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jueves, 28 de mayo de 2020

Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia. Varios autores. UNAM, mayo 2020


Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia 

Varios autores 


Abajo,  el vínculo de un libro recientemente editado por la UNAM. Un esfuerzo colectivo que busca reflexionar y hacer propuestas en en esta etapa pandémica.

Espero sea de su interés

Saludos y gracias 

Grupo Nuevo Curso de Desarrollo

"Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia"  está disponible en la liga http://www.pued.unam.mx/export/sites/default/publicaciones/42/Cambiar_rumbo.pdf  

miércoles, 20 de mayo de 2020

Proteger los empleos: cuestión indispensable y urgente


No se hagan bolas, son los empleos

Saúl Escobar Toledo

Hace unos días, CONEVAL (www.conveval.org.mx) publicó un interesante estudio titulado “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México” (mayo 2020) que, en síntesis, advierte que los efectos de la pandemia tendrán un inevitable impacto en la economía, el comercio, el bienestar y las condiciones de vida de la población. Ello se debe principalmente a que “los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos más vulnerables” pues el 70 por ciento del ICTPC (Ingreso Corriente Total per Cápita) de los hogares depende de los ingresos laborales.
El problema es que la mayor parte de las ocupaciones son muy precarias. De esta manera, la parálisis productiva (por la reclusión hogareña) puede llevar no sólo a grandes caídas del PIB sino también a altos niveles de desocupación: pueden desaparecer hasta casi dos millones de empleos formales e informales que difícilmente se recuperarán, lo que a su vez provocarán un aumento de la pobreza. Los mexicanos en esta condición aumentarían de 61 a 71 millones. Por su parte, la cantidad de extremadamente pobres aumentaría de 21 a 31 millones de personas. Cifras que pueden cambiar de acuerdo con el comportamiento del ritmo económico.
Ante estos escenarios, CONEVAL afirma que es necesario diseñar una estrategia para afrontar los efectos que esta emergencia que incluya medidas de mediano y largo plazo, imprescindibles para construir un sistema de protección social que sea capaz de enfrentar eventos críticos como el que ahora padecemos.
El organismo evaluador considera que las previsiones originales del gobierno deban cambiar radicalmente. El crecimiento del PIB previsto antes de la pandemia para 2020; el fortalecimiento del mercado interno como consecuencia del aumento de las transferencias de los programas sociales; los ingresos de las remesas, así como una menor inflación y el aumento del gasto en inversión en infraestructura y sectores estratégicos, son expectativas que tendrán que ser reconsideradas ante la crisis sanitaria y la inminente desaceleración de la economía.
Por lo tanto, afirma, se requieren nuevas medidas, no contempladas antes de la pandemia, como una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos generales. Igualmente, un seguro de desempleo contributivo y una renta básica ciudadana (de cobertura universal) o un piso mínimo solidario (que llegue al menos al 30% de la población más vulnerable).
Asimismo, aconseja subsidiar parcial o totalmente las cuotas obrero-patronales de la seguridad social a cargo de los empleadores durante los meses de distanciamiento social, e incentivar el empleo temporal mediante programas de gobierno
En el caso de los trabajadores informales recomienda aprovechar el programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, ampliando su cobertura de un millón a dos millones de créditos.
Para apoyar a los hogares propone también subsidios temporales por lo menos durante los meses que dure la emergencia al pago de la energía eléctrica y de los sistemas de agua. Otorgar despensas a las familias de los menores que son beneficiados con la provisión de alimentos en las escuelas, en tanto las clases se encuentran suspendidas. Y cupones para la adquisición de alimentos durante la contingencia sanitaria, como mecanismo para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares
Finalmente, el CONEVAL considera que se deben reforzar los programas existentes anunciados el 23 de abril por el gobierno federal con un nuevo enfoque basado en la pobreza urbana. El costo de este reforzamiento oscilaría entre 294 mil millones de pesos (MMP) y 198 MMP.  Es decir, entre 1.21 y 0.82% del PIB. Para financiar estos programas (y eventualmente otros de mayo alcance) considera que es “necesario un estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos”. Y propone una reforma fiscal, la reasignación de recursos que no son prioritarios, y el uso de partidas excepcionales.
En síntesis, CONEVAL centra su atención en los daños al empleo urbano (formal e informal, asalariado y por cuenta propia) y sus efectos en el nivel de vida de las familias. Y sostiene que hay que hacer todo lo que se pueda hacer para defenderlos. Hay desde luego otros rubros que deben ampliarse sobre todo en materia de salud y educación, pero lo central, en estos momentos, es defender los trabajos existentes.
El gobierno por su parte, como se ha visto, ha mantenido su programa original pese a la contingencia. No sólo eso. Además, decidió un ajuste al gasto gubernamental.  Lo anterior fue ratificado por el presidente en un documento llamado “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”. Llama la atención que en dicho escrito no se hable de los empleos destruidos por la crisis y se limite a señalar que la creación de nuevas plazas de trabajo dependerá de la industria de la construcción y del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá sin tomar en cuenta otras propuestas y programas, por ejemplo, los que elaboró CONEVAL y otras que se han aplicado en diversos países.
Esta desatención no concuerda con la experiencia histórica y lo que se ha aprendido desde la crisis de 1929. Como se sabe, el crack dio lugar a un nuevo pensamiento económico encarnado principalmente en la obra de John M. Keynes. Según uno de sus principales biógrafos, Robert Skidelsky:
“En la década de 1930, la Administración de Obras Públicas del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, financió con recursos públicos la construcción de aeropuertos, carreteras, presas, puentes, escuelas y hospitales. Además, proporcionó directamente empleos a los trabajadores desplazados por las empresas. Fue Keynes, agrega Skidelsky, quien sentó los fundamentos teóricos para una presencia pública cada vez mayor en las economías de mercado. Argumentó que, en una recesión económica, si el gobierno contrata directamente personas para trabajar, el efecto multiplicador de estos ingresos fomentará también la actividad en el sector privado, y que una política permanente por parte del gobierno para financiar y proteger los empleos atenuaría en gran medida las fluctuaciones del ciclo económico.  De esta manera, la política fiscal debería ajustarse a estos objetivos y no al revés, como sucedía anteriormente, cuando se pensaba que el equilibrio debería mantenerse a toda costa.
Skidelsky insiste en que el papel del estado para crear y fomentar el empleo no ha sido nunca solamente un problema económico sino principalmente político pues involucra un debate sobre el tamaño del estado, su papel económico y los recursos que se requieren. Y concluye:
“Naturalmente, los ricos y poderosos generalmente han preferido un estado limitado que los deja libres para hacer lo que quieran con el dinero y el poder que controlan. Los pobres y excluidos, por el contrario, han recurrido al estado para protegerlos contra la inseguridad del mercado y las depredaciones de los ricos. Keynes estaba de su lado. Tenía razón al decir que el capitalismo no regulado no garantizaba el pleno empleo ni una distribución equitativa de la riqueza y los ingresos".
El saber acumulado desde 1929 pareciera darle la razón a CONEVAL. No sólo se tiene que gastar más (por encima de lo programado y del superávit primario) sino que se requiere proteger, principalmente, el empleo urbano. La diferencia entre una larga y profunda recesión y la posibilidad de suavizar esta curva (como se está haciendo con la epidémica) radica en esta fórmula. Salvar las ocupaciones existentes y fomentar la creación de otras permitirá mejorar la oferta y la demanda. Dejar que se pierdan llevará a un círculo dramático: mayor pobreza y menor crecimiento económico. Una lección que, en estos momentos de emergencia, respalda el FMI, el Banco Mundial, la UNCTAD-ONU, la CEPAL y todos (o casi) los economistas de diversos centros de estudio.
saulescobar.blogspot.com

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miércoles, 6 de mayo de 2020

Un primero de mayo en reclusión


Un primero de mayo en reclusión (y en soledades)

Saúl Escobar Toledo

Ese día las calles estuvieron vacías. Los trabajadores no marcharon. Por primera vez en toda la historia de México, desde el primer primero de mayo de 1913, sólo algunas voces representativas del movimiento obrero se pudieron escuchar por medio del internet. El gobierno, por su parte, en Palacio Nacional, rememoró la fecha frente a un puñado de reporteros, sin la presencia de alguna representación sindical. La razón fue evidente: la epidemia estaba (y está) en la fase más peligrosa. Llevar a cabo una concentración de personas, sobre todo en la capital del país, representaba un serio peligro de contagio masivo.
Un panorama similar se observó en muchas partes del mundo, pero ello no debe ocultarnos el hecho de que, a pesar de todo, las organizaciones de los trabajadores siguen vivas. Tal cosa podría parecer intrascendente. No lo es si tomamos en cuenta que están enfrentando, todos los días y en la vida real, una lucha singular: defender la vida frente a la presión de las empresas para echar andar las máquinas, lo más pronto posible, sin proteger debidamente la salud de sus empleados; y, al mismo tiempo, tratar de evitar los despidos, las reducciones salariales y los recortes de los contratos colectivos. Lo están haciendo como pueden, en condiciones muy adversas. En muchos casos, sin la presencia física de sus dirigentes y en otros negociando con los representantes patronales.
En México, ante la ausencia casi total de sindicatos representativos, son los trabajadores, de manera directa, sin el respaldo de sus gremios, los que están dando la batalla. Como sucede en las maquiladoras del norte del país, los obreros se niegan a entrar a trabajar, protestan dentro o fuera de la fábrica, y dan a conocer su situación con grandes dificultades. Son también, junto con el personal de salud que busca salvar vidas, los héroes de estas jornadas, aunque su reconocimiento sea muy escaso.
Desgraciadamente, las presiones serán cada vez más fuertes. La acumulación de días sin el acceso a insumos, sin producción y sin ventas harán más imperiosa la necesidad de “volver a la normalidad”. Los trabajadores, de igual manera, resentirán cada vez más la necesidad de acudir al trabajo ante el riesgo del despido o la falta de ingresos.
Lo que viene será más difícil. Una confrontación más intensa y al mismo tiempo más desigual. Ante ello, el papel de los gobiernos y los juzgados laborales será muy importante. La política laboral deberá regirse en primer lugar por el objetivo de salvar vidas y no por las presiones de nuestros socios comerciales. De ahí la urgencia de llevar a cabo un programa de rescate mediante un salario o ingreso básico dirigido a las familias más pobres, y legislar un seguro de desempleo. Sin estos instrumentos, no hay muchas opciones para los trabajadores, quienes pueden caer presa de la enfermedad, la pobreza, o de ambas.
Frente a esta situación, vale la pena recordar los pronunciamientos hechos este primero de mayo. La declaración del gobierno de la república aludió a los logros obtenidos: una nueva política de salarios mínimos que ha logrado la recuperación de su valor en un 35%; la reforma laboral que busca “pasar de los contratos de protección, de la corrupción sindical,… a la autonomía e independencia de los sindicatos para que sean fuertes y defiendan a los trabajadores”; el programa de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro; el principio de proporcionalidad de género en la representación sindical; el programa piloto para incorporar a las y los trabajadores del hogar a la seguridad social. También se comprometió a erradicar las prácticas ilegales de la subcontratación.
Sin embargo, todos esos avances, sin duda importantes, ya existían antes de esta crisis. En cambio, a pesar del reconocimiento de estos “momentos difíciles”, no hay ninguna medida adicional que responda a la nueva situación.
Por su parte, las organizaciones independientes, particularmente la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT), así como la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), aunque esta última de manera más discreta pues no planteó ninguna agenda o programa frente a la crisis, difundieron sus propios manifiestos. La UNT puso en el centro la necesidad del diálogo social y el establecimiento de un Acuerdo Nacional que conduzca a un nuevo Pacto Social. Además, entre otras cosas planteó:  control de precios de medicamentos y alimentos de la canasta básica; suspensión temporal de cobro de créditos de Infonavit, Fovissste y Fonacot; establecimiento del seguro de desempleo; erradicar el outsourcing (seguramente se refieren a la subcontratación laboral); y solución a los conflictos laborales: Notimex, Chapingo, UNTyPP y Universidad Michoacana. Sorprende que no haya sugerido ningún apoyo especial para los trabajadores informales o para las familias más afectadas por la crisis.
Por su parte la NCT llamó en primer lugar  a una Convención Nacional Democrática de los Trabajadores y a la solución de las huelgas existentes y  propuso un  Seguro de Desempleo Universal para el sector formal e informal; la abrogación del outsourcing (subcontratación); un Ingreso Básico Universal para las familias de bajos recursos; la suspensión temporal de pago de hipotecas y rentas domiciliarias; la abrogación del sistema de AFORES y el restablecimiento de una sistema solidario de jubilaciones; nacionalización de empresas que cierren total o parcialmente; la suspensión de pagos de la deuda externa; y a detener los mega proyectos (seguramente en alusión  a los planes del gobierno anunciados por el presidente: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, y el corredor transístmico). Hay que destacar, finalmente que la NCT se manifestó por una negativa a “los pactos promovidos desde el empresariado y el sindicalismo corporativo”.
Aunque existen varias coincidencias entre estas dos organizaciones, aparentemente la discrepancia mayor puede encontrarse en el llamado a un Acuerdo Nacional. Probablemente también en otros asuntos como la nacionalización de empresas; la suspensión del pago de la deuda externa y la oposición a los megaproyectos. Estas últimas posibles diferencias quizás podrían zanjarse o ponerse a un lado en aras de la unidad.
Sin embargo, lo que más llama la atención de los discursos de las partes aquí citadas es la ignorancia que se manifiestan. El gobierno señala que todos debemos “ser solidarios y corresponsables” pero no hace un llamado al diálogo, la colaboración, o el apoyo de los sindicatos para enfrentar la crisis. Ni a los agrupamientos más representativos ni a aquellos que encarnan mejor la corrupción y el sindicalismo de protección que, asegura, será combatido por la reforma laboral. Por su parte, la UNT y la NCT no aluden directamente al gobierno de la república ni al Congreso de la Unión. Tampoco aceptan ni rechazan la política laboral llevada a cabo hasta ahora, y por lo tanto no hacen una evaluación de sus logros o fallas.   Además, ninguna de las dos agrupaciones independientes se reconoce mutuamente como, por cierto, lo hicieron muchas veces en el pasado inmediato en ocasión del 1o de mayo. Como si nunca se hubieran visto.
Esta indiferencia mutua representa algo más que un calculado desdén. Nos habla de la existencia de un posible desconcierto. El gobierno de la república ha decidido llevar a cabo un plan que no quiere poner a discusión pública. Las organizaciones democráticas, por su parte, tampoco se han propuesto en serio un diálogo que permita  construir la unidad del sindicalismo ni desatar acciones conjuntas para imponer una agenda legislativa que incluya algunos planteamientos en los que hay consenso, como el seguro de desempleo. Cosa, esta última, muy urgente y necesaria.
Los agrupamientos sociales democráticos pueden y deben impulsar la unidad y la búsqueda de acuerdos.  El gobierno más tarde o más temprano tendrá que responder a sus exigencias. Lo malo es que, soliloquios aparte, el tiempo apremia…
saulescobar.blogspot.com