Propuestas para el diálogo y transformación del país ; trabajo, ingresos y protección social

Propuestas para el diálogo y la transformación del país Saúl Escobar Toledo Un grupo de académicos amplio, plural e interdisciplinario publicó recientemente un documento “Propuestas para los próximos años” (disponible en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx). Abarca distintos temas incluyendo las relaciones internacionales de México; la democracia; la política social; el trabajo; la seguridad y la paz; la cultura; la política económica; la energía; la infraestructura; el desarrollo sustentable; la gestión del agua; el México rural; y el territorio. No se trata de un “compendio enciclopédico de los grandes problemas nacionales” y por lo tanto no están incluidos todos los temas que dificultan a México. El documento es, más bien, un conjunto de propuestas desde distintos campos del conocimiento para abrir un diálogo amplio con actores políticos, sociales y académicos. Un resumen que fue resultado de un intercambio de puntos de vista y ponencias que se presentaron durante varios meses auspiciados por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y como respuesta a una convocatoria del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El propósito consiste en promover “cambios estructurales que permitan consolidar la recuperación tras la crisis de la pandemia de la Covid-19, y que, a la vez, nos encaminen a la superación de los rezagos que históricamente han marcado nuestra realidad, algunos de los cuales se agravaron después de la recesión de 2008-2009”. La introducción agrega: “A las consecuencias de un largo periodo de bajo dinamismo económico, elevados niveles de pobreza y desigualdad, precariedad hacendaria, degradación ambiental, inseguridad y violencia generalizadas, incumplimiento de los derechos reconocidos y otros rasgos que caracterizan desde hace tiempo nuestra condición nacional, se suman ahora las incertidumbres globales caracterizadas por fluctuaciones económicas muy marcadas, las nuevas tensiones generadas por la guerra en Ucrania (y ahora la que ocurre en Palestina), el agravamiento del cambio climático y otros referentes planetarios”. El tema 5 “Trabajo, ingreso y protección social ante un nuevo entorno mundial”, estuvo a cargo de Norma Samaniego, Claudia Schatan y el autor de estas líneas. Consideramos que el trabajo es un elemento central para definir la estrategia de desarrollo para México ya que es un factor de crecimiento y la fuente de ingresos más importante de los hogares mexicanos. Por ello, el objetivo primordial de dicha estrategia debe consistir en la generación de empleos de calidad. Las oportunidades que ofrece el T-MEC y las tensiones geopolíticas (el nearshoring) pueden ser aprovechadas si se adopta una mayor intervención del Estado para orientar esas inversiones tanto a nivel regional como en actividades productivas específicas. Advertimos, sin embargo, que hay factores que pueden dificultar la creación de empleos de calidad en México: “en el plano externo… el bajo crecimiento esperado en la economía mundial, y en el plano interno la restricción del gasto social en aspectos esenciales como la educación y la salud, y la limitada expansión de la inversión pública”. Frente a estos riesgos, México necesita hacer cambios estructurales que son impostergables; proponemos varios ejes de una nueva estrategia del mundo del trabajo en México: Se requerirá en primer lugar impulsar una estructura productiva “generadora de mayor valor agregado y de empleos de mayor nivel de calificación e ingreso, con una distribución territorial más equilibrada de la actividad productiva y del empleo, y que favorezca a los jóvenes y las mujeres de manera prioritaria…” En segundo lugar, mejorar constantemente los ingresos y las condiciones de trabajo lo que incluye, entre otras cosas, continuar incrementando el salario mínimo y reducir la jornada laboral. De esta manera se promovería un aumento de la productividad y, al mismo tiempo, una mejoría de la calidad de vida de los trabajadores. También se propone evolucionar hacia un régimen de protección social universal lo que implica construir un sistema público universal de salud, financiado por medio de impuestos generales; fortalecer los actuales sistemas de protección frente a los riesgos de enfermedades profesionales, incapacidad, y edad avanzada; en particular y de manera destacada, un seguro de desempleo orientado a mitigar el impacto negativo de la pérdida del trabajo y del ingreso laboral ante situaciones críticas. Igualmente, establecer las bases legales e institucionales para un ingreso vital como mecanismo de apoyo focalizado y temporal en momentos de crisis para trabajadores no asalariados que impida que caigan en la pobreza extrema (como en el caso de Acapulco debido a los estragos del huracán Otis, agrego, tal como lo expuse en un artículo previo publicado en estas mismas páginas de El Sur). En el capítulo respectivo del documento, advertimos que “El cambio tecnológico ha dado lugar a nuevas modalidades laborales que cobraron presencia y se multiplicaron desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo híbrido y el trabajo asociado a las plataformas digitales”. Por ello, resulta indispensable brindar protección a quienes laboran de estas maneras ya que en muchos casos han quedado fuera de los esquemas de protección social vigentes. En lo que concierne por ejemplo a los empleados por plataformas digitales ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos y sin seguridad social. Otro eje se refiere al sistema de pensiones contributivas, el cual requiere atención urgente: es necesario definir un esquema incluyente y sustentable que no represente, como el actual, una creciente carga fiscal y que, además, ayude a solucionar el grave problema estructural que ha impedido que una gran parte de los adultos mayores gocen de una pensión digna o suficiente para su retiro. Asimismo, proponemos “repensar la educación y la formación continua ante la presencia de la cuarta revolución industrial”, lo que implica superar problemas ancestrales como el analfabetismo y encontrar respuestas oportunas a la brecha digital y nuevas formas de extender el aprendizaje y su actualización durante toda la vida laboral. También se propone consolidar las nuevas instituciones en materia de impartición de justicia laboral, libertad y democracia sindical con base en la reforma laboral de 2019. Y asegurar el cumplimiento de las reformas en materia de trabajo doméstico y de subcontratación fortaleciendo la inspección y la difusión intensiva y lo más amplia posible, de los nuevos ordenamientos para orientar a los trabajadores y patrones. Igualmente, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesitará también poner atención al fuerte déficit de instituciones del cuidado, lo que ha implicado mayores cargas para las mujeres. Finalmente, consideramos que se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que son los más afectados durante los periodos de crisis; tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada. El documento completo trata un conjunto de asuntos que se enumeran y explican de manera sucinta pero que, consideramos, deben formar parte de una agenda más amplia para la transformación del país. Ahora que las campañas electorales están comenzando, deseamos que sirva para que la competencia enriquezca sus contenidos y no sea un mero concurso de siglas y personas. Sabemos que existen otros espacios similares. Nuestra contribución, entonces, puede ser un puente de entendimiento para impulsar una causa común: un México más democrático, justo e incluyente. saulescobar.blogspot.com

La concentración del ingreso y la riqueza en México. Algunas tendencias recientes

Concentración del ingreso y de la riqueza en México Saúl Escobar Toledo Ciudad de México, México, 5 de diciembre de 2023. El “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”, un estudio de la CEPAL publicado recientemente (www.cepal.org/es/publicaciones/ps) da cuenta de los graves problema de desigualdad que sufre la región. En primer lugar, señala que “a fines de 2023 se cumple en la región una década que se inició en 2014 en que el crecimiento promedio ha sido extremadamente bajo, de solo un 0,8%, menos de la mitad del crecimiento promedio durante la denominada década perdida de los años ochenta”. Lo anterior, advierte, ha propiciado altos niveles de desigualdad. Sin embargo, agrega el informe, a partir del año pasado se pueden advertir algunas tendencias positivas: una caída en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, una reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, un incremento en las tasas de participación laboral y el empleo y una caída de la desocupación en 2022. Esta mejoría relativa no debe ocultarnos otro problema de enorme importancia: la distribución personal de la riqueza, la cual alcanza niveles de concentración mucho mayores que el ingreso. Algunos estudios muestran que en 2021 “el decil superior concentraba bastante más riqueza que ingreso, y que la diferencia en cuanto a la participación en cada uno de ellos oscilaba entre 15 y 21 puntos porcentuales”. Por ello dice el estudio de la CEPAL, “la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad… A diferencia del ingreso, la riqueza… tiende a perdurar de una manera más sólida a lo largo del tiempo”, debido a que “suele transmitirse entre generaciones (sobre todo por medio de las herencias y los negocios controlados por las mismas familias). De esta manera, se puede afirmar , con base en evidencias, que hay una correlación negativa entre la desigualdad de la riqueza y la movilidad social intergeneracional y que esa concentración de riqueza persiste sobre todo en los sectores más ricos. La concentración de la riqueza, agrega el estudio de la CEPAL, tiene efectos negativos en el desarrollo económico pero también en la política ya que puede aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las élites y las instituciones, particularmente cuando “el origen o el aumento de la riqueza de los multimillonarios se explica por sus conexiones políticas o por sus vínculos con el aparato estatal, lo que puede llevar a cuestionar la legitimidad de su patrimonio y fomentar las tensiones sociales” Ahora bien, la CEPAL advierte que no hay fuentes oficiales para medir la extrema riqueza en los países de América Latina y el Caribe por lo que el estudio decidió recurrir a la información recopilada en la lista anual de multimillonarios de Forbes. En esa lista figuran todas las personas del mundo cuyo patrimonio personal neto es igual o superior a 1, 000 millones de dólares (excluyendo a las personas que obtuvieron ingresos en actividades ilegales). Ese patrimonio es la suma de activos financiero y no financieros menos las deudas. En 2022 el patrimonio de ese puñado de “milmillonarios” de la región llegó a 453 mil millones de dólares corrientes lo que significó un aumento de 4, 600 millones respecto a 2021. Sin embargo, descontando la inflación (particularmente aguda en 2021 y 2022) , la riqueza real de esos milmillonarios cayó 6.6%, a un nivel casi igual a la que detentaban un año antes de la pandemia. Oxfam 2023 = 1% más rico del mundo 45.6% riqueza mundial; 50% = 0.75% El estudio señala que “el mayor nivel de concentración de la riqueza extrema en 2021 tuvo lugar en el Brasil, donde los milmillonarios poseían el 6,4% de la riqueza nacional, seguido por Chile (5,4%) y la Argentina (4,7%)… En el caso de México se observó que en los últimos tres años la concentración de la extrema riqueza cayó en comparación con los años previos a 2019, lo que se explica porque entre 2012 y 2021 el patrimonio de los milmillonarios creció a un ritmo menor que la riqueza de la población general. En 2018 representaba un 4.5% de la riqueza de la población total y cayó al 2.7% en 2020 aunque volvió a elevarse en 2021 a 3.3%. Así, en este último año, la riqueza de los mil millonarios aumentó alrededor de 3 veces más que el patrimonio del resto de la población. Los sectores de actividad en los cuales se concentró el patrimonio real de los milmillonarios latinoamericanos fueron los siguientes: finanzas e inversiones, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, y minería y metales, en ese orden. El estudio de la CEPAL, como se advierte, no da cuenta de la estructura de la distribución de la riqueza en la región. Tan sólo la que existe en unos cuantos milmillonarios. Sin embargo, hay razones para considerar que la concentración de la riqueza en México, a pesar de la mejoría den la distribución del ingreso, se acentuó en los últimos años en los niveles más acomodados de la población. Según el portal Wealth Inequality (Wid.World) que ofrece datos acerca de la concentración de la riqueza en diversos países del mundo, en el caso de México, el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.4%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.8 por ciento y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47.1 por ciento de la riqueza nacional. Por otro lado, con base en la Encuesta de Inclusión Financiera 2021 (www.gob.mx/cnbv) que llevó a cabo la Comisión Nacional de Bolsa y Valores y el INEGI, se advierte que “el 56% de la población adulta del país reportó haber sufrido afectaciones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19”. Y que las afectaciones fueron más graves en las regiones Sur (58%) y Centro Oriente (67%). La encuesta también señala que “la población afectada se vio obligada a recurrir a diversas medidas para enfrentar el choque económico. Casi la totalidad de la población que sufrió alguna clase de afectación económica reportó haber reducido sus gastos para enfrentarla (el 95%)” Y agrega que “alrededor de 8 de cada 10 personas afectadas recurrió a sus ahorros”. Además, el 18% declaró haber empeñado o vendido bienes . Por lo que, señalan, “parte importante de la población vio reducido su nivel de bienestar al tener que limitarse en su consumo y reducir sus ahorros, además, de que posiblemente sus redes familiares de soporte se vieron también afectadas, lo que pudo haber generado una situación de mayor vulnerabilidad financiera”. Es decir, la mayoría de la población tuvo una pérdida de su patrimonio que fue resultado tanto de la disminución del ahorro personal y de los bienes que poseían (y que tuvieron que vender o empeñar). Ello, independientemente de que, al reducir su consumo se privaron de la compra de inmuebles u otros enseres que hubieran formado parte de su patrimonio futuro. La encuesta señala, adicionalmente, que apenas un 21% de la población tenía un seguro en 2021, el cual pudo haber utilizado para remediar sus pérdidas. Y acusa de una notable desigualdad entre género, pues apenas el 16% de las mujeres contaba con un seguro mientras que el 26% de los hombres lo tenía. Asimismo, encontró que un 40% de la población adulta carecía de cualquier instrumento de ahorro y que aquellos que tenían alguno o algunos, éstos consistían en cuentas de ahorro, de cheques o de nómina, instrumentos que proporcionan una muy baja o nula tasa de rendimiento. En cambio, apenas el 2% de la población adulta en México tenía una cuenta en inversiones y depósitos a plazo, las cuales ofrecen tasas mucho más altas. Finalmente hay que advertir que sólo el 33% de la población adulta tenía un crédito, principalmente una tarjeta de una tienda departamental (20%) o de una tarjeta de crédito bancaria (11%). Lo anterior da cuenta de que una gran parte de la población no puede ahorrar y quienes lo hacen, en su enorme mayoría, no reciben beneficios o son muy exiguos. En cambio, aquellos que se endeudaron han tenido que pagar intereses muy elevados. Esta situación seguramente se agravó para la gran mayoría de los mexicanos cuando el Banco de México decidió aumentar las tasas de interés. Recordemos que esos aumentos escalaron rápidamente del 4% en junio de 2021 al 11.25% en mayo de 2023. En resumen, hay razones y evidencias para suponer que la tendencia en la concentración de la riqueza no fue la misma que en el caso de los ingresos. En un primer momento debido a los daños ocasionados por la pandemia (pérdida de ahorros y bienes) y luego por la subida de las tasas de interés que afectaron los créditos contratados, particularmente en tarjetas departamentales y de crédito (aunque también los hipotecarios), todo lo cual afectó seguramente a la mayoría de las familias mexicanas. En cambio, la elevación de las tasas, en los últimos dos años, ha rendido ganancias por encima de la inflación a aquellas personas que poseen cuentas de inversión y a plazo, las cuales forman minoría muy reducida. La concentración de la riqueza, como dice la CEPAL, afecta la economía y acentúa el malestar social y político. Sin embargo, al mismo tiempo, podría verse como una “oportunidad” para “obtener ingresos fiscales permanentes y progresivos que se pueden usar para aplicar políticas públicas que permitan garantizar los derechos sociales”. Es decir, pone sobre la mesa, con carácter prioritario, la necesidad de una reforma fiscal que grave más, de manera proporcional, el ingreso y el patrimonio de los más acomodados, quizás menos del 10% de la población. Un asunto que tendrá que ser tomado en cuenta por el próximo gobierno. saulescobar.blogspot.com