El aumento a los salarios mínimos en Estados Unidos y posibles repercusiones para México

La propuesta de aumentar el salario mínimo en EU (y sus implicaciones para México) Saúl Escobar Toledo El Instituto de Política Económica de Estados Unidos (EPI) publicó recientemente una nota informativa (disponible en https://www.epi.org) en la que da cuenta de los beneficios que aportaría un aumento al salario mínimo federal en ese país. También muestra la dimensión de la pobreza laboral existente en la nación más rica del mundo. La iniciativa fue lanzada por el presidente Biden y se encuentra a discusión en el Congreso como respuesta a las presiones de los sindicatos y del ala más progresista del partido Demócrata. Consiste en un incremento gradual que pasaría esta percepción de 7.25 (vigente) a 9.50 este año y hasta 15 dólares por hora en 2025. A partir de ese momento, el mínimo se ajustaría anualmente de acuerdo con el crecimiento de los salarios medios. La propuesta forma parte del paquete de reanimación de 1.9 billones de dólares diseñado por la nueva administración. La mayoría demócrata votó en la Cámara de Representantes en 2019 a favor del aumento salarial y ahora esperan que el senado se pronuncie en este mismo sentido, pero no todos coinciden. Un par de legisladores demócratas y varios republicanos han dado una opinión desfavorable. La oficina del presupuesto del Congreso ha calculado una pérdida de 1.4 millones de empleos; sin embargo, al mismo tiempo, reconoce que más de 900 mil personas saldrían de la pobreza. El impacto negativo no es compartido por todos los economistas quienes consideran que un mayor poder de compra alentará la creación de plazas de trabajo como ya ha sucedido en aquellos estados que decidieron incrementar esta percepción. La crisis del Coronavirus ha polarizado el debate. Los que están a favor consideran que la medida es más necesaria en las circunstancias actuales para resarcir los daños causados por la disrupción económica, mientras que los opositores afirman que afectaría a las empresas que están haciendo esfuerzos por recuperarse. El EPI, por su parte, considera que la medida es necesaria, ya que el salario mínimo federal no ha aumentado desde 2009. Entre otros beneficios el EPI considera que desaparecería el llamado sub-mínimo establecido para trabajadores que reciben propinas (en cafeterías, bares y restaurantes) que se congeló en 2.13 dólares la hora desde 1991. Además, según sus cálculos, 32 millones de trabajadores, el 21% de la fuerza de trabajo estadounidense, se vería beneficiada en 2025. La mayoría de éstos (59%) tienen actualmente un ingreso familiar por debajo de la línea de la pobreza. Recalcan que el incremento será especialmente beneficioso para los trabajadores “de color” y las mujeres, pues el 31% de los afroamericanos y el 26% de los latinos ganan actualmente menos de 25 dólares por hora, al igual que el 23% de las mujeres pertenecientes a estos grupos raciales. Según sus estadísticas, “los trabajadores afroamericanos y latinos reciben un salario entre 10 y 15% menor que los trabajadores blancos que realizan tareas similares”. Por ello, la iniciativa podría acortar las brechas raciales y de género. Además, señala el estudio, las percepciones más bajas se concentran en trabajadores de la educación; en el sector de la salud, enfermeras y enfermeros en hospitales, clínicas y en hogares; y en trabajadores del comercio al menudeo. El informe agrega que un número cada vez mayor de estados y ciudades ya adoptaron un aumento al salario mínimo gracias a la lucha de trabajadores negros y latinos, y a las huelgas de los trabajadores de comida rápidas desde 2012. Diez estados entre ellos California, Florida, Nueva York y el Distrito de Columbia, aprobaron aumentarlo a 15 dólares a partir de enero de este año. Otros nueve, como Washington, Arizona y Nuevo México lo fijaron entre 12 y 14. Además, hay que tomar en cuenta las desigualdades regionales. En las localidades más caras un adulto solo, sin hijos, necesitaría más de 15 dólares por hora en 2025 para cubrir sus necesidades básicas: en Nueva York requeriría 28.70, y en Los Ángeles 24 dólares. El informe de EPI señala también que: En los estados que no han aumentado el mínimo, 10.5 millones de familias que se mantienen gracias a un trabajo de tiempo completo de algunos de sus miembros, sobreviven con el apoyo de programas de asistencia púbica debido a que no alcanzan a percibir los ingresos necesarios para su manutención. Por ello, Medicaid; CHIP (Programa para el seguro de salud de los niños); las food stamps o vales de comida (Programa de ayuda para nutrición suplementaria), entre otros, han alcanzado un monto de 107 mil millones de dólares al año. Es difícil saber cuál será la respuesta del Congreso. Dependerá de la correlación de fuerzas entre el ala progresista del partido demócrata, aliada con los sindicatos, y su facción más vinculada a los grandes consorcios. Aunque muchos de éstos, como Amazon, Walmart, Costco, y Starbucks entre otros, ya han aceptado pagar 15 dólares la hora en algunos estados, generalizar la medida a toda la Unión ha atizado su oposición aduciendo que, en muchos casos va a ser incosteable. Este argumento es rechazado por el EPI que ha calculado que, debido a la gradualidad de los incrementos, éstos podrán ser absorbido por las empresas. Tanto los aumentos salariales ya aprobados en algunos estados como California, como la decisión del Congreso, pueden repercutir en México de diversas maneras. En primer lugar, es previsible un mayor flujo de remesas, las cuales se han sostenido en un volumen importante a pesar de la crisis debido a los programas de ayuda al desempleo y otras transferencias de ingresos llevadas a cabo durante la presidencia de Trump. En segundo lugar, las distintas medidas de recuperación económica del gobierno de Biden, incluyendo el aumento salarial, despertarán mayor atractivo para los migrantes centroamericanos y mexicanos. Finalmente, su impacto en las relaciones comerciales entre ambos países, normadas hoy por el T-MEC va a ser más complejo. Puede motivar el traslado de empresas hacia México para aprovechar las diferencias salariales, pero al mismo tiempo hará que se fortalezca la vigilancia y las presiones para que nuestro país cumpla con las cláusulas laborales del tratado. Recordemos que el Congreso y el gobierno de EU han dispuesto un mecanismo de vigilancia para que se aplique la reforma laboral y desaparezcan los contratos de protección, así como otras formas de abuso, como la subcontratación, que impiden a los trabajadores mexicanos defender sus derechos y mejorar sus ingresos. Ello podría servir para que el gobierno mexicano lleve a cabo una política salarial más progresista; se preocupe por implementar la reforma laboral más rápidamente; y adopte nuevas medidas legales en materia de subcontratación y desempleo. En cualquier caso, es indudable que, en Estados Unidos, el tema de los salarios ha tomado una importancia que no se veía desde hace muchos años. Algo está cambiando como resultado del shock trumpista. Parece que los demócratas están aceptando que el nacionalismo o “nativismo” estadounidense no es un problema meramente ideológico, basada en una cultura racista que arranca desde sus orígenes esclavistas, sino también un fenómeno de empobrecimiento de amplias capas de la sociedad. Para su ala más progresista se trata de un reencuentro con sus pasado roosveltiano (y el proyecto del New Deal) y con la reconstrucción de un Estado de Bienestar en el siglo XXI. México podría aprovechar este nuevo despertar de las causas obreras. Pero allá como acá siempre habrá dos posturas fundamentales. Unos querrán seguirán aprovechando los niveles salariales bajos y los abusos patronales que han distinguido las últimas décadas neoliberales. Otros mantendrán la postura de que es el momento propicio para redefinir el modelo económico y social en cada país y a escala global. En ambos lados de la frontera, la orientación de las políticas laborales y de la reconstrucción económica están por definirse. Esto apenas empieza. saulescobar.blogspot.com

Utilidades y subcontratación: diálogo, negociación y posturas

Utilidades y subcontratación: la negociación en curso Saúl Escobar Toledo El jueves pasado tuvo lugar la quinta y última mesa de dialogo convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de la república con el tema: “Posibles efectos o distorsiones en el Reparto de Utilidades una vez aprobada la reforma en materia de Subcontratación”. En dichas mesas, los participantes presentaron sus puntos de vista por medio de una plataforma digital, las cuales pueden revisarse en el portal que la Secretaría ha dispuesto en Facebook y You Tube. Acudieron a este diálogo representantes de los trabajadores y los empresarios y fueron encabezadas por la secretaria, Luisa María Alcalde. En la del día 28, dicha funcionaria invitó a algunos académicos y tuve la oportunidad de participar. Los voceros del sector privado expresaron reiteradamente dos argumentos: el primero, que la carga que tienen que soportar las empresas es demasiado alta, sobre todo por la elevada tasa impositiva y la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades (PTU); y segundo, que México debe mantener su atractivo para la inversión extranjera en un mercado mundial altamente competitivo. Por ello, manifestaron su oposición a lo que ellos consideraron una “prohibición” de la subcontratación y, con más insistencia, propusieron la necesidad de cambiar la ley para que la PTU no se aplique de acuerdo con un porcentaje (10%), sino con un tope de (o se convierta en un bono equivalente a) treinta días de salario como máximo. Ambas razones son en cierta manera contradictorias pues si en México los impuestos a las empresas y la PTU son ya muy elevados, no se entiende porqué nuestro país es atractivo para la inversión extranjera. Por otro lado, algunos participantes insistieron en que la iniciativa de ley presentada por el presidente prohíbe cualquier forma de subcontratación cuando en realidad lo hace sólo en el caso de aquellos consorcios o empresas que “proporcionen o ponga disposición trabajadores propios en beneficio de otra”. Algunos llaman a esta modalidad “insourcing”, lo cual es inexacto ya que con este término se designa más bien la ejecución de tareas por una empresa que antes realizaba otra. En realidad, lo que se intenta prohibir es que haya una simulación y que una empresa (frecuentemente del mismos consorcio o dueño) maneje la nómina y la administración de personal que labora en otro establecimiento. De esta manera, el corporativo puede eludir el pago de algunas prestaciones, incluyendo el reparto de utilidades, pero también la negociación colectiva y la sindicalización. Se trata en realidad, como expresé en el turno de mi intervención, de una forma de contratación arreglada para omitir diversas obligaciones legales. Los empleados subcontratados bajo este esquema tienen los salarios más reducidos del mercado, muy pocos están inscritos en el IMSS, y, en su gran mayoría, no cuentan con un sindicato ni un contrato colectivo pactado. En cuanto al asunto de la PTU, me permití señalar que México es un país muy desigual: el decil más pobre de la población apenas recibe el 1.8% del ingreso total mientras que el diez por ciento más rico acapara casi el 34%. Incluso el ochenta por ciento de la población recibe el 50% del ingreso mientras que el veinte por ciento más afortunado concentra el 50 por ciento restante. Esto ha provocado un Índice de Gini de 0.469 que es uno de los más altos (y por lo tanto indica una mayor desigualdad) de los países de la OCDE. Lo anterior es en parte debido al desequilibrio entre salarios y ganancias en la producción. En el cuarto trimestre de 2019, según cifras del INEGI, la remuneración de los asalariados fue de 27.75% del PIB mientras que el excedente bruto de operación concentraba casi el 45%. Como se sabe, los salarios promedio (no sólo el mínimo) de México son también muy reducidos ocupando casi el último lugar de los países de la OCDE. En cuanto a la carga fiscal, destaca el hecho de que los impuestos a la propiedad son casi insignificantes, apenas 0.328 % del PIB, mientras que en otros países, por ejemplo, Chile o Colombia, representan entre el 1. 118 y el 1.787%. El promedio de la OCDE es de 1.856%, es decir, seis veces mayor. De esta manera puede afirmarse que hay un espacio muy amplio para mantener las disposiciones vigentes del reparto de utilidades y que las dificultades de las empresas no obedecen a un alto costo de la fuerza de trabajo. Hay que señalar, además, que esquemas similares, de “profit-sharing”, existen en varios países del mundo, entre ellos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque con distintas particularidades. Sin duda, las bajas remuneraciones de la mano de obra han sido un atractivo para las inversiones externas pero este modelo se está agotando. El T-MEC formado con Estados Unidos y Canadá dedica todo un capítulo y un conjunto de previsiones dedicados a México, para impedir las empresas sigan abusando de estas condiciones. Insistir en esa ventaja comparativa y en reducir o cancelar la PTU, y mantener el artificio de esa modalidad de subcontratación, va en contra de la letra y el espíritu del Tratado y puede generar un malestar entre los gobiernos y parlamentos de nuestros socios comerciales. Y, sobre todo, hay que reiterarlo, la PTU es un mecanismo redistributivo que mal haríamos en suprimir dadas los niveles de desigualdad existentes y la porción tan reducida que corresponde al trabajo en el PIB total. Según mi apreciación, los representantes patronales, desafortunadamente, no mostraron voluntad para mejorar, de alguna manera, la situación deplorable de desigualdad y pobreza laboral existente en nuestro país y, en cambio, insistieron en sacar ventaja del diálogo abierto por el gobierno para mantener los esquemas de subcontratación fraudulentos, o para cambiar la ley y la naturaleza de la PTU si se aprueban las reformas a la LFT. Según su punto de vista, este mecanismo debe convertirse en una prestación de un monto fijo en lugar de una forma de compartir la bonanza de las empresas. Este intento de cambalache, catafixia o quid pro quo, es una mala señal de la llamada iniciativa privada; un intento oportunista y perverso para terminar con una conquista laboral que se obtuvo desde el Constituyente de 1917. Es cierto que ha faltado, por parte del gobierno, una política de recuperación económica que incluya mayores apoyos a las empresas, sobre todo a las micros y pequeñas. Sin embargo, en lugar de intentar formar un frente común con los sindicatos y la sociedad para construir un plan que ofreciera mejorías para todos, simplemente se decidieron por la táctica de la presión política basada en falsedades o hipótesis muy cuestionables, manifestando una falta de solidaridad con la población trabajadora y con la desgracia que ha sufrido la inmensa mayoría de los mexicanos debido a la pandemia. Si realmente quisieran discutir un plan de recuperación económica inclusiva, que abarcara ventajas o ayudas a las empresas y los asalariados, sería bueno, por ejemplo, poner en la mesa de diálogo, la posibilidad de mejorar la recaudación que grava la propiedad, no sólo de activos inmobiliarios sino también financieros en manos de personas físicas. Con ello mejorarían las finanzas públicas, habría mayores recursos para la recuperación económica y se afectaría sólo a una porción de la sociedad, la que posee grandes propiedades inmobiliarias e instrumentos financieros cuantiosos. A cambio de estas aportaciones a cargo de las personas más prósperas (acaso el 1%), las empresas podrían obtener mejores condiciones fiscales, los trabajadores podrían conservar sus empleos (hoy en riesgo por los cierres motivados por las medidas sanitarias), y negociar sus salarios y prestaciones en mejores condiciones. La negociación que escuché en esos diálogos, por voz de los representantes empresariales, va en sentido contrario: lo que algunos llaman un juego de suma cero. Ganar a costa de las pérdidas de los otros. saulescobar.blogspot.com