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miércoles, 21 de octubre de 2020

El presidente Cárdenas y el movimiento obrero

 

El presidente Cárdenas y el movimiento obrero

Saúl Escobar Toledo
 

El lunes 19 recordamos al General Lázaro Cárdenas por el cincuentenario de su fallecimiento. Valga la ocasión para ofrecer al lector algunas notas sobre su política laboral, misma que hoy deberíamos volver a analizar con cuidado para reflexionar sobre los problemas actuales.

En cierto sentido, la presidencia de Cárdenas no empezó el 1º de diciembre de 1934 sino el 12 de junio de 1935 cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) invitó a las organizaciones sindicales más importantes a discutir la situación creada por las declaraciones del expresidente Calles, llamando a reprimir las huelgas que habían tenido lugar en los primeros meses del sexenio. A esta convocatoria asistieron la CGOCM (Confederación General de Obreros y Campesinos de México); la CSUM (Confederación Sindical Unitaria de México), y varios otros gremios importantes como el Minero. Poco después, decidieron constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), un frente que tuvo como propósito unificar a los trabajadores, fortalecer sus luchas, apoyar la política laboral del presidente y evitar que prosperara la reacción callista.

Muchos sindicatos que formaron el Comité venían de una ruptura con la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), la cual se había convertido en un organismo de control antidemocrático y corrupto bajo el liderazgo de Morones y la protección de Calles. También, de una etapa de fuerte represión contra los sindicatos independientes, en particular contra la CSUM, dirigida por militantes del Partido Comunista. De esta manera, en los inicios de los años 30s se desataron varias huelgas y movilizaciones y surgieron nuevos sindicatos como el ferrocarrilero que agrupaba miles de trabajadores. Según algunos historiadores, a fines de 1934, el movimiento obrero se había convertido en la fuerza política y social más importante del país.

La creación del CNDP alentó la movilización obrera y a partir de ese momento estallaron varias huelgas en ramas estratégicas como la petrolera, minera y en la industria del papel, el cemento y el vidrio. Por su parte, el presidente Cárdenas defendió el derecho de huelga incluso ante las protestas patronales, como en el caso de la Vidriera de Monterrey, y manifestó su apoyo a la unificación de los trabajadores y a sus principales demandas.

La existencia del CNDP y después, en febrero de 1936, la fundación de la CTM (Confederación de Trabajadores de México), selló en los hechos una alianza entre el gobierno y el sindicalismo. Este apoyo le permitió al mandatario consolidar su política laboral, fortalecer su gobierno, excluir al callismo, y desatar un programa de reformas de gran alcance que, como sabemos abarcó la reforma agraria, la creación de nuevas instituciones y la expropiación de los ferrocarriles y la industria petrolera.

Para las organizaciones obreras, la alianza abrió el camino para su crecimiento orgánico y, sobre todo, para hacer realidad los derechos que ya estaban plasmados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.  Durante el cardenismo, se desató lo que algunos estudiosos han llamado la “revolución contractual”: se pactaron contratos colectivos de trabajo en muchas ramas económicas, los cuales habían sido negados por las autoridades y las empresas y habían sido motivo de duras y a veces cruentas luchas desde los años 20s.

Sin duda, la movilización y la fuerza organizada de los trabajadores fue un factor muy importante, aunque no el único, para que el presidente decidiera decretar la expropiación de los ferrocarriles (en junio de 1937) y el petróleo (en marzo del siguiente año). La historia y el desenlace de estas importantes medidas fue dispareja. La primera llevó, incluso, a que Cárdenas decidiera, en mayo de 1938, la creación de la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México (AOFM), experiencia que tuvo una corta vida pues en diciembre de 1940 fue echada abajo por el mandatario entrante, Ávila Camacho. La segunda, en cambio, permitió la creación de una industria pública que fue un sostén fundamental del desarrollo económico de México hasta la privatización de ese recurso hace algunos años.

Por otro lado, hay que decir que la independencia y combatividad del movimiento obrero mexicano se fue perdiendo poco a poco durante los últimos años del cardenismo. La adhesión de la CTM al recién creado PRM (Partido de la Revolución Mexicana) poco después de la expropiación petrolera y el poder ascendente de un grupo oportunista dentro de esa organización (representado por Fidel Velázquez) junto con los errores de los principales dirigentes, en particular de Lombardo Toledano y la fracción comunista, permitieron que la confederación abandonara poco a poco sus principios y se plegara cada vez más a la maquinaria estatal. Esta situación no acabó con el sindicalismo independiente que mantuvo una lucha intensa en los siguientes años, pero con una correlación de fuerzas cada vez más desfavorable. Al final, en 1948, el presidente Alemán decidió usar toda la fuerza del estado para aniquilar estas oposiciones.

En el caso de los ferrocarriles, una historia menos conocida, Cárdenas entregó a los obreros la administración de la empresa a pesar de las dudas de funcionarios de su propio gobierno y de los ferrocarrileros. Fue un experimento arriesgado y radical que mostró, por un lado, la confianza del presidente en el sindicalismo y en los trabajadores, y por otra la inexperiencia de estos últimos. La situación de la empresa ya era muy compleja y difícil desde que, durante el porfiriato, se había creado una empresa con participación accionaria mayoritaria del gobierno (en 1908) que nunca pudo despegar bajo las gerencias posteriores. Sacarla adelante hubiera requerido inversiones masivas, una fuerte reorganización administrativa y una cultura obrera experimentada en la creación de cooperativas y en la participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Ninguno de estos elementos se conjugó durante el breve periodo de la AOFM.

La política laboral del cardenismo y sus consecuencias fueron resultado de muchos factores, no sólo la voluntad presidencial. Lo que queda claro, sin embargo, es que el General entendió que la fuerza organizada del movimiento obrero sería vital para emprender un cambio de rumbo del país. Para lograr su apoyo dialogó muchas veces con las organizaciones, alentó reformas legales que los beneficiaban, aceptó y vio con simpatía sus manifestaciones, aunque éstas a veces interrumpieran servicios tan esenciales como el suministro de energía eléctrica. Promovió un aumento de los salarios mínimos reales y alentó los incrementos en los contractuales. Los sindicatos lograron una enorme fuerza de negociación frente a las empresas. 

Ese poder se convirtió después en pilar de un estado despótico y corporativo que rigió el país desde los años cincuenta. Cárdenas nunca vio con buenos ojos esas desviaciones y manifestó su oposición, hasta sus últimos días, de distintas maneras, al rumbo que habían tomados los gobiernos posrevolucionarios.

El 20 de noviembre de 1970, Cuauhtémoc Cárdenas dio lectura a un conjunto de reflexiones que había preparado el General poco antes de su fallecimiento. El texto expresa, entre otras cosas, que:

“Se podría argüir que no es responsabilidad del gobierno sino de los trabajadores, conquistar la democracia interna en los sindicatos y, en el caso de los no agrupados, que existen garantías para organizarse de acuerdo con la ley. Esto sería verdad en la medida que las condiciones de abatimiento social de los trabajadores dejaran de responder a indebidos privilegios de que disfrutan sus dirigentes para mantener en la inmovilidad a las masas organizadas y al hecho de haber dejado en el desamparo a las que no están organizadas. Hay que considerar que la explotación patronal se ha recrudecido porque las organizaciones obreras han perdido su independencia…”

saulescobar.blogspot.com

miércoles, 7 de octubre de 2020

La ultraderecha en México protesta

 ¿Representa la ultraderecha un peligro para México? 

Saúl Escobar Toledo

El pasado sábado 3 de octubre miles de personas llevaron a cabo una marcha al zócalo de la Ciudad de México. Su intención consintió en reunir más de cien mil asistentes para forzar la renuncia del presidente de la república. Aunque naturalmente se desató una guerra de cifras, los testimonios de la prensa mexicana dan cuenta de una reunión mucho más pequeña. Fue, no obstante, más numerosa que en otras ocasiones y decidieron ocupar buena parte de la plaza con casas de campaña, lo que da a entender que seguirán con sus protestas. 

El lenguaje de sus líderes y simpatizantes se han caracterizado por ser “irracional, vulgar y violento” como señaló Mario Luis Fuentes en un editorial.  La expresión más elaborada acusa a AMLO de “comunista” pero su discurso se compone más bien de insultos e imploraciones   a la Virgen de Guadalupe.  Su insistencia en que el primer mandatario debe renunciar de inmediato no ha generado mucha aceptación en el amplio abanico opositor que incluye partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y escritores e intelectuales que saben que este llamado suena a golpismo y que resulta completamente inviable. 

De esta manera, el plantón del llamado FRENAA puede resultar incluso funcional al gobierno pues le da la oportunidad de presumir su talante democrático. El presidente ha prometido no reprimir a los manifestantes y respetar su protesta. Hasta aquí todo parecería ser un brote extremista de ciudadanos inconformes que con el tiempo se irá diluyendo. Sin embargo, el problema puede radicar en que el verdadero propósito de los organizadores sea montar una provocación que pueda derivar en choques con otros grupos civiles. El zócalo es un espacio al que recurren una gran cantidad de contingentes que se manifiestan por diversas causas casi todos los días. Ha habido expresiones muy violentas que e incluso han atentado contra el palacio nacional lanzando bombas molotov y tratando de incendiar las puertas de ese inmueble histórico. De esta manera, no importaría mucho el número real de ocupantes de las casas de campaña. Bastaría una confrontación entre unas docenas de personas por ambos lados para generar un conflicto de consecuencias imprevisibles. 

Los partidos de oposición y sus voceros, que se manifiestan en la prensa o en las redes sociales saben que no pueden mostrar una adhesión abierta a FRENAA. Su ambición consiste, como han dicho muchas veces, en formar una coalición muy amplia que les permita ganar la cámara de diputados en las elecciones del próximo año. Intentar derribar a López Obrador con movilizaciones callejeras utilizando un lenguaje tan primitivo, seguramente les restaría votos. Por su parte, los simpatizantes de la 4T saben que pueden organizar una o varias marchas, mucho más grandes, y superar ampliamente a las de la ultraderecha. 

 

Y, sin embargo, el gobierno no debería subestimar la situación. La pandemia y sus efectos han generado desempleo y empobrecimiento de las capas sociales más vulnerables, un escenario que no está siendo respondido correctamente. Tal cosa se demuestra claramente en el proyecto de presupuesto para el próximo año y en un conjunto de medidas, como la liquidación de los fideicomisos. Decisiones que no ayudan a una recuperación económica más vigorosa y con menores costos sociales. La insistencia en una estrategia conservadora que propone reducir el gasto y no admite ni mayor endeudamiento ni aumentar los recursos fiscales ha decepcionado a sectores progresistas: grupos sindicales, de productores agrícolas y de servicios, y organizaciones diversas de la sociedad civil. 

Por otro lado, el partido que llevó al triunfo al presidente y a conquistar la mayoría en las Cámaras de Senadores y Diputados, vive una crisis que no es seguro que pueda resolverse en los próximos días con el nombramiento de los principales dirigentes de MORENA. No sería extraño que el conflicto interno se prolongara un tiempo más, debido a las decisiones del Tribunal y al nivel de confrontación interna. 

Además, hay varios focos de protesta social, legítima y verdadera, que sienten que no han encontrado las respuestas que se esperaría de un gobierno progresista. Tal ha sido el caso de agrupaciones del movimiento feminista, pero también de otros grupos sociales que se han manifestado por la defensa del medio ambiente y del territorio de los pueblos y comunidades, como en Morelos, Chihuahua y otras localidades del sureste mexicano. Asimismo, habría que incluir la huelga de NOTIMEX que inexplicablemente se ha prolongado por la conducta de la directora de esta agencia de noticias. Algunas secciones de la CNTE han reanudado algunas movilizaciones de protesta. 

La principal queja de la oposición partidista se ha basado en lo que han llamado el autoritarismo del presidente y una excesiva concentración de poder. El discurso del primer mandatario parecería darles la razón: reitera a cada momento que cualquier crítica es neoliberal, conservadora o expresión de quienes buscan mantener sus privilegios a costa de la corrupción. Con ello, da a entender que no le interesa el diálogo con todos y que es insensible a cualquier rectificación. Irrita, además, a sectores de la sociedad que lo apoyaron y que esperaban otro tipo de políticas, particularmente en el ámbito económico y social, y que han sugerido la necesidad de modificar algunas líneas de gobierno. Se pierde de vista la diferencia entre quienes reclaman la reparación de injusticias y aspiran a profundizar el cambio, y aquellos que desean la continuidad del estatus quo de los regímenes del PRI y el PAN. 

De esta manera un diagnóstico alternativo y la elaboración de propuestas para una mayor justicia social son simplemente condenadas. Se supone que un gobierno progresista se basa no sólo en sus políticas públicas sino también en su capacidad de diálogo, sobre todo con los más castigados por décadas de injusticia, y en su disposición para establecer alianzas con los movimientos sociales. Por ejemplo, en lo que toca a los desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno ha entablado una relación que, aunque con pocos resultados, ha sido apreciada por los familiares de los normalistas desaparecidos. No ha sido así en otros casos.  Y, sobre todo, no ha habido ninguna intención para entablar un pacto o acuerdo de largo plazo como el que se ha buscado con los sectores empresariales más poderosos. 

La movilización de la ultraderecha no representa un peligro inminente para las instituciones políticas ni para la continuidad del gobierno, pero fomenta un clima que dificulta aún más la interlocución con sectores sociales inconformes y fortalece la figura y el endurecimiento del discurso presidencial. 

 Y, sin embargo, cabe esperar todavía que la 4T reconozca que este enturbiamiento es un factor de tensión que puede crecer y llevar a confrontaciones indeseadas. Podría entonces aprovechar el radicalismo de la derecha para acercarse a los sectores progresistas, aceptar las críticas y establecer un nuevo trato que haga posible la construcción de nuevos proyectos de cambio. En esta vía, MORENA podría jugar un papel destacado. No sería la primera vez en la historia de México y América Latina que los partidos y gobiernos que se han propuesto romper con un pasado oprobioso, rectifican y cambian sus estrategias. El movimiento que llevó a AMLO a la presidencia viene de una larga historia de lucha. La sensibilidad forjada en esos años debería servir ahora para entender que el poder no radica sólo en los puestos públicos sino, principalmente, en el apoyo y la participación activa de los ciudadanos. Las dificultades actuales, muchas de ellas derivadas de la pandemia y de viejas injusticias, pueden llevar a una creciente incapacidad gubernamental para dar respuesta los reclamos legítimos de la población y, a final de cuentas, a la prolongación de un estado de cosas que ya se ha visto que resulta intolerable.