Cómo (tratar de) salir del atraso…y no morir en el intento
Saúl Escobar Toledo
El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx)
con sede en la UNAM ha publicado recientemente un documento titulado “Hacia una
nueva política económica y social 2019-2024” que pretende contribuir al debate
nacional con la mira puesta,
particularmente, en la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo. Hay que recordar que el gobierno tendrá que
entregar una propuesta a la Cámara de Diputados el 30 de abril y ésta deberá
proceder entonces a una serie de consultas antes de su aprobación.
El documento del Grupo considera, como punto de partida, que
la estrategia nacional de desarrollo y la política económica de las últimas
tres décadas han dejado un saldo inaceptable por los elevados niveles de
pobreza, concentración del ingreso, desintegración social, deterioro ambiental,
debilidad institucional y bajo crecimiento económico, entre otros de sus
resultados negativos.
El Grupo ha planteado, desde hace una década, sus puntos de
vista en diversas publicaciones. Esta vez ha decidido exponer un conjunto de
lineamientos estratégicos precisamente en el arranque de un sexenio que se
propone una transformación de gran calado.
De acuerdo con el documento, esta transformación debe
incluir una reforma fiscal, misma que el nuevo Gobierno ha pospuesto, de manera
no muy clara, para la segunda mitad del sexenio. Sin embargo, la contracción
del gasto público, particularmente en infraestructura, que se ha observado
desde hace varios años ha mermado el crecimiento potencial de la economía. La
inversión pública se ha ido recortando para cuadrar el presupuesto ante la
renuencia a elevar la carga tributaria.
Resulta necesario entonces considerar nuevas medidas para
incrementar los ingresos presupuestarios –con una orientación progresiva- más
allá de reducir la evasión y la elusión. Si se piensa que aumentar los
impuestos más importantes, Renta e IVA, no es posible en lo inmediato, el GNCD sugiere
que, en una primera etapa, podría establecerse una tasa, inferior a 1%, sobre
transacciones financieras. También podría negociarse, como parte de un Acuerdo
Social, una sobretasa temporal sobre ingresos “multimillonarios” y canalizar
esos recursos a un Fondo Nacional de Inversiones. Adicionalmente, se plantea la
necesidad de un nuevo Pacto de Coordinación Fiscal con Estados y municipios que
permita aumentar el impuesto predial con base en un catastro universal
actualizado. Por su parte, los gobiernos de los estados deberán comprometerse a
que una parte de las participaciones y aportaciones que obtienen se canalice a
inversiones, calificadas y evaluadas por la Federación, como parte de un
sistema nacional integrado.
Las propuestas no se limitan al aspecto fiscal. El documento
contiene un conjunto de medidas que tienen como meta lograr un crecimiento del
4% anual y un aumento en la inversión pública, en particular en infraestructura,
equivalente al menos al 5% del PIB.
Para ello, se considera necesario impulsar una política de
financiamiento apoyada en la banca de desarrollo y en particular en cinco
organismos: NAFIN, Banobras y Bancomext, y en dos bancos dedicados específicamente
a la vivienda y a la agricultura los cuales podrían crearse con base en los
organismos ya existentes.
Con base en estas nuevas palancas, se podrá activar una estrategia
industrial, tecnológica y educativa moderna que nos lleve a una ampliación de
las cadenas productivas y a la generación de mayor valor agregado a nivel
nacional. El país, dice el documento, debe dejar de ser una “gran
maquiladora”. De la misma manera se
propone instrumentar una nueva política energética que convierta este sector en
un motor de la economía a nivel nacional y regional. Ello implica la
reconstrucción financiera y productiva de PEMEX, cuidando la sustentabilidad de
los proyectos de inversión y eliminando la desproporcionada exacción fiscal de
que ha sido objeto.
Igualmente se deberá impulsar al campo como parte de una
estrategia de seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza. El objetivo debe
ser, a la vez, recuperar la seguridad alimentaria en productos básicos para el
consumo interno y preservar la agricultura de exportación competitiva.
Será, asimismo, indispensable, favorecer, con todo lo que
ello implica, un crecimiento incluyente y ecológicamente sustentable. Cumplir las
metas ambientales del Acuerdo de París y desarrollar una política verde de
sustitución de energías fósiles.
Se requerirá también una nueva visión en materia de comercio
internacional. Debe corregirse la visión dogmática sustentada en el abandono de
la política industrial. El caso del viejo TLCAN es ilustrativo pues no generó
el crecimiento esperado. Por ello, las estrategias comerciales tendrán
que alinearse con la planeación industrial, tecnológica, y regional con el fin
de avanzar hacia una política moderna de “comercio administrado”. Al mismo tiempo,
deberá revisarse la cooperación internacional y entenderse como un instrumento
de política exterior que permita promover a las empresas mexicanas públicas y
privadas y, además, otorgar asistencia económica y humanitaria, particularmente
en Centroamérica y el Caribe.
La nueva estrategia de desarrollo se conjugará con la
construcción de un Estado de Bienestar Social. Esto último debe incluir, entre
otras cosas, un plan de salud y seguridad social universal, y un Banco del
Bienestar para apoyar a los grupos excluidos de los circuitos bancarios mediante
mecanismos como el crédito a la palabra.
Un apartado especial del texto se refiere a la necesidad de
una nueva política laboral que fomente y proteja la creación de empleos de
calidad. Para ello se requerirá un plan de gran escala en materia de educación,
capacitación y readaptación continua de la fuerza de trabajo; el
fortalecimiento sostenido del salario mínimo a fin de que, a corto plazo, pueda
llegar a cumplir con el mandato constitucional y, con ello, detonar una mejoría
del nivel general en las percepciones de los trabajadores. Es decir, se propone
dejar de utilizar el salario como el principal instrumento de contención
inflacionaria, y crear las condiciones para que las ganancias obtenidas gracias
a una mayor productividad se reflejen en las remuneraciones al trabajo. En el
muy corto plazo, será necesario: cumplir con la incorporación de los
trabajadores domésticos al régimen obligatorio de seguridad social; facilitar
la incorporación de los trabajadores independientes; e intensificar los
programas de inspección, para que los trabajadores asalariados que laboran en
empresas formales queden debidamente registrados en el IMSS. El Congreso deberá, también, incorporar en la
Ley Federal del Trabajo los cambios que se derivan de la reforma de2017 al
artículo 123 constitucional; los compromisos asumidos en el convenio 98 de la OIT;
y las cláusulas laborales pactadas en el T-MEC.
Hasta aquí las líneas generales del documento. No se trata
por supuesto de un mero listado de propuestas ni de un planteamiento
exhaustivo. La intención es proponer un esquema básico para ordenar la discusión
y evaluar los resultados de la transformación que el gobierno pretende llevar a
cabo. Los más importante, creo, es que se ofrecen medidas y estrategias para salir
de la postración en que se encuentra el país. Demuestra que hay opciones
diferentes a lo que ya conocemos y se han puesto en práctica bajo lo que se ha
llamado genéricamente el modelo neoliberal. Éstas requieren, sin embargo, una
amplia discusión y la voluntad política de los diversos actores: gobierno,
empresarios, trabajadores, centros de estudio. Exige también un clima de mayor
democracia, sobre todo en el terreno de la organización social. Y un esfuerzo
para la concertación y el diálogo entre todos. La elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo es una oportunidad para ello. No puede, no debe, convertirse en
un mero trámite, como ha sucedido en otras ocasiones.
saulescobar.blogspot.com