COVID: Daños en el mercado laboral de México

Mercado laboral: El tamaño del boquete Saúl Escobar Toledo Conforme van pasando los meses, va apareciendo con mayor claridad el daño causado por la pandemia en nuestras sociedades, gracias a las investigaciones y recopilación de datos estadísticos que se han llevado a cabo. En México, en particular en el caso del mercado laboral, los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del segundo trimestre de este año realizada por el INEGI, y los que ofrece el Boletín de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, arrojan datos relevantes. De acuerdo con estos documentos (y otros estudios que no citamos) puede decirse que, entre el segundo trimestre del año pasado (cuando pegó más fuerte la pandemia en el empleo) y el mismo periodo de 2021, casi 11 millones de personas dejaron de formar parte de la Población Económicamente Activa, es decir se retiraron del mercado laboral: quedaron desocupadas y renunciaron a buscar un empleo. Más claramente, 10.5 millones de personas dejaron de trabajar, suspendieron sus actividades cotidianas. La recuperación de éstas fue paulatina. No todos volvieron al trabajo al mismo tiempo. Lo que hay que subrayar, sin embargo, es que, por alrededor de tres meses, una gran cantidad de familias dejaron de percibir ingresos debido a esta disrupción. Ahora bien, no todos han regresado: la tasa de desempleo abierto sigue siendo más alta que antes: 4.2%. Más significativo, la incorporación al mercado laboral ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres, lo que ha acentuado la desigualdad entre los géneros. Además, todavía este año, una cantidad muy importante, casi 8 millones de personas, declararon que necesitaban trabajar pero, al mismo tiempo, no estaban buscando un empleo ni se encontraban ocupadas, debido a que no veían ninguna oportunidad para ello o a que su situación familiar (cuidado de otras personas en el hogar) o personal (enfermedades o percepción de un alto riesgo de contagio) se los impedía. Muchos de los que lograron volver a trabajar no regresaron a sus ocupaciones anteriores. Algunos pasaron de un empleo asalariado a convertirse en trabajadores por cuenta propia. Otros, se refugiaron, principalmente, en micronegocios (6.4 millones) y los menos en grandes establecimientos en el sector industrial o de servicios (1.1 millones). Debido a lo primero, las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) se expandieron y en el segundo trimestre de este año representaron el 56.2% de la población ocupada (frente a un 51% que se registró en ese mismo periodo del año pasado). Por su parte, el Centro Yglesias, señaló: “La pandemia por COVID-19 afectó particularmente el mercado de trabajo… y sus efectos fueron asimétricos entre hombres y mujeres, entre grupos etarios, entre quienes tienen bajo y alto nivel educativo, entre zonas y regiones del país, entre trabajadores formales e informales, y entre sectores económicos. Todo lo anterior empeoró la situación de grupos tradicionalmente más vulnerables…”. Y es que se presentaron varios fenómenos: por un lado, la exclusión del mercado laboral que afecto a los 8 millones de personas mencionadas más arriba se debió principalmente a dos factores: residir en una zona de alta marginalidad (donde la demanda de empleos es débil o no es constante o uniforme a lo largo del año), y la falta de educación y capacitación (o, dicho de otra manera, aquello que la persona sabe y se refleja en sus habilidades, conocimientos o experiencia). Por otro lado, las razones por las cuales las personas fueron despedidas de su trabajo, pueden asociarse principalmente a tres factores: salud; edad; y formación. Según el reporte, las mujeres resultaron más afectadas que los hombres. Además, estos despidos y la persistencia del desempleo tienen que ver con “las adecuaciones que las empresas han hecho en sus métodos de operación y comercialización a través de plataformas digitales o tecnologías de teletrabajo”. Aclaran, sin embargo, que la salud fue el factor de despido más importante entre las mujeres (35.6 %) y el segundo más relevante entre los hombres (43.5 %). Ello da cuenta de la persistencia tan extendida de la informalidad laboral que por esa condición no cuenta con una protección adecuada, y a la ausencia de un sistema de salud universal accesible y de calidad. El estudio anota que la exclusión, las renuncias y los despidos, por razones de género, han tenido mucho peso en el mercado laboral incluso antes de la pandemia. Sin embargo, debido a la interrupción de muchas actividades económicas, particularmente en el caso de la cesantía forzada, han adquirido mayor relevancia. De lo anterior, el estudio desprende la necesidad “prioritaria” de fortalecer las políticas laborales enfocadas, por una parte, a la formación, las habilidades y los conocimientos; y, por otra, sobre todo para aliviar la situación de las mujeres y fomentar su inclusión, a mejorar los sistemas de cuidado y combatir la exclusión, la discriminación y el maltrato que sufren en los centros de trabajo. En resumen, los daños causados por la pandemia en el mercado laboral agudizaron viejos problemas y crearon nuevos. Provocaron un deterioro, hasta ahora irreparable, de los ingresos de millones de personas y sus familias, debido a despidos, exclusiones, crecimiento de ocupaciones precarias y mal pagadas; y aumentaron las desigualdades por razones de género, ubicación geográfica, educación, edades, condiciones de salud. Por ello, el gobierno debe reforzar y renovar sus estrategias. Hay una realidad distinta. La situación es más difícil y, además, se produjeron cambios que probablemente sean irreversibles en la organización del trabajo, el perfil de las labores formales e informales, las dinámicas de la oferta y la demanda, y las relaciones entre empleados y empleadores. Permitir que estas viejas y nuevas tendencias persistan, fluyan sin cortapisa, solo puede llevar a un desplome generalizado de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Debilitaría la obra social del gobierno y en especial, la reforma laboral que se está implementando. Una visión de largo plazo es indispensable no sólo para tratar de resarcir lo perdido y abatir el crecimiento de la pobreza, sino también para responder a los desafíos que han surgido. El empleo y las condiciones de trabajo son uno de los fundamentos de las economías, el bienestar y la convivencia ciudadana. Están influyendo, cada vez más, en las preferencias políticas de los votantes. Quizás no lo parezca, sobre todo porque en el pasado, estas cuestiones carecieron de importancia para los gobiernos y los partidos. Sin embargo, ahora, es posible que la evolución de los mercados laborales y las políticas públicas relacionadas con el empleo, los salarios y, en general, la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, retomen una gran importancia tanto arriba como en el sentimiento popular. Prepararnos para un mejor futuro en el ámbito del trabajo adquiere un sentido estratégico desde todos los puntos de vista. saulescobar.blogspot.com saulescobar.blogspot.com

Paquete económico 2022: ¿dejar que nos lleve la corriente o navegar hacia otro lado?

Paquete 2022: que nos lleve la corriente Saúl Escobar Toledo El flamante secretario de Hacienda del gobierno federal entregó hace unos días a la Cámara de Diputados el “paquete económico” para 2022 que, como se sabe, incluye los Criterios Generales de Política Económica (CGPE); la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); y el Proyecto de Presupuesto. Dicho paquete tiene algunos cambios significativos, con relación a los años previos de esta administración, que vale la pena mencionar. Del lado de la LIF, encontramos un aumento de los ingresos tributarios. No obstante, debe hacerse notar que el ISR (impuesto sobre la renta), a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatir la evasión fiscal, se incrementará en apenas 4.9%. De esta manera, los ingresos totales del gobierno aumentarán sólo en un 1.3% en comparación a lo estimado para este año. En estas condiciones, se calcula que el déficit público llegaría a 3.1% (similar al esperado para 2021 aunque superior al presentado en las administraciones anteriores). Además, se propone contratar un mayor endeudamiento interno por 850 mil millones de pesos y 3 800 millones de dólares en los mercados internacionales. El incremento se dará, según la iniciativa, sobre todo en la local, que aumentaría en casi un punto del PIB (0.7%) respecto a 2021. Se advierte, asimismo, un manejo más flexible de estos instrumentos, lo que se refleja en que el llamado “saldo histórico de la deuda bruta del sector público no financiero” pasará del 51 al 58.6% del PIB. Por su parte, el gasto también aumenta. Destacan el renglón de la salud (15.2% en términos reales) y el financiamiento a los programas sociales. Dentro de estos últimos, de manera relevante, la pensión para adultos mayores y en seguida, las becas escolares. El gasto de inversión, después de varios años, muestra por fin una expansión (14.3% en términos reales). El proyecto que recibirá una mayor cantidad de recursos será el Tren Maya. Habrá, igualmente, asignaciones importantes para “vías de comunicación y trasporte” lo que incluye al nuevo aeropuerto internacional. Por otra parte, se prevé un mayor gasto para estados y municipios (4.7 por ciento). Estos números, en comparación con 2020 y 2021, representan un avance: se trata de un paquete menos conservador, más flexible y atinado. Sin embargo, no debemos olvidar que la disrupción de las actividades económicas en todos estos meses de pandemia ha dejado en la pobreza a millones de familias. Éstas vieron reducirse sus ingresos laborales a tal punto que, en el momento más agudo (el segundo y tercer trimestre de 2020), no pudieron comprar la canasta básica alimentaria casi 9 millones más de mexicanos. El porcentaje de la población total que padeció estas condiciones pasó del 35.6 a 44.3% del total. Esa pérdida no ha sido compensada ni está contemplada ninguna medida para ello en el presupuesto 2022. Ante la merma de sus ingresos, muchas familias tuvieron que sacrificar parte de su patrimonio para poder comer. Es probable que hayan vendido algunos bienes (o dejado de adquirirlos) e incluso se hayan mudado de domicilio a un lugar más modesto. En cambio, los estratos más acomodados, que no fueron afectados severamente por la caída de sus ingresos, vieron aumentar su riqueza patrimonial debido a que se incrementó el valor de los activos financieros (bonos, acciones bursátiles, etc.) y en muchos casos, sus propiedades inmobiliarias. Durante estos meses, en México y en el mundo, los ricos, especialmente los más prósperos, se beneficiaron debido al aumento del valor de sus patrimonios mientras que una gran proporción de los habitantes de este planeta perdieron ingresos y bienes materiales. Por otro lado, hay que hacer notar que el paquete económico presentado tiene, sobre todo, una orientación redistributiva y en mucho menor medida se enfoca en una modernización del aparato productivo. Tal cosa puede verse, de acuerdo con la información de Hacienda, en que los programas sociales prioritarios concentran un gasto equivalente a 1.44% del PIB mientras que los programas de infraestructura más destacados alcanzan un 0.5%. Desde luego que es loable la intención de repartir mejor el pastel, pero no se debe relegar el esfuerzo a hacerlo más grande. La administración del presidente López Obrador ha insistido en que ambas cosas no son posibles y que se tiene que escoger sólo por una de ellas. Considera, equivocadamente, que el postulado neoliberal consiste fundamentalmente en crecer sin distribuir. En realidad, bajo este esquema, las economías se han vuelto más inestables y propicias a las crisis, afectando a la mayoría de la población. En cambio, los estudios y propuestas de organismos como CEPAL y de diversas universidades de México y el mundo, han planteado que una mejor distribución del ingreso y un mayor crecimiento económico no sólo son posibles, sino que deben marchar juntos. Amarrarse al esquema que ha defendido la administración actual lleva a un futuro poco promisorio: según las proyecciones de Hacienda, el PIB crecería 4.1% en 2022, apenas para alcanzar los niveles pre pandémicos; sin embargo, entre 2023 y 2027 se crecería a un promedio de 2.7%, similar al de los tiempos neoliberales. Un crecimiento más elevado con mayor igualdad y un efectivo combate a la pobreza requeriría un esfuerzo mayor en materia de inversión pública. De acuerdo con los CGPE, la formación bruta de capital fijo en el sector público cayó a un ritmo anual de (-) 6.2% con un acumulado de casi 25% negativo entre 2015 y 2018. Entre 2019 y 2021 (con datos al primer trimestre de este último año), fue de (-) 28.3% acumulado, una disminución promedio anual de 9.4%. Si a ello agregamos que el consumo interno ha crecido (al 3,3% anual entre 20125 y 2018) menos que las exportaciones (5.55%), podemos ver que la marcha de la economía mexicana ha dependido de dos variables: la inversión privada y la venta de mercancías en el exterior. Este patrón de desarrollo económico ha dado por resultado un ritmo muy lento de incremento del PIB. También ha propiciado mayores desigualdades; ingresos laborales reducidos; niveles de pobreza crónicos; finanzas públicas que acusan una significativa falta de recursos para atender las necesidades de los mexicanos; y una mayor dependencia de los mercados internacionales, particularmente de Estados Unidos. Aun tomando en cuenta los nuevos programas sociales, la administración de AMLO no busca una transformación de las bases fundamentales del modelo económico. Se basa, principalmente, como el propio presidente ha dicho, en el impulso de la economía de EU. En otras palabras, confía en que nos lleve la corriente en lugar de remar hacia otro lado. Ese otro lado tendría que ser un proyecto no sólo basado en mayores subsidios monetarios a la población sino en un esfuerzo mucho mayor en materia de inversión pública y en atender otros rubros tan importantes como la educación (que en el paquete 2022 recibe un incremento muy menor). De esta manera, se impulsaría el empleo con un aumento sostenido de los salarios mínimos y contractuales (estos últimos han caído ligeramente en términos reales durante este año según el Banco de México). Se pondrían los cimientos de una economía con una mejor distribución del ingreso y con mayores capacidades para competir mejor en los mercados globales. Hay que insistir en que una reforma fiscal progresiva que grave con tasas mayores al segmento más rico de las personas (se ha calculado que bastaría afectar al 3% que se sitúa en la cúspide) y reduzca las aportaciones de los más pobres e incluso de fragmentos de las clases medias, además de otras enmiendas pendientes, no sólo podrían corregir los efectos devastadores de la pandemia. También arrojarían mayores recursos para cambiar el rumbo de la economía y lograr un país más justo. De otra manera, seguiremos viendo la misma película de hace varias décadas. El paquete 2022, a pesar de sus méritos, es un ejemplo de esa continuidad. saulescobar.blogspot.com

Buenos trabajos, la mejor solución para combatir la desigualdad

Buenos trabajos, la mejor solución Saúl Escobar Toledo Una comisión de académicos de distintas nacionalidades, convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer recientemente un estudio acerca de los problemas económicos del mundo. El grupo de expertos decidió enfocarse sólo en tres aspectos, ya que consideraron que son los problemas fundamentales del presente y del futuro; representan “bombas de tiempo” que tendrán efectos sobre todo a largo plazo: calentamiento global, desigualdad y envejecimiento de la población. Aquí nos limitaremos a comentar el capítulo que se refiere a la desigualdad, elaborado por Dani Rodrik y Stefanie Stantcheva, profesores de la Universidad de Harvard. Para empezar, los autores consideran que la desigualdad tiene muchas dimensiones pero que una de las principales es “el grado de acceso a buenos trabajos y una vida laboral satisfactoria”. Sus recomendaciones para fomentar buenos empleos consideran tres tipos de medidas: 1) En la etapa de preproducción (para una mejor inserción de las personas en el mercado de trabajo) 2) En la etapa de producción (para que las empresas y los trabajadores puedan construir mejores condiciones laborales). 3) En la etapa de postproducción (para que los trabajadores más vulnerables reciban mayor protección). En cuanto a las medidas de la etapa de preproducción, sugieren que es necesario un acceso más igualitario a la educación y, al mismo tiempo, mejorar su calidad. También, un proceso de certificación de habilidades más transparente. En lo que se refiere a la tercera etapa, la posproducción, será necesario revisar las leyes fiscales para aumentar los gastos en educación y a la protección y fomento del empleo. En particular, se concentran en el tratamiento de los ingresos de capital. Argumentan que: Los gobiernos descubrieron que, cuando intentaron gravar el capital, las inversiones huyeron, lo que condujo a una caída generalizada de los ingresos fiscales. Para corregir esta situación es indispensable revisar las leyes de cada país y entablar acuerdos internacionales como el que tomaron los países del G-20 recientemente para gravar a las multinacionales que optan por declarar beneficios en países con bajos impuestos, sin importar dónde venden realmente sus productos. En lo que toca a la segunda etapa, argumentan que, tanto el progreso tecnológico como el comercio internacional tienen efectos profundos y complejos sobre la estructura de la producción y, por ende, sobre el empleo. A veces, el progreso tecnológico sustituye el trabajo por capital, lo que lleva a la eliminación de puestos de baja calificación o incluso de calificación media. En otras, permite que los trabajadores de baja o media calificación realicen tareas más complejas. Sin embargo, la desaparición de buenos empleos ha llevado a muchas comunidades a experimentar graves problemas de salud (adicciones) y delincuencia, generando malestar social y un aliento a las posiciones políticas extremistas, sobre todo de derecha, poniendo a los inmigrantes como causantes del deterioro laboral. Por su parte, el comercio internacional crea plazas de trabajo en las industrias de exportación, pero también conduce al cierre de empresas en los sectores afectados por las importaciones. Además, la creación de empleos no ocurre necesariamente ahí donde los puestos de trabajo han sido destruidos. De acuerdo con lo anterior, Rodrik y Stantcheva, sugieren poner más atención en lo que se puede hacer en la producción y elaborar políticas que induzcan a las empresas a ofrecer mejores puestos laborales. Para ello será necesario que los subsidios a la inversión consideren la calidad del trabajo y que se puedan evaluar sus resultados. Así mismo, proponen aplicar una “prueba de empleo prospectivo” para determinar las prioridades del gasto en investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D). Actualmente, estas inversiones no toman en cuenta su impacto en la ocupación, lo que deberá tenerse en cuenta. De esta manera, por ejemplo, se deberían aumentar los gravámenes a los equipos y las innovaciones que destruyen empleos. Por otro lado, alegan que es necesario poner restricciones al comercio internacional, para evitar el “dumping social” (es decir la reducción de salarios y condiciones de trabajo para atraer nuevas inversiones foráneas). Los autores sugieren que el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las condiciones de trabajo peligrosas e insalubres, o la represión violenta de los derechos laborales, deben ser considerados. El estudio admite que, aún si estas medidas tuvieran éxito, muchas ocupaciones no podrían convertirse en "buenos trabajos", lo que plantea la cuestión de qué se puede hacer por los "malos". Para estos últimos, se deben realizar compensaciones en efectivo, de tal manera que esos trabajadores puedan ganar un ingreso suficiente por lo menos para cubrir sus necesidades más elementales. El estudio es pertinente para reflexionar sobre la realidad mexicana por dos razones. La primera, debido a que los efectos de la pandemia, sumados a la trayectoria de las últimas décadas, han profundizado la desigualdad y la pobreza, principalmente por la caída de los ingresos laborales. Segundo, porque el T-MEC y la presión interna propiciaron una reforma laboral y algunas medidas (como el aumento al salario mínimo y la regulación de la subcontratación), que buscan mejorar la calidad del empleo. Para resolver lo primero y profundizar en lo segundo, hay que implementar nuevas políticas. En el caso de México, lo que los autores del estudio citado llaman medidas preproducción (o políticas activas de empleo, según la terminología más usada en Latinoamérica), se requiere mejorar el acceso a la educación; elevar su calidad; y destinar recursos suficientes para los programas de calificación de los trabajadores. El programa “Jóvenes construyendo el futuro” podría aprovecharse para darle un enfoque más bien orientado a elevar los niveles de adiestramiento y hacer una certificación de sus nuevas habilidades, no sólo para transferir recursos en efectivo. En cuanto a la posproducción (o políticas pasivas), urge legislar sobre un seguro de desempleo y adoptar programa de transferencias monetarias para los trabajadores informales (asalariados y por cuenta propia). En cuanto a las políticas de producción, podríamos decir que la reforma laboral apunta indirectamente a una reorganización de las empresas ya que, si se forman sindicatos legítimos y representativos, sería natural que los trabajadores presionaran y en algunos casos accedieran a mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Aún más en los casos de las empresas incluidas en el T-MEC, debido a que el gobierno de EU ha desplegado acciones para que se cumpla la reforma laboral. El caso de General Motors y otros podrían multiplicarse. Sin embargo, esta reorganización empresarial puede tener resultados negativos: frente a la presión obrera, los gerentes y/o accionistas podrían endurecer las negociaciones y propiciar conflictos laborales y huelgas; crear menos plazas, acelerando la sustitución del trabajo humano por máquinas; o bien disminuir sus inversiones e, incluso, mudarse del país. Para crear más y mejores empleos “buenos”, se requiere la intervención del Estado, con el propósito de que la reorganización de las empresas lleve a un mejoramiento de la productividad, de la tecnología, y al mismo tiempo de las condiciones laborales. Para ello, las políticas activas y pasivas resultan vitales, pero a la larga no serían suficientes. De ahí que las reflexiones de Rodrik y Stancheva resulten útiles. Nos muestran la complejidad del problema, algunas propuestas de solución y la necesidad de innovar las políticas aún en un marco de incertidumbre. Lo más importante consiste en reconocer que, principalmente, elevando la calidad del trabajo se pueden construir sociedades más justas; más armoniosas; y evitar la polarización política, capitalizada sobre todo por la derecha. saulescobar.blogspot.com