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miércoles, 20 de diciembre de 2017

Saúl Escobar Toledo
Entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre se suscitaron un conjunto de acontecimientos muy lamentables. Estos días serán recordados  como uno de los momentos más oscuros de nuestra vida política. En primer lugar,  se aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI). El asunto suscitó un amplio rechazo de los organismos internacionales (la ONU y la OEA), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Acceso  a la Información  (INAI) y de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). A ello se sumaron  los rectores de la UNAM, de Guadalajara y la Ibero; un amplio conjunto de especialistas en derecho internacional; y una gran diversidad de  grupos y organizaciones sociales. Sus razones han sido ampliamente difundidas. Quizás valga reiterar solamente dos cosas: se otorga un mayor poder a las fuerzas armadas y se dispone  una centralización del mando en las tareas de seguridad pública. Todo ello en perjuicio de la defensa de los derechos humanos y por lo tanto de las garantías elementales de los ciudadanos para evitar ser atropellados por policías y ejércitos.
Habrá que reflexionar sobre las razones que llevaron al gobierno a ignorar todas estas protestas. Parecería que se trata de asegurar la continuidad de una estrategia más allá del fin del sexenio e imponerla a la siguiente administración, gane quien gane.  Una estrategia que ha probado ser un fracaso para detener la violencia, los delitos de alto impacto, los asesinatos políticos, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales y los actos de tortura por parte de las fuerzas del Estado. Sin embargo, para los promotores de la LSI, es la única vía para garantizar “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional” como afirmó el General Alejandro Ramos, el vocero principal, en el Congreso, del ordenamiento finalmente aprobado. Lo que significa que, desde su punto de vista,   la guerra es inevitable y durará todavía mucho tiempo.
Otra mala noticia se produjo en estos días. El 7 de diciembre, en el senado de la República, dos legisladores del PRI, Tereso Medina e Isaías Gonzáles, presentaron un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo que incluye la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales. En dicha iniciativa,  se pretende autorizar la subcontratación sin más condiciones que el registro del trabajador en el Seguro Social, abrogando las condiciones señaladas en la ley vigente,  a pesar de que es ampliamente reconocido que este tipo de contratos causan graves perjuicios a los asalariados y permite el incumplimiento de las responsabilidades legales del patrón.
Igualmente, se propone que el Instituto quede a cargo de un Consejo Técnico compuesto mayoritariamente por representantes patronales y  de las organizaciones sindicales,  todos ellos con voz y voto.  De esta manera,    el nuevo organismo, que debería gozar de plena autonomía,  caería bajo el control de los empleadores y los dirigentes sindicales corruptos y antidemocráticos escogidos por el gobierno.  Hay que subrayar que el Instituto debe ser  el encargado de otorgar los registros y tomas de nota de las directivas sindicales. Si la iniciativa es aceptada,  se fomentarán los sindicatos fantasmas y  los contratos de protección. 
También se intenta desaparecer   la obligación de realizar una consulta previa a los trabajadores, mediante voto secreto, para la firma de un contrato colectivo, como lo señala la Constitución. Ello dejaría al patrón con las manos libres para escoger al sindicato que le parezca y poner obstáculos insalvables para aquellos gremios que surjan de la voluntad libre de los trabajadores.  De esta manera, el empleador podría “pactar” las prestaciones y salarios a su plena conveniencia. 
Frente a ello, el Observatorio Laboral, integrado por abogados, representaciones de sindicatos independientes, académicos, y organizaciones sociales, ha manifestado su rechazo a la iniciativa presentada por el PRI y exige un debate abierto, con el propósito de que las reformas a la Ley resulten congruentes con los principios establecidos en la reforma del 123 constitucional. También  propone la ratificación inmediata del Convenio 98 de la OIT con el fin de impulsar una negociación colectiva auténtica, con sindicatos representativos y bajo condiciones que garanticen el pleno respeto a las decisiones de los trabajadores.
Afortunadamente la reforma iniciada por el PRI se detuvo, por lo menos  este fin de año, y legisladores del PT, PRD y MORENA se han comprometido a unir esfuerzos para que se deseche completamente. La amenaza, sin embargo, sigue latente. Y con ello la posibilidad de que prospere “la peor reforma laboral de las últimas décadas para favorecer a los grandes empresarios extranjeros y nacionales”, según afirmaron dirigentes obreros que forman parte del sindicalismo independiente.
Esta quincena tampoco fue alentadora si atendemos el inicio, el 14 de diciembre, de las “precampañas”  de los candidatos que contendrán en las elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, se confirmó que Meade, representante del PRI, tiene como objetivo la continuidad del desastre actual bajo las mismas políticas que han dañado tanto a nuestro país. A este personaje podría llamársele “el mudo”, pues hasta ahora en sus discursos y pronunciamientos no ha dicho nada. Ninguna propuesta, ni siquiera una frase que resulte distintiva de lo que quiere hacer si resulta electo, o que pudiera  atraerle votantes. 
Por otro lado, también se ratificó la desaparición del PRD como opción de izquierda, apoyando alegremente la candidatura de Ricardo Anaya para la presidencia de la República. Así, la orientación y  conducción de la campaña quedará en manos del representante del PAN, el partido histórico de la derecha mexicana. Hasta ahora, este personaje  ha tratado de destacar frente a sus adversarios criticando la actuación de Fox y Calderón. Curiosamente, intenta  aparecer como una opción más hacia la izquierda de lo que ha sido  la tradición doctrinaria y política de su partido. Se trata de una impostura arriesgada ya que puede alejar a los votantes duros del PAN, conservadores y reacios a medidas  que ellos mismos han llamados populistas como la renta básica universal. Y tampoco convencería a los electores de la izquierda que desconfiarán naturalmente de un candidato que hasta hace unos días se preciaba de apoyar las reformas estructurales y encarnar la doctrina de su partido.
Pero quizás la mayor sorpresa vino de MORENA, partido que anunció una alianza con el Partido Encuentro Social, el 13 de diciembre. Esta organización política representa la ultra derecha en el espectro ideológico del país. Un partido que ha apoyado todas las reformas “estructurales” del PRI y del PAN, la última, por cierto, la Ley de Seguridad Interior. Y que obviamente choca con muchos puntos del ideario de las izquierdas y los grupos progresistas mexicanos. La coalición responde, quiero pensarlo así,  a una maniobra pragmática de ambos lados: sumar votos sin importar las diferencias y contradicciones. Peor sería suponer que existen afinidades políticas o ideológicas.
Casi al mismo tiempo, además, el jueves 14, López Obrador dio a conocer su gabinete presidencial. Desde luego hay personas de gran mérito, pero algunos casos han llamado la atención: Esteban Moctezuma en Educación; y Víctor Villalobos en Agricultura. El primero ha apoyado siempre la reforma educativa de Peña  Nieto y a la dirección del SNTE; el segundo ha sido denunciado por Greenpeace y diversos grupos ecologistas y campesinos por sus ligas con Monsanto, la gran empresa  multinacional, y su apoyo decidido, algunos agregan ilegal (como funcionario de SAGARPA),  al uso de transgénicos.
Con estas decisiones, MORENA se aleja de activistas, organizaciones y posibles electores simpatizantes de la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales); de las feministas comprometidas con los derechos de las  mujeres a decidir sobre su cuerpo; de la disidencia magisterial agrupada en la CNTE; y de los defensores del medio ambiente.  Si estas comunidades, entre otras, no se ven representadas políticamente podrían optar por la abstención y la distancia entre la sociedad y los partidos se ahondaría aún más.
Twitter: #saulescoba


miércoles, 6 de diciembre de 2017

Un candidato disfrazado de CEO

Saúl Escobar Toledo

Enrique Peña Nieto no pretendió designar a Meade candidato a la presidencia de la República. Quiere hacernos creer que nombró a un gerente o CEO (chief executive officer) para que se encargue del país como si fuera una corporación. La diferencia no es menor. Un candidato a la presidencia se supone que representa a un partido político y responde a un programa. Un gerente, supuestamente, no tiene ideología, ni pertenece a organización política alguna, ni defiende un proyecto de nación. Se encarga, simplemente, de hacer que el consorcio funcione, que sea rentable y no quiebre.

Las primeras palabras del Sr. Meade fueron reveladoras en este sentido. Dijo que su principal propósito sería convertir o hacer de México unas “potencia”. Es decir, la fortaleza económica es su principal interés y de ellos deriva la seguridad en las calles, mejores niveles de vida, la educación, la salud, etc. Tal como un patrón se dirige a sus empleados y les asegura que, si el negocio logra colocarse favorablemente en los mercados, todos, desde los accionistas hasta el más humilde trabajador seguramente prosperarán.

De igual manera, el que no pertenezca a ningún partido y haber fungido en altos cargos de administraciones del PAN y del PRI subraya su perfil gerencial. Cuando Meade pide que el Revolucionario Institucional lo “haga suyo”, también está diciendo que él nunca será como ellos. Se presenta como algo distinto, ajeno a la organización que lo postula y a sus vicios y comportamientos.

La última vez que el PRI eligió un tecnócrata con más perfil de CEO que de líder político fue cuando Salinas impuso a Zedillo quien tiempo después de abandonar el gobierno se convirtió en lo que siempre quiso: socio y consejero de compañías trasnacionales. Y así les fue a los priistas: la sana distancia terminó en una alegre entrega del poder al PAN. Lo que hoy llaman lealtad quizás represente una abyecta obediencia que puede llevarlos a su propio sacrificio en bien del consorcio “Gobierno de México S.A”.

Pero allá ellos, sus apoyadores incondicionales. Lo que nos debe importar es que la idea de que necesitamos un buen administrador y no un presidente es una moda y un engaño. En Argentina, Mauricio Macri, y en Francia Emmanuel Macron, han encarnado estas aparentes figuras de gerentes capaces, lejanos a los partidos y a los grupos políticos “tradicionales”. Han sido exitosos electoralmente, pero una calamidad como presidentes. Y es que en realidad se trata de una ficción.

Al pretender conducir un país como si se tratara de una empresa, el criterio tecnocrático se convierte en razón de Estado. Son por lo tanto insensibles al diálogo y a la crítica de sus opositores; y difícilmente tratan de encontrar soluciones concertadas pues todo lo miden según la respuesta de los mercados.

Son obvias las razones de Peña para la designación de un personaje con esta máscara.  Es más fácil de vender y así tratará de borrar la mancha de su origen: ser postulado por el PRI. Meade, gustoso con este papel, tratará de hacernos creer que no sabe de la corrupción imperante ni de las costumbres de los políticos.  Y con ello intentará diferenciarse de los propios priistas, pero también de los panistas, perredistas y sobre todo de AMLO y de su larga trayectoria en la vida pública del país.

A pesar de su disfraz, le será difícil ocultar su pasado.  Meade no fue un servidor público eficiente y aparentemente honrado de Fox, Calderón y Peña. En realidad, ha sido responsable directo y encubridor de manejos turbios de los recursos públicos, de lamentables decisiones de sus jefes, y obediente operador político para utilizar los programas sociales en la compra de votos.

Para esconder esas responsabilidades, dirá que sólo recibía órdenes, las cual obviamente tenía que cumplir de la mejor manera posible, como debe hacerlo cualquier empleado eficaz.

Defenderá la continuidad de las políticas económicas porque será, piensa, la clave de su éxito y es el tema que realmente ha ocupado su mente y su interés profesional. Es en realidad casi lo único en lo que cree que sabe.

Pero México no tiene sólo problemas económicos ni éstos se van a resolver a partir de una visión gerencial porque no vivimos tiempos “normales”. En nuestro vecino del norte gobierna un tipo que se comporta sin la mínima sensatez que se espera de cualquier persona a cargo de un puesto público. Y aquí en nuestras tierras, vivimos un desastre humanitario de grandes proporciones. Las instituciones del Estado están fracturadas por la impunidad, el encubrimiento y la complicidad con el crimen organizado.

No son pues situaciones manejables a partir de criterios gerenciales. Y en esas condiciones un administrador eficiente, o alguien que pretender serlo, puede ser tanto o más peligroso que un político corrupto que gobierna como tal y sin vergüenza, como es el caso en estos momentos.

El horizonte intelectual del candidato del PRI no le permite entender la realidad del país. Un director administrativo sabe que los mercados cambian a veces repentinamente, que hay muchas variables que afectan a los negocios, y que el entorno en que se desenvuelven es a veces muy complejo. Pero un gerente no puede entender más que de sumas o restas, pues éstas determinan la estabilidad y el éxito de una empresa.

México enfrenta y lo hará en el futuro inmediato problemas que exigen soluciones de otro tipo. Sobre todo, decisiones políticas, entendidas no como componendas o encubrimientos, sino como acciones de gran calado que rompan con el pasado y que abran nuevos rumbos.

Para un responsable de las finanzas públicas, abandonar el TLCAN es racional sólo si EU lo decide primero. Para un líder político que ve por su país, la decisión tiene que ver con el compromiso de elegir otra ruta de crecimiento para México. Para un encargado de negocios, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos, los feminicidios y los crímenes políticos que ocurren diariamente son cifras que deben estabilizarse: no deben aumentar demasiado, pero se debe entender que resulta imposible acabar con la violencia. La seguridad, además, tiene que estar a cargo de las fuerzas militares porque es un asunto de armas y equipamiento. Para un reformador, un político reformador, estos no son sólo números sino síntomas de un problema de descomposición social y política.

En fin, el discurso del señor Meade, vacío y carente no sólo de ideas sino de emociones y símbolos, difícilmente va a cambiar porque él no quiere ser un “político” sino un gerente responsable que no desea prometer más de la cuenta. Sólo transmitir buenas intenciones porque el objetivo es mejorar los números de la empresa, dar buenos resultados. Los administradores se ocupan de eso, de que las cifras cuadren. Dejan a otros ocuparse de las tareas más ingratas y se desentienden de cosas tan intangibles como la vida cotidiana de la gente, o la dignidad y el respeto de una Nación.


Ya veremos si el perfil gerencial convence. Hasta ahora parece haber tenido buena respuesta de aquellos precisamente que entienden de negocios y no de otras cosas “raras” como los derechos humanos. De aquellos cansados de la política porque la ven como  encarnación de la corrupción y la mentira. De los que creen que ya no hay valores, y las izquierdas y las derechas son iguales. Para ellos se acabaron las utopías y las ilusiones. Por eso hay que conformarse con un buen técnico.

No entienden que, precisamente, tratar de administrar el desastre y controlar los daños, haciendo más de lo mismo mientras los damnificados aumentan todos los días, es una forma segura de propiciar que el techo se derrumbe sobre todos nosotros sin remedio.

Ojalá la campaña presidencial y las elecciones signifiquen el triunfo de una nueva política mediante la participación y vigilancia de la sociedad con sus gobiernos para construir caminos hasta hoy desconocidos. Y la derrota de aquellos que se asumen como gerentes para encubrir la violencia y la degradación del país y de sus instituciones que nos aquejan desde hace ya demasiado tiempo.

Twitter:#saulescoba