Seminario una plática con Enrique Florescano

Un comentario crítico al Pacto por México

EL PACTO del 2D, EL FONDO Y LA FORMA

Saúl Escobar Toledo

En la firma oficial del Pacto por México, celebrado el 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec, el secretario de gobernación advirtió que el pacto se había negociado en secreto durante varios meses. Otras declaraciones  de los firmantes confirman que, en efecto, las reuniones se celebraron en forma privada y exclusivamente por los representantes de los partidos, el llamado equipo de transición de Peña y el propio Presidente.

La razón esgrimida ya no en público sino en corto,  fue que esa secrecía era necesaria para evitar presiones de los poderes fácticos a los que se supone va a afectar el pacto. Esos poderes fácticos que  en el documento se  refieren como de una “creciente influencia (que)… frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano”.  Poderes que no han sido identificados pero se supone que son los dueños de los monopolios de la televisión, de la telefonía y la cúpula dirigente del SNTE.

Esta razón, sin embargo, no es muy consistente. En primer lugar porque el Pacto es en realidad una agenda de reformas que, sobre todo en el caso de esos poderes fácticos, no están plenamente definidas ni mucho menos fueron culminadas con la firma del castillo de Chapultepec. En todo caso, esos poderes tienen todavía mucho tiempo para maniobrar y evitar que esas buenas intenciones pasen a ser realidad,  que se traduzcan en leyes y políticas que en realidad afecte los grandes monopolios.

En segundo lugar, ya se vio que la secrecía no fue tan eficiente pues unas horas antes de su firma logaron, en el caso de la televisión, alterar el pacto, suavizándolo. Ver el cambio de la redacción del compromiso número 43:

Decía el pacto:

Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas, así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera gratuita sus señales a operadores de televisiones de paga (must carry, must offer), imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentraciones en una sola persona moral o física que detente participación accionaria en varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión. (Compromiso 43)

Y finalmente quedó:

Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de

operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la

obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio

difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de

manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de

televisiones de paga (must offer), imponiendo límites a la concentración de

mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que

sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la

competencia en los mercados de radio y televisión. (Compromiso 43)

En el curso de las próximas semanas, meses y años, la reacción de los poderes fácticos se verá más claramente. La secrecía en la fase de preparación del Pacto no podrá condenarlos al silencio y a la inacción. Ahí están por ejemplo los pronunciamientos del CCE y COPARMEX sobre la reforma fiscal insistiendo en la generalización del IVA.

Pero entonces ¿Cuál fue la intención del secreto negociador? Seguramente fue dar la sorpresa, no sólo a los poderes fácticos, sino a todos los que no estuvieron incluidos en esos debates. Sorpresa que en efecto tuvo lugar en los propios partidos y en otros actores políticos y sociales. Esa sorpresa estuvo pensada entonces no tanto para impedir cualquier  maniobra que evitar la posposición de  la firma del famoso Pacto. Es decir, el Pacto tenía que firmarse pocos días antes o después del 1º de diciembre.

Su oportunidad era esencial no tanto para asegurar que todo lo escrito se cumpla o se concluya hasta sus últimas consecuencias pues éstas no están todavía claras ni para los firmantes ni para los no firmantes. La verdadera negociación se abre, no se cierra con la firma del Castillo.

La firma en esas fechas era  fundamental para los fines políticos del Presidente y su gobierno. Con la sorpresa y la oportunidad de su anuncio, poco antes o poco después del 1º de diciembre el nuevo gobierno  quería lograr: primero, inaugurar su periodo presidencial con un anuncio que lo pinta como un gobierno reformista. Contraviene así las opiniones de quienes hablaban de una restauración del PRI como un regreso al pasado. Ya hay quien habla, en el extranjero, de un Lula priista. En segundo lugar, el anuncio de las reformas representa un punto de comparación con su antecesor, quien como sabemos se inauguró con la  declaración de guerra al crimen organizado. Peña se perfila como un gobierno que busca su consolidación o legitimación en el poder con nuevas políticas y leyes, no con el uso del ejército. El eje que va a guiar su gobierno no será más la violencia sino las reformas.

En tercer lugar, la firma le sirvió para tomar la iniciativa: frente a distintas fuerzas políticas, sociales y económicas. El gobierno Peña lanza una especie de hoja de ruta de su gobierno para casi todo el sexenio. De ahí la amplitud de los temas y los plazos. De esta manera,  se dota de un plan que le permitirá, si interpreto bien sus intenciones,  administrar los tiempos de su gobierno y la negociación con los diferentes actores políticos y sociales. Estos últimos tendrán que moverse en función del pacto y no, como sucedió con Calderón, que las fuerzas políticas y económicas y sociales determinaron  la agenda del gobierno.

En cuarto lugar, el Pacto sirve al Presidente para que en efecto logre culminar algunas reformas, quien sabe si todas, pero si aquellas que más le interesen. Hasta la privatización PEMEX o el aumento al IVA, pueden justificarse con el Pacto aunque éstas no vengan redactadas de esta manera.

Finalmente, la firma del Pacto le permite aislar a los no firmantes, no quedando para éstos más remedio, como también se dijo el día 2 en el Castillo, que sumarse a él o quedar fuera de estas negociaciones.

El Presidente ganó y mucho con la firma del Pacto. Imagen, prestigio, fuerza política y control del momento histórico. Los partidos de oposición en cambio, se colocaron como acompañantes del Presidente y su partido, no como las contrapartes de la negociación. De ahí que la necesidad de la secrecía de las negociaciones y la oportunidad de su suscripción fueran impuestas, con éxito,  por el equipo del futuro presidente.

La dirigencia del PRD que firmó el pacto cayó en este engaño probablemente porque pensó que sólo una alianza de la clase política sería eficaz para enfrentar con éxito a los poderes fácticos  e imponer un conjunto de reformas progresistas o al menos democráticas.  También compró la idea, difundida por el gobierno, de que como ningún partido, por sí solo, tiene mayoría absoluta en las Cámaras, necesita a los demás para emprender los cambios. De esta manera, una alianza entre esos partidos resulta no sólo necesaria sino también encomiable.

No comparto esta visión porque es evidente, en primer lugar, que la clase política responde a diversos intereses y visiones. Nada más natural entonces que sus propuestas sean diversas y, en muchas ocasiones, incompatibles. Ello es así particularmente  en el caso de los grandes temas nacionales lo que incluye el tratamiento  de los poderes fácticos, los grandes monopolios políticos y económicos. Los intereses de esos monopolios están en los partidos, no fuera de ellos. La posibilidad del acuerdo, que nunca hay que descartar, estará dada entonces en función de la fuerza que se pueda convocar por las distintas expresiones políticas. Por eso, al PRD y a las fueras progresistas le conviene una negociación abierta y transparente. No el acuerdo a puerta cerrada.

Por otro lado, la supuesta inmovilidad política producida por el reparto de posiciones en el Congreso, no es completamente cierta. El país ha sufrido un amplio conjunto de reformas que bajo la inspiración neoliberal se han impuesto constantemente desde hace más de tres décadas, o si se quiere desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Que esas reformas no hayan producido soluciones a los grandes problemas nacionales y en cambio hayan tenido resultados adversos al desarrollo nacional, se debe no a la parálisis legislativa, sino al sentido de esas reformas. Es el caso, ejemplar, de la llamada reforma laboral aprobada recientemente.

Está claro que los gobiernos no han podido conseguir todo lo que deseaban, debido a la renuencia, en algunos casos, de la oposición representada por los partidos. Y también que por ello, la necesidad de la negociación y la posibilidad de llegar a acuerdos entre proyectos distintos. Pero, en todo caso, ello plantea la necesidad, en este caso para la oposición de izquierda, de construir un esquema de negociación  distinto al del pacto del 2D. Un esquema que partiera del reconocimiento de la existencia de distintas agendas y propuestas, y no de la apariencia de que todos apoyan todo.

Más allá de los errores de la dirigencia firmante del PRD, y de las ganancias obtenidas por el gobierno,  hay que decir que la privacidad  y  celeridad  del Pacto también están produciendo costos. Uno  de ellos, ha sido la disputa interna dentro del PRD. Con razón, los miembros de la dirección del partido y las corrientes que no fueron incluidas se sienten no sólo sorprendidos sino también burlados. Pero puede haber  otros costos: el aparente consenso dentro de las fuerzas políticas firmantes puede diluirse en algunos puntos importantes. Muchos acuerdos del Pacto son meros anuncios de leyes que se van a proponer pero obviamente el texto no está. En la redacción de esas leyes puede aparecer y seguramente aparecerá la discrepancia. Si a ello sumamos la presión de los poderes fácticos y de otros actores no fácticos, la cosa se puede complicar mucho.

Hasta las políticas públicas anunciadas, que no requieren modificaciones legales, están sujetas al a ver si se puede,   pues para ponerlas en práctica se requiere dinero.

Ya lo vimos con el Presupuesto 2013. Se trata de un proyecto pro-cíclico como dirían los economistas, es decir que no busca frenar la recesión y el estancamiento de la economía mundial sino navegar con ella. En este sentido se trata de la misma política económica que se ha aplicado en los últimos 30 años. Y que ha dado por resultado un crecimiento muy bajo y muy pocos empleos.

Así para el próximo año se busca un crecimiento menor, no mayor al de 2012 (3.5 contra 3.9%), pero eso si, una inflación menor, no mayor (3.8 vs. 3.0%), un déficit público de 2.0% (con Pemex vs. -2.4 del 2012).

Por otro lado, para que se cumplan o traten de cumplirse otros compromisos, sobre todo de política social, tiene que salir el dinero de algún lado y no puede ser de otro que no sea una reforma fiscal pues el gobierno descarta el endeudamiento y por lo tanto un mayor déficit público. Y aquí hay un verdadero problema pues se requiere una reforma fiscal de mucho fondo que aun y dándole la razón a los mal pensados, no alcanzará con subir el IVA. Por ello,  si esa reforma fiscal no es lo suficientemente ambiciosa o tarda en aplicarse,  los compromisos se van ir posponiendo o se irán achicando.

Así:

El 42% de los acuerdos del Pacto por México previstos para iniciar su instauración en 2013 están condicionados a la aprobación de la reforma fiscal que habrá de empezar a discutirse en el Congreso de la Unión sólo a partir del segundo semestre.

De acuerdo con la calendarización del Pacto por México, la implementación completa de 38 de los 89 puntos -planteados de manera conjunta por el Ejecutivo federal, PRI, PAN y PRD- está sujeta a la aprobación de una reforma integral

En el terreno educativo, tres de los cuatro puntos incluidos en el acuerdo requieren de la reforma fiscal para cumplir con sus objetivos, incluyendo la operación de 40 mil escuelas de tiempo completo, la cobertura de 80% en educación media superior y 40% en educación superior, así como la cobertura total de para los sectores más vulnerables de la población, previstos para finales de 2018, además de consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, autonomía en la gestión de las escuelas, la repartición de computadoras portátiles con conectividad a internet y la protección del patrimonio cultural.

Otro punto tiene que ver con el acceso universal a los servicios de salud y pensiones para los adultos mayores de 65 años.

Otro riesgo de las premuras y la secrecía, además de la ruptura de los consensos y la imposibilidad de cumplirlos por falta de financiamiento, reside en el manejo de los tiempos. La sorpresa ha sido muy favorable para Peña, pero en muy poco tiempo pueden surgir otros problemas. Dos factores amenazan objetivamente todo el programa o la hoja de ruta que en realidad es el Pacto: la situación económica mundial y la situación interna.

La primera se refiere a la economía norteamericana que aunque ya libró el famoso fiscal cliff o  precipicio fiscal, todavía no sale del atorón político y de los riesgos de una caída en su crecimiento.  Un problema similar se refiere a  las economías europeas, sobre todo: Grecia y España,  que ya viven su  abismo fiscal desde hace tiempo, o por la aparición de otra crisis financiera surgida en aquel lado del Atlántico. Con ello se provocaría una verdadera emergencia económica nacional en nuestro país que cambiaría no sólo los tiempos del Pacto sino quizás hasta sus prioridades

Nadie, hoy, ni el FMI, auguran ni  pueden garantizar un panorama estable y, mucho menos, de crecimiento de la economía mundial. La evolución de ésta, precisamente por su incertidumbre puede ser un factor que cambie la sustancia del Pacto.

El Pacto se ocupa de este tema de la siguiente manera:

“La situación económica en varias regiones del mundo se deteriora con gran rapidez. México cuenta con instituciones políticas, económicas y financieras que le han permitido sortear con estabilidad y certeza esta difícil situación mundial. Sin embargo, el país debe seguir tomando medidas preventivas para hacer frente a las posibles contingencias que se le presenten”.

Pero esas medidas preventivas no están en el Pacto aunque pueda deducirse del párrafo anterior que las políticas conservadoras de los últimos sexenios se van a seguir aplicando para hacer frente a las contingencias del exterior. Y en consecuencia que si las cosas se agravan tendrán que aplicarse las recetas que ya todos conocemos: en primer lugar, ajustes presupuestarios con reducción del gasto y aumento de impuestos.

Según el banco Mundial, el crecimiento para 2013 se presenta así:

Países en desarrollo = 5.5

Brasil, Argentina = 3.4

México= 3.3 (vs. 3.5%)

Estados Unidos = 1.9 (vs 2.1 del gob. Mex.)

Economías industrializadas = 1.3

Zona Euro = -0.1

Internamente, los factores domésticos, también presentan riesgos inmediatos. La violencia no ha mermado en los primeros días del nuevo gobierno. Está, eso sí, un poco olvidada, que es precisamente lo que se deseaba con la firma del Pacto, poniendo en los medios y en la imaginación popular, otros temas. Pero por lo pronto, ya dijo el Presidente que el ejército va a seguir en las calles. Y en el presupuesto 2013, los recursos destinados a la seguridad pública no se reducen. Es decir no veremos un cambio de políticas a corto plazo. Incluso algunas medidas anunciadas en el Pacto y fuera del Pacto que tienen que ver con este asunto, pueden costar más recursos. Ver los acuerdos 75, 75 y 76, sobre todo los dos últimos que precisamente por ello se contempla su culminación hasta el 2018.

Ya se sabe que en un presupuesto nunca alcanza para todo. Pero en las prioridades del presupuesto 2013 se distingue Gobernación y Seguridad Pública (antes de su desaparición) con aumentos de casi el 40 y más del 11%. En cambio, Comunicaciones y Transportes no crece.

El programa social más importante será el de 65 y más con 26 mil millones de pesos. (frente a un gasto total de casi 4 billones de pesos este programas representa alrededor del 0.5% )

¿Había otra forma de hacer las cosas que no estuviera basada en la secrecía y la premura? Creo que la hubo y la hay.  Lo mejor hubiera sido anunciar el Pacto no como eso, un Pacto, sino como una agenda en la que se incluyeran los temas y compromisos, pero también las discrepancias, los asuntos en los que los negociadores no llegaron a un acuerdo, y que esta agenda se sometiera a un mesa más amplia con otros actores políticos y sociales, para  entonces sí, pactar  acuerdos más concretos y precisos, definir prioridades y asegurar su cumplimiento.

Si se compara, como les gusta a muchos, este pacto con los de la Moncloa, habrá que decir que aunque naturalmente hubo negociaciones secretas previas, dichos Pactos se negociaron  públicamente durante más de 15 días (del 8 al 26 de octubre de 1977) entre el Presidente Suárez y los representantes de los partidos, lo que dio lugar a otros acuerdos que se firmaron el 27 y que fueron adoptados por el Congreso. También participaron y firmaron  las organizaciones patronales y sindicales. Además los acuerdos del pacto fueron en su mayoría muy precisos, aunque no estuvieron del todo ausentes algunas generalidades.

Toda comparación es por supuesto odiosa y sobre todo forzada. Pero basta ilustrar el ejemplo de eso famosos pactos españoles para sostener la idea de que había otra forma de hacer las cosas.

Pero así como salió, el pacto mexicano del Castillo de Chapultepec,  acordado en secreto, excluyendo a muchos y publicado con premura calculada, puede convertirse en un documento de importantes réditos políticos  para el Presidente pero con pocos beneficios para el país. Por lo menos,  sus resultados son, hoy, inciertos. Pueden surgir grandes reformas en un sentido o en otro. Puede salir pequeñas reformas que no cambien en lo sustancial, casi nada. O pueden adoptarse políticas, bajo las presiones interna o externas, que dejen a un lado la hoja de ruta llamado pacto.

El resultado real del documento firmado el 2D  dependerá también de lo que siga. Continuar  por el método del secreto y la exclusión, no creo que ayude a obtener buenos resultados. Si se cambia  la forma, abriendo la negociación y haciéndola transparente, los resultados pueden ser mejores.

Es curioso que en el documento oficial, según la Presidencia de la República, (disponible en http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf) se hayan eliminado cuatro partes del documento no oficial: la introducción que leyó el Secretario de Gobernación (la carátula, le llamó) que hace referencia a los poderes fácticos, dos,  los acuerdos presupuestales 2013, tres, el “método de trabajo” que incluye la formación de un Consejo Rector y de una Coordinación Técnica, así como de las “reglas de procedimiento”. Y cuatro, también se eliminó la parte final, que es básicamente el cronograma que señala el año de inicio y la culminación de implementación de los compromisos.

Quizás la Presidencia simplemente no consideró necesario incluir estas partes y publicar como documento oficial sólo el listado de compromisos,  o también puede ser que esas partes simplemente no fueron firmadas, sino solo convenidas de palabra, porque pueden ser modificadas en el futuro.

A pesar de ello, vale la pena revisar  la parte IV, el “método de trabajo” :

“El Consejo Rector: tendrá la responsabilidad de articular las negociaciones centrales,  definir objetivos, determinar mesas de trabajo por materia y/o reforma, establecer un calendario de trabajo y elaborar las iniciativas de ley que se requieran, para someterlas a la discusión del Congreso de la Unión”.

“Estará integrada por tres representantes designados por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; tres representantes designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero; tres representantes designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell; y tres representantes designados por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano”.

Dos problemas saltan aquí: el primero, que es un organismo que no actuará públicamente, informará cuando lo juzgue conveniente y sólo por consenso de todos. Es decir, las negociaciones seguirán realizándose en lo oscurito. Y el segundo, que elaborará las iniciativas de ley para su discusión en el Congreso. Ejemplos de este proceder ya lo vimos con la reforma constitucional en materia de educación. La tal reforma ni se consultó ni se debatió y los congresos sirvieron poco más que como simples oficinas de trámite.

(No está claro si estas iniciativas serán presentadas formalmente por el Presidente o por los diputados de todos los partidos o de alguno de ellos,  pues está claro que el tal Consejo no tiene facultades para presentar legalmente ninguna iniciativa. El problema, sin embargo, es que la intención sea planchar los proyectos de ley para asegurarse que los diputados y senadores los aprueben en sus términos. Si estas es la intención, el resultado puede ser contraproducente. Querer suprimir el debate  o suplantar al Congreso de la Unión es un error.

Para subsanarlo, el método de trabajo debería ser otro: los compromisos deberían ser entregados a una comisión de diputados y senadores de todos los partidos que, divididos en mesas,  de acuerdo a las comisiones a las que están adscritos en el Congreso, elaboren los proyectos de ley. Ello permitiría hacer transparentes las negociaciones, consultar a la sociedad, y respetar la autoridad y la autonomía del Congreso. Cuestión de formas, pero a mi manera de ver, un asunto esencial.)

(Otra problema de forma: “la Coordinación Técnica: tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Rector y a los acuerdos de las mesas de trabajo por materia, así como instrumentar las acciones de comunicación y difusión a la opinión pública. Los miembros de la Coordinación Técnica serán designados de la siguiente manera: un representante del Presidente de la República; un representante del Presidente del PAN; un representante del Presidente del PRI; y un representante del Presidente del PRD”.

O sea que sólo los jefes de los partidos y la Presidencia podrán informar de los trabajos para hacer realidad los compromisos del Pacto. Más secrecía, opacidad y exclusión. El derecho a la discrepancia quedará secuestrado pues de otra forma se correría el  riesgo de romper la dinámica del Pacto.

Se dice también que se invitará a otras fuerzas políticas a sumarse al Acuerdo. Pero bajo estas reglas es probable que solo le interese a los aliados del PRI.

En fin, que las formas no abonan o no perfilan un resultado óptimo del Pacto por lo menos desde la óptica de la oposición de izquierda.)

Veamos ahora el contenido.

El Pacto contiene muchas propuestas, se trata de 95 compromisos algunos de los cuales incluyen más de una reforma legal o acción de política pública. Su análisis es complejo no sólo por el número sino también por su diversidad: hay compromisos que no están cuantificados, propuestas sin contenido específico o con una redacción ambigua que se presta a diversas interpretaciones pero hay también otras más sustanciosas. Así las cosas, podemos clasificarlas, simplemente, como  buenas, malas y regulares. Un análisis más de fondo tendría que ser materia de un trabajo colectivo y más laborioso.

Las buenas, según esta clasificación personal, son aquellas propuestas que incluyen  políticas públicas o anuncios de proyectos de ley que resultan significativos o tienen  cierto grado de precisión.

Son las siguientes:

La portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección; y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos. (Compromiso 1) inicia 2013 termina fines de 2018 sin reforma legal Sujeta a reforma hacendaria. Es lo que se ha llamado la universalización de la seguridad social.

Prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra. (Compromiso 2) inicia 2013 termina 2014

El programa “70 y más” pasará a ser “65 y más”. Como un segundo paso, se establecerá una cuota social adicional aportada por el Gobierno Federal a una cuenta individual a todos los Mexicanos al cumplir 18 años y hasta la edad de 65 años, para dar plena portabilidad a los beneficios pensionarios de la población a lo largo de su vida. (Compromiso 3) Presupuesto 2013 se refuerza programa actual bajando la edad a 65 años.  En el segundo semestre de 2013 se presenta reforma legal para establecer cuota social para fondear cuenta individual. Sujeta a reforma hacendaria. 26 mil millones de pesos para 2013

Seguro de Desempleo que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado cuando pierdan su empleo para evitar un detrimento en el nivel de vida de sus familias y les permita buscar mejores opciones para tener un crecimiento profesional y patrimonial. (Compromiso 4) Hasta 2014 reformas legales empezaría a operar en 2016.  Sujeta a reforma hacendaria

Un sistema de seguros de vida para Jefas de familia para proteger la seguridad económica de sus hijos en caso de fallecimiento (Compromiso 5) Presupuesto 2013. No sujeto a reforma hacendaria. 400 millones de pesos en 2013

Se establecerán escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias(Compromiso 10) reforma legal en 2012 meta de 40 mil escuelas en 2018. Sujeta a reforma hacendaria

Se instrumentará un programa de dotación de computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de 5to y 6to de primaria de escuelas públicas promoviendo la alfabetización digital (Compromiso 11) Presupuesto 2013 en tres entidades del país. 2015 culmina en todas las escuelas del país. Sujeto a reforma hacendaria. 1,000 millones de pesos para 2013. Véase por ejemplo que para la nueva Gendarmería Nacional = 1,500 millones de pesos

Se asegurarán los recursos presupuestales necesarios para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en al menos al 80% en educación media superior y en al menos 40% en educación superior. (Compromiso 14) culmina hasta 2018. Suejto a reforma hacendaria

Un Programa Nacional de Becas para alumnos de Educación Media Superior y Superior  aunque focalizado (compromiso 15) Presupuesto 2013 programa piloto. Cobertura total hasta 2018 para familias de los primeros 4 deciles. Sujeta a reforma hacendaria. 6 millones de pesos para 2013

Ley reglemanteria de l art 1 Constitucional sobre reparación de violación de derechos humanos se presenta proyecto de ley en 2013 , culmina 2015.

Ley reglamentaria del art. 29 constitucional que norme la suspensión de garantías mindividuales Proyecto ley a  fines de 2013 culmina implementación 2015

Ley reglamentaria del art. 33 en materia de expulsión de extranjeros  Se Inicia ley el primer semestre de 2013 culmina primera mitad del 2015.

Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se presenta propuesta en segundo semestre de 2013  termina implementación primer semestre de 2015. (25)

Reformas para garantizar la autonomía de los organismos locales de derechos humanos del segundo semestre de 2013 a primer semestre de 2015., (26)

Una solución para que entre en vigor la Ley de atención a víctimas: hasta segundo semestre de 2013 se presenta legislación. Termina implementación el primer semestre de 2015. (27) Sujeta a reforma hacendaria  En debate los recursos para su implementación

Ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública (28) Se presenta proyecto legislstivo en 2013 termina implementación primera mitad de 2015.

Se actualizará el marco jurídico para prevenir y sancionar eficazmente los actos inhumanos y degradantes, así como la tortura, la crueldad y la desaparición forzada. (Compromiso 32) Legislación o mecanismo en 2013 termina implementación en 2015.

Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC) otorgándole facultades para partición de monopolios (37) se presenta iniciativa de ley en 2013

Derecho constitucional a la banda ancha se presenta iniciativa en 2013. Culmina implementación en 2018. (39) se presenta proyecto legislativo en 2013 termina implementación en 2018.

Se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula. (Compromiso 40)

Acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una< red pública del estado (42) Inicia y culmina en 2013. No sujeta a reforma hacendaria

Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta (43) se presenta legislación en 2013. Termina implementación en 2018,

Inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología (46) inicia y culmina en 2013 pero sujeta a reforma hacendaria.

Nueva ley de agua potable y saneamiento y reforma  ala ley de Aguas Nacionales (52). Proyecto de ley en 2013.

Nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción (61) Proyecto ley en 2013. Sujata a reforma hacendaria

Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.  (Compromiso 61) idem

Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales. Así como reducir el costo de los servicios financieros (63) Se presenta proyecto en 2013.

Nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios. Proyecto de ley en 2013.

Se revisará la Ley de Coordinación Fiscal para construir una relación más equitativa entre la Federación y las entidades federativas .(70) proyecto de ley segundo semestre de 2013.

Se eliminarán los privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación fiscal (72)  Se presenta proyecto de ley en el segundo semestre de 2013, culmina implementación en 2018.

Nuevo sistema de cumplimiento de penas por delitos menores Para 2013 pero sujeto a reforma hacendaria

Reforma constitucional para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo ya se presentó reforma debe aprobarse en 2012.

Adelantar la fecha de toma de posesión del Presidente para 2024. Se presenta proyecto legislativo en primer semestre de 2013. Culmina hasta 2024.

Ley general de partidos. Se presenta proyecto legislativo en el segundo semestre de 2013.

Reforma electoral: Se presenta proyecto legislativo en segundo semestre de 2013.

·         Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos.

·        Disminución en el monto de los topes de campaña.

·        (Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: 1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral; y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate)

·        Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios.

·        Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción.

·        Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto.

·        Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.

Reforma del Distrito federal : Se revisarán  las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.y Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República (91)

 Se presenta proyecto de ley el primer semestre de 2013 con la instalación de una Mesa Nacional la iniciativa deberá estar en 2014.   sobre todo:

Constitución propia al Distrito Federal

En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación

Reforma política: primer semestre de 2013 se presentarán los proyectos de ley.

·        Ley reglamentaria de candidaturas independientes.

·        Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana.

·        Ley reglamentaria de iniciativa preferente.

·        Ley reglamentaria de la consulta popular.

Limitaciones en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública

En la clasificación de malas o negativas, ponemos aquellas propuestas que tienen una redacción ambigua que pueden abrir la puerta a decisiones contrarias al interés nacional y al programa del PRD, y también aquellas que explícitamente son inaceptables desde una posición de izquierda o progresista pues representan un claro retroceso.

Protección del patrimonio cultural. México tiene cerca de cien mil sitios arqueológicos y monumentos históricos. Es necesaria su protección a través de una legislación que reconozca las nuevas relaciones entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. De igual forma, la adecuada restauración, sobre todo de los sitios arqueológicos, permitirá una vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística detonando el empleo y el desarrollo regional. (Compromiso 16) En el segundo semestre de 2013 se presentará el proyecto de ley.

PEMEX.Se ampliará  la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. (Compromiso 56) Primer semestre de 2013 se presentará legislación

Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX. (Compromiso 57) Primer semestre de 2013 iniciativa de ley.

Muy distinto al proyecto presentado por el Ing. Cárdenas:

La propuesta estará enfocada en :

a)     Cambiar el régimen fiscal de Pemex, disminuyendo  sustancialmente la tasa fiscal sobre producción petrolera para aplicar una agresiva política de inversión pública.

b)      Garantizar la Autonomía Presupuestal en Pemex; para ello se propone dotar de Autonomía plena para aprobar y hacer uso de sus recursos presupuestales sin necesidad de contar con la anuencia de la Secretaría de Hacienda.

c)     la Autonomía de Gestión

d)       convertir al fondo de estabilización de ingresos petroleros en un organismo financiero y vincular los rendimientos del Fondo a propósitos nacionales de largo plazo como las pensiones, la educación, y/o la investigación científica y tecnológica.

e)     Impulsar la investigación  y el desarrollo tecnológico.

f)      La  transición energética que requiere no sólo la sustitución de energía fósiles

por energías limpias y una elevación de la eficiencia, sino también que Pemex se convierta en rector y ejecutor directo de la Transición Energética en nuestro país.

Reforma fiscal.Se revisará el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos. (Compromiso 72) Segundo semestre de 2013 se presentará inicativa legislativa. Implementación hasta 2018. 

Subsidios. Algunos ejemplos de estos subsidios se encuentran en el sector energético y en el campo. No se entregarán más subsidios a la población de altos ingresos. (Compromiso 73). Iniciativa en segundo semestre de 2013, culmina implementación en 2018.

Corrupción.Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción ya se presentó reforma legal se deberá aprobar en 2012

Código penal único para todo el país (78) primer semestre de 2013 se presenta iniciativa legislativa.

Derechos humanos. Articular y coordinar todos los esfuerzos federales y del ámbito local que se requieren para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. (Compromiso 21) En este sentido, la propuesta de reforma constitucional al segundo párrafo del artículo 1 presentada por el diputado del PRI, Arroyo Viera  ha sido calificado unánimemente de retroceso.

Se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad. (Compromiso 76).

Mención especial merece la reforma educativa.

El Pacto señala: Se creará el Sistema de Información y Gestión Educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y alumnos, que le permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas. (Compromiso 7)

Se dotará de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE),(compromioso 8)

Se impulsará la profesionalización de la educación inicial (compromiso 13)

Se robustecerá la autonomía de gestión de las escuelas

Se introducirán en las escuelas, particularmente en las de horario ampliado, programas de educación artística (compromiso 18)

Reforma (adición)  al párrafo terdero del art. 3:

“Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio.

Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley;”

Se trata de una reforma laboral disfrazada.

Adición: fracción IX

…

“IX. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto. Se integrará por cinco miembros designados por el Ejecutivo Federal, con la aprobación, dentro del plazo de treinta días naturales, de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente.

Si dentro de dicho plazo la Cámara de Senadores no se pronuncia sobre la designación de algún miembro de la Junta de Gobierno, se tendrá por ratificada la efectuada por el Ejecutivo Federal. En caso de que en la votación no se reúna la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal deberá someter a aprobación una nueva designación. Si respecto de esta segunda designación no existe pronunciamiento, la misma se entenderá aprobada, y si sometida a votación no se reúne la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal designará directamente a otra persona.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

El Ejecutivo Federal nombrará de entre los miembros de la Junta de Gobierno a su Presidente, quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.”

El transitorio tercero:

“III. Las adecuaciones al marco jurídico para:

a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta;

( ¿ Privatización, segmentación de la educación ?)

b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico.

En aquellas escuelas que lo necesiten, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y

c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida.”

Finalmente hay reformas incoloras, como:

Se incrementará el número de becas para apoyar a todas las artes, (compromiso 19)

Se relanzará y articulará, como estrategia de Estado, el proyecto de Institutos de México en el mundo, aumentando su número, sus programas y alcances, para difundir nuestra cultura en el exterior. (Compromiso 20)

Los ataques del crimen organizado en contra de defensores de los derechos humanos y de periodistas, requiere de una solución de mucho mayor alcance que el actual mecanismo creado en la Secretaría de Gobernación. Por ello, se creará una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil (29)

Se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior (30)

Se incrementará sustancialmente los presupuestos para que la educación y la salud de calidad lleguen a la población indígena (35)

Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología

Incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013 (46)

Se definirán prioridades, objetivos nacionales y regionales concretos, para estructurar un programa de largo plazo para el desarrollo especializado de la ciencia y la tecnología en todo el país. (Compromiso 47)

Se aumentará el número de investigadores y de centros dedicados a la ciencia, la tecnología (48)

Para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se impulsará la inversión para la investigación y el desarrollo de proyectos de energías a partir de fuentes renovables, como la energía solar y la eólica. (Compromiso 49)

Por ello, se creará un programa para el impulso de la infraestructura para la captación y el almacenamiento del agua pluvial.. Asimismo, se concluirán las obras de control de inundaciones en diversos estados del país. (Compromiso 50)

Se incrementarán las coberturas de agua, drenaje y tratamiento (51)

Se creará un programa para aumentar la infraestructura para recolectar, separar, reciclar y aprovechar el potencial de los residuos en todo el país. (Compromiso 53)

Se fortalecerá la Banca de Desarrollo (62)

Se impulsarán medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización de los productos del campo ()64)

El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Compromiso 66) Segundo semestre de 2013 se presentará proyecto legislativo

Se incrementará la productividad agropecuaria a partir de una política de otorgamiento de crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores (65)

Desarrollo del Sur-Sureste. Esta estrategia incluirá diversas acciones como la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, (67)

Se eliminarán duplicidades de funciones, se compactarán áreas y dependencias de gobierno, y se revisará permanentemente el gasto del sector público para mejorar su eficiencia y alcanzar mejores indicadores de desempeño. (Compromiso 71)

Para que la justicia se pueda impartir con mayor rapidez, eficacia y transparencia en todo el país, se tomarán medidas necesarias tanto a nivel federal como estatal para cumplir con las metas y tiempos establecidos. (Compromiso 77)

Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción. (Compromiso 86)

Se reordenará el marco de fueros para que nadie tenga privilegios. (Compromiso 92)

Se revisará la reelección de legisladores. (Compromiso 94)

También habrá que hacer mención de  lo que no está:

En primer lugar no se propone una estrategia de seguridad pública alternativa a la de Calderón. Parece que, por lo pronto, la guerra seguirá en los mismos términos.

Por otro lado no hay propuestas en materia de trabajo y empleo: no hay nada sobre salarios mínimo, protección al trabajo y ni una sola mención de  los pendientes de la reforma laboral (que se votaron a favor en el Senado pero no en la de Diputados): aquellos que tienen que ver con la democracia sindical y la libertad de asociación.

Tampoco hay nada sobre política exterior. La mención a los migrantes es demasiada general, lo que la hace poco relevante.

Las propuestas destinadas a las comunidades indígenas son muy poco claras y no incluyen ninguna reforma constitucional ni se hace mención del tema de la autonomía de los pueblos indígenas. Según este pacto, los Acuerdos de san Andrés son parte de un pasado ya en el olvido.

Tampoco hay mención a medidas sobre el lavado de dinero, control de capitales golondrinos, el impuesto sobre transacciones financieras o reformas al Banco de México. Medidas que podrían ser de gran importancia frente a un agravamiento de la situación económica mundial. Hasta el FMI ha recomendado a México, recientemente, regular los  flujos de capitales estableciendo medidas para limitar las entradas de esos recursos   provenientes del extranjero.

No hay interés en el diseño de una política regional, apenas una mención al Sur-sureste que no dice mucho.

Hay también ausencias de políticas sobre la  equidad de género, pues encontramos menciones muy limitadas. Lo mismo sucede en el caso de los jóvenes.

Intentemos ahora  un balance general de todo lo anterior:

Las políticas sociales anunciadas más importantes están sujetas a la aprobación de una reforma hacendaria, específicamente de una reforma fiscal que dé los recursos necesarios. Muy pocas se podrán hacer con los recursos disponibles del presupuesto 2013.

De esta manera, las más importantes como la universalización de los sistemas de salud, la pensión universal, el seguro de desempleo, la escuela de tiempo completo,  la cobertura en educación media superior al 80%, la cobertura total del Programa de becas para educación media superior,  así como la meta del 1% del PIB en ciencia y tecnología, tendrán que esperar.

Por lo pronto para el 2013, sólo se prevé poner en práctica: reforzar el programa de adultos mayores bajando la edad a 65 años pero focalizado (como está ahora), el seguro para Jefas de Familia, el programa de computadoras, y un programa piloto de Becas para estudiantes de educación media superior.

Muy poco para las pretensiones publicitarias del Pacto. Todos estos programas que se echarán a andar el próximo año son  focalizados, es decir no universales, o programas de cobertura limitada. Su extensión tendrá que ocurrir posteriormente, dependiendo de la suerte de la reforma hacendaria.

Por su parte, los proyectos de ley que se presentarán en 2013 son: los reglamentarios de los artículos constitucionales: 1, 29, 33 y los relativos a la CNDH, los organismos locales de DH, , la Ley sobre el uso legitimo de la fuerza pública, la que tiene que ver con la prevención y sanción de la tortura y las desapariciones forzadas. Sin duda esta es una de las partes más positivas del llamado Pacto.

También en 2013, se presentarán proyectos de ley sobre la CFC, el derecho constitucional a la Banda Ancha, la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta. Es también una de las partes más sustanciosas del Pacto, sujeta a las negociaciones correspondientes.

También se proponen nuevas leyes para 2013 en materia de medio ambiente: sobre aguas. En el ramo de la minería se señala la entrega de un nueva ley el próximo año, para la explotación minera y la prohibición de las minas de carbón de tiros verticales. Pero todo ello sujeto a la reforma hacendaria.

También se comprometen a entregar en 2013, leyes relacionadas con la banca comercial y las instituciones de crédito, la de responsabilidad hacendaria para estados y municipios, una reforma a la Ley de coordinación fiscal, otra para eliminar los privilegios fiscales.

Según el Pacto el próximo año se dará el gran debate, largamente esperado, sobre las reformas económicas sobre todo la de PEMEX y la fiscal, que podrían definir la suerte de todo el Pacto y la viabilidad de muchas de sus compromisos.

Pero también en 2013 se presentarán proyectos de ley en materia de reforma política: adelantar la fecha de toma de posesión del Presidente (vigente hasta 2024) la ley general de partidos, la reforma electoral, también las leyes reglamentarias de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y la de consultan popular.

Si, todas para el 2013.

Hay pues una avalancha de leyes que se presentarán el próximo año. Sobre todo en materia de derechos humanos, competencia y telecomunicaciones, petróleo y energía, reformas económicas, sobre todo la fiscal, reforma del estado y reforma electoral.

En cambio la reforma del DF es la única que merece una Mesa Nacional y el debate se pospone hasta el 2014.

En el caso de los compromisos negativos, están: la parte del patrimonio cultural, (compormiso 16)  que liga su protección a la descentralización en estados y municipios, y su restauración a la promoción turística. Es precisamente la orientación de las políticas culturales a los que siempre se han opuesto las fuerzas progresistas. Es convertir el patrimonio nacional en objeto de consumo para su mejor venta al turismo. Un caso paradigmático de estas políticas fue el conflicto en las pirámides de Teotihuacán hace unos años. Las iniciativas de estas leyes se plantean hasta 2014.

En materia de reforma petrolera la redacción de los compromisos 56 y sobre todo 57 pueden interpretarse de diversas maneras pero abren la puerta a la privatización parcial de PEMEX. No se habla de una reforma constitucional pero, por la naturaleza del Pacto, tampoco se cancela. Esta reforma se presentará en el primer semestre de 2013.

También la reforma fiscal abre la puerta a un incremento al IVA aunque no lo dice claramente. Se puede deducir, sin embargo, que no será el único impuesto que tendrá una revisión lo que seguramente quiere decir una elevación. Pero no se subraya el carácter progresivo de ésta. También se prevé discutir la legislación correspondiente en 2013.

La revisión de los subsidios al sector energético (compromiso 73) puede derivar en aumentos más fuertes a los precios de la gasolina.

La insistencia en una Comisión Nacional contra la corrupción no forma parte de las propuestas de las izquierdas, ni del PRD, simplemente no debió haberse aceptado.

Igual con la propuesta de un Código penal único que puede hacer nulos los avances por ejemplo en el DF sobre la despenalización del aborto. También este debate se prevé para 2013.

Puede parecer  positiva la  gran ambición reformadora del Pacto que se pretende acumular en 2013. El problema es que ello plantea una negociación excesivamente compleja que puede llevar a una dispersión que solo beneficie al gobierno. Sin prioridades claras, ni orientaciones precisas sobre sus contenidos, el proceso puede ser caótico o bien,  conducido por el gobierno para lograr sus objetivos, imponiendo una negociación que deje sin capacidad de respuesta a los partidos de oposición, en este caso, sobre todo, al PRD.

La izquierda puede quedar presa de una mecánica de toma de acuerdos  en la que se le obligue a un toma y daca sin sentido, por ejemplo: se aceptan sus propuestas en materia de derechos humanos pero tendrá que aceptar la privatización de PEMEX; se acepta las modificaciones sugeridas en reforma del estado, pero tendrá que apoyar una reforma fiscal que tenga como eje el aumento del IVA.

Es el problema de firmar un Pacto que contiene un gran paquete legislativo que se discutirá caso todo el al mismo tiempo. Un paquete en el que no se distinguen con claridad las metas ni las orientaciones.

Así mientras que las políticas sociales dependerán de la reforma fiscal, las reformas legislativas casi todas presentadas al mismo tiempo pueden inducir a una mayúscula confusión  en la oposición  de lo que es deseable y posible alcanzar pero también de lo que no es aceptable.

¿Qué queda entonces?

Cada quien su lista, cada quien su pacto. Las cosas buenas, malas y regulares pueden clasificarse al gusto de cada quien. Lo que parece claro es que el Pacto adolece de serios problemas:

Las políticas públicas de beneficio social dependen de una reforma fiscal que no está pactada, sólo enunciada.

No hay previsiones en caso de una nueva recisión mundial

Hay una avalancha de reformas legales que puede derivar en un proceso de negociación sin claridad en las prioridades y que puede llevar a una pésima negociación.

Hay compromisos demasiado generales o insustanciales

Hay ausencias, discrepancias e insuficiencias que no están mencionadas.

De acuerdo a lo anterior el Pacto podría entenderse como una simple hoja de ruta o agenda para una negociación que aún no se ha dado. No se trata pues de un pacto sino de un listado de temas.  Si esta fuera la interpretación, lo que sigue sería instalar una Mesa de Negociación amplia y tranparente con todos los actores políticos y sociales (se puede discutir quienes y cuantos) para darle a esta agenda un sentido y un rumbo más claro. Una mesa que admita el derecho a la discrepancia, a propone faltantes, a enmendar lo que ya está redactado, y a agotar las negociaciones si no hay consensos.

Pero parece que no se entiende así el Pacto. Para los firmantes se trata de un acuerdo en bloque, cerrado y con participantes ya definidos.

El PRD no puede aprobar en bloque el contenido del Pacto; en cambio puede y debe  proponer modificaciones a él.

Entre ellas:

Primero: definir con puntualidad,  y desde el principio,  la propuesta de reforma fiscal. Esta debe ser suficiente para financiar las políticas sociales con un calendario de implementación y debe tener un sentido progresivo y gradual.

Se calcula que los compromisos del Pacto representan entre 6 y 8 puntos del PIB. ¿Habrá una reforma fiscal de tal envergadura? Una generalización del IVA apena dría un punto del PIB.

Segundo: se debe confirmar con claridad que las políticas sociales se volverán derechos universales plasmadas en  la ley.

Tercero: se debe considerar que los temas no incluidos,  a juicio de una de las partes firmantes, no están excluidas de la negociación, por  lo que deben señalarse explícitamente  para su consideración  en el momento oportuno.

Cuarto: las iniciativas de ley contendías en el Pacto deben someterse a una Mesa de análisis que se instalará en el Congreso donde se convocará a actores sociales y especialista en el tema. La democracia y la transparencia no se riñen con la eficacia.

Quinto: La reformas a PEMEX y telecomunicaciones (tv y telefonía) y a los órganos competentes (CFC) deben tener un tratamiento especial. Debe abrirse un amplio periodo de consulta. No aprobarse al vapor como sucedió con la llamada reforma educativa al artículo tercero.

Diciembre 5, 2012. – Enero 19, 2013.