lunes, 27 de abril de 2020
No, no están todos. Faltan programas de apoyo para los trabajadores despedidos
No, no están todos
Saúl Escobar Toledo
El programa económico del gobierno
presentado hace unas semanas representa, sin duda, un gran esfuerzo por
proteger a algunos sectores de la población más necesitados. El sábado pasado,
18 de abril, el presidente reiteró las medidas que se están poniendo en
práctica en un video grabado en el cual, además, desmintió a TV Azteca y volvió
a dar su apoyo al subsecretario de salud, López Gatell.
Sin duda, la campaña de la televisora
y de otros medios de comunicación, personas y asociaciones de diverso tipo
contra las medidas sanitarias dictadas por la autoridad correspondiente no
reparan en el daño que pueden causar. Alimentan conductas que rechazan la
reclusión hogareña y la sana distancia y, al mismo tiempo, fomentan el miedo de
que los hospitales y el personal sanitario no sean capaces de atender a los
enfermos. Estas campañas defienden, sin duda, intereses políticos y económicos
particulares. Sus expresiones, a menudo hechas
con ligereza, forman parte de un ambiente político tenso que demuestra que la
pandemia no ha detenido la lucha por el poder. La crítica a las políticas
públicas no sólo es admisible; es necesaria para fortalecer programas y
advertir debilidades. Ésta, sin embargo, no debería convertirse en un
instrumento para agudizar las calamidades que no sólo azotan a México sino al
mundo entero. En cambio, aquellas propuestas que tienen como objetivo
fortalecer las respuestas gubernamentales deben ser valoradas justamente.
Es el caso del programa económico. En
varias ocasiones, incluyendo el mensaje del sábado pasado, el presidente se ha
referido a los apoyos otorgados por su gobierno. Dijo que, ante el alargamiento
de la reclusión domiciliaria, el plan es dar apoyo a 60% de los hogares “para
empezar”. Las prioridades son los más pobres y una parte de la clase media.
Mencionó tres formas de apoyo: primero, intensificar la entrega de algunos
beneficios, de tal manera que hasta el 10 de abril se habían repartido 46 mil
millones de pesos (mmp) a 8 millones de adultos mayores y a 1 millón de niños y
niñas con discapacidad; entre mayo y junio se dispersarán un total de 50 mmp.
La segunda forma consiste en 3 millones de créditos para la economía formal e
informal, sobre todo para microempresas y trabajadores por su cuenta con una
tasa de interés de 6.5% (incluyendo ahora a180 mil pescadores) y apoyos para
250 mil agricultores, así como mayores recursos para “Jóvenes construyendo el
futuro”. La tercera se materializa en 11
millones de becas para estudiantes.
Así pues, estará cubierta una parte
de la población afectada, pero no toda. Falta un sector muy importante: los
trabajadores asalariados que ya perdieron, perderán su empleo o verán rebajados
sus ingresos debido a reducciones en la jornada laboral tanto en las ramas
económicas más modernas como en las menos desarrolladas. Entre estas últimas
predominan grupos tan vulnerables como los trabajadores que sirven a un patrón,
pero no cobran salario (propineros); los jornaleros rurales; las trabajadoras
del hogar (y cuidadores de personas) sin seguridad social; y los trabajadores
informales asalariados (no inscritos en el seguro social).
Es evidente que este universo no está
compuesto fundamentalmente por adultos mayores, niños con discapacidad,
estudiantes, o jóvenes aprendices. Tampoco hay que confundir a los trabajadores
de las microempresas con el sector de informales que labora al servicio de un
patrón sin seguridad social. En algunos casos pueden coincidir, pero no en
todos. Además, no es lo mismo otorgar un crédito al dueño del changarro que una
ayuda directa al trabajador que no tendría que ser devuelta
posteriormente.
Para ilustrar mejor el asunto,
podemos poner de ejemplo el proyecto de ley aprobado recientemente en la Cámara
de Diputados de Brasil iniciado por la oposición al presidente Bolsonaro y que
logró el apoyo de la mayoría. Aunque falta la ratificación del senado y el
mandatario podría vetarla, es un interesante ejemplo de lo que se puede hacer
para combatir los efectos de la crisis entre la clase trabajadora.
Debe aclararse que en Brasil existe
un seguro de desempleo financiado con los impuestos generales pero administrado
de manera tripartita. Sin embargo, la magnitud del daño que está causando la
pandemia y la recesión económica han llevado a instrumentar un programa
adicional, financiado enteramente con recursos públicos, que consiste en una
ayuda de 600 reales, unos 110 dólares estadounidenses ($US), por tres meses que
puede duplicarse a $US 220 dólares en caso de hombres o mujeres solteros, jefes
de hogar (incluyendo madres adolescentes menores de 18 años). La ley contempla
la posibilidad de alargar el período de ayuda si continua la pandemia.
Este beneficio sólo lo podrán recibir
aquellos que tengan un ingreso mensual por persona de hasta la mitad de un
salario mínimo (aproximadamente $US 100 dólares) o un ingreso familiar de hasta
tres salarios mínimos ($US 300 dls.).
El programa está destinado a microempresarios,
pero también a personas desempleadas o trabajadores informales que se inscriban
voluntariamente mediante una plataforma digital proporcionada por el gobierno o
que ya estén dados de alta en el registro de contribuyentes. Las categorías
laborales son numerosas, entre ellas: pescadores, agricultores, miembros de
cooperativas, camareros, taxistas y repartidores (incluyendo los de
aplicaciones digitales como Uber y Didi), camioneros, trabajadores de limpieza;
agentes y guías de turismo, técnicos de espectáculos y entretenimiento,
profesionales, trabajadores deportivos, fisioterapeutas, nutricionistas,
psicólogos, etc.
De esta manera, el proyecto abarca a
un conjunto de trabajadores que no pueden ser beneficiarios del seguro de desempleo,
aunque se trate de asalariados, porque su contratación es muy precaria pues
laboran como eventuales, subcontratados, subocupados, o sin registro fiscal.
En México, en cambio, no contamos ni
con un seguro de desempleo ni se ha previsto hasta ahora una ayuda directa y en
efectivo a los trabajadores asalariados despedidos (que contaban con una plaza
estable) o desocupados, especialmente a los más vulnerables.
Si no se avanza en ambos sentidos,
una cantidad que puede llegar hasta un 40% de la población asalariada total puede
verse desamparada completamente. Y en el caso de las microempresas (que suman
14 millones de personas empleadas) podrían recibir ayuda sólo la mitad en el
mejor de los casos y de manera indirecta, a través de un crédito al dueño del
establecimiento.
Los efectos de este abandono serían
muy graves y sin duda aumentarían la pobreza y la misma crisis económica por la
caída de la demanda. Como se ha señalado en este espacio y por parte de
distintos especialistas, el costo de estos programas no representaría una carga
exagerada (alrededor de un punto porcentual del PIB). Tendría la ventaja,
además, de reabrir un debate iniciado en 2014, que no concluyó, sobre el seguro
de desempleo. Hay que recordar que este instrumento de política laboral existe
desde hace tiempo en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Chile y
Venezuela en América Latina, y en casi todos los países desarrollados, con
modelos de financiamiento y de implementación distintos. Y, también, que este
seguro ha sido una promesa olvidada desde el constituyente de 1917. Otra
propuesta que se ha manejado es el Ingreso Ciudadano Universal o Renta Mínima
Vital como el que ha sido anunciado en España hace unos días. Sin embargo, este
último supondría la eliminación de varios programas de ayuda en efectivo que ya
están operando (para no duplicar las transferencias) y un esfuerzo fiscal
mayor. Como quiera que sea, está claro que, ante los estragos de la crisis
presentes y venideros, no todos están todavía incluidos en los planes del gobierno.
Esperemos que lo estén pronto. Aprovechando
una de las frases del presidente podríamos decir ahora, “por el bien de todos,
primero los trabajadores pobres”.
miércoles, 8 de abril de 2020
El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.
El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.
Saúl Escobar Toledo
Este
año, la economía mundial sufrirá una severa contracción como resultado del
freno de diversas actividades económicas y la pérdida de ingresos de muchos
trabajadores. Tal es el diagnóstico que comparten académicos y especialistas críticos
y partidarios de la globalización neoliberal; organismos multilaterales con una
orientación más progresista (como la UNCTAD) o tradicionalmente conservadora
(como el FMI); y organismos privados y públicos.
Por
ello, desde hace unas semanas se han anunciado paquetes de estímulos económicos
de una escala sin precedentes en diversos países desarrollados y en China. Es
el caso de Australia, que anunció un paquete equivalente a casi diez puntos porcentuales
del PIB para los próximos cuatro años; Canadá (6% del PIB); Alemania (4.5%); y
Estados Unidos con un combo que representa más del 10% de su producto interno
bruto.
Todo
ello, advierte por ejemplo la UNCTAD, no impedirá la recesión mundial, pero hay
la esperanza de que evite una larga depresión. En el caso de los países en desarrollo,
sin embargo, las cosas pueden ser más complicadas porque enfrentan diversas
presiones que les impiden llevar a cabo paquetes de estímulos de gran escala: salida de divisas, devaluaciones y los
desequilibrios de la balanza de pagos. El FMI reconoce, incluso, que las
economías emergentes que enfrenten la fuga de capitales “necesitarán donaciones
y financiamiento de la comunidad internacional” y, si es necesario, “aplicar controles
de capitales”. Éste es el panorama internacional.
En cuanto a las medidas internas, se ha señalado que cada país necesitará, por
lo menos:
1) comprometer
todos los recursos necesarios para combatir la pandemia: según el FMI podrían
ser necesarias incluso acciones “intrusivas” por parte de los gobiernos para la
provisión de suministros fundamentales, celebrando contratos públicos para la
compra de insumos esenciales y productos finales, y la reconversión de industrias o nacionalizaciones
selectivas.
2) Proporcionar
suficientes haberes a las personas afectadas por la crisis. Los hogares que
pierdan parte de sus ingresos debido al confinamiento en los hogares y al paro técnico provocado por la caída del comercio
internacional, necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a
que la gente mantenga sus empleos (y sus salarios y prestaciones). Los apoyos
por desempleo (en caso de que exista un seguro de desempleo) deben ampliarse y
extenderse. Es necesario también que las transferencias de efectivo lleguen a
los trabajadores independientes.
3) Los
gobiernos deben proporcionar un apoyo especial a las empresas privadas, incluyendo
el aplazamiento del pago de impuestos; subsidios para mantener el empleo; y
programas de préstamos y garantías por la banca privada y pública. Estos apoyos
deberán concentrarse en las micros y pequeñas empresas.
En una
palabra, hay que garantizar que las redes económicas y comerciales se preserven
y que la disminución de los ingresos de los hogares sea la menor posible, pues
de ello dependerá que la recuperación tarde menos y la pobreza no se extienda
tanto. En términos más técnicos, evitar un shock tanto del lado de la demanda
como de la oferta.
Hay
que subrayar el cambio de paradigma que todo esto supone: una mayor intervención
del sector público especialmente mientras persistan las circunstancias excepcionales
derivadas de la pandemia. Ello podría incluir niveles de deuda pública más altos
e incluso nuevas empresas y ramas productivas bajo control público. Es la hora
del control del Estado sobre el mercado.
En el
caso de los países en desarrollo, a pesar de las dificultades y riesgos por su
exposición financiera, algunos gobiernos han tomado ya medidas desde el mes
pasado:
Argentina,
por ejemplo, desde el 23 de marzo anunció un paquete que equivale al 2% del PIB. En Brasil las autoridades anunciaron una serie
de disposiciones que representan el 3.5%.
El gobierno de Chile por su parte presentó un conjunto de medidas de alrededor
de 4.7% del PIB. Perú anunció un paquete de 12% (habrá que comprobar su
implementación).
En
México, el pasado domingo 5 de abril, el presidente López Obrador anunció una
serie de medidas económicas que suman cerca de 400 mmdp, es decir, alrededor de
1.6% del PIB. Algunos rubros ya estaban
contemplados en el presupuesto. Otra parte representa créditos cuyo impacto
tomará un tiempo que hoy no se puede precisar debido a que no sabemos cuándo
remitirá la pandemia, como es el caso de la vivienda. Lo mismo puede decirse del
número de empleos anunciados como resultado de la inversión pública.
Comparado
con otros países que, incluso atraviesan por situaciones más problemáticas, el
esfuerzo se ve más modesto. Faltan, además, algunas cosas:
Apoyo a
trabajadores y hogares: un seguro de desempleo que tendría que ser legislado de
inmediato o en su defecto apoyos en efectivo a las personas asalariadas
despedidas o en paro técnico, y a trabajadores por su cuenta especialmente del
sector informal.
Apoyos
a PYMES: no sólo créditos directos, también aplazamientos y exenciones de
impuestos y cuotas a la seguridad social.
Para
evaluar el tamaño del esfuerzo que se requiere debemos tomar en cuenta el
universo de trabajadores asalariados más vulnerables y las microempresas
existentes en México. En el primer caso tenemos, en número redondos de manera
gruesa, y sin mucho rigor en el conteo, alrededor de 15 millones (un 28% de la
población total ocupada) de trabajadores que están en peligro de sufrir una
reducción prolongada de sus ingresos (desempleados, subcontratados, propineros,
trabajadores informales por cuenta propia, etc). Para estos 15 millones, es
indispensable llevar a cabo un programa especial consistente en otorgar transferencias
directas, por ejemplo un salario mínimo diarios por tres meses. Ello
equivaldría a 166 mil millones de pesos (0.7% del PIB).
Por
otra parte, los micronegocios que trabajan con hasta 10 personas representan el
95% de todos los establecimientos y emplean al 38% del total de personas. Es decir,
estamos hablando de alrededor de 5 millones 900 mil microempresas que dan sustento a 13.3 millones de personas.
Para
este universo, el programa anunciado por el presidente prevé 3.4 mmdp, es decir,
teóricamente, unos 576 pesos por establecimiento. Si lo multiplicáramos por 10,
para poder otorgar 5 760 pesos por cada changarro, ello daría un total de 34
mil mmdp, es decir un 0.14% del PIB
En
total, los dos programas representarían una cantidad equivalente al 0.8-0.9%
del PIB, unos 200 mil millones de pesos adicionales. Sumado a lo que se anunció
el domingo, el total aumentaría a 2.5% del PIB.
Para
financiarlo se requeriría más o menos lo que la Secretaría de Hacienda señaló
en los llamados pre-criterios 2021 entregados al Congreso de la Unión por
mandato legal hace unos días, pues consideraba que los Requerimientos
Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderían a 4.4% del PIB (contra 2.6%
originalmente aprobado). Sin embargo, el presidente no estuvo de acuerdo con
estas propuestas.
Puede
decirse entonces que el programa anunciado el domingo no se basó en la idea de
la UNCTAD de hacer todo lo que se tenga que hacer, sino en otra estrategia:
hagamos lo que podamos con lo que hay a la mano.
Esta
estrategia no corresponde a la sanitaria, pues en este caso las autoridades del
sector salud advirtieron desde el principio que, dado que la pandemia pegará al
país, ineludiblemente, en forma drástica, en un futuro cercano (la llamada fase
tres), había que prepararse con suficiente anticipación con medidas severas de confinamiento
y suspensión de actividades (aplicadas desde el 24 de marzo).
En
materia económica se ha elegido otra ruta: mantener, en lo fundamental, el
proyecto original; adoptar un escenario más optimista; y llevar a cabo, en el
mejor de los casos, una actuación postcrisis. Pronto veremos cuáles son los
resultados de ambas estrategias.
saulescobar.blogspot.com
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