1o de Mayo 2023: una nueva etapa del sindicalismo mexicano

Primero de mayo 2023: fin y principio Saúl Escobar Toledo Este primero de mayo marca el fin de una etapa histórica del sindicalismo mexicano. Según la Secretaría del Trabajo, expiró el plazo para la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) en México. A partir del 2 de mayo, del del total, 139,000 convenios registrados, alrededor de 119,000 se extinguirán porque no cumplieron con ese procedimiento o debido a que fueron rechazados mediante voto personal, libre, directo y secreto de las y los trabajadores. Sin embargo, en estos casos, los patrones deberán respetar todos los derechos y prestaciones establecidas en esos CCT. Este acontecimiento, que significa que apenas poco más del 10 por ciento de los CCT seguirán vigentes protegiendo a aproximadamente cuatro millones de sindicalizados de un total (estadístico) de alrededor de 40 millones de asalariados, puede interpretarse de distintas maneras. Desde una perspectiva histórica, podríamos decir México, ha conocido tres etapas de la contratación colectiva: la primera surgió con la Constitución de 1917. En ella se reconocieron derechos fundamentales en materia de jornada, salarios, organización sindical y huelga, y una reglamentación muy elemental del “contrato de trabajo”. En los años siguientes, llevar el texto del 123 a la realidad que se vivía en las fábricas y empresas se convirtió en el eje de la disputa obrero-patronal: los trabajadores entendieron que para hacer realmente efectivos sus derechos tendría que luchar por un contrato colectivo, figura legal que no estaba claramente definida en los ordenamientos legales. En los años veinte, muchas huelgas buscaron pactar esos instrumentos, lo que provocó, en algunos casos, violentos enfrentamientos . Posteriormente, la Ley Federal del Trabajo, decretada en 1931, reglamentaría de manera detallada la contratación colectiva. Pero fue sin duda durante el periodo del presidente Cárdenas cuando tuvo lugar una “revolución contractual”. Muchos de estos instrumentos se pactaron en diversos sectores económicos; entre los más significativos, aquellos que se firmaron con las principales empresas mineras. También, se negociaron exitosamente los contratos ley que regirían a varias empresas de una rama productiva. Una segunda etapa podría ubicarse en los años que corren desde 1948 y hasta 1982 cuando surge y se consolida un sindicalismo autoritario vinculado y obediente al Estado mediante su incorporación al PRI. Los contratos colectivos, ya reconocidos plenamente en el derecho y en la vida real, sirvieron para que este sindicalismo ganara un enorme poder de negociación. Los CCT se administraron de manera vertical y, con algunas excepciones importantes, no fueron avalados por las bases sindicales. A pesar de ello y en un contexto económico favorable, las prestaciones laborales mejoraron notablemente. Su punto más alto puede ubicarse en la reforma a la LFT de 1970 cuando se incorporaron a este ordenamiento muchas prestaciones contenidas en los CCT y, de esta manera, se volvieron obligatorios para todas las empresas. La tercera etapa arranca en el periodo presidencial de Salinas de Gortari, después de la gran crisis de 1982. Muchos fueron CCT fueron “recortados” ya que se eliminaron prestaciones; la mayoría, se impusieron al gusto de los empresarios con prestaciones mínimas, apenas aquellas contenidas en la LFT. Para ello, se desató, con el aval de las autoridades, un mecanismo de simulación. Los CCT se convirtieron en un medio para enriquecer a abogados, “dirigentes” sindicales y una caterva siniestra de personajes que lograban registrar estos instrumentos legalmente sin el conocimiento de los trabajadores. Así, estas pandillas chantajeaban a los patrones, obtenían cuotas de sus (pretendidos) agremiados y aparecían legalmente como los administradores únicos de los CCT. Sirvieron de mecanismos de contención para evitar que los trabajadores reclamaran nuevas prestaciones y se organizaran en sindicatos democráticos. Se les llamó contratos de protección patronal porque sirvieron para anular, en los hechos, la contratación colectiva. La negociación entre obreros y patrones prácticamente desapareció en la mayoría de las empresas. Gracias a una coyuntura histórica compleja y excepcional, entre 2017 y 2019, se pacta una reforma laboral en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo (LFT) que buscó, fundamentalmente, democratizar los sindicatos y la contratación colectiva de tal manera que las condiciones de trabajo fueran resultado de la voluntad de los trabajadores y así propiciar la elevación de los salarios y las prestaciones. Las enmiendas contaron con el apoyo de los gobiernos y sindicatos de Canadá y Estados Unidos, e internamente con la aprobación del presidente López Obrador, los legisladores de MORENA y sus aliados, y varios sindicatos independientes. Así, la “desaparición” legal de aproximadamente el 90% de los CCT muestra que, en efecto, la inmensa mayoría de estos instrumentos eran una ficción. No todos lo eran ya que, por ejemplo, en empresas tan relevantes como PEMEX y CFE, los CCT eran ( y siguen siendo) más bien contratos de protección “política”. Sirven no sólo para administrar las prestaciones sino también para garantizar el control político de las empresas y los trabajadores en función de los intereses de los gobiernos en turno. La desaparición (legal) de esos CCT puede entenderse entonces como la consecución exitosa de uno de los objetivos de la reforma de 2019. Quedó al desnudo un mecanismo simulado y exhibió la indefensión en que han vivido los asalariados mexicanos. Superar esta vulnerabilidad no puede ser obra de una ley ni de la voluntad de los gobiernos, mucho menos extranjeros. Requiere, precisamente, la decisión de los propios trabajadores. Se abre la posibilidad, antes obstaculizada por la existencia legal de los CCT de protección, de negociar las prestaciones mediante sindicatos representativos y con mecanismos democráticos que antes no existían. Es evidente que esta nueva etapa es aún incipiente. Los mecanismos aprobados en la reforma de 2019 están en fase de experimentación como sucede con cualquier ordenamiento radicalmente nuevo, y apenas están apareciendo sus imperfecciones; además, el personal de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley carece de experiencia e incluso formación profesional ad hoc. Los patrones, por su parte, sobre todo las empresas más poderosas, enfilarán sus ejércitos de abogados para encontrar las maneras de evitar la negociación de nuevos CCT. Los gobiernos (federal, estatal, municipal) buscarán mantener la “paz social” a veces incluso por encima de los reclamos obreros, particularmente en sectores claves de la economía. Los trabajadores, por su parte, no se han “apropiado” de la reforma, salvo en algunos casos muy distinguidos. No lo han hecho por desconocimiento (seguramente nunca han leído la ley ni el contenido de un CCT); pero también por la ausencia de una cultura sindical: por lo menos una generación de asalariados se ha incorporado al mercado laboral desde los años noventa sin haber participado en una asamblea o en una protesta colectiva, y sin conocer, en los hechos, lo que significa la palabra solidaridad. Como sucedió en los primeros años del siglo pasado, tendrán que aprender, fundamentalmente, atreviéndose a luchar colectivamente en las calles y en las fábricas. El futuro de la reforma y la nueva etapa del sindicalismo son inciertas. Las circunstancias externas e internas que las propiciaron muestran que, lo que faltó entonces y ahora, ha sido la acción colectiva de los trabajadores. Una etapa parece cerrarse y otra despunta. Como ha sucedido en otros momentos de la historia, cuando se perfila un cambio profundo, las cosas difícilmente volverán a ser como antes, pero nadie puede asegurar cuál será el rostro del sindicalismo en los próximos años. Por lo pronto, un cierto “desorden” del presente resulta alentador frente a la pasividad, casi total, de apenas unos años atrás. saulescobar.blogspot.com

Jornada de trabajo de 40 horas y cinco días a la semana

Jornada de trabajo de 40 horas y cinco días a la semana Con mi solidaridad para los trabajadores de Notimex y su sindicato Saúl Escobar Toledo En las últimas semanas ha resurgido la demanda de reducir la jornada laboral en México y pactarlo en la ley y la Constitución. Este reclamo se sustenta no sólo en las condiciones de trabajo existentes en nuestro país sino también en lo que ha ocurrido recientemente en dos países de América Latina: Colombia y Chile. En el primero, en julio de 2021, se estableció que la jornada máxima legal se reducirá de 48 a 42 horas semanales, las cuales “podrán ser distribuidas de común acuerdo entre el empleador y el trabajador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”. En Chile, el 11 de abril, el Congreso aprobó reducir la jornada ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas semanales de manera gradual, de tal manera que se reducirá a 44 horas al primer año de publicada de la ley y luego a 40 hasta el quinto año. Sin embargo, se flexibilizan los horarios de trabajo, de tal manera que en algunos casos se podrá trabajar 42 horas a la semana y la diferencia se compensará con días de descanso adicionales. Asimismo, se permite distribuir la jornada ordinaria de 40 horas en menos de 5 días, con “la posibilidad de implementar jornadas de 4 días de trabajo por 3 días de descanso, con 10 horas diarias, con acuerdo de los trabajadores”. Asimismo, se permitirá “acordar con el trabajador o la trabajadora que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta 4 semanas, con un máximo de 45 horas semanales”. Incluso se señala que “a través de acuerdo colectivo entre empresa y sindicato se podrá pactar una jornada semanal de hasta 52 horas bajo esta modalidad”. Un conjunto de sindicatos chilenos ha rechazado esta parte de la ley ya que consideran que se trata de un “retroceso”. Afirman que “se afectan gravemente los derechos de los trabajadores, en particular su certeza sobre la jornada laboral y el control de sus tiempos libres” y se abre la puerta para que el empleador se ahorre “el pago de horas extras, incorporando como única exigencia la aceptación de sindicatos”. En México, hay por lo menos dos proyectos que buscan reducir la jornada de trabajo: el primero, que reforma el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo de tal manera que: “Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro”. El segundo, propone reformar el artículo 123 de la Constitución, tanto el apartado A como el B, para reducir la duración de la jornada laboral máxima de 8 a 7 horas; además, por cada cinco días de trabajo, disfrutarán los trabajadores de dos días de descanso, cuando menos. Se ha dicho, y vale la pena insistir en ello, que México se distingue por jornadas laborales excesivas. Según datos de la OIT, las horas semanales promedio realmente trabajadas por persona empleada en el medio urbano en 2019 eran 43.3 en nuestro caso. Lo que se compara desfavorablemente con los países desarrollados como España (37); Italia (36.6); Alemania (35); y Francia (30.9). Sin embargo, también con países latinoamericanos: Chile (37); y Colombia (42.9), antes de que tengan efectos las reformas señaladas; Brasil (37.7) e incluso Honduras (42.9). Sólo es menor que en los casos de India (55.4); Filipinas (45.2); El Salvador (43.9); Tailandia (44.5); y Vietnam (43.7). Ahora bien, los datos son más ilustrativos si consideramos exclusivamente el tiempo semanal trabajado por los “operadores de máquinas y ensamblado” es decir, los obreros en su sentido más estricto, aquellos que laboran en fábricas. En este caso, México tiene el promedio de horas más elevado, incluso que los países señalados anteriormente. Así, en nuestro país los obreros industriales laboran 51.9 horas a la semana mientras que en Filipinas son 49.5; en El Salvador 48.7; y en Vietnam 48.1. Por supuesto, en los países desarrollados el tiempo es mucho más reducido: Alemania, 37.4; España, 40.1; Francia, 31.7; Italia, 39.1. Pero también en los países latinoamericanos: Brasil (41.67); Chile (42.7) y Colombia (46.7), antes de las reformas, y Honduras (49.2). Debe advertirse que esta muestra tiene fines ilustrativos y por ello se escogió el año de 2019 para evitar el sesgo producido por las pandemia y no distingue entre trabajadores formales e informales; igualmente, decidimos excluir a los trabajadores rurales, a las mujeres y a los países de algunas regiones del mundo como África, casos en que las jornadas, en general, son menores. Se trata, hay que enfatizarlo, de horas trabajadas realmente, no las estipuladas en su legislación. Nótese también que, en todos los países, los obreros trabajan más horas que el promedio nacional. A pesar de estas limitaciones, que no alteran en lo fundamental el escenario, los datos revelan varias cosas: primero, que los trabajadores asalariados mexicanos laboran notoriamente más horas que en los países desarrollados pero también superan a la mayoría de las naciones de América Latina; segundo, que en el caso de los obreros, México es uno de los países del mundo en el que las jornadas son más largas. Esto último es importante ya que una reducción de la jornada tendría un impacto más fuerte en las empresas fabriles que en el sector servicios o en el agro. Lo anterior, debido a que en estos sectores las jornadas son por lo general menores que en las industrias; son muy flexibles; el cumplimiento de la ley es mucho más laxo; y abunda más el trabajo informal asalariado (no protegido por la seguridad social). En cambio, en las industrias (sector secundario), las jornadas se rigen por los ritmos de producción de las máquinas; el trabajo informal es mucho menor; la posibilidad de hacer cumplir la legislación es más viable, sobre todo en estos tiempos, gracias a la reforma laboral de 2019. Un impacto favorable de la reducción de la jornada en la industria tendría mayores efectos en materia de empleo que en otros sectores de la economía. También, y quizás, esto sea lo más relevante, esa disminución de las horas trabajadas podría incentivar un aumento en la productividad, lo que sería más realista en el sector industrial. El derecho al tiempo libre no siempre se ha considerado un objetivo deseable, incluso por parte de los sindicatos. Si bien, a principios del siglo XX, la jornada de 8 horas diarias fue una demanda generalizada de los trabajadores, posteriormente los sindicatos y los asalariados prefirieron en muchos casos, monetizar su tiempo libre, es decir, trabajar más para aumentar sus ingresos (tiempo extra). Esta posición obedeció a los bajos salarios que percibían, pero también a una cultura que “penalizaba” el tiempo libre. Gozar de más horas para el ocio, la diversión, la vida familiar, el deporte, el goce artístico, etc. se llegó a considerar un lujo propio de clases medias o burguesas. Esta actitud empezó a cambiar en la segunda mitad del siglo pasado, particularmente en Europa. El “estrés laboral”, el derecho legítimo a disfrutar del tiempo libre para lograr una vida digna, se ha generalizado. En términos coloquiales ahora se acepta (mucho más que antes) que se debe trabajar para vivir y no vivir para trabajar. De esta manera, tanto porque se ha comprobado que una reducción de la jornada laboral puede redundar en una mayor productividad (principalmente en el trabajo industrial), como porque los trabajadores no deben serlo todo el tiempo y son (somos), esencialmente, personas y sólo una parte del tiempo laboramos para obtener una remuneración, resulta plenamente legítimo aspirar a una vida digna que incluya necesariamente tiempo libre suficiente y cada vez más abundante. La reducción del tiempo de trabajo (legalmente) a por lo menos, cuarenta horas con dos días de descanso a la semana, debe ser apoyada resueltamente por: sindicatos, trabajadores, familias, en fin, personas, que somos todos (un estudio de J. Freyssinet, relacionado con estos asuntos, puede consultarse en El Trimestre Económico no. 358, disponible en www.eltrimestreeconomico.com.mx). saulescobar.blogspor.com

Migrantes, la tragedia de marzo 2023

Migrantes Por el bien de todos, primero los derechos humanos Saúl Escobar Todos somos migrantes Ningún ser humano es ilegal No más abusos de las policías contra las personas migrantes Alto a la persecución de las personas migrantes Fuera la Guardia Nacional de los ataques a las personas migrantes Respeto a los derechos humanos de las personas migrantes Alto al hostigamiento de las autoridades contra los migrantes Dejen de perseguir a los migrantes Paren la corrupción y las acciones policiacas ilegales contra los migrantes Protejan a los niños y las mujeres migrantes No deporten arbitrariamente a los migrantes Detengan la intervención del ejército y la marina en la persecución de los migrantes Alto a los abusos de los agentes de migración contra las personas migrantes Refugio seguro y trato digno a las personas migrantes No a los centros de detención peligrosos de las personas migrantes Detengan el hacinamiento y los malos tratos en los centros de detención a las personas migrantes Justicia, justicia, justicia por los asesinatos de las personas migrantes Fin a la política migratoria que criminaliza a las personas migrantes No a las acciones de contención de las personas migrantes No a las concesiones y a la obsecuencia a Washington para detener a las personas migrantes Ya no encarcelen injustamente a las personas migrantes Ni una persona migrante asesinada, vejada o abusada más No a la repetición de masacres de personas migrantes

¿Se ha desatado una crisis financiera mundial? (21 de marzo de 2023)

Otra vez, bancos en problemas Saúl Escobar Toledo ¿Se ha desatado una crisis financiera mundial? Es la pregunta que gravita en todos los comentarios de la prensa, particularmente en la que se especializa en asuntos económicos. Desde luego, los directivos de los bancos centrales y privados, y las autoridades del ramo afirman que eso no sucederá. Sin embargo, hasta el día de hoy, las cosas siguen empeorando y las malas noticias se acumulan. Es probable que la crisis se detenga en algún momento gracias a las acciones que se están tomando, básicamente inyectar dinero a los bancos: una cantidad importante proviene de recursos públicos, sobre todo en Estados Unidos, y otra de los bancos privados más importantes que han “comprado” o absorbido las deudas y acciones de los bancos en desgracia, como en el caso de Suiza No obstante, al mismo tiempo, los inversionistas y los ahorradores ven inseguro el futuro y la sombra de crisis anteriores, particularmente la de 2007-2008, se hace presente otra vez, al igual que el temor de que la situación ya no se puedan controlar. Y es que, en efecto, los bancos y el sistema financiero global está lleno de sombras, de problemas ocultos que salen a flote cuando ya es tarde. Además, como ya se ha dicho, las crisis financieras tienen un ingrediente singular: se aceleran debido al miedo de los inversionistas, el cual se convierte en “corridas” de los bancos, es decir, sacar el dinero de esas instituciones, lo cual propicia las quiebras. Se crea así una espiral que difícilmente se detiene. Los mensajes de las autoridades intentan frenar, principalmente, la desconfianza, para evitar que los inversionistas muevan sus capitales y se queden tranquilos, es decir, que no hagan nada. Un editorial publicado en el NYT (20032023) se titulaba: “Cómo detener el pánico global”, y señalaba a continuación: “Después de la venta del banco Credit Suisse a su rival UBS el pasado fin de semana, la pregunta es si esa institución de 166 años es la última ficha del dominó, o la primera”. Y agregaba: “Hace dos semanas, el Banco Silicon Valley, se fue a pique; ahora, uno de los más sólidos de Europa lo ha hecho. La conexión entre los dos es tangencial, excepto porque los mercados en todo el mundo están en pánico. Cualquier institución que provoque dudas por parte de los inversionistas… atraerá la atención ( y agravará el miedo). La posibilidad de que se realicen nuevas medidas de rescate es alta. Si algo aprendimos de la crisis financiera de 2008 es que los bancos y los reguladores necesitan adelantarse a los problemas antes de que éstos hagan metástasis”. Y es que, como se ha explicado, por diversos analistas, algunos bancos de Estados Unidos cayeron en las mismas prácticas riesgosas del SVB: compraron bonos de largo plazo a bajas tasas de interés, cuyo valor ahora ha caído debido al alza de esas tasas (dictadas por el Banco Central de EU). El “caos” actual se debe, sobre todo, a las pérdidas que yacen escondidas en sus hojas de balance. Según Ross, un estudio señala que alrededor de 190 instituciones regionales que prestan dinero en EU podrían irse a la quiebra. Según esta misma nota, de Andrew Ross, “gracias a las decisiones del presidente Biden parece que las corridas se están deteniendo… es el momento propicio para que los bancos den a conocer sus cuentas a detalle. Eso podría empezar a restaurar la confianza que tanto se necesita en estos momentos”. Conviene recordar algunos eventos de la crisis financiera de 2007. En agosto de ese año, se anunciaba que los activos financieros asociados al mercado de la vivienda de Estados Unidos, en particular las hipotecas de alto riesgo (subprime), estaban en serios problemas debido a que los deudores estaban dejando de pagar. Inmediatamente, el sistema financiero mundial empezó a dar señales de nerviosismo, hasta que Lehman Brothers, uno de los mayores bancos de inversión, se fue a la bancarrota. El pánico financiero cundió entre septiembre y octubre de 2008 en todo el mundo. Fue necesaria entonces la intervención coordinada e inusitada de los gobiernos para enfrentar lo que ya era se apreciaba como un “colapso sistémico”. La compra desaforada de viviendas, el origen de la crisis de hace 15 años fue motivada por las bajas tasas de interés, pero también porque los bancos ofrecieron créditos hipotecarios al por mayor sin tener en cuenta la solvencia de los clientes. Además, se agudizó la compraventa de valores en los mercados financieros no regulados (en la llamada banca en la sombra, shadow banking). Los bancos “titulizaron” la deuda, es decir, la dividieron en porciones y la vendieron a otras instituciones financieras, obteniendo pingues ganancias por las comisiones. Cuando las tasas de interés empezaron a aumentar después de 2004, los deudores dejaron de pagar y otros, que pensaban comprar una vivienda, se abstuvieron: comenzó entonces el declive del mercado inmobiliario y los precios de esos bienes raíces se fueron para abajo. Los bancos empezaron a registrar pérdidas que ya no pudieron ocultar. Las bolsas de valores registraron esos fenómenos y la caída de las acciones de los bancos más expuestos contagiaron a todos y las pérdidas bursátiles se generalizaron. Lo anterior llevó a restringir el crédito a las empresas y afectó la producción y del consumo. A finales de 2008 y principios de 2009 con una notable rapidez, la explosión de la burbuja de la vivienda en Estados Unidos se había convertido en una recesión mundial. Ello, pesar de las medidas extraordinarias, tomadas por los gobiernos para salvar a los bancos. La intervención del Estado para rescatar al capital privado y los mercados evitó, sin embargo, una catástrofe todavía peor y sentó las bases de una pronta recuperación en EU, aunque en Europa tardó bastante más tiempo. Los esfuerzos gubernamentales para controlar la crisis empezaron con bajar los tipos de interés casi a cero, reduciendo al mínimo el costo de los fondos para los bancos. En segundo lugar, se pusieron a disposición grandes volúmenes de crédito público por medio de los bancos centrales. En tercer lugar, se canalizaron cuantiosos fondos, también provenientes de los presupuestos públicos, a las instituciones de crédito para absorber las pérdidas de las hipotecas y disminuir el riesgo de insolvencia. En cuarto lugar, se garantizaron los depósitos, tratando de frenar los retiros de pánico. En quinto lugar, se aseguró a los grandes bancos que no tendrían que enfrentar el riesgo de la bancarrota. En sexto lugar, se alentó a los bancos fuertes a adquirir los pequeños con el fin de reducir la presión sobre el conjunto del sistema bancario. En séptimo lugar, ante el colapso de la demanda privada, el Estado mantuvo el gasto fiscal, amortiguando así la caída de la producción y el aumento del desempleo. La narración y el análisis de esa crisis ha dado lugar a una enorme literatura (por ejemplo, Lapavitsas, C. http://let.iiec.unam.mx). Lo que interesa destacar hoy es que, a la luz de los últimos acontecimientos, parece que las medidas estatales buscan repetirse, aunque los gobiernos tienen un menor margen de maniobra. Lo que está por verse es si logran detener el pánico y evitar no sólo una crisis financiera mundial sino también una recesión en un momento en que se acumulan los problemas, algunos derivados de las pandemia, otros de la guerra en Europa: la subida de las tasas de interés, la carestía de algunos bienes como los energéticos y alimentos, y en fin, las tensiones entre las potencias. Lo que queda claro es que los bancos privados y, en general, el sistema financiero mundial, sigue tan opaco y vulnerable como antes o quizás aún más debido a que las regulaciones, por lo menos en Estados Unidos se volvieron más laxas durante la presidencia de Trump. ¿Cuántos bancos nos “sorprenderán” ahora revelando sus debilidades para pedir ayuda de los gobiernos? ¿Podría ser el caso de Citibanamex que no logra encontrar un comprador? Preguntas que, por lo pronto, no tienen respuesta. saulescobar.blogspot.com

La mujer y la familia: un apunte de Alejandra Kollontái (1918)

La mujer y la familia: un apunte de Alejandra Kollontái Saúl Escobar Toledo Alejandra Kollontái (San Petesburgo, Rusia 1872- Moscú, URSS,1952) fue una de las militantes y pensadoras revolucionarias más destacadas de principios de siglo XX. Desde muy joven se unió a la causa revolucionaria y al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR). En 1905 participó activamente en la insurrección por lo recibió una dura condena de los tribunales zaristas que la hizo huir al extranjero. En el exilio, siguió participando sobre todo en favor de la causa femenina y fue una destacada participante en la I Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Stuttgart en 1907. Al desatarse la Revolución, diez años después, Kollontái regresó a su patria y fue elegida para formar parte del Comité Ejecutivo del Sóviet de Petrogrado. Después del triunfo de los bolcheviques, se incorporó al gobierno y ocupó el cargo del Comisaria del Pueblo para la Salud y el Bienestar Social. Desde esa responsabilidad impulsó, decididamente, la igualdad y los derechos de las mujeres. Logró que el nuevo Estado pusiera en marcha medidas legislativas y acciones sin precedentes, entre otras, la despenalización del aborto, el divorcio rápido y gratuito, y prestaciones por maternidad, guarderías y hogares infantiles. Kollontái fue dirigente de la Oposición Obrera, una tendencia del partido bolchevique. Quizás por ello y, dado que la guerra civil que asoló a Rusia hasta 1922 llevó a prohibir las corrientes al interior del flamante PCR (b), en 1923 pasó al servicio diplomático y fue nombrada embajadora de la Unión Soviética en México y otros países. Regresó luego a la URSS y ya bajo el liderazgo de Stalin pasó sus últimos años sin mostrar una abierta oposición a sus dictados a pesar de que algunas de las reformas que ella impulsó fueron revertidas. Sin duda, su pensamiento y su labor como dirigente revolucionaria desafiaron muchas ideas prevalecientes en la sociedad rusa de aquellos años e incluso dentro del partido y el Estado soviético. Aquí presentamos algunos párrafos de su escrito “ El comunismo y la familia” de 1918, como una pequeña muestra de su legado intelectual y para motivar la lectura de sus textos, algunos de ellos disponibles en www.marxists.org “La familia ha cambiado frecuentemente de forma en las diversas épocas de la vida de la humanidad…. Hubo épocas en que la familia fue completamente distinta a como estamos acostumbrados a admitirla”. (En la sociedad actual)…”la moralidad al uso del hombre contemporáneo le autoriza para exigir de las jóvenes la virginidad hasta su matrimonio legítimo. Sin embargo, hay tribus en las que ocurre todo lo contrario: la mujer tiene a gala el haber tenido muchos amantes, y adorna brazos y piernas con brazaletes que indican el número... Diversas costumbres, que a nosotros nos sorprenden, hábitos que podemos incluso calificar de inmorales, los practican otros pueblos…, mientras que, por su parte, califican de pecaminosas muchas de nuestras costumbres y leyes”. “El capitalismo ha destruido la vieja vida familiar…En el tipo de familia al que estamos acostumbrados, el marido es quien gana el sustento, quien mantiene a la mujer y a los hijos. La mujer, por su parte, se ocupa de los quehaceres domésticos y de criar a los hijos como le parece. Pero, desde hace un siglo, esta forma corriente de familia ha sufrido una destrucción progresiva en todos los países del mundo en que domina el capitalismo… como el salario del hombre, sostén de la familia, resultaba insuficiente para cubrir las necesidades de la misma, la mujer se vio obligada a buscar trabajo remunerado; la madre tuvo que llamar también a la puerta de la fábrica. Año tras año, día tras día, fue creciendo el número de mujeres… que abandonaban sus casas para nutrir las filas de las fábricas, para trabajar como obreras, dependientas, oficinistas, lavanderas o criadas”. “La mujer casada, la madre que es obrera, suda sangre para cumplir con tres tareas que recaen sobre ella al mismo tiempo: disponer de las horas necesarias para trabajar en alguna industria o establecimiento comercial, al igual que su marido; consagrarse después, lo mejor posible, a los quehaceres domésticos y, por último, cuidar de sus hijos”. “El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer trabajadora un peso que la aplasta; la ha convertido en obrera sin aliviarla de sus labores de ama de casa y madre. Por tanto, nos encontramos con que, a consecuencia de esta triple e insoportable carga, que con frecuencia expresa con gritos de dolor y hace asomar lágrimas a sus ojos, la mujer se agota”. “Cuanto más se extiende el trabajo asalariado de la mujer, más progresa la descomposición de la familia. ¿Qué vida familiar puede haber cuando el hombre y la mujer tienen horarios diferentes y la mujer ni siquiera dispone siquiera del tiempo necesario para guisar una comida decente para sus hijos? ¿Qué queda actualmente de todo esto? El marido, como hemos visto, ha dejado de ser el sostén único de la familia. La mujer, que va a trabajar, se ha convertido, a este respecto, en igual a su marido. No sólo ha aprendido a ganarse la vida, sino también, con gran frecuencia, a ganar la de sus hijos y su marido. Queda todavía, sin embargo, la función de criar y mantener a los hijos mientras son pequeños”. (Pero hay un cambio muy importante)…”lo que se producía anteriormente en el seno de la familia se produce actualmente…en las fábricas y los talleres. Actualmente, la familia ya no produce; sólo consume. Las tareas esenciales del ama de casa…son trabajos agotadores que consumen todas las energías y todo el tiempo libre de la mujer trabajadora, que además tiene que ir a la fábrica”. “Los capitalistas se dan perfecta cuenta de que el viejo modelo de familia, en que la esposa es una esclava y el hombre es responsable del sostén y bienestar de todos sus miembros, es la mejor arma para ahogar los esfuerzos del proletariado hacia su libertad, para debilitar el espíritu revolucionario del hombre y de la mujer proletarios. La preocupación por lo que le pueda pasar a su familia priva al obrero de toda su firmeza, le obliga a transigir con el capital. ¿Qué no harán los padres proletarios cuando sus hijos tienen hambre?” “No será la familia del pasado, mezquina y estrecha, con riñas entre los padres, con su interés exclusivo por sus hijos, la que moldeará el hombre de la sociedad del mañana… El hombre nuevo, de nuestra nueva sociedad, será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines de infancia, residencias, guarderías y muchas otras instituciones de este tipo, en las que el niño pasará la mayor parte del día y donde educadores inteligentes lo convertirán en un comunista consciente de la magnitud de esta inviolable divisa: solidaridad, camaradería, ayuda mutua y devoción a la vida colectiva”. “Sobre las ruinas de la vieja vida familiar, veremos pronto resurgir una nueva forma de familia que supondrá relaciones completamente diferentes entre el hombre y la mujer, basadas en una unión de afectos y camaradería, en una unión de dos personas iguales en la sociedad comunista, las dos libres, las dos independientes, las dos obreras. ¡No más servidumbre doméstica para la mujer! ¡No más desigualdad en el seno de la familia! ¡No más temor de la mujer a quedarse sin sostén y ayuda si el marido la abandona!” “En vez del matrimonio indisoluble, basado en la servidumbre de la mujer, veremos nacer la unión libre fortificada por el amor y el respeto mutuo de dos miembros del Estado obrero, iguales en derechos y obligaciones. En vez de la familia de tipo individual y egoísta, se desarrollará una gran familia universal de trabajadores, en la cual todos los trabajadores, hombres y mujeres, serán ante todo compañeros. Así serán las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad comunista. Estas nuevas relaciones asegurarán a la humanidad todos los goces del llamado amor libre, ennoblecido por una verdadera igualdad social entre compañeros, goces que son desconocidos en la sociedad comercial del régimen capitalista…” saulescobar.blogspot.com

Rafael Galván, dirigente sindical electricista

Rafael Galván Maldonado Saúl Escobar Toledo Hace pocos días, el presidente de la república, al inaugurar la primera etapa de la central de energía solar fotovoltaica ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, según las notas de la prensa, “evocó a Rafael Galván y su Tendencia Democrática… y propuso que la planta lleve el nombre de ese dirigente sindical”. Y argumentó : “tenemos que recordar a quienes luchan por la justicia, la democracia, por los trabajadores de manera auténtica…” Conviene entonces repasar, aunque sea brevemente, la historia del movimiento electricista democrático al que aludió AMLO. En 1960, el presidente López Mateos decretaba la nacionalización de la industria eléctrica, poniendo fin a la operación de las últimas compañías extranjeras que prestaban el servicio en el país. Así nació el STERM (Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana). Los orígenes de este último, a su vez , se remontan a 1943 cuando surgió la Federación Nacional Electricista y luego a 1952 cuando se creó la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE), las cuales agrupaban a los sindicatos que tenían un contrato colectivo con las empresas privadas que aún prestaban el servicio eléctrico en México, después de que, durante el cardenismo, en 1937, se había creado la CFE (Comisión Federal de Electricidad). Tanto la Federación como el STERM fueron dirigidas por Rafael Galván ( n. 1919 en Uruapan, Michoacán) El STERM, gracias al liderazgo de este michoacano, mantuvo una relativa autonomía frente al control gubernamental y la corriente dominante durante esas décadas, la de la CTM, con Fidel Velázquez a la cabeza. Uno de sus protegidos, Francisco Pérez Ríos, fungía como dirigente del Sindicato Nacional que tenía un contrato firmado con la CFE. Las relaciones entre el STERM y el Nacional (y la CTM) nunca fueron cordiales. En 1970, de manera inusitada, se expulsó al STERM del Congreso del Trabajo. Esta decisión se apresuró debido a que se acercaba la disputa por las administración del contrato colectivo de la CFE, fijado por el gobierno para ese año, pues esta empresa pública mantenía relaciones contractuales con dos sindicatos diferentes, el de Galván y el cetemista. El conflicto entre ambas organizaciones se recrudeció. Los dirigentes del Nacional desataron una serie de agresiones, con grupos de sicarios, en contra los trabajadores del STERM. Los electricistas democráticos de Galván, por su parte, respondieron con marchas de protestas en todas las ciudades importantes del país, convocando a la solidaridad del pueblo mexicano. El gobierno, presionado por esas movilizaciones, convocó a un Pacto de Unidad entre ambos sindicatos, lo que dio origen al SUTERM en noviembre de 1972. La convivencia duró poco tiempo pues los dirigentes del Nacional decidieron expulsar en 1975 a todas los representantes del antiguo STERM, incluyendo a Galván. Los electricistas volvieron otra vez a las calles y formaron la Tendencia Democrática del SUTERM. El gobierno decidió respaldar al grupo de Pérez Ríos: para ello, primero ignoró los reclamos y después optó por la represión. Acosados por la violencia de los esquiroles y el gobierno, la Tendencia Democrática decidió estallar un paro de labores poco después de los comicios presidenciales, el 16 de julio de 1976. Sin embargo, en la madrugada de ese día, el Ejército tomó las instalaciones de la Compañía Federal de Electricidad y del INEN (Instituto Nacional de Energía Nuclear) donde laboraban los trabajadores que simpatizaban con la Tendencia Democrática del SUTERM. La intervención del ejército impidió que los electricistas “bajaran el switch”. A pesar de que la resistencia se mantuvo varios meses, miles de trabajadores fueron despedidos, otros jubilados por la fuerza y el movimiento fue liquidado. El 15 de septiembre de 1978 la Tendencia Democrática anunciaba su disolución. Rafael Galván fallecía poco después, el 3 de julio de 1980. Entre 1971 y 1976 los trabajadores electricistas encabezaron la protesta obrera más importante de las últimas décadas y lograron atraer a otros contingentes. Cientos de organizaciones y miles de trabajadores salieron a las calles, hicieron huelgas, paros, y acciones de protesta dentro y fuera de las empresas repudiando al sindicalismo charro, es decir a los dirigentes impuestos que manejaban a su antojo los contratos colectivos, las cuotas sindicales y los beneficios otorgados a las organizaciones gremiales por las empresas o el gobierno. A este periodo, que tuvo como demandas fundamentales, la democracia y la independencia de los sindicatos, se le conoce como los años de la “insurgencia sindical”. Sin duda, la TD jugó un papel central en esa etapa: organizando y convocando a marchas y mítines y, al mismo tiempo, ofreciendo solidaridad y cobertura para muchos pequeños, medianos y grandes grupos de trabajadores inconformes que surgieron en ese lapso. Además, la corriente democrática de los electricistas hizo aportaciones programáticas muy importantes, mismas que se vertieron en la “Declaración de Guadalajara” dada a conocer el 5 de abril de 1975 en la Plaza de la Liberación de la capital jalisciense, en un mitin que ocurrió en el momento en que habían reunido un enrome apoyo dentro y fuera de su gremio sindical. En dicho documento, la TD explica los objetivos fundamentales de sus movilizaciones. En primer lugar, la democracia sindical entendida como: la elección democrática de los dirigentes, asambleas donde se expresen libremente los trabajadores, revocabilidad del mandato, manejo honrado del patrimonio sindical, rendición de cuentas, y reuniones periódicas y elección de representantes en grupos seccionales o departamentales para evitar la concentración del poder en una sola persona . Subraya, además, que la democracia exige la independencia plena de los sindicatos respecto del gobierno, de los patrones y de toda fuerza ajena al movimiento obrero. Las propuestas contenidas en el documento son extensas y numerosas. Pero destaca, también su preocupación por “la reorientación social y el desarrollo planificado” del sector estatal de la economía. Para ello, dice la Declaración, habrá que combatir la corrupción, transparentar el manejo de sus recursos, y asegurar que su manejo sirva para construir una economía en beneficio de los mexicanos y no de los grandes intereses nacionales y trasnacionales. La propuesta del presidente, hecha pública el 17 de febrero pasado merece ser respaldada. No sólo para rescatar la memoria de la lucha electricista y el liderazgo de Galván, las cuales llenaron las plazas públicas del país hace ya cincuenta años, sino también para reflexionar acerca de la vigencia de sus principales banderas : democracia sindical y reorientación y saneamiento de las empresas públicas. Las reformas legales de 2017 y 2019 a la Constitución y la LFT son, apenas, el inicio de un proceso que no se agota en lo indispensable, la elección por voto secreto y directo de los dirigentes. Una nueva cultura debe surgir entre los trabajadores, para construir sindicatos con una vida asamblearia permanente, en la que se rinda cuentas de manera constante, y donde los trabajadores puedan participar con plena libertad. Un sindicalismo construido desde la base, como fue el STERM. Por otro lado, el saneamiento de la empresa pública sigue siendo, igualmente, una causa vigente. Recordar a Galván debe llevarnos a traer, de nuevo a cuenta, ideas como las que se encuentran en uno de los párrafos finales de la Declaración de Guadalajara: “La reorientación del sector estatal de la economía (resulta) imposible con… medidas administrativas o burocráticas. No basta nombrar funcionarios honestos ni multiplicar los inspectores. Es imprescindible la participación democrática de los propios trabajadores en el control sobre los administradores: controlar gastos, nóminas, contratos, planes de desarrollo…”. saulescobar.blogspot.com

Los nuevos rumbos de la globalización: la inversión extranjera en México

La inversión china en México : los nuevos rumbos de la globalización Con mi solidaridad y reconocimiento para el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Saúl Escobar Toledo Uno de los fenómenos mundiales de los últimos años más comentados en la prensa y en publicaciones especializadas es el llamado “nearshoring” o “friendshoring”. Se trata de una tendencia, cada vez mayor, que consiste en que las compañías multinacionales de capital estadounidense están moviendo sus fábricas y procesos productivos de China, principalmente, a otros lugares del mundo que se ubican más cerca de Estados Unidos o que no representan un riesgo político para Washington. Este movimiento obedece fundamentalmente a dos causas: los problemas de transporte de mercancías que se observaron durante la pandemia; y las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania y la rivalidad entre China y Estados Unidos. Bajo la nueva tendencia (nearshoring) se supone que México será parte de los países beneficiados por su cercanía con Estados Unidos y porque se le considera un socio comercial y político de la Casa Blanca. Sin embargo, algunos observadores han señalado que este movimiento de inversiones y plantas industriales no lo están haciendo sólo empresas de capital estadounidense o europeo, sino también aquellas de origen asiático y en especial, un tanto paradójicamente, inversionistas chinos. De acuerdo con un reportaje del NYT (03022023), compañías de capital proveniente de esa potencia oriental están invirtiendo miles de millones de dólares en México. Pone el ejemplo de una empresa dedicada a producir muebles para el hogar que invirtió 300 millones para levantar una fábrica en Monterrey. Los dueños de la empresa dijeron que esa inversión obedecía a que los precios de embarque marítimo se estaban disparando y a la “guerra comercial” entre su país y Estados Unidos. Para estos empresarios, el mercado estadounidense seguía siendo el más importante. Por ello, dice el reportaje, para competir en mejores condiciones, grandes compañías chinas están invirtiendo agresivamente en México y así tomar ventaja del T-MEC. Hay que añadir que la inversión proveniente de ese país es, en el caso de nuestro país, mayoritariamente de empresas privadas (75%), y no de consorcios públicos, a diferencia de lo que sucede en la región latinoamericana. El reportaje asegura que en 2021, el 30 por ciento de la inversión extranjera que se realizó en Nuevo León, fue de compañías chinas, un poco por debajo de las estadounidenses que representaron el 47 por ciento. Lo anterior es una muestra, dice el NYT, de que los inversionistas chinos consideran que, no obstante las tensiones políticas, las relaciones comerciales entre ambos países son muy fuertes y continuarán siendo así. No sólo están pensando producir bienes finales: otra empresa china, Lizhong, también está levantando una fábrica de partes automotrices en Nuevo León para abastecer a Ford y General Motors. Las empresas estadounidenses “ven con buenos ojos” estas inversiones ya que pueden eliminar el riesgo de disrupción de las cadenas de valor que surgió durante la pandemia. Otra gran empresa china, Lenovo, fabricante de computadoras, abrió una fábrica hace tres años en Monterrey para fabricar los armazones de los servidores que guardan datos para las plataformas digitales. No obstante, los inversionistas chinos que están invirtiendo en el norte de México están preocupados por varios asuntos, destacadamente, la contratación de suficientes trabajadores y la provisión de insumos. Acerca del primer tema, según el NYT, los inversionistas chinos están acostumbrados a las condiciones laborales que prevalecen en su país y en Vietnam, donde no hay vida sindical y existe una abundante oferta de mano de obra que viene del campo a la ciudad. En cambio, en la ciudad de Monterrey, la tasa de desempleo es baja, del 3.6 por ciento y las nuevas inversiones están desatando una fuerte competencia por la contratación de trabajadores. Para atraerlos, han ofrecido prestaciones como transporte y servicio de alimentos en los centros de trabajo. Sin embargo, las estrategias de los directivos en China, afirman sus representantes, consisten en gastar poco en salarios ya que consideran que los trabajadores son fácilmente reemplazables. Lo anterior podría causar conflictos laborales o frenar su expansión. En cuanto al abastecimiento de insumos, uno de los problemas que han detectado es que el T-MEC dispone que las empresas deben utilizar porcentajes determinados de refacciones y materias primas producidas en la región norteamericana para gozar de las ventajas aduaneras. Según datos oficiales, la inversión china en México ha venido aumentando en los últimos años: de 75 millones de dólares en 2009, a 386 en 2022. Sin embargo, lucen todavía reducidas si tomamos en cuenta que el flujo total de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México en el segundo trimestre de 2022 fue de 32 mil millones de dólares (mmd). La gran mayoría provino de EU (12. 5 mmd) y luego le siguieron Canadá, España, y Argentina. Si tomamos en cuenta la inversión acumulada hasta 2022, la proveniente de EU representaba 310 mmd y la de China apenas 2 mmd. También parecen menores si las comparamos con las importaciones de México provenientes de China, que llegaron a más 11 mil millones de dólares en 2022. Las cifras más recientes de IED, agrega la nota de otro diario, El País (26112022), podrían ser inexactas. Académicos del Centro de Estudios China México (CECHIMEX) de la UNAM, calculan que las inversiones de ese país serían ocho veces superiores a los registrado, debido a que las empresas suelen “utilizar sus subsidiarias instaladas en Estados Unidos para enviar el capital que invertirán en México”. Por ello, para la Secretaría de Economía, ese capital es estadounidense, no chino. Además, las llamadas joint venture con empresarios mexicanos también pueden ocultar la verdadera cuantía de esas inversiones. Según el reportaje de El País, el inventario de naves industriales ha crecido 37% en 2022 con respecto al año anterior. Lo que estamos observando, dice el diario español, es apenas el comienzo de una gran ola de inversiones. Sin embargo, este proceso no será fácil ni rápido: hace falta infraestructura, fuentes de abastecimiento de materias primas, suficiente disposición de energía eléctrica, y fuerza de trabajo calificada. En resumen, se está llevando a cabo una nueva configuración del comercio y la producción a nivel mundial motivada por las múltiples crisis que se observan actualmente. México se está beneficiando al recibir inversiones de diversos rincones del mundo, incluyendo China. No obstante, hay muchos factores que pueden acelerar o retardar este reacomodo . En el caso de las inversiones provenientes del gigante asiático, los conflictos de Estados Unidos con el gobierno de Beijing, así como la guerra en Ucrania, podrían llegar a tal punto que nuestro vecino exigiera a México vetar la instalación de algunas fábricas o empresas de origen chino en nuestro territorio por considerarlas peligrosas para su seguridad. En segundo lugar, sobre todo si nuestro país no define una política industrial, los empresarios extranjeros podrían traer a México los procesos productivos más sencillos (con menor valor agregado, como muebles para el hogar) y no los más complejos. Lo anterior confirmaría la tendencia maquiladora de nuestro país, lo cual, como hasta ahora, no ha redundado en un crecimiento sostenido del conjunto de la economía. Se dice que China pronto será la nueva potencia económica mundial y rebasará a Estados Unidos. También, que los flujos de inversión tienden a recolocarse de acuerdo con criterios políticos. Desde este punto de vista la globalización basada en la libertad de los mercados está desapareciendo para dar lugar a una nueva división del trabajo. Pero también se dice que es aventurado asegurar tales cosas. Los nexos económicos entre China y el mundo, incluido en primer lugar Estados Unidos, se mantendrán todavía por largo tiempo. Lo único que podría cambiar esto, sería una guerra frontal entre ambas potencias, lo cual es poco probable, por fortuna. En este proceso de transición, que se observa tan confusamente, México debería asegurar su futuro y tratar de cambiar el curso neoliberal en el que todavía navega. La elección no radica en apostar por China o Estados Unidos, sino en buscar un lugar en el mundo basado en un Estado rector del desarrollo; en una fuerza de trabajo más calificada, mejor pagada y protegida; en el aprovechamiento racional y sustentable de nuestros recursos naturales; y en un proyecto industrial de largo plazo basado en la adopción creativa de las nuevas tecnologías. saulescobar.blogspot.com

La reforma fiscal: un tabú mexicano

La reforma fiscal: un tabú mexicano Saúl Escobar Toledo Oxfam, una organización internacional que se autodenomina como “un movimiento global que trabaja en 94 países para poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad”, acaba de dar a conocer un documento acerca de los impuestos a las grandes fortunas en México (ver: oxfammexico.com). No es el único colectivo que ha hablado del tema. Un grupo de distinguidos economistas crearon un “laboratorio mundial de la desigualdad” que se puede consultar en wid.world. Por su lado, la CEPAL, ha publicado regularmente diversos ensayos e informes acerca de América Latina. En México, la UNAM ha contribuido con reflexiones muy importantes a través de sus institutos (IIE y IIS), la Facultad de Economía y el PUED, para no mencionar otros centros de estudio prestigiados. Vale la pena llamar de nueva cuenta la atención acerca de la desigualdad y la reforma fiscal, ya que la pandemia, sumada a otros acontecimientos mundiales, como la guerra en Ucrania y la inflación, han agravado estos fenómenos. Según Oxfam, “los súper ricos fueron los grandes ganadores de estas crisis en México, pues han visto crecer sus fortunas en un 33% desde el inicio de la pandemia hasta noviembre de 2022, mientras la economía nacional creció apenas en 0.28% en ese mismo período… Las fortunas de los súper ricos crecieron 117 veces más rápido que el resto de la economía… y sin pagar ni un peso más por estas ganancias extraordinarias”. Ello, por supuesto, aumentó las desigualdades en “un país en el que el 1% más rico de la población —apenas 1.2 millones de personas— concentra casi 47 de cada 100 pesos de riqueza nacional”. Y sumió en la pobreza a un número mayor de mexicanos. Lo anterior, a pesar de algunas medidas tomadas por el gobierno como el aumento de los salarios mínimos y otras reformas legales como la que regula la subcontratación y las que tienen que ver con la democracia sindical, la justicia laboral y la contratación colectiva legítima. Igualmente, hay que tomar en cuenta los programas sociales, destacadamente el de la pensión para adultos mayores de carácter universal. Y, además, el esfuerzo para recaudar más, sobre todo de los grandes contribuyentes. No obstante, el saldo ha sido muy favorable para los más ricos. Según Oxfam, a pesar de los beneficios extraordinarios que este pequeño sector de la sociedad obtuvo en los últimos años, su aportación para sufragar los gigantescos costos de las crisis derivadas de la pandemia de COVID-19 no aumentó significativamente. El problema radica en que pagan pocos impuestos: “Los causantes con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales apenas representaron el 0.03% de la recaudación total de impuestos y el 13.6% de la contribución de las personas físicas en 2021”. Por su parte, “las grandes empresas en México pagaban hasta 2021 unas tasas efectivas de impuesto sobre la renta (ISR) entre el 1 y 8% del total de ingresos, dependiendo de la actividad económica, muy por debajo del 30% que establece la ley”. Esto ocurre debido a la capacidad de elusión y evasión de los poderosos incluyendo la recurrencia a los paraísos fiscales, pero también a que las leyes disponen una carga muy baja para los ingresos de los grandes contribuyentes y a la ausencia de un gravamen a la riqueza (es decir, al patrimonio material y financiero). Lo anterior ha tenido como resultado que la recaudación total de impuestos sea equivalente al 17.8% del PIB. Este nivel de recaudación es menor que el del promedio entre los países de América Latina y el Caribe — equivalente al 21.9% del PIB— y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —equivalente al 33.6% del PIB, una situación que se arrastra desde hace décadas. Consecuentemente, los recursos que destina la federación a rubros tan importantes como la salud, la educación, y la infraestructura son cada vez más insuficientes. Por ejemplo, “el gobierno federal en 2021 invirtió prácticamente lo mismo en salud pública que en los pagos del servicio de la deuda... En el año 2020, en pleno confinamiento por la pandemia global de COVID-19, esta situación fue incluso peor: el gasto en salud en ese año fue menor que el gasto para el servicio de la deuda”. De ahí la necesidad de una reforma fiscal que, como propone Oxfam, grave las grandes fortunas. “Este impuesto debe tener una tasa del 2% para quienes posean más de 20 millones de pesos, del 3% para aquellas personas cuya fortuna se encuentre arriba de 100 millones de pesos, y del 5% para los milmillonarios —es decir, quienes tienen fortunas de más de 20 mil millones de pesos o mil millones de dólares. (De esta manera) se podría recaudar hasta 270,000 millones de pesos anuales”. También se proponen modificaciones fiscales profundas, progresivas y transparentes que “aspiren a un incremento sistemático del impuesto sobre la renta a los causantes de mayores ingresos”; igualar las tasas que se cobran tanto al trabajo como el capital; fijar gravámenes a las grandes herencias y donaciones; y revisar los impuestos actuales a la propiedad, como el predial y la tenencia, para que contribuyan de manera más progresiva. Oxfam subraya que, “tras décadas de una falsa creencia de que los impuestos a las grandes fortunas desincentivan la inversión y reducen el crecimiento… (éstos) empiezan a formar parte del futuro de América Latina… nuevos gobiernos progresistas han iniciado una ola de reformas fiscales progresistas”. Hasta ahora, podemos contar con los casos de: Argentina con la Ley de Solidaridad y Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas de 2020, que estableció un impuesto no recurrente al patrimonio de las grandes fortunas en el país; Bolivia instauró un gravamen a las a las 152 personas más ricas del país, superiores a los 4.3 millones de dólares de manera anual y permanente, y tasas progresivas para las fortunas mayores a 7.2 millones de dólares. Colombia, por su lado, aprobó recientemente una reforma fiscal que incluye un impuesto a las fortunas, eleva las contribuciones de las rentas y las ganancias de capital, y aplica un nuevo impuesto a los súper beneficios de empresas del sector extractivo. El presidente de Chile mandó al Congreso una reforma tributaria que busca recaudar ingresos equivalentes al 4.1% del PIB, incluye un mayor impuesto sobre la renta para los ingresos más elevados, un nuevo gravamen a las fortunas de las 6,300 personas más ricas del país, y mayores regalías al sector minero, uno de los más importantes de esa nación. Y Brasil, con el flamante gobierno de Lula, ha indicado que busca avanzar con una reforma tributaria progresiva que se presentaría en abril 2023. La necesidad de instrumentar modificaciones legales para obtener mayores recursos ha tenido amplio consenso académico y de las instituciones internacionales (incluso el FMI ha discutido este asunto). Sin embargo, en México, la reforma fiscal sigue siendo un tabú, incluso para el gobierno López Obrador (que tomó posesión en 2018 y concluirá en 2024), el cual se ha negado reiteradas veces a incluirlo en su agenda y a discutir su viabilidad; tampoco la mayoría parlamentaria de MORENA (el partido del oficialismo) ha mostrado interés en una reforma impositiva a la riqueza o a los ingresos más elevados, y a disminuir lo que pagan los trabajadores más pobres. El presidente incluso se ha exaltado ante este reclamo, llamado “neoliberales” a las instituciones y personas que han insistido en una reforma semejante. La postura de la administración actual tiene precedentes que Oxfam recuerda: particularmente, en 1961, el gobierno de Adolfo López Mateos encargó un informe especial al economista Nicholas Kaldor, el cual propuso una reforma fiscal que, entre otras cuestiones, incluyó gravar las grandes fortunas. Este informe fue desechado y sólo tuvo utilidad para la discusión académica. Habrá que recordar también la fallida reforma del presidente Echeverría (1970-1976) a mitad de su sexenio, entre otros episodios del pasado reciente. Los secretarios de Hacienda de este gobierno han considerado inoportuna una reforma como la aquí descrita u otra similar, alegando que se vive un proceso inflacionario y un panorama internacional muy incierto. Sin embargo, señala el informe Oxfam, la principal razón ha sido “la oposición y resistencia activa de las élites económicas”, cosa que, en efecto se ha demostrado en diversas ocasiones. El asunto es pues, sobre todo político. El temor de que esas élites desaten una fuga de capitales o un conjunto de acciones que atente contra la estabilidad del gobierno en turno. La administración de López Obrador parecía tener la suficiente fuerza popular y legitimidad política para enfrentar estos retos. De cualquier manera, ante la negativa oficial, muchos dan por sentado que no habrá reformas este sexenio y esperan que la próxima administración sea más sensible a este reclamo. Varios equipos de trabajo, compuestos por profesores universitarios y personajes de la sociedad sin ataduras partidistas, siguen revisando diversas alternativas viables para presentarlas a la nueva administración. Por lo pronto, ahí están los datos duros y los estudios que avalan la necesidad de la reforma fiscal. La presión social seguramente será cada vez más fuerte ante las carencias del país. A ver cuánto tiempo aguantan los gobiernos de la república. Cuando se decidan a abrir el debate y llevarlo al Congreso, seguramente muchas agrupaciones progresistas participarán de manera entusiasta hasta lograr una mayor justicia fiscal y una mejor distribución del ingreso. saulescobar.blogspot.com

Trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos

Los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos padecen de violaciones constantes a sus derechos laborales. Saúl Escobar Toledo Ahora que se están discutiendo las quejas de Estados Unidos y Canadá contra México en el marco del T-MEC o USMC, vale la pena consultar un reporte elaborado en 2020 por un centro de estudios independiente, el Economic Policy Institute (EPI), acerca de la situación de los trabajadores agrícolas que laboran en Estados Unidos (disponible en https://www.epi.org). Según el reporte, estos trabajadores ganan los salarios más bajos de ese país y sufren una cantidad de atropellos en su lugar de trabajo por encima del promedio nacional. Agrega que la gran mayoría (más del 70%) de las inspecciones realizadas por la División de Salarios y Horas (Wage and Hour Division, WHD) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, detectaron diversas infracciones laborales, como robo de salarios (wage theft) por parte de los empleadores; alojamiento y transportación de los trabajadores inadecuados; despidos injustificados y registros irregulares de sus contratos, entre otras, que no cumplen con las leyes previstas para proteger a los trabajadores rurales (farmworkers), sobre todo en los estados de California y Florida. Las inspecciones detectaron millones de dólares sustraídos a los trabajadores pues no se pagaron los salarios completos, lo que ha acarreado multas millonarias a los empleadores agrícolas. Se calcula que los patrones tuvieron que pagar 76 millones de dólares a 154 mil trabajadores rurales y otros 63 millones por multas debido a diversos incumplimientos legales entre 2000 y 2019.En particular, a los trabajadores temporales, han sido los más vulnerados. Los contratistas de trabajadores rurales que no son patrones (sino enganchadores) fueron los violadores más severos entre 2005 y 2019. Estos subcontratistas representaron el 14% del empleo rural, pero fueron responsables del 24% de las infracciones entre 2005 y 2019. Sin embargo, dice el EPI, estas cifras son apenas la punta del iceberg. La detección de las violaciones a las leyes laborales se complica por dos razones: Primero, debido a que gran parte de los trabajadores rurales son indocumentados o sólo tienen permisos temporales (con la visa H-2 A). Su situación migratoria dificulta que hagan las quejas correspondientes. Por otro lado, las autoridades del trabajo de EU carecen de capacidad para hacer cumplir la ley debido a la falta de fondos y de personal. Todo ello hace a estos trabajadores queden muy vulnerables a la explotación y muestra que las transgresiones detectadas representen sólo una pequeña parte de las que realmente existen. Los empleadores pueden transgredir las leyes impunemente, ya que dichos atropellos, la mayoría de las veces, no son denunciados. Además, según el estudio del EPI, la ley federal exenta a los trabajadores rurales de algunos derechos básicos que gozan otros trabajadores en los EU, por ejemplo, el derecho a formar y adherirse a sindicatos, y a que se les paguen las horas extras adicionales a las 8 horas diarias o 40 horas a la semana. Se calcula que puede haber entre 2.5 a 3.4 millones de trabajadores rurales. Los diversos censos de las autoridades estadounidenses no son precisos debido a la temporalidad de los empleos y a la rotación de los trabajadores. Además, la intervención de los subcontratistas hace que se dificulte saber con exactitud cuántos trabajadores realmente laboran en las faenas agrícolas en EU. De acuerdo con lo anterior, puede suponerse que hay millones de mexicanos que laboran en empresas rurales en Estados Unidos que sufren constantes agresiones a sus derechos laborales. Sólo una pequeña parte recibe atención por parte de las autoridades y muchos casos quedan ocultos y por lo tanto se repiten cada año. Este sombrío panorama no concuerda con los compromisos adquiridos en el T-MEC, en particular en el capítulo 23. Ahí se señala, entre otras cosas, que cada “parte” es decir cada uno de los gobiernos que integran el Tratado, se comprometen a adoptar… “leyes y regulaciones, y prácticas… que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo”. Tampoco se apega a la cláusula que señala que cada país promoverá el cumplimiento de sus leyes laborales a través de medidas gubernamentales adecuadas, tales como: nombrar y capacitar inspectores; vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones a la ley; iniciar, de una manera oportuna, procedimientos para procurar sanciones o remedios adecuados por violaciones a sus leyes laborales; e implementar remedios y sanciones impuestos por el incumplimiento con sus leyes laborales, incluyendo la recaudación oportuna de multas y la reinstalación de los trabajadores. Y, claramente, hay una abierta violación al Artículo 23.8 que se refiere explícitamente a los trabajadores migrantes, ya que en este apartado se dice: “Las Partes (gobiernos) reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por consiguiente… cada Parte asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la Parte”. La situación de los jornaleros o trabajadores agrícolas en México es también lamentable. Sin embargo, ello no puede justificar que nuestro país deje de reclamar el cumplimiento del T-MEC del lado estadounidense. Las dos partes (y Canadá) tienen que proteger mejor a los trabajadores. A eso se comprometieron explícitamente, según el texto del Tratado. Aumentar el número de visas temporales para los mexicanos (y centroamericanos) no merece festejarse si no se acompaña de una queja, reclamo o solicitud de investigación, bajo los mecanismos del T-MEC, para que el gobierno de EU aumente los fondos federales para la inspección del Departamento de Trabajo; se contrate a un mayor número de inspectores y se les capacite adecuadamente; se les destine especialmente a los estados de California y Florida; se recomiende revisar o crear nuevas leyes que protejan a los trabajadores agrícolas; y se regule adecuadamente la subcontratación de aquellas empresas o personas que llevan trabajadores mexicanos y de otros países a los campos agrícolas de EU. El Tratado contempla diversos mecanismos en materia laboral: en primer lugar, cualquiera de los tres países podrá solicitar consultas con otro gobierno respecto a cualquier asunto laboral mediante la entrega de una solicitud escrita. Una vez recibida la solicitud, deberá iniciarse un diálogo entre las partes dentro de los 30 días siguientes que pude conducir a la “implementación de un plan de acción”; “la verificación independiente del cumplimiento o implementación por los individuos o entidades, tales como la OIT”; o “programas de cooperación” entre los países involucrados, para resolver los problemas planteados. Para analizar estos asuntos, el Tratado dispone también de un Consejo Laboral formado por los “ministerios de comercio y trabajo, según lo designe cada Parte” que podrá “considerar cualquier asunto dentro del ámbito de aplicación de este Capítulo laboral”. De la misma manera, existe un llamado “punto de contacto” es decir, una “oficina o un funcionario dentro de su ministerio del trabajo”. Tiene, entre otras, la obligación de: “…responder a solicitudes de información y proporcionar suficiente información para permitir un examen exhaustivo de asuntos relacionados con los asuntos laborales”. De acuerdo con las investigaciones oficiales e independientes, hay materia para aprovechar estos mecanismos y plantear el tema de la situación laboral de los trabajadores agrícolas mexicanos que laboran en Estados Unidos. La impunidad ha sido, hasta ahora, la tónica dominante. Las violaciones de los derechos laborales han sido masivas y reiteradas desde hace tiempo. Algo se puede y se tiene que hacer al respecto…. saulescobar.blogspot.com

Presagios para el nuevo año (enero 2023)

Incertidumbre y oscuros presagios para 2023 En memoria de Miguel Concha, defensor abnegado de los derechos humanos Saúl Escobar Toledo Este año comenzó como terminó 2022: con una gran incertidumbre acerca del comportamiento de la economía mundial, aunque los pronósticos se inclinan más del lado pesimista. Las dudas planteadas por diversas instituciones internacionales y comentaristas que se ocupan de estos temas se basan en varios factores: el nivel que alcanzarán las tasas de interés que están a cargo del Banco central de Estados Unidos (la Fed); una posible recesión de las economías más grandes del mundo; las tensiones geopolíticas, ocasionadas por la guerra en Ucrania y las disputas entre EU y China; y el reacomodo de las inversiones y el comercio a nivel planetario, es decir, la evolución de la llamada globalización económica. En lo que toca a las tasas de interés, todos se preguntan hasta qué altura llegarán, cuándo y qué tiempo permanecerán en un nivel máximo antes de empezar a disminuir. Por lo pronto, se apunta, los bancos centrales de las economías más importantes seguirán aumentando esas tasas en los próximos meses para bajar la inflación. En febrero se espera que la Fed las aumente por lo menos un medio punto porcentual. Lo anterior plantea un riesgo cada vez mayor de una recesión en Estados Unidos. Los pronósticos que ha recogido la agencia de noticias Bloomberg varían notablemente, entre un 40 y un 100% de posibilidades de que ocurra este año (nota publicada el 04122022). Por su parte, la Directora Gerente del FMI anunció, hace una semana, que 2023 “será peor que el año pasado”. A pesar de lo anterior, se detectan algunos síntomas positivos: las naciones “emergentes” más importantes como México y Brasil, no han sufrido una crisis financiera por lo que consideran que no se repetirá una catástrofe similar a la de los años ochenta. La prueba, dicen, es que las monedas de estos países se han apreciado frente al dólar estadounidense. Sin embargo, agregan, hay que tomar en cuenta que naciones como Pakistán, Ghana y Sri Lanka ya enfrentan graves problemas con sus deudas externas. Esta situación podría extenderse a otras naciones lo que haría más probable el estallido de una crisis financiera de grandes proporciones. También se ha hecho notar que el mercado laboral de EU se mantiene sin altas tasas de desocupación, a pesar de los malos augurios recesivos. No obstante, algunas empresas gigantes como Goldman Sachs y Amazon han anunciado despidos masivos: se habla de miles de trabajadores. Además, los salarios de los trabajadores estadounidenses están deteriorándose. Se discute, por otra parte, si el mundo enfrentará un “estancamiento secular” o una “estanflación secular”. En el primer caso, se trataría de un crecimiento lento durante varios años, pero con una inflación a la baja. En el segundo escenario, se observaría una combinación de estancamiento con inflación, es decir, un aumento de los precios relativamente alto, desempleo elevado y un crecimiento bajo (inferior a su potencial). En ambas perspectivas, estamos hablando de, al menos, 3 años de estancamiento económico mundial, acompañado de una política monetaria restrictiva. Por ejemplo, el Banco Central Europeo (BCE) calcula que la inflación “normal” (2.5%) se alcanzará hasta 2025 (Willem Buiter en Project Syndicate, enero 6, 2023). Por otro lado, se perfila, agregan otros, un punto de inflexión de la economía mundial. Se puede afirmar que “la globalización esta casi muerta (pues) el libre comercio está casi muerto” (Kevin Xu, diciembre 12, 2022). Las empresas ya están buscando instalarse en territorios más cercanos o más “amigables” que China y otros países asiáticos. Este reacomodo, sin embargo, elevará el precio de algunos insumos vitales como los semiconductores en alrededor de 50% y se requerirá tiempo para que las cosas se acomoden y la producción retome los niveles que tenía antes de la pandemia. México tendrá que enfrentar peligros similares: si el alza en las tasas de interés lleva a una recesión en Estados Unidos, la economía mexicana sufrirá una caída. Ello se debe a que más del 80% de nuestras exportaciones no petroleras se van a EU y a que las tasas de interés dictadas por el Banco de México siguen los pasos de la Fed, manteniendo un diferencial atractivo para que los capitales no se fuguen. Hay también quienes ven el panorama mexicano con menos pesimismo. Resaltan, sobre todo, la estabilidad que ha mostrado la economía mexicana, la cual se refleja en la revaluación del peso con el dólar, en que la deuda con relación al PIB se mantiene en niveles aceptables (49%), y en que la recaudación fiscal ha crecido, particularmente en el caso del ISR, hasta alrededor de un punto del PIB. Asimismo, las remesas de los trabajadores mexicanos que laboran en EU siguen siendo voluminosas (más de 55 mil millones de dólares anuales). Igualmente, la inflación cerró, el año pasado en 7.82%, menos de lo previsto. El pesimismo se alimenta de que el crecimiento calculado para este año será menor que el pasado, de alrededor del 1%. Ello, sin tomar en cuenta la posible recesión mundial y el aumento de las tasas de interés. Aunque los riesgos de una crisis financiera en México se ven poco probables, las presiones sobre la balanza de pagos aumentarán debido a que se tendrán que pagar más dólares por la deuda externa pública y privada. En lo que toca a la primera, el costo financiero del total, en pesos y en divisas extranjeras, para 2023, será de 1.07 billones de pesos, 30% más de lo aprobado en 2022; una parte sustantiva corresponde a la deuda externa. Además, con un peso revaluado, se están subsidiando las importaciones que también se pagan en dólares. Ello es así ya que un peso caro (en relación con el dólar) abarata las importaciones y encarece las exportaciones. Se afecta la producción interna de bienes que podrían sustituir aquellos que se fabrican en el extranjero, y se alienta la salida de turistas mexicanos al mismo tiempo que se hace más oneroso el gasto de los visitantes que vienen a México. Por otro lado, el saldo en materia de pobreza y trabajo parece más sombrío. Hay que tomar en cuenta que el incremento de los precios de los alimentos fue muy superior al promedio y alcanzó 12.7%. Además, la creación de empleos y la evolución de los salarios se verán afectados por la disminución del crecimiento. El año pasado cerró con una reducción de la desocupación abierta (2.85% en noviembre) y una brecha laboral de 11.68%, menor a la que había antes de la pandemia (13% en febrero de 2020). Sin embargo, esta dinámica, lamentablemente, será interrumpida por los efectos negativos de la economía mundial. Por su parte, los empresarios observan un año más “difícil” debido a las nuevas reformas a la Ley Federal del Trabajo incluyendo la ampliación de los días de vacaciones (que pasaron de 6 a 12) y el incremento de la cuota patronal para el fondo de pensiones bajo administradores privados (AFOREs). Los aumentos de los salarios contractuales enfrentarán duras presiones para superar la inflación: en 2022 perdieron más de 4% en términos reales y es probable que sigan esa tendencia negativa en 2023. En cuanto a los reacomodos de la globalización, se ha asegurado que varias empresas preferirán o ya lo están haciendo, invertir en México en lugar de China para la fabricación de bienes terminados y refacciones. Con ello, ocurrirá una mayor integración de la zona de América del Norte. Canadá y México serán los principales socios comerciales de EU, desplazando definitivamente a China. Sin embargo, esta relocalización enfrenta varios problemas: por un lado, la falta de personal especializado en la fabricación de bienes de tecnologías de punta como los semiconductores; y, por otro, las fallas estructurales de la economía mexicana que se arrastran de hace tiempo, sobre todo en materia de infraestructura. Hay un atraso de decenios en la construcción de carreteras, vías férreas y puertos aéreos y marítimos, así como carencias en el equipamiento urbano para ministrar energía, agua, drenaje, vialidades, etc. Para concluir: México podría salir más o menos bien librado del 2023, sin una crisis de gran magnitud, siempre y cuando no se produzca una recesión prolongada y severa en Estados Unidos o una escalada del conflicto bélico en Europa que atice la inflación a niveles superiores del año pasado. No obstante, habrá costos inevitables: mayor pobreza y desigualdad, deterioro de los salarios y la ocupación a lo largo del año, y una mayor disposición de dólares. Esto último obligará al gobierno a sostener altas tasas de interés y restricciones presupuestarias, lo cual, a su vez, presionará a la baja el crecimiento y el empleo produciendo un círculo vicioso adverso para los trabajadores y sus familias, a pesar de los programas sociales del gobierno. La magnitud y duración de esta dinámica nadie puede adivinarla como no hay quien pueda asegurar la dimensión que tomará el retroceso de las economías de EU, Europa y China. Desde luego, deseamos que el mundo salga pronto del proceso inflacionario y esquive la recesión. Si los buenos indicios logran imponerse a los grandes obstáculos que se observan, lo sabremos, con mayor certeza, a comienzos del 2024. Por lo pronto habrá que prepararse ante los nuevos escenarios. Y ello, requiere una revisión a fondo de las políticas y programas estatales. saulescobar.blogspot.com