La agenda Biden y el caso de México

La agenda Biden y el caso de México Saúl Escobar Toledo Hoy miércoles 20 de enero, Joe Biden tomará posesión como presidente de los Estados Unidos. Según distintas publicaciones cercanas al partido demócrata (por ejemplo, Bloomberg), sus prioridades serán (o deberían ser), en primer lugar y de manera urgente, luchar contra la pandemia del COVID-19, mejorando la estrategia para evitar más contagios y muertes, con el diseño de un plan nacional que permitiría un ritmo de vacunación de un millón de dosis diarias y que pondría énfasis en las comunidades negras, latinas y nativas que han sufrido desproporcionadamente los efectos de la enfermedad. La segunda cuestión de la agenda consistiría en poner en marcha, con la aprobación del nuevo Congreso, un plan de estímulos económicos más ambicioso que el anterior (por un total de 1.9 billones de dólares). Incluiría nuevas transferencias monetarias por 1400 dólares a cada hogar de manera pareja y sin distinciones, lo que se agregaría a los 600 dólares ya aprobados en 2020; extender la ayuda para los desempleados hasta septiembre por un total de 350 mil millones de dólares y, se dice, decretar un aumento del salario mínimo que alcanzaría 15 dólares la hora. También habrá, se afirma, como parte de las acciones inmediatas, una propuesta para reformar el sistema migratorio. Posteriormente, se anunciarían otros proyectos que atenderían problemas de mediano y largo plazo como la construcción de infraestructura y el cambio hacia una economía más verde para combatir el cambio climático. Otra prioridad de mediano plazo sería el diseño de una nueva política exterior que recupere, dicen, el liderazgo mundial de Estados Unidos y que incluiría acercarse de nueva cuenta a los viejos aliados, sobre todo en Europa, y hacer frente de mejor manera a los retos que plantea el liderazgo económico de China. Según este punto de vista, México estaría involucrado, principalmente, en la definición de una nueva política migratoria. Habrá que ver si incluye y de qué manera la legalización de millones de indocumentados que ya trabajan en Estados Unidos y el problema de los refugiados, muchos de los cuales vienen de Centroamérica y se encuentran en nuestro país Otras cuestiones que tienen que ver con México, y que ya están o estarán pronto en la agenda del gobierno de Biden son: el asunto del trasiego de armas y drogas entre ambos países; y el enfoque que tendrá que darle al T-MEC. Este último asunto es complejo ya que la nueva versión del NAFTA o TLCAN es distinta en un asunto crucial: no se trata de un tratado de libre comercio sino de un acuerdo de comercio regulado. Según un estudio de Gustavo Vega y Francisco Campos, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el T-MEC es un acuerdo negociado bajo la visión proteccionista, nacionalista y de comercio administrado del gobierno Trump. A ello se agregó la preocupación de los asuntos laborales planteados por los demócratas. Por ello, este tema, el laboral, es probablemente el área en la que se han incorporado los cambios más sustanciales en el T-MEC. Y, en efecto, la Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México, ya elaboró su primer informe ( provisional). Hay que recordar que esta Junta fue creada por la Ley de Implementación del T-MEC, y está integrada por 12 miembros nombrados por los líderes del Congreso de los EE. UU., con el fin de “monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral”. Aunque reconocen las dificultades causadas por la pandemia, afirman que “la Junta ha identificado una serie de preocupaciones graves con respecto al procedimiento de México para aplicar la legislación en materia laboral que consideramos se deben abordar de manera inmediata”. El informe subraya la existencia de contratos de protección cuyo objeto, dicen los expertos, es fijar salarios reducidos y condiciones deficientes de trabajo y “proteger” al patrón de tener que negociar con un sindicato independiente y democrático, el cual haría hincapié en mejores salarios y condiciones laborales. Exponen que los costos de la mano de obra por hora en la industria manufacturera es de 39 dólares en EU, 30 dólares en Canadá y 4 dólares en México. Después, hacen un resumen y una evaluación de la reforma laboral aprobada en 2019 y concluyen que, a pesar de los avances y el esfuerzo del gobierno mexicano, “el sistema de contratos de protección… permanece intacto”. De acuerdo con o anterior emiten una serie de recomendaciones. La primera de ellas consiste en: “El Comité Laboral Interinstitucional (del gobierno) y el Congreso de los EE. UU. deberán hacer todo lo posible para ayudar a México en poner fin a la vigilancia, el acoso, las amenazas, las detenciones, la violencia física y los asesinatos de trabajadores que ejercen sus derechos (legales), tanto a nivel federal como estatal.” Finalizan señalando que: El Gobierno estadounidense y su embajada deben enviar un mensaje contundente a las empresas que producen bienes y servicios en nuestro país para exportar al mercado estadounidense: no se regresará a las condiciones anteriores y las utilidades de esas empresas ya no se obtendrán con base en las violaciones a los derechos de los trabajadores. Es probable que la agenda del presidente Biden no aborde de inmediato estas recomendaciones. Sin embargo, tendrá que hacerlo más tarde o más temprano pues la mayoría demócrata en ambas cámaras seguramente ejercerán una mayor presión para que se aceleren los mecanismos previstos en el T-MEC en materia laboral. Esto último podría derivar en fuertes y constantes reclamos al gobierno de México. Sin embargo, el problema es más complejo si consideramos que las empresas estadounidenses no cambiarán rápidamente su modelo de negocios que incluye precisamente pagar salarios muy reducidos bajo el esquema de los contratos de protección. Además, el gobierno de EU ya ha anunciado mayores incentivos fiscales para que esas empresas regresen a territorio estadounidense. Por su parte, el gobierno mexicano ha afirmado que está convencido de la necesidad de democratizar la vida sindical, la contratación colectiva y el aumento de los salarios, pero no está preparado para enfrentar una salida de empresas, sobre todo en el sector automotriz, lo que afectaría el empleo, las exportaciones y, desde luego, el ritmo de crecimiento de la economía. De esta manera, ambos gobiernos tienen que definir, en un plazo que podría alargarse hasta 2025, un modelo de transición que dé como resultado una reorganización productiva y de las cadenas de valor establecidas entre ambos países que ofrezca mejores ingresos para los trabajadores y un mayor ritmo de desarrollo en ambos países. La otra alternativa es desatar una lluvia de denuncias de la parte estadounidense contra México, como ya lo hace el documento de los expertos. O bien, siempre hay esa posibilidad, dejar que todo siga igual. Pronto sabremos cuál será la política de Biden y la respuesta del gobierno mexicano. Pero no debería olvidarse que el fenómeno Trump y la insurrección del 6 de enero no son la enfermedad sino el síntoma de un malestar social: la caída del nivel de vida de amplios sectores de la clase obrera estadounidense. Y que una reactivación económica post pandémica en nuestro país requiere un plan estratégico que tendría que cambiar las condiciones anteriores a la aparición del COVID, sobre todo, la integración económica a EU. Se abre la oportunidad, en ambos lados de la frontera, para redefinir qué tipo de economía y sociedad deseamos para los próximos años. El proyecto de libre comercio de América del Norte no trajo los frutos esperados por sus gobiernos y sus pueblos. La nueva administración de Estados Unidos y el gobierno mexicano tendrán que revisar las lecciones que dejó el viejo TLCAN. Nos tocará discutir las conclusiones a las que lleguen. saulescobar.blogspot.com

¿Qué debemos entender por recuperación?

Recuperación ¿cómo entenderla? Saúl Escobar Toledo Llegó el nuevo año, pero seguimos igual o peor que en los últimos meses de 2020. La pandemia sigue desatada: las fiestas de fin de año, la permisividad oficial y la lentitud de la distribución de las vacunas parecen anunciar que la enfermedad seguirá causando estragos durante varios meses en casi todo el mundo, particularmente en América, Europa y partes de Asia como la India. Se ha requerido entonces redoblar las medidas preventivas: nuevos confinamientos y cese casi total de actividades económicas y escolares. Así las cosas, la recuperación se ve todavía incierta y lejana. Si en el frente sanitario podemos esperar que los contagios vayan descendiendo gracias a estas disrupciones y a un mayor número de personas vacunadas, en lo que toca a la economía la situación requerirá también de una acción más enérgica de los estados y gobiernos. Difícil que haya lugar para el optimismo sobre todo si se confía en que las cosas se van a arreglar por la pura inercia de las fuerzas del mercado. Por un lado, será necesario ampliar sustancialmente los fondos destinados a los programas de apoyo a las personas y empresas más necesitadas que ya se echaron a andar desde el año pasado. Además, diseñar nuevas medidas que puedan asegurar una recuperación más rápida y prevenir nuevas crisis. Entre estas últimas, diversas instituciones y especialistas ( por ejemplo el premio nobel Joseph Stiglitz), han señalado la necesidad de que se haga uso de una cantidad de al menos 500 mil millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por parte del FMI para echar a andar un programa de ayuda para los países más pobres y en desarrollo que no abultaría las deudas soberanas y servirían para financiar las balanzas de pagos y las importaciones necesarias para la alimentación, la salud y el mejoramiento del medio ambiente. No puede haber lugar para la confusión. La recuperación debe medirse con base en estos indicadores: disminución de las personas enfermas; aumento del número y la calidad del empleo; y un sistema productivo más verde. Todo lo demás, como la deuda, la paridad de las monedas, los mercados bursátiles, los déficits públicos y hasta los puntos porcentuales del PIB, deben entenderse como asuntos secundarios o meros instrumentos para lograr la ansiada recuperación. De otra manera puede haber un regreso simulado a la normalidad, recuperarando aparentemente lo perdido cuando en realidad estaremos retrocediendo pues habrá mayor pobreza, desigualdad, contaminación y una menor capacidad para prevenir y enfrentar nuevas catástrofes. En el caso de México lo anterior se traduce en la necesidad de diseñar un programa de recuperación que hoy no existe. No basta con la campaña de vacunación anunciada si no se mejora la capacidad hospitalaria y la atención sanitaria de primer nivel. Una nueva economía debe conducirnos a la producción de energía más limpias y otras medidas que reduzcan la contaminación e inyecten vitalidad a nuevas ramas económicas. No se puede confiar en que el T-MEC y las obras de infraestructura en curso vayan a permitirnos recuperar los empleos perdidos si al mismo tiempo no se legisla en materia de seguro de desempleo, subcontratación, plataformas digitales y programas que apoyen a las familias especialmente a aquellas que viven de la economía informal. No es suficiente una política salarial progresista, como la que de manera atemperada se ha puesto en marcha, si no se reducen las brechas regionales, de género y etarias. Para abundar sobre el tema del empleo, fundamental para la recuperación, hemos consultado el informe que la OIT y la CEPAL publicaron a fines del año pasado, el cual reconoce que la pandemia provocará “la peor contracción del producto de la región de la historia…, lo que ha tenido y tendrá profundas consecuencias laborales y sociales” (disponible en https://www.cepal.org). Según este estudio, la existencia de un sector informal muy amplio, sin acceso a seguridad social y, por lo tanto, muy vulnerable, ha tenido y tendrá un fuerte impacto regresivo en los ingresos y la calidad de vida de millones de personas. Además, los empleos formales también fueron afectados ya que muchas personas fueron despedidas; otras conservaron su trabajo, pero sufrieron una importante merma en sus ingresos debido a la reducción de horas laboradas o a que fueron enviados a sus casas con la modalidad de vacaciones no pagadas o licencias con salarios menores. El efecto de estas medidas fue más grave en nuestro país debido a la ausencia de un seguro de desempleo Un fenómeno destacable que arrojó esta crisis fue la enorme cantidad de personas que se quedaron sin trabajo y dejaron de buscarlo. Técnicamente dejaron de formar parte de la PEA (Población Económicamente Activa) y se sumaron a la Población Económicamente Inactiva (PEI). Afectó particularmente a las mujeres debido a su mayor presencia en los sectores más impactados por la crisis sanitaria (servicio doméstico, restaurantes y hoteles, comercio) pero, igualmente, a la prevalencia de una cultura machista que las confinó, más que en el caso de los hombres, a cuidar a los enfermos, a los niños sin escuela, a los ancianos y a las tareas hogareñas. La crisis causó otra manifestación novedosa: el trabajo asalariado se contrajo menos que el que se realiza por cuenta propia debido a que estas labores implican, en su mayoría, un contacto presencial, sobre todo en el sector informal. En México los trabajadores asalariados se redujeron en casi 14% en el segundo trimestre de 2020 en tanto que los que laboraban por cuenta propia representaron una caída de 30.9%. Este descenso se ha revertido, pero a costa de una mayor exposición de estos trabajadores informales al contagio, lo que explicaría en parte el crecimiento del número de enfermos y fallecimientos. Por otro lado, el estudio subraya las consecuencias devastadoras entre los jóvenes: su tasa de ocupación se redujo en mayor medida que otros grupos etarios. Esta situación, señala el informe, ha sido un factor que ha acentuado “el cansancio y la soledad (por lo que) los sentimientos de tristeza, miedo y angustia son más frecuentes entre los hombres y las mujeres jóvenes”. Y advierte que: “cuanto mayor sea el tiempo fuera de la escuela y del mundo laboral, mayores serán los riesgos de precariedad y exclusión del mercado de trabajo a lo largo de (su) vida activa”. Para evitar estas tragedias, se requieren programas orientados a mejorar su capacitación; y mantener y mejorar políticas de transferencia de ingresos para los jóvenes que estudian y se capacitan; los trabajadores adultos; y los hogares. De lo contrario, es sumamente probable que los jóvenes se vean presionados a generar ingresos, principalmente en las actividades informales, lo que restringirá las posibilidades de invertir en su formación laboral. Los últimos datos, ofrecidos por el gobierno mexicano, muestran la lentitud de la recuperación: en noviembre 2020 la población ocupada fue de 52.93% (en relación con el total en edad de trabajar), un poco menor que en octubre e inferior a las de marzo (55.76%). Además, la mayoría de las personas que regresaron a trabajar lo hicieron en actividades informales. En lo que toca a los empleos formales, el saldo de once meses, de enero a noviembre, fue de 369 mil 890 plazas perdidas, a los que hay que sumar, según expuso el presidente de la república, las casi 278 mil que se esfumaron en diciembre. Con este panorama, la recuperación no se ve tan próxima ni tan segura. El estudio de la CEPAL-OIT subraya que: “La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sector público fuerte y eficiente, con capacidad de reaccionar rápidamente ante choques que acarrean fuertes impactos económicos y sociales”. La situación que observamos en este inicio de año requiere que las instituciones del estado mexicano redoblen sus esfuerzos, lo hagan pronto y con un proyecto comprensible. saulescobar.blogspot.com