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miércoles, 31 de julio de 2019

T-MEC en duda


El nuevo tratado comercial, todavía en veremos

Saúl Escobar Toledo

Hace unos días, un grupo de trabajo compuesto por nueve parlamentarios del Partido Demócrata de Estados Unidos, encargado de revisar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (en inglés U.S.-Mexico-Canada Agreement, USMC, conocido en nuestro país como T-MEC), dio a conocer un reporte de actividades. Para empezar, advierte que la redacción del Acuerdo, tal como fue aprobado por los gobiernos de los tres países, tiene carencias en cuatro áreas: trabajo; protección del medio ambiente; acceso a medicamentos; y mecanismos de cumplimiento.
El grupo propone, claramente, la necesidad de mejorar el texto. Por ejemplo, en el caso de las medicinas, el USMC otorga 10 años de exclusividad a las patentes de los laboratorios para protegerlos de la producción de genéricos. Ello a pesar de que en México y Canadá el plazo ha sido de 5 años. Los demócratas creen que ello encarecerá los medicamentos. Consideran que debe reducirse el periodo de exclusividad, o de plano suprimir esta cláusula.
En lo que toca a la parte laboral, señalan que el viejo NAFTA o TLCAN fracasó en su objetivo de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo en México, afectando también a los obreros industriales estadounidenses. Por ello proponen, sobre todo, mecanismos y recursos para monitorear el cumplimiento de los derechos reconocidos internacionalmente y para que los “socios y actores” puedan rendir cuentas de los compromisos y reglas del acuerdo. Por socios y actores, los legisladores incluyen a las autoridades, empresarios y sindicatos que detentan los contratos, e incluso a las organizaciones y activistas independientes que están luchando en nuestro país por el respeto de los derechos laborales.
En cuanto al medio ambiente, también reconocen las fallas del viejo TLCAN y su incapacidad para que se cumplan con los estándares medioambientales en México, lo que ha provocado -dicen- un deterioro de la infraestructura y daños a la salud que “no reconocen fronteras”. Aquí, de la a misma manera, proponen reglas más enfáticas y procedimientos de observación más estrictos.
En lo que respecta al tema de arreglo de las controversias por violaciones a las reglas del Tratado, los demócratas quieren un mecanismo que comprometa a los países (state-to-state dispute settlement) a llevar las disputas a juzgados internacionales neutrales en los que ambas partes puedan presentar sus argumentos.  No aceptan la propuesta del representante de Trump (Lighthizer), que consiste en que el gobierno de EU tome acciones unilaterales como policía (identificando cuáles han sido las violaciones de los gobiernos), fiscal (estableciendo los argumentos legales), jurado (evaluando las evidencias) y juez (sentenciando a los otros países a castigos y represalias comerciales).
La Comisión destacó positivamente la plática que tuvieron en la Ciudad de México con el presidente de la república y con la secretaria de trabajo: creen que están seriamente comprometidos con la reforma laboral y quedaron muy bien impresionados por el detallado programa para implementar las reformas presentado por Luisa Alcalde. Sin embargo, en el reporte manifestaron su preocupación por la disponibilidad de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Creen que las medidas de austeridad, como parte de la lucha contra la corrupción emprendida por AMLO, no permitirá contar con las partidas indispensables para hacer efectivos los cambios. Señalan, sin embargo, que eso se comprobará o no, en el presupuesto que el presidente debe entregar en septiembre y en las decisiones que tome la Cámara de Diputados a final de año.
Los legisladores también manifestaron su “profunda preocupación” por los 400 amparos que han sido interpuestos por los sindicatos de protección para tratar de socavar las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se quejaron, asimismo de que, en su visita a algunas fábricas en el estado de San Luis Potosí, dominan los contratos simulados que se pactan antes de que los obreros sean contratados: “Vimos claramente por qué el mercado de trabajo mexicano, construido sobre los hombros de trabajadores indefensos, ha producido tantas ganancias para las compañías más poderosas del mundo incluyendo algunas de capital estadounidense”. En particular, denunciaron que en la planta productora de llantas Goodyear encontraron trabajadores despedidos por defender sus derechos de organización sindical y que la empresa negó la entrada a la fábrica a la Comisión, provocando un gran disgusto a los representantes del Congreso de los Estados Unidos.
En resumen, los demócratas están convencidos de que el Acuerdo debe mejorarse en esos cuatro aspectos. Tal como está, no votarán a favor.
La posición demócrata no es definitiva, pero parece indudable que la ratificación del acuerdo por el Congreso de EU es todavía muy incierta. A pesar de que los senadores de nuestro país lo aprobaron sin cambios, los legisladores estadounidenses podrían llegar a un acuerdo bipartidista que abriera de nueva cuenta la negociación e incluir algunas reformas importantes. En el caso de las patentes para medicamentos, si se aceptara la moción demócrata, México saldría ganando. Sin duda fue una concesión demasiado costosa.
En materia laboral, la preocupación se enfoca en la implementación de las reformas. El gobierno de AMLO tendrá que garantizar que la reforma va en serio y que contará con recursos económicos necesarios para el 2020 y cumplirá con los plazos fijados por el propio congreso y el gobierno mexicanos. Más complicado son los temas de su observación y la resolución de controversias.
La propuesta de Trump-Lighthizer probablemente sería inadmisible para México y Canadá. La postura alternativa de los demócratas no es mucho mejor, pues los inversionistas son los únicos actores que tienen realmente posibilidades (por el costo que suponen y los abogados litigantes que se requieren) de llevar a cabo ese tipo de juicios en tribunales internacionales, lo que otorga a las empresas  una gran ventaja. Sin embargo, se ha vuelto el mecanismo más usual pactado en los acuerdos comerciales firmados por distintos países del mundo.
El problema es que, ante las dificultades de que cualquier mecanismo sirva para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales, los demócratas parecen apostarle a fortalecer la observación directa y a una mayor participación de las organizaciones de trabajadores opuestas o ajenas a los sindicatos de protección. Sin decirlo, sugieren la necesidad de una alianza política trinacional entre partidos, organizaciones sindicales y activistas.
Si eso ocurriera, ¿Aceptaría México la presencia de un observatorio permanente de sindicatos y autoridades estadounidenses para vigilar directamente el combate a los contratos de protección y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales en nuestro país? ¿Podrían, por ejemplo, ejercer presión para que se rechacen los amparos que han promovido los sindicatos del viejo régimen, o llevar a cabo visitas de inspección a las fábricas donde suponen que se violan esos derechos?  Se trata de aspectos que todavía no se plasman en propuestas concretas de modificación del Acuerdo pero que podrían convertirse en parte de la negociación bipartidista en la Cámara de Representantes. Lo cierto es que son los demócratas, no los republicanos, los más interesados en los temas laborales. Y ello abre un espacio de confluencia con el gobierno de AMLO, pero también con el sindicalismo independiente.
El último escenario podría ser la falta de acuerdo entre los legisladores de EU, lo cual tendría consecuencias aún más imprevisibles: que se quede el Tratado como está o que no haya ninguno. Ni los gobiernos ni los legisladores de los tres países lo desean, pero a estas alturas de los tiempos políticos de EU nadie podría decir, hoy día, que el futuro del T-MEC está asegurado. En cualquier caso, por desgracia,  el futuro económico del país, está en juego.
saulescobar.blogspot.com

miércoles, 17 de julio de 2019

Las cifras del empleo 2019


Las cifras del empleo: la insoportable levedad del presupuesto público

En memoria de Jaime Ros


Saúl Escobar Toledo


El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer hace unos días los datos del empleo asegurado en esa institución. No son muy alentadores. Si se compara el mes de junio con el de mayo de este año, se perdieron 14 mil puestos de trabajo. Visto desde un plazo más largo, las cifras no son tan sombrías: en relación a diciembre de 2018, se crearon casi 290 mil empleos; si se toma como base junio de 2018, un año, hay 474 mil plazas de trabajo más, un aumento del 2.4%.
Como quiera que sea, las cifras reflejan la baja capacidad de creación de empleos de la economía mexicana, fenómeno que viene presentándose desde hace varias décadas y, al mismo tiempo, un ritmo de crecimiento cada vez más lento en los últimos meses. Es decir, a una tendencia estructural de largo plazo se añade una coyuntura desfavorable.
Llama la atención que las ocupaciones perdidas en junio (y en mayo) hayan sido eventuales, mientras que los empleos permanentes crecieron. La misma tendencia se observa si se mide el semestre: el 96% de los puestos de trabajo creados fueron permanentes, lo que contrasta con 2018 (82%) y 2017 (81%).
También destaca que los estados que perdieron empleos en el último año (junio 19/junio 18) hayan sido Guerrero con una horrenda cifra de menos 4.6%; una cosa similar se presentó en Chiapas, Oaxaca, Durango, Tabasco y Morelos.
Ambas cosas (su eventualidad y su localización geográfica) podrían indicarnos que se perdieron plazas de trabajo muy vulnerables, localizados en los sectores de la economía menos moderna. En cambio, en los estados de Querétaro, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León y Sonora, la creación de empleos fue superior al promedio nacional. Y, sin embargo, el sector económico que más colocaciones ofreció  en el último año fue el agropecuario, seguido de transportes y comunicaciones.
Este panorama refleja naturalmente la actividad económica, la cual muestra un estancamiento desde 2012 y una mayor pérdida de dinamismo desde septiembre del año pasado. Las cifras indican, asimismo, que el sector mejor librado ha sido el sector primario el cual, aunque modestamente, ha venido creciendo en el último año, más que el secundario y el terciario.
Un caso particularmente grave es el de la industria de la construcción, lo cual se ha reflejado en una aguda caída del empleo: de casi 625 mil plazas registradas en septiembre de 2012 a 506 mil en abril de 2019. Lo mismo sucede con la minería. La industria manufacturera en cambio ha venido creando nuevos puestos, lentamente, pero sin mayores retrocesos.
Por otro lado, el salario base de cotización del IMSS tuvo un crecimiento nominal de 6.6%, lo que indicaría un ligero aumento en términos reales. De acuerdo a los datos señalados, no parece haber señales de que estos incrementos hayan impactado negativamente la creación de empleos ni frenado la actividad económica. La razón de estos fenómenos deberá encontrarse en otras causas.
El aumento del empleo asegurado en la agricultura, aunque es una buena señal, no debe ser exagerado. Representa menos del 4% del total. Además, está concentrado en: Jalisco, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Baja California. En Guerrero por ejemplo hay menos de mil trabajadores registrados en el IMSS.  De esta manera, las cifras recién entregadas quizás muestren más bien una mayor formalización del trabajo jornalero que una expansión del empleo.
En el informe se destaca la incorporación de mas de 500 mil jóvenes al servicio médico, resultado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y de 180 mil personas más, según dice el documento de manera literal, “asegurados voluntariamente en el régimen obligatorio” lo cual indicaría que se trata de plazas ya existentes que fueron formalizadas. Sin duda, el Programa significa un cambio radical frente a lo que se hizo en el pasado. Ningún gobierno había dedicado tantos recursos a programas de fomento al empleo. Los beneficios de asegurar a un grupo tan amplio de jóvenes también representan un gran avance. Sin embargo, debe subrayarse que este tipo de políticas públicas no tienen como objetivo crear nuevos puestos de trabajo sino mejorar la colocación de las personas en el mercado laboral. De esta manera, si la actividad económica no se acelera y, con ello, la creación de nuevos puestos, este tipo de programas solo aportan beneficios temporales.

En resumen, el panorama del empleo está atravesando por una situación difícil producto de varios factores: el sector más moderno de la economía ofrece pocas opciones; el sector más atrasado está retrocediendo; y hay ramas como la de la construcción y la minería que presentan una fuerte caída. Por su parte, la expansión observada en el sector agrícola y la incorporación de nuevos asegurados, aunque son acciones positivas, no representan un factor suficientemente influyente que pueda anunciar un cambio de la tendencia general.
De ahí que resulte indispensable acelerar la inversión pública en infraestructura. Ello serviría para detener la caída de la industria de la construcción, sobre todo si se comprueba que la inversión privada ha disminuido severamente. Ayudaría a reanimar el ciclo económico, generando directamente más puestos de trabajo y una mayor demanda efectiva que se reflejaría en un mayor consumo interno. Y, sobre todo, si se aplica en las regiones más atrasadas del país y en aquellos rubros que más lo necesitan, ayudaría a cerrar la brecha de desigualdad que, según se observa, está creciendo entre las regiones y las empresas más atrasadas y las más desarrolladas.
El gasto en programas sociales no basta. Urge entonces poner en movimiento la inversión pública junto con otros mecanismos que reanimen la economía, como el financiamiento de la banca de desarrollo.
En el inicio de otros sexenios, se ha observado también una tardanza en el ejercicio de los recursos públicos, particularmente en infraestructura, ya que estos proyectos requieren tiempo para su planeación y puesta en marcha. En este caso, sin embargo, las dificultades han sido mayores por la reasignación de programas, la lucha contra la corrupción, la austeridad, y las nuevas prioridades del gobierno en materia de inversión. La combinación de todo ello no ha ayudado a despejar el camino para un ejercicio del gasto y la reanimación de la economía.
Es probable y deseable que, en los próximos meses, la inversión en infraestructura fluya a ritmos más elevados. Sin embargo, sus resultados no se verán reflejados de manera inmediata. Podría decirse que este año, 2019, el panorama del empleo no mejorará sustancialmente. Por ello, el presupuesto para 2020 deberá reflejar un esfuerzo mucho más cuantioso y ordenado en materia de inversión pública de tal manera que, en un futuro cercano, el balance sea mucho más satisfactorio.
El país requiere más y mejores puestos de trabajo. Cualquier otro camino para combatir las desigualdades y la pobreza tendrá efectos menores si no se pone este objetivo en el centro de las políticas públicas y, especialmente, en el ejercicio de los recursos presupuestales. La rectoría económica del Estado se convierte en una frase vacía si no se traduce en una abundante, bien planeada, y oportuna inversión productiva. El gasto público no pude limitarse a estimular la demanda: también y de manera prioritaria tiene que aplicarse para ampliar la oferta de bienes y servicios. Eso es lo que demuestran las cifras de esta primera mitad del año. 2020 tiene que ser el momento del cambio. De otra manera, la economía y el empleo, en el mejor de los casos, seguirán los mismos ritmos de las últimas décadas. O sea, más de lo mismo.

saulescobar.blogspot.com   


miércoles, 3 de julio de 2019


El futuro del trabajo

Saúl Escobar Toledo

El vertiginoso desarrollo de la tecnología que hemos observado en las últimas décadas sorprende, gratifica y asusta. En unos cuantos años, las personas han cambiado su forma de relacionarse con otras personas, sus hábitos más frecuentes para comprar cosas, y sus formas de trabajo. Estos cambios resultan muy asombrosos sobre todo para las generaciones más viejas, pero incluso los más jóvenes se maravillan de estos avances. Muchas personas, sobre todo las que no están en una condición de sobrevivencia, se sienten contentos y satisfechos con los aparatos más recientes. Sin embargo, también hay preocupación por los efectos indeseados. Por ejemplo, la invasión de nuestra intimidad, averiguar sin permiso nuestras preferencias y amigos, y utilizar esa información con fines comerciales y políticos.

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con los efectos de estos avances en el trabajo. La inteligencia artificial (máquinas que realizan tareas cognitivas como las computadoras); la automatización (aparatos que llevan a cabo funciones programadas sin intervención humana, por ejemplo, al pagar un servicio o adquirir una mercancía); y la robótica (sobre todo aquellos que sustituyen a humanos en el proceso productivo) sin duda crean temores en el sentido de que las plazas laborales se verán seriamente afectadas, desplazando personas por máquinas.

Por ello, el futuro del trabajo se ha convertido en un tema cada vez más polémico. Atrae la atención de organismos internacionales, académicos y especialistas, gobiernos y autoridades, y desde luego de los medios de comunicación. Muchas personas pueden tener la creencia de que la sustitución de personas por máquinas es una tendencia imparable que además provocará despidos masivos y desempleo sin remedio.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se propuso discutir este tema y para ello creó una Comisión Mundial formada por 20 especialistas. Dicho grupo inició sus actividades en 2017 y los concluyó en noviembre de 2018. Hace unos días, publicó su informe final. 
El objetivo del documento es llamar la atención sobre las transformaciones que afronta el mundo del trabajo y proponer ideas para encauzar y aprovechar esos cambios. Para ello toman en cuenta los avances tecnológicos, pero también las innovaciones que se están llevando a cabo para adoptar procesos productivos con tecnologías limpias. Asimismo, incluyeron la evolución demográfica de los países.

Sobre el cambio tecnológico, afirman que éste, sin duda, va a destruir empleos, pero igualmente es previsible, como ha sucedido desde la Revolución Industrial del siglo XVIII, que se crearán nuevas plazas. El problema es que esos nuevos puestos no necesariamente podrán ser ocupados por aquellos que fueron desplazados por los sistemas más modernos.
Por ello, una de sus primeras recomendaciones consiste en aumentar la inversión en la capacitación de las personas y en adoptar el derecho al aprendizaje a lo largo de toda su vida para que éstas adquieran competencias, las perfeccionen y puedan reciclarse profesionalmente.
También recomiendan incrementar el gasto público en políticas y estrategias para lograr metas como la igualdad de género y la protección universal, desde el nacimiento hasta la vejez, basada en la solidaridad y el reparto de riesgos. Igualmente, aumentar la inversión en instituciones laborales como la inspección del trabajo, y asegurar que se lleve a cabo la contratación colectiva bajo el principio de la libertad sindical.
Una propuesta central se refiere a la necesidad de establecer una Garantía Laboral Universal. Todos los trabajadores, con independencia de su acuerdo contractual o situación laboral, deberán disfrutar de un salario vital adecuado, límites máximos en su jornada, y protección efectiva en materia de seguridad y la salud en el trabajo.
Proponen, asimismo, establecer un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que exija a estos nuevos sistemas de compra (y a sus clientes) que respeten determinados derechos y protecciones mínimas. Otro conjunto de propuestas tiene que ver con Incrementar la inversión en empleos decentes (o dignos) y sustentables.
El impacto de la tecnología sobre el empleo, en el futuro inmediato, no está claro. Hay cálculos muy diferentes: en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, algunos autores calculan que un 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos corren el riesgo de verse sustituidos por la automatización. Por su parte la OCDE tiene una cifra más conservadora:  apenas el 9% de las plazas laborales corren ese riesgo en los países afiliados a esta organización. Nadie duda de su importancia, pero no hay unanimidad en cuanto a su magnitud. Y sobre todo en cuanto a la posibilidad de que las pérdidas sean compensadas por la creación de nuevas plazas de trabajo. Así, por ejemplo, debido a la adopción de tecnologías y procesos productivos más limpios, la OIT calcula que el Acuerdo de París puede traducirse en una pérdida de 6 millones de empleos, pero a cambio se crearían   24 millones de colocaciones nuevas.
En lo que toca a América Latina, la revista Trabajo, patrocinada por la OIT, y dirigida por Enrique De la Garza, de la UAM, ha dedicado su número correspondiente al semestre enero-junio de 2018 al tema que comentamos.
En la introducción, De la Garza considera que la tecnología no lo determina todo. En el caso de nuestros países, por ejemplo, influyen también factores tan importantes como el modelo exportador: si se trata de uno en el que predominen los bienes primarios (de origen agrícola o petrolífero); o de exportaciones en su mayoría manufactureras, como en México.
En nuestro país, la mayor parte de las empresas exportadoras son tipo maquiladora, es decir ensambladoras de bajo valor agregado. Las empresas con tecnología de punta, donde la robotización puede ser posible, sólo emplean unos 68 mil trabajadores mientras que la maquila abarca 3 millones de obreros en total. Además, los niveles de ocupación y más altos y dinámicos, se encuentran el sector servicios donde predomina el trabajo con baja productividad y calificación de la mano de obra. Asimismo, los niveles de informalidad, que superan el 50%, también deben tomarse en cuenta para tratar de medir el impacto de las nuevas tecnologías.
Pero aún en la industria manufacturera más moderna, como la automotriz, los trabajadores obtienen salarios muy bajos, sobre todo si los comparamos con Estados Unidos, donde ganan nueve veces más. La existencia de una mano de obra barata se ha convertido en una ventaja comparativa que atrae inversiones, pero al mismo tiempo atenúa la sustitución de mano de obra por tecnologías de última generación.
Finalmente, De la Garza advierte que el impacto de esta modernización tiene que ver con la correlación de fuerzas en las empresas. Si las relaciones laborales se distinguen por una flexibilidad que sólo busca bajar los costos de la mano de obra y se margina a los sindicatos y a cualquier forma de participación de los trabajadores, la tecnología puede ser más destructiva no sólo de empleos sino también de las condiciones de trabajo en general.
En resumen, los robots están llegando a las fábricas, pero no acabarán con todo el trabajo humano ni con las oportunidades de empleo. El ritmo y la intensidad de este fenómeno dependerá de que la destrucción/creación de  empleos pueda ser controlada y dirigida por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores (organizados) mediante la capacitación permanente, la mejora de la regulación y el funcionamiento de las instituciones laborales, la seguridad social universal, la inversión en proyectos productivos que propicien el trabajo decente (o digno) y sustentable (cada vez más verde).
La tecnología puede y debe ser utilizada para el bienestar de las personas, tanto si son consumidores como, más decisivo aún, si son productores. Esto último supone acuerdos, negociaciones colectivas y libertad para organizarse.