El sexenio 1970- 1976

Echeverría y el sexenio 1970-1976. Saúl Escobar Toledo El fallecimiento del expresidente Luis Echeverría ha dado lugar a diversos comentarios en los medios de comunicación. Sin embargo, creo que se le ha dado demasiada importancia al personaje y, en menor medida, a discutir el sistema político que LEA encabezó. Lo anterior resulta explicable dado que no todos los días muere un personaje de este calibre. No obstante, también puede ser ocasión para reflexionar acerca de la herencia que nos dejó ese sexenio. Una visión histórica simplista y un tanto rudimentaria, basada en la idea de la “presidencia imperial” pretende decirnos que Echeverría fue el responsable de un conjunto de infortunios que se explican a partir de sus decisiones en el poder ejecutivo. Así, el pleito con los empresarios, el proyecto económico, pretendidamente redistributivo, y su política exterior “progresista” condujeron a la devaluación del peso y a la “guerra sucia”, la represión y la crisis. Todo, debido a los propósitos malignos, irresponsables y demagógicos del presidente. Dicha interpretación da a entender que estos acontecimientos estuvieron directamente relacionados y fueron parte de un mismo proyecto. El asesinato de Garza Sada, por ejemplo, ocurrió por la irresponsabilidad o complicidad presidencial, lo mismo que la desaparición de cientos de opositores y la masacre del 10 de junio. Esta mezcolanza contradictoria adquiere sentido, según sus autores, a partir de las decisiones de un solo individuo: Luis Echeverría. Sin embargo, hay otra manera de ver la historia: como un conjunto de fuerzas sociales y actores políticos que se enfrentan con diferentes causas y propósitos en una realidad en la que las tendencias económicas nacionales y mundiales; las estructuras políticas; y el descontento social, resultan factores esenciales para comprender los acontecimientos. Una visión más compleja que puede permitirnos entender mejor los hechos ocurridos en ese periodo. Echeverría fue, sin duda, el principal responsable, como jefe del Estado mexicano, de la matanza del jueves de Corpus, de la represión ilegal e inmisericorde contra los grupos guerrilleros y otros movimientos sociales pacíficos. Como señaló el Comité 68 pro libertades democráticas, con base en las investigaciones disponibles, puede afirmarse que fue uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre (como secretario de Gobernación), de los crímenes del 10 de junio de 1971, y de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la “Guerra Sucia”. Pero no fue el único. Estos hechos fueron responsabilidad del Estado mexicano. Participaron en ellos fuerzas del ejército, de las policías, y de diversas dependencias a nivel federal, estatal e incluso municipal. El poder judicial y legislativo fueron, al menos, cómplices. Desde este punto de vista, el fallecimiento de Echeverría es irrelevante. Las investigaciones y los procesos judiciales tienen que continuar. La reciente apertura de los archivos militares, su análisis y sus resultados, deberán ofrecernos mayor luz acerca de las desapariciones forzadas ocurridas durante la década de 1970 y de lo que significó para los derechos humanos y la democracia. Por otro lado, la política económica de ese gobierno y sus afanes por redistribuir mejor el ingreso, no pueden ni justificar ni atenuar las acciones represivas; sin embargo, tampoco fue el origen o la causa de estas últimas. El cambio, en esta materia, respondía a una reclamo social y político que dejó el 68 y al surgimiento de nuevos actores sociales. El fracaso de esas medidas económicas, por su parte, se pueden explicar por un conjunto de factores, principalmente por la coyuntura internacional y la existencia de un régimen político permeado por la corrupción, el autoritarismo y la inexistencia de un apoyo social que nunca se movilizó para defender ese proyecto. Aquí tampoco hay un responsable único, sino un conjunto de actores políticos: algunos se enriquecieron con el manejo de los recursos públicos; otros tomaron decisiones equivocadas; y también hubo aquellos que pensaron, sinceramente, que estaban haciendo lo correcto. Pongamos de ejemplo la política laboral: se elevaron los salarios mínimos reales y contractuales; aumentó el empleo; se modificaron varias disposiciones legales, para la revisión anual (y no bianual) de los salarios; se crearon instituciones como el INFONAVIT y FONACOT. Al mismo tiempo, el gobierno desató una represión contra los movimientos sindicales insurgentes de esos años, particularmente contra la tendencia de los electricistas democráticos. Estos movimientos tuvieron diversas demandas, relacionadas por supuesto con sus condiciones de trabajo. No obstante, la principal, fue el reclamo por la democracia en las organizaciones sindicales, el derecho a elegir libremente a sus dirigentes. No hubo en este aspecto, ninguna “apertura democrática”. El gobierno decidió defender, sin concesiones, el aparato de control sindical corporativo, el charrismo. Lo hizo, otra vez, no sólo por decisión presidencial, sino también porque ese sistema de control obrero, encabezado por la CTM y el Congreso del Trabajo, presionaron para defender sus privilegios y mantenerse como el único interlocutor reconocido por el gobierno. Esta capa de líderes fue tan culpable, como el presidente y su gobierno, de esas campañas de aniquilamiento de las oposiciones democráticas obreras. En lo que toca a las contradicciones dentro del propio gobierno y con el bloque dominante empresarial, éstas reflejaron la incapacidad de un régimen autoritario para conducir y poner en práctica exitosamente un conjunto de reformas, pero, igualmente, la absoluta cerrazón y la rigidez de esa élite privilegiada, el llamado sector privado, para cambiar el rumbo de una economía que ya presentaba, varios años atrás, serias contradicciones que apuntaban a una crisis inminente. Algo parecido puede decirse de la política exterior del sexenio. Sus posiciones progresistas, especialmente en el caso del golpe militar en Chile y su discurso tercermundista, se daba de topes con su comprobada sujeción a los dictados provenientes de Washington y su colaboración con la CIA. En especial, para acabar con todo vestigio de una amenaza comunista en nuestro país en aras de la “seguridad hemisférica”. Dos caras de un mismo régimen. Contradictorias, y al mismo tiempo, funcionales para la sobrevivencia y la continuidad de la clase política agrupada en el PRI. El análisis del sexenio de 1970-1976 no puede reducirse a la conducta de un solo personaje. Tampoco, desde luego, se debe subestimar su responsabilidad política e histórica. Si lo observamos de manera más amplia, nos arroja un panorama complejo en el que sobresale la rigidez de un sistema político; los rasgos de un gobierno que decidió sacrificar sus impulsos reformistas para salvar la continuidad del régimen priista; y la codicia de las élites dominantes, políticas y económicas. Hasta aquí podría decirse que fue el principio del fin de la hegemonía indisputada del partido único. Sin embargo, también fueron años en que los actores sociales, obreros, campesinos, organizaciones urbano-populares, clases medias y grupos de estudiantes, profesores y de la cultura, surgieron con nuevas propuestas programáticas, políticas e intelectuales. Muchos de estos actores fueron reprimidos y en ocasiones exterminados. A pesar de ello, en conjunto, lograron traspasar esas fronteras cronológicas y construir una conciencia democrática que se volvería materia de disputa en los años siguientes. Por un lado, aquellos que postularon una democracia “sin adjetivos”, anuncio de las ideas neoliberales que se impondrían años después. Por otro, los que han sostenido una democracia que abarque los derechos humanos plenos: económicos, sociales, y culturales. En este debate seguimos, en condiciones muy distintas, pero arrastrando todavía muchos cuestionamientos, aún no aclarados, que dejaron esa primera mitad de los años sesenta.

Una nueva estrategia de desarrollo para Brasil

Frente “Vamos juntos por Brasil”: por una nueva estrategia de desarrollo Saúl Escobar Toledo

En un documento publicado hace unos días, el Frente que contendrá en las elecciones generales de Brasil el próximo mes de octubre y que tiene como candidato a la presidencia a Lula Da Silva, se plantean, de manera muy general, algunas propuestas para lo que será el programa de gobierno de esta coalición formada por diversos partidos y organizaciones, incluyendo, desde luego al Partido de los Trabajadores (PT). El documento contiene 121 puntos y será sometido a debate público por medio de las plataformas digitales, señalaron los autores. Para ello está disponible en la página https://www.programajuntospelobrasil.com.br. De esta manera, podemos pensar que se trata de un conjunto de bases programáticas que han logrado la unidad de las izquierdas brasileñas para apoyar a sus candidatos y, sobre todo, para ofrecer a la sociedad brasileña un nuevo proyecto “para la reconstrucción y transformación” de ese país. Lo interesante, para el resto de los latinoamericanos, consiste en saber si este proyecto aporta cosas nuevas: en relación con las pasadas administraciones de los gobiernos de Lula y Dilma entre 2003 y 2016, y frente a otros agrupamientos de la izquierda de nuestra región que han logrado ganar la conducción del Estado. Desde este punto de vista, podríamos adelantar que en el proyecto hay, en efecto, nuevas orientaciones, continuidades y, también, ideas que parecen obsoletas o, por lo menos, poco interesantes. El documento señala en primer lugar, como era de esperarse, que “el primer y más urgente compromiso que asumimos es la restauración de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población brasileña… combatiendo el hambre, la pobreza, el desempleo, la precarización del trabajo y del empleo, y la desigualdad y la concentración de los ingresos y la riqueza”. Estos objetivos son y han sido banderas de las izquierdas y reflejan las principales críticas a los gobiernos neoliberales. Son planteamientos indispensables quede deben ser incluidos en cualquier programa de izquierda. Las novedades surgen cuando señalan que estos propósitos se lograrán mediante “la sustentabilidad social, ambiental, y económica para enfrentar el cambio climático…” Ello, afirman, “requiere cuidar nuestras riquezas naturales y producir y consumir de forma sustentable…”. Es decir, avanzar en la “transición ecológica y energética propiciando el surgimiento de una economía verde incluyente”. Para ello el documento plantea el financiamiento y apoyo a la producción de alimentos de los pequeños agricultores y a la agricultura orgánica. Asimismo, se comprometen a la protección de los derechos y los territorios de los pueblos indígenas. Tenemos, dicen, “el deber de asegurar la posesión de sus tierras, y, al mismo tiempo, combatir la depredación de los recursos naturales y estimular las actividades económicas con menor impacto ecológico”. Para ello, agregan, será necesaria una reforma agraria que propicie una economía verde e incluyente basada en la conservación, restauración y el uso sustentable de la biodiversidad. Estas medidas servirán para alcanzar la soberanía alimentaria apoyando sobre todo la agricultura familiar y a las agroindustrias que agreguen valor a la producción y tengan una alta competitividad mundial. En esta misma dimensión proponen una reforma urbana que reduzca las desigualdades territoriales y fomente la transición ecológica de las ciudades por medio de inversiones en infraestructura del transporte público, vivienda, y equipamiento social. Para ello consideran, se requerirá “un vigoroso programa de inversiones públicas”. Por otro lado, plantean la necesidad de una nueva legislación laboral. Aquí, lo más interesante, es que se trata de extender la protección social para “todas las formas de ocupación, de empleo y de relaciones de trabajo, con especial atención a los trabajadores autónomos, a los que trabajan por cuenta propia, trabajadores domésticos, teletrabajo, home office, y por medio de plataformas y aplicaciones digitales…” Para ello sugieren la necesidad de un nuevo modelo de pensiones y de renta básica ciudadana que transite gradualmente hacia un sistema universal con un financiamiento sustentable. Otro punto destacable consiste en su propósito de fortalecer y modernizar la estructura productiva por medio de la reindustrialización basada en el estímulo a los sectores y proyectos innovadores. Una reindustrialización de nuevo tipo basada en nuevos sectores asociados a la economía digital y verde. Ello, añaden, requerirá un gran proceso de transformación tecnológica. Para financiar estas metas consideran la necesidad de una reforma tributaria solidaria, justa y sustentable, en la que los pobres paguen menos y los ricos más, reduciendo los impuestos al consumo y combatiendo la evasión. Finalmente, hay que señalar que en los puntos que se refieren a la seguridad pública, 31 a 35, lamentablemente no hay nada nuevo. Sin duda es un tema que deberá ser objeto de un debate más profundo. Desde mi punto de vista, el documento propone algunas ideas que reflejan un cambio de estrategia que podemos resumir en varios aspectos: Primero, la insistencia, en todo el documento, de que el desarrollo deberá basarse en una economía verde e incluyente. Segundo, en el señalamiento de que las políticas públicas se enfoquen en la protección de los trabajadores más desprotegidos, especialmente aquellos que laboran por cuenta propia, y en las nuevas formas de contratación que utilizan las redes digitales. Tercero, en la propuesta de una nueva política industrial que no sólo fortalezca el crecimiento de este sector, sino que también lo haga fomentando, mediante la inversión pública, una producción basada en el cambio tecnológico y la transición ecológica. Y cuarto, la mención de una reforma tributaria que combata la corrupción, fomente la transparencia del gasto, propicien el consumo interno y grave a los sectores más opulentos. Si recordamos, las administraciones del PT se basaron en la exportación de bienes de consumo primarios, lo que llevó a descuidar la sustentabilidad ecológica del desarrollo. A pesar de algunos avances legales, se consideraba que “la lógica económica no es compatible con la lógica de la ecología”. Ahora, según el documento, se trata de cambiar completamente este paradigma y se propone que la sustentabilidad ecológica es la mejor vía para el desarrollo económico. Por otra parte, aunque aumentó el consumo interno, se propició un retraso en la industrialización del país y a una pérdida de su competitividad internacional. Al mismo tiempo, se dejó de lado cualquier intento de llevar a cabo una reforma fiscal progresista. Asimismo, se avanzó poco en los propósitos de establecer medidas como la pensión no contributiva y el ingreso básico con cobertura universal. Las políticas redistributivas se basaron en los aumentos del salario mínimo y las transferencias de ingresos a las familias, en especial, las que se encontraban en extrema pobreza. No hubo un programa para proteger, específicamente, a los trabajadores no asalariados más vulnerables. Indiscutiblemente, los gobiernos del PT sacaron de la pobreza a millones de brasileños, se redistribuyó el ingreso y hubo un crecimiento económico importante. Este esquema, sin embargo, se basó en un modelo primario-exportador muy vulnerable a los cambios de los mercados internacionales lo cual se manifestó en el gobierno de Dilma a partir de 2012 El “programa de reconstrucción de Brasil” parece haber aprendido las lecciones del pasado y proponer, en trazos gruesos, un nuevo esquema de desarrollo. Esperemos que se profundice y, por supuesto, que se haga realidad. Significaría un nuevo comienzo de la izquierda brasileña: no sólo al lograr, otra vez, un triunfo electoral y la asunción de Lula a la presidencia de la república; también, ofreciendo una nueva ruta programática de cambio para América Latina. saulescobar.blogspot.com