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miércoles, 21 de octubre de 2020

El presidente Cárdenas y el movimiento obrero

 

El presidente Cárdenas y el movimiento obrero

Saúl Escobar Toledo
 

El lunes 19 recordamos al General Lázaro Cárdenas por el cincuentenario de su fallecimiento. Valga la ocasión para ofrecer al lector algunas notas sobre su política laboral, misma que hoy deberíamos volver a analizar con cuidado para reflexionar sobre los problemas actuales.

En cierto sentido, la presidencia de Cárdenas no empezó el 1º de diciembre de 1934 sino el 12 de junio de 1935 cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) invitó a las organizaciones sindicales más importantes a discutir la situación creada por las declaraciones del expresidente Calles, llamando a reprimir las huelgas que habían tenido lugar en los primeros meses del sexenio. A esta convocatoria asistieron la CGOCM (Confederación General de Obreros y Campesinos de México); la CSUM (Confederación Sindical Unitaria de México), y varios otros gremios importantes como el Minero. Poco después, decidieron constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), un frente que tuvo como propósito unificar a los trabajadores, fortalecer sus luchas, apoyar la política laboral del presidente y evitar que prosperara la reacción callista.

Muchos sindicatos que formaron el Comité venían de una ruptura con la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), la cual se había convertido en un organismo de control antidemocrático y corrupto bajo el liderazgo de Morones y la protección de Calles. También, de una etapa de fuerte represión contra los sindicatos independientes, en particular contra la CSUM, dirigida por militantes del Partido Comunista. De esta manera, en los inicios de los años 30s se desataron varias huelgas y movilizaciones y surgieron nuevos sindicatos como el ferrocarrilero que agrupaba miles de trabajadores. Según algunos historiadores, a fines de 1934, el movimiento obrero se había convertido en la fuerza política y social más importante del país.

La creación del CNDP alentó la movilización obrera y a partir de ese momento estallaron varias huelgas en ramas estratégicas como la petrolera, minera y en la industria del papel, el cemento y el vidrio. Por su parte, el presidente Cárdenas defendió el derecho de huelga incluso ante las protestas patronales, como en el caso de la Vidriera de Monterrey, y manifestó su apoyo a la unificación de los trabajadores y a sus principales demandas.

La existencia del CNDP y después, en febrero de 1936, la fundación de la CTM (Confederación de Trabajadores de México), selló en los hechos una alianza entre el gobierno y el sindicalismo. Este apoyo le permitió al mandatario consolidar su política laboral, fortalecer su gobierno, excluir al callismo, y desatar un programa de reformas de gran alcance que, como sabemos abarcó la reforma agraria, la creación de nuevas instituciones y la expropiación de los ferrocarriles y la industria petrolera.

Para las organizaciones obreras, la alianza abrió el camino para su crecimiento orgánico y, sobre todo, para hacer realidad los derechos que ya estaban plasmados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.  Durante el cardenismo, se desató lo que algunos estudiosos han llamado la “revolución contractual”: se pactaron contratos colectivos de trabajo en muchas ramas económicas, los cuales habían sido negados por las autoridades y las empresas y habían sido motivo de duras y a veces cruentas luchas desde los años 20s.

Sin duda, la movilización y la fuerza organizada de los trabajadores fue un factor muy importante, aunque no el único, para que el presidente decidiera decretar la expropiación de los ferrocarriles (en junio de 1937) y el petróleo (en marzo del siguiente año). La historia y el desenlace de estas importantes medidas fue dispareja. La primera llevó, incluso, a que Cárdenas decidiera, en mayo de 1938, la creación de la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México (AOFM), experiencia que tuvo una corta vida pues en diciembre de 1940 fue echada abajo por el mandatario entrante, Ávila Camacho. La segunda, en cambio, permitió la creación de una industria pública que fue un sostén fundamental del desarrollo económico de México hasta la privatización de ese recurso hace algunos años.

Por otro lado, hay que decir que la independencia y combatividad del movimiento obrero mexicano se fue perdiendo poco a poco durante los últimos años del cardenismo. La adhesión de la CTM al recién creado PRM (Partido de la Revolución Mexicana) poco después de la expropiación petrolera y el poder ascendente de un grupo oportunista dentro de esa organización (representado por Fidel Velázquez) junto con los errores de los principales dirigentes, en particular de Lombardo Toledano y la fracción comunista, permitieron que la confederación abandonara poco a poco sus principios y se plegara cada vez más a la maquinaria estatal. Esta situación no acabó con el sindicalismo independiente que mantuvo una lucha intensa en los siguientes años, pero con una correlación de fuerzas cada vez más desfavorable. Al final, en 1948, el presidente Alemán decidió usar toda la fuerza del estado para aniquilar estas oposiciones.

En el caso de los ferrocarriles, una historia menos conocida, Cárdenas entregó a los obreros la administración de la empresa a pesar de las dudas de funcionarios de su propio gobierno y de los ferrocarrileros. Fue un experimento arriesgado y radical que mostró, por un lado, la confianza del presidente en el sindicalismo y en los trabajadores, y por otra la inexperiencia de estos últimos. La situación de la empresa ya era muy compleja y difícil desde que, durante el porfiriato, se había creado una empresa con participación accionaria mayoritaria del gobierno (en 1908) que nunca pudo despegar bajo las gerencias posteriores. Sacarla adelante hubiera requerido inversiones masivas, una fuerte reorganización administrativa y una cultura obrera experimentada en la creación de cooperativas y en la participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Ninguno de estos elementos se conjugó durante el breve periodo de la AOFM.

La política laboral del cardenismo y sus consecuencias fueron resultado de muchos factores, no sólo la voluntad presidencial. Lo que queda claro, sin embargo, es que el General entendió que la fuerza organizada del movimiento obrero sería vital para emprender un cambio de rumbo del país. Para lograr su apoyo dialogó muchas veces con las organizaciones, alentó reformas legales que los beneficiaban, aceptó y vio con simpatía sus manifestaciones, aunque éstas a veces interrumpieran servicios tan esenciales como el suministro de energía eléctrica. Promovió un aumento de los salarios mínimos reales y alentó los incrementos en los contractuales. Los sindicatos lograron una enorme fuerza de negociación frente a las empresas. 

Ese poder se convirtió después en pilar de un estado despótico y corporativo que rigió el país desde los años cincuenta. Cárdenas nunca vio con buenos ojos esas desviaciones y manifestó su oposición, hasta sus últimos días, de distintas maneras, al rumbo que habían tomados los gobiernos posrevolucionarios.

El 20 de noviembre de 1970, Cuauhtémoc Cárdenas dio lectura a un conjunto de reflexiones que había preparado el General poco antes de su fallecimiento. El texto expresa, entre otras cosas, que:

“Se podría argüir que no es responsabilidad del gobierno sino de los trabajadores, conquistar la democracia interna en los sindicatos y, en el caso de los no agrupados, que existen garantías para organizarse de acuerdo con la ley. Esto sería verdad en la medida que las condiciones de abatimiento social de los trabajadores dejaran de responder a indebidos privilegios de que disfrutan sus dirigentes para mantener en la inmovilidad a las masas organizadas y al hecho de haber dejado en el desamparo a las que no están organizadas. Hay que considerar que la explotación patronal se ha recrudecido porque las organizaciones obreras han perdido su independencia…”

saulescobar.blogspot.com

miércoles, 7 de octubre de 2020

La ultraderecha en México protesta

 ¿Representa la ultraderecha un peligro para México? 

Saúl Escobar Toledo

El pasado sábado 3 de octubre miles de personas llevaron a cabo una marcha al zócalo de la Ciudad de México. Su intención consintió en reunir más de cien mil asistentes para forzar la renuncia del presidente de la república. Aunque naturalmente se desató una guerra de cifras, los testimonios de la prensa mexicana dan cuenta de una reunión mucho más pequeña. Fue, no obstante, más numerosa que en otras ocasiones y decidieron ocupar buena parte de la plaza con casas de campaña, lo que da a entender que seguirán con sus protestas. 

El lenguaje de sus líderes y simpatizantes se han caracterizado por ser “irracional, vulgar y violento” como señaló Mario Luis Fuentes en un editorial.  La expresión más elaborada acusa a AMLO de “comunista” pero su discurso se compone más bien de insultos e imploraciones   a la Virgen de Guadalupe.  Su insistencia en que el primer mandatario debe renunciar de inmediato no ha generado mucha aceptación en el amplio abanico opositor que incluye partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y escritores e intelectuales que saben que este llamado suena a golpismo y que resulta completamente inviable. 

De esta manera, el plantón del llamado FRENAA puede resultar incluso funcional al gobierno pues le da la oportunidad de presumir su talante democrático. El presidente ha prometido no reprimir a los manifestantes y respetar su protesta. Hasta aquí todo parecería ser un brote extremista de ciudadanos inconformes que con el tiempo se irá diluyendo. Sin embargo, el problema puede radicar en que el verdadero propósito de los organizadores sea montar una provocación que pueda derivar en choques con otros grupos civiles. El zócalo es un espacio al que recurren una gran cantidad de contingentes que se manifiestan por diversas causas casi todos los días. Ha habido expresiones muy violentas que e incluso han atentado contra el palacio nacional lanzando bombas molotov y tratando de incendiar las puertas de ese inmueble histórico. De esta manera, no importaría mucho el número real de ocupantes de las casas de campaña. Bastaría una confrontación entre unas docenas de personas por ambos lados para generar un conflicto de consecuencias imprevisibles. 

Los partidos de oposición y sus voceros, que se manifiestan en la prensa o en las redes sociales saben que no pueden mostrar una adhesión abierta a FRENAA. Su ambición consiste, como han dicho muchas veces, en formar una coalición muy amplia que les permita ganar la cámara de diputados en las elecciones del próximo año. Intentar derribar a López Obrador con movilizaciones callejeras utilizando un lenguaje tan primitivo, seguramente les restaría votos. Por su parte, los simpatizantes de la 4T saben que pueden organizar una o varias marchas, mucho más grandes, y superar ampliamente a las de la ultraderecha. 

 

Y, sin embargo, el gobierno no debería subestimar la situación. La pandemia y sus efectos han generado desempleo y empobrecimiento de las capas sociales más vulnerables, un escenario que no está siendo respondido correctamente. Tal cosa se demuestra claramente en el proyecto de presupuesto para el próximo año y en un conjunto de medidas, como la liquidación de los fideicomisos. Decisiones que no ayudan a una recuperación económica más vigorosa y con menores costos sociales. La insistencia en una estrategia conservadora que propone reducir el gasto y no admite ni mayor endeudamiento ni aumentar los recursos fiscales ha decepcionado a sectores progresistas: grupos sindicales, de productores agrícolas y de servicios, y organizaciones diversas de la sociedad civil. 

Por otro lado, el partido que llevó al triunfo al presidente y a conquistar la mayoría en las Cámaras de Senadores y Diputados, vive una crisis que no es seguro que pueda resolverse en los próximos días con el nombramiento de los principales dirigentes de MORENA. No sería extraño que el conflicto interno se prolongara un tiempo más, debido a las decisiones del Tribunal y al nivel de confrontación interna. 

Además, hay varios focos de protesta social, legítima y verdadera, que sienten que no han encontrado las respuestas que se esperaría de un gobierno progresista. Tal ha sido el caso de agrupaciones del movimiento feminista, pero también de otros grupos sociales que se han manifestado por la defensa del medio ambiente y del territorio de los pueblos y comunidades, como en Morelos, Chihuahua y otras localidades del sureste mexicano. Asimismo, habría que incluir la huelga de NOTIMEX que inexplicablemente se ha prolongado por la conducta de la directora de esta agencia de noticias. Algunas secciones de la CNTE han reanudado algunas movilizaciones de protesta. 

La principal queja de la oposición partidista se ha basado en lo que han llamado el autoritarismo del presidente y una excesiva concentración de poder. El discurso del primer mandatario parecería darles la razón: reitera a cada momento que cualquier crítica es neoliberal, conservadora o expresión de quienes buscan mantener sus privilegios a costa de la corrupción. Con ello, da a entender que no le interesa el diálogo con todos y que es insensible a cualquier rectificación. Irrita, además, a sectores de la sociedad que lo apoyaron y que esperaban otro tipo de políticas, particularmente en el ámbito económico y social, y que han sugerido la necesidad de modificar algunas líneas de gobierno. Se pierde de vista la diferencia entre quienes reclaman la reparación de injusticias y aspiran a profundizar el cambio, y aquellos que desean la continuidad del estatus quo de los regímenes del PRI y el PAN. 

De esta manera un diagnóstico alternativo y la elaboración de propuestas para una mayor justicia social son simplemente condenadas. Se supone que un gobierno progresista se basa no sólo en sus políticas públicas sino también en su capacidad de diálogo, sobre todo con los más castigados por décadas de injusticia, y en su disposición para establecer alianzas con los movimientos sociales. Por ejemplo, en lo que toca a los desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno ha entablado una relación que, aunque con pocos resultados, ha sido apreciada por los familiares de los normalistas desaparecidos. No ha sido así en otros casos.  Y, sobre todo, no ha habido ninguna intención para entablar un pacto o acuerdo de largo plazo como el que se ha buscado con los sectores empresariales más poderosos. 

La movilización de la ultraderecha no representa un peligro inminente para las instituciones políticas ni para la continuidad del gobierno, pero fomenta un clima que dificulta aún más la interlocución con sectores sociales inconformes y fortalece la figura y el endurecimiento del discurso presidencial. 

 Y, sin embargo, cabe esperar todavía que la 4T reconozca que este enturbiamiento es un factor de tensión que puede crecer y llevar a confrontaciones indeseadas. Podría entonces aprovechar el radicalismo de la derecha para acercarse a los sectores progresistas, aceptar las críticas y establecer un nuevo trato que haga posible la construcción de nuevos proyectos de cambio. En esta vía, MORENA podría jugar un papel destacado. No sería la primera vez en la historia de México y América Latina que los partidos y gobiernos que se han propuesto romper con un pasado oprobioso, rectifican y cambian sus estrategias. El movimiento que llevó a AMLO a la presidencia viene de una larga historia de lucha. La sensibilidad forjada en esos años debería servir ahora para entender que el poder no radica sólo en los puestos públicos sino, principalmente, en el apoyo y la participación activa de los ciudadanos. Las dificultades actuales, muchas de ellas derivadas de la pandemia y de viejas injusticias, pueden llevar a una creciente incapacidad gubernamental para dar respuesta los reclamos legítimos de la población y, a final de cuentas, a la prolongación de un estado de cosas que ya se ha visto que resulta intolerable. 

 

 

 

 

 

 

miércoles, 23 de septiembre de 2020

Un impuesto a la riqueza

 

Gravar la riqueza: la propuesta argentina

Para Oscar Estrada, que acaba de partir…

Saúl Escobar Toledo

A finales de agosto de este año ingresó a la Cámara de Diputados de Argentina un proyecto de ley que pretende gravar a las grandes fortunas. Según el texto oficial se denomina “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Se trata de un impuesto que se aplicaría por única vez a las personas que al 31 de diciembre de 2019 hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos argentinos (una cantidad equivalente a entre 2.5 y 3 millones de dólares). La tasa correspondiente se aplicaría progresivamente hasta quienes posean un patrimonio superior a los 3 000 millones de pesos argentinos (alrededor de 40 millones de dólares). La cuota mínima sería de 2% y la máxima de 3.5%. Se calcula que los afectados sumarían alrededor de 12 mil personas.

Si se aprueba la iniciativa, el gravamen se aplicaría a las personas físicas de acuerdo con la totalidad de los bienes que poseen en el país y en el exterior, incluyendo las “sucesiones indivisas” (es decir, ingresos o propiedades obtenidos por herencias o testamentos). De esta manera, las personas de nacionalidad argentina que tengan su residencia en países de baja o nula tributación (paraísos fiscales) también serían consideradoras sujetas a esta ley. El gravamen se aplicaría exclusivamente a las personas y no afectaría a los bienes o ingresos de las empresas.

El proyecto de ley señala que, en el caso de los fondos que se encuentren en el exterior, se incrementaría la tasa con una fracción alícuota adicional, misma que se dejaría de aplicar si se repatrian los capitales.

Los proponentes (un conjunto de diputados afines al gobierno del presidente Alberto Fernández) han proyectado que se podrían recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos argentinos (poco más de 4 mil millones de dólares). Una cantidad equivalente a la recaudación tributaria que se obtuvo en el mes de enero de este año (que incluye lo que en nuestro país sería el IVA, ISR y IEPS, sin las aportaciones de la seguridad social ni los impuestos al comercio exterior). Estos fondos se destinarían a equipo médico (20%); subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa (20%); becas para educación (20%); apoyos para habitantes de barrios populares (15%), y el programa de exploración y producción de gas natural (25%).

Esos cuatro mil millones de dólares significan algo así como un 0.6% del PIB de esa nación en 2019 y un aumento del 9% del total de los impuestos obtenidos durante todo ese año, o un 5.5% de la recaudación total. 

Como era de esperarse, la propuesta ha sido rechazada por las organizaciones empresariales argentinas por considerarlo “confiscatorio” y por “alterar las condiciones de equilibrio de la oferta y la demanda”. Hay que subrayar que, a fines del año pasado, se había aprobado otro impuesto, el PAIS (“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que grava algunas transacciones en moneda extranjera con una cuota de 30%, incluyendo la compra de servicios de transporte de pasajeros con destinos fuera del país por vía terrestre, aérea o acuática, excepto que se trate de naciones limítrofes por vía terrestre.  Se aprobó, asimismo, un gravamen de 8% sobre la contratación de servicios digitales.

No cabe aquí discutir la viabilidad política para la aprobación de este “aporte solidario”, ni sus posibles consecuencias económicas, asuntos que requerirían un examen muy extenso y una información que sólo puede provenir de fuentes directas. En cambio, vale la pena subrayar el significado que esta propuesta tiene para las naciones, en especial de América Latina.

En primer lugar, porque los impuestos a la propiedad y al patrimonio son muy bajos en el mundo, pero especialmente   en nuestra región. Ello, a pesar de que estos bienes se reparten entre la población mundial y al interior de cada país, de forma mucho más desigual de lo que lo hacen los ingresos o el gasto en el consumo privado.  Debe señalarse que, según la OCDE, la riqueza de las personas incluye activos no financieros como las propiedades inmuebles, autos y joyas; activos financieros (depósitos en bancos, bonos y acciones); y créditos. En América Latina, además, hay países que obtienen más recursos por este tributo como Bolivia, Brasil y Colombia y otros que obtienen cantidades muy exiguas. En México, por ejemplo, apenas tenemos el predial que se aplica a bienes inmuebles pero su aporte es muy pequeño (alrededor del 0.3% del PIB). A ello hay que agregar que la recaudación de todos los tributos es también muy reducida, de tal manera que México carece de recursos para impulsar el desarrollo y ofrecer mejores niveles de educación, salud, vivienda e infraestructura.

Agregaríamos que la propuesta alude, aunque de manera tangencial, a uno de los problemas más serios que enfrentan los gobiernos del mundo: la evasión fiscal, la fuga de capitales y la protección que otorgan los llamados paraísos fiscales. Las personas que poseen cuantiosos recursos, incluyendo aquellos que los obtienen de actividades ilícitas, gozan de una impunidad sin límites. Un impuesto que grave las fortunas fuera del territorio nacional puede ayudar a transparentar estos fenómenos indeseables e incentivar un poco su corrección.

En tercer lugar, porque, en momentos de crisis, la cuestión central reside en saber quiénes pagarán los costos. En nuestro caso, éstos los están pagando sin duda los sectores más pobres de la población, quienes han dejado de recibir ingresos debido a la paralización de las actividades económicas y a la lentitud de la recuperación. Una mayor contribución fiscal por parte de los sectores más ricos ayudaría sin duda a repartir esta carga. No hacerlo sólo puede acentuar la desigualdad.

Cuarto, llamar a la solidaridad de los más favorecidos es algo más que pedir un gesto piadoso, aunque algo hay de eso. Significa, sobre todo, recuperar el valor de la política para conducir la salida de la crisis de manera un poco más equilibrada. Los más ricos hasta ahora sólo han ofrecido sus buenas intenciones. Si los gobiernos, los poderes legislativos y los partidos políticos sólo se preocupan por el reparto del poder y, aún con las mejores intenciones, tratan de velar porque esa disputa se lleve a cabo con la mayor limpieza y equidad; o buscan un mejor equilibrio de poderes y que las libertades se respeten, la verdad es que todo ello no basta. Los poderes estatales tienen más obligaciones que éstas pues dejar a la inercia de las fuerzas del mercado la recuperación de la actividad económica, la desigualdad y el aumento de la pobreza es un error que ya hemos sufrido bastante. La pasividad de las fuerzas políticas y las instituciones frente a crisis y catástrofes se ha traducido en otros momentos en graves costos sociales, un deterioro de la democracia y riesgos de mayor violencia.

En estos momentos, el debate en México parece estar más preocupado por las próximas elecciones legislativas que por la vida de los mexicanos. La oposición ataca al presidente y éste contesta, pero la discusión, aunque ruidosa, muchas veces carece de sustancia. La necesidad de una reforma fiscal ha sido considera como indispensable por distintos actores de la academia, las instituciones internacionales y uno que otro personaje de la política. Y, sin embargo, no está en el centro del debate. Un impuesto a los ricos como se pretende en Argentina puede o no ser aconsejable para México. Hay, no obstante, una amplia variedad de opciones. El problema es que la gran mayoría de opinadores y responsables políticos prefieren mirar hacia otro lado. Creen que su misión consiste en la reyerta verbal con miras a desprestigiar al otro y tratar de ganar votos. La verdad es que sólo están evadiendo los problemas principales. Requerimos un debate serio y extenso que nos lleve a tomar decisiones para reconstruir al país y evitar que sea arrasado por la pandemia y “los equilibrios naturales de la oferta y la demanda”.

saulescobar.blogspot.com

martes, 8 de septiembre de 2020

La deuda social no reconocida

 

La deuda que el gobierno no quiere reconocer

Saúl Escobar Toledo

La encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por INEGI, con cifras actualizadas a julio de 2020, muestra una mejoría ocurrida en los últimos dos meses.  Sin embargo, la situación laboral, comparada con los datos existentes antes de la pandemia, sigue presentando graves problemas:

De los 12 millones que salieron del mercado de trabajo (es decir, de la población económicamente activa) ya regresaron 7.2; no lo han hecho por lo tanto los otros 4.8 millones (que necesitan un empleo pero no lo buscan). Además, otra porción muy importante de la fuerza de trabajo pasó a formar parte de las personas caracterizadas como “ausentes con vínculo laboral” es decir aquellos trabajadores que no asistieron a sus centros de trabajo, pero no fueron despedidos. No se sabe si a todos ellos  se les han pagado sus salarios y prestaciones íntegramente y, sobre todo, si esos millones de ausentes algún día volverán a laborar o serán despedidos definitivamente.

El INEGI registró una población ocupada de casi 50 millones de personas (49.8); debe destacarse, no obstante, que el aumento entre junio y julio correspondió al género masculino, con un incremento de 2.2 millones de personas al mismo tiempo que hubo una reducción de 750 mil mujeres.  

A lo largo de estos meses, uno de los sectores más golpeados ha sido el de los trabajadores por cuenta propia: se quedaron inactivos un 20% en abril; 16% en mayo; 10% en junio y ya apenas un 2% en julio. Los empleados no remunerados (que sólo reciben propinas o pagos en especie) también fueron muy afectados: se quedaron sin ocupación el 21% en abril, aunque en julio estaban casi todos laborando.

Si medimos el fenómeno tomando en cuenta los informales (que laboran por cuenta propia o al servicio de un patrón), las cifras son más dramáticas: en abril dejaron de laborar 10 millones, en mayo 8, en junio 5, en julio todavía 3 millones. Si acumulamos todas estas cifras nos da un total de 26 millones, lo que daría una idea de los días/trabajador perdidos en estos últimos meses y los ingresos que no fueron percibidos. Algunos perdieron sólo un mes, otros dos o tres,  y todavía en julio muchos no recibían ningún recurso. La parálisis ha afectado sobre todo al género femenino, pero la suma de damnificados es impresionante.

Por su parte, la tasa de desocupación abierta fue de 5.4% en julio, la mismo que el mes pasado, lo que arroja una cifra de 2.8 millones de personas. Aquí, otra vez, la tasa es más alta en mujeres que en hombres (6.3% vs 4.8%). Por edad, los más afectados han sido las personas que tienen entre 24 y 44 años las cuales representan más del 50% del total. Hay que subrayar que esta tasa ha aumentado, no disminuido, pues representaba el 4.7% en abril.

Más grave aún, la tasa de subocupación, aunque se redujo en julio respecto al mes anterior, es todavía de 18.4%. Ello representa un aumento de 3.21 veces en abril; 3.78 en mayo; 2.75 en junio y 2.45 en julio respecto al promedio histórico previo a la pandemia. Lo anterior quiere decir que las nuevas ocupaciones se han vuelto más precarias, inseguras, peor pagadas y seguramente muy mal protegidas.

En síntesis, tenemos varios problemas. El daño causado por la parálisis económica y la pandemia: 1) afectó severamente a los asalariados formales que fueron despedidos y no han encontrado otro empleo (se encuentran en desocupación abierta), o no han asistido todavía a su centro de trabajo y viven en la incertidumbre, o se han refugiado en la subocupación (perdiendo ingresos y prestaciones). Y 2) a los trabajadores por cuenta propia, a los informales y a los que laboran sin remuneración, los cuales   sufrieron una pérdida considerable de sus jornales durante estos meses.

Todo este perjuicio ya fue causado y nada está previsto hasta ahora para reponerlo. Se trata de una deuda social de grandes dimensiones. La reparación de este boquete inmenso en la economía de las familias mexicanas no se soluciona con los programas sociales que ya estaban previstos. No es posible que la pensión para adultos mayores o los apoyos para personas con discapacidad sirvan para sostener a toda una familia; o que las becas para estudiantes se destinen a reponer las retribuciones perdidas por la falta de trabajo.

Por ejemplo, el programa para la pensión de adultos mayores, el cual tiene los recursos presupuestales más cuantiosos y abarca a un mayor número de personas. La cantidad de dinero entregada no sólo resulta hoy insuficiente (12 401 pesos por adulto mayor entre enero y junio de 2020, alrededor de 2 mil pesos mensuales según el II Informe presidencial). Además, esta ayuda que debería servir para dignificar al beneficiario y darle una mejor calidad de vida, se convirtió, en ocasiones, en un recurso que se le sustrajo para sostener al resto de la familia.

Sin duda, el daño causado, los ingresos que no han sido repuestos, llevará a un aumento de la pobreza (entre marzo y mayo aumentó el número de pobres de 36 al 55% según CONEVAL). La desigualdad también habrá aumentado pues la masa salarial, según algunos estudios, sufrió una caída de entre 6.6 y 13.8% en el segundo trimestre del año calculado anualmente. Ello se ha traducido, naturalmente, en una disminución del consumo privado de alrededor del 20% comparativo anual (aún con el repunte de junio y julio).

Un país con una mayor pobreza y más desigualdad no puede ser un resultado deseable para un gobierno que se propuso exactamente lo contrario. Sobre todo, porque frente a estos fenómenos, el gobierno no se ha propuesto ninguna acción especial.

Por otro lado, la disminución de los haberes que han sufrido las familias apunta a una recuperación económica más lenta debido a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales no han podido remediar estas pérdidas y seguramente no lo harán en lo que resta del año debido a la magnitud del frenazo económico.

El presupuesto 2021 representa una oportunidad para resarcir algo de lo que las familias mexicanas han perdido; para prevenir que sigan empobreciéndose y para estimular una recuperación económica más rápida. Se ha argumentado que un crecimiento de los pasivos del gobierno puede resultar perjudicial para un mañana indeterminado.  Sin embargo, no se quiere reconocer que el estado mexicano ya contrajo una deuda con millones de familias que han perdido sus ingresos desde marzo de este año, muchas de las cuales siguen sin recibir alguna remuneración por su trabajo.  Encontrar una fórmula para pagar esta deuda social y al mismo tiempo evitar una crisis financiera en el futuro no es imposible, ni es una disyuntiva sin salida.

A su vez, la posibilidad de una reforma fiscal progresiva que sirva para pagar esa deuda social y para una reactivación económica más vigorosa, tampoco pude descartarse por razones políticas (las elecciones de 2021 o el temor a una reacción negativa de un sector privilegiado). Lo más sorprendente es que hay una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones que justamente propone un aumento de las contribuciones patronales y requerirá un mayor gasto público. Ello equivale a un aumento de impuestos y un incremento de la deuda del gobierno federal. ¿Cómo entonces se niega cobrar un mayor tributo a los más ricos y prósperos, y se propone un esquema para favorecer a las AFORES, empresas que se han beneficiado de los ahorros de los trabajadores?

Una mayor reducción del gasto y la inversión pública (lo que ahora llaman austeridad) sólo puede tener como resultado que, una vez más, el costo de la crisis la tendrá que pagar la gran mayoría de la población. Sus consecuencias serían igualmente negativas para la producción, el consumo y la prosperidad del país.

El gobierno y sus propósitos de transformación, la 4t, tiene que enfrentar la cuestión más importante de todas: darles a los mexicanos la oportunidad de superar esta crisis con las menores pérdidas posibles. Si no lo logra, toda su arquitectura quedará prendida de alfileres. Y puede convertirse en un mero ejercicio retórico.

 

saulescobar.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

miércoles, 26 de agosto de 2020

La denuncia penal del Sr. Lozoya: un comentario

 

El testimonio del señor L.

Saúl Escobar Toledo

La “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito” presentada por el Sr. Emilio Lozoya al Fiscal General de la República en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Carlos Salinas de Gortari y otras personas más se difundió profusamente en los medios de comunicación y las redes sociales. El debate que provocó se ha concentrado casi exclusivamente en sus efectos políticos y jurídicos. Se ha destacado así la corrupción reinante en los sexenios anteriores y la posibilidad de que expresidentes, funcionarios públicos y legisladores implicados sean llamados a declarar y hasta puedan ser sujetos de sanciones penales. El documento parece confirmar la idea de que la corrupción es el principal problema de México y la necesidad imperiosa de su erradicación, tal como lo ha planteado muchas veces el presidente López Obrador. Sin duda, desprestigia también a la oposición representada por el PAN y el PRI.

Sin embargo, el escrito del Sr. L. puede ser revisado como un testimonio histórico que retrata   una etapa de la vida de México. Más allá de las anécdotas, los nombres y su valor jurídico presente o futuro, la denuncia del ex director de PEMEX nos describe un régimen político que tiene las siguientes características:

1.      El punto central de la trama reside en que un grupo de empresas y empresarios, encabezados por el consorcio Odebrecht sobornó y de esa manera doblegó al gobierno de México y al poder legislativo para servir a sus intereses. Un mecanismo que comenzó en el gobierno de Calderón y culminó en el de Peña Nieto con la aprobación de la llamada reforma energética.

2.      El esquema de sobornos recorría un circuito preciso: la empresa extranjera depositaba millones de dólares en la cuenta de una empresa que era propiedad de un funcionario público. Tanto la empresa que hacía el depósito como la que lo recibía eran fantasmas (sólo existen legalmente en el papel, pero no realizan ninguna labor gerencial o de cualquier otra índole) y declaraban como residencia un paraíso fiscal. Una vez que el funcionario recibía el dinero en su cuenta bancaria, lo retiraba para depositarlo en otra empresa fantasma de su propiedad, también en un paraíso fiscal, o lo retiraba en efectivo para sobornar a otras personas (legisladores, funcionarios, dirigentes de partidos políticos). En el caso del PRI, el documento hace sospechar que los depósitos a cuentas de consultores extranjeros eran, igualmente, empresas fantasmas que ocultaron a los verdaderos beneficiarios, probablemente funcionarios públicos, ya que no expedían facturas o lo hacían “por un servicio distinto”.

3.      A cambio de estos sobornos, las empresas extranjeras y nacionales conseguían contratos que las beneficiaban enormemente  ( Etileno XXI, Grupo Higa, Agronitrogenados, etc. ) y que diputados y senadores tanto del partido oficial como de la oposición (particularmente el PAN) aprobaran leyes en las que estos empresarios influyeron (no se sabe si en su redacción o en sus fines generales) y que eran muy importantes para ellos pues les abrían nuevas oportunidades de inversión y, se entiende, de negocios turbios.

 

4.      El mecanismo fue tan eficaz que, según el señor L., Odebrecht no sólo logró contratos sino literalmente “doblegar al presidente de la república y al estado mexicano” por lo menos en materia energética. Este servilismo llevó a abusos de poder y corrupción extremos y a una asociación que el declarante califica como “si se tratara de crimen organizado”.  Un “aparato organizado de poder para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México sometiéndolo a personas y grupos nacionales y extranjeros”,

 

Documentos como el que comentamos deben ser tomados con mucha cautela. En muchos casos faltan a la verdad por distintas razones: aún con la mejor intención los testimonios se basan en la memoria y ya se sabe que ésta es frecuentemente débil y lo es más en la medida en que pasa el tiempo. Muchas veces recordamos cosas que no sucedieron tal cual las imaginamos o las contamos aun cuando se trate de hechos particularmente decisivos de nuestra biografía. Pero los dichos de una persona pueden ser aún más discutibles cuando se busca una ventaja personal: en el asunto que nos ocupa, que la fiscalía le proporcione al denunciante “una salida alterna respecto a los procedimientos que hay en mi contra y en contra de mi familia”.

Por otro lado, los historiadores saben que un testimonio no sólo describe la realidad que el narrador ve: también retratan a la propia persona que la cuenta. Al leer la denuncia, el señor L. se describe a sí mismo como una persona fácilmente manipulable; obediente al punto de la ignominia; temeroso de faltar a las instrucciones de sus jefes; y que sólo en este momento, años después de los acontecimientos, se da cuenta de la gravedad de los hechos. Se describe como una persona que acepta sobornos sin ningún remordimiento o justificación. Dice por ejemplo que en 2012 Odebrecht prometió aportar 4 millones de dólares de los cuales 2.5 serían para la campaña del PRI y “recordemos (sic) que el 1.5 restante fue para mí”. Y, finalmente, se pinta como un arribista que llega a la dirección de PEMEX por invitación del presidente “dada mi experiencia en el sector privado, aunque yo no conocía bien ni a Peña Nieto ni a Luis Videgaray”.

La lectura del escrito del Sr. L. me recordó a Hanna Arednt y sus observaciones sobre el juicio a Eichmann, acusado de millones de asesinatos de judíos bajo el nazismo. Su contacto personal con el acusado le impresionó “por su superficialidad …Los actos fueron terribles pero el responsable era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso.”

El Sr. L. quiere verse reflejado en su propia narración de una manera similar: como una persona que recibe instrucciones y las cumple; ni el único culpable ni completamente inocente. Una persona cuyos rasgos también podrían definir a Enrique Peña Nieto: un político advenedizo, oportunista, superficial, sin más motivaciones que enriquecerse a toda costa; ni muy inteligente ni extremadamente estúpido; sin ideas que lo distingan, pero capaz, medianamente, de repetir un discurso.  

En fin, el documento del Sr. L, nos plantea la existencia histórica de un régimen que utiliza el poder para el beneficio de intereses privados, aunque, a diferencia del pasado (los años dorados del PRI), es sometido por ellos.  Un sistema político que existe en muchas partes del mundo y que se caracteriza, en consonancia con los tiempos neoliberales, por su obediencia, casi exclusiva, a los grandes consorcios mundiales. Un sometimiento que vive y se reproduce gracias a la impunidad financiera y fiscal y permite que grande sumas de dinero negro circulen por todo el mundo cobijadas por empresas ilegales, bancos piratas y refugios fiscales que no rinden cuentas a nadie. Una forma de gobierno que se puede justificar con teorías muy elaboradas sobre la libertad de los mercados pero que, al final de cuentas, se reduce a la gestión de políticos advenedizos que encuentran en los grandes consorcios privados la razón y motivo del ejercicio del poder del estado.

Por ello, el problema de la corrupción no reside solamente en los controles y castigos de la clase política sino sobre todo en la impunidad de las grandes corporaciones. El escrutinio y transparencia de las empresas privadas resulta tanto o más importante que la de los entes de la administración pública.

El testimonio del Sr. L fue elaborado sin duda para obtener una ventaja personal. Sin  embargo, hay que reconocer que describe una situación que en México y en otras partes del mundo se ha vuelto normal y ha privado a los ciudadanos de una democracia real, un estado que los proteja, y una economía más equitativa. Es el sistema impuesto por el 1% más próspero que ha logrado concentrar la riqueza y el ingreso mundial en proporciones inimaginables.

 saulescobar.blogspot.com

 

lunes, 17 de agosto de 2020

Una agenda mínima (y urgente) para proteger los empleos

Revista Economía UNAM. Colaboro con un artículo: Una agenda mínima (y urgente) para proteger los empleos. A minimal (and urgent) agenda to protect jobs

Aquí pueden bajar mi contribución y todos los trabajos de la revista dedicada a la crisis provocada por la pandemia.


 http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/567/600

Call for urgent change of the Mexican Economic Policy (published in http://www.ipsnews.net/2020/08/enough-not-enough-call-urgent-change-mexican-economic-policy)

 

Enough is not enough

Call for urgent change of the Mexican Economic Policy

Saul Escobar Toledo

A group composed by women and men, called Nuevo Curso de Desarrollo (New Course for Development) based at the National University of Mexico recently published a document to propose a set of measures to change the current economic policy in Mexico. This proposal responds to a diagnosis of the current situation: at this point of the year, the serious social damage inflicted by the health and economic crisis can already be observed. As we know, in Mexico as in many other countries, there was a great economic disruption caused by COVID.  Millions of people ceased to receive income from their work. However, the Mexican government has not carried out sufficient support measures to compensate for these losses. The result is easy to guess: many households have been rapidly impoverished. It is estimated that between 10 and 16 million people in April earned much less to the point of not being able to acquire the basic food basket , a situation that has continued  for many of them during May, June and July. And while it is true that more and more workers are returning to their jobs, the losses caused have not been repaired.

 

The lack of support has led many people to abandon their confinement to seek an income for their sustenance. This, in turn, puts the population in greater danger. The Group considers that this dynamic can be corrected:  contain the pandemic, protecting sources of employment and revive the economy are   goals that can be achieved at the same time, they are not necessarily contradictory.

 

The paper recognizes the progress made before the health crisis: there was a significant increase in minimum and contractual wages; the right to a basic pension for the elderly was expanded; and support was extended to other vulnerable groups.   But the situation changed dramatically, and yet the economic policy did not. 

 

This situation - says this group - must be corrected. Therefore, an emergency strategy is urgently needed for the remainder of 2020 and for 2021. This new course could return some of what families have lost and, above all, make economic reactivation faster.

 

Since existing social programs are no longer sufficient, immediate action is required to protect formal workers who have become unemployed or underemployed, and informal workers who have not got no income at all.

 

The Group emphasizes that the reactivation of the economy cannot rest solely on the dynamics of the market. Both private consumption and investment will grow very slowly if there is no determined action from the state. That is, if there is no strong fiscal impulse. So, it is necessary, and it is now more urgent to launch a program to expand public spending.  This means increasing the public deficit for 2020 and prepare a larger budget for 2021.  

 

Financing of public expenditure can be covered by the flexible credit line of low cost available in the IMF and also by the Central Bank.  Additionally, the banking system can cooperate with the recovery by granting more credit to companies and individuals and to support the government.   Higher public spending should not necessarily become an unpayable debt and an unbearable burden for future generations.     

 

In addition, it is required to carry out a set of legal reforms to implement unemployment insurance; a basic income for the poorest and most affected ; and the strengthening of development banks (strangely frozen today), as well as an industrial and regional policy that does not rely solely and passively on the supposed benefits of the trade agreement with the United States and Canada.

 

Additional borrowing should be seen as transitory and confined to overcome the emergency. Therefore, the document says, a tax reform cannot be postponed. A reform that lays the foundations for a new inclusive and sustainable economy. The undeniable political strength of the president of the republic, granted by elections that took place in 2018, must and can serve to achieve this agreement.    

The government can presume that, despite the adversity, there is a balanced budget. But what good is that when inequality and poverty are exacerbated? The Mexican state and, first of all, the federal government have to recognize that there is a debt more important than the one recorded in public finances. And that is the income losses suffered by millions of Mexicans, losses that may last many months more.

If anything has been learned from the crises of capitalism in the last hundred years, it is that the laws of the market cannot be trusted. It is, then, time for politics, for decision-making, for a change of the economic course.

 

Note: The complete list of members of the Group and their publications are available at: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx

 

Saul Escobar Toledo, Economist, Professor at Department of Contemporary Studies in INAH (National Institute of Anthropology and History, México) and President of the Board of the Institute of Workers Studies “Rafael Galvan” (IEORG) a non-profit organization. His recent work : “Subcontracting: a study of change in labor relations” will be published soon by Friedrich Ebert Stiftung, Mexico City.