en América Latina, en particular, debido al triunfo de Salvador Allende en las elecciones que se llevaron a cabo a finales de 1970. En 1971, su régimen estaba en plena marcha transformadora y sentíamos que, si bien resultaría muy difícil repetir en México un triunfo en las urnas como el de la UP, Chile representaba un brillante ejemplo de que el socialismo era una opción para AL. Nuestra admiración por Chile era muy grande: algunos recordarán incluso que la música y las canciones de Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Inti Illimani se cantaban desde el 68 en casi todas nuestras reuniones. Poco se ha dicho de la relación entre la victoria de Allende y el 10 de junio, pero por lo menos para mí, según recuerdo, fue muy inspiradora. Finalmente, hay que recordar que fuimos un movimiento muy izquierdista y al mismo tiempo muy novedoso. El movimiento estudiantil mexicano no fue el único caso. En Europa, EU y otras partes de América Latina también surgieron expresiones de una nueva izquierda muy radical, muy joven y creativa desde los años sesenta y muy destacadamente en los 70´s. Aunque la comunicación era entonces mucho menos inmediata y accesible que ahora, nos enteramos de estas nuevas tendencias que aparecieron sobre todo en Europa. Esa nueva izquierda tuvo dos características: su rompimiento con la socialdemocracia y su alejamiento crítico con el marxismo soviético. En las universidades mexicanas, particularmente en la UNAM, esos vientos renovadores se observaban y estudiaban con mucho interés. Hubo un regreso a Marx, y a una lectura o relectura de sus textos que resultó en un enriquecimiento de las interpretaciones de la realidad mexicana, aunque también, a veces, se cayeron en nuevos dogmatismos. Ganar la calle el 10 de junio de 1971 no fue una simple calentura juvenil o producto de una falta de reflexión. Fue una respuesta pensada y discutida para continuar la lucha por la democracia y el cambio; y una reacción ante los nuevos tiempos que soplaron en AL y el mundo. Éste es mi testimonio. Gracias por su atención.