Los Derechos Especiales de Giro y el peligro de una crisis financiera mundial

Los DEGs y la próxima crisis financiera Saúl Escobar Toledo Hace unos días, la directora -gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebraba el respaldo del Consejo Directivo de esa institución para una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a 650 mil millones de dólares. Se trata – dijo- de la mayor asignación en la historia del FMI y servirán para enfrentar, a nivel global, las necesidades que tienen muchos países para mantener sus reservas monetarias, en esta etapa -agregó-en que el mundo vive la peor crisis desde la Gran Depresión (1929). Ahora se requiere presentar un proyecto para dotar, país por país, esos DEGs. La directora del FMI señaló que esta inyección servirá para aliviar las necesidades de liquidez de todos los países miembros del FMI, y con ello, se alimentará la confianza, la capacidad de respuesta y la estabilidad de la economía global. Consideró que el reparto de los DEGs deberá beneficiar principalmente a los países más vulnerables. Ello requerirá la voluntad de las naciones más ricas para apoyar a las más pobres y ayudar así a combatir la pandemia y alentar el crecimiento económico. Pero ¿qué son los DEGs y por qué es importante este anuncio? Aunque puede resultar un poco difícil de explicar para aquellos que están alejados de la jerga económica, cabe aclarar que los DEGs no son una moneda sino un activo (asset), creado y distribuido por la Junta de Gobernadores del FMI, es decir por todos los estados nacionales, bajo ciertas reglas que le dan un gran poder de decisión a las naciones más prósperas, en especial a Estados Unidos. Este instrumento está destinado, principal, aunque no únicamente, a fortalecer las reservas monetarias de los gobiernos nacionales que normalmente se depositan en los bancos centrales. Estas reservas sirven para evitar devaluaciones bruscas o una carencia de divisas (principalmente el dólar), necesarias para importar bienes como medicinas (vacunas), alimentos, insumos (como el petróleo o el gas) y maquinaria. También para el pago de sus obligaciones de deuda externa. En otras palabras, una dotación suficiente de DEGs pueden ayudar a que, sobre todo los países más endeudados o pobres, puedan utilizar sus recursos para beneficio de sus habitantes y de su economía, en lugar de depositarlos en sus bancos centrales. Los DEGs fueron creados en 1969, basados en una idea de un economista latinoamericano, Raúl Prebisch. Se trata de un activo meramente contable (no existe un billete o una moneda) y se define mediante una canasta de cinco divisas: el dólar de EU; el Euro; el renminbi chino; el yen de Japón; y la libra esterlina. En sus primeros años, se utilizaron como un complemento de las reservas monetarias para que ésta no dependieran sólo del dólar estadounidense y del oro. La idea era evitar una guerra monetaria y un desorden mayúsculo. No se logró. Y en 1973, ante la fluctuación permanente de las tasas de cambio de las monedas más fuertes en el mundo, la emisión de DEGs cayó casi en total olvido. Como consecuencia de la crisis de 2008, los DEGs revivieron y se utilizaron para aliviar un poco los efectos de esa crisis. Desde el año de su creación y hasta ahora, se habían asignado un total de 293 miles de millones de dólares, de los cuales más del 90% se crearon en 2009 a raíz de la Gran Recesión. De esta manera, la decisión de asignar una cantidad de DEGs equivalente a 650 mil millones de dólares significa un cambio radical. Más de lo doble de lo que se había destinado en toda su historia. El problema, en esta ocasión, es que su distribución beneficie a los países más pobres pues según las reglas del FMI, los DEGs se otorgan de acuerdo con las cuotas que los países aportan al Fondo. Los más ricos se quedan con una mayor asignación de DEGs. Sin embargo, los países miembros del FMI decidieron en 2009 un reparto más equitativo. Esta vez, debe apegarse, muchos más, a la debilidad financiera de cada país. El otro asunto es la cantidad. Según varios centros de estudio e instituciones, en realidad se requieren algo así como 3 billones de DEGs, una cantidad aproximada de 4 billones de dólares. Es decir, cinco veces más de lo que ya se autorizó. Por su parte, la CEPAL (Informe especial COVID 19, 8 de julio de 2021) ha reconocido que la iniciativa más importante para proteger las reservas internacionales y evitar la volatilidad de los tipos de cambio, la fuga de capitales o la posibilidad de crisis bancarias, particularmente en América Latina, consiste en la propuesta de una nueva emisión de DEGs equivalente a 650.000 millones de dólares, y su asignación a las economías en desarrollo. Esta institución afirma que la distribución de los DEGs se dividirá en tres partes. La primera consistiría en aumentar el financiamiento del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), lo que beneficiaría a los países de menores ingresos. La segunda consistiría en un fondo fiduciario para financiar la lucha contra el cambio climático, la transformación digital y los gastos relacionados con la salud. La tercera parte se destinaría a apoyar préstamos de bancos multilaterales de desarrollo (que otorgan créditos en dólares a una tasa de interés muy baja). El informe señala que América Latina y el Caribe se beneficiaría de una nueva emisión de DEGs, al fortalecer algunas de las economías más pequeñas y endeudadas, disminuyendo así su prima de riesgo y liberando recursos para el financiamiento de gastos para enfrentar la pandemia. Precisa que la contribución de una nueva emisión de este activo como porcentaje de las reservas internacionales favorecería principalmente a Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, El Salvador, Belice y Haití. México no recibiría muchos recursos por este concepto. Sin embargo, la CEPAL advierte también que para sostener el gasto público y evitar una crisis financiera, se requiere un “mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente, sobre todo, a las obligaciones contraídas con los acreedores privados; y una agencia multilateral de calificación crediticia (en lugar de las privadas como Moody´s y Standard & Poor´s). Asimismo, considera que se debe ampliar el alcance de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, acordado por el G20, más allá del 2021 y que debe incluirse a los países de ingresos medios, no sólo a los más pobres. Es decir, a naciones como Brasil, Argentina y México. Estas propuestas no han recibido una respuesta, hasta el momento, de los organismos multilaterales como el FMI, ni de los gobiernos de los países más poderosos. En resumen, hay esfuerzos sin precedentes para ayudar a superar los problemas actuales, que en cierta medida rompen con el modelo neoliberal, pero todavía son insuficientes. Si no se fortalecen y se toman en cuenta medidas más drásticas como las que propone la CEPAL y otros centros de investigación, la posibilidad de que se produzca al mismo tiempo una crisis mundial de grandes dimensiones, tanto financiera (por falta de pago de las deudas) como social (debido a la ausencia de recursos para luchar contra la pandemia y reactivar las economías), es una posibilidad que cada vez más se perfila en el futuro inmediato. México, a pesar de haber sostenido una política económica muy conservadora en materia de gasto y deuda, no podría escapar de este negro escenario porque la magnitud de sus obligaciones externas ha crecido (como proporción del PIB), y por los efectos de contagio que pueden producirse por la situación internacional. Una acción conjunta, sostenida por México, Argentina (miembros del G20), y quizás ahora Perú, apoyada también por otras naciones como Bolivia, podría servir mucho para ampliar la asignación de DEGs y llevar a la mesa las propuestas de reestructuración de las deudas como propone la CEPAL. Si el gobierno de López Obrador persiste en su política de restricción del gasto público, al menos podría mostrar una cara más progresista en el escenario mundial. saulescobar.blogspot.com

Acerca de Capital e Ideología de Thomas Piketty.

https://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/1313 Acerca de Capital e Ideología de Thomas Piketty. Reseña publicada en El Trimestre Económico no.351, julio-septiembre de 2021.

Un apunte de las elecciones del 6 de junio de 2021

Sumas, restas y pendientes: un breve recuento de las elecciones del 6 de junio Saúl Escobar Toledo Publicado en Brújula Ciudadana no. 129, mayo 2021. disponible en https://www.revistabrujula.org Para tratar de hacer un balance mínimo de los resultados de los comicios del domingo pasado, supongo que hay que partir de las ofertas básicas que ofrecieron, por un lado, el bloque opositor (PRI, PAN; PRD), y el oficialismo (Verde, PT y Morena) por el otro. Los primeros apuntaron que lo que estaba en juego era muy sencillo, consistía en optar entre la democracia y dictadura; los defensores del actual gobierno propusieron en cambio que los electores tendrían que decidir entre volver al pasado de corrupción o darle continuidad a los esfuerzos de la 4T para combatirla. Ambas propuestas eran bastante simples y no se presentaron proyectos más elaborados para enfrentar los problemas del país en materia de pobreza, crecimiento económico, violencia estructural, salud y educación. Desde este punto de vista, sin duda, la mayoría de los electores escogieron la alternativa “no más corrupción” y desdeñaron el argumento de que la democracia mexicana estaba en peligro bajo el mandato de AMLO. Así lo demuestran los triunfos de Morena en 11 gubernaturas y en varios congresos estatales ( en alrededor de otras ochos entidades). De acuerdo con lo anterior, no hay mucha cabida para la confusión: tanto el PRI como el PAN perdieron varios estados que gobernaban. Frente a la posibilidad de optar por “los corruptos de siempre” decidieron darles una oportunidad a otros candidatos. Tal fenómeno se puede extender a los casos de Nuevo León y San Luis Potosí. En realidad, sólo en Querétaro y Chihuahua ganó de nueva cuenta el PAN mientras que el PRI perdió todos los gobiernos estatales que antes estaban en sus manos. En el caso de las elecciones para diputados federales, la competencia entre “democracia o dictadura” o “no más corrupción” fue más pareja. La diferencia entre ambos bloques fue menor en términos de número de votos (43 vs 40%) pero en las diputaciones de mayoría relativa (distritales) la diferencia se amplía: 185 vs 108. Habrá que advertir que todas estas cifras y las que presentamos más adelante provienen del INE y son aproximadas, sujetas a rectificación por los órganos competentes y no incluyen a Movimiento Ciudadano, otros mini partidos y votos nulos. Según los resultados oficiales, la coalición Morena, PT, Verde tendrá mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de manera holgada con un grupo que oscilará entre 275 y 280 legisladores, lo que le permitirá aprobar cambios en las leyes secundarias y los ingresos, egresos y deudas públicas. Así las cosas, el presidente y los partidos que lo apoyan tienen razones para estar satisfechos. Las pérdidas fueron relativamente menores y se mantuvo lo más importante: el control mayoritario de la CD. Resulta curioso que los medios y la oposición traten de apreciar los resultados electorales confundiendo, por ignorancia o mala fe, términos como mayoría simple, mayoría absoluta o mayoría calificada. Esta última, que significa más de 333 diputados, no la ha obtenido ningún partido o coalición desde 1988, cuando el control casi monopólico del PRI empezó a resquebrajarse. En 1991, por ejemplo, el PRI subió su votación de manera muy notable en comparación a 1988, pero en ese año obtuvo sólo 320 curules. Para llevar a cabo las reformas neoliberales y modificar la Constitución hizo alianza con el PAN. Desde entonces se elaboró el término PRIAN para distinguir esta nueva fase, caracterizada por el control político del legislativo a manos de estos dos partidos. Quienes afirman que fue un triunfo que la coalición de la 4T no ganara 334 diputados caen en el engaño, ya que tal cosa era prácticamente imposible. Esta falacia ha sido útil, sin embargo, para la propaganda del bloque opositor y ha servido para mentirle a sus seguidores. Lo que resulta curioso es que algunos comentaristas y “expertos” reproduzcan esta apreciación, un tanto descabellada. En este panorama general, que pude calificarse como positivo para el gobierno y sus aliados, destacan los resultados adversos de la Ciudad de México. En la capital, como se sabe, la oposición ganó 9 alcaldías de 16. En términos porcentuales también superó a la coalición Morena-PT-Verde: 45 vs 44%. Para entender estas derrotas, habrá que admitir que los electores le dieron a Morena una sopa de su propio chocolate: también dijeron “no más corrupción” y votaron en contra de sus candidatos por diversas razones que habrá que estudiar con más detenimiento. Desde mi punto de vista, el fenómeno tiene que ver con el accidente de la Línea 12 del Metro y la reacción del presidente y en menor medida de la Jefa de Gobierno. Ante la reacción de las autoridades, los ciudadanos detectaron una actitud cómplice, opaca y poco sensible con las víctimas. Sheinbaum tuvo que pagar un precio demasiado alto pues ha enfrentado, mejor que otros gobiernos estatales y la propia administración federal, la coyuntura pandémica y, en general, ha conducido de manera adecuada las riendas de gobierno del gran monstruo urbano. Otras razones que podrían explicar el retroceso electoral de Morena tienen que ver con la estructura del partido en la capital. Actuaron como 16 agrupaciones políticas; no se coordinaron; no tuvieron un plan ni un discurso común; se dice que hubo “fuego amigo” o traiciones internas para favorecer a candidatos rivales; y en algunos casos, los sufragantes identificaron a sus candidatos como “los mismos de siempre”. En lo que toca a los congresos, tanto federal como local, las pérdidas fueron relativamente menores pero significativas: en lo que toca al local, la coalición Morena, PT, Verde también tuvo un porcentaje menor de votos que la oposición, aunque ganó 19 de las 33 curules de mayoría relativa, lo que probablemente le asegure el control del Legislativo capitalino. En cuanto a las diputaciones federales, esta alianza ganó 12 y perdió 12. En este asunto, el presidente ha adoptado una explicación muy dudosa. Asumirse como víctimas de una campaña de desprestigio e incluso mencionar la portada de The Economist como prueba no resulta convincente. La pregunta obvia es por qué tal cosa no afectó su votación en otras partes del país, por ejemplo, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (ganados por Morena) donde hay niveles educativos relativamente altos y la vinculación de las economías locales con Estados Unidos es mucho más evidente que en otras regiones de México. Tampoco parece razonable suponer que la división entre las alcaldías del oriente y del poniente resulte tan significativa como se pretende. Según esta narrativa, de un lado se concentran los ciudadanos más prósperos e informados, mientras del otros están los más pobres y laboralmente informales. Algunas caricaturas lo ponían así: en el occidente están los que pagan impuestos; del otro lado los que viven de los subsidios gubernamentales; de este lado los que tienen tarjetas de crédito, del otro los que sobreviven con la que otorga el gobierno a los adultos mayores. Tales apreciaciones no resisten un análisis más fino: varias delegaciones ganadas por la oposición, según CONEVAL se encuentran entre las que tenían un mayor porcentaje de familias en pobreza en 2015: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Magdalena Contreras. A mi modo de ver se trata de una división pasajera que puede modificarse en las próximas elecciones. No es aquí entonces donde hay que encontrar la explicación de las derrotas de los partidos de la 4T. Finalmente habría que señalar que el futuro del bloque opositor y de los apoyadores de AMLO es incierto. De un lado, está claro que el partido fuerte es el PAN y es el que mejor refleja el sentir del electorado conservador. El PRI perdió varias posiciones y el Sol Azteca posiblemente se quede sin registro. Para afianzarse como cabeza y eje de la oposición, el PAN tendrá que fortalecer su perfil: no al aborto ni a las uniones del mismo sexo; separarse de otras demandas del feminismo; insistir en las banderas tradicionales de la democracia liberal (incluso si ello supone proteger a los acusados de corrupción de los sexenios anteriores); y, sobre todo, oponerse a una política económica que amplíe la protección social a los más pobres mediante transferencias en efectivo o medidas como el aumento del salario mínimo; restringir la intervención del Estado en la economía y abogar por el libre mercado; descartar una reforma fiscal progresiva (o apoyar una que afecte a los más pobres aumentando el IVA) y reprobar no sólo las obras de infraestructura actuales sino cualquier otro esfuerzo en este sentido. Por su parte, la coalición encabezada por Morena tendrá el acompañamiento obligado del Verde lo que puede resultar muy incómodo y hasta peligroso. El PT no representa ningún problema, pero tampoco ayuda mucho. Y el partido mayoritario difícilmente podrá aguantar, tal como está, sus guerras fratricidas, su pragmatismo a ultranza, y su ausencia de definiciones ideológicas y programáticas. El asunto de la Ciudad de México no podrá pasar inadvertido, como si nada hubiera sucedido. Además, su relación con el presidente y el gobierno le exigirá mayor disciplina pues los votos de cada legislador son ahora más importantes. Ello puede conducir a una mayor subordinación al Ejecutivo, pero también podría suceder que éste se decidiera por acelerar algunos cambios legislativos e incluso una reestructuración de sus acciones e integrantes. En este caso, MORENA también tendrá que ser parte de esas mudanzas. Recordemos también que la segunda parte de los sexenios han servido para preparar la transición hacia la nueva administración presidencial, en este caso, la que surgirá de los comicios de 2024, lo que elevará la tensión interna. En síntesis, en las elecciones del domingo, a pesar de que algunos resultados podrían apreciarse de manera contradictoria, hubo ganadores y perdedores Falló la estrategia de “Democracia o dictadura” y tuvo mayo éxito la de “No más corrupción”. Sin embargo, estas narrativas, una vez pasados los comicios, tendrán que formularse en ideas y propuestas más sustanciosas. Esa será la tarea más importante del PAN y Morena, cada uno por su lado, en los próximos meses. ¿Lo harán, o se conformarán con seguir navegando con discursos huecos y ataques mutuos, desconociendo las crudas realidades que sufre el país? saulescobar.blogspot.com

A cincuenta años del halconazo del 10 de junio: un testimonio

10 de junio: Ganar la calle Notas para el Seminario: a cincuenta años del halconazo, testimonios DEH- INAH, secretaria de Gobernación, INHERM Disponible YouTube Saúl Escobar Toledo El 10 de junio de 1971, en la página editorial de Excelsior, apareció un artículo firmado por el periodista y escritor Ricardo Garibay titulado “Ganar la calle; perder la pelea”. Transcribo algunos párrafos: “los líderes del movimiento del 68 han pedido, recomendado y exigido (quedarse dentro de las aulas estudiando) y han demostrado que ganar la calle ahora, precisamente ahora, es renunciar a algo que no se vio ni se pudo ver en 68: la necesidad, la oportunidad, la urgencia de prepararse a todas prisa para el ejercicio posible desde la Universidad… Ganar la calle es entrar en la dispersión, en la íntima distracción, en la no participación… en las tareas de esta colectividad que estamos siendo, haciendo, los mexicanos. Ganar la calle es posponer una vez más y no por un día sino por mucho tiempo otra vez el tiempo de estudio, el de la reflexión, la toma del poder por el espíritu. Es un acto de provocación gratuito y aberrante, porque hoy es cuando el gobierno, por primera vez en más de medio siglo, está buscando y propiciando la identidad entre la inteligencia, la juventud y el poder. Es buscar mañosa y suciamente la represión gubernamental que acarreará desprestigio y debilidad al gobierno… Es hacer el juego a los grupos de presión más indecentes que padece el país, los que acaban de perder … es volver a ofrecerles el país en bandeja de plata, listo para su hartazgo”. (fin de la cita) Por su parte, el editorial de Excelsior el 11 de junio condenó duramente la represión. Sin embargo, no pudo evitar que apareciera la siguiente frase: “El exceso represivo es tan condenable como la actitud de los manifestantes”. Años después, la revista Proceso, en su número del 20 de mayo de 2012, poco después del fallecimiento de Carlos Fuentes recordaba que: El aclamado escritor “fue uno de los intelectuales de los años setenta que… asumieron su adhesión al régimen al adoptar la frase Echeverría o el fascismo. Fernando Benítez, asesor del presidente, en entrevista con Proceso (807) en abril de 1992, respondió ante la posición asumida por el autor de “La región más transparente “y otras novelas memorables, que “Fue una expresión exacta… En ese momento la situación de México era muy grave y podía haber caído en un fascismo del que nos salvó Echeverría…” Posteriormente, hay que destacarlo también, en sus “Personales memorias del sexenio” (Proceso, 5), Ricardo Garibay narró su experiencia durante esos años. Desde noviembre de 1968, recordó, se propuso estar lo más cerca posible del poder para incidir “en bien de la nación” en las decisiones, y reconoció: “Nunca fui informado de nada importante, nunca se me consultó para nada (...) Me equivoqué (...) Me pasé de ingenuo. Comprobé a mi costa que la inteligencia no debe ni puede estar con el poder, sino enfrente del poder y contra el poder, para beneficio de ambos.” Por su parte, Fuentes, en un diálogo con el periodista James R. Fortson (publicado en 1973 en el libro Perspectivas mexicanas desde París), tras comparar a Echeverría con Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, respondió a quienes criticaban su respaldo a Echeverría: “No acabamos de digerir nuestros traumas (...) Creo que en primer lugar el responsable único (del 2 de octubre de 1968) fue el presidente de la República de México. En segundo lugar, que en Tlatelolco intervino el Ejército por órdenes de la Presidencia y de la Defensa, no de Gobernación. Y, en tercer lugar, que aunque Echeverría hubiese sido 100% responsable del 68, no podemos hacer una política a base (sic) de la noción cristiana del pecado original y convertirnos en estatuas de sal mirando siempre hacia atrás...” En marzo de 1999, Fuentes explicó, igualmente a Proceso, (No. 1167) que no sólo él, sino otros escritores, como Fernando Benítez y Octavio Paz, habían creído en la llamada apertura democrática prometida por Echeverría, e insistió en considerar que existía realmente el temor de que el poder hubiera sido tomado por los militares” Con lo anterior quiero resaltar que el ambiente político antes y después de la represión del 10 de junio dividió a intelectuales, activistas y dirigentes de los movimientos sociales, incluyendo aquellos que se manifestaron dentro de las universidades. En el 68, también hubo críticas y condenas al movimiento por diversas personalidades, por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano, considerado como uno de los marxistas más lúcidos del país y dirigente de la izquierda mexicana. No obstante, estos señalamientos provenían de personas y organizaciones ajenas al movimiento que nunca simpatizaron con él. En junio del 71, en cambio, las opiniones adversas acerca de la marcha del 10 de junio provinieron de escritores, periodistas, universitarios de distintas disciplinas que habían simpatizado y apoyado al movimiento estudiantil y su demanda por la democracia. Casi todos, después de ocurrida la masacre, condenaron la represión y pidieron el esclarecimiento de los hechos y una investigación especial sobre la existencia de los halcones. Otros profesores, periodistas e intelectuales, en cambio, reprobaron tajantemente al gobierno sin atenuantes. Lo que me interesa subrayar en esta plática es que el debate antes y después del 10 de junio de 1971 fue muy fuerte sobre todo en las escuelas del Poli y en la UNAM. En esos momentos yo era un activista del CL de la ENE; apoyé decididamente la convocatoria a la marcha; y participé con mi contingente ese día. Afortunadamente, salí ileso entre otras cosas porque pude refugiarme con (aproximadamente) otros veinte compañeros en una casa particular. Recuerdo muy bien que una señora nos abrió la puerta de su domicilio apurándonos para entrar. Estuvimos ahí refugiados varias horas hasta que la balacera terminó y decidimos salir uno por uno con gran sigilo. La generosidad y la valentía de la familia que nos protegió fue una muestra de la solidaridad popular con el movimiento estudiantil. Ahora bien, en lo que se refiere al debate interno, recuerdo que, ante la diversidad de puntos de vista, hubo largas reuniones de los Comités de Lucha de la UNAM y, en particular en el de Economía; asambleas generales de estudiantes y profesores muy tirantes en las que la discusión fue muy exhaustiva; e incluso debates en los salones de clase muy acalorados. Nuestra actividad, la de los integrantes del Comité de Lucha, fue muy intensa no sólo para difundir la manifestación sino especialmente para debatir las diferencias que afloraron. Al recordar estos momentos, debe quedar claro que mi intención no es poner en duda la calidad intelectual y artística de la obra de Fuentes, Garibay, o Benítez, etc. Tampoco juzgar sus posiciones políticas en ese momento o posteriormente. Lo que intentaré, más bien, es tratar de explicar por qué (algunos) partidarios de salir a la calle no dudamos de nuestra posición y explicar qué nos motivó a mantener la convocatoria a la marcha a pesar de la división de opiniones. En primer lugar, nos propusimos romper el cerco impuesto desde el 2 de octubre. Una valla de silencio, olvido e impunidad se había impuesto en la vida política del país. Este cerco se agudizó incluso por acontecimientos como el mundial de futbol de 1970. Ante ello queríamos retomar la calle para anunciar que el movimiento estudiantil mantenía sus reclamos y protestas frente a la antidemocracia, el autoritarismo y las mentiras del gobierno pretendiendo ocultar sus crímenes. Queríamos que se supiera que las cosas no habían cambiado y que había que seguir luchando por cambiar este país En segundo lugar, salir a la calle nos parecía necesario para que otros grupos inconformes también pudieran manifestarse. Y creo que así fue: en 1971 y, más claramente, después de ese año, hubo una gran ola de movimientos sociales campesinos, urbanos, y obreros. Uno de los mejores ejemplos fue la TD del SUTERM que inició sus movilizaciones en ese 1971; otras huelgas obreras se llevaron a cabo en distintas ramas económicas. Éstas empezaron a aumentar desde 1972 de manera muy clara. A ese período se le ha llamado, con razón, los años de la Insurgencia Obrera. Hubo también hubo rebeliones campesinas, tomas de tierras y el surgimiento de nuevas organizaciones en el campo y en la ciudad. En tercer lugar, queríamos salir a la calle porque no confiamos en la reforma que proclamaba el gobierno. El cambio de estrategia gubernamental con el arribo de Echeverría a la presidencia ha sido materia de numerosos ensayos. Podemos reconocer las intenciones de llevar a cabo una política económica más distributiva; impulsar la educación sobre todo superior (los CCH bajo la rectoría de la UNAM de González Casanova surgen en 1971); y una política exterior más progresista. Lo que no cambió, y esto es lo que me parece fundamental, fue la estrategia de aniquilar las oposiciones políticas y sociales. Tal cosa resultó muy evidente en la propia historia de la TD del SUTERM y muchos otros movimientos inconformes. Recordemos, además, que después del 71 se desató la llamada guerra sucia que incluyó una nueva modalidad represiva, las desapariciones de activistas, sospechosos de guerrilleros y militantes de grupos armados. Muchos de ellos, después de varias investigaciones independientes, se encontró que, en realidad, fueron activistas y dirigentes sociales. Un cuarto aspecto fue el ambiente general que se percibía en América Latina, en particular, debido al triunfo de Salvador Allende en las elecciones que se llevaron a cabo a finales de 1970. En 1971, su régimen estaba en plena marcha transformadora y sentíamos que, si bien resultaría muy difícil repetir en México un triunfo en las urnas como el de la UP, Chile representaba un brillante ejemplo de que el socialismo era una opción para AL. Nuestra admiración por Chile era muy grande: algunos recordarán incluso que la música y las canciones de Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Inti Illimani se cantaban desde el 68 en casi todas nuestras reuniones. Poco se ha dicho de la relación entre la victoria de Allende y el 10 de junio, pero por lo menos para mí, según recuerdo, fue muy inspiradora. Finalmente, hay que recordar que fuimos un movimiento muy izquierdista y al mismo tiempo muy novedoso. El movimiento estudiantil mexicano no fue el único caso. En Europa, EU y otras partes de América Latina también surgieron expresiones de una nueva izquierda muy radical, muy joven y creativa desde los años sesenta y muy destacadamente en los 70´s. Aunque la comunicación era entonces mucho menos inmediata y accesible que ahora, nos enteramos de estas nuevas tendencias que aparecieron sobre todo en Europa. Esa nueva izquierda tuvo dos características: su rompimiento con la socialdemocracia y su alejamiento crítico con el marxismo soviético. En las universidades mexicanas, particularmente en la UNAM, esos vientos renovadores se observaban y estudiaban con mucho interés. Hubo un regreso a Marx, y a una lectura o relectura de sus textos que resultó en un enriquecimiento de las interpretaciones de la realidad mexicana, aunque también, a veces, se cayeron en nuevos dogmatismos. Ganar la calle el 10 de junio de 1971 no fue una simple calentura juvenil o producto de una falta de reflexión. Fue una respuesta pensada y discutida para continuar la lucha por la democracia y el cambio; y una reacción ante los nuevos tiempos que soplaron en AL y el mundo. Éste es mi testimonio. Gracias por su atención.

¿Hacia una nueva relación económica México - Estados Unidos - Canadá?

¿Es posible una nueva relación económica con Estados Unidos (y Canadá)? Saúl Escobar Toledo La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a nuestro país el pasado 8 de junio sirvió para atender diversos asuntos de la agenda bilateral. Los medios de comunicación le dieron importancia sobre todo a la cuestión migratoria pero la Sra. Harris le dio un lugar destacado, también, a la cuestión laboral. Y de ellos poco se ha hablado. En la reunión que celebró con dirigentes, activistas y expertos laborales, así como en su conferencia de prensa, la vicepresidente argumentó que su gobierno, es “uno de los más favorables para los trabajadores y los sindicatos en la historia de Estados Unidos” (pro workers, pro unions). Por ello, se comprometió públicamente a apoyar la organización de sindicatos y a la negociación colectiva tanto en EU como en México. Insistió en que en este aspecto hay coincidencia con la administración del presidente López Obrador y que esta visión aportará una mayor prosperidad económica y mejorará el nivel de vida de los trabajadores en ambas naciones. Argumentó, con cierta amplitud, las bondades de la unión sindical y la negociación colectiva ya que, dijo, ello da lugar a resultados “justos” para ambas partes, empleados y empleadores. Nuestro objetivo, agregó, es que la relación económica se “traduzca en empleo decente en ambos lados de la frontera”. Más adelante anunció una adición presupuestal de 130 millones de dólares para ayuda técnica y programas de apoyo para la implementación de la reforma laboral, y la erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes. Esta ampliación se liga a 610 millones de dólares que ya se habían contemplado para esos mismos fines. De ellos, 100 millones se invertirán en los próximos seis meses. A lo anterior hay que agregar la posición de Canadá, el tercer socio del T-MEC que había anunciado por medio de su embajador en nuestro país, el 2 de junio, que su gobierno destinará 27 millones de dólares para programas que permitan cambios en las prácticas laborales, promover la reforma y su implementación. Es decir, dijo, para apoyar a los trabajadores mexicanos y la promoción de sindicatos democráticos. Las cosas no han quedado sólo en declaraciones y anuncios de financiamiento. Ya existen, por lo pronto, dos quejas por motivos laborales que han sido retomadas formalmente por el gobierno de Biden al más alto nivel bajo el mecanismo planteado por el T-MEC. Como dijo la representante comercial, Katherine Tai, encargada de presentar la denuncia, ahora se trata de “defender a los trabajadores en el país y en extranjero”. Una de ellas se refiere a un conflicto en la fábrica de autopartes Tridomex, ubicada en Matamoros, donde, aseguran, se afectaron seriamente los derechos laborales de negociación colectiva y libre asociación. La investigación está en curso y si se encontrara que, en efecto, hubo estas faltas, tendrían que repararse o, en su caso, aplicarse sanciones a la empresa que incluyen aranceles adicionales o prohibiciones a sus exportaciones. Hay que decir que esta empresa es una filial de Cardone Industries, con sede en Filadelfia, dedicada a la fabricación de autopartes. Se trata de un clásico ejemplo de una maquiladora en la que por muchos años se han cometido violaciones sistemáticas de los derechos laborales, lo que ha sido acompañado de la inexistencia de sindicatos representativos y contratos colectivos legítimos. Esta fue la segunda queja en un mes presentada formalmente por las autoridades estadounidenses. La primera fue contra una planta de General Motors, en la que laboran más de seis mil personas, ubicada en Silao, Guanajuato, debido a que se cometieron graves irregularidades en una votación que realizaban los trabajadores para legitimar el contrato colectivo, en manos, hasta ahora, de la CTM. El escándalo llegó incluso al Congreso; una comisión especial exigió a la empresa no entrometerse en los asuntos sindicales. El cambio en la orientación de las políticas comerciales y económicas de EU representa, al menos verbalmente, una mudanza muy significativa. Durante décadas Washington ha defendido a sus empresas e inversionistas a toda costa, apoyando medidas represivas, intervenciones directas de la CIA, y hasta acciones violentas contra gobiernos que han intentado ser, como dijo la Sra. Harris, favorables a los trabajadores y sus organizaciones. La administración estadounidense nunca había mostrado simpatía por los sindicatos y la defensa de la clase obrera frente a las arbitrariedades que cometen las filiales de los grandes consorcios manufactureros instaladas fuera de su territorio. Este giro se debe a un conjunto de razones, entre ellas la fuerte presión de los sindicatos. La vicepresidenta aludió claramente a esta situación cuando platicó con los laboristas mexicanos. Aparentemente, se ha abierto una brecha política en esa nación, en la que o bien se impone un gobierno con una línea progresista y pro laboral; o no queda sino la opción ultraconservadora de la derecha republicana cuya figura central sigue siendo Trump. Un centrismo al estilo Obama o Clinton no parece una buena alternativa en estos momentos. Sin embargo, no queda claro hasta donde podrá llegar la nueva orientación del gobierno Biden. Dentro de su propio partido hay resistencias a algunas de las nuevas orientaciones del presidente, como la reforma fiscal. En el caso de México, falta conocer cuál será la reacción de las empresas, las cuales, por lo pronto, ha negado su responsabilidad en la violación de derechos laborales. No podemos saber si los directivos aceptarán cambiar sus esquemas laborales y aceptar una negociación con los trabajadores en términos justos, como dijo la vicepresidenta, o seguirán buscando alargar el estado de cosas con diversas maniobras jurídicas. Podrían incluso decidir su salida de nuestro país y regresar a Estados Unidos, cosa que su gobierno, seguramente, vería con buenos ojos. A pesar de estas incertidumbres, de la crisis motivada por la pandemia a nivel mundial y de un escenario que pinta una recuperación lenta de nuestra economía, o precisamente para tratar de superar este escenario, se abre una oportunidad para que México se inserte en las relaciones con sus socios comerciales de una manera distinta, en la que la llamada “ventaja comparativa”, consistente en salarios muy reducidos y malas condiciones de trabajo, deje de jugar un papel tan relevante. Para ello, el gobierno de López Obrador no sólo deberá llevar a cabo una mayor vigilancia de las leyes laborales como lo están exigiendo sus socios comerciales. En el mediano plazo tendría que proponer un nuevo esquema de política industrial que permitiera atraer inversiones foráneas, al mismo tiempo que aumenten los salarios y las prestaciones contractuales. Para que ello suceda, y las empresas extranjeras no se retiren de nuestro territorio, el gobierno de México se vería obligado a ofrecer incentivos basados en una infraestructura más moderna; ofrecer una mejor calificación de la mano de obra; y mayores recursos destinados a la investigación y aplicación de la ciencia y la tecnología. Es decir, en lo fundamental, construir una nueva inserción de nuestro país en la globalización económica. En el mediano y largo plazo, una mejoría sostenida de los salarios y las condiciones laborales de los mexicanos tendría que surgir de un nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá que, más allá de lo pactado en el T-MEC, abra nuevas formas de cooperación para el desarrollo. Un nuevo tipo de relación entre las empresas de capital extranjero y los trabajadores mexicanos con el apoyo de los gobiernos de las tres naciones tendría viabilidad sólo si descansa en un aumento sostenidos de la productividad. Y esto último requeriría un incremento muy relevante de la inversión basada en el cambio de tecnologías y los procesos de producción. Un cambio de esta magnitud requeriría tiempo y un ambiente político favorable la región norteamericana. Soplan vientos nuevos, pero no está claro si llegarán muy lejos. saulescobar.blogspot.com