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miércoles, 27 de febrero de 2019


Cómo (tratar de) salir del atraso…y no morir en el intento
Saúl Escobar Toledo

El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx) con sede en la UNAM ha publicado recientemente un documento titulado “Hacia una nueva política económica y social 2019-2024” que pretende contribuir al debate nacional  con la mira puesta, particularmente,  en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Hay que recordar que el gobierno tendrá que entregar una propuesta a la Cámara de Diputados el 30 de abril y ésta deberá proceder entonces a una serie de consultas antes de su aprobación.
El documento del Grupo considera, como punto de partida, que la estrategia nacional de desarrollo y la política económica de las últimas tres décadas han dejado un saldo inaceptable por los elevados niveles de pobreza, concentración del ingreso, desintegración social, deterioro ambiental, debilidad institucional y bajo crecimiento económico, entre otros de sus resultados negativos.
El Grupo ha planteado, desde hace una década, sus puntos de vista en diversas publicaciones. Esta vez ha decidido exponer un conjunto de lineamientos estratégicos precisamente en el arranque de un sexenio que se propone una transformación de gran calado.
De acuerdo con el documento, esta transformación debe incluir una reforma fiscal, misma que el nuevo Gobierno ha pospuesto, de manera no muy clara, para la segunda mitad del sexenio. Sin embargo, la contracción del gasto público, particularmente en infraestructura, que se ha observado desde hace varios años ha mermado el crecimiento potencial de la economía. La inversión pública se ha ido recortando para cuadrar el presupuesto ante la renuencia a elevar la carga tributaria.
Resulta necesario entonces considerar nuevas medidas para incrementar los ingresos presupuestarios –con una orientación progresiva- más allá de reducir la evasión y la elusión. Si se piensa que aumentar los impuestos más importantes, Renta e IVA, no es posible en lo inmediato, el GNCD sugiere que, en una primera etapa, podría establecerse una tasa, inferior a 1%, sobre transacciones financieras. También podría negociarse, como parte de un Acuerdo Social, una sobretasa temporal sobre ingresos “multimillonarios” y canalizar esos recursos a un Fondo Nacional de Inversiones. Adicionalmente, se plantea la necesidad de un nuevo Pacto de Coordinación Fiscal con Estados y municipios que permita aumentar el impuesto predial con base en un catastro universal actualizado. Por su parte, los gobiernos de los estados deberán comprometerse a que una parte de las participaciones y aportaciones que obtienen se canalice a inversiones, calificadas y evaluadas por la Federación, como parte de un sistema nacional integrado.
Las propuestas no se limitan al aspecto fiscal. El documento contiene un conjunto de medidas que tienen como meta lograr un crecimiento del 4% anual y un aumento en la inversión pública, en particular en infraestructura, equivalente al menos al 5% del PIB.
Para ello, se considera necesario impulsar una política de financiamiento apoyada en la banca de desarrollo y en particular en cinco organismos: NAFIN, Banobras y Bancomext, y en dos bancos dedicados específicamente a la vivienda y a la agricultura los cuales podrían crearse con base en los organismos ya existentes.
Con base en estas nuevas palancas, se podrá activar una estrategia industrial, tecnológica y educativa moderna que nos lleve a una ampliación de las cadenas productivas y a la generación de mayor valor agregado a nivel nacional. El país, dice el documento, debe dejar de ser una “gran maquiladora”.  De la misma manera se propone instrumentar una nueva política energética que convierta este sector en un motor de la economía a nivel nacional y regional. Ello implica la reconstrucción financiera y productiva de PEMEX, cuidando la sustentabilidad de los proyectos de inversión y eliminando la desproporcionada exacción fiscal de que ha sido objeto.
Igualmente se deberá impulsar al campo como parte de una estrategia de seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza. El objetivo debe ser, a la vez, recuperar la seguridad alimentaria en productos básicos para el consumo interno y preservar la agricultura de exportación competitiva.
Será, asimismo, indispensable, favorecer, con todo lo que ello implica, un crecimiento incluyente y ecológicamente sustentable. Cumplir las metas ambientales del Acuerdo de París y desarrollar una política verde de sustitución de energías fósiles.
Se requerirá también una nueva visión en materia de comercio internacional. Debe corregirse la visión dogmática sustentada en el abandono de la política industrial. El caso del viejo TLCAN es ilustrativo pues no generó el crecimiento esperado.   Por ello, las estrategias comerciales tendrán que alinearse con la planeación industrial, tecnológica, y regional con el fin de avanzar hacia una política moderna de “comercio administrado”. Al mismo tiempo, deberá revisarse la cooperación internacional y entenderse como un instrumento de política exterior que permita promover a las empresas mexicanas públicas y privadas y, además, otorgar asistencia económica y humanitaria, particularmente en Centroamérica y el Caribe.
La nueva estrategia de desarrollo se conjugará con la construcción de un Estado de Bienestar Social. Esto último debe incluir, entre otras cosas, un plan de salud y seguridad social universal, y un Banco del Bienestar para apoyar a los grupos excluidos de los circuitos bancarios mediante mecanismos como el crédito a la palabra.
Un apartado especial del texto se refiere a la necesidad de una nueva política laboral que fomente y proteja la creación de empleos de calidad. Para ello se requerirá un plan de gran escala en materia de educación, capacitación y readaptación continua de la fuerza de trabajo; el fortalecimiento sostenido del salario mínimo a fin de que, a corto plazo, pueda llegar a cumplir con el mandato constitucional y, con ello, detonar una mejoría del nivel general en las percepciones de los trabajadores. Es decir, se propone dejar de utilizar el salario como el principal instrumento de contención inflacionaria, y crear las condiciones para que las ganancias obtenidas gracias a una mayor productividad se reflejen en las remuneraciones al trabajo. En el muy corto plazo, será necesario: cumplir con la incorporación de los trabajadores domésticos al régimen obligatorio de seguridad social; facilitar la incorporación de los trabajadores independientes; e intensificar los programas de inspección, para que los trabajadores asalariados que laboran en empresas formales queden debidamente registrados en el IMSS.  El Congreso deberá, también, incorporar en la Ley Federal del Trabajo los cambios que se derivan de la reforma de2017 al artículo 123 constitucional; los compromisos asumidos en el convenio 98 de la OIT; y las cláusulas laborales pactadas en el T-MEC.
Hasta aquí las líneas generales del documento. No se trata por supuesto de un mero listado de propuestas ni de un planteamiento exhaustivo. La intención es proponer un esquema básico para ordenar la discusión y evaluar los resultados de la transformación que el gobierno pretende llevar a cabo. Los más importante, creo, es que se ofrecen medidas y estrategias para salir de la postración en que se encuentra el país. Demuestra que hay opciones diferentes a lo que ya conocemos y se han puesto en práctica bajo lo que se ha llamado genéricamente el modelo neoliberal. Éstas requieren, sin embargo, una amplia discusión y la voluntad política de los diversos actores: gobierno, empresarios, trabajadores, centros de estudio. Exige también un clima de mayor democracia, sobre todo en el terreno de la organización social. Y un esfuerzo para la concertación y el diálogo entre todos. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad para ello. No puede, no debe, convertirse en un mero trámite, como ha sucedido en otras ocasiones.

saulescobar.blogspot.com



miércoles, 13 de febrero de 2019

Los trabajadores de la maquila en Matamoros, México


Matamoros: rebeldes con causa

Saúl Escobar Toledo

Apenas el domingo pasado, 10 de febrero, se anunció, por parte del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIM), el fin del conflicto laboral en 48 plantas maquiladoras de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Según el dirigente de este gremio, en todos los establecimientos en los que había paros o emplazamientos a huelga, se logró un acuerdo favorable para los trabajadores.  De confirmarse esta noticia, y esperando se resuelva positivamente el caso de los trabajadores despedidos, estaríamos frente a una situación inédita y, por supuesto, plausible.
La movilización había comenzado a principios de este año con el reclamo de un aumento de salarios. La suspensión de actividades paralizó casi por completo la producción de piezas para la industria automotriz, eléctrica, de maquinaria pesada y metalmecánica. Seis días después, 39 empresas habían accedido a las peticiones obreras.
La inconformidad de los trabajadores de la maquila adoptó como petición fundamental el 20/32, es decir un aumento de 20% en los salarios y un bono anual de 32 mil pesos. Esta demanda se basaba en el hecho de que, en los últimos años, los empleadores habían decidido otorgar un bono anual en lugar de aplicar un incremento directo a los salarios contractuales. De esta manera, los obreros recibían durante la primera quincena de enero, por única vez, una prestación en efectivo que aumentaba anualmente en la proporción que decretaba la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Cuando el año pasado esta Comisión decidió otorgar un aumento de 100% a las remuneraciones en la franja de la frontera norte, el esquema tradicional se derrumbó. Habría que recordar, sin embargo, que esta disposición fue acompañada por una rebaja sustancial del impuesto sobre la renta y del IVA, lo cual daba a las empresas un subsidio extraordinario y mayor capacidad para responder a las demandas de sus empleados.
El movimiento fue casi total pues involucró a cuarenta y cinco mil operarios. Según cifras de INEGI, en la industria catalogada como programa IMMEX (industrias manufactureras de exportación, sobre todo maquiladoras), en Matamoros laboran 52 500 obreros.
Para entender mejor las causas del descontento, debe señalarse que, según esa misma fuente, las remuneraciones reales por persona ocupada (incluyendo obreros, técnicos y personal administrativo) en noviembre del año pasado eran, en Tamaulipas, 11% menores que el promedio nacional. Las prestaciones, con todo y los bonos, era todavía más bajas pues el personal empleado en Matamoros obtenía una cantidad equivalente en pesos, 34 % más reducidas que el promedio nacional.  Tomando en cuenta sólo a los obreros y técnicos, el salario diario promedio a nivel nacional era de 314 pesos diarios, pero en Matamoros sólo alcanzaba 286 pesos.  Por su parte, la jornada de trabajo promedio es en esta misma ciudad, es 5% más larga que el promedio nacional.
Como puede observarse, el panorama local presentaba cifras desventajosas que explican el enojo de los trabajadores. La rebelión no fue sólo contra los patrones sino también contra los dirigentes formales de los sindicatos. Ello se debe a la existencia de un sindicalismo de protección patronal, cuyos representantes no gozan del apoyo de sus agremiados y que desde hace años han ignorado el descontento obrero. La protesta se organizó, en esta ocasión, según diversas fuentes, por las redes sociales: mensajes digitales y videos que pronto se esparcieron por todas las fábricas por medio de los teléfonos celulares.
Hay que destacar, por otra parte, el papel jugados por una asesora independientes, Susana Prieto, quien pudo darle confianza y orientación a miles de trabajadores descontentos y ayudarlos a superar la presión de los supuestos líderes, los empleadores y la prensa local.  Este fenómeno ha sido interpretado sobre todo por las organizaciones patronales y sus voceros, como prueba de una conjura de origen oscuro. La verdad, sin embargo, es que nos revela la ausencia de una organización sindical auténtica y de canales institucionales capaces de recoger la inconformidad laboral. Despojados de una verdadera representación, no es inusual que los trabajadores acudan a un abogado, en este caso a una mujer prestigiada localmente por su desempeño profesional, dispuesta a aportar su experiencia en un contexto desfavorable y hasta riesgoso para su seguridad personal.
Cuando se habla de la industria maquiladora, hay que destacar la participación femenina. Según cifras de INEGI, aunque ésta ha venido declinando en términos relativos, todavía es mayoritaria en las ciudades fronterizas del norte. En el caso de Matamoros, por cada cien mujeres laboran alrededor de 80 hombres según datos de hace unos años. Los más grave es que, de acuerdo con otras fuentes, el 42% de ellas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de sus patrones y recibe salarios inferiores a los hombres
Además, la maquila, impulsada como política de estado desde mediados de los años sesenta, desató un tipo de crecimiento urbano salvaje y desordenado. En unos cuantos años, las ciudades crecieron rápidamente sin planeación ni recursos para ofrecer habitaciones y servicios dignos. Dado que al principio la participación femenina en la ocupación era abrumadora, ello generó otro tipo de fenómenos sociales. A partir de los años noventa se produjo una grave crisis de feminicidios en diversas ciudades de la frontera norte, particularmente en Ciudad Juárez. En pocas palabras, las obreras de la maquila han sido, desde hace décadas, víctimas de un trato indigno y peligroso dentro y fuera de su centro de trabajo.
El profesor Enrique De la Garza ha dedicado varios estudios al tema de la industria maquiladora. En ellos, muestra la importancia de esta rama en el conjunto de las exportaciones manufactureras. Generan actualmente, según estadísticas del Consejo respectivo, un superávit comercial de más de 60 mil millones de dólares al año y dan ocupación a 3 millones de personas en más de 6 mil establecimientos. Se trata por lo general de fábricas donde laboran más de 500 trabajadores que son, en su gran mayoría, subcontratistas de grandes corporaciones multinacionales. Sin embargo, dice el especialista, compran la mayoría de sus insumos en Estados Unidos y ahí también venden sus productos terminados. Cifras recientes señalan que, como promedio nacional, importan el 74% de las materias primas y refacciones que procesan, aunque en el caso de Matamoros, el índice es del 94%.  Las maquiladoras tampoco han logrado altos niveles de automatización y el equipo básico es manual o herramental. No sorprende entonces que la calificación de la mano de obra sea, en más el 70% de los casos, la que corresponde a obreros generales, sin especialidad ni capacitación mayor. La maquila es, en resumen, una industria intensiva en mano de obra y su competitividad se ha recargado en bajos salarios y en jornadas de trabajo sin descansos y frecuentemente más largas. Sin tecnología de punta y condiciones de trabajo precarias, enfrenta desde hace años, serios problemas de productividad.  
La nueva situación laboral y el programa de estímulos gubernamentales para la frontera deberían conjugarse virtuosamente para generan un tipo de industrialización alternativa, basada en la producción y adquisición de insumos locales y de nuevas tecnologías, aumentando así su valor agregado. Podrían orientarse más hacia el mercado interno y dejar de depender tanto del externo. Ser materia de una política industrial ordenada, con el apoyo de la banca de desarrollo. Y basarse en un aumento gradual y sostenido de los salarios y la democratización de los sindicatos. En conclusión, la rebelión obrera de Matamoros no solo ha sido justificada desde el punto de vista de las precarias condiciones salariales: dada la situación de la industria maquiladora, también deberían servir para impulsar un nuevo esquema de desarrollo más productivo y beneficioso para el país y su gente.

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