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miércoles, 26 de agosto de 2020

La denuncia penal del Sr. Lozoya: un comentario

 

El testimonio del señor L.

Saúl Escobar Toledo

La “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito” presentada por el Sr. Emilio Lozoya al Fiscal General de la República en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Carlos Salinas de Gortari y otras personas más se difundió profusamente en los medios de comunicación y las redes sociales. El debate que provocó se ha concentrado casi exclusivamente en sus efectos políticos y jurídicos. Se ha destacado así la corrupción reinante en los sexenios anteriores y la posibilidad de que expresidentes, funcionarios públicos y legisladores implicados sean llamados a declarar y hasta puedan ser sujetos de sanciones penales. El documento parece confirmar la idea de que la corrupción es el principal problema de México y la necesidad imperiosa de su erradicación, tal como lo ha planteado muchas veces el presidente López Obrador. Sin duda, desprestigia también a la oposición representada por el PAN y el PRI.

Sin embargo, el escrito del Sr. L. puede ser revisado como un testimonio histórico que retrata   una etapa de la vida de México. Más allá de las anécdotas, los nombres y su valor jurídico presente o futuro, la denuncia del ex director de PEMEX nos describe un régimen político que tiene las siguientes características:

1.      El punto central de la trama reside en que un grupo de empresas y empresarios, encabezados por el consorcio Odebrecht sobornó y de esa manera doblegó al gobierno de México y al poder legislativo para servir a sus intereses. Un mecanismo que comenzó en el gobierno de Calderón y culminó en el de Peña Nieto con la aprobación de la llamada reforma energética.

2.      El esquema de sobornos recorría un circuito preciso: la empresa extranjera depositaba millones de dólares en la cuenta de una empresa que era propiedad de un funcionario público. Tanto la empresa que hacía el depósito como la que lo recibía eran fantasmas (sólo existen legalmente en el papel, pero no realizan ninguna labor gerencial o de cualquier otra índole) y declaraban como residencia un paraíso fiscal. Una vez que el funcionario recibía el dinero en su cuenta bancaria, lo retiraba para depositarlo en otra empresa fantasma de su propiedad, también en un paraíso fiscal, o lo retiraba en efectivo para sobornar a otras personas (legisladores, funcionarios, dirigentes de partidos políticos). En el caso del PRI, el documento hace sospechar que los depósitos a cuentas de consultores extranjeros eran, igualmente, empresas fantasmas que ocultaron a los verdaderos beneficiarios, probablemente funcionarios públicos, ya que no expedían facturas o lo hacían “por un servicio distinto”.

3.      A cambio de estos sobornos, las empresas extranjeras y nacionales conseguían contratos que las beneficiaban enormemente  ( Etileno XXI, Grupo Higa, Agronitrogenados, etc. ) y que diputados y senadores tanto del partido oficial como de la oposición (particularmente el PAN) aprobaran leyes en las que estos empresarios influyeron (no se sabe si en su redacción o en sus fines generales) y que eran muy importantes para ellos pues les abrían nuevas oportunidades de inversión y, se entiende, de negocios turbios.

 

4.      El mecanismo fue tan eficaz que, según el señor L., Odebrecht no sólo logró contratos sino literalmente “doblegar al presidente de la república y al estado mexicano” por lo menos en materia energética. Este servilismo llevó a abusos de poder y corrupción extremos y a una asociación que el declarante califica como “si se tratara de crimen organizado”.  Un “aparato organizado de poder para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México sometiéndolo a personas y grupos nacionales y extranjeros”,

 

Documentos como el que comentamos deben ser tomados con mucha cautela. En muchos casos faltan a la verdad por distintas razones: aún con la mejor intención los testimonios se basan en la memoria y ya se sabe que ésta es frecuentemente débil y lo es más en la medida en que pasa el tiempo. Muchas veces recordamos cosas que no sucedieron tal cual las imaginamos o las contamos aun cuando se trate de hechos particularmente decisivos de nuestra biografía. Pero los dichos de una persona pueden ser aún más discutibles cuando se busca una ventaja personal: en el asunto que nos ocupa, que la fiscalía le proporcione al denunciante “una salida alterna respecto a los procedimientos que hay en mi contra y en contra de mi familia”.

Por otro lado, los historiadores saben que un testimonio no sólo describe la realidad que el narrador ve: también retratan a la propia persona que la cuenta. Al leer la denuncia, el señor L. se describe a sí mismo como una persona fácilmente manipulable; obediente al punto de la ignominia; temeroso de faltar a las instrucciones de sus jefes; y que sólo en este momento, años después de los acontecimientos, se da cuenta de la gravedad de los hechos. Se describe como una persona que acepta sobornos sin ningún remordimiento o justificación. Dice por ejemplo que en 2012 Odebrecht prometió aportar 4 millones de dólares de los cuales 2.5 serían para la campaña del PRI y “recordemos (sic) que el 1.5 restante fue para mí”. Y, finalmente, se pinta como un arribista que llega a la dirección de PEMEX por invitación del presidente “dada mi experiencia en el sector privado, aunque yo no conocía bien ni a Peña Nieto ni a Luis Videgaray”.

La lectura del escrito del Sr. L. me recordó a Hanna Arednt y sus observaciones sobre el juicio a Eichmann, acusado de millones de asesinatos de judíos bajo el nazismo. Su contacto personal con el acusado le impresionó “por su superficialidad …Los actos fueron terribles pero el responsable era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso.”

El Sr. L. quiere verse reflejado en su propia narración de una manera similar: como una persona que recibe instrucciones y las cumple; ni el único culpable ni completamente inocente. Una persona cuyos rasgos también podrían definir a Enrique Peña Nieto: un político advenedizo, oportunista, superficial, sin más motivaciones que enriquecerse a toda costa; ni muy inteligente ni extremadamente estúpido; sin ideas que lo distingan, pero capaz, medianamente, de repetir un discurso.  

En fin, el documento del Sr. L, nos plantea la existencia histórica de un régimen que utiliza el poder para el beneficio de intereses privados, aunque, a diferencia del pasado (los años dorados del PRI), es sometido por ellos.  Un sistema político que existe en muchas partes del mundo y que se caracteriza, en consonancia con los tiempos neoliberales, por su obediencia, casi exclusiva, a los grandes consorcios mundiales. Un sometimiento que vive y se reproduce gracias a la impunidad financiera y fiscal y permite que grande sumas de dinero negro circulen por todo el mundo cobijadas por empresas ilegales, bancos piratas y refugios fiscales que no rinden cuentas a nadie. Una forma de gobierno que se puede justificar con teorías muy elaboradas sobre la libertad de los mercados pero que, al final de cuentas, se reduce a la gestión de políticos advenedizos que encuentran en los grandes consorcios privados la razón y motivo del ejercicio del poder del estado.

Por ello, el problema de la corrupción no reside solamente en los controles y castigos de la clase política sino sobre todo en la impunidad de las grandes corporaciones. El escrutinio y transparencia de las empresas privadas resulta tanto o más importante que la de los entes de la administración pública.

El testimonio del Sr. L fue elaborado sin duda para obtener una ventaja personal. Sin  embargo, hay que reconocer que describe una situación que en México y en otras partes del mundo se ha vuelto normal y ha privado a los ciudadanos de una democracia real, un estado que los proteja, y una economía más equitativa. Es el sistema impuesto por el 1% más próspero que ha logrado concentrar la riqueza y el ingreso mundial en proporciones inimaginables.

 saulescobar.blogspot.com

 

lunes, 17 de agosto de 2020

Una agenda mínima (y urgente) para proteger los empleos

Revista Economía UNAM. Colaboro con un artículo: Una agenda mínima (y urgente) para proteger los empleos. A minimal (and urgent) agenda to protect jobs

Aquí pueden bajar mi contribución y todos los trabajos de la revista dedicada a la crisis provocada por la pandemia.


 http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/567/600

Call for urgent change of the Mexican Economic Policy (published in http://www.ipsnews.net/2020/08/enough-not-enough-call-urgent-change-mexican-economic-policy)

 

Enough is not enough

Call for urgent change of the Mexican Economic Policy

Saul Escobar Toledo

A group composed by women and men, called Nuevo Curso de Desarrollo (New Course for Development) based at the National University of Mexico recently published a document to propose a set of measures to change the current economic policy in Mexico. This proposal responds to a diagnosis of the current situation: at this point of the year, the serious social damage inflicted by the health and economic crisis can already be observed. As we know, in Mexico as in many other countries, there was a great economic disruption caused by COVID.  Millions of people ceased to receive income from their work. However, the Mexican government has not carried out sufficient support measures to compensate for these losses. The result is easy to guess: many households have been rapidly impoverished. It is estimated that between 10 and 16 million people in April earned much less to the point of not being able to acquire the basic food basket , a situation that has continued  for many of them during May, June and July. And while it is true that more and more workers are returning to their jobs, the losses caused have not been repaired.

 

The lack of support has led many people to abandon their confinement to seek an income for their sustenance. This, in turn, puts the population in greater danger. The Group considers that this dynamic can be corrected:  contain the pandemic, protecting sources of employment and revive the economy are   goals that can be achieved at the same time, they are not necessarily contradictory.

 

The paper recognizes the progress made before the health crisis: there was a significant increase in minimum and contractual wages; the right to a basic pension for the elderly was expanded; and support was extended to other vulnerable groups.   But the situation changed dramatically, and yet the economic policy did not. 

 

This situation - says this group - must be corrected. Therefore, an emergency strategy is urgently needed for the remainder of 2020 and for 2021. This new course could return some of what families have lost and, above all, make economic reactivation faster.

 

Since existing social programs are no longer sufficient, immediate action is required to protect formal workers who have become unemployed or underemployed, and informal workers who have not got no income at all.

 

The Group emphasizes that the reactivation of the economy cannot rest solely on the dynamics of the market. Both private consumption and investment will grow very slowly if there is no determined action from the state. That is, if there is no strong fiscal impulse. So, it is necessary, and it is now more urgent to launch a program to expand public spending.  This means increasing the public deficit for 2020 and prepare a larger budget for 2021.  

 

Financing of public expenditure can be covered by the flexible credit line of low cost available in the IMF and also by the Central Bank.  Additionally, the banking system can cooperate with the recovery by granting more credit to companies and individuals and to support the government.   Higher public spending should not necessarily become an unpayable debt and an unbearable burden for future generations.     

 

In addition, it is required to carry out a set of legal reforms to implement unemployment insurance; a basic income for the poorest and most affected ; and the strengthening of development banks (strangely frozen today), as well as an industrial and regional policy that does not rely solely and passively on the supposed benefits of the trade agreement with the United States and Canada.

 

Additional borrowing should be seen as transitory and confined to overcome the emergency. Therefore, the document says, a tax reform cannot be postponed. A reform that lays the foundations for a new inclusive and sustainable economy. The undeniable political strength of the president of the republic, granted by elections that took place in 2018, must and can serve to achieve this agreement.    

The government can presume that, despite the adversity, there is a balanced budget. But what good is that when inequality and poverty are exacerbated? The Mexican state and, first of all, the federal government have to recognize that there is a debt more important than the one recorded in public finances. And that is the income losses suffered by millions of Mexicans, losses that may last many months more.

If anything has been learned from the crises of capitalism in the last hundred years, it is that the laws of the market cannot be trusted. It is, then, time for politics, for decision-making, for a change of the economic course.

 

Note: The complete list of members of the Group and their publications are available at: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx

 

Saul Escobar Toledo, Economist, Professor at Department of Contemporary Studies in INAH (National Institute of Anthropology and History, México) and President of the Board of the Institute of Workers Studies “Rafael Galvan” (IEORG) a non-profit organization. His recent work : “Subcontracting: a study of change in labor relations” will be published soon by Friedrich Ebert Stiftung, Mexico City.

 

miércoles, 12 de agosto de 2020

Cambiar la política económica en México: razones y propuestas

 

Por un cambio urgente de la política económica

Saúl Escobar Toledo

 

El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD), con sede en la UNAM, publicó recientemente un documento en el que llama a discutir un conjunto de medidas para darle un giro a la política económica. Esta propuesta responde a un diagnóstico de la situación actual:  a estas alturas del año pueden observarse ya los serios daños sociales infligidos por la disrupción. Como sabemos, el resguardo obligado de las personas detuvo la economía y ello causó que millones de personas dejaran de recibir ingresos por su trabajo. Sin embargo, el gobierno no llevó a cabo las medidas suficientes de apoyo para compensar esas pérdidas. El resultado es fácil de adivinar: muchos hogares se han empobrecido rápidamente. Se ha calculado que entre 10 y 16 millones de personas en el mes de abril vieron caer sus haberes al punto de no poder adquirir la canasta básica alimentaria, situación que se ha prolongado para muchos de ellos durante mayo, junio y julio. Y si bien es cierto que cada vez hay más trabajadores que se reintegran a sus labores, las pérdidas ocasionadas no han sido reparadas.

No sólo eso, la ausencia de respaldo ha llevado a muchas personas a abandonar su enclaustramiento para buscar el sustento. Ello, a su vez, pone en mayor peligro a la población. El documento considera que esta dinámica puede corregirse y que contener la pandemia, proteger las fuentes de empleo y reactivar la economía son   objetivos que se pueden conseguir al mismo tiempo, y no necesariamente se tiene que elegir entre uno u otro.

El GNCD reconoce los avances obtenidos antes de la crisis sanitaria:    hubo un importante incremento de los salarios mínimos y contractuales (aunque en menor medida); se amplió el derecho a una pensión básica para adultos mayores; y se extendieron apoyos a otros grupos vulnerables.   Pero la situación cambió de manera extraordinaria y, sin embargo, la política económica no lo hizo.

Esta situación -dice este colectivo- debe corregirse. Para ello se propone una estrategia de emergencia para lo que resta de 2020 y para 2021. Este nuevo rumbo podría devolver a las familias algo de lo perdido y, sobre todo, evitar que la reactivación económica sea más lenta.

Dado que los programas sociales vigentes no son ya suficientes, se requieren medidas inmediatas para proteger a los trabajadores formales que han quedado desempleados o subocupados, y a los informales que han visto caer sus ingresos. El escrito insiste en que los más afectados han sido los que ganaban los salarios más bajos y por lo tanto son los más susceptibles de caer en una situación de pobreza, incluso de pobreza extrema.

El Grupo hace énfasis en que la reactivación de la economía no puede descansar únicamente en la dinámica del mercado. Tanto el consumo privado como la inversión pueden recuperarse muy lentamente si no hay una acción decidida del estado. Es decir, si no hay fuerte impulso fiscal. Por ello, se señala que:

Por razones de estricta justicia social vinculadas al imperativo de paliar el sufrimiento de millones de hogares y también por motivos de índole macroeconómica, sigue siendo necesario y es ahora más urgente poner en marcha un programa de ampliación del gasto público.  Esto supone incrementar el déficit público para 2020 y un presupuesto   para 2021 que fortalezca considerablemente dicho impulso.

Y agrega que, para sufragar lo anterior, se puede recurrir, por una parte, a la línea de crédito flexible de bajo costo disponible en el FMI y, por la otra, a un financiamiento directo del Banco de México.  Adicionalmente, el sistema bancario   puede cooperar con la recuperación    otorgando más crédito a empresas y personas y apoyando directamente al gobierno.   Un mayor gasto público no debe, necesariamente, convertirse en una deuda impagable y en una carga insoportable para las futuras generaciones.

Precisamente porque un mayor endeudamiento debe llevarse a cabo con prudencia, se hace indispensable una mayor cooperación entre la autoridad fiscal y monetaria. Con ello se puede lograr, de manera responsable, robustecer el sector salud; apoyar a las familias que sufrieron despidos o recortes en sus remuneraciones; y respaldar, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas con apoyos directos, no sólo créditos (hasta hoy de baja cuantía). Además, se requiere llevar a cabo un conjunto de reformas legales para implementar un seguro de desempleo; un ingreso básico para los más pobres y afectados; y el fortalecimiento de la banca de desarrollo (hoy extrañamente congelada), así como una política industrial y regional que no descanse única y pasivamente en las supuestas bondades del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Se necesita, también, un programa emergente de inversión en infraestructura. Otra vez, lo que se ha planeado (el aeropuerto, la refinería, los trenes), no es suficiente. Según las cifras oficiales publicadas hace unos días, la inversión del sector público física (obras, equipo y maquinaria) ha aumentado en términos reales en 16% pero en algunos rubros se han visto caídas (seguridad nacional; protección ambiental; recreación y cultura; sector agropecuario, silvicultura, y pesca) a cambio de otros renglones que han aumentado (salud; desarrollo económico; y energía).  

El endeudamiento adicional debe ser visto como transitorio y circunscrito a superar la emergencia. Por ello, dice el documento, resulta impostergable una reforma fiscal. Una reforma, precisa el manifiesto, que finque las bases de una nueva economía incluyente y sustentable y que sea producto de un   pacto entre los actores   políticos y sociales y los agentes económicos. La innegable fuerza del presidente, otorgada por las urnas en 2018, debe y puede servir para conseguir este acuerdo.

El escrito aquí comentado termina con una convocatoria:

“El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2021 deben tener como objetivos principales la    recuperación económica y social.  Llamamos a la Cámara de Diputados y al Senado, a sus grupos parlamentarios, y a la sociedad mexicana, a debatir con la altura de miras que demanda la emergencia nacional”.

No podemos perder más tiempo. Una política basada en la contención y recortes indiscriminados del gasto corriente; el equilibrio de las finanzas públicas; y el ahorro, objetivos que en tiempos normales o de bonanza podría ser aconsejables, no lo son en estas circunstancias tan dramáticas.

El gobierno puede presumir que, pese a la adversidad, el balance presupuestario pasó de -311 miles de millones de pesos (programado) a -319 (ejercido en el primer semestre), es decir un muy ligero aumento del déficit, de apenas 8 mmp. Pero eso ¿de qué sirve cuando la desigualdad y la pobreza se exacerban? El estado mexicano y, en primer lugar, el presidente de la república, tienen que reconocer que hay una deuda más importante que la que se registra en las finanzas públicas. El faltante que han sufrido, sufren y lamentablemente seguirán sufriendo millones de mexicanos es un asunto prioritario. No sólo desde el punto de vista de la responsabilidad social sino también pensando en el futuro. Si algo se ha aprendido de las crisis del capitalismo en estos últimos cien años es que no se puede confiar en las leyes del mercado. Es, pues, la hora de la política, de la toma de decisiones, del cambio de rumbo.

Nota: el GNCD es un colectivo plural compuesto por hombres y mujeres de experiencias, formaciones e inclinaciones políticas diversas. Ha trabajado en torno a los problemas del desarrollo desde hace más de diez años y ha producido varios libros, ensayos, y documentos. La lista completa de integrantes del Grupo y sus publicaciones están disponibles en: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx