Propuestas para el diálogo y transformación del país ; trabajo, ingresos y protección social

Propuestas para el diálogo y la transformación del país Saúl Escobar Toledo Un grupo de académicos amplio, plural e interdisciplinario publicó recientemente un documento “Propuestas para los próximos años” (disponible en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx). Abarca distintos temas incluyendo las relaciones internacionales de México; la democracia; la política social; el trabajo; la seguridad y la paz; la cultura; la política económica; la energía; la infraestructura; el desarrollo sustentable; la gestión del agua; el México rural; y el territorio. No se trata de un “compendio enciclopédico de los grandes problemas nacionales” y por lo tanto no están incluidos todos los temas que dificultan a México. El documento es, más bien, un conjunto de propuestas desde distintos campos del conocimiento para abrir un diálogo amplio con actores políticos, sociales y académicos. Un resumen que fue resultado de un intercambio de puntos de vista y ponencias que se presentaron durante varios meses auspiciados por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM y como respuesta a una convocatoria del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El propósito consiste en promover “cambios estructurales que permitan consolidar la recuperación tras la crisis de la pandemia de la Covid-19, y que, a la vez, nos encaminen a la superación de los rezagos que históricamente han marcado nuestra realidad, algunos de los cuales se agravaron después de la recesión de 2008-2009”. La introducción agrega: “A las consecuencias de un largo periodo de bajo dinamismo económico, elevados niveles de pobreza y desigualdad, precariedad hacendaria, degradación ambiental, inseguridad y violencia generalizadas, incumplimiento de los derechos reconocidos y otros rasgos que caracterizan desde hace tiempo nuestra condición nacional, se suman ahora las incertidumbres globales caracterizadas por fluctuaciones económicas muy marcadas, las nuevas tensiones generadas por la guerra en Ucrania (y ahora la que ocurre en Palestina), el agravamiento del cambio climático y otros referentes planetarios”. El tema 5 “Trabajo, ingreso y protección social ante un nuevo entorno mundial”, estuvo a cargo de Norma Samaniego, Claudia Schatan y el autor de estas líneas. Consideramos que el trabajo es un elemento central para definir la estrategia de desarrollo para México ya que es un factor de crecimiento y la fuente de ingresos más importante de los hogares mexicanos. Por ello, el objetivo primordial de dicha estrategia debe consistir en la generación de empleos de calidad. Las oportunidades que ofrece el T-MEC y las tensiones geopolíticas (el nearshoring) pueden ser aprovechadas si se adopta una mayor intervención del Estado para orientar esas inversiones tanto a nivel regional como en actividades productivas específicas. Advertimos, sin embargo, que hay factores que pueden dificultar la creación de empleos de calidad en México: “en el plano externo… el bajo crecimiento esperado en la economía mundial, y en el plano interno la restricción del gasto social en aspectos esenciales como la educación y la salud, y la limitada expansión de la inversión pública”. Frente a estos riesgos, México necesita hacer cambios estructurales que son impostergables; proponemos varios ejes de una nueva estrategia del mundo del trabajo en México: Se requerirá en primer lugar impulsar una estructura productiva “generadora de mayor valor agregado y de empleos de mayor nivel de calificación e ingreso, con una distribución territorial más equilibrada de la actividad productiva y del empleo, y que favorezca a los jóvenes y las mujeres de manera prioritaria…” En segundo lugar, mejorar constantemente los ingresos y las condiciones de trabajo lo que incluye, entre otras cosas, continuar incrementando el salario mínimo y reducir la jornada laboral. De esta manera se promovería un aumento de la productividad y, al mismo tiempo, una mejoría de la calidad de vida de los trabajadores. También se propone evolucionar hacia un régimen de protección social universal lo que implica construir un sistema público universal de salud, financiado por medio de impuestos generales; fortalecer los actuales sistemas de protección frente a los riesgos de enfermedades profesionales, incapacidad, y edad avanzada; en particular y de manera destacada, un seguro de desempleo orientado a mitigar el impacto negativo de la pérdida del trabajo y del ingreso laboral ante situaciones críticas. Igualmente, establecer las bases legales e institucionales para un ingreso vital como mecanismo de apoyo focalizado y temporal en momentos de crisis para trabajadores no asalariados que impida que caigan en la pobreza extrema (como en el caso de Acapulco debido a los estragos del huracán Otis, agrego, tal como lo expuse en un artículo previo publicado en estas mismas páginas de El Sur). En el capítulo respectivo del documento, advertimos que “El cambio tecnológico ha dado lugar a nuevas modalidades laborales que cobraron presencia y se multiplicaron desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo híbrido y el trabajo asociado a las plataformas digitales”. Por ello, resulta indispensable brindar protección a quienes laboran de estas maneras ya que en muchos casos han quedado fuera de los esquemas de protección social vigentes. En lo que concierne por ejemplo a los empleados por plataformas digitales ni siquiera son reconocidos como trabajadores subordinados lo que los deja completamente indefensos y sin seguridad social. Otro eje se refiere al sistema de pensiones contributivas, el cual requiere atención urgente: es necesario definir un esquema incluyente y sustentable que no represente, como el actual, una creciente carga fiscal y que, además, ayude a solucionar el grave problema estructural que ha impedido que una gran parte de los adultos mayores gocen de una pensión digna o suficiente para su retiro. Asimismo, proponemos “repensar la educación y la formación continua ante la presencia de la cuarta revolución industrial”, lo que implica superar problemas ancestrales como el analfabetismo y encontrar respuestas oportunas a la brecha digital y nuevas formas de extender el aprendizaje y su actualización durante toda la vida laboral. También se propone consolidar las nuevas instituciones en materia de impartición de justicia laboral, libertad y democracia sindical con base en la reforma laboral de 2019. Y asegurar el cumplimiento de las reformas en materia de trabajo doméstico y de subcontratación fortaleciendo la inspección y la difusión intensiva y lo más amplia posible, de los nuevos ordenamientos para orientar a los trabajadores y patrones. Igualmente, se requiere atender la condición de la mujer en el trabajo y las brechas de género, las cuales se traducen en baja participación en el mercado laboral; menores salarios que sus pares masculinos; hostigamiento laboral y sexual en el centro de trabajo; y mayor proporción que los hombres en ocupaciones informales o vulnerables. Se necesitará también poner atención al fuerte déficit de instituciones del cuidado, lo que ha implicado mayores cargas para las mujeres. Finalmente, consideramos que se requiere una atención especial a los jóvenes, ya que son los más afectados durante los periodos de crisis; tienen altos índices de desempleo y, para la gran mayoría de ellos, la informalidad constituye la puerta de entrada a una ocupación remunerada. El documento completo trata un conjunto de asuntos que se enumeran y explican de manera sucinta pero que, consideramos, deben formar parte de una agenda más amplia para la transformación del país. Ahora que las campañas electorales están comenzando, deseamos que sirva para que la competencia enriquezca sus contenidos y no sea un mero concurso de siglas y personas. Sabemos que existen otros espacios similares. Nuestra contribución, entonces, puede ser un puente de entendimiento para impulsar una causa común: un México más democrático, justo e incluyente. saulescobar.blogspot.com

La concentración del ingreso y la riqueza en México. Algunas tendencias recientes

Concentración del ingreso y de la riqueza en México Saúl Escobar Toledo Ciudad de México, México, 5 de diciembre de 2023. El “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”, un estudio de la CEPAL publicado recientemente (www.cepal.org/es/publicaciones/ps) da cuenta de los graves problema de desigualdad que sufre la región. En primer lugar, señala que “a fines de 2023 se cumple en la región una década que se inició en 2014 en que el crecimiento promedio ha sido extremadamente bajo, de solo un 0,8%, menos de la mitad del crecimiento promedio durante la denominada década perdida de los años ochenta”. Lo anterior, advierte, ha propiciado altos niveles de desigualdad. Sin embargo, agrega el informe, a partir del año pasado se pueden advertir algunas tendencias positivas: una caída en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, una reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, un incremento en las tasas de participación laboral y el empleo y una caída de la desocupación en 2022. Esta mejoría relativa no debe ocultarnos otro problema de enorme importancia: la distribución personal de la riqueza, la cual alcanza niveles de concentración mucho mayores que el ingreso. Algunos estudios muestran que en 2021 “el decil superior concentraba bastante más riqueza que ingreso, y que la diferencia en cuanto a la participación en cada uno de ellos oscilaba entre 15 y 21 puntos porcentuales”. Por ello dice el estudio de la CEPAL, “la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad… A diferencia del ingreso, la riqueza… tiende a perdurar de una manera más sólida a lo largo del tiempo”, debido a que “suele transmitirse entre generaciones (sobre todo por medio de las herencias y los negocios controlados por las mismas familias). De esta manera, se puede afirmar , con base en evidencias, que hay una correlación negativa entre la desigualdad de la riqueza y la movilidad social intergeneracional y que esa concentración de riqueza persiste sobre todo en los sectores más ricos. La concentración de la riqueza, agrega el estudio de la CEPAL, tiene efectos negativos en el desarrollo económico pero también en la política ya que puede aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las élites y las instituciones, particularmente cuando “el origen o el aumento de la riqueza de los multimillonarios se explica por sus conexiones políticas o por sus vínculos con el aparato estatal, lo que puede llevar a cuestionar la legitimidad de su patrimonio y fomentar las tensiones sociales” Ahora bien, la CEPAL advierte que no hay fuentes oficiales para medir la extrema riqueza en los países de América Latina y el Caribe por lo que el estudio decidió recurrir a la información recopilada en la lista anual de multimillonarios de Forbes. En esa lista figuran todas las personas del mundo cuyo patrimonio personal neto es igual o superior a 1, 000 millones de dólares (excluyendo a las personas que obtuvieron ingresos en actividades ilegales). Ese patrimonio es la suma de activos financiero y no financieros menos las deudas. En 2022 el patrimonio de ese puñado de “milmillonarios” de la región llegó a 453 mil millones de dólares corrientes lo que significó un aumento de 4, 600 millones respecto a 2021. Sin embargo, descontando la inflación (particularmente aguda en 2021 y 2022) , la riqueza real de esos milmillonarios cayó 6.6%, a un nivel casi igual a la que detentaban un año antes de la pandemia. Oxfam 2023 = 1% más rico del mundo 45.6% riqueza mundial; 50% = 0.75% El estudio señala que “el mayor nivel de concentración de la riqueza extrema en 2021 tuvo lugar en el Brasil, donde los milmillonarios poseían el 6,4% de la riqueza nacional, seguido por Chile (5,4%) y la Argentina (4,7%)… En el caso de México se observó que en los últimos tres años la concentración de la extrema riqueza cayó en comparación con los años previos a 2019, lo que se explica porque entre 2012 y 2021 el patrimonio de los milmillonarios creció a un ritmo menor que la riqueza de la población general. En 2018 representaba un 4.5% de la riqueza de la población total y cayó al 2.7% en 2020 aunque volvió a elevarse en 2021 a 3.3%. Así, en este último año, la riqueza de los mil millonarios aumentó alrededor de 3 veces más que el patrimonio del resto de la población. Los sectores de actividad en los cuales se concentró el patrimonio real de los milmillonarios latinoamericanos fueron los siguientes: finanzas e inversiones, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, y minería y metales, en ese orden. El estudio de la CEPAL, como se advierte, no da cuenta de la estructura de la distribución de la riqueza en la región. Tan sólo la que existe en unos cuantos milmillonarios. Sin embargo, hay razones para considerar que la concentración de la riqueza en México, a pesar de la mejoría den la distribución del ingreso, se acentuó en los últimos años en los niveles más acomodados de la población. Según el portal Wealth Inequality (Wid.World) que ofrece datos acerca de la concentración de la riqueza en diversos países del mundo, en el caso de México, el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.4%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.8 por ciento y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47.1 por ciento de la riqueza nacional. Por otro lado, con base en la Encuesta de Inclusión Financiera 2021 (www.gob.mx/cnbv) que llevó a cabo la Comisión Nacional de Bolsa y Valores y el INEGI, se advierte que “el 56% de la población adulta del país reportó haber sufrido afectaciones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19”. Y que las afectaciones fueron más graves en las regiones Sur (58%) y Centro Oriente (67%). La encuesta también señala que “la población afectada se vio obligada a recurrir a diversas medidas para enfrentar el choque económico. Casi la totalidad de la población que sufrió alguna clase de afectación económica reportó haber reducido sus gastos para enfrentarla (el 95%)” Y agrega que “alrededor de 8 de cada 10 personas afectadas recurrió a sus ahorros”. Además, el 18% declaró haber empeñado o vendido bienes . Por lo que, señalan, “parte importante de la población vio reducido su nivel de bienestar al tener que limitarse en su consumo y reducir sus ahorros, además, de que posiblemente sus redes familiares de soporte se vieron también afectadas, lo que pudo haber generado una situación de mayor vulnerabilidad financiera”. Es decir, la mayoría de la población tuvo una pérdida de su patrimonio que fue resultado tanto de la disminución del ahorro personal y de los bienes que poseían (y que tuvieron que vender o empeñar). Ello, independientemente de que, al reducir su consumo se privaron de la compra de inmuebles u otros enseres que hubieran formado parte de su patrimonio futuro. La encuesta señala, adicionalmente, que apenas un 21% de la población tenía un seguro en 2021, el cual pudo haber utilizado para remediar sus pérdidas. Y acusa de una notable desigualdad entre género, pues apenas el 16% de las mujeres contaba con un seguro mientras que el 26% de los hombres lo tenía. Asimismo, encontró que un 40% de la población adulta carecía de cualquier instrumento de ahorro y que aquellos que tenían alguno o algunos, éstos consistían en cuentas de ahorro, de cheques o de nómina, instrumentos que proporcionan una muy baja o nula tasa de rendimiento. En cambio, apenas el 2% de la población adulta en México tenía una cuenta en inversiones y depósitos a plazo, las cuales ofrecen tasas mucho más altas. Finalmente hay que advertir que sólo el 33% de la población adulta tenía un crédito, principalmente una tarjeta de una tienda departamental (20%) o de una tarjeta de crédito bancaria (11%). Lo anterior da cuenta de que una gran parte de la población no puede ahorrar y quienes lo hacen, en su enorme mayoría, no reciben beneficios o son muy exiguos. En cambio, aquellos que se endeudaron han tenido que pagar intereses muy elevados. Esta situación seguramente se agravó para la gran mayoría de los mexicanos cuando el Banco de México decidió aumentar las tasas de interés. Recordemos que esos aumentos escalaron rápidamente del 4% en junio de 2021 al 11.25% en mayo de 2023. En resumen, hay razones y evidencias para suponer que la tendencia en la concentración de la riqueza no fue la misma que en el caso de los ingresos. En un primer momento debido a los daños ocasionados por la pandemia (pérdida de ahorros y bienes) y luego por la subida de las tasas de interés que afectaron los créditos contratados, particularmente en tarjetas departamentales y de crédito (aunque también los hipotecarios), todo lo cual afectó seguramente a la mayoría de las familias mexicanas. En cambio, la elevación de las tasas, en los últimos dos años, ha rendido ganancias por encima de la inflación a aquellas personas que poseen cuentas de inversión y a plazo, las cuales forman minoría muy reducida. La concentración de la riqueza, como dice la CEPAL, afecta la economía y acentúa el malestar social y político. Sin embargo, al mismo tiempo, podría verse como una “oportunidad” para “obtener ingresos fiscales permanentes y progresivos que se pueden usar para aplicar políticas públicas que permitan garantizar los derechos sociales”. Es decir, pone sobre la mesa, con carácter prioritario, la necesidad de una reforma fiscal que grave más, de manera proporcional, el ingreso y el patrimonio de los más acomodados, quizás menos del 10% de la población. Un asunto que tendrá que ser tomado en cuenta por el próximo gobierno. saulescobar.blogspot.com

Un Ingreso Mínimo Vital para los trabajadores de Acapulco, México, 2023.

Un Ingreso Mínimo Vital para los trabajadores de Acapulco Saúl Escobar Toledo El miércoles 1º de noviembre, el gobierno anunció un plan de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y otras zonas devastadas por el huracán Otis, incluyendo Coyuca de Benítez. El presidente señaló que, si son insuficientes, se podrían ampliar. Así que conviene pensar que aún hay espacio para nuevas propuestas. De los 20 puntos anunciados, las transferencias monetarias a la población recaerían, fundamentalmente, en “adelantar” dos meses los programas de bienestar que ya se conocen y están presupuestados. Para entendernos mejor, conviene señalar que según la SHCP, para el presupuesto 2024, los programas sociales prioritarios son: el de Adultos Mayores (62.7% del total); el de becas para los niños (11.9%); Sembrando Vida (5.3%); la Escuela es Nuestra (3.8%); Pensión para personas con discapacidad (3.8%) Jóvenes Construyendo el Futuro (3.2%); Fertilizantes(2.4%); Producción para el Bienestar (2.2%); Precios de Garantía (1.7%); Adquisición de Leche y Abasto Rural (1%); Programa de Vivienda Social (0.6%); Programas de Mejoramiento Urbano(0.6%); Niñas y Niños (0.4%); Pesca (0.2%); Universidades para el Bienestar (0.2%), con un total de 742 mil millones de pesos. Como puede observarse, el más importante y el que aporta mayores ingresos a los beneficiarios es el de adultos mayores. Aunque también se anunció incorporar a 10 mil jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tomando en cuenta que la población de Acapulco que tiene entre 15 y 24 años es de aproximadamente 120 mil jóvenes, la ampliación anunciada no parece muy significativa. Además, poner a trabajar a estos becarios en labores de limpieza y construcción de viviendas no va acorde con las finalidades del programa que se diseñó para capacitar a los jóvenes en oficios y profesiones especializadas. La medida anunciada parece más bien un programa muy limitado de empleo temporal. Para los empresarios se anunciaron otras medidas, básicamente, exenciones fiscales y créditos a bajo costo con especial atención a los hoteles, las cuales sin duda resultan necesarias para levantar la industria turística del puerto. Sin embargo, destaca que las medidas anunciadas por el presidente no contemplen apoyos extraordinarios a los agricultores y campesinos, adicionales a los ya señalados (fertilizantes, Sembrando vida, etc.). No hay tampoco una partida extraordinaria para salud y educación (rehabilitación de hospitales y escuelas). Hay una ausencia también de gran importancia: falta un programa diseñado especialmente para beneficiar directamente a los trabajadores. Hay que partir del hecho de que, en estos momentos, hay un desempleo masivo, cercano al 100% de la población económicamente activa. Por lo anterior, conviene en pensar en un programa especial, el cual puede consistir en un ingreso vital destinado a todas las personas trabajadoras de Acapulco sean formales o informales; por cuenta propia o asalariados; e incluso con ingresos laborales (antes de la catástrofe) o sin ellos (como, sobre todo, es el caso de las mujeres que realizan solamente trabajos no pagados en tareas del hogar). Una medida similar se tomó en Brasil durante varios meses durante la pandemia y tuvo buenos resultados tanto para paliar la pobreza como para reanimar la economía. La mecánica que se siguió, en aquel país de Sudamérica, en resumen, fue la siguiente: los trabajadores se inscriben voluntariamente en el programa, de preferencia por medio de un teléfono celular (o personalmente en alguna oficina); los datos que se requiere son mínimos y fáciles de llenar con base (en nuestro caso) en la credencial del INE, aunque también se requirió un registro fiscal (para México, la Constancia que otorga el SAT). Ésta, sin embargo, igualmente, sería sencilla de tramitar mediante un programa especial. Las transferencias monetarias se harían por medio del sistema bancario y podrían retirarse mediante un código QR instalado en el mismo teléfono (según datos de la Secretaría de Economía, el 88% de los acapulqueños cuenta con un teléfono celular, aunque, desde luego, tendría que estar reparadas la infraestructura de internet). Para Acapulco, el apoyo monetario podría consistir en un salario mínimo diario por entre tres y seis meses. El monto total del gasto, para el gobierno, podría llegar, en el extremo, a beneficiar a unos 500 – 600 mil personas (el 75% de la población total, compuesta por los mayores de 18 años, según datos de INEGI) lo que equivaldría a un gasto diario de 120 millones y a 10 mil millones por 90 días o 20 mil millones por 180 días. Estas cantidades pueden parecer cuantiosas. No obstante, de acuerdo con la palabra del presidente, se cuenta con recursos “ilimitados”, por lo que conviene más bien destacar los beneficios de una medida semejante que en reparar en sus impactos fiscales: Dado que la ocupación tanto formal como informal en Acapulco tardará en retornar a los niveles previos a la catástrofe, es indispensable garantizar que las familias tengan un ingreso fijo que les impida caer en alguna dimensión de la pobreza o en la pobreza extrema. Sin esta ayuda, los trabajadores tendrían que migrar a otros municipios o estados del país; pasar de la formalidad a la informalidad; y los que ya están en esa situación, aceptar ocupaciones extremadamente insalubres o riesgosas. Ayudarían también a que los cuidados de niños, enfermos, y adultos mayores y el trabajo del hogar se realice de manera más compartida (entre los miembros de la familia) y menos angustiosa para las mujeres (como fue el caso, lamentablemente, para la mayoría de las mujeres mexicanas durante la pandemia). Los apoyos en especie, que se anunciaron el día 1º de noviembre, en particular las despensas con alimentos, y los paquetes de enseres básicos, serán indispensables. Sin embargo, tardan en llegar y su frecuencia no es siempre oportuna; además, el censo de beneficiados es complicado y no muy exacto. Se sabe y es frecuente que varias familias vivan en un mismo domicilio o que una familia lo haga en varios domicilios. La experiencia del terremoto de 2017 en Oaxaca y Chiapas y otros estados mostró ya las complicaciones de repartir estas ayudas. En cambio, las ayudas monetarias enfocadas a una persona trabajadora ayudan a reanimar el comercio y la producción locales y tienen destinarios claramente definidos que evitan la exclusión involuntaria o la duplicación de beneficios. Adicionalmente, el registro de beneficiarios permite tener una información mucho más exacta que los censos casa por casa y ofrece a las autoridades datos valiosos para implementa programas fiscales, laborales y de beneficio social. En realidad, un programa semejante tiene puntos en común con lo que se entiende por un seguro de desempleo. Las catástrofes revelan, casi siempre, las fallas institucionales de un país en un momento dado. En este caso, la ausencia de un Seguro de Desempleo a nivel nacional. Aunque se cuenta ya con la experiencia del seguro de desempleo en la Ciudad de México, los intentos por crear este Seguro a nivel nacional (el más reciente en 2013) se han quedado en la “congeladora” legislativa debido a los desacuerdos acerca de su financiamiento. Por ello, en el corto plazo, resultaría muy complicada y azarosa su aprobación, incluso a nivel del estado de Guerrero. En cambio, una medida como el Ingreso Vital, especialmente dirigida a los trabajadores del puerto de Acapulco, dictada por el Ejecutivo Federal e incluso sancionada por el Legislativo con el objeto de autorizar una ampliación presupuestal, sería más sencilla de poner en práctica. Si se estudia con cuidado y con base en la experiencia internacional, seguramente podría concluirse que una medida semejante ayudaría a levantar más rápidamente y en mejores condiciones una nueva economía acapulqueña, basada en el turismo, pero con mejores niveles salariales y menores porcentajes de informalidad. Todos saldrían ganando. saulescobar.blogspot.com

Crecimiento, empleo y salarios: 2018-2024: un balance temprano del sexenio.

Crecimiento, empleo y salarios: 2018-2024: un balance temprano. Saúl Escobar Toledo Durante los primeros cuatro años del sexenio actual, entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2022, de acuerdo con los datos del INEGI, el crecimiento de la economía mexicana, medida por el índice del Producto Interno Bruto (PIB), fue casi nulo ya que apenas alcanzó un 0.08%. Si tomamos en cuenta los datos anualizados, en 2022 todavía no se alcanzaban los niveles de 2018, y se presentaba un decrecimiento de -0.9% aunque superaba los de 2017 en 1.3%. Se trata de cifras que muestran, sin duda, que la economía mexicana no creció en los primeros cuatro años del sexenio. Este fenómeno se explica por varias razones, desde luego por el trauma de la pandemia que impactó principalmente 2020 y 2021. También por la situación internacional y los problemas que se presentaron: primero el freno de las actividades en todo el mundo, después la interrupción de las cadenas de abastecimiento (refacciones y materias primas), y luego la inflación y el aumento de las tasas de interés. Otro asunto que ha pesado tiene que ver con la política económica ya que se optó por la moderación y la estabilidad para no poner en riesgo la balanza de pagos y evitar una devaluación de nuestra moneda. El “supero peso” ha sido entonces resultado de una administración conservadora de la economía y refleja, paradójicamente, la ausencia de medidas suficientes y oportunas para reanimar el aparato productivo. Ahora bien, si nos fijamos en el comportamiento por sectores entre 2018 y 2022, vemos que el sector primario (agricultura) fue el que creció más (8.8%); el sector secundario, por su parte, tuvo un comportamiento negativo (-1.25%) y en cambio, las actividades terciarias (servicios) crecieron en un 0.38%. Sin embargo, hay que recordar que, sin tomar en cuenta los impuestos, las actividades primarias representan una porción muy pequeña de la actividad económica (4.2%) en tanto que el grueso de éstas se ubica en los servicios (59%) y en la industria y la minería (32%). Las expectativas para este año, 2023, apuntan a una cifra más optimista. El FMI, en su Panorama Económico Mundial de octubre de 2023, proyecta un crecimiento para nuestro país de 3.2%. Las proyecciones del Fondo en realidad observan una mezcla de optimismo y pesimismo. Calcula el crecimiento mundial para 2023 en 3.0% y de 2.9% en 2024. Sin embargo, para Estados Unidos, las cifras serían de 2.1 y 1.5% respectivamente, aunque para la zona euro, por el contrario, las proyecciones son de 0.7 y 1.2% sobre todo por la recuperación de Alemania que saldría de la recesión. Para China en cambio, el panorama es menos optimista: 5 y 4.2%. Para México, del 3.2 ya señalado para 2023 pasaría al 2.1% en 2024. El próximo año creceríamos por debajo del promedio mundial, aunque por encima de EU. En resumen, en el sexenio de AMLO la economía (PIB) alcanzará quizás un crecimiento de alrededor del 5%, es decir un promedio anual de 0.8% gracias al repunte de 2023 y en menor medida 2024. Justificado por la crisis de la pandemia, pero muy lento en comparación a otros países que se recuperaron antes de 2023. Las razones que ofrece el FMI para calcular sus proyecciones para 2023 y 2024, se basan por un lado en un consumo e inversión más dinámicos que en el pasado, pero igualmente, advierte que factores como la política monetaria (tasas de interés elevadas) y un crecimiento más lento de la economía estadounidense podrían frenar nuestro crecimiento. Agrega que la situación podría mejorar si nuestro vecino del norte tuviera una expansión mayor de la prevista, o el gasto público en México ( y el déficit fiscal de 5% del PIB) dieran por resultado un efecto multiplicador en la economía mayor a lo observado. En sentido contrario, señala, pueden presentarse una caída de las inversiones por razones políticas; un aumento de las tasas de interés en las economías desarrolladas y en México; o un retraso en las obras de infraestructura más importantes. A nivel mundial, lo que parece explicar esta mezcla de pesimismo futuro y optimismo presente reside, particularmente, en la incertidumbre. Uno de los factores más importantes de esa perplejidad se encuentra en los riesgos geopolíticos que, por supuesto, con el grave conflicto entre Israel y Hamás se han agudizado todavía más. Ya había una situación delicada debido a la guerra en Ucrania y a las tensiones entre China y Estados Unidos. La geopolítica está jugando un papel preponderante, a diferencia de las últimas décadas. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudios, los realineamientos y conflictos mundiales podrían tener efectos adversos en el comercio y el crecimiento mundial ya que los nuevos flujos podrían no compensar la contracción que se presentaría por los menores intercambios, principalmente, entre China y Estados Unidos. Por lo pronto, esos reacomodos favorecen a México. El llamado “nearshoring” se ha reflejado en el caso de nuestro país en un aumento en la inversión extranjera que podría a llegar al 5% del PIB de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía de México. Las importaciones de EU provenientes de México pasaron de 7% en 1994 hasta más del 15.5% (enero-junio de 2023, datos del Departamento de Comercio de EU). Ahora bien, a pesar de la marcha lenta de la economía en los primeros cuatro años del gobierno de AMLO, la ocupación y los salarios tuvieron un comportamiento menos negativo. Si medimos el primer rubro con el concepto de “brecha laboral” la cual incluye la desocupación abierta; los subocupados; y las personas que no buscan un trabajo, pero estarían dispuestas a aceptarlo debido a que necesitan esos ingresos, ésta representó alrededor del 18% a finales de 2018 y en marzo de 2023 fue de 17.5%. Un progreso pequeño que, no obstante, resultó mejor que el comportamiento de la economía en su conjunto. Por su parte, el desempeño económico más elevado durante este año, comparado con el periodo 2018-2022, se ha reflejado en mejores cifras en materia de ocupación. Entre septiembre de 2022 y 2023, se observó una disminución de la tasa de desocupación de 3.3 a 2.9%, aunque la tasa de subocupación aumentó de del 7.9% al 8.2%. La disminución observada se debió, principalmente, a la incorporación de más de 2 millones de trabajadores asalariados. El sector servicios tuvo un incremento de 1 millón 700mil personas ocupadas. Por su parte, la agricultura se redujo en casi 600 mil personas casi todos trabajadores por cuenta propia, en tanto que en la industria manufacturera se crearon más de 400 mil puestos de trabajo. Dentro del sector servicios destaca el comercio con una cantidad similar a la manufactura. Los micronegocios y pequeños establecimientos aumentaron la ocupación en casi 700 mil personas y los medianos y grandes con un aumento de más de 660 mil. Sin embargo, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta: en la medida en que la economía se fue recuperando, todas las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) también se expandieron. En septiembre de 2023 se observó una tasa de 54.3%, particularmente alta en el caso de las mujeres (55.2%). De esta manera, la mayoría de los trabajadores mexicanos laboran en condiciones vulnerables: carecen, en su mayoría, de seguridad social, estabilidad laboral y reciben ingresos muy reducidos. En otras palabras, la ocupación ya superó los niveles previos a la pandemia; sin embargo, a pesar de la mejoría observada incluso en 2023, su estructura fundamental se mantiene de manera muy similar a la que ha presentado en el último decenio: seguimos arrastrando las brechas de desigualdad entre trabajadores formales e informales; entre hombres y mujeres; entre las distintas regiones del país; y con un nivel de desempleo juvenil elevado, pues más de la tercera parte de las personas sin ocupación tienen menos de 24 años (35.1%). En materia de salarios, el mínimo aumentó de diciembre 2018 a septiembre de 2023, en 85.9 % en términos reales (descontando la inflación, según el Banco de México) en la mayor parte del país, aunque en la franja norte el aumento real fue de 180%. Una recuperación notable que, sin embargo, no ha alcanzado los niveles de 1976 cuando tuvo su máximo histórico. Para ello requeriría aumentar un 75% en términos reales. Por su parte, el salario medio de cotización según registros del IMSS ha tenido un desempeño más modesto, de alrededor del 6%. Además, los salarios contractuales, según datos del Banco de México, en el caso de las empresas privadas, han ganado un o dos puntos por encima de la inflación. En cambio, los trabajadores de las empresas públicas han registrado aumentos mucho menores, tan sólo en 2023 la minusvalía ha sido de entre dos y cuatro puntos porcentuales de su poder adquisitivo. La política de austeridad les ha recortado sus salarios. Debe destacarse que el aumento pronunciado de los salarios mínimos; la regulación de la subcontratación; el aumento en los días de vacaciones pagadas ; y la reforma laboral acerca de la democracia sindical aprobada en 2019, no parecen haber repercutido en una merma del empleo formal. Tampoco hasta ahora el aumento de las cuotas patronales por las enmiendas al sistema de pensiones. Asimismo, la inflación, las altas tasas de interés y la incertidumbre mundial tampoco provocaron un desplome de la ocupación. En cambio, es probable que, en particular, la regulación de la subcontratación y el alza de los salarios mínimos, hayan servido para estimular la economía y una caída más fuerte de la ocupación, en la medida en que aumentaron la demanda agregada. Este balance de luces y sombras debe hacernos pensar en el futuro inmediato. El reto consiste no sólo en “aprovechar” las nuevas tendencias del comercio mundial y los flujos de inversión extranjera (el nearshoring). Reside en cambiar el modelo de crecimiento para que ese fenómeno pueda transformar la estructura de la ocupación, en primer lugar, para abatir las brechas señaladas, sobre todo la informalidad. De otra manera, estaremos reeditando los tiempos del TLCAN durante la década de los 90s y los primeros años del siglo XXI, antes de la crisis mundial de 2007. Además, un verdadero cambio del rumbo económico serviría para prepararnos mejor en caso de que la incertidumbre actual se convierta en catástrofes futuras debido a las tensiones geopolíticas o a la recesión estadounidense. Ese cambio tendría que descansar en por lo menos en cuatro aspectos: una reforma fiscal progresista que grave a los sectores de mayores ingresos (quizás apenas al 1% más rico) y disminuya los impuestos de los que menos ganan; mayor financiamiento de la banca de desarrollo, particularmente a las pequeñas y medianas empresas; una política monetaria orientada al crecimiento y no a la sobrevaluación el peso; una política industrial apoyada en tres pies: inversiones públicas en infraestructura y servicios, incluyendo no sólo aquella indispensable para las empresas (energía, comunicaciones, internet) sino también para el reordenamiento urbano. Una segunda pata, consistiría en su orientación “verde”, para evitar el saqueo de recursos naturales, principalmente el agua; y una tercera, el aumento del gasto en Ciencia y Tecnología.; finalmente, una agenda laboral que consolide las reforma de 2017-2019, la cual necesitará mayores recursos para que las nuevas instituciones funcionen mejor, principalmente los juzgados laborales y los centros de conciliación. Un seguro de desempleo es otra falta que se arrastra desde hace décadas. Asimismo, es indispensable desplegar una red de instituciones estatales en materia de cuidados, especialmente dirigidos a la mujer trabajadora (guarderías, escuelas de tiempo completo, alimentación para menores, etc.). Por su parte, el Congreso tiene varios asuntos no resueltos: la ley para la protección de los trabajadores que laboran para plataformas digitales y la semana de cuarenta horas con dos días de descanso. Dejemos para otra ocasión el tema del sistema de pensiones privado (manejado por las AFOREs) debido a su complejidad. Anotemos, solamente, que el problema no está resuelto. En resumen, se ha observado, en el caso de los salarios, un cambio de tendencia, pero el cambio estructural en materia de empleo no ha llegado y, por lo tanto, la pobreza y la desigualdad siguen siendo una deuda pendiente. saulescobar.blogspot.com Fuentes consultadas Banco de México. Estadísticas Banxico. www.banxico.org.mx Banco de México. Sistema de Información Económica. Producción. Banco de México. Sistema de Información Económica. Laboral. Bureau of Economic Analysis. US Departament of Commerce. (www.bea.gov) Gobierno de México. Secretaría de Economía. Data México. (www.economia.gob.mx) INEGI. INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO, Subsistema de Información Demográfica y Social. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).septiembre de 2023 , última actualización, 26 de octubre de 2023. (www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas). INEGI. Producto Interno Bruto. Cifras desestacionalizadas por grupo de actividades económicas. Base 2018. Variación porcentual. (www.inegi.org.mx/temas/pib). Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Conjunto de datos. (http://datos.imss.gob.mx) FMI. WORLD ECONOMIC OUTLOOK. Navigating Global Divergences. Octubre, 2023

Las huelgas automotrices en Estados Unidos

Huelgas automotrices en Estados Unidos Saúl Escobar Toledo September 20, 2023 El sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos UAW (United Auto Workers) estalló la huelga en tres plantas pertenecientes a tres grandes compañías: General Motors, Ford, y Stellantis. Las huelgas no abarcan todas las instalaciones de esos consorcios en EU ni participan los 150 mil miembros del sindicato. Se trata de huelgas parciales que involucran a 12 700 trabajadores; la planta afectada más importante pertenece a Stellantis y se ubica en Toledo, Ohio. Los paros de labores obedecen a la renovación de los contratos colectivos que existen en estas compañías. Las demandas: un 40 por ciento de incremento salarial que se aplicaría durante los siguientes cuatro años; ajustes al salario adicionales para compensar la inflación que pudiera presentarse en ese lapso; reponer las pensiones para todos los trabajadores (suprimidas durante la crisis de 2007); mejorar los beneficios por retiro; reducir la jornada de trabajo a 32 horas semanales; y poner fin a la política de la empresa que contrata trabajadores nuevos con salarios mucho menores que el promedio. También han puesto sobre la mesa la demanda de que los trabajadores de las nuevas plantas que se construyan sean protegidos por los contratos colectivos de la rama. Los voceros de las tres grandes compañías alegan que está invirtiendo miles de millones de dólares para construir autos eléctricos, lo que le impide pagar salarios más altos. Agregan que están en desventaja con sus competidores, como Tesla, empresa en la que los trabajadores no están sindicalizados y que controla el mercado de vehículos eléctricos. Las huelgas han llamado la atención debido a la simultaneidad de los paros, las demandas levantadas por los trabajadores, y la aparente determinación de sus dirigentes para obtener mejoras sustanciales. Según diversos reportajes, como el publicado por el NYT, la huelga definirá la correlación de fuerzas entre los trabajadores y la patronal en los próximos años. Un triunfo de la UAW le proporcionaría un fuerte aliciente para tratar de organizar a los trabajadores de Tesla y de otras armadoras como Hyundai que tienen sus plantas o piensan construirlas en el sur de EU, precisamente en los estados en los que la legislación es más desfavorable para los sindicatos. De esta manera, quedaría en buena posición para negociar las condiciones laborales en la nueva industria de autos eléctricos. Por ello, su insistencia en que todas plantas tengan que adoptar los contratos colectivos de la industria automotriz. La patronal, por su lado, ha respondido que no puede acceder a esa petición debido a que se trata de proyectos financiados por diversos consorcios (joint ventures). Muy probablemente este asunto no se resolverá con la huelga, aunque, dependiendo de su resultado, se verán más claramente las perspectivas del sindicalismo en la rama automotriz. Como es sabido, la patronal siempre aduce, en todas partes del mundo, que las demandas de los trabajadores y las huelgas le restan competitividad. En este caso, sin embargo, ese argumento debe verse a la luz de otros factores: Primero, que la productividad de las empresas ha aumentado más rápidamente que los salarios desde hace unos cuarenta años. Según Dean Baker, del Centro de Investigación de Economía y Políticas Públicas (CEPR, https://cepr.net) con sede en Washington, si el salario mínimo hubiera crecido al ritmo de la productividad, sería de 25 dólares la hora y no de 18, como es ahora, una pérdida de casi 40 por ciento. La productividad se ha elevado fundamentalmente por las nuevas tecnologías, robots e Inteligencia Artificial (IA). Así, la demanda del sindicato para reducir la jornada se justifica plenamente. La huelga entonces busca que el progreso tecnológico se comparta de manera más equilibrada. Además, el sindicato ha llamado la atención acerca de los ingresos desorbitados de los CEO es decir los gerentes ejecutivos de mayor responsabilidad que se embolsan unos 27 millones de dólares al año, unos 200 o 300 veces más que un obrero promedio. Los gerentes de nivel inferior se llevan uno 10-15 millones y los de tercer nivel alrededor de 3 millones. Por eso consideran que su demanda de aumento salarial está más que justificada. De igual manera, se ha dado a conocer que las ganancias de estas tres grandes compañías se elevaron 92% entre 2013 y 2022. En los seis meses de este año los tres consorcios han obtenido 21 mil millones de dólares y esperan un total de 32 mil millones a fines de este año. De esta manera, la huelga busca una menor desigualdad en las empresas, y entre el lucro corporativo y los salarios. Por todas estas razones, se trata de una huelga ejemplar. Pero también, dice la revista The Nation, porque la huelga goza de un apoyo extraordinario del pueblo estadounidense. Según una encuesta de Gallup, levantada antes de estallada la huelga, el 75 por ciento de los encuestados apoyaba al sindicato y apenas el 19 por ciento a la empresa. Y un 61 por ciento consideró que los sindicatos ayudan y no afectan negativamente la economía estadounidense. Se trata, dice The Nation, de un revés para la mayoría de los medios y los políticos anti laboristas, sobre todo republicanos e incluso algunos demócratas, que se alinean con los intereses empresariales. Igualmente, significa una refutación a la teoría que se propagó desde 1991 y que rezaba de la siguiente manera: “La competencia es global, la innovación tecnológica es constante, la fuerza de trabajo, cada vez más calificada. En este escenario económico, los sindicatos no sirven para los fines ni de las empresas ni de los trabajadores. Cuando mucho resultan irrelevantes… en el peor de los casos, un obstáculo… no sorprende que estén desapareciendo…” (Harvard Business Review). De esta manera, la huelga representa una lucha contra la cultura predominante y anuncia, quizás, un nuevo despertar del sindicalismo. Para México, las huelgas de la industria automotriz tienen importancia, aunque no aún por los daños económicos, como vociferan algunos. Según ellos, las empresas ubicadas en nuestro país pueden perder millones de dólares debido a la suspensión de envíos de las refacciones que demandan las empresas en huelga. Sin embargo, como ya mencionamos, los paros son por ahora parciales y apenas han pasado unos días. Todavía es muy pronto para calcular los daños. Además, estos consorcios tienen muchas plantas armadoras alrededor del mundo. Stellantis, por ejemplo, es un consorcio que tiene su matriz en Holanda, de capitales europeos y estadounidenses, y produce una gran diversidad de marcas: Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Maserati, Opel, y Peugeot, y los modelos de Chrysler, Dodge y Jeep. Las huelgas, en cambio, pueden afectarnos de dos maneras: si es derrotada, los consorcios tendrían las manos más libres para dejar de cumplir el contrato colectivo, mover más rápidamente sus plantas a lugares con poca o nula sindicalización, y mantener salarios y prestaciones desventajosas. México podría ser elegido para localizar nuevas plantas armadoras o refaccionarias tanto de vehículos a gasolina como eléctricos, pero con un perfil laboral muy pobre. Si la huelga triunfa y se fortalecen los contratos colectivos en estos consorcios, esas conquistas podrían replicarse en otros lugares de EU. En el caso de México, un UAW más fuerte podría presionar a las empresas y establecer alianzas con los sindicatos mexicanos para elevar las condiciones de trabajo. No debe olvidarse que las diferencias salariales son muy elevadas. El salario promedio en la industria manufacturera mexicana es de 392 pesos diarios y en EU el mínimo es de 18 dólares la hora, es decir alrededor de siete veces mayor. Esas diferencias pueden ampliarse o reducirse dependiendo, entre otras cosas, de la fuerza y la solidaridad sindical. De ahí que los trabajadores mexicanos deben estar atentos y apoyar, en lo posible, la huelga automotriz en Estados Unidos.

México: la Agenda laboral pendiente

Cuestiones laborales: la agenda pendiente Saúl Escobar Toledo August 30, 2023 Se acerca el inicio de sesiones del Congreso de la Unión, previsto para el 1º de septiembre. Entre los asuntos pendientes, vale la pena destacar aquellos que tienen que ver con las cuestiones que afectan a los trabajadores. La más importante es la enmienda que se refiere a la reducción de la jornada de trabajo ya que, según algunos medios, es la que más expectativa ha generado en los últimos meses y que, seguramente, será un asunto muy polémico. Aunque ya fue aprobada en las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados, no parece haber consenso entre los distintos grupos parlamentarios; hay que tomar en cuenta que se trata de una reforma constitucional que requiere mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Se pretende reducir la jornada a cinco días con dos de descanso a la semana, manteniendo la diaria de 8 horas y por supuesto, sin reducción de los salarios. Como era de esperarse, el sector empresarial ha rechazado la propuesta aduciendo, entre otras cosas, que se han acumulado otras “cargas”, como los aumentos al salario mínimo; la reforma de 2020 para la democratización de los sindicatos y la contratación colectiva legítima; la regulación de la subcontratación; el incremento de los días de vacaciones; y la subida de las cuotas patronales al fondo de pensiones. Sin embargo, también será interesante observar la posición de los partidos políticos, sobre todo porque los tiempos se ha adelantado y en unos cuantos días tendremos a la vista los candidatos a la presidencia de la república por parte del bloque oficialista y del opositor. En favor de la reforma, hay que recordar que, según diversas fuentes internacionales, incluyendo la OIT, México se distingue por jornadas laborales excesivas, mucho más prolongadas que en los países desarrollados, pero también en otros similares al nuestro, como Chile y Brasil. En el caso de los “operadores de máquinas y ensamblado” es decir, los obreros, la situación es peor que en el sector servicios (alrededor de 20 por ciento mayor). Por ello, el debate debería centrarse en este sector, el “secundario” es decir la industria manufacturera, la minería, la construcción, la agroindustria, y la energética (petróleo y electricidad). En estas ramas, algunos contratos colectivos ya cuentan con la semana de cuarenta horas; sin embargo, la mayoría no contempla esta prestación. En realidad, las excesivas jornadas de trabajo y los salarios exiguos se convirtieron en las principales “ventajas comparativas” de nuestro país para atraer inversiones extranjeras y fincar empresas industriales que forman parte de la cadena de valor de los grandes consorcios mundiales. Tales son los casos de la industria automotriz; la electrónica; y otras técnicamente más complejas como la aeroespacial. De esta manera, y sobre todo ahora que tanto se anuncia el efecto del “nearshoring”, es decir el cambio de la localización de esas cadenas de valor, desde China y otras regiones de Asia a otros países como México, una reducción de la jornada de trabajo sería una medida muy oportuna. Podría provocar que esas plantas industriales no descansaran principalmente en el bajo costo de la fuerza de trabajo sino en un aumento de la productividad: es decir en mayores inversiones en maquinaria, equipo, tecnología y capacitación de los trabajadores. Ayudaría a que México pudiera transitar de esquema maquilador a un aparato industrial más complejo. Lo anterior se reflejaría en más y mejores empleos, y repercutiría positivamente en el conjunto del aparato económico. Algunos legisladores han señalado que el recorte de la jornada requeriría ciertas medidas y un plazo de varios años, como ha sucedido en otros países en los que recientemente se aprobó, por ejemplo, en Chile con cierta flexibilidad en el reparto de las horas, y Colombia que lo hará entre 2023 y 2026. Habrá que revisar esas experiencias, pero urge que el asunto pase al pleno y se propicie su aprobación lo más pronto posible. La reducción de la jornada no es el único punto pendiente en la agenda laboral. También tendrá que discutirse la nueva tabla de enfermedades de trabajo que tiene varias décadas de atraso; y otras reformas a la ley relacionadas con la violencia y el acoso por razones de género; y la igualdad entre hombres y mujeres en materia de salarios. Asuntos que parecen estar más avanzados en el Congreso. Hay que anotar, además, un tema de gran importancia que incluye no sólo la legislación laboral: el “sistema de cuidados”, sobre todo para abrir mayores oportunidades para las mujeres al acceso a una ocupación remunerada y elevar la calidad de vida las familias trabajadoras. Aun así, faltan otras cuestiones: la regulación de los trabajadores que laboran en las plataformas digitales; el seguro de desempleo; y la revisión del sistema privado de pensiones ( y la reforma aprobada en 2021). El primer asunto es especialmente urgente debido a la completa desprotección que sufren, pues al no estar reconocidos como empleados de una empresa (trabajo subordinado) no tienen seguridad social, ni prestaciones, ni salarios definidos, ni estabilidad laboral. Los otros asuntos, más complejos, podrían requerir un estudio más detenido mediante la formación de grupos de trabajo ad hoc formados por especialistas y representantes de los trabajadores, patrones y el gobierno, que pudieran entregar sus resultados en un plazo perentorio. El seguro de desempleo (que en su modalidad no contributiva existe en la Ciudad de México) es una medida que ya han adoptado varios países de América Latina desde hace más de una década. En el caso de las pensiones, a pesar de la última reforma, hay serias dudas acerca de su viabilidad financiera y presupuestal, y de sus resultados en el largo plazo (cuando venza el periodo de transición de ocho años). Como puede verse, la agenda laboral es muy abultada. Y es que refleja una ominosa realidad: durante más de cuarenta años, los ordenamientos jurídicos en materia laboral no se modificaron o lo hicieron para favorecer a la parte patronal (como la reforma Calderón-Peña Nieto) de 2012. Este largo periodo propició una caída dramática de las condiciones de trabajo, protegida por la “ficción contractual” y los “contratos de protección patronal”. Por estos últimos términos debemos entender la simulación y engaño que representaron la existencia legal de sindicatos y contratos colectivos de trabajo desconocidos por los trabajadores, lo que permitió su absoluta indefensión frente al patrón y la ausencia de una capacidad de negociación efectiva de sus condiciones de trabajo. Los tiempos han cambiado en México y el mundo, como lo atestigua la posición de Canadá y Estados Unidos, plasmadas en el T-MEC que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En estos países (y otros que sería muy extenso enumerar específicamente), se observa también un renovado activismo sindical. Detener y revertir los abusos y la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos no será resultado únicamente de los cambios legales, pero sin duda pueden ayudar a cambiar esa situación. En los próximos meses, los partidos políticos y sus legisladores, y luego los candidatos, tendrán que asumir posiciones ante la agenda laboral. Habrá que observarlos con cuidado, pues su voluntad reformista o conservadora se verá en buena medida cuando aborden (o no) los temas laborales. El avance de esta agenda propiciaría el progreso del país y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La protesta obrera puede parecer, todavía, poco visible en México. Sin embargo, ya hemos presenciado algunas manifestaciones y conquistas de un sindicalismo más independiente y combativo. Muchos trabajadores, quizás millones, esperan respuestas ante las condiciones tan opresivas que aún padecen. Y votan…

Estados Unidos: amenazas de guerra contra México

Nubes de guerra en Estados Unidos Saúl Escobar Toledo Un breve reportaje publicado en el New York Times hace un par de semanas (02082023), advertía que figuras influyentes del Partido Republicano (PR) de Estados Unidos han estado proponiendo en los últimos meses “planes de intervención militar contra los cárteles mexicanos, lo que significaría un acto de guerra contra México.” Agregaba que nuestro país había sido considerado uno de los aliados más cercanos de Washington, tanto por los gobiernos demócratas como republicanos. Sin embargo, esto podría estar cambiando. Legisladores del PR han expresado una hostilidad cada vez más abierta contra el vecino sur de Estados Unidos y sus candidatos presidenciales, incluso han llamado a bombardear México o enviar soldados, como una medida unilateral para detener el tráfico ilegal de drogas. Germán Lopez, autor de la nota, subraya que, como se ha revelado, Trump consultó, en algún momento de su mandato con el Pentágono, la posibilidad de un ataque con misiles contra México; ahora, para ganar la candidatura del 2024 está apoyando una acción militar. Ron DeSantis, otro aspirante republicano a la presidencia ha pedido el uso de la fuerza letal y un bloqueo naval de los puertos mexicanos para detener a los narcotraficantes. Otros candidatos, “más moderados”, también han respaldado la propuesta de que el ejército estadounidense actúe contra los cárteles de la droga en México. Lopez considera que estas posturas representan un verdadero cambio de las políticas republicanas. Apunta que este viraje se está dando en la dirigencia, pero igualmente, entre los electores: según una encuesta, los votantes que se declaran republicanos están más divididos en esta materia: hasta 2021, el 75% de estas personas opinaban que México era un aliado de EU, en 2023 esa opinión se había reducido al 46%. Los políticos del PR han insistido en tratar a los cárteles mexicanos como al Estado Islámico u otros grupos terroristas. Este desplante ha sido rechazado por muchos expertos en política internacional en EU. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que hablar del envío de fuerzas militares estadounidenses al sur de la frontera es “irresponsable” y “una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”. El autor de la nota publicada en el NYT advierte que esa retórica, tan agresiva, de los republicanos, “se deba tal vez a las primarias presidenciales, un momento en que los políticos tienden a adoptar las posiciones más extremas acerca de todo tipo de asuntos antes de moderarse en las elecciones generales”. Sin embargo, en otro escrito (en su blog del 03062023), un economista e historiador destacado, Adam Tooze, considera que la idea de bombardear México, aunque parezca “surrealista” y “absurda” no sólo es un “teatro político”. Tooze reconoce que el T-MEC o USMCA es, claramente, el núcleo más importante del comercio estadounidense y se ha vuelto indispensable para diversas cadenas de fabricación, en primer lugar, el complejo de vehículos motorizados de América del Norte. Además, México se ha convertido en un espacio clave para relocalizar las cadenas de suministro globales y aprovechar las oportunidades abiertas por el desacoplamiento de EU con China. No obstante, recuerda también los asuntos más espinosos de la relación entre ambos países: la migración mexicana y centroamericana; los muros que se han levantado; la guerra contra los carteles de las drogas y el tráfico de armas; e incluso la postura mexicana hacia la guerra en Ucrania, que califica como “neutral”. Subraya que “el surgimiento del negocio de fentanilo ha dado un giro catastrófico al desastre de larga data de las guerras contra las drogas mexicanas que llegan a los estadounidenses”. Reconoce que el presidente mexicano, como sus antecesores, ha desplegado a las fuerzas militares para combatir el tráfico de estupefacientes, pero considera que no ha conseguido un avance decisivo para retomar el control de la situación. Y afirma: “Los desacuerdos acerca de la crisis de los narcóticos están aumentando la tensión política peligrosamente…lo que ha sido explotado por los republicanos como un garrote útil para vencer a Biden y, al mismo tiempo para alentar el militarismo estadounidense”. Insisten en que “los cárteles tienen a México bajo un dominio absoluto…. No podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera, proporcionando refugio a los grupos narcoterroristas que se aprovechan del pueblo estadounidense” Frente a estos problemas, dice Tooze, “la arquitectura política para resolver las tensiones entre los dos países es asombrosamente frágil”. Incluso el USMCA o TMEC está cargo solamente de los ministerios de comercio especializados y no es un asunto que involucre a todo el gobierno. En realidad, “las relaciones estadounidenses-mexicanas se negocian, definen y redefinen constantemente en un juego de poder desigual e históricamente dependiente entre los dos países…”. Advierte que, debido a la estructura política de los EE. UU., los funcionarios de la administración de Biden, incluyendo los jefes militares de los Estados Unidos, aunque se oponen a cualquier movimiento unilateral contra México, están obligados a responder a las propuestas más escandalosas del lado republicano. “El resultado surrealista es que Washington ahora está inmerso en un serio debate: bombardear, si o no, a México.” Sin embargo, asegura Tooze, el problema es que la epidemia del fentanilo es realmente desastrosa y Biden no tiene otras alternativas que ofrecer. La concepción planetaria de Estados Unidos acerca de su propia seguridad no proporciona margen de maniobra para el gobierno ya que, se supone, su deber consiste en proteger a los estadounidenses en todas partes de cualquier amenaza y utilizar las herramientas a su disposición para hacerlo. Por ello, si los republicanos ganaran las elecciones en 2024, un ataque a México podría ser más probable. Recuerda las múltiples crisis que enfrenta Estados Unidos: la guerra de Ucrania y su apoyo al gobierno de ese país junto con la OTAN para tratar de detener y sacar a los rusos; las tensiones crecientes con China que también podrían desembocar en una guerra por el caso de Taiwán. Frente a estas “amenazas”, Tooze apunta una “tendencia general” : las soluciones militares siempre son apoyadas por los dos partidos. Las posiciones republicanas, agrega, reflejan el espíritu político - empresarial de la derecha estadounidense; ahora, su nacionalismo desinhibido y su pretendida defensa de la seguridad nacional, están obligando a toda la clase política a discutir abiertamente sus propuestas, por más descabelladas que sean, incluso en sesiones abiertas del Congreso. En resumen, nubes de guerra se están apilando en el cielo de Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos del presidente Biden. No sólo en el caso de México; también para lidiar con supuestas amenazas en otras partes del mundo. Sin embargo, esas nubes cubren no sólo el campo internacional; quizás las más ominosas están presentes dentro de su propio país. Ya otros analistas (cf. NYT 05102022 y 12102022) han mencionado la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos o, al menos, disturbios violentos a cargo de diversos grupos sociales si, por ejemplo, Trump perdiera por poco margen las elecciones en 2024, recordando el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La gran potencia atraviesa un momento crucial. Su hegemonía, cuestionada por diversos fenómenos mundiales, acelera las angustias militaristas de una parte de su electorado y, de la misma manera, el odio y las disputas irreconciliables entre republicanos y demócratas. Quizás una derrota aplastante del candidato del PR en los comicios de 2024 podría ayudar a bajar las tensiones en esa nación. Eso, por supuesto, es muy pronto para saberlo; mientras tanto, las amenazas contra México probablemente seguirán subiendo de tono. saulescoba.blogspot.com

El ingreso y gasto de los hogares en México 2016-2022: algunas tendencias.

El ingreso y gasto de los hogares en México 2016-2022: algunas tendencias Saúl Escobar Toledo August 2, 2023 El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, organismo público autónomo de México) dio a conocer, hace algunos días, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) correspondiente a 2022. Su muestra abarcó más de 105 mil viviendas y a casi 129 mil habitantes por lo que resulta de gran interés para conocer el comportamiento de los ingresos y gastos de las familias y algunas características ocupacionales y sociodemográficas. Enumero aquí algunas tendencias que me parecen más destacables (todas las estimaciones abarcan solamente el periodo 2016-2022):la primera observación, para decirlo en pocas palabras, consiste en que los ingresos de los hogares aumentaron en promedio muy poco en eso años, apenas un 0.2%, pero se distribuyeron de manera más equitativa. Por lo tanto, la desigualdad entre la población más rica y la de menores recursos, disminuyó. Dos factores incidieron en esta reducción: el aumento de los ingresos del trabajo (2.5%) y, sobre todo, las transferencias en efectivo (10.7%). En el caso de los ingresos laborales, vale la pena subrayar, se incrementaron mucho más los que se obtuvieron por el “trabajo independiente” (18.3%) que aquellos que se recibieron por un trabajo subordinado (1.6%). Por su parte, en lo que toca a las transferencias, destacan el aumento de los ingresos por jubilaciones y pensiones (22%), las remesas (41.3%) y los beneficios de los programas gubernamentales (58.6%). A pesar de un flaco crecimiento de la economía (medido por el Producto Interno Bruto) ocurrido en estos últimos siete años, debido, en buena medida, a la emergencia sanitaria y a la política económica estabilizadora del gobierno de AMLO, se redujo la desigualdad gracias a las subidas al salario mínimo (que probablemente incidieron en el conjunto de las ocupaciones del país) y, en una dimensión que queda por investigar, a las reformas laborales, particularmente la regulación de la subcontratación. Sin embargo, el factor principal fue el conjunto de transferencias en efectivo, particularmente las remesas y el programa de adultos mayores, que sin duda tuvieron incrementos significativos. Esto último explicaría también que los ingresos por trabajos independientes derivados, en su mayoría, del sector informal, hayan aumentado más que los provenientes del trabajo asalariado y formal, es decir, estable y protegido por la seguridad social. En otras palabras, esa menor desigualdad no modificó una estructura del empleo que se arrastra desde hace decenios: las ocupaciones mejoraron por la cantidad de los ingresos recibidos, no tanto por un cambio en la calidad de esos trabajos. De esta manera, se puede entender mejor que los primeros tres deciles de la población (los más pobres) hayan aumentado su participación en los ingresos totales entre 2016 y 2022 de 8.9% a 10.2%, mientras que el último decil haya disminuido esa participación de 36.4% a 31.5%. Igualmente, que esa mejoría no se remitió solamente a la población de menores recursos, ya que los deciles intermedios (IV, V y VI) aumentaron su participación de 15.4% a 20.6%, lo mismo que los deciles VII, VIII y IX, que lo hicieron de 36.1% a 37.6%. Lo anterior se explica, en buena medida, debido al impacto universal del principal programa, el de adultos mayores ya que, como se sabe, otorga la misma cantidad de dinero a todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos. La eficacia de los programas sociales de transferencias monetarias también se tradujo en que la brecha de género haya disminuido ligeramente. La cantidad de ingresos que recibieron los hombres con relación al que obtuvieron las mujeres pasó de 1.73 veces a 1.53. Una disminución relativamente menor en comparación a los otros indicadores señalados pero que, de la misma manera, confirma un cambio de tendencia. Sin embargo, en lo que toca a la brecha regional, es decir, entre las entidades más pobres y las más desarrolladas económicamente, la disparidad aumentó: las cinco entidades más pobres (Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas) muestran un aumento de los ingresos de los hogares de 10.7% mientras que las entidades más desarrolladas (Baja California Sur, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Chihuahua) observaron un incremento de 15.3%. La diferencia entre unas y otras pasó de 1.94 a 2.02 veces. Ello se debe a que las entidades más prósperas se beneficiaron de los incrementos del salario mínimo y de las prestaciones gubernamentales en efectivo bajo un patrón de empleo que desde hace años tiene salarios más altos y menos ocupaciones informales, en tanto que las entidades más atrasadas no han modificado sensiblemente su estructura laboral. Otro asunto de gran importancia merece una atención especial: la ENIGH muestra que el cambio de tendencias ocurrió principalmente en el medio rural. El ingreso corriente promedio trimestral de los hogares catalogados como urbanos por el tamaño de la localidad vieron una reducción de sus ingresos entre 2016 y 2022 equivalente al 2.1%, mientras que los hogares en el medio rural observaron un incremento muy significativo, 21.7%. Todavía más destacable es que los ingresos por trabajo en los hogares urbanos hayan aumentado 0.6% y los rurales 21.7%. Igualmente, las transferencias aumentaron más en los hogares rurales (16.1%) que en los urbanos (10.2%). Por lo anterior, la reducción de la pobreza se observa con mayor claridad en los hogares rurales: los tres deciles más pobres aumentaron en promedio 25.2% en tanto que esos hogares en el medio urbano se incrementaron en 12%. Asimismo, la ENIGH muestra que los hogares en los viven las personas que no se consideraron indígenas vieron crecer sus ingresos en 5% mientras que aquellos en que las personas dijeron que hablaban una lengua indígena los hicieron en 40%. Sin embargo, la desigualdad en el medio rural casi no se abatió. Llama la atención que, en estos hogares, el decil más rico, el X, aumento sus ingresos en 19.2%. De esta manera, si en los hogares urbanos la diferencia entre los tres deciles más pobres y el más rico disminuyó de 3.75 a 2.82 veces, en los rurales apenas se modificó pasando de 3.24 a 3.05 veces. Esta disparidad se debe a que, según la ENIGH, la “renta de la propiedad” disminuyó severamente en los hogares urbanos entre 2016 y 2022 en un 47.8% mientras que en los rurales aumentó 71 %. Un dato que habrá que estudiar con mayor detenimiento y que pude explicarse en principio debido a que las personas más acaudaladas y en particular el 1% más rico, viven en las ciudades. Este pequeño sector de la sociedad muestra una disminución de sus ingresos debido probablemente a dos fenómenos: la subdeclaración de ingresos en la encuesta, y la caída transitoria de sus ganancias, debida a la interrupción de la actividad económica por la pandemia (entre 2020 y 2022) o, como en otros momentos de crisis, por la caída general de la economía. Un asunto distinto es el que se refiere a la concentración de la riqueza (propiedades de bienes muebles, inmuebles y activos financieros), la cual no se mide en esta encuesta. Muy probablemente, ésta tuvo una tendencia regresiva ya que, de acuerdo con otra encuesta elaborada por el INEGI y la Comisión Bancaria y de Valores, durante 2020 más de la mitad de la población tuvo que pedir prestado, recurrir a sus ahorros, o vender algún bien de su propiedad para sortear la caída de sus ingresos corrientes. Este año, 2023, la economía seguramente crecerá más que en los años anteriores y es probable que se confirme una reducción de la pobreza y un reparto menos desigual de los ingresos debido al aumento de los salarios y de los montos de los programas del gobierno. Sin embargo, estas mudanzas, para que se conviertan en un cambio estructural, requerirán por lo menos dos factores: el primero, un crecimiento sostenido de la producción; y, en segundo lugar, una política social que mejore no sólo lo ingresos monetarios sino también la oferta de servicios públicos. En particular, el sistema de salud requiere una atención prioritaria. La ENIGH muestra un dato catastrófico: el gasto de los hogares en este rubro aumentó casi 30%, y fue el más cuantioso que desembolsaron los hogares en comparación con, por ejemplo, alimentación (11.5%) y, sobre todo, frente a la caída en el gasto en vestido y calzado (14.3%). Es decir, ante la carencia de un servicio de calidad y oportuno, y la menor dotación de medicinas gratuitas, los hogares tuvieron que destinar una cantidad muy significativa de sus ingresos para proteger su salud. Ante estos claroscuros, el próximo gobierno está obligado a profundizar el cambio de las tendencias que muestran un abatimiento de la pobreza y la desigualdad y, principalmente, a elaborar un programa para construir un nuevo modelo de desarrollo económico y social. De otro modo, los avances observados corren el riesgo de revertirse en poco tiempo.

Porfirio Muñoz Ledo: su pensamiento político

Porfirio Muñoz Ledo: las directrices de su pensamiento político Saúl Escobar Toledo La reciente partida de Porfirio Muñoz Ledo ha motivado, y seguramente lo hará en los próximos días, un gran número de notas y artículos. Destacarán sus aciertos y sus incongruencias; sus frases notables; su quehacer político; y su paso por diferentes partidos. Tuve la oportunidad de conocer y platicar varias veces con Porfirio desde la fundación del PRD en 1989. Creo que sus obsesiones políticas fueron fundamentalmente tres: la reforma del Estado y la democracia; la política internacional; y los asuntos laborales. En este último aspecto tuve con Muñoz Ledo los peores desacuerdos y, al mismo tiempo, algunas coincidencias. Ello se debió a que, cuando fue secretario del Trabajo con el presidente Echeverría, combatió a la Tendencia Democrática del SUTERM y a varios sindicatos independientes. Posteriormente, ya fuera del PRI, aceptó haber sido parte del sistema y su responsabilidad en esos asuntos, aunque, al mismo tiempo, presumía de haber pactado con las centrales obreras (y Fidel Velázquez a la cabeza de ellas) aumentos salariales “sin precedentes” y diversas reformas en materia laboral. Desde luego, como dirigente del PRD se manifestó en favor de un sindicalismo democrático e independiente. En cuanto a la política internacional, su experiencia en las Naciones Unidas le permitió conocer a diversos personajes notables y tener una visión muy amplia de los fenómenos mundiales. Casi desde la fundación del PRD, propuso y logró que el entonces nuevo partido se adhiriera a la Internacional Socialista (IS), organización con la cual creía tener las mayores coincidencias. Curiosamente, este paso no fue sencillo ya que el PRI era miembro de la IS y objetó la incorporación del PRD. Finalmente, después de un tiempo más o menos breve, el partido del sol azteca fue admitido con plenos derechos. Porfirio participó activamente en las reuniones de la IS durante más o menos dos décadas. Lo anterior me permite afirmar que Muños Ledo se propuso ser, esencialmente, un socialdemócrata contemporáneo, es decir un político que se inspiraba en el pensamiento de personajes como Willy Brandt e incluso Felipe González. Su visión del mundo y de México estuvo basada en valores e ideas que, desde la posguerra, ha defendido esta corriente política. Aunque algunas posturas pueden explicarse por su ambición por el poder, en el fondo lo guiaba una filosofía política basada, sobre todo, en las experiencias de los gobiernos que ha encabezado la socialdemocracia europea. De esta manera, Muñoz Ledo siempre se mantuvo alejado del marxismo y los partidos comunistas. Incluso, no se veía muy entusiasmado con las agrupaciones y liderazgos de izquierda que surgieron en América Latina a finales del siglo pasado como el de Lula en Brasil; se identificaba, en cambio, con gobernantes y partidos de indudable adhesión socialdemócrata como el de Ricardo Lagos en Chile. No simpatizó, por lo tanto, con las posturas anticapitalistas de la insurrección del zapatismo chiapaneco, aunque alegaba defender, desde su punto de vista, las autonomías de los pueblos indígenas y su pleno reconocimiento en la Constitución como parte del gran proyecto de la reforma del Estado que propugnó desde su rompimiento con el PRI. Sin duda, para Muñoz Ledo, este asunto, la reforma del Estado en México fue, de las tres preocupaciones mencionadas, la más intensa, y la que dominó casi todos sus discursos, polémicas y escritos. Una muestra de su pensamiento en esta materia se puede encontrar en la ponencia que presentó a finales del siglo pasado, en 1997, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, acerca de la “transición mexicana”. En esa ocasión, Porfirio afirmó: “Transición democrática es el paso de un sistema político autoritario a un sistema político democrático, es un tránsito político… (y, por consiguiente,) pacífico”. En esto, señalaba, se diferencia con las revoluciones, “las cuales no siempre llevan a la democracia, aunque lo pretendan…”. Y agregaba que, “desde hace 25 años (es decir, el último cuarto del siglo XX) en todo el mundo se están llevando estos procesos de cambio pacíficos”. Por lo tanto, añadía, observamos “un agotamiento de las edades de las revoluciones”. De acuerdo con este visón, Porfirio consideraba que “las primeras transiciones democráticas se dieron en la Europa mediterránea a mediados de los 70's”, y enumeraba los casos de Portugal, España y Grecia. Luego ponía los ejemplos en América Latina y el fin de las dictaduras militares: Brasil, Argentina, Uruguay y, por supuesto Chile. Un ejemplo notable, decía, fueron “las transiciones democráticas de Europa del este, la caída del muro de Berlín, y el paso de los regímenes comunistas a regímenes democráticos”. Y sintetizaba: “más de 35 naciones han pasado del autoritarismo a la democracia en los últimos 20 años” y reiteraba, “ por la vía pacífica”. Ahora, agregaba, es el turno de México. En el caso de nuestro país, Muñoz Ledo aseguraba que la transición se había iniciado ya en 1997 cuando la oposición (PRD y PAN, principalmente) ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que permitiría un “mayor equilibrio de poderes”. Porfirio afirmaba, en esa alocución, que el sistema político mexicano “es un autoritarismo muy eficaz, un sistema de poder vertical, autoritario, y un sistema de ficción política porque… la autoridad presidencial y el control del conjunto del sistema por un partido hegemónico, vaciaban y siguen vaciando… el funcionamiento del sistema constitucional”. Al mismo tiempo, advertía que, aunque las transiciones habían sido pacíficas, no estaban exentas de hechos violentos, como en México, donde “nos han matado 500 militantes del PRD”. Sin embargo, reiteraba, no se va a tomar el poder “con las metralletas” sino por medio de las elecciones. Lo anterior, suponía necesariamente pactos y compromisos entre todas las fuerzas políticas. Estos pactos estaban condicionados por otros dos factores: “clima internacional favorable” y, sobre todo, “una emergencia ciudadana”. Debido a lo anterior, aseguraba, la movilización que surgió en 1988 “estableció las bases de la transición mexicana”. Porfirio insistía en que se debía “privilegiar la transición democrática, por encima de cualquier otro objetivo partidario”. Por ello, recomendaba “no provocar la ira de las fuerzas del mercado, no ir a una confrontación por la confrontación con el gobierno, no se trata de eso, de provocar un caos económico, pero si acumular la fuerza suficiente y la capacidad de diálogo para que los cambios se den”. Muñoz Ledo consideraba que la reforma electoral que se había logrado un par de años antes ya garantizaba una contienda electoral más equilibrada y estaba listo el terreno para la derrota del PRI en la contienda por la presidencia de la república lo que, en efecto, sucedió en el año 2000. Estas ideas pueden explicar, en su momento, sus desacuerdos con Cuauhtémoc Cárdenas y un sector del PRD (del que formé parte); su apoyo a Fox; su abierta oposición al desafuero de López Obrador; su insistencia, por encima de cualquier otra cosa, de llevar a cabo una reforma del Estado, y completar la “transición democrática” del país. Y, en los últimos años sus divergencias con Andrés Manuel al acusarlo de romper el equilibrio entre los poderes de la Unión con un “hiper presidencialismo”. En el tumulto de sus discursos, entrevistas y declaraciones; en su obra escrita; y en sus labores políticas, algunos encontrarán ideas inconexas o posturas contradictorias. Sin embargo, si se observa con más cuidado, se puede detectar una línea de pensamiento que mantuvo hasta el final. Hoy, que ya no contaremos con sus palabras, deseo reiterar mi admiración y estima a Porfirio. Estas líneas sólo han querido resaltar que perdimos a un pensador distinguido, a un orador admirable, a un actor político principal en la historia mexicana de las últimas décadas, y para muchos, un amigo con quien debatir, conscientes de que la crítica y la discrepancia enriquecen nuestra visión del mundo. saulescobar.blogspot.com

La fobia a la inflación

La fobia a la inflación Saúl Escobar Toledo Hace unos días, la prensa nacional e internacional dio cuenta de las opiniones del director general del Banco de Pagos Internacionales (Bank of International Settlements en inglés, BIS), Agustín Carstens, con motivo del informe anual de la institución. En un escrito entregado a los medios de comunicación, Carstens admite que la inflación ha bajado, pero advierte varios riesgos “que ensombrecen las perspectivas”, entre ellos un resurgimiento de la inflación debido a que los trabajadores al ver que el poder de compra de sus salarios ha disminuido podrían intentar su recuperación; igualmente, las empresas siguen subiendo los precios de sus productos, lo que podría crear una carrera entre salarios y precios que “es difícil detener”. También ve riesgos para la estabilidad financiera lo que puede desencadenar quiebras bancarias e incluso un “colapso sistémico”. Además, señala que se pueden agravar los problemas para el pago de las deudas externas de los gobiernos. La respuesta que deben dar los Bancos Centrales a todos estos desafíos es muy simple: restablecer la estabilidad de precios , es decir, seguir aumentando las tasas de interés. Llama entonces a “cambiar la mentalidad”, dejar a un lado las políticas monetarias que alienten la producción y llevar a cabo las reformas estructurales “desatendidas desde hace mucho tiempo”. Conviene recordar que el señor Carstens fue secretario de Hacienda entre 2006 y 2009 y luego gobernador del Banco de México entre 2010 y 2017. Todo ese tiempo se distinguió como enemigo acérrimo de los aumentos al salario mínimo pues, aseguraba, su incremento por encima de la inflación daría lugar a una escalada de precios incontrolable. Mas o menos lo mismo que dijo hace unos días. La realidad, sin embargo, ha demostrado la falsedad de sus argumentos. Desde hace cinco años, los salarios mínimos en México han aumentado sustancialmente y no puede argumentarse que han provocado brotes inflacionarios. Con lo anterior también quedó demostrado que la comprensión de los fenómenos económicos de Carstens es muy escasa. Sus recientes declaraciones se ajustan bien a lo que dos economistas distinguidos han calificado como “la fobia a la inflación”. En un artículo publicado en IDEAs (www.networkideas.org), Anis Chowdhury de la Universidad de Sidney, Australia y Jomo Kwame Sundaram, del Instituto de Investigación Khazanah de Malasia , explican que esa fobia se basa en mitos y dogmas, no en investigaciones serias y datos duros, pero provoca una respuesta excesiva por parte de los gobiernos y los bancos centrales, causando severos daños, particularmente a los trabajadores de menores recursos, como sucedió en el caso mexicano. Anis y Jomo consideran que los riesgos de una hiperinflación (mayor al 50% anual) son generalmente bajos y ésta ha sido un fenómeno histórico excepcional en la historia del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Los países que han sufrido este fenómeno no han sido los más avanzados y aquellos que la padecieron fueron los que se separaron de la URSS y resultaron víctimas de una súbita desregulación de precios y de brutales terapias de choque para convertirlos en países capitalistas; o han sufrido graves trastornos políticos como Chile en los años setenta y, ahora, Venezuela. Este análisis histórico demostraría, dicen estos economistas, que no todo proceso inflacionario se produce por una “exceso de demanda”, lo que en realidad significa aumentos salariales, y subrayan que no cualquier brote inflacionario tiene que convertirse en hiper inflación. El estudio también discute la idea de que un incremento de precios afecta el crecimiento. Demuestran que lo anterior sólo sucede cuando la inflación rebasa el 40% anual. Al realizar un análisis de los estudios publicados al respecto encontraron que “la relación entre inflación y crecimiento es positiva mientras aquella sea moderada en un rango de 15-30%.”. Además, y de manera destacada, señalan que, a la inversa, una inflación baja no está necesariamente relacionada con un aumento del producto: “Con una inflación objetivo de 2% no se ha alcanzado un crecimiento sostenido. El promedio de aumento per cápita del producto (PIB) ha bajado en Estados Unidos del 2.5% al 1.5%; en Alemania cayó del 2.5% al 1.2% ; y en Inglaterra del 2.5 al 1.3%.” Esta disminución, argumentan, se debe al comportamiento de la inversión, la cual no depende de la existencia de bajos niveles inflacionarios. Lo anterior explicaría, igualmente, porqué la productividad tampoco ha aumentado con una inflación cercana al 2%. En cambio, la caída del crecimiento puede asociarse, claramente, con políticas macroeconómicas contraccionistas, incluyendo las llamadas reformas estructurales. Ahora bien, por alguna razón que no ha sido claramente explicada, se considera una tasa de inflación aceptable un 2 por ciento anual (en México, el objetivo del Banco de México ha sido 3%). Estas tasas objetivo se ha convertido en una norma global, según Jerome Powell (actual presidente del Banco Central de Estados Unidos) y virtualmente en una religión económica (según Irwin, un editorialista del NYT). Para alcanzar esta tasa de 2% , no sólo se desplegaron los esfuerzos de los bancos centrales, también se llevó a cabo la desregulación de las relaciones laborales (la “flexibilización”); ayudó, así mismo, el progreso tecnológico y el abaratamiento de las cadenas de valor a nivel mundial gracias a la recolocación de empresas en aquellos países donde la fuerza de trabajo era más barata. La inflación que estamos viviendo, hoy en día, se originó por una cadena de crisis; la pandemia, la disrupción de las cadenas de valor, y la guerra en Ucrania. Todos estos fenómenos repercutieron en una afectación de la oferta de bienes y servicios. No fue resultado, por lo tanto, de un “exceso” o aumento desmedido de la demanda, particularmente de los salarios. La persistencia de la inflación, a pesar de las subidas de las tasas de interés, ha obedecido más bien al propósito de aumentar las ganancias por parte de las empresas (cf. por ejemplo el reportaje de Smith y Rennison, www.nytimes.com/2023/05/30) , lo que algunos economistas han denominado “profit led inflation”. Sin embargo, debido a la fobia antinflacionaria, estudiada por Anis y Jomo, hasta junio de 2022, ochenta bancos centrales habían aumentado las tasas de interés. Para estos autores, una guerra de clases se está llevando a cabo en nombre de combatir la inflación ya que estos incrementos afectan a los trabajadores y sus familias. Como hemos visto, de manera destacada, el BIS, sigue insistiendo en aumentarlas, no obstante que la inflación ha venido bajando. En el fondo, como dice Carstens en su texto, se trata de doblar a los trabajadores para evitar que aumenten los salarios. Y abrir el camino, de nueva cuenta, para las llamadas reformas estructurales que, en las pasadas décadas, sólo trajeron mayores desigualdades. El estudio de Anis y Jomo considera que los gobiernos no deben ser presa de los dogmas y fobias antiinflacionarios. Los gobiernos están perdiendo la oportunidad de acelerar la productividad, alcanzar las metas de descarbonización, y reducir las brechas sociales. Las políticas públicas tienen que cambiar el foco de su atención. En lugar de reprimir el consumo, deberían alentar la producción, generar más inversión y apoyar la diversificación y la innovación tecnológica, principalmente en aquellos sectores o empresas que promueven un uso más eficiente de la energía y de los recursos naturales. La subida de tasas de interés afecta la eficiencia de las empresas ya que inhibe la inversión en nuevas tecnologías, en la capacitación del personal, y en la adquisición de equipo e instalaciones. Además, aumenta el peso de las deudas del gobierno, las empresas y los hogares. Y, al provocar un crecimiento más lento, lleva a una caída de los ingresos fiscales. Los bancos centrales consideran que aumentar las tasas de interés es la principal y casi única política contra la inflación. Sin embargo, aumentar las tasas de interés bajo la idea de que una sola medida debe aplicarse en todos los casos no ha dado buenos resultados; en cambio, deben considerar las diversas causas de la inflación y tomar las medidas adecuadas para resolver cada una de ellas. El incremento de las tasas puede reducir la inflación al reducir la demanda, pero no lleva a resolver los problemas que afectan el crecimiento económico. Los mitos de Carstens ya quedaron al descubierto en México. Se desmoronaron en unos cuantos años. A pesar de que este individuo dirige el organismo que coordina a los bancos centrales del mundo, sus recomendaciones no deben ser escuchadas. Carecen de sustento y no responden a los problemas actuales. saulescobar.blogspot.com

México: las brechas regionales

La brecha regional en México : ¿aumenta o disminuye? Saúl Escobar Toledo Las diferencias regionales en México representan uno de los problemas más complejos y lacerantes de nuestra realidad. Estas se acrecentaron durante los años del neoliberalismo ya que la industria manufacturera de exportación se concentró en algunos estados del país, principalmente en la franja que corre de Querétaro y Guanajuato hacia la frontera con Estados Unidos. En cambio, el sur – sureste se mantuvo ajeno a este proceso de industrialización. Los años de la sustitución de importaciones (1945-1970) que propiciaron un tipo de industrialización distinta, fundamentalmente para el mercado interno, ya habían consolidado algunos núcleos industriales como Monterrey. Sin embargo, con la globalización de fines del siglo XX, algunas entidades lograron beneficiarse; otras tuvieron que cambiar su vocación productiva, como la Ciudad de México; y algunas más se quedaron sumidas en el atraso económico. La pandemia y nuevos fenómenos como la inversión pública en proyectos como la refinería de Dos Bocas, el corredor industrial transístmico y el Tren Maya, por un lado, y el llamado “nearshoring”, es decir la relocalización mundial de empresas e inversiones, por el otro, podrían estar cambiando esas tendencias. De acuerdo con el informe de INEGI, publicado en junio, con cifras de febrero de este año, a tasa anual y con series desestacionalizadas, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial, en términos reales, fueron: Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas. Ahora bien, si observamos las cifras en un plazo más largo, comparando los niveles previos a la pandemia con los de 2023, observamos que BCS todavía está muy por debajo de los niveles previos a la emergencia sanitaria; en cambio, Chiapas y Tabasco han crecido rápidamente lo mismo que Oaxaca (aunque un poco menos) . Por su parte, Quintana Roo, San Luis Potosí, y Nayarit a pesar del rápido crecimiento del último año, apenas están llegando a los niveles prepandémicos. Llama la atención la situación de Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa y, señaladamente, Tamaulipas, ya que no se han recuperado del trauma sanitario a pesar de haber sido parte del proceso de industrialización en las décadas pasadas. También es notable el caso de Campeche pues no se “contagió” del crecimiento de sus vecinos. Otros estados golpeados por la pandemia y todavía muy postrados son Colima, Michoacán y Veracruz. Por otro lado, además de los estados sureños mencionados, se observa un crecimiento, entre 2018 y 2022, en Baja California, Hidalgo, Nuevo León y Yucatán; y , en menor medida, Sonora, Jalisco, Chihuahua, y Guanajuato. Otras entidades como San Luís Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, parece que van en vías de recuperación, aunque muestran un nivel de actividad todavía por debajo de los años 2018-2019. ¿Qué podemos señalar con base en estos datos? Por un lado, que el impacto de las obras de infraestructura del gobierno está dando por resultado un rápido crecimiento industrial en tres estados del sur, quedando fuera, notablemente, Veracruz. Por otro, que las entidades más desarrolladas en las últimas décadas y sede de una mayor industrialización han tenido resultados dispares: mientras algunas entidades como Aguascalientes, Coahuila y, sobre todo, Tamaulipas no han se han recuperado, otras, como Baja California, Nuevo León, Sonora, y Chihuahua , han concentrado, quizás, los beneficios del “nearshoring” y es aquí donde se está concentrado la inversión extranjera. Tomando en cuenta entonces, únicamente, el crecimiento industrial, y sin discutir por el momento los costos sociales y medioambientales, dos regiones están despuntando: la del sur, conformada por tres estados: Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y las del corredor fronterizo con Estados Unidos, con la excepción de Tamaulipas. Sin embargo, esta bonanza aún no se refleja en los índices de pobreza laboral: las entidades con mayor porcentaje de personas pobres por los bajos ingresos que recibieron por su trabajo, en el primer trimestre de 2023, fueron: Chiapas (67.2%) , Guerrero (59.8%) y Oaxaca (57.2%) , mientras que Tabasco permanece en un nivel intermedio, cercano al 40%. Los estados norteños tienen una pobreza laboral mucho menor: en números redondos, Baja California (18%) , Nuevo León (22%) , Sonora (30%) y Chihuahua (28%) las cuales se sitúan por debajo del promedio nacional ( 37.7%). Además, en Chiapas, la pobreza laboral aumentó casi 2 puntos porcentuales en el último año en tanto que nivel nacional ésta disminuyó 1.1%. De la misma manera, la informalidad laboral en los tres estados sureños que crecieron significativamente en los últimos dos o tres años, sigue siendo muy alta: Chiapas (74%); Oaxaca (80%) y Tabasco (62.1%), mientras que en las entidades fronterizas es sensiblemente menor: BC ( 37.8%) Nuevo León (36.7%) Sonora (41,7%) y Chihuahua (34.1%). Todo ello muestra que la inversión pública ha generado crecimiento, pero aún es un fenómeno incipiente que no ha logrado modificar sensiblemente la pobreza y la informalidad laboral. Se trata de un proceso que apenas empieza y que no necesariamente está provocando un bienestar generalizado, quizás sólo “islas” de prosperidad dentro de una región históricamente rezagada, con la posible excepción de Tabasco, estado en el cual la pobreza laboral disminuyó en -0.4% en el último trimestre. En el otro extremo del país, en la región fronteriza norteña, la pobreza laboral, ( entre el IV-2022 y el I-2023), aumentó en Chihuahua en más de 4 puntos porcentuales y en Sonora 1.9%; aunque en BC se redujo en 1.6%, y en NL 0.1%. También en esta región se pude detectar un crecimiento desigual que no va acompañado necesariamente de un bienestar generalizado. Hay que agregar, no obstante, que Tabasco y Baja California destacan debido que el impacto de la pandemia se pudo superar pronto, y entre 2019 y 2021 el primero creció en casi 12% y el segundo en más del 4%. La brecha regional probablemente se esté cerrando si nos atenemos al crecimiento industrial y al del producto total: por ejemplo, la distancia, medida por el producto a precios constantes, entre Baja California y Tabasco, se redujo en dos años, de 1.28 a 1.19 es decir, en 7%; y, si tomamos el producto de los tres estados sureños y los cuatro fronterizos, la distancia se acortó en 6%. Estos números, sin embargo, no reflejan las condiciones sociales vigentes y los riesgos que provocan las nuevas inversiones. De ahí la necesidad de fortalecer la inversión pública en infraestructura productiva y, destacadamente, en bienestar social (educación salud, cuidados, protección del medio ambiente, ordenamiento urbano) tanto en el sur como en el norte y desde luego en otras regiones del país, particularmente los casos, hasta ahora, fallidos como Veracruz, Tamaulipas y Campeche; y las regiones que todavía no ven una mejoría, particularmente Colima, Guerrero y Michoacán; Tlaxcala y Puebla; y Durango y Zacatecas. Frenar la inversión pública no sólo agravaría las brechas regionales. Llevaría al país a un fracaso monumental, dejando inconclusos proyectos que apenas comienzan; sometería a la población a la inercia del crecimiento depredador (sobre todo de las grandes multinacionales exportadoras); y convertiría el nuevo empuje de las inversiones privadas, foráneas y nacionales, en un auge desordenado y excluyente, como ya se vio en las décadas pasadas. Se han abierto nuevas opciones de desarrollo. Para que éstas den como resultado una prosperidad compartida, se requiere una conducción responsable del Estado con la participación de la población afectada por las obras en curso y las que se decidan en el futuro. saulescobar.blogspot.com

La década perdida: una perspectiva del Banco Mundial

La década perdida del Banco Mundial Saúl Escobar Toledo Según un nuevo informe del Banco Mundial, publicado en marzo pasado, titulado Falling Long-Term Growth Prospects: Trends, Expectations, and Policies (Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo: Tendencias, expectativas y políticas), “casi todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad en las últimas tres décadas se están disipando… En consecuencia, se espera que entre 2022 y 2030 el crecimiento potencial promedio del producto interno bruto (PIB) mundial disminuya aproximadamente un tercio respecto de la tasa observada en la primera década de este siglo. En el caso de las economías en desarrollo, la disminución también será pronunciada: del 6 % al año entre 2000 y 2010 al 4 % anual durante el resto de esta década. Estas caídas serían mucho más marcadas en caso de producirse una crisis financiera mundial o una recesión”. En síntesis, el informe anuncia una “década perdida para la economía mundial”. Las repercusiones de este atorón económico serían graves pues se mermaría la capacidad del mundo para abordar problemas tan cruciales como “la pobreza persistente, los ingresos divergentes (la desigualdad) y el cambio climático”. Conviene entonces revisar brevemente las causas que encuentra el Banco para explicar este oscuro panorama y las posibilidades de solución que aconseja. El documento de 400 páginas, señala en su introducción, firmada por el presidente del Banco, David Malpass, que todas las fuerzas económicas que condujeron el progreso económico han estado menguando, incluso antes de la pandemia, en primer lugar, la productividad y la inversión. A lo anterior, agrega que el crecimiento de la fuerza de trabajo ha sido muy deficiente ya que en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, la población está envejeciendo. Además, la formación de capital humano ha sufrido retrocesos debido al shock sanitario, el cierre de las escuelas y la pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia. Finalmente, el comercio internacional que, entre los años 90s y hasta 2011 creció al doble del producto, ahora apenas aumenta al mismo ritmo. Las propuestas que plantea para recuperar el crecimiento y acelerarlo las resume de la siguiente manera: Primero, aumentar la inversión, para lo cual se requiere alentar al sector privado, reduciendo los problemas que lo afectan como : los costos para emprender un nuevo negocio, la “debilidad” de los derechos de propiedad; las políticas ineficientes en materia laboral; y la “flaqueza” de los sectores financieros. En segundo lugar, se recomienda mantener robustas las políticas monetaria y fiscal para apoyar la confianza de la inversión privada. Para ello se debe priorizar el combate a la inflación y cuidar el endeudamiento y el gasto público excesivo. También sugiere reducir los costos del transporte de mercancías mejorando los puertos y los sistemas de carga. Además, señala que el sector servicios se ha convertido en un motor muy importante para el crecimiento económico, sobre todo en los países en desarrollo y, particularmente, la exportación de servicios profesionales relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Para acelerar el crecimiento de estas actividades se requerirá un nuevo enfoque de la educación y la capacitación, especialmente en materia de idiomas y habilidades digitales. El BM propone, asimismo, la necesidad de elevar el nivel de participación de la fuerza de trabajo especialmente de las mujeres y de los trabajadores de mayor edad. Subraya la disparidad entre los géneros dado que la participación femenina representa tres cuartas partes de la masculina. Por su parte, afirma, se debe aumentar la participación de los trabajadores mayores de 55 años, aunque ello implique invertir en capacitación y reentrenamiento en nuevas habilidades. Finalmente, el informe del BM llama a fortalecer la cooperación internacional, la cual fue “muy amplia” después de la ruptura de la Unión Soviética hasta 2010, ya que posteriormente se debilitó. Nuevos métodos de cooperación en materia de comercio, clima, finanzas, deuda, transparencia, salud e infraestructura serán esenciales para alentar la inversión. Desde nuestro punto de vista, el documento tiene un problema fundamental: considera que las décadas pasadas, especialmente las que corrieron desde los años noventa del siglo pasado hasta la crisis mundial de 2008, fueron ejemplares. Es decir, los años más exitosos de la globalización neoliberal deben ser retomados como el modelo a seguir para recuperar el ritmo de crecimiento de la economía mundial. No hay, por lo tanto, una revisión crítica de esa experiencia como tampoco de las causas que llevaron a la crisis mundial de 2007-8 aunque se estudian con detenimiento sus consecuencias. Las enormes desigualdades de ingresos y riqueza provocadas por esos años de globalización neoliberal apenas son mencionados y su relación con el crecimiento se resuelve en una nota de pie de página. Por ejemplo, es evidente que la productividad se debilita si cae la inversión y que, en la década pasada, entre 2011 y 2020, ambas tuvieron un crecimiento más lento. Sin embargo, este fenómeno no fue un accidente; fue consecuencia de una serie de factores estructurales como la extrema concentración del ingreso; la fragmentación productiva que creó cadenas de valor muy extendidas para aprovechar el bajo costo de la fuerza de trabajo; y la tendencia cada vez más acusada de las grandes corporaciones a destinar sus excedentes a la especulación financiera. El tema del empleo no toma en cuenta la escasez de ocupaciones seguras, protegidas y bien pagadas. Desde luego, una mayor incorporación de la mujer a las actividades remuneradas es necesaria, pero debe reconocerse que, en muchos países en desarrollo como México, una gran parte de ellas tienen que aceptar ocupaciones informales, inseguras y mal pagadas en mayor proporción que los hombres. Buena parte de las propuestas parecen encaminadas a reconstruir el modelo neoliberal apoyando en todo lo posible a la inversión privada. Poco se dice en cambio de la posibilidad de que los estados nacionales conduzcan la recuperación económica. Mas bien se insiste en la necesidad de que la política monetaria se ajuste al combate a la inflación ( y no al crecimiento) y que la política fiscal se ajuste a la ortodoxia para no poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas. De esta manera, no puede cuestionarse que el documento proponga reducir los costos del transporte, construyendo la infraestructura necesaria. Sin embargo, el informe supone que lo debe hacer la inversión privada. La posibilidad de que el Estado se encargue de un programa masivo de inversiones en este renglón queda condicionada por una reducción de los gastos “improductivos” y los “subsidios” ( no se precisa si éstos incluyen aquellos destinados a combatir la pobreza) y a que se encuentren los recursos necesarios. Para ello, como han sugerido otras instituciones, una reforma fiscal y el combate a la evasión y los paraísos fiscales es indispensable. No obstante, el documento sólo encuentra aconsejable en esta materia reducir los impuestos al trabajo y aumentar los que gravan el consumo. Llama la atención que el documento aconseje concentrar la atención en las inversiones en el sector servicios, como si la industrialización de los países en desarrollo quedara descartada. Sin embargo, la reestructuración de la globalización y el llamado “nearshoring” parecería indicar que el camino de la industrialización para países como México no está cancelada. Para el documento del BM, por el contrario, esta reestructuración puede conducir a una pérdida de productividad. El documento del BM pone a discusión varios problemas y, sin duda, la alerta, acerca de una próxima década de bajo crecimiento, debe tomarse muy en serio. Precisamente por ello, la crítica de sus fundamentos teóricos e históricos, así como de sus propuestas, son también muy necesarias. Saulescobar.blogspot.com