El nuevo sistema de pensiones propuesto en Chile y algunas reflexiones para México

El nuevo sistema de pensiones propuesto en Chile y algunas reflexiones para el caso de México Saúl Escobar Toledo El 7 de noviembre de este año, el flamante presidente chileno entregó a la Cámara de Diputados de esa nación sudamericana un proyecto de ley que crea “un nuevo sistema de pensiones”. El documento contiene una exposición de motivos de 39 páginas, y más de 350 artículos, incluyendo una gran cantidad de transitorios destinados a garantizar la adopción del modelo propuesto en un plazo de 25 meses. La iniciativa considera que el sistema de pensiones está en crisis y que “nadie lo pone en duda”. Esta reflexión se basa en los antecedentes de este complejo asunto: las reformas de la presidenta Bachelet en 2008 y 2017; las que se aprobaron durante el mandato de Piñeira en 2019; pero también las movilizaciones sociales que se han desatado en aquel país desde hace décadas, así como diversas aportaciones de especialistas y organizaciones sindicales, y los “diálogos sociales” que se realizaron a principios de este año. La crítica del modelo actual se apoya en el hecho de que el monto de las pensiones sigue siendo insuficiente: el 23% de los pensionados recibe un monto inferior a la línea de la pobreza, y el 72% por debajo del salario mínimo vigente. Además, hay una brecha de género, ya que los hombres reciben una pensión 4.5 veces mayor que las mujeres. Asimismo, se ha apoyado en una cotización inferior al promedio de los países de la OCDE y a cargo únicamente de los trabajadores. Según el documento presidencial, la estructura del sistema de pensiones, basada en aportaciones individuales y administrado por empresas privadas, reproduce las desigualdades del mercado de trabajo, sobre todo, por la existencia de número importante de trabajadores informales. Tampoco ha sido capaz de responder a las consecuencias de una mayor longevidad de la población debido a que no redistribuye la carga entre las generaciones. El documento subraya que es notoria (y escandalosa) la diferencia considerable que existe entre el reducido monto de las pensiones y las enormes utilidades de las administradoras privadas (en Chile se llaman Administradora de Fondo de Pensiones, AFP, y en México, Administradoras de Fondos para el Retiro, AFOREs) Este diagnóstico puede aplicarse a todos los países que han adoptado un sistema de pensiones privatizado basado en cuentas individuales como es el caso de Chile, de México y otros países de la región (cf., por ejemplo, El Trimestre Económico no. 355). Hay que recordar, por otro lado, que, en aquel país sudamericano, desde hace casi quince años, existe una “pensión garantizada universal” de carácter no contributivo y, por lo tanto, financiada enteramente con recursos públicos, lo que ha significado un enorme esfuerzo fiscal. Al igual que en México, la existencia de ese programa es revelador de la incapacidad del sistema contributivo privatizado para asegurar una vejez digna para las personas. Las novedades más importantes de la reforma del presidente chileno, las cuales propician una reflexión para evaluar el modelo vigente en México, pueden resumirse, de manera apretada, en los siguientes puntos: Primero, la creación de un sistema mixto, basado en un nuevo pilar contributivo, financiado por una cuota obligatoria de 6 por ciento a cargo de los empleadores y el ahorro colectivo de los trabajadores, denominado Seguro Social Previsional. El otro pilar será, como sucede actualmente, basado en cuentas individuales y la aportación de los asegurados. El proyecto hace notar que, actualmente, el 83% de los países de la OCDE ya disponen de un pilar público contributivo con mecanismos solidarios que ha permitido mejorar los resultados del sistema. Es decir, se ha abandonado, por lo menos parcialmente, el modelo controlado exclusivamente por empresas privadas, impuesto desde hace décadas. En segundo lugar, se separan las funciones de administración de aquellas que tienen que ver con el manejo de las inversiones de los fondos. En México, supondría desprender a las AFOREs de las SIEFORE, Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. Se crean, para ello, nuevas entidades: un gestor público y los gestores privados de inversión. Los afiliados al sistema tendrán, entonces, dos opciones: destinar su ahorro acumulado y las cotizaciones que realicen en el futuro, ya sea al organismo público, o bien, a los privados. Por otra parte, al desvincular la administración de la inversión, se crea también un nuevo organismo, el Administrador Público y Autónomo (APA) que tendrá a su cargo la afiliación, la recaudación de las cotizaciones del trabajador y del empleador, la gestión de las cuentas de los dos pilares, y la atención al público. Por otra parte, el proyecto contempla aumentar el monto (con un incremento gradual de 77.5%) y cobertura (que ya es del 90%) de la pensión garantizada universal (PGU), semejante a la pensión para adultos mayores mexicana. De este modo, las personas podrán recibir una pensión no contributiva mínima por encima del nivel de pobreza, y la pensión contributiva bajo la modalidad que elijan. La reforma aprobada a finales del 2020 en México, a pesar de sus bondades, como aumentar la cuota patronal, disminuir las semanas de cotización, y topar las comisiones de las administradoras, no alteró tres cuestiones fundamentales como lo propone la reforma chilena: omitió la creación de un pilar de carácter público, dejando a la AFORES, empresas privadas, seguir administrando los cuantiosos recursos de las aportaciones del empleador, el asegurado y el gobierno. Por otro lado, dejó intacto el contenido de los artículos de la Ley del SAR que disponen que las sociedades de inversión (SIEFORES) serán administradas y operadas por las administradoras (AFORES); y tampoco modificó la naturaleza de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, institución que tiene a su cargo la regulación, supervisión y vigilancia del sistema, pero no puede recaudar las cotizaciones del trabajador y del empleador, ni gestionar sus cuentas, como propone el proyecto chileno, ya que éstas quedan a cargo de las AFOREs. De esta manera, el modelo mexicano permanece, en lo fundamental, regulados por las mismas condiciones y, como señala el proyecto chileno, reproduciendo las desigualdades del mercado de trabajo. Por ello, si la médula del sistema no cambia, es de esperar que los resultados sean similares a los del pasado y que, tarde o temprano, se presenten nuevas crisis, ya sea por el lado de la presión fiscal o por el número reducido de personas que logran una pensión digna. En el corto plazo, además, observaremos si la reforma mexicana de 2020 no produce otros efectos, no calculados, debido a la situación inflacionaria que se desató a principios de este año, ya que el aumento de la cuota patronal, aunque pequeño en estos primeros años, puede servir de pretexto para otorgar incrementos salariales menores a la inflación. En fin, según puede desprenderse de la experiencias chilena y mexicana, la privatización de las pensiones sólo ha dejado saldos negativos: una elevada carga fiscal; bajas pensiones; un sistema injusto e inequitativo; dudosa sustentabilidad en el largo plazo; y mucha insatisfacción social. Una pesada herencia de los tiempos neoliberales que, dado el enorme poder político y económico de los administradores privados, se ha prestado a reformas parciales y complejas que no terminan de componer los desfiguros. Es, desde luego, muy temprano para hacer una evaluación de la reforma mexicana del 2020, aunque el próximo año podremos ver las primeras reacciones de los empresarios. Por su parte, la iniciativa del presidente Boric tiene un largo camino legislativo y político por recorrer. Lo que es indudable es que la gran mayoría de los adultos mayores siguen desprotegidos y las futuras generaciones tampoco tienen asegurada, cuando llegue el momento de su retiro, una vejez digna y una pensión justa. saulescobar.blogspot.com

La exclusión laboral femenina

La exclusión laboral femenina, otra forma de violencia Saúl Escobar Toledo La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló el día 25 de noviembre como la fecha de inicio de una campaña para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, misma que terminará el 10 de diciembre. Se trata de un llamamiento que tiene como “objetivo movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género”. Una iniciativa que busca poner “sobre las mesas de las agendas gubernamentales, leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención” para este flagelo. En coincidencia con lo anterior, la CEPAL publicó un informe acerca del panorama social de América Latina y el Caribe 2022, en el que se refiere extensamente a la situación de las mujeres en el ámbito de la educación y el trabajo (disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/ps). Dicho informe señala que la pandemia profundizó las desigualdades que han caracterizado históricamente a la región, en la que hay altos niveles de informalidad y desprotección social. En particular, apunta la desigualdad de género. Explica que la región latinoamericana enfrenta una crisis social que se ha agravado como consecuencia de las crisis internacionales, pero subraya que a lo anterior hay que sumar la “la crisis de los cuidados y la denominada pandemia en la sombra: la violencia contra las mujeres y las niñas que se intensificó durante la pandemia de COVID-19”. El confinamiento obligado por la propagación del virus llevó a un “retroceso histórico” la autonomía económica de las mujeres de América Latina y el Caribe, ya que se presentaron notorias caídas de la ocupación y la participación laboral femenina. En la región, en 2019, antes de la pandemia, la participación de las mujeres era del 51,8%; luego, cayó al 47.7%, lo que “supuso un retroceso de 18 años”. El estudio detalla que la salida extraordinaria de las mujeres del mercado laboral se vincula en particular con dos situaciones: por un lado, la marcada segregación de género, dado que varios de los sectores productivos más afectados por la pandemia han sido justamente aquellos en que hay una gran sobrerrepresentación femenina; y, por otro, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la cual se vio incrementada por las medidas de confinamiento, el cierre de los establecimientos educativos y otras medidas destinadas a afrontar la crisis sanitaria, en un contexto en que esa carga ya era desigual y representaba el triple de la de los hombres de la región antes de la pandemia. Según las encuestas, las mujeres de América Latina dedican entre el doble y el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En el caso de México, la situación es la siguiente: mientras el género femenino dedica 45 horas semanales a esas labores, los hombres sólo poco más de 15. Comparado con otros países de la región, se aprecia que, en el caso de las mujeres, el tiempo que aplican al trabajo no remunerado es similar al de Argentina y Chile, pero mayor que en los casos de Colombia y Brasil. En lo que respecta a los hombres, éstos dedican un tiempo muy por debajo de los argentinos (casi 25 horas) y chilenos (20 horas) aunque similares a los colombianos y brasileños. El país más igualitario en este aspecto es Cuba: en la isla, las mujeres dedican 35 horas y los hombres poco más de 20. De manera similar a otros países de la región, en México, también constatamos que las mujeres resultaron más afectadas por la pandemia. Tuvieron que dejar sus ocupaciones remuneradas y se multiplicaron sus tareas domésticas: fueron maestras de los niños; cuidadoras de enfermos y ancianos; y se hicieron cargo, más que los hombres, de las tareas del hogar (limpieza, preparación de comida, arreglos de la casa). Según cifras del INEGI, en el cuarto trimestre de 2019, las mujeres de quince años y más reportaron destinar un promedio de 22 horas semanales a una de esas ocupaciones, el cuidado no remunerado de personas dependientes, en tanto que sus pares masculinos dedicaron sólo 13 horas. Así las cosas, la desigualdad y la exclusión femenina se refleja, en nuestro país, en que, con cifras de septiembre de este año, la población de 15 años y más estaba compuesta por 47% de hombres y 53% de mujeres. Sin embargo, la población económica activa (PEA) no refleja esa proporción ya que el 60% eran hombres y el 40% mujeres. En cambio, en lo que se refiere a la población económicamente no activa, la situación se invierte: 72% son mujeres y 28% hombres. Abundando, la población no económicamente activa disponible, es decir, aquellas personas que no reciben ingresos por trabajar ni estaban buscando un empleo, pero manifestaron que necesitaban uno y que lo aceptarían si se les ofreciera, fueron 67% mujeres y 33% hombres. Lo anterior indicaría que las personas del género femenino, en mucho mayor proporción que sus contrapartes, están impedidas para salir a trabajar o a buscar un empleo, aunque lo necesitan, debido a que han decidido quedarse en casa, muy probablemente por la carga de las tareas del hogar. Esto último también se refleja en la composición de la población no económicamente activa no disponible, es decir aquellas personas que no reciben ingresos ni aceptarían un empleo aunque se los ofrecieran, es decir, que han decidido quedarse en el hogar y han renunciado a emplearse en un trabajo remunerado: 73% fueron mujeres y apenas 27% hombres. Ahora bien, en el caso de las mujeres que laboran para obtener un ingreso, en América Latina, “la segregación laboral en la región da cuenta de una gran concentración de mujeres en los sectores del comercio, el turismo y el servicio doméstico, así como en los asociados al cuidado (enseñanza, salud, asistencia social y empleo doméstico), sectores están vinculados con una elevada incidencia de trabajo a tiempo parcial y salarios relativamente bajos. Esta situación se agravó con la pandemia ya que el cierre de empresas impactó, de manera significativa, estos sectores económicos. Por otra parte, en los sectores de la salud y la enseñanza, hubo que afrontar una intensificación de la jornada laboral, con nuevas demandas y una gran exposición al contagio. En México, añado, con cifras actualizadas al segundo trimestre de 2022 de INEGI, se aprecia que en el caso de las personas con empleos vulnerables, las mujeres sobresalieron: la población desocupada u ocupada femenina que trabajó menos de 15 horas a la semana fue casi el doble que los hombres (12.9 contra 6.8%) y por su parte, la tasa de informalidad, aquellas personas que son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan o a las que no se les reconoce una dependencia laboral (y por lo tanto están desprotegidas), fue más alta en las mujeres (55%) que en los hombres (49 %) a pesar de que, como vimos, ellas participan proporcionalmente menos que sus pares masculinos en el mercado de trabajo. Dicho en otras palabras, las personas del género femenino logran obtener un empleo remunerado en menor medida que los hombres y cuando lo consiguen, se trata, en su mayoría, de ocupaciones en muy malas condiciones. En síntesis, la situación de las mujeres en el trabajo es producto de una cultura machista, la cual asigna principalmente a los hombres la búsqueda de los ingresos necesarios para mantener el hogar, y a ellas llevar a cabo las labores domésticas. También se debe a la ausencia de inversión, por parte de los estados nacionales, en establecimientos de cuidados para los infantes, los enfermos y los adultos mayores; y a los problemas derivados de una economía que se basa en buena medida en sectores de baja productividad, de muy poco valor agregado y uso intensivos de una mano de obra barata. Ello, sin considerar la violencia en los centros de trabajo, lo cual ameritaría un comentario aparte. Finalmente, con todo respeto y sin demérito de las acciones y logros anunciados el 27 de noviembre, de manera destacada en el área laboral, sorprende que el presidente López Obrador no haya mencionado casi ninguna medida para remediar la desigualdad entre los géneros. De las 110 señaladas, sólo una tiene que ver con este asunto: la “ayuda” a 283 mil 335 madres solteras de 800 pesos mensuales “para que tengan a sus hijos en estancias infantiles mientras ellas trabajan fuera del hogar”. Las palabras mujer o femenina no aparecieron en su discurso y cuando definió el humanismo mexicano dijo: “estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones”. Ojalá que en esas expresiones se tome en cuenta, cada vez más, a las mujeres y, en especial, la violencia y discriminación en todas sus formas, incluyendo las que se ejercen en las labores remuneradas y no remunerada.