La reforma fiscal y la cuarta transformación en México

El futuro de la 4T y la reforma fiscal Saúl Escobar Toledo Puede afirmarse que hay una opinión cada vez más extendida, entre diversos sectores de la academia, la política y las organizaciones ciudadanas, que sostiene que una reforma fiscal es indispensable para la reconstrucción del país. Recientemente acaba de salir a la luz un conjunto de estudios, editados por la Fundación Ebert (disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17774.pdf) en el que se plantean varios enfoques en torno a este asunto. En la presentación, los coordinadores del texto no dudan en afirmar que es imperiosa “la necesidad de aumentar los recursos disponibles del Estado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis desatada por el covid-19…” Y agregan que: ante la necesidad de urgentes inversiones públicas en el sistema de salud, la educación y la infraestructura y los programas de reactivación económica ante la crisis económica detonada por el covid-19, los ingresos públicos en México son cada vez más insuficientes”. El consenso apunta también a que la reforma fiscal debe ser progresiva y por lo tanto afectar principalmente al Impuesto sobre la Renta (ISR) y, en específico, el ISR a las personas físicas. Subrayan que este gravamen es por lo general el elemento central de la progresividad de los sistemas tributarios, ya que supone que las personas deben contribuir a los gastos colectivos de manera proporcionalmente mayor conforme disponen de ingresos superiores a los de los demás integrantes de la sociedad. Esta es una característica que no presentan la mayor parte de los impuestos al consumo (IVA; IEPS). Desde el punto de vista de la equidad, el ISR debe ser visto como una de las piezas centrales de una reforma fiscal relevante. Una reforma que afecte solo a la cúspide de la pirámide de la distribución del ingreso. El problema, precisan, no reside en las tasas máximas vigentes sino en sus tramos, es decir, la tasa más elevada se aplica a ingresos muy reducidos (10 968 pesos mensuales). Debido a esa estructura, el ISR castiga a las personas que obtienen ingresos inferiores y medios puesto que los más ricos pagan la misma tasa que aquellos. Otro elemento que cabe revisar para aumentar la recaudación del ISR y su potencial redistributivo son las deducciones: los beneficios fiscales por este concepto están altamente concentrados en los cuantiles más altos de la distribución de ingresos. José Casar, en esta misma colección de ensayos, señala que: La precariedad del sistema tributario ha tenido dos consecuencias graves. Por un lado, se ha convertido en un freno al crecimiento de la economía mexicana debido al colapso de la inversión pública, que se encuentra en sus niveles mínimos históricos como proporción del PIB y, por otra parte, el tamaño de los ingresos tributarios y su composición ha impedido que el sistema fiscal juegue el papel de corrección de la desigualdad que genera el mercado. Subraya que los datos disponibles muestran que, mientras la distribución del ingreso antes de impuestos en México no es muy distinta de la que se observa en el resto de los países de la OCDE y en varias economías latinoamericanas, la distribución del ingreso disponible después de impuestos y transferencias monetarias es notoriamente más desigual en México. De tal manera que el efecto de las imposiciones fiscales sobre la distribución del ingreso es “prácticamente nulo”. Por ello, afirma, que los pilares de una reforma fiscal significativa deberían consistir en aumentar la progresividad del ISR, lo que supone la creación de nuevos tramos que eleven las tasas en el extremo superior de la escala. Casar presenta un ejercicio con base en la estimación del ingreso que obtiene el 3% de los hogares más prósperos del país. De acuerdo con lo anterior, afirma que “es perfectamente factible obtener resultados satisfactorios en materia de ISR a las personas afectando solo a una minoría muy pequeña de la población, debido precisamente a que esa minoría acumula una proporción extraordinariamente alta del ingreso disponible de los hogares. El aumento de la recaudación equivaldría a casi 70% de la recaudación actual”. Algunos textos reunidos en la publicación que comentamos constatan que una reforma fiscal que elevara los impuestos a los más ricos y los redujera a los que ganan menos, sería apoyada de manera entusiasta por la población. Habría que agregar que la elevación de gravámenes a las personas más prósperas ha sido propuesta en otras latitudes. En Estados Unidos (según reveló el New York Times el 22 de abril) el presidente Biden está considerando proponer nuevos impuestos a lo que ganan más de un millón de dólares al año. En Argentina, se aprobó desde enero una “contribución extraordinaria” a la riqueza (es decir al patrimonio) que afecta a aproximadamente a unas 13 mil personas. También existen impuestos similares en Uruguay y Colombia; en Chile se ha abierto el debate en este mismo sentido. Thomas Piketty en su libro más reciente, Capital e Ideología (2019), afirma que: “El sistema tributario de una sociedad justa debería estar basado en tres grandes impuestos progresivos: sobre la propiedad, sobre las herencias y sobre la renta”. Y nos recuerda que: los impuestos progresivos desempeñaron un papel relevante para combatir las desigualdades durante el siglo XX, con tasas que durante décadas alcanzaron o superaron el 70-90 por ciento para los más ricos (particularmente en Estados Unidos y en el Reino Unido). Como sabemos estas políticas fiscales cambiaron radicalmente a partir de la década 1980-1990 y con ello aumentaron de manera acelerada las desigualdades en Europa, Estados Unidos, y en el mundo. A raíz de la crisis de 2007-2008 la inconformidad política con las desigualdades, el abandono social a los más vulnerables y la increíble riqueza acumulada por una pequeña minoría fue en aumento. La pandemia de 2020 y sus efectos en materia de pobreza y disrupción económica han hecho surgir de nuevo el tema de las desigualdades y las políticas fiscales. A tal punto que incluso el FMI propuso en su asamblea de primavera el pasado 7 de abril que: “las rentas altas y las compañías que han prosperado durante el coronavirus ―las grandes tecnológicas o algunas farmacéuticas, por ejemplo― deberían pagar impuestos adicionales en solidaridad con los más afectados por la pandemia” En México se ha iniciado la discusión no sólo en los medios académicos, sino también en algunas esferas políticas. Una comisión del Congreso, encabezada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ha convocado a académicos, empresarios y legisladores de todos los partidos a discutir el tema fiscal. Sin embargo, la principal oposición se ubica en la presidencia de la república. No es éste el espacio para discutir las razones de su negativa, que puede derivar principalmente de razones políticas. Más bien importa subrayar sus consecuencias: si no hay una reforma fiscal progresiva en lo que resta del sexenio, afectando a los ingresos y el patrimonio de los más ricos y una disminución de las aportaciones de los que ganan menos, la 4T pagará un costo social, político y económico muy alto. No podrá cumplir con sus objetivos, no lo está haciendo, para evitar el crecimiento de la pobreza, ampliar la cobertura y calidad de la salud y la educación; tampoco para financiar obras de infraestructura suficientes para jalar la inversión privada y salir de la postración económica; y para demostrar su legitimidad como un gobierno que responde a los interés de los más desfavorecidos y no a los “fifís”, “machuchones”, o como quiera llamar a la oligarquía que ha dominado al país desde hace décadas. El asunto de una reforma fiscal progresiva no es un asunto menor o prescindible. Es una de las cuestiones vitales de nuestro tiempo. Sería la mejor apuesta para el futuro de México y para la continuidad de un régimen distinto, verdaderamente diferente, de los que han gobernado en el pasado reciente. saulescobar.blogspot.com

La negociación para regular la subcontratación

Regular la subcontratación tuvo un precio inusitado En memoria de Enrique De la Garza Toledo Saúl Escobar Toledo El martes 13, ayer, estaba previsto que se votara en el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen sobre la subcontratación, casi al mismo tiempo en que redacto estas líneas para El Sur. El proyecto votado en las comisiones respectivas, y que seguramente ya no sufrirá alteraciones de fondo, es diferente a la iniciativa presidencial presentada en noviembre del año pasado, la cual provocó un gran revuelo en las representaciones empresariales. Por ello, se llevaron a cabo varios foros y pláticas sobre el tema y se abrió un periodo de negociación que culminó recientemente. Las modificaciones no alteran el contenido esencial de la propuesta del gobierno, defendido sobre todo por la secretaria Alcalde: se prohíbe la subcontratación mediante la cual una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Hay, no obstante, algunos cambios de redacción que sirvieron para despejar malas interpretaciones. Ahora se señala con claridad que se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la (empresa) beneficiaria. Ello ya estaba incluido en el documento de noviembre con una formulación distinta. Otra modificación, ésta si más delicada, consiste en que se autorizará la subcontratación de “los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial”. Esta modificación, me temo, especialmente por la inclusión de la palabra “compartidas”, puede dar lugar a litigios y a hacer más difícil la aplicación de la ley para evitar las simulaciones y engaños patronales. En realidad, la subcontratación entre empresas de un mismos consorcio o grupo empresarial se ha prestado a muchas trampas. Además, se relajan algunos trámites: en lugar de que la Secretaría del Trabajo autorice a las empresas que se dedican a la subcontratación, bastará con que ésta otorgue el registro de esas empresas. Es decir, se pasa de un acto de autoridad ex ante a otro ex post con el agravante de que la autoridad correspondiente tendrá un plazo muy corto para otorgar esos registros el cual, una vez vencido, si no hay respuesta, se dará por otorgado. De esta manera el gobierno tendrá que vigilar actos ilícitos que ya fueron cometidos en lugar de prevenirlos. Las nuevas disposiciones, a pesar de las cuestiones señaladas, evitarán, en muchos casos, la simulación de contratación de personal que llevan a cabo algunas empresas con el objeto de evadir sus responsabilidades laborales, principalmente la afiliación a la seguridad social, y la evasión de impuestos. Se espera que, cuando se pongan en vigencia estas leyes, en unos meses, se eleve el número de trabajadores afiliados al IMSS y aumente la recaudación fiscal por el pago, sobre todo, del Impuesto sobre la Renta. Habrá que observar si los controles contenidos en la reglamentación aprobada resultan efectivos para eliminar la suplantación patronal y frenar otros problemas como el despido injustificado, los contratos a tiempo parcial, la seguridad en el empleo, la contratación colectiva y la sindicalización, asuntos que dependerán de la vigilancia de los inspectores del trabajo, y sobre todo de la respuesta de los trabajadores y los sindicatos. Sin embargo, el dictamen presentado este año trae una sorpresa, una modificación intrusa: la reforma del artículo 127 de la LFT que regula el reparto de utilidades. Desde un punto de vista legislativo, es evidente que la regulación de la subcontratación no tiene que ver, directamente, con el reparto de utilidades. No obstante, como se anunció públicamente, ésta fue una concesión que exigieron las representaciones patronales para dar su aprobación a la iniciativa presidencial. Debido a ello, el reparto de utilidades tendrá un tope: su monto tendrá como límite máximo “tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años”. Vale la pena preguntarse a quién beneficia esta disposición. Mi hipótesis es que está destinada a aquellas empresas que tienen ganancias extraordinarias por su monto y porque son muy cuantiosas en relación con la cantidad de trabajadores empleados. Aunque el tema merece una investigación más acuciosa, cabe suponer que las empresas que pueden situarse en este supuesto son aquellas que, por diferentes razones obtienen un beneficio superior al promedio. Por ejemplo, las empresas mineras y extractivas privadas, ya que sus ganancias se obtienen no sólo por la explotación de la fuerza de trabajo sino también por la concesión exclusiva de los terrenos de los cuales extraen los recursos naturales (oro, plata, cobre, etc.). Otro tipo de negocios, como los que se dedican a actividades financieras o bancarias, pueden tener beneficios superiores debido al volumen y naturaleza de sus operaciones, las cuales se prestan a la especulación. Por su parte, las empresas que ofrecen servicios de tecnología digital (como las tres grandes, Microsoft, Google y Apple) son conocidas por sus fabulosas ganancias, las cuales obtienen de la comercialización, casi monopólica, de conocimientos y medios muy especializados. Algunas de estas empresas, de las ramas extractivas, bancarias o tecnológicas, son transnacionales que han declarado su domicilio legal en paraísos fiscales y pagan impuestos muy reducidos en esos territorios. Pero otras pueden o han sido sujetas de gravamen en México y del reparto de utilidades. En todo caso, estamos hablando de empresas muy poderosas, de capital extranjero y nacional, que han colocado a sus principales accionistas en los primeros lugares de los hombres más ricos no sólo de México sino del mundo. Si lo anterior es cierto, la negociación que dio por resultado la modificación al reparto de utilidades en un debate que originalmente versaba en torno a la subcontratación, significa dos cosas: la primera, que los representantes de las organizaciones patronales, principalmente el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial, defendieron los intereses de los capitalistas más prósperos. Su verborrea, cuando hicieron una feroz campaña contra la iniciativa presidencial, alegando que defendían a las pequeñas y medianas empresas fue absolutamente demagógica. Y segundo, que el presidente prefirió otorgar esta concesión para sacar adelante su principal objetivo, regular el (mal llamado) outsourcing. ¿Quién gana y quién pierde? Es posible que varios cientos de miles de trabajadores puedan resultar beneficiados, sobre todo aquellos que actualmente son los más vulnerables y perciben los salarios más bajos del mercado. El gobierno también gana ya que aumentarán los pagos a la seguridad social y al ISR. Pero la tajada más sabrosa se la llevan los magnates nacionales y extranjeros que realmente controlan el poder de representación del conjunto de los empresarios y gozan de una enorme influencia política. Si a lo anteriormente dicho agregamos el regalazo que el gobierno dio a los grandes consorcios financieros cuando decidió mantener inalterado el sistema privado de pensiones (el de las Afores), se comprenderá que su afán reformador y su pragmatismo no ha podido rebasar (hasta ahora) ciertos límites. Aquellos que definen los intereses de un puñado de oligarcas. Eso podría explicar, así mismo, la renuencia oficial para emprender una reforma impositiva que afectaría a los super ricos y a las empresas más poderosas. Y, sin embargo, los tiempos cambian e incluso el presidente Biden de Estados Unidos y el FMI están proponiendo la aplicación de gravámenes que afectaría precisamente a los más acaudalados y a los grandes consorcios tecnológicos. El daño que ha causado la extrema desigualdad en el mundo está haciendo surgir nuevas orientaciones en materia de política económica. Ya veremos si algún día llegan a México. saulescobar.blogspot.com

El shock post-covid y el caso Colombia

El shock post-covid y el caso Colombia Saúl Escobar Toledo Desde el año pasado y, con mayor fuerza en este 2021, 500 organizaciones de 87 países y un número cada vez más amplio de académicos de distintas partes de mundo han dado la voz de alerta: está surgiendo un shock de austeridad fiscal post-pandémico. Según un estudio reciente elaborado por Isabel Ortiz y Matthew Cummins, patrocinado por seis organizaciones independientes, entre ellas, la Confederación Internacional de Sindicatos (disponible en https://policydialogue.org), este shock consistiría en una reducción del gasto público en una gran cantidad de naciones entre 2021 y al menos 2025 y a una escala mayor que en el pasado reciente. Por lo pronto, para este año se espera que 154 países y 159 en 2022, caerían en esta situación. La austeridad afectaría a 5 600 millones de personas, es decir el 75% de la población mundial y se elevaría a 6 mil 660 personas, el 85% de los habitantes del planeta en 2022. Basados en las proyecciones fiscales contenidas en el informe del FMI de octubre de 2020, el estudio señala que, si lo vemos por regiones, el 80% de los países de Oriente Medio; el 79% de el África al sur del Sahara; 76% de América Latina ;73% del sudeste de Asia; y 75% de Asia Oriental y el Pacífico han declarado su intención de imponer medidas de austeridad. En América Latina se calcula que 523 millones de personas serán afectadas en 2021 y 571 en 2022 para bajar luego a 398 en 2025. Es decir, el 81%; 88% y el 60% de la población en esos mismos años. Los autores se basan en el pasado reciente. Afirman que poco después del estallido de la crisis mundial de 2008 (la “Gran Recesión”), hubo una expansión fiscal que duró uno o dos años, pero posteriormente tuvieron que pagar la cuenta y aplicaron severas medidas de austeridad. En 2020, otra vez, se conocieron altos niveles de gasto en muchos países para enfrentar la crisis del COVID -19. Pero esto ha dejado déficits fiscales muy altos, así como pesados niveles de endeudamiento, por lo que se está entrando ya en otro periodo de austeridad fiscal. En este caso, el golpe parece más severo. La contracción del gasto en 2021 está calculada en un 3.3% del PIB y de un 1.7% adicional en 2022. Las medidas que se están tomando para reducir los gastos incluyen congelamiento de salarios; menores subsidios a los programas sociales; reformas al sistema de pensiones; flexibilización del trabajo; y, hay que poner mucha atención a este asunto, incrementos al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En 2020, debido a las reclusiones y al cierre de actividades se calcula que la caída de la producción llegó a casi 6 billones de dólares; más de mil millones de empleos se perdieron y 275 millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza (de apenas 3 dólares al día). Como respuesta a ello, 166 gobiernos (casi 90% de la muestra) aumentaron su gasto en un 5.4% promedio del PIB y sólo 23 países lo redujeron. Sin embargo, en muy poco tiempo, apenas un año, y a pesar de la devastación causada por la pandemia, se pretende regresar a las políticas de austeridad. Estas medidas, en el pasado, han aumentado la pobreza y la desigualdad en particular en el caso de las mujeres. Al mismo tiempo, han alimentado también el descontento y la protesta social, según el estudio, en más de cien países. La austeridad es una mala política . Sólo medidas contracíclicas pueden llevar a una recuperación inclusiva y sustentable. Ante las nuevas medidas de recortes del gasto, las Naciones Unidas han advertido del peligro de otra década perdida para muchos países en desarrollo. La austeridad no es la única respuesta al problema. Algunas soluciones alternativas incluyen reformas fiscales progresistas en especial a los ingresos de la población más próspera, lo que podría dar lugar a una reducción del pago que hacen las clases medias y bajas; reestructurar las deudas (cosa que en parte se está haciendo aunque de manera muy limitada); eliminar los flujos financieros ilícitos: la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción la falsificación de facturas; y la salida de capitales a los paraísos fiscales; y usar las reservas en moneda extranjera de los bancos centrales para financiar el gasto público. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, la lucha contra la austeridad debería conduciros a un Nuevo Pacto Social o Nuevo Acuerdo Global. Un consenso post- pandémico que remplazaría al Consenso de Washington. Este nuevo acuerdo se basaría en medir los impactos sociales para definir las políticas públicas, entre ellas: Beneficios a las familias y personas de acuerdo a su género, edad, grupos de ingresos, origen étnico y lugar de residencia (urbano o rural) Acceso a servicios de calidad de bienes y servicios esenciales como educación, salud, nutrición, protección social, agua y drenaje, y provisión de insumos para la agricultura Precios de los servicios y bienes básicos y revisión de los subsidios que se requieran agregar o cancelar Creación de empleos y una mayor formalización de la fuerza de trabajo Basado en este examen, no pueden sorprendernos demasiado los acontecimientos en Colombia. El gobierno, presionado sus finanzas públicas y la deuda contraída el año pasado, decidió proponer una reforma fiscal, pero exactamente en el sentido opuesto a las recomendaciones del escrito de Ortiz y Cummins. El gobierno pretendía extender el cobro del 19% del IVA a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos; y el cobro de impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234. Es decir recabar impuestos de los sectores situados en la parte inferior de la pirámide de los ingresos. La reforma del presidente Duque iba entonces a empobrecer a los más castigados por la pandemia, en un país que se caracteriza por sus grandes desigualdades. En 2019, mientras el 20% más rico de la población concentraba el 57% del ingreso total, el quintil más pobre apenas captaba el 3%, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esos niveles de desigualdad se profundizaron durante la irrupción de la pandemia. La propuesta del presidente colombiano era, en realidad, una medida de austeridad extrema disfrazada de reforma tributaria. Debido a la protesta social, la propuesta fue retirada. Pero las manifestaciones de descontento no han cesado. A fines de abril se organizó un paro nacional que todavía sigue vigente. La respuesta del estado ha consistido en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo la acción de grupos paramilitares civiles que atacaron a grupos de manifestantes inermes. Colombia es entonces un buen ejemplo del shock post covid que se está gestando. De ahí la importancia del llamado de organizaciones y personalidades del mundo a oponerse a medidas de austeridad como las señaladas o a reformas fiscales que graven a los que menos tienen. Éstas no sólo son equivocadas para resarcir los gastos efectuados, sino que, además, echan gasolina al fuego de un gran malestar social generado por años de austeridad y más de doce meses de pandemia. Según la BBC, en las manifestaciones de protesta se han visto frases como ésta: “Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus". Lo mismo puede decirse de la austeridad que se está cocinando en diversas partes del mundo, incluyendo México. saulescobar.blogspot.com