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miércoles, 18 de diciembre de 2019

El Tratado comercial México-Estados Unidos- Canadá y la cuestión laboral


El T-MEC y la cuestión laboral

Saúl Escobar Toledo


Por fin, después de largas y complicadas negociaciones, el Tratado Comercial México-Estados Unidos – Canadá parece enfilarse a su ratificación final. En dichas negociaciones participaron los tres gobiernos, pero también los legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos. La votación en el Congreso de ese país, la etapa más difícil, está lista.
Para ello se ha recorrido un largo camino que incluyó, entre otras cosas, una atención muy especial a la cuestión laboral. Primero, en el texto del nuevo acuerdo que sustituirá al NAFTA o TLCAN, se dedicó un capítulo al trabajo y un anexo enfocado particularmente al caso de México. De esta manera, se obtuvo el aval de los tres gobiernos el 30 de noviembre de 2018.  De ahí resultó una amplia reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) mexicana que, si bien ya se había formulado en las enmiendas hechas al artículo 123 aprobadas en 2017, se aceleró para dejar satisfechos a los legisladores de EU y Canadá.
Sin embargo, el proceso ha tardado más de un año debido a la insatisfacción, sobre todo de los demócratas, quienes dudan de la capacidad de México para implementar las reformas a la LFT y los compromisos adquiridos en el T-MEC. Hace unos días, en la capital mexicana, se anunció un adendum o agregado al texto original acordado en 2018, llamado Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.
En dicho Protocolo (de 37 páginas), en la parte laboral, se acordaron dos textos:  el primero se refiere a las obligaciones entre EU y México, y el segundo a las que tocan a Canadá y México. En ambos se busca hacer cumplir la ley del trabajo en las empresas industriales o de servicios que comercian entre los tres países o compiten con la producción de alguno de ellos. Para este propósito, en el caso de México y Estados Unidos, se estableció un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para garantizar la reparación de una violación (denegación) de los derechos laborales particularmente en lo que toca a la libre asociación y negociación colectiva. Se formará un Panel Laboral con especialistas independientes de los gobiernos para analizar las controversias e investigar si hubo las violaciones denunciadas por algún de los países que forman el Acuerdo. Si se prueba que ocurrió una transgresión a la ley, la parte demandante podrá exigir una reparación que incluiría sanciones sobre todo de tipo arancelario a las mercancías de la empresa violadora y que naturalmente afectaría comercialmente al país donde se encuentra esa empresa. Los establecimientos motivo de estas controversias serán aquellas designadas como sectores prioritarios: manufactureras (sobre todo aeroespaciales, autos y autopartes, productos cosméticos, mercancías industriales horneadas, acero y aluminio, vidrio, cerámica, plástico, forjas y cemento), de servicios o mineras. La parte que se refiere a Canadá y México es muy similar.
Las cosas no pararon aquí pues la iniciativa de ley que se envió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos (HR 5430) incluyó no sólo este mecanismo de respuesta rápida sino también, en su título VII, Labor Monitoring and Enforcement (Monitoreo laboral y cumplimiento), la integración de un Comité Intersecretarial (Interagency labor committee) que observará la implementación de la reforma laboral en México y que podrá sugerir acciones reparatorias en caso de incumplimiento. Dicho comité podrá visitar México para estos fines y, entre otras cosas, se encargará de investigar si se están destinando los recursos presupuestales necesarios para las nuevas instituciones que se desprenden de las reformas a la LFT en los próximos años.  El Comité abrirá, además, un portal de internet especial (hot line) para recibir información confidencial o denuncias de los trabajadores mexicanos. En un plazo no mayor de 5 años dará cuenta al Congreso de EU si se han revisado y dado legitimidad a todos los contratos colectivos; si se han resuelto todas las demandas laborales prexistentes a la reforma de 2019; si se ha puesto en marcha el Centro de Conciliación Federal; si ya están funcionado los nuevos juzgados laborales; y si ya están operando los centros de conciliación en cada estado.
El problema más delicado reside en que la iniciativa incluye el nombramiento de Agregados Laborales en México (Mexico Labor Attachés). Se trata de cinco funcionarios del Departamento de Trabajo de EU que trabajarían en la Embajada de ese país y que tendrán el encargo de apoyar al Comité Intersecretarial para monitorear y hacer cumplir las obligaciones laborales de México (textualmente: Assisting the Interagency Labor Committee to monitor and enforce the labor obligations of Mexico), y elaborar reportes trimestrales para la Comisión sobre estos asuntos (cf. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5430).
Según los textos del Protocolo firmado y anunciado en días pasados, y los dichos del negociador mexicano y subsecretario de relaciones Exteriores Jesús Seade, estos Agregados Laborales no fueron materia de la negociación y por lo tanto no se hicieron del conocimiento de México. Por ello, el gobierno se reserva el derecho de revisar sus alcances y efectos.
México debe prestar mucha atención a este asunto pues está en juego la soberanía nacional. Las funciones señaladas en la iniciativa de ley son muy generales.  Si hoy admitimos una injerencia extranjera indebida en estos asuntos, mañana puede tratarse de otros temas vitales como nuestro sistema electoral o nuestras finanzas públicas. Sin embargo, tampoco caben expresiones nacionalistas demagógicas y fuera de contexto. Según el texto presentado a los legisladores, los attachés solo podrán reportar sus observaciones a su gobierno, no podrán aplicar sanciones por su propia decisión, y en todo caso tendrían que llevar sus quejas al panel trinacional.
Más allá de esta polémica, vale la pena reflexionar sobre otro lado del asunto. Hasta ahora, los tratados comerciales carecían de mecanismos reales para hacer cumplir las cláusulas que se refieren a cuestiones laborales o de medio amiente. Los textos se quedaban en buenas intenciones. En esta ocasión, por el contrario, se ha pactado un mecanismo especial, muy detallado, para que las partes, en especial México, cumplan efectivamente con sus obligaciones laborales. Es decir, los gobiernos de EU y Canadá y los dos partidos más importantes de nuestro vecino, el Demócrata y el Republicano, han coincidido en la necesidad de vigilar y sancionar realmente que los trabajadores mexicanos ejerzan plenamente sus derechos y en especial gocen de libertad sindical y negociación efectiva de sus condiciones de trabajo.
En otras palabras, su preocupación ahora será proteger a los obreros mexicanos y no a las empresas, en especial a las trasnacionales, muchas de ellas de capital estadounidense. El sector exportador mexicano, como el automotriz, estará especialmente vigilado en materia de derechos laborales tratando de evitar que caiga en la práctica de los contratos de protección, la cual ha usufructuado durante décadas
Se trata de una mudanza excepcional que debe ser motivo de una reflexión más amplia.  Su origen se puede encontrar en el descontento social que se agudizó con posterioridad a la crisis de 2008. En términos políticos y electorales, se tradujo en el triunfo de Donald Trump en noviembre de 2016. Las banderas proteccionistas del actual presidente de EU buscan detener el flujo de empleos de aquel país a México. Con vistas a las elecciones de noviembre de 2020, ambos partidos han coincidido en poner en práctica una estrecha vigilancia de la situación laboral en nuestro país. Trump lo hace para impedir el outsourcing, es decir el traslado de empresas estadounidenses al sur de la frontera, y los demócratas porque, además, quieren un acuerdo que responda a los reclamos de los sindicatos para contar con su apoyo en las elecciones de noviembre.
Puede observarse entonces una gran influencia por parte de las organizaciones obreras de EU. Durante las últimas décadas se había dicho que el poder sindical estaba prácticamente muerto. Que la globalización neoliberal había anulado el protagonismo de esas organizaciones. Y ahora resulta que lograron imponerse al presidente Trump y a las bancadas legislativas de los dos partidos, incluso por encima de sus diferencias y el juicio político al mandatario. Este fenómeno demuestra, además de sus connotaciones políticas, el posible inicio de un cambio estructural de largo plazo.
En primer lugar, porque el capítulo laboral impone obligaciones a los tres países, no sólo a México, de tal manera que puede utilizarse para mejorar las condiciones de trabajo en toda el área norteamericana. Hay pues un giro: el libre comercio ya no es tan libre, tiene condicionamientos más tajantes que pueden ser sancionados. Ello puede llevar a un esquema de crecimiento regional en el que la mejoría de la situación de los trabajadores adquiera mayor importancia, a diferencia de las décadas pasadas.
En segundo lugar, en el caso de México, las empresas exportadoras estarán sometidas a presiones nacionales e internacionales que nunca habían tenido. La aplicación de la ley, sobre todo en materia de libre sindicalización y contratación colectiva efectiva, pueden cambiar, en el mediano plazo, su modelo de negocios y verse obligadas a adoptar una gestión que pondría el acento en su modernización tecnológica más que en la rebaja de los salarios y las condiciones de trabajo. También podrían convertirse en un freno para las nuevas inversiones estadounidenses y canadienses en nuestro país. O ambas cosas.
Finalmente, obligará al gobierno de México a hacer cumplir la ley, lo que puede presionar hacia el cambio gradual de las variables fundamentales de una economía que ha tenido como motor la exportación de manufacturas y transitar a un desarrollo basado cada vez más en el mercado interno. Igualmente, tendrá que hacerse cargo de un mayor protagonismo sindical en la negociación con las empresas y en la vida política del país. Ya los estamos viendo en el debate abierto sobre la subcontratación.
Podría pensarse que el interés, sobre todo de los demócratas de EU, para cambiar las condiciones de trabajo en toda la región y especialmente en México, es puramente electorero y terminará en noviembre del próximo año. Sin embargo, las previsiones y la vigencia del T-MEC y las leyes que pronto aprobará el Congreso de ese país disponen de la creación de mecanismos e instituciones de largo plazo que no será fácil dejar en el olvido.
¿Estamos ante el comienzo de una nueva fase del capitalismo mundial que pondrá el acento en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y se apoyará en un renovado papel de los sindicatos en la vida política de los países y en la disputa por el curso de la globalización? No lo podremos saber en el corto plazo. Pero sin duda las cosas están cambiando. El resurgimiento del sindicalismo y de las políticas e instituciones laborales es innegable en el nuevo tratado comercial norteamericano. A ver hasta dónde llega.

saulescobar.blogspot.com




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miércoles, 4 de diciembre de 2019

De extremismos y divisiones: un mundo en la zozobra


De extremismos y divisiones

Saúl Escobar Toledo


En el mundo desarrollado, Europa y Estados Unidos, se vive una división política y social cada vez mayor. Partidos y movimientos se mueven hacia los extremos. En Inglaterra, el líder del laborismo, Jeremy Corbyn, ha logrado que su partido apruebe una plataforma muy cargada a la izquierda que ha sido catalogada por algunos como “teñido de marxismo”; en España, el PSOE selló una alianza con Podemos, una agrupación claramente más izquierdista; en Italia, desde agosto, el movimiento cinco estrellas rompió su alianza con la derecha y formó un  nuevo gobierno con la socialdemocracia; en Alemania, el SPD (socialdemócrata) acaba de elegir a una dirección  que pretende romper  con la línea política moderada que sostuvo  la alianza con Merkel . Por su parte, en Estados Unidos, dos de los tres delanteros de la carrera por la candidatura presidencial en el Partido Demócrata son del ala más radical: Elizabeth Warren y Bernie Sanders.
Sin embargo, del otro lado, las opciones de la extrema derecha no retroceden y en algunos casos se fortalecen: en Inglaterra tienen al primer ministro; en España, el partido Vox creció en las últimas elecciones; en Italia la ultraderecha catalogada como fascista mantiene una enorme fuerza en el norte; en Alemania la extrema derecha (AfD) se ha expandido en algunas regiones; y en nuestra vecindad norteña, Donald Trump puede ganar la reelección el próximo año.
Con todos los matices y diferencias que se quieran encontrar, parece que el centro (a la derecha y a la izquierda) ha perdido terreno frente a opciones más radicales. Estas tendencias, hoy se reconoce ampliamente, responden a un crecimiento de la desigualdad y de la exclusión social. Pero también a una democracia que no escucha ni responde a sus ciudadanos. En Francia, los chalecos amarillos han sido el mejor ejemplo de este fenómeno generalizado en los países más prósperos.
Mientras tanto, en América Latina la situación es aún más compleja. Fuertes movilizaciones sociales se han llevado a cabo en los últimos meses en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. A esta lista podrían agregarse   Haití y Honduras que tienen una historia más larga de crisis sociales y políticas. En Brasil, la libertad del ex presidente Lula refleja el desgaste del régimen de Bolsonaro y marca la oportunidad de una recuperación de la izquierda para enfrentarlo. En el terreno electoral, en Argentina perdió la tecnocracia neoliberal y ganó la   opción más progresista, levantando un programa diferente al del derrotado Macri. En cambio, en Uruguay, ganó la derecha gracias a una alianza con un partido extremista, cercano al militarismo autoritario de los años setenta, llamado Cabildo Abierto. Desplazó al Frente Amplio, la coalición más estable y respetada que gobernó ese país por 15 años. Y en Bolivia, se llevó a cabo un golpe de estado encabezado por el ejército y capitalizado por la ultraderecha que logró deponer a un gobierno legítimo. Aquí, la sombra de la guerra civil es más patente.
La división social y política de América Latina tiene similitudes con lo que ocurre en Europa y Estados Unidos: las opciones de la extrema derecha se fortalecen mientras que las tendencias progresistas, partidos y movimientos, se están viendo forzadas a radicalizarse para resistir esa ofensiva. Sin embargo, en nuestra región, a diferencia del mundo desarrollado, la conflictividad social, encarnada en la violencia de las manifestaciones, ha rebasado a las instituciones políticas. Quizás con la excepción de Argentina (y de Uruguay, por lo pronto), la inconformidad ha optado preferentemente por las calles y no por las urnas.
De cualquier manera, la división y el desplazamiento a los extremos en Europa, Estados Unidos y América Latina, demuestra las heridas causadas por la globalización neoliberal y la insatisfacción con la democracia realmente existente. Al mismo tiempo,  se ha agudizado también una gran confusión política e ideológica. Si la ultraderecha sólo puede atizar los conflictos sociales y agravar la situación económica mundial con sus políticas fallidas o sus guerras económicas, las izquierdas aún no afianzan un modelo alternativo capaz de convencer de manera contundente a sus electores y de superar el esquema neoliberal. Y es que esto último requiere enfrentar un enorme poder económico y político, y reformular ideas y comportamientos culturales que se han arraigado en las últimas décadas.
El domingo pasado, el presidente López Obrador, al hacer un balance anual de su gobierno destacó, como era de esperarse, los logros de su administración, aunque también aceptó los grandes pendientes sobre todo en materia de crecimiento económico y seguridad pública. Pidió un año más para dar resultados tangibles en estos últimos asuntos. En un momento de su discurso, el presidente dijo: “Es indudable que estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”.
Un balance de sus aciertos, faltantes y errores es indispensable. No obstante, en este escrito queremos intentar otro enfoque: el movimiento hacia los extremos que estamos presenciando en el mundo desarrollado y en América Latina está tocando a México si bien de una manera aún incipiente. El problema central de este gobierno es precisamente que, usando sus propias palabras, sus políticas son sin duda novedosas y van en un sentido distinto al de sus antecesores, pero no acaban de mostrar resultados contundentes. Ese proceso de transición puede durar un año o más y representa sin duda su flanco más vulnerable. Mientras, la oposición política e intelectual, inclinada a la derecha, apunta a otro lado. Ha condenado al fracaso todas las acciones del presidente y ha construido su discurso sobre la idea de que AMLO es un dictador. Con ello se mueve a la extrema derecha: su radicalismo, comparando a López Obrador con Maduro y recientemente con Evo Morales, ayuda a justificar la exigencia de su renuncia inmediata o su deposición violenta por medio de una gran movilización social que se apoye en un golpe militar. No todos los marchistas opositores el domingo comulgan con estas ideas, pero sin duda el PAN, diversos contingentes que expresaron sin rubor su anticomunismo, y varios intelectuales que se precian de liberales han abrazado esa perspectiva. Del lado izquierdo, ya hemos visto la violencia callejera de varios grupos de mujeres que creen que es la única forma de ser oídas por las autoridades y la sociedad machista que admite o provoca vejaciones diarias contra ellas.
Hasta ahora, estos radicalismos no han representado un problema mayor, como en otros países. En el caso de la derecha política, su esperanza (aunque no mucha), está en las elecciones del 2021 y sería suicida para ella propiciar la violencia más allá del discurso. En lo que toca a los movimientos sociales, una respuesta oportuna y eficaz de los gobiernos (federal y local) puede atenuar su radicalismo callejero. Hay todavía margen para ello.
Y, sin embargo, el movimiento hacia los extremos puede exacerbarse, como en otras partes del mundo si los cambios tardan demasiado en dar resultados palpables. En el caso de México no se trata sólo de una carrera contra el tiempo. El gobierno necesita construir un diálogo crítico, sereno y propositivo con diversas fuerzas sociales. El cambio que proclama el presidente es necesario y muchas de sus medidas van en sentido correcto. No obstante, para corregir errores y desviaciones, y ante el naufragio de MORENA, se requiere reunir a un conjunto de voces que, al mismo tiempo, apuesten por el cambio, señalen las fallas y propongan alternativas. Desafortunadamente, hoy en día, ese coro es muy débil, apenas unas cuantas voces aisladas. Su reagrupación y fortaleza puede ayudar a que en México se lleve a cabo algo excepcional en el mundo: la transición hacia un nuevo orden de manera pacífica y democrática.