Estados Unidos y México: una relación económica tóxica

Estados Unidos y México: ¿Una relación económica tóxica? Saúl Escobar Toledo Casi al mismo tiempo, el Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) publicaron sendos estudios acerca de la situación económica del mundo y, en particular, de México. El primero, bajó la estimación del crecimiento de nuestro país de 2.1% a 1.7% mientras que la segunda lo hizo de 2.3 a 1.9%. Se trata, desde luego, de malas noticias que se distancian mucho del optimismo gubernamental. Sin embargo, lo más notable es que ambos documentos coinciden en una cuestión de gran relevancia : una de las causas más importantes de nuestra caída tiene como origen Estados Unidos. Dice el Banco Mundial : “Los altos niveles de inflación, la incertidumbre política, la política monetaria más restrictiva y la desaceleración del crecimiento de Estados Unidos, el principal socio comercial del país, pasarán factura al Producto Interno Bruto (PIB) de México”. De esta manera, asegura, nuestra economía crecerá de manera más lenta que el conjunto de América Latina. Por su parte, la OCDE señala que “La turbulencia geopolítica, producto de la guerra en Ucrania, ha generado una nueva fuente de incertidumbre para la economía mexicana. Si bien los lazos comerciales y financieros con los países en conflicto son débiles, las exportaciones mexicanas se verán afectadas indirectamente, principalmente a través de la economía estadounidense” De esta manera, se cuestiona seriamente el fundamento más importante de la estrategia de crecimiento seguida por todos los gobiernos desde Salinas de Gortari (1988-1994) a la fecha. La confianza en que las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos serían el motor de nuestro desarrollo. Ahora resulta que esa integración económica se convierte en una fuente deletérea o, si no queremos exagerar, al menos, perjudicial. Por su parte, la CEPAL ha señalado, también en una publicación reciente, que “El impacto del alza de precios… será diferente de un país al otro. En Colombia, México, Paraguay y Brasil tendrá lugar un fuerte retroceso de la lucha contra la pobreza”. Considera que nuestro país “cerrará el año con un porcentaje de 36.2%, mayor a la tasa de pobreza de 34.9% que se observó el año pasado”. Advierte, además, que el fenómeno puede ser peor: “si se llega a un nivel aún mayor de inflación de lo estimado, la pobreza en territorio mexicano podría llegar a 37.2 por ciento” afectando a entre 1.6 y 2.5 millones más de personas. El trabajo de la CEPAL considera que este aumento de la pobreza se deberá a que México presenta “una de las mayores inflaciones en los precios de los alimentos y bebidas de América Latina” y señala que, en marzo, estos productos se encarecieron 12.1% a tasa anual. De esta manera, un fuerte encarecimiento de estos bienes de primera necesidad, junto con un crecimiento económico muy lento, dan como resultado una mezcla fatal que propiciará un incremento significativo de la pobreza en México. Algunos países podrán ser afectados por la inflación, pero conocerán una mayor expansión económica, lo que se traduciría en un impacto menor en los niveles de pobreza. En cambio, nosotros, en buena medida, según las instituciones señaladas, por nuestros lazos comerciales con EU, tendremos una inflación más elevada y un crecimiento más lento. Esta situación se refleja en nuestro mercado laboral. Sin duda las cosas han mejorado, y en algunos casos hemos llegado a niveles similares a la prepandemia, allá por principios de 2020. Por ejemplo, la tasa de desocupación era de 3.5% en el primer trimestre de 2020 y en abril de este año había bajado a 3%. No obstante, si consideramos los tres indicadores de la llamada brecha laboral (desocupación, subocupación y población inactiva disponible para trabajar) tenemos que a principios de 2020 era de 12.5 millones, un 21.8% de la PEA. En cambio, en el cuarto mes de 2022, agrupaba ya a 14.7 millones y el 24.7% de la PEA. Estas cifras indicarían que no hemos recuperado lo perdido y que de seguir así, al menos 2,2 millones de personas trabajadoras y sus familias, podrían caer en pobreza por la falta de un empleo que les ofrezca un ingreso suficiente.. De otro lado, se advierte que el sector secundario, es decir, la industria y en especial las manufacturas no han tenido un crecimiento notable y representan, al igual que antes de la pandemia, el 25% de la población ocupada. El resto está ubicado en el sector primario (12%) y sobre todo en el terciario, los servicios (63%). No ha habido un cambio sustantivo en la estructura del empleo. Y es que por ejemplo, la industria automotriz, una de las ramas de exportación más importantes, no ha recuperado los niveles de producción y envíos al exterior (principalmente a EU) que tenía antes de la pandemia: a pesar de haber crecido un 15% en mayo de este año, están todavía 22.4% debajo de 2019. Tan mal se ve la posibilidad de que la economía de EU jale a la mexicana que la OCDE considera que uno de los factores que podrían impulsar el crecimiento en México podría ser el gasto social. El otro, por supuesto, como en cualquier economía, tendría que ser la inversión. Sin embargo, esta última no despega en parte porque la inversión pública no lo hace. Y, por su parte, el gasto social, aunque aumentó 1.5% a tasa anual, resulta insuficiente para hacer crecer la economía a ritmos más elevados. Apostarle al aumento del consumo interno, como sugiere la OCDE, en lugar de las exportaciones, significa un cambio de paradigma obligado por las circunstancias. Una reorientación acertada y necesaria. Lastimosamente, lo que hemos escuchado en estos días por parte del gobierno, han sido definiciones que van en sentido contrario: mientras que el presidente López Obrador habla de “pasar de la austeridad a la pobreza franciscana” en lo que toca al presupuesto público, el Secretario de Hacienda peca de optimismo y confía, de nueva cuenta, en los mercados externos. Hace poco aseguró (El Economista, 8 de junio): “los países de las economías desarrolladas, cuyas inversiones se hacían en regiones con mano de obra barata, ahora se enfrentan a costos de transporte elevados ante la interrupción de las cadenas de suministro, así como los recientes incrementos en los precios de los energéticos, fertilizantes y alimentos”. Ello podría dar a México una “oportunidad única”, aprovechando la cercanía geográfica con EU, para convertirse “en un polo de producción en la región”. A largo plazo, el secretario podría tener razón. Ello depende de muchas cosas que hoy se ven inciertas: la guerra en Ucrania, la inflación mundial, las relaciones entre China y Estados Unidos, y los tiempos y ritmos de la economía de este país. Pero la gente necesita comer y tener empleos a tiempo completo hoy. Por eso es importante contar con un proyecto de desarrollo alternativo que no se apoye, exclusivamente, en las exportaciones manufactureras a nuestro vecino del norte. Si aumentar el gasto público y, en especial, la inversión, puede hacer que los precios crezcan aún más, ello podría ser un fenómeno reversible o transitorio si el crecimiento económico se acelera gracias a una expansión de la producción y el consumo interno y, por lo tanto, del empleo. Y, sobre todo, sería más justo y sentaría las bases para un desarrollo más independiente. ¿No son ésas las metas a las qué deberíamos aspirar? saulescobar.blogspot.com

El rezago en infraestructura, la gran falla de las políticas neoliberales

Infraestructura: la gran falla estructural de las políticas neoliberales Saúl Escobar Toledo Podría decirse que hay una opinión unánime acerca de la importancia de la inversión en infraestructura ya que se considera una de las palancas más importantes para el desarrollo económico y el bienestar de las personas. Por ejemplo, el CIEP ha señalado que: “La infraestructura, entendida como estructuras, equipo e instalaciones creadas mediante ingeniería y de larga duración, es uno de los aspectos que contribuye a que una ciudad, región o país se desarrolle económica y socialmente.” (CIEP, 2020) Se ha afirmado incluso que las diferencias en los ritmos y calidades del crecimiento económico entre distintos países se puede explicar por los recursos que se destinan a este rubro. La inversión en infraestructura tiene efectos a corto plazo debido a la contratación de trabajadores y al aumento de la demanda final de bienes de consumo. También, por el llamado efecto multiplicador, debido a requiere de insumos de un amplio número de empresas que, a su vez, emplean a más personas y requieren de otros bienes intermedios. A más largo plazo, el gasto en este renglón aumenta la productividad de las economías pues las mercancías se fabrican, distribuyen y venden más rápido y de manera más eficiente. Finalmente, este tipo de inversiones frecuentemente alienta el desarrollo tecnológico y la capacitación de los trabajadores en diferentes niveles. Sin embargo, diversos países, desarrollados y en desarrollo vieron disminuir sus erogaciones en infraestructura en las últimas décadas. Por ejemplo, un estudio (Fair, 2021) afirma que en Estados Unidos el gobierno de ese país empezó a invertir cada vez menos en este renglón, como porcentaje del PIB, desde los años setenta, tendencia que se mantuvo hasta hace poco tiempo, cuando el presidente Biden anunció un plan de inversiones muy cuantiosas. Según este ensayo, la inversión se sostuvo entre 1950 y 1970 de manera constante y luego empezó a caer de manera persistente tanto en los renglones relacionados con la defensa (industria militar) como en la civil. Tomando en cuenta el volumen total, se sostuvo en un rango de 1.1 – 1.2 % del PIB y luego cayó al 1% en 1980 y posteriormente hasta 0.7% en 2019. En el caso de la inversión no militar, ésta cayó de 0.85% en 1970 a alrededor del 0.63% en 2019. En conjunto, la declinación más acelerada y profunda ocurrió después de 1985. El autor incluye gastos como equipamiento y productos de propiedad intelectual; la educación; el transporte; la energía; carreteras y avenidas; sistemas de drenaje; sistemas de agua; y otras estructuras o construcciones. No todas estas categorías conocieron la misma tendencia. Las más castigadas fueron: energía; drenaje; y agua. Educación tuvo una ligera alza en 2010 pero no ha logrado remontar los niveles de los años setenta. Además, el análisis da cuenta de que no todos los países del mundo siguieron esta tendencia pues algunos elevaron su inversión en relación con el PIB en las últimas décadas. De manera notable, China y algunos otros países asiáticos como Japón Y Corea. En cambio, los países más avanzados en su conjunto vieron caer el gasto público en infraestructura desde 1985, la elevaron un poco a fines del siglo pasado y luego volvió a caer notablemente entre 2005 y 2017. Estas cifras son interesantes porque podrían explicar que la caída de la inversión pública, en diversos países, incluyendo México, como veremos más adelante, se debió a factores políticos y económicos. La crisis de las décadas de los setenta y ochenta llevó a los gobiernos a imponer restricciones del gasto en muchas áreas, particularmente en infraestructura. Los gobiernos supusieron que esos huecos serían llenados por el sector privado y que la inversión pública era un factor negativo para que ello sucediera. Durante estos años, la postura neoliberal ha proclamado la libertad de los mercados y de los flujos de capitales. Sin embargo, los resultados mostrarían que la caída del gasto público más bien llevó a varios países a un retraso en la productividad y la caída del bienestar de las personas. Otro estudio afirma que: “está claro que cuando el gobierno invierte en infraestructura, hay muchas oportunidades para que se aliente la colaboración pública-privada y las ganancias de las empresas…. Y que, sin inversión pública, la infraestructura se abandona con efectos devastadores en cascada en toda la economía” (Childs, 2016) Tal cosa se mostró en la propuesta del presidente Biden de fines de 2021, la cual, según fuentes oficiales “reconstruirá carreteras y puentes en ruinas, remplazará tuberías, ayudará a proporcionar Internet de alta velocidad a todas las familias de EU…” además de otras acciones, relacionadas con la modernización de aeropuertos, ferrocarriles y puertos, equipamiento urbano, provisión de agua, fomentar el uso de autos eléctricos, y mayor abastecimiento de energía limpia (White House, 2022) Las cantidades anunciadas suman alrededor de un billón de dólares. Si atendemos las cifras del estudio de Fair, esta cantidad representaría una ruptura con el pasado inmediato, pero sería inferior a la tendencia de los años cincuenta y ochenta ya que para alcanzar esos niveles se requerirían al menos 2.1 billones de dólares. (p. 27) En México, sucedió una cosa similar: “La inversión pública federal empezó a caer en 1982 como resultado de la crisis de la deuda. Tuvo su punto más alto en 1981 con más de 10% del PIB y cayó a su punto más bajo en 1999 con el 1.8% del PIB. Se recuperó en el siglo XXI hasta llegar al 3.1 en 2008 y 4.5% en 2009”. Esta caída no fue reemplazada por la inversión privada, tal cosa se reflejó en que la “formación bruta de capital fijo en México cayó de más del 20% en los primeros años de los ochenta a poco más del 10% en 1995 para recuperase parcialmente hasta 15% a principios del siglo XXI.” (CIEP, 2020:15) Por ejemplo, la inversión en energía, en términos absolutos, sufrió uno de los. recortes más importantes. Entre 1980 y 2006, el total destinado pasó de 3.5% a 0.5% del PIB. No obstante, a partir de ese año, la tendencia se revirtió y el gasto creció de forma acelerada hasta el final del periodo. Así, la inversión en este rubro alcanzó 2.3% del PIB en 2009. Sin embargo, los niveles alcanzados al final del periodo de análisis representaron el 57% del nivel máximo ocurrido en 1981. Según este estudio, durante los últimos 10 años, la inversión pública ha representado, en promedio, 5% del PIB. El año con más recursos fue 2016, con 5.9%, mientras que en los últimos tres años de la década se reportan los índices más bajos, con 3.1% del PIB en cada uno de ellos. De esta manera, del 2013 a 2020, el gasto en infraestructura presenta una caída de 40% en términos reales Por otra parte, según cifras de Banobras y Hacienda (2021), la inversión pública en infraestructura cayó hasta un 2% del PIB en 2001, se elevó a casi 5% en 2014, y luego declinó a poco menos del 3% en 2019-2020. La inversión en energía declinó entre 2009 y 2020 del 2.3 al 1 %; comunicaciones y transportes, del 0.5% en 2014 al 0.2% en 2020; salud, del 0.2% en 2010 al 0.1 % en 2020; abastecimiento de agua y alcantarillado, del 0.3% en 2010 al 0.1% en 2020. Estas cifras mostrarían algunos matices de las prioridades de los distintos gobiernos, pero en su conjunto, dejan ver, al igual que en la administración de AMLO, que la tendencia general ha sido hacia la baja. Veamos más detenidamente las cifras del gobierno actual. A pesar de los grandes proyectos anunciados y del debate que han generado, sobre todo en los medios de comunicación, se puede observar que, de acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, hay un crecimiento real importante de la inversión pública (14.1%) lo que llevaría este renglón a su nivel más alto desde 2017. Sin embargo, resultaría inferior en más de 2 puntos porcentuales al que se obtuvo en 2014. (SHCP, 2021). De acuerdo con ese mismo documento, el presupuesto 2022 incluiría alrededor de 128 mil millones de pesos (de un total de 982 mmp) para los proyectos prioritarios en infraestructura, entre otros: Conectividad del AIFA, 1.7 mmp; Tren México Toluca 7 mmp; Tren Maya 63 mmp; Istmo de Tehuantepec 10 mmp. Por su parte, los proyectos sociales (transferencias de dinero a familias), suman 392 mmp. El más importante el de adultos mayores (con 238 mmp, es decir el 60% del total). De lo anterior, podríamos sacar algunas observaciones: Primero, que la administración de AMLO produjo un cambio positivo en la inversión pública en materia de infraestructura. Sin embargo, fue insuficiente no sólo respecto a las cifras históricas, sino también en función de la caída de la economía como resultado, principalmente, de la pandemia. Segundo, los proyectos más importantes se han concentrado en el sureste del país, particularmente la refinería, el Tren Maya y el proyecto del Istmo. Ello significa un gran acierto dado que se trata de la región más atrasada del país. No obstante, hay que señalar que el más discutible ha sido el Tren Maya. Como hemos visto, la inversión en infraestructura tiene dos funciones: aumentar el empleo y el consumo y, además, incrementar la productividad. El Tren Maya, sin duda, cumplirá con el primer objetivo, pero no está clara su utilidad en el segundo caso ya que se ha afirmado que servirá principalmente para el turismo. Es decir, como un medio de atracción de divisas. La duda acerca de los beneficios a la economía de la región en materia, por ejemplo, de transporte de carga, no ha quedado plenamente demostrado y dependerá de otras acciones que promuevan el surgimiento y desarrollo de nuevas actividades productivas. (Escudero, 2020) Por otro lado, las quejas de algunas comunidades y ambientalistas han causado diversas inquietudes. Y finalmente, hay que recordar que el turismo aporta beneficios económicos y, al mismo tiempo, empleos precarios y otras calamidades. El caso de la Rivera Maya es, en este sentido, ejemplar (cf. Norio, 2020). Por su parte, el AIFA si bien fue terminado en los plazos establecidos, ha carecido de conectividad y de una adecuada planeación del espacio aéreo. Ambas cosas son superables, pero en un plazo más largo del deseado y muestran una planeación deficiente. En lo que se refiere a Dos Bocas los especialistas nos invitan a no confundir soberanía con eficiencia energética. Para superar este último aspecto habría que dar prioridad al programa de rehabilitación de refinería, especialmente Salina Cruz y Salamanca, cuya operación genera una gran proporción de combustóleo y gas: éste último se quema afectando al medio ambiente (Ruiz, 2020) Tercero. El gasto social presupuestado para 2022, por ejemplo, en salud, es de 824 mmp, superior al de los últimos años; sin embargo, el de educación disminuye como porcentaje del PIB. En cambio, las transferencias en efectivo, particularmente a los adultos mayores, han aumentado y se han convertido en una prioridad. Cuarto. En síntesis, ante las restricciones presupuestarias, las opciones del régimen dan cuenta de acciones que resultan insuficientes para alcanzar metas claras. Hay diversos esfuerzos y al mismo tiempo grandes rezagos. En conjunto, las fallas dejadas por el neoliberalismo no se superan, tomando en cuenta, incluso, los nuevos proyectos. Es así en lo que toca al gasto social y, también, en materia de inversión púbica e infraestructura. Ello tiene un origen: la política económica conservadora (o procíclica) del gobierno de AMLO. Sin contratar mayor deuda (a pesar de que ha aumentado la magnitud de su financiamiento por la situación económica mundial) y sin reforma fiscal, el gobierno ha tenido que mantener un bajo perfil de gasto. Los nuevos proyectos, distintivos de esta administración, quizás verán sus impactos y su conveniencia en el largo plazo. En el corto plazo, las insuficiencias señaladas están pesando, negativamente, en los ritmos crecimiento y por lo tanto en la recuperación de la economía y el empleo. Bibliografía Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y Secretaría de Hacienda (2021), Inversión Histórica en Infraestructura, disponible en proyectosmexico.gob.mx Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2020), Infraestructura en México, Prioridades y deficiencias del gasto público. Disponible en ciep.mx Childs, William R., (2016) “How public and private Enterprise have built American infrastructure” (disponible en: origins.osu.ed.) Escudero, Erik, (2020) El Tren Maya y las expectativas para el transporte intermodal, disponible en https://thelogisticsworld.com. Fair Ray C. (2021), U.S. Infraestructure: 1929 – 2019, (disponible en fairmodel.econ.yale.edu) Norio, Elisa, 2020. “Why are tourist resorts attractive for transnational crime? The case of the Mayan Riviera” Disponible en: www.emerald.com Ruiz, Flavio e Iván Garza Moreno (2020). Pemex: el necesario ajuste ante la nueva realidad (manuscrito) Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2021). Paquete Económico 2022. Criterios Generales de Política Económica. White House (2022), Hoja informativa: enero 14, 2022, (disponible en whitehouse.gov.) (fin de las notas: 24052022)

La política comercial del gobierno de EU: confusa y contradictoria

Las contradicciones del gobierno Biden y sus posibles repercusiones en México Saúl Escobar Toledo Hace pocos días el presidente de EU visitó Japón y en ese país anunció la posible creación de un nuevo bloque económico para, afirmó, contrarrestar la hegemonía de China y reafirmar la influencia de su país en la región. Este anuncio se hace cinco años después de que su predecesor, Trump, retiró a EU de un tratado comercial que había sido impulsado por otro presidente, Barak Obama, el TPP o Acuerdo Trans-Pacífico. El nuevo bloque reuniría a países como Japón, Corea del Sur, y la India y se propone establecer nuevas reglas comerciales: se la bautizó como “Indo-Pacific Economic Framework” (IPEF), que podría traducirse como Marco Económico Indo-Pacífico. En total serían 13 miembros, incluyendo además de EU, a Australia, Brunéi, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Juntos, representan el 40 por ciento de la economía mundial, una población de 2 mil quinientos millones de personas y el 40 por ciento del producto bruto global. Se trata de una zona que ha tenido los ritmos de crecimiento más elevados del mundo. Con el IPEF, según el gobierno demócrata, se están construyendo las nuevas reglas del comercio del siglo XXI y una pieza central para restaurar el liderazgo económico de EU en la región. Estas nuevas reglas, sin embargo, no contemplan la apertura de los mercados, como lo hacen los acuerdos comerciales, lo que pone en duda su importancia. En realidad, hay muchas dudas acerca de lo que el IPEF realmente representa a pesar del optimismo del gobierno Biden. Hay que recordar que hace pocos meses China logró un pacto comercial con 15 países de Asia Pacífico. La mayoría de las naciones que se aliaron con China ahora también aceptaron formar parte del IPEF con Estados Unidos. De esta manera, algunos países podrían pertenecer a tres acuerdos distintos: el que encabeza China, el TPP, y el que recientemente proclamó EU. Otros países como México y Canadá, que forman ya parte del TPP, además son socios en el T-MEC y no estarían en el IPEF recién anunciado. Esta sopa de letras puede parecer confusa. Y lo es, no sólo por la diversidad de membretes sino también porque, particularmente en el caso de Asia, la competencia entre China y EU pasa por una feroz disputa de los socios comerciales. Lo poco que se sabe hasta ahora del IPEF es que está basado en dos ideas, aparentemente contradictorias: disputarle a China su hegemonía en la región y establecer acuerdos con diversos países, pero sin negociar una reducción de aranceles o abrir sus fronteras a los socios del bloque. De lo que se trata, dicen los estadounidenses, es de elevar los niveles laborales y del medio ambiente. Y, afirman, se enfocará en cuatro metas sustantivas: coordinar esfuerzos para asegurar las cadenas de abastecimiento; expandir la producción de energías limpias; luchar contra la corrupción; y ensanchar el comercio digital. El IPEF se presenta además como un mecanismo flexible en el que cada país puede escoger en cuáles de estas cuatro áreas establecerá sus compromisos, y no obligatoriamente en todas. Se espera iniciar las negociaciones en junio o julio y tener listos los primeros resultados entre 12 y 18 meses para someterlo a la ratificación de cada gobierno. Los ambientalistas y los grupos sindicales tendrán un lugar prominente en la mesa de negociación, dijeron los convocantes, aunque algunos de estos grupos, en EU, ya mostraron su escepticismo: consideran que el comercio digital acelerará la contratación de servicios (y empleos) fuera de EU en especialidades como medicinas y otros servicios industriales. Muchos analistas, después de conocer el anuncio de Tokio, se preguntaron si el IPEF es viable ya que no ofrece ventajas comerciales a sus integrantes y, al mismo tiempo, los obligaría a someterse a las reglas que EU exige en materia laboral y de medio ambiente. Para algunos medios empresariales de EU, como Bloomberg, el IPEF debe ser el peldaño para llegar a un acuerdo de libre comercio. Por lo tanto, aseguran, sus términos deben ser replanteados y Estados Unidos debería unirse al TPP despreciado por Trump y no andar inventando nuevos mecanismos poco comprensibles. En otras palabras: EU, en su afán de “frenar a China y sus agresiones” como dijo el secretario de Estado Blinken, está buscando aliados o, por lo menos socios, para cercar al gigante asiático. Sin embargo, sus esfuerzos se riñen con su necesidad de asegurarle a sus clientelas políticas internas, sobre todo al interior del Partido Demócrata, que no regresará a los viejos acuerdos de libre comercio que han auspiciado la salida de empleos a otras partes del mundo. ¿Por qué es importante entender este escenario tan complejo y qué efectos podría tener para México? Por lo pronto, habría que destacar que la posición contradictoria del gobierno Biden quizás esté mostrando que se encuentra en una situación muy frágil: el IPEF anunciado en Tokio no sólo tiene objetivos externos, también busca fortalecer su posición frente a las próximas elecciones de noviembre. Para ello, quiere mantener un difícil equilibrio entre los sectores de votantes, especialmente de la clase obrera industrial que simpatizaron con Trump y los republicanos, los cuales ya no quieren más libre comercio; y otro sector, beneficiado por la globalización, que reclama nuevos acuerdos que sigan abriendo las fronteras nacionales en diversas partes del mundo. Los primeros exigen, como en el caso de México, acciones de represalia y vigilancia cercana para que las empresas no abandonen EU aprovechando fuerza de trabajo más barata y menores costos ambientales; los segundos, creen que la libre movilidad de capitales y mercancías de seguir siendo la base de la prosperidad de EU. Esta ambigüedad puede resultar catastrófica para la administración demócrata si los electores y los grandes consorcios advierten que Biden no queda bien con nadie. De esta manera, podrían retirarle su apoyo. Un vuelco electoral severo, en EU, tendría consecuencias para México ya que podría orillar a un nuevo replanteamiento de su política con nuestro país en varios aspectos, algunos incluidos en el T-MEC. Un congreso controlado por los republicanos podría endurecer las reglas de este acuerdo y frenar el comercio entre ambos países Sin embargo, por otro lado, hay quien asegura que estamos observando una nueva ola de inversiones externas en nuestro país para tratar de sustituir la producción que hoy se elabora en China. Según un reportaje del New York Times, de diciembre de 2021, varias empresas se han dado cuenta de que es mejor que las cadenas de abastecimiento estén cerca geográficamente: una cadena más corta, es más fuerte, dicen ahora, después de sentir los efectos de la pandemia y el bloqueo de los puertos. Ello implica cambiar de lugar las fábricas de China a México, de preferencia al norte de nuestro país, donde la fuerza de trabajo es barata, hay muchos terrenos disponibles y la frontera está a muy poco tiempo por carretera. Estamos hablando, dicen, de Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros y Piedras Negras. A esta transformación, los inversionistas la llaman “near-shoring” y afirman, según el NYT, que se trata de una ola que apenas está comenzando pero que será “de largo plazo”. Si lo anterior se confirma, habrá fuertes presiones para hacer más flexible el T-MEC, sobre todo en la parte laboral. En resumen, en EU se libra una lucha interna cuyos resultados son difíciles de prever. México es una pieza de este complejo escenario. Lo que está en juego, sin embargo, afectará al mundo. Por ello, en vista de las contradicciones e incertidumbres que afectan al gobierno de Biden y a sus políticas comerciales, tendríamos que pensar en que nuestra integración económica a EU, tal cual está planteada hoy, no puede ser la única vía para nuestro desarrollo. Otras alternativas son posibles, pero requieren imaginación, consensos y decisión política. saulescobar.blogspot.com

Pobreza laboral y desamparo en México durante la pandemia 2020-2021

Pobreza y desamparo Saúl Escobar Toledo Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 que realizaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en colaboración con el INEGI (disponible en https://www.cnbv.gob.mx). Es la cuarta vez que se realiza un ejercicio similar; esta vez se llevó a cabo entre junio y agosto de 2021 en viviendas y a personas entre 18 y 70 años, e incluyó “las afectaciones económicas ocasionadas por la enfermedad COVID-19”. De toda la información disponible, vale la pena resaltar, en esta ocasión, tres aspectos: la mala situación de los trabajadores mexicanos; la vulnerabilidad de las familias; y la debilidad institucional para atender ambas cuestiones. En lo que se refiere al estado deplorable del mercado laboral, hay un indicador interesante: se preguntó a los entrevistados si “posee o tuvo posesión de una cuenta de ahorro para el retiro”. Independientemente de las fallas de este sistema de pensiones, individual y privado, el que un trabajador sepa que está inscrito en una AFORE y que sus patrones aporten a esa cuenta, es un indicio de que su empleo está protegido por la seguridad social y de que tiene cierta estabilidad (por lo menos en comparación a los que no tienen o no saben que tienen una cuenta para su retiro). Los resultados muestran que sólo el 39% tiene una prestación de este tipo; el 7.4% que alguna vez tuvo; y el 53.5% que nunca ha tenido una cuenta en una Afore. La brecha de género es notable pues mientras que casi la mitad de los hombres respondieron afirmativamente, sólo el 31% de las mujeres lo hicieron. Lo anterior, creo, refleja, que más del 60% de los mexicanos en edad de trabajar no lo hacen o laboran en condiciones precarias e informales. También revela que la exclusión y discriminación de las mujeres es muy grande: un número reducido cuenta con un empleo formal y la diferencia con sus pares masculinos es ancha, casi 20 puntos porcentuales. La desigualdad regional también es muy acusada: mientras el Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora) y la Ciudad de México tienen niveles cercanos al 50% de trabajadores inscritos en una cuenta para el retiro, en el Sur, Centro Sur y Oriente del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz), los porcentajes apenas llegan al 30-32%. Por otro lado, se preguntó si “de julio de 2020 a la fecha (mediados de 2021), ¿lo que ganó o recibió cada mes fue suficiente para cubrir sus gastos?”, el 52% respondió que no, seguramente debido a los efectos de la pandemia y a las condiciones estructurales de vulnerabilidad de sus empleos. Luego se les preguntó qué hicieron en este último caso, es decir, si no pudieron llevar a casa los bienes indispensables. Las respuestas fueron: el 54% “pidió prestado a familiares o personas conocidas”; el 56% “utilizó el dinero que tenía ahorrado”; el 20% “vendió o empeñó algún bien” y, algo tan lamentable como previsible, el 80% de las personas “redujo sus gastos”. La magnitud del daño causado durante los años 2020 y 2021 alcanzó a cuatro quintas partes de los mexicanos quienes tuvieron que reducir su consumo, suponemos que fundamentalmente de alimentos, mercancías como ropa y calzado, o servicios (transporte, educación, salud). Se entiende que los entrevistados pudieron elegir varias respuestas y respondido afirmativamente a las cuatro preguntas. Sin embargo, podemos asumir que las redes familiares o deshacerse una parte de su patrimonio, o ambas, sirvieron en parte, pero no totalmente, para detener la caída del consumo normal de las familias. Resulta entonces evidente, la ausencia de la ayuda o protección del Estado. Debido a esta falla, la inmensa mayoría de los mexicanos sufrieron, al mismo tiempo, una reducción de sus compras más esenciales y, además, tuvieron que deshacerse de una parte de su patrimonio (sacando su dinero del “colchón” o vendiendo o llevando algunos de sus bienes a las casas de empeño). La pobreza se manifestó entonces en dos sentidos: una reducción de su gasto, y una pérdida de su patrimonio. La condición precaria de los trabajadores mexicanos y sus familias también quedó en evidencia cuando se les preguntó “Si usted dejará de recibir ingresos, ¿Por cuánto tiempo podría cubrir sus gastos con sus ahorros?”. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 32% de los mexicanos sólo puede aguantar “menos de una semana o no tiene ahorros”; otro 21% apenas podría cubrir sus gastos “al menos una semana, pero menos de un mes”; y el 26 % “al menos un mes y menos de tres meses”. Es decir, el 80% de los mexicanos en edad de trabajar, si fueran despedidos de sus empleos, dejaran de laborar, o recibir algún pago por alguna otra razón (y no estuvieran asegurados), aguantarían a los sumo tres meses para cubrir sus gastos. Aquí se revela otra falla institucional, la inexistencia de un seguro de desempleo, pues éste podría dar respiro por lo menos por seis meses al trabajador que perdió su trabajo. Esto puede resultar vital para impedir que esa persona caiga en la economía informal (incluyendo actividades ilícitas), o en un desempleo demasiado prolongado que puede llevar a su familia a la pobreza extrema. En el caso de los trabajadores que no cuenta con un empleo asalariado o remunerado, se podrían pensar en otros mecanismos de protección que se pondrían en marcha en situaciones especiales, por ejemplo, una renta o ingreso focalizado por tiempo determinado. O, siendo más optimistas, por un fondo especial, con recursos públicos que podría existir de manera permanente y recibir aportaciones de los trabajadores cuando cese la emergencia. El dato más sorprendente de la encuesta que nos ocupa la encontramos cuando se les preguntó: “¿Usted recibe algún apoyo económico o programa de gobierno como personas adultas mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, entre otros?”. Sólo el 9.5% contestó que sí: 11.5% en el caso de las mujeres y 7.2% en el caso de los hombres. En cifras absolutas, ello se traduce, según el estudio, en 8 millones de personas, 5 millones de mujeres y casi 3 millones de hombres (esta diferencia podría deberse a que las madres de familia cobran las becas escolares para sus hijos más que los hombres). En cambio, se puede suponer que casi el 91% de los mexicanos en los rangos de edad señalados, carece de apoyos gubernamentales: casi 76 millones de personas. Estas cifras pueden tener algún error o desviación. Los autores del estudio advierten una confianza del 90% y que su estimación tiene un “coeficiente de variación menor o igual al 15%”. Es decir, como toda encuesta, no puede ser un reflejo exacto de la realidad. En este último asunto, hay que subrayar que el gobierno afirma que tan sólo el programa “pensión para el bienestar de las personas adultas mayores” abarca casi 8 millones de beneficiarios. De cualquier manera, las cifras son dignas de un estudio más detallado y revelarían que los apoyos del gobierno llegan a un número muy reducido de la población. A pesar de las imprecisiones que puede tener la encuesta que comentamos, sus resultados muestran crudamente la ausencia de protección del Estado para la inmensa mayoría de los mexicanos en materia de ingresos. Es decir, sin tomar cuenta las carencias en materia de servicios de salud, educación, vivienda, infraestructura urbana, agua, etc. Ahora que, a los perjuicios de la pandemia se ha sumado la inflación, el desamparo de los mexicanos se revelará aún mayor, desafortunadamente. Sume usted a lo anterior, la política de Hacienda y el Banco de México, austeridad y elevación de las tasas de interés, y el resultado será un agravamiento de la situación de las familias en los próximos meses. Además, el mensaje del 15 de mayo, acerca de los aumentos salariales a los maestros no parece anunciar tampoco buenas noticias: ¿estamos, otra vez, como en los mejores tiempos neoliberales, ante una política de topes salariales? saulescobar.blogspot.com