El nuevo sistema de pensiones propuesto en Chile y algunas reflexiones para México

El nuevo sistema de pensiones propuesto en Chile y algunas reflexiones para el caso de México Saúl Escobar Toledo El 7 de noviembre de este año, el flamante presidente chileno entregó a la Cámara de Diputados de esa nación sudamericana un proyecto de ley que crea “un nuevo sistema de pensiones”. El documento contiene una exposición de motivos de 39 páginas, y más de 350 artículos, incluyendo una gran cantidad de transitorios destinados a garantizar la adopción del modelo propuesto en un plazo de 25 meses. La iniciativa considera que el sistema de pensiones está en crisis y que “nadie lo pone en duda”. Esta reflexión se basa en los antecedentes de este complejo asunto: las reformas de la presidenta Bachelet en 2008 y 2017; las que se aprobaron durante el mandato de Piñeira en 2019; pero también las movilizaciones sociales que se han desatado en aquel país desde hace décadas, así como diversas aportaciones de especialistas y organizaciones sindicales, y los “diálogos sociales” que se realizaron a principios de este año. La crítica del modelo actual se apoya en el hecho de que el monto de las pensiones sigue siendo insuficiente: el 23% de los pensionados recibe un monto inferior a la línea de la pobreza, y el 72% por debajo del salario mínimo vigente. Además, hay una brecha de género, ya que los hombres reciben una pensión 4.5 veces mayor que las mujeres. Asimismo, se ha apoyado en una cotización inferior al promedio de los países de la OCDE y a cargo únicamente de los trabajadores. Según el documento presidencial, la estructura del sistema de pensiones, basada en aportaciones individuales y administrado por empresas privadas, reproduce las desigualdades del mercado de trabajo, sobre todo, por la existencia de número importante de trabajadores informales. Tampoco ha sido capaz de responder a las consecuencias de una mayor longevidad de la población debido a que no redistribuye la carga entre las generaciones. El documento subraya que es notoria (y escandalosa) la diferencia considerable que existe entre el reducido monto de las pensiones y las enormes utilidades de las administradoras privadas (en Chile se llaman Administradora de Fondo de Pensiones, AFP, y en México, Administradoras de Fondos para el Retiro, AFOREs) Este diagnóstico puede aplicarse a todos los países que han adoptado un sistema de pensiones privatizado basado en cuentas individuales como es el caso de Chile, de México y otros países de la región (cf., por ejemplo, El Trimestre Económico no. 355). Hay que recordar, por otro lado, que, en aquel país sudamericano, desde hace casi quince años, existe una “pensión garantizada universal” de carácter no contributivo y, por lo tanto, financiada enteramente con recursos públicos, lo que ha significado un enorme esfuerzo fiscal. Al igual que en México, la existencia de ese programa es revelador de la incapacidad del sistema contributivo privatizado para asegurar una vejez digna para las personas. Las novedades más importantes de la reforma del presidente chileno, las cuales propician una reflexión para evaluar el modelo vigente en México, pueden resumirse, de manera apretada, en los siguientes puntos: Primero, la creación de un sistema mixto, basado en un nuevo pilar contributivo, financiado por una cuota obligatoria de 6 por ciento a cargo de los empleadores y el ahorro colectivo de los trabajadores, denominado Seguro Social Previsional. El otro pilar será, como sucede actualmente, basado en cuentas individuales y la aportación de los asegurados. El proyecto hace notar que, actualmente, el 83% de los países de la OCDE ya disponen de un pilar público contributivo con mecanismos solidarios que ha permitido mejorar los resultados del sistema. Es decir, se ha abandonado, por lo menos parcialmente, el modelo controlado exclusivamente por empresas privadas, impuesto desde hace décadas. En segundo lugar, se separan las funciones de administración de aquellas que tienen que ver con el manejo de las inversiones de los fondos. En México, supondría desprender a las AFOREs de las SIEFORE, Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. Se crean, para ello, nuevas entidades: un gestor público y los gestores privados de inversión. Los afiliados al sistema tendrán, entonces, dos opciones: destinar su ahorro acumulado y las cotizaciones que realicen en el futuro, ya sea al organismo público, o bien, a los privados. Por otra parte, al desvincular la administración de la inversión, se crea también un nuevo organismo, el Administrador Público y Autónomo (APA) que tendrá a su cargo la afiliación, la recaudación de las cotizaciones del trabajador y del empleador, la gestión de las cuentas de los dos pilares, y la atención al público. Por otra parte, el proyecto contempla aumentar el monto (con un incremento gradual de 77.5%) y cobertura (que ya es del 90%) de la pensión garantizada universal (PGU), semejante a la pensión para adultos mayores mexicana. De este modo, las personas podrán recibir una pensión no contributiva mínima por encima del nivel de pobreza, y la pensión contributiva bajo la modalidad que elijan. La reforma aprobada a finales del 2020 en México, a pesar de sus bondades, como aumentar la cuota patronal, disminuir las semanas de cotización, y topar las comisiones de las administradoras, no alteró tres cuestiones fundamentales como lo propone la reforma chilena: omitió la creación de un pilar de carácter público, dejando a la AFORES, empresas privadas, seguir administrando los cuantiosos recursos de las aportaciones del empleador, el asegurado y el gobierno. Por otro lado, dejó intacto el contenido de los artículos de la Ley del SAR que disponen que las sociedades de inversión (SIEFORES) serán administradas y operadas por las administradoras (AFORES); y tampoco modificó la naturaleza de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, institución que tiene a su cargo la regulación, supervisión y vigilancia del sistema, pero no puede recaudar las cotizaciones del trabajador y del empleador, ni gestionar sus cuentas, como propone el proyecto chileno, ya que éstas quedan a cargo de las AFOREs. De esta manera, el modelo mexicano permanece, en lo fundamental, regulados por las mismas condiciones y, como señala el proyecto chileno, reproduciendo las desigualdades del mercado de trabajo. Por ello, si la médula del sistema no cambia, es de esperar que los resultados sean similares a los del pasado y que, tarde o temprano, se presenten nuevas crisis, ya sea por el lado de la presión fiscal o por el número reducido de personas que logran una pensión digna. En el corto plazo, además, observaremos si la reforma mexicana de 2020 no produce otros efectos, no calculados, debido a la situación inflacionaria que se desató a principios de este año, ya que el aumento de la cuota patronal, aunque pequeño en estos primeros años, puede servir de pretexto para otorgar incrementos salariales menores a la inflación. En fin, según puede desprenderse de la experiencias chilena y mexicana, la privatización de las pensiones sólo ha dejado saldos negativos: una elevada carga fiscal; bajas pensiones; un sistema injusto e inequitativo; dudosa sustentabilidad en el largo plazo; y mucha insatisfacción social. Una pesada herencia de los tiempos neoliberales que, dado el enorme poder político y económico de los administradores privados, se ha prestado a reformas parciales y complejas que no terminan de componer los desfiguros. Es, desde luego, muy temprano para hacer una evaluación de la reforma mexicana del 2020, aunque el próximo año podremos ver las primeras reacciones de los empresarios. Por su parte, la iniciativa del presidente Boric tiene un largo camino legislativo y político por recorrer. Lo que es indudable es que la gran mayoría de los adultos mayores siguen desprotegidos y las futuras generaciones tampoco tienen asegurada, cuando llegue el momento de su retiro, una vejez digna y una pensión justa. saulescobar.blogspot.com

La exclusión laboral femenina

La exclusión laboral femenina, otra forma de violencia Saúl Escobar Toledo La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló el día 25 de noviembre como la fecha de inicio de una campaña para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, misma que terminará el 10 de diciembre. Se trata de un llamamiento que tiene como “objetivo movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género”. Una iniciativa que busca poner “sobre las mesas de las agendas gubernamentales, leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención” para este flagelo. En coincidencia con lo anterior, la CEPAL publicó un informe acerca del panorama social de América Latina y el Caribe 2022, en el que se refiere extensamente a la situación de las mujeres en el ámbito de la educación y el trabajo (disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/ps). Dicho informe señala que la pandemia profundizó las desigualdades que han caracterizado históricamente a la región, en la que hay altos niveles de informalidad y desprotección social. En particular, apunta la desigualdad de género. Explica que la región latinoamericana enfrenta una crisis social que se ha agravado como consecuencia de las crisis internacionales, pero subraya que a lo anterior hay que sumar la “la crisis de los cuidados y la denominada pandemia en la sombra: la violencia contra las mujeres y las niñas que se intensificó durante la pandemia de COVID-19”. El confinamiento obligado por la propagación del virus llevó a un “retroceso histórico” la autonomía económica de las mujeres de América Latina y el Caribe, ya que se presentaron notorias caídas de la ocupación y la participación laboral femenina. En la región, en 2019, antes de la pandemia, la participación de las mujeres era del 51,8%; luego, cayó al 47.7%, lo que “supuso un retroceso de 18 años”. El estudio detalla que la salida extraordinaria de las mujeres del mercado laboral se vincula en particular con dos situaciones: por un lado, la marcada segregación de género, dado que varios de los sectores productivos más afectados por la pandemia han sido justamente aquellos en que hay una gran sobrerrepresentación femenina; y, por otro, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la cual se vio incrementada por las medidas de confinamiento, el cierre de los establecimientos educativos y otras medidas destinadas a afrontar la crisis sanitaria, en un contexto en que esa carga ya era desigual y representaba el triple de la de los hombres de la región antes de la pandemia. Según las encuestas, las mujeres de América Latina dedican entre el doble y el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En el caso de México, la situación es la siguiente: mientras el género femenino dedica 45 horas semanales a esas labores, los hombres sólo poco más de 15. Comparado con otros países de la región, se aprecia que, en el caso de las mujeres, el tiempo que aplican al trabajo no remunerado es similar al de Argentina y Chile, pero mayor que en los casos de Colombia y Brasil. En lo que respecta a los hombres, éstos dedican un tiempo muy por debajo de los argentinos (casi 25 horas) y chilenos (20 horas) aunque similares a los colombianos y brasileños. El país más igualitario en este aspecto es Cuba: en la isla, las mujeres dedican 35 horas y los hombres poco más de 20. De manera similar a otros países de la región, en México, también constatamos que las mujeres resultaron más afectadas por la pandemia. Tuvieron que dejar sus ocupaciones remuneradas y se multiplicaron sus tareas domésticas: fueron maestras de los niños; cuidadoras de enfermos y ancianos; y se hicieron cargo, más que los hombres, de las tareas del hogar (limpieza, preparación de comida, arreglos de la casa). Según cifras del INEGI, en el cuarto trimestre de 2019, las mujeres de quince años y más reportaron destinar un promedio de 22 horas semanales a una de esas ocupaciones, el cuidado no remunerado de personas dependientes, en tanto que sus pares masculinos dedicaron sólo 13 horas. Así las cosas, la desigualdad y la exclusión femenina se refleja, en nuestro país, en que, con cifras de septiembre de este año, la población de 15 años y más estaba compuesta por 47% de hombres y 53% de mujeres. Sin embargo, la población económica activa (PEA) no refleja esa proporción ya que el 60% eran hombres y el 40% mujeres. En cambio, en lo que se refiere a la población económicamente no activa, la situación se invierte: 72% son mujeres y 28% hombres. Abundando, la población no económicamente activa disponible, es decir, aquellas personas que no reciben ingresos por trabajar ni estaban buscando un empleo, pero manifestaron que necesitaban uno y que lo aceptarían si se les ofreciera, fueron 67% mujeres y 33% hombres. Lo anterior indicaría que las personas del género femenino, en mucho mayor proporción que sus contrapartes, están impedidas para salir a trabajar o a buscar un empleo, aunque lo necesitan, debido a que han decidido quedarse en casa, muy probablemente por la carga de las tareas del hogar. Esto último también se refleja en la composición de la población no económicamente activa no disponible, es decir aquellas personas que no reciben ingresos ni aceptarían un empleo aunque se los ofrecieran, es decir, que han decidido quedarse en el hogar y han renunciado a emplearse en un trabajo remunerado: 73% fueron mujeres y apenas 27% hombres. Ahora bien, en el caso de las mujeres que laboran para obtener un ingreso, en América Latina, “la segregación laboral en la región da cuenta de una gran concentración de mujeres en los sectores del comercio, el turismo y el servicio doméstico, así como en los asociados al cuidado (enseñanza, salud, asistencia social y empleo doméstico), sectores están vinculados con una elevada incidencia de trabajo a tiempo parcial y salarios relativamente bajos. Esta situación se agravó con la pandemia ya que el cierre de empresas impactó, de manera significativa, estos sectores económicos. Por otra parte, en los sectores de la salud y la enseñanza, hubo que afrontar una intensificación de la jornada laboral, con nuevas demandas y una gran exposición al contagio. En México, añado, con cifras actualizadas al segundo trimestre de 2022 de INEGI, se aprecia que en el caso de las personas con empleos vulnerables, las mujeres sobresalieron: la población desocupada u ocupada femenina que trabajó menos de 15 horas a la semana fue casi el doble que los hombres (12.9 contra 6.8%) y por su parte, la tasa de informalidad, aquellas personas que son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan o a las que no se les reconoce una dependencia laboral (y por lo tanto están desprotegidas), fue más alta en las mujeres (55%) que en los hombres (49 %) a pesar de que, como vimos, ellas participan proporcionalmente menos que sus pares masculinos en el mercado de trabajo. Dicho en otras palabras, las personas del género femenino logran obtener un empleo remunerado en menor medida que los hombres y cuando lo consiguen, se trata, en su mayoría, de ocupaciones en muy malas condiciones. En síntesis, la situación de las mujeres en el trabajo es producto de una cultura machista, la cual asigna principalmente a los hombres la búsqueda de los ingresos necesarios para mantener el hogar, y a ellas llevar a cabo las labores domésticas. También se debe a la ausencia de inversión, por parte de los estados nacionales, en establecimientos de cuidados para los infantes, los enfermos y los adultos mayores; y a los problemas derivados de una economía que se basa en buena medida en sectores de baja productividad, de muy poco valor agregado y uso intensivos de una mano de obra barata. Ello, sin considerar la violencia en los centros de trabajo, lo cual ameritaría un comentario aparte. Finalmente, con todo respeto y sin demérito de las acciones y logros anunciados el 27 de noviembre, de manera destacada en el área laboral, sorprende que el presidente López Obrador no haya mencionado casi ninguna medida para remediar la desigualdad entre los géneros. De las 110 señaladas, sólo una tiene que ver con este asunto: la “ayuda” a 283 mil 335 madres solteras de 800 pesos mensuales “para que tengan a sus hijos en estancias infantiles mientras ellas trabajan fuera del hogar”. Las palabras mujer o femenina no aparecieron en su discurso y cuando definió el humanismo mexicano dijo: “estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones”. Ojalá que en esas expresiones se tome en cuenta, cada vez más, a las mujeres y, en especial, la violencia y discriminación en todas sus formas, incluyendo las que se ejercen en las labores remuneradas y no remunerada.

La confrontación Estados Unidos - China : el control de la tecnología

La Guerra (tecnológica) entre China y EU ya empezó; y México está involucrado. Saúl Escobar Toledo Hace unas cuantas semanas, en el mes de octubre, el gobierno de Estados Unidos decidió tomar un conjunto de medidas que, según diversos analistas, busca “aniquilar” la industria china de alta tecnología: 1) Prohibir las exportaciones al país asiático de chips especializados para la inteligencia artificial; o de equipo para fabricar esas piezas; 2) Restringir la exportación de equipos para manufacturar semiconductores; 3) Prohibir, con base en una nueva lista, a las compañías chinas que no tenga una licencia especial otorgada por el gobierno, comprar productos elaborados en EU. Hay que advertir, además, como señala Matthew Iglesias, un periodista especializado en asuntos económicos egresado de Harvard (https://www.slowboring.com) que para fabricar chips de tecnología avanzada se requiere el conocimiento (know how) y el equipo especializado para ello. El conocimiento descansa sobre todo en las cabezas de los ingenieros que laboran para las compañías que fabrican esas refacciones. Ahora, los nuevos controles a la exportación contienen también una regla específica que prohíbe a ciudadanos estadounidense trabajar en la industria de semiconductores de China. Noah Smith, profesor de economía de la Universidad de Michigan, al comentar estas medidas, (https://noahpinion.substack.com) destaca que se trata de un cambio radical en la estrategia de la potencia norteamericana. Las administraciones de Clinton, Bush y Obama (este último hasta cierto momento), apostaron a que el comercio abierto con China sería mutuamente beneficioso. En el año 2000, el Congreso de EU aprobó un conjunto de leyes para normalizar las relaciones comerciales entre ambos países y abrió el camino para que el gigante asiático ingresara a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se integrara al sistema económico mundial dominado, plenamente en esas décadas, por Washington. En ese momento, se pensaba que las relaciones comerciales servirían para intercambiar “ideas, valores y cultura”. El presidente Clinton avaló la legislación con optimismo afirmando que: la apertura de los mercados de China “acelerará la revolución de la información en ese país, dándole a su pueblo un mayor acceso al conocimiento. Ello, fortalecerá a aquellos que, en esa nación, luchan por estándares laborales decentes, un medio ambiente más sano, los derechos humanos, y el imperio de la ley”. Durante varias décadas, las compañías estadounidenses volcaron sus inversiones y su comercio hacia ese país y fueron un factor determinante para engrandecer su poder económico y geoestratégico. China se convirtió en la “fábrica mundial”. Su producción industrial ya es equivalente a la de EU y Europa juntos. Sin embargo, todavía importa una gran cantidad de chips de computadora, provenientes de EU, Corea del Sur, Taiwán y Japón. Por ello ha dedicado ingentes esfuerzos durante los últimos años para construir una industria doméstica de estos componentes. Y parece que están avanzando rápidamente. El gobierno de Biden, al observar el progreso de China, se apresuró a poner en práctica una estrategia más dura, la guerra de los chips, negando el acceso a su gran competidor, de bienes alta tecnología producidos en EU. Según Yglesias, tratar de frenar el crecimiento de China, “estrangulando” un segmento muy importante de la industria tecnológica, propiciará una dura reacción del gobierno de ese país. Un “peligroso conflicto” es, por lo tanto, inevitable. Además, las medidas tomadas por Biden pueden resultar poco efectivas por lo que sugiere que una estrategia distinta pude ser más recomendable: fortalecer la economía y el nivel de vida de los estadunidenses (incluyendo, principalmente, su educación), y abrir las puertas a los migrantes para tener una fuerza de trabajo más joven y fuerte. Por lo pronto, dice Noah, se trata de una “guerra económica”, y no es una exageración o una frase retórica. El objetivo de EU consiste en derrumbar la industria china de semiconductores para obstaculizar su autosuficiencia tecnológica. Estamos hablando, agrega, de un verdadero cambio del orden económico global. Un regreso a las estrategias de la Guerra Fría, cuando EU y sus aliados trataron de limitar sus exportaciones al bloque soviético. La guerra de los chips ya llegó a México. Según un reportaje del Washington Post, del 21 de octubre, el gobierno de EU descubrió “una amenaza a su seguridad nacional al otro lado de la frontera sur” al encontrar que el gobierno mexicano se preparaba para comprar cientos de millones de dólares de equipos chinos para escanear los productos que pasan por las aduanas fronterizas. Según este reportaje, las autoridades aduaneras de México pretenden instalar escáneres de la marca Nuctech en diversos aeropuertos, puertos marítimos y puntos de entrada en la frontera con EU, incluyendo el Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México, así como en la refinería Dos Bocas en Tabasco. Estos dispositivos sirven para inspeccionar vehículos y contenedores de carga marítima y terrestre, tratando de encontrar droga, explosivos y mercancía ilícita. Washington cree que los escáneres Nuctech, una compañía que, afirman, tiene fuertes lazos con el gobierno chino, darían acceso a ese país asiático de información acerca de las mercancías que entran a EU. La oficina de Seguridad Interior de EU (Department of Homeland Security) publicó un reporte en 2020 en el que señalaba que Nuctech trabajaba para el gobierno chino fabricando sistemas de monitoreo (screening and detection). En mayo de este año, el embajador de EU en México escribió una carta al secretario de relaciones exteriores de nuestro país para persuadirlo de no comprar esos aparatos. Salazar afirmaba, en esa misiva, que la cooperación bilateral entre ambas naciones “podría ponerse en riesgo por el uso de equipos no confiables”. Por su parte, funcionarios del gobierno mexicano afirmaron que esos equipos benefician a México, se ajustan a las leyes mexicanas, y un precio más bajo que las de sus competidoras estadounidenses. Hay que advertir, que toda esta información, publicada por el Post, se obtuvo de las filtraciones de documentos de la SEDENA, realizadas, presuntamente, por el colectivo Guacamaya. Hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de ambos gobiernos en torno a este asunto. No sabemos si México, ha aceptado o no, las objeciones de Estados Unuidos. Lo cierto es que la guerra tecnológica está declarada y México ya está involucrado. Mientras esta confrontación entre China y EU no pase de sanciones comerciales, todavía hay lugar para la esperanza de que se pueda llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes, o por lo menos impidan choques militares directos o indirectos (guerras proxy). Sin embargo, el conflicto armado en Europa y el panorama económico mundial, no abonan a la creación de un contexto favorable para la cooperación mundial. Aún así, la sociedad y los gobiernos no involucrados deben seguir llamado a la paz y el diálogo. La tecnología ha sido, desde hace siglos, pero marcadamente desde la Revolución Industrial, un factor determinante para la hegemonía de las potencias a nivel planetario. Hoy, con mayor razón, en vista de los rápidos avances de las últimas décadas, los cuales han aumentado la productividad de las empresas; han integrado con mayor fuerza al mundo en redes comerciales y financieras; y han dado lugar a la expansión de un puñado de corporaciones, extraordinariamente poderosas e influyentes en todo el orbe, como Alphabet, Google y Microsoft. En estas condiciones, México requiere, independientemente del conflicto entre las dos grandes potencias, aunque aprovechando las condiciones disponibles, diseñar su futuro tomando en cuentan la necesidad de incorporar creativamente las nuevas tecnologías. Ello requiere pensar en una nueva política industrial; una estrategia de educación y capacitación de la fuerza de trabajo; y un desarrollo propio en materia de investigación científica y técnica. saulescobar.blogspot.com

¿Recesión inminente en Estados Unidos?

¿Habrá una recesión en Estados Unidos? Saúl Escobar Toledo Hace un poco más de una semana, en una entrevista por televisión, le preguntaron al presidente de Estados Unidos si pensaba que su país se enfilaba hacia una recesión. Biden contestó: a lo mejor una chiquita. Bueno, en realidad dijo: “no creo que vaya a ocurrir una recesión. Si la hay, será… muy pequeña. Es decir, nos moveremos hacia abajo poco a poco. Es posible. Mira, es posible. No la anticipo.” La declaración muestra, por un lado, una gran incertidumbre, y por otro, la opinión de muchos inversionistas, economistas y banqueros que han advertido que la posibilidad de una recesión en EU es altamente probable en los próximos meses (Cf. CNN, 11 de octubre). Acerca del primer asunto, en efecto, en estos momentos, hay signos confusos o contradictorios en la economía estadounidense: por ejemplo, dicen, el mercado laboral todavía está muy robusto. La tasa de desempleo es la más baja desde los años sesenta, aunque, advierten, la creación de nuevos empleos se debilitó en septiembre. Al mismo tiempo, sin embargo, no hay señales de despidos masivos que muestren que la recesión ya haya comenzado. Por su parte, la Bolsa de Valores ha sufrido bajas considerables y los grandes consorcios financieros como JP Morgan y el Banco de América creen que es altamente probable que se caiga en recesión “en los próximo seis o nueve meses”. Esta incertidumbre se ha estado disipando; cada vez hay más pronósticos que anuncian esa caída a fines de este año o durante 2023 y se basan, sobre todo, en la insistencia del Banco Central en continuar aumentando las tasas de interés. Algunos creen que en noviembre y diciembre habrá dos alzas muy fuertes, un paquete “jumbo” que podrían llegar a 150 puntos base. Y es que, lo que más le preocupa a la Fed, es precisamente que el mercado laboral de EU se mantenga robusto; de lo que se trata, entonces, es de enfriarlo hasta que se dejen de generar empleos y las empresas despidan algunos de sus empleados y, por lo tanto, los aumentos salariales empiecen a ceder y colocarse por debajo de la inflación. Es decir, lo que más le importa al banco central de EU es bajar los salarios reales. Y, de paso, tratar de hacer más difícil el renacimiento de un poder sindical en EU que se estaba manifestando en los últimos años. Al punto que, empresas como Amazon, que habían prohibido siempre a sus trabajadores formar un sindicato, han tenido que aceptar el surgimiento de varias organizaciones gremiales en sus diversas filiales. A nivel mundial, las cosas no se ven tampoco bien. El informe más reciente del FMI acaba de anunciar que “lo peor está, por venir y que, para mucha gente, 2023 se sentirá como un año recesivo”. Todas las economías más importantes del mundo están cayendo. Sus pronósticos para el próximo año empeoraron: de 3.8 % que calcularon a principios de este año a 2.7% apenas hace unos días. En el caso de EU, este país crecería apenas 1% en 2023 (en un escenario optimista). La empresa Bloomberg tiene un panorama más sombrío: 2.5% de crecimiento mundial para 2023 y, además, dan por segura la recesión en Estados Unidos. Por cierto, el informe del FMI explica por qué, en un entorno inflacionario, usualmente los salarios pierden la carrera frente a los precios. Aseguran que, desde 2021, los ingresos laborales se han deteriorado en los países desarrollados mientras que en los de desarrollo medio y más pobres no han recuperado su nivel prepandémico. Calculan que para 2022 y los años siguientes, los salarios perderán aún más terreno. La razón principal es que estas caídas son resultado de una menor capacidad de producción y de generación de empleo, motivadas por diferentes factores: disrupciones del comercio internacional; aumento mundial de los precios de los alimentos y la energía; y los incrementos de las tasas de interés. Estas últimas seguirán al alza hasta lograr controlar la inflación, provocando aún más daño a la capacidad de producción, al empleo y a los salarios. Es decir, en lugar de una espiral en la que los salarios tratan de alcanzar a los precios, lo que observamos es una política que busca reprimir la inflación a costa de la expansión productiva. En resumen, aunque EU no haya caído todavía en una recesión, hay muchas probabilidades de que ello suceda. Se presentan, así, dos escenarios para fines de este año y 2023: el malo y el peor. En el primer caso observaremos un periodo de “estanflación”, estancamiento con inflación: tasas de crecimiento muy bajas con aumento de precios significativas. En el segundo, una caída de la producción de EU, lo que podría llevar a una disminución significativa de los precios si otros factores no lo impiden, como la guerra en Europa y la pugna económica entre EU y China. Tampoco se puede asegurar la duración de cualquiera de los dos escenarios. Es posible que el periodo de estanflación pudiera ser más prolongado que el de la recesión, pero menos doloroso para los trabajadores y la mayor parte de la sociedad. En ambos supuestos, la vuelta a la estabilidad y el crecimiento podría tomar un año o varios. En México, un periodo de estanflación prolongado produciría un aumento sustantivo de la pobreza laboral debido a que casi un 60% de los trabajadores son informales, de tal manera que difícilmente podrán elevar sus ingresos por encima de la inflación. Según cifras de CONEVAL, la canasta alimentaria aumentó a un ritmo anual (de junio de 2021 al mismo mes de 2022) de entre 12 y 13%. Al final del año, aunque el índice general podría situarse en 8.5%, ligeramente menor a la registrada en septiembre, los alimentos difícilmente cederán y es probable que los precios en este rubro se mantengan en niveles cercanos al 15%. El porcentaje de mexicanos en pobreza laboral bajó desde finales de 2021 en comparación con los tiempos pandémicos que se vivieron en 2020. En el segundo trimestre de 2022 fue de 38.3% (frente a un máximo de 46% en el tercer trimestre de 2020); sin embargo, ello se debió a una expansión de la ocupación más que de los ingresos. En el segundo semestre de este año, es probable que el número de pobres y extremadamente pobres aumente debido a la persistencia de la inflación, sobre todo en alimentos, y a un freno de las ocupaciones por el clima recesivo que impera a nivel mundial. Los trabajadore formales, por su parte, también verán disminuir sus salarios reales en 2022. Este año, las revisiones contractuales raramente han superado el 8%, lo que indicaría una caída de, al menos 2%, si tomamos en cuenta los datos de CONEVAL: la canasta alimentaria y no alimentaria aumentó a un ritmo anual cercano al 10%. Ahora bien, si EU cayera en recesión, el problema más grave, para México, sería el desplome del empleo, ya que bajarían las exportaciones manufactureras a ese país y ello podría causar, como en otros casos similares que se presentaron en las últimas décadas, diversos problemas a nivel productivo y financiero. El resultado ha sido una caída del producto porcentualmente más grave que en EU; y lamentablemente despidos masivos en muchas empresas y un retroceso de los salarios reales. Ahora, la situación podría ser peor si el Banco de México decide seguir aumentando las tasas de interés en un ambiente global tan negativo. En cualquiera de los dos escenarios, la pobreza aumentaría mes tras mes, día tras día, como ya se puede ver en estos momentos. Un incremento sustancial de los salarios mínimos a finales de este año puede ayudar a detener esta tendencia, pero no será suficiente. Habrá que pensar, además, en apoyos en efectivo y en especie para paliar el hambre de los más pobres, especialmente de los hogares que dependen del trabajo informal por cuenta propia. No obstante, si los peores augurios se hacen realidad, se tendrá que revisar el proyecto económico pensado para 2023, es decir, habrá que volver a colocar el tablero, poner otra vez las fichas y proponer una nueva estrategia para evitar un sufrimiento mayor de la inmensa mayoría de los mexicanos. saulescobar.blogspot.com

El aumento de las tasas de interés en el mundo y algunas repercusiones en México

Una plaga de halcones atormenta al mundo Saúl Escobar Toledo Un conjunto de factores, entre ellos la pandemia, la interrupción de las cadenas de suministro y la guerra en Europa, desató este año un proceso inflacionario en el mundo. La respuesta a este fenómeno provocó una subida de las tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos (oficialmente, el Sistema de la Reserva Federal, también conocido informalmente como la Fed). Esta medida fue seguida por muchos otros bancos centrales del planeta, incluyendo México. En los análisis y reportes económicos es común señalar a las políticas alcistas de tasas de interés como propias de “halcones” (hawkish) a diferencias de aquellas que buscan mantener bajas esas mismas tasas a los que se les denomina como “palomas” (dovish). En estos últimos meses, particularmente desde septiembre, los halcones se han impuesto en muchos países. Con ello, según diversos estudios, se corre el riesgo de una recesión global que puede ser de largo plazo. Ésta puede iniciarse en Estados Unidos, o en otras latitudes, principalmente en Europa. En cualquier caso, economistas prestigiados como Bradford De Long advierten que: “La economía puede sufrir una pérdida de al menos media década de crecimiento, y la desigualdades sociales y políticas serán más pronunciadas”. Otros, más enfáticos, como Nouriel Rubini, ya dan como un hecho el estallido de una crisis financiera (Project Syndicate, 03102022). Sin embargo, las autoridades monetarias de casi toda América Latina y Europa, y de algunas naciones de África y Asia, han aumentado notablemente las tasas de interés. Las únicas excepciones, hasta ahora, han sido Japón y China. Todos coinciden en que lo que desató esta plaga fue la decisión de la Reserva Federal, la cual no sólo incrementó sensiblemente esas tasas, sino que anunció que lo seguirá haciendo en el futuro cercano. Esta ola de incrementos ha provocado ya varias conmociones: de manera inmediata, se ha fortalecido el dólar y, consecuentemente, se han debilitado el resto de las monedas, ya que los flujos de capital se han movido, sobre todo, para comprar bonos del tesoro de Estados Unidos. Ha sido el caso, entre otras, de la libra esterlina, el euro, el yuan chino y el yen japonés. En lo que toca a Estados Unidos, la política de la Fed aumenta el riesgo de que la economía de ese país se detenga o por lo menos se vuelva mucho más lenta. Ello debido a una caída del consumo y un alza de las hipotecas. También, porque las empresas pueden quebrar o reducir sus actividades y su expansión, debido a que sus deudas se encarecen, sus ventas disminuyen y sus ganancias se pueden achicar. Incluso las bolsas de valores salen afectadas pues los inversionistas prefieren ganancias más seguras comprando bonos del gobierno, en lugar de comprar acciones de empresas que corren riesgos de ver caer sus utilidades. En tono con lo anterior, los economistas Jomo K. Sundaram y Anis Chowdhury, han escrito: “La fobia a la inflación entre los bancos centrales está arrastrando a las economías a la recesión y crisis de deuda”. La subida de las tasas, en todo el mundo, como respuesta a las decisiones de la Fed, son una "carrera hacia el abismo" contraccionista. Destacan que, incluso el Banco Mundial, ha señalado estos riesgos advirtiendo un “daño duradero” principalmente para “las economías emergentes y en desarrollo". Agregan que las subidas de las tasas tampoco lograrán reducir los precios en el corto plazo. Y es que, en efecto, la medida supone que hay que elevar los precios para bajarlos, lo que parece incongruente. Por ello, el Banco Mundial ha sugerido que "los formuladores de políticas podrían cambiar su enfoque de reducir el consumo y, en cambio, impulsar la producción... generar inversiones adicionales y mejorar la productividad… fundamental para el crecimiento y la reducción de la pobreza". ¿Por qué entonces esta plaga mundial de halcones? La explicación no reside tanto en el control de la inflación sino en otros factores: en primer lugar, tratar de impedir la fuga de capitales y las devaluaciones, lo que provoca, entre otras cosas, que sea más costoso importar artículos esenciales como alimentos y combustible. Por su parte, las razones de la Fed pueden explicarse, por un lado, como sugieren diversos autores, debido a la ausencia de un pensamiento no dogmático, innovador y políticamente desafiante que pueda poner en práctica otras medidas. Prefieren dar respuestas habituales a problemas nuevos. No se atreven a pensar “fuera de la caja”. Esta rendición intelectual obedece también a intereses políticos y económicos: para muchos estadounidenses, la inflación refleja el fracaso político del gobierno que han “gastado demasiado” y ha optado por una “intervención excesiva del Estado en la economía”. Son dogmas arraigados en la mente de políticos, intelectuales y ciudadanos comunes y corrientes. Asimismo, responden a otro cálculo: los jefes de la Fed creen que la economía de EU podrá resistir una recesión, aunque el resto del mundo sufra mucho más. De esta manera, se proponen fortalecer la hegemonía estadounidense en la economía mundial. Sobre todo, en estos momentos en que la guerra en Ucrania y las rivalidades con Rusia y China se han agudizado. En México, nuestro Banco Central también ha aumentado las tasas. La última vez a fines de septiembre, pero ya ha declarado que, si la Fed vuelve a subirlas, ellos harán lo mismo. En su informe Banxico reconoce que “…se prevé que el ritmo de crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre de 2022 se desacelere respecto del crecimiento observado en la primera mitad del año”. El Banco ha advertido, igualmente, que la inflación puede seguir subiendo aún con las alzas de las tasas de interés si aquella persiste a nivel mundial o si México sufre una devaluación severa. Además, señalan que puede ocurrir “una desaceleración de la actividad económica mundial mayor a la anticipada”. A pesar de los riesgos, consideran que la medida es necesaria para evitar, como en otras partes del mundo, una fuga de capitales y el aumento del costo de las deudas públicas y privadas en dólares. Afortunadamente, México no ha sufrido una devaluación de su moneda como otros países. Tampoco la deuda externa pública es demasiado elevada en comparación a otras naciones. No obstante, si Estados Unidos, a diferencia de lo que piensa la Fed, cae en una severa recesión, México será arrastrado. Entonces, todas las medidas cautelosas que se han tomado para mantener la estabilidad no servirán de mucho. Por otra parte, el fin del sexenio exigirá, como ya se pude ver en el presupuesto para 2023, una política más expansionista que naturalmente choca con la política “halcona” de Banxico. El secretario de Hacienda declaró apenas ayer, 3 de octubre, que “a diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta”, sugiriendo una política más “dovish”. No está claro qué efectos puede tener esta contradicción. Ya veremos, por ejemplo, el caso de los aumentos al salario mínimo. Calculamos que un aumento cercano al 20 por ciento estaría más alineado con las políticas de contención de precios, y que un incremento de alrededor del 30 por ciento indicaría que se busca una restitución del poder adquisitivo, y más cerca de que, por fin, alcance para adquirir la canasta básica (suponiendo que, en una familia de cuatro miembros, dos de ellos trabajan). Es innegable que el fenómeno de la inflación y los riesgos de recesión tienen una dimensión que rebasa las políticas domésticas. Algunos expertos e instituciones han sugerido que la mejor solución consistiría en un gran acuerdo mundial para controlar la inflación, la fuga de capitales y las crisis de las deudas. Y, desde luego, para tratar de detener la guerra en Ucrania. Sin embargo, aquí en México, no podemos resignarnos a que nuestro destino se decida en la Fed de EU. También requerimos una renovación intelectual que nos lleva a soluciones y pactos novedosos que involucren a la sociedad y el gobierno para enfrentar los negros presagios. saulescobar.blogspot.com

Las pensiones: un problema crítico

Las pensiones: economía y política Saúl Escobar Toledo Ha llamado la atención, en diversos medios de comunicación, que en el Proyecto de presupuesto para 2023 el gobierno piense destinar una cantidad sustancial de recursos para el rubro de pensiones: alrededor de 1.6 billones de pesos. Esta cantidad representa más de la cuarta parte del gasto programable (que no incluye el pago de la deuda pública ni las participaciones a estados y municipios) calculado para el próximo año. Es decir, uno de cuatro pesos del gasto federal se destinará al pago de pensiones y el resto a salarios y programas de educación, salud, infraestructura, etc. Para entender más claramente este asunto, hay que señalar que las pensiones se clasifican en dos categorías: las que se pagan, principalmente, por medio del sistema privado manejado por las Afores (pensiones contributivas) y las que se entregan con recursos provenientes únicamente del gobierno, el programa de adultos mayores (pensiones no contributivas.) La partida para las primeras asciende a 1.3 billones, la segunda a 335 mil millones de pesos; en otras palabras, el sistema privatizado requiere del 80% del presupuesto destinado a este renglón y el público, el 20%. Lo anterior puede resultar extraño ya que las pensiones contributivas, como su nombre lo indica, se financian con aportaciones de los trabajadores, los patrones y el gobierno mientras que las no contributivas sólo con dinero púbico. ¿Cómo es posible entonces que las pensiones que reciben aportaciones de empleados y empleadores salgan mucho más caras que las que no reciben estas aportaciones? Además, las pensiones contributivas incluyen a un sector de la población mucho menor: se ha calculado que la cobertura alcanza a menos del 50% de la población de 65 años y más mientras que, según cifras del gobierno, el programa de adultos mayores (no contributivo) está cerca de alcanzar al 100% de la población de ese rango etario. Esto se debe a que el sistema Afores sólo protege a los trabajadores inscritos en la seguridad social mientras que el Programa gubernamental es universal, sus beneficiarios son todas las personas: ocupadas y no ocupadas, trabajadores activos o no, formales e informales. El enorme desembolso público destinado a las pensiones se explica, fundamentalmente, por el fracaso del sistema manejado por las administradoras privadas (Afores). Éste, no ha cumplido con las metas prometidas: su cobertura es muy limitada y el monto de las pensiones han sido exiguas para la inmensa mayoría de los trabajadores inscritos en ese programa. Además, las erogaciones que ha tenido que realizar el gobierno han aumentado cada año y mucho más de lo calculado debido al cambio de sistema y para que los trabajadores reciban la pensión mínima garantizada. En fin, que la privatización de las pensiones ha resultado excesivamente cara e injusta. Estudios detallados acerca del sistema, sus falencias y costos para el erario y para la población, pueden encontrarse en diversas ediciones de la revista El Trimestre Económico (nos. 343, 2019; 344, 2019 y no. 355, 2022). De ahí que los gobiernos de varios países de América Latina, en la última década, hayan decidido establecer un segundo pilar o programa de pensiones, no contributivo, para ampliar la cobertura y mejorar los ingresos de los adultos mayores. En algunos países, este programa es focalizado, pero en México, desde la reforma constitucional de 2020, es universal. Según el último informe de la Secretaría de Bienestar 10.5 millones de personas recibirán, en los próximos días, un pago bimestral de tres mil 850 pesos. Desde el punto de vista político, hay que recordar que se puso en marcha, por primera vez, en los primeros años de la administración de López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006). El programa tuvo tanta aceptación que puede considerarse que fue uno de los factores que le permitió postularse a la presidencia de la república en las elecciones de 2006. Como sabemos, los resultados oficiales no le reconocieron el triunfo por unas cuantas décimas y muchos alegaron un fraude electoral que documentaron con diversas pruebas. Se desató, además, una movilización social de gran envergadura. El éxito político del programa también puede constatarse por el hecho de que los gobiernos del PAN y el PRI lo adoptaron, aunque de manera focalizada, posteriormente, primero en 2007 y luego en 2013. Asimismo, fue recomendado por los organismos internacionales que reconocieron las insuficiencias del sistema privatizado. Convertir este programa en un derecho universal y dotarlo de los recursos necesarios, desde el principio de su gobierno, ha sido también un elemento que explica el alto nivel de aceptación del presidente entre los mexicanos durante estos años. Puede afirmarse entonces que el fracaso del sistema privatizado, una de las reformas fundamentales del neoliberalismo, fue la justificación, oportuna y acertada, para construir otro sistema paralelo, que incluye a todos los mexicanos adultos mayores. Y, con ello, adquirir un gran apoyo político. Así, para el presupuesto de 2023, el gobierno ha decidido aumentar los recursos en más del 40 por ciento (de 238 a 333 miles de millones de pesos) con relación a lo de lo aprobado el año pasado, lo que representa el 82 por ciento del total de los recursos asignados a la Secretaría del Bienestar. Lo anterior, principalmente, para aumentar el monto de la pensión que recibirán los adultos mayores. El objetivo, aseguró Hacienda, es que para 2024, el último de esta administración, alcance 6 mil pesos bimestrales. Esta estrategia tiene, sin duda, un propósito de justicia social pero, al mismo tiempo, una clara intención político electoral. Sin embargo, aunque este programa resulte más barato y justo, el naufragio del otro sistema, el de las Afores, sigue siendo un asunto muy problemático. El presidente López Obrador además de impulsar el derecho constitucional a la pensión no contributiva, logró que el Congreso aprobara una reforma al sistema privatizado. Esta reforma permitirá que más mexicanos reciban una pensión de las administradoras privadas y mejorará el monto de esa prestación ya que habrá mayores aportaciones de los empleadores y el gobierno, y reduce las comisiones cobradas por las Afores. Así que ahora tendremos, en 2023 y en los siguientes años, mayores recursos públicos destinados para las pensiones contributivas y no contributivas. El problema es que el aumento de esas erogaciones, sobre todo para el sistema de las Afores, representan un serio riesgo para las finanzas públicas. Varios analistas consideran que, en unos cuantos años, se presentará una crisis de tal magnitud que requerirá medidas drásticas. Éstas pueden consistir en varias opciones: algunos han propuesto aumentar la edad de retiro para los sistemas contributivos; otros señalan la necesidad de una reforma fiscal de una magnitud considerable ya que tendría que alcanzar para financiar las pensiones y otros gastos en materia de salud, educación, infraestructura productiva, etc. Hay otra opción: cambiar el sistema privatizado. Otras naciones lo han hecho. De acuerdo con la información de la OIT, 18 países ya revirtieron la privatización de las pensiones: entre 2000 y 2010, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, Estado Plurinacional de Bolivia, y Hungría. Posteriormente, Croacia y Macedonia, Polonia, Federación de Rusia, Kazajistán, República Checa y, por último, Rumania (2017). Según Berenice Ramírez, estos países crearon un administrador público de pensiones, aumentaron la cobertura, extendieron los beneficios no contributivos e incrementaron la tasa de remplazo (el monto de la pensión que reciben los beneficiarios). Desde nuestra perspectiva, lo deseable es que, esta opción se considere como una de las prioridades reformistas de los próximos gobiernos. La política y la economía no parecen admitir otro camino.

Trabajadores de plataformas digitales o "gig workers"

Trabajadores de plataformas digitales, unidos por el reconocimiento de sus derechos laborales Saúl Escobar Toledo Antes de la crisis sanitaria desatada por la pandemia en 2020, pero con mayor intensidad en los años recientes, se ha multiplicado el reparto a domicilio de diversas mercancías como alimentos, medicinas y bienes de consumo final, así como el servicio de conductores de pasajeros que el cliente solicita a diversas plataformas tecnológicas o digitales por medio, frecuentemente, de su teléfono celular. Por lo anterior, el número de personas que se dedican a esta actividad también ha aumentado notablemente. Ahora, vemos en las calles de varias ciudades, estos repartidores o choferes, transitar, casi siempre muy apurados, en motocicletas, bicicletas, autos y camionetas de distinto tamaño. Lo más grave es que sus condiciones de trabajo son deplorables. Por ello, ha sido una buena noticia que hayan dado a conocer que se han organizado para defender sus derechos. Hace unas semanas, difundieron un Manifiesto en el que señalan el “piso mínimo” que reclaman para superar esta precariedad laboral. El punto central de su reclamo es que se admita la existencia de una relación subordinada a un patrón, es decir que son empleados de una compañía y por lo tanto que se deben reconocer sus derechos como tales. Asimismo, hacen notar que, en estas labores, hay una notable vulnerabilidad de las mujeres como repartidoras y conductoras debido a la violencia de género que sufren por un desproporcionado acoso sexual. Algunas propuestas expuestas en el Manifiesto son: Que se reconozca la existencia de un patrón, que puntualizan como “aquellas personas físicas o morales que, a través de plataformas digitales y similares, definen los mecanismos para el reclutamiento de los trabajadores; establecen el precio de los servicios a los clientes; vinculan en forma automática a los trabajadores con los clientes; hacen uso de la gestión algorítmica para la organización, asignación y evaluación del trabajo, y supervisan el trabajo mediante diferentes herramientas digitales”. Apuntan, igualmente, que el patrón deberá dotar a los trabajadores de los materiales y herramientas necesarias para sus labores. Proponen también la fijación de un salario que pude establecerse “por día, por orden de trabajo, por tiempo de conexión, por boletos vendidos o por kilómetros recorridos y que consistirá en una cantidad mínima, o en una prima sobre los ingresos, o en dos o más de estas modalidades sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo diario”. Asimismo, que las propinas no formen parte del salario ni sean retenidas bajo ninguna causa y entregadas de manera íntegra y exenta del pago de impuestos. Hacen notar que debe reconocerse que el “acoso sexual” puede ser ejercido por el patrón, proveedores, usuarios o clientes del servicio o cualquier persona con motivo de la relación laboral. Y que las personas repartidoras han sido discriminadas por su vestimenta, aspecto físico, discapacidad, etnia, o instrumentos de trabajo. Un aspecto relevante se refiere a los accidentes y enfermedades laborales, que definen como aquellas que atentan contra la integridad física o moral, que pongan en peligro la vida, libertad sexual e integridad de las personas por las labores que realizan durante el tiempo de conexión y hasta el regreso a casa después de su última orden de trabajo, o por desconexión voluntaria. Por ello, agregan, los pedidos deberán entregarse a pie de calle e incluyen como riesgos además de atropellamiento, “las nalgadas, manoseos y cerrar el camino con la finalidad de amedrentar, asustar, o burlarse de la persona trabajadora”. Todas estas propuestas tienen como finalidad, incluirse en un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo y fueron ya entregadas a legisladores y a la Secretaría del ramo. Esta última, según afirman las organizaciones de estos trabajadores, les respondió que tomará en cuenta sus propuestas y que ya prepara un proyecto que dará a conocer próximamente y que incluye “la construcción de un esquema que permita la inscripción tanto de conductores como repartidores en el IMSS”. Hay que subrayar que el asunto de los trabajadores de plataformas digitales ya ha recibido atención por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que en otros países existen legislaciones para protegerlos. Sin embargo, en otros, como en Estados Unidos, todavía no se ha concluido exitosamente una reglamentación legal en esta materia. De lo anterior da cuenta un estudio basado en una encuesta dada a conocer por el Instituto de Política Económica con sede en Washington y que será publicado próximamente por la revista El Trimestre Económico. En ese país se les conoce como trabajadores “gig”. El texto aclara que, si bien el concepto de trabajo no tradicional, temporal y contratado ha existido antes de la era digital, no fue sino hasta 2010 que las empresas de plataforma digital como Uber (y otras como las que operan en México: Didi, Rappi o Beat), comenzaron a darle relevancia y forma a las labores que hoy se definen como “gig”. Y agregan: El trabajo “gig” puede definirse como aquel que realizan individuos clasificados como trabajadores por cuenta propia, autónomos, o contratados de manera independiente. No obstante, en años recientes, el término “gig work” se ha convertido en sinónimo de trabajar para plataformas digitales, incluyendo manejar un auto para aplicaciones que ofrecen viajes, hacer entregas de comida, y llevar a cabo mandados o tareas del hogar. Sin embargo, recalcan, el trabajo “gig” es una denominación equivocada que le permite a las empresas difundir el mito de que estos trabajadores gozan de independencia y control de sus labores, lo que no ocurre en la realidad. Y precisan que las empresas de plataforma digital tratan a los trabajadores que proveen sus servicios no como empleados, sino como contratistas independientes. De esta manera, privan a los trabajadores de derechos fundamentales, incluyendo protecciones al salario, la jornada laboral, la discriminación, compensaciones, beneficios de desempleo y a la organización y negociación colectiva. Los resultados más significativos de la encuesta revelan que estos empleos brindaban malas condiciones laborales. Obtienen muy bajos ingresos, a tal punto que un 20% declaró que “pasó hambre porque no podía pagar lo suficiente para comer.” Y casi un tercio que no pagaron el monto total de sus recibos de los servicios públicos de sus hogares (luz, gas, agua) en el mes anterior a la encuesta. Adicionalmente, un 62% de los encuestados declaró que perdió parte de sus ingresos debido a “dificultades técnicas para marcar la entrada o la salida de sus labores”. La propuesta más importante del estudio citado consiste, como señala el Manifiesto de los trabajadores mexicanos, en ser reconocidos por las leyes laborales y dejar de clasificarlos, erróneamente, como trabajadores independientes. De esta manera, deberán tener acceso a las protecciones laborales fundamentales que les garantiza la ley federal del trabajo. De manera, central, el derecho a sindicalizarse. La investigación concluye afirmando que las empresas de plataformas digitales han establecido un modelo de negocios basado en negar a los trabajadores protecciones fundamentales y gastan cientos de millones de dólares cada año en campañas o litigios para negar la representación sindical de su fuerza de trabajo. Sin duda, los trabajadores de las plataformas digitales requieren de manera urgente de una legislación adecuada. En México, esperamos que las reformas legales incluyan las propuestas del Manifiesto y otras derivadas de las experiencias internacionales. Seguramente encontrarán una dura oposición de las compañías, muchas de ellas con presencia en varias partes del mundo. Sin embargo, las organizaciones de los trabajadores ya han avanzado en un frente común. Los legisladores y el gobierno deben responder, sin vacilaciones, a este llamado justiciero. saulescobar.blogspot.com

Una breve evaluación del empleo en México : segundo trimestre 2022

La recuperación del empleo: luces y sombras

Saúl Escobar Toledo Uno de los problemas más inquietantes de la situación actual es el empleo. La pandemia, el bajo crecimiento económico y luego los problemas por lo que ha atravesado la escena internacional, incluyendo la guerra y la inflación, han afectado seriamente los niveles de ocupación en todo el mundo y, también, en México. De acuerdo a los últimos datos de la ENOE -INEGI, la situación en nuestro país ha evolucionado de la siguiente manera, tomando en cuenta la “brecha laboral”, un concepto más comprensivo que incluye a las personas que están desocupadas; a las que están en esta situación pero no buscan activamente un trabajo aunque han manifestado que necesitan un empleo remunerado (y que por lo tanto forman parte de la Población Económicamente No Activa disponible); y los subocupados (que declaran que necesitan laborar más tiempo o buscan otra ocupación, ya sea complementaria o con un mayor horario, debido a que requieren mayores ingresos para subsistir): En el primer trimestre de 2020, todas estas personas sumaron 12.4 millones. En el tercer trimestre, momento en el que se sintió el efecto más fuerte de la reclusión sanitaria, se elevó a 22. 4 millones, un incremento de más de 80 por ciento. Un año después, en el tercer trimestre de 2021, había bajado a 17.5 millones y en el segundo trimestre de este año se encontraba ya en 14.5 millones. Estas cifras mostrarían, primero, que el impacto de la pandemia en 2020 fue enorme. Muchos hogares se quedaron sin ingresos durante varios meses o éstos se recortaron sensiblemente. Como resultado de lo anterior, aumentó la pobreza laboral. Y, para tratar de remediar esta caída de sus jornales, las familias se endeudaron, vendieron parte de su patrimonio, y dejaron de adquirir bienes indispensables o aquellos que deseaban comprar para por mejorar su calidad de vida. La reducción de este patrimonio (no sólo de sus ingresos) está todavía por investigarse puntualmente; sin embargo, el informe de la desigualdad en el mundo de este año (disponible en https://wir2022.wid.world) muestra que el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.2%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; por su parte, el 40 por ciento situado en la mitad superior poseía el 21.5 por ciento de la riqueza nacional. En cambio, el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.7 por ciento y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47 por ciento. Por otro lado, los datos más recientes muestran una mejoría de la situación en comparación a la segunda mitad de 2020, ya que la brecha laboral se había reducido, aunque no hemos llegado a alcanzar los índices que existían antes de la pandemia. Todavía, dos millones de personas más que a principios de ese año, seguían sin trabajo o con remuneraciones insuficientes. Lo anterior se reflejó también en un aumento del ingreso laboral per cápita, según CONEVAL. Por ello, la pobreza laboral (personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con los recursos que recibe por sus actividades), pasó del 46.3 por ciento en el tercer trimestre de 2020 al 38. 3 por ciento en el segundo trimestre de este año. De la misma manera que en el caso de los niveles de ocupación, todavía no se llega a los porcentajes que se registraron antes de la pandemia (35.6 por ciento). Los progresos descritos ocurrieron a pesar de la inflación que ha lastimado a los hogares más pobres, lo que indicaría que, por un lado, hay factores que contrarrestaron este fenómeno y, por otro lado, desafortunadamente, que existen muchas familias que aún siguen afectadas, sobre todo en el área rural (donde los porcentajes no variaron) y en aquellas ubicadas en las zonas urbanas que se encuentran más desprotegidas. Uno de los factores que atenuaron la pobreza, fue un nivel de ocupación más alto, como quedó de manifiesto con la reducción de la brecha laboral. Otro, el incremento de los salarios mínimos, y un tercero parece haber sido que, según el IMSS, “a un año de la reforma en materia de subcontratación, 2.9 millones de trabajadores están ahora contratados de manera directa, lo que significa el 55.7% del universo identificado en noviembre de 2020, lo que, asimismo, se reflejó en una elevación de su salario base de cotización de 469 a 597 pesos”. No obstante, hay que destacar que la mejoría de los niveles de ocupación se debe a un crecimiento del empleo informal: de los poco más de dos millones de personas que encontraron una ocupación remunerada en el año (entre el II trimestre de 20221 y 2022), casi 700 mil lo hicieron por cuenta propia y más de 400 mil en un empleo asalariado, también informal. Por ello, el conjunto de este sector (trabajadores por cuenta propia y asalariados) representa casi el 56 por ciento del total de personas empleadas (32 millones de un total de 57.5). Son, por supuesto, las más vulnerables: carecen, en su inmensa mayoría, de seguridad, protección y estabilidad laboral, y reciben ingresos muy reducidos. Otro dato que ilustra lo anterior se refleja en que el incremento de la ocupación se debió principalmente al sector servicios (1.6 millones) y a las microempresas (1 millón), y en menor medida, a las manufacturas (480 mil) y los grandes establecimientos (430 mil). Por cierto, el sector gobierno tuvo cifras negativas: redujo sus plazas de trabajo en más de 300 mil personas. En resumen, se pueden detectar un adelanto en materia de empleo, bajo condiciones adversas y una dinámica que no permite avizorar un cambio importante en la distribución del ingreso y la riqueza; ni la superación de las condiciones históricas del mercado laboral, caracterizado por la informalidad y la exclusión (sobre todo de mujeres y jóvenes). Las expectativas cifradas en un aumento de las exportaciones, amparadas en el T-MEC y las disputas de EU con China, aún son precarias e inciertas. Las reformas en esta materia han dado algunos resultados, pero no han sido suficientes. Y reflejan, igualmente, la lenta marcha del conjunto de la economía. Como hemos repetido varias veces en estas páginas de El Sur y han afirmado académicos e instituciones dedicados a estos temas, se requiere un mayor esfuerzo gubernamental: cambios legales tan indispensables como la creación de un seguro de desempleo (recomendado por CONEVAL, entre otras medidas, para incluirse en el presupuesto de 2023); la revisión del sistema de pensiones contributivo; y programas de apoyo a las familias, monetarios y no monetarios, que les permita superar el bache en el que cayeron durante la pandemia y acceder a más bienes, principalmente, alimenticios. Además, no lo olvidemos, asignar los recursos suficientes a las instituciones encargadas de implementar la reforma laboral de 2019 en materia de democracia sindical y contratación colectiva. Quizás la reflexión más destacada que pude sacarse del panorama descrito consiste en que el proceso de cambio no puede limitarse a lo que ya se ha hecho. El impulso reformista tiene que ser de largo plazo y revisarse constantemente. De otra manera, los avances obtenidos corren el riesgo de perderse o diluirse en un mundo tan turbulento como el que vivimos hoy en día. saulescobar.blogspot.com

Los programas sociales del gobierno de AMLO: una evaluación comentada de la SHCP

Los programas sociales del gobierno actual: ¿para los más pobres? Saúl Escobar Toledo

Los programas sociales que lleva a cabo el gobierno actual, podría pensarse, están destinados a aliviar la pobreza extrema y a los sectores de la población de menores ingresos. Bueno, no exactamente, según un documento preparado por la Secretaría de Hacienda (disponible en: www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx). En el informe que entregó esta dependencia, hace unos meses, a la Cámara de Diputados acerca de la “distribución del pago de impuestos y recepción del gasto púbico por deciles de hogares y personas, resultados para el año 2020”, se afirma que: “Al analizar el cambio… de las transferencias (gubernamentales) entre 2018 y 2020, se aprecia una reducción en la incidencia en el ingreso total para los primeros deciles en 2020”. Y reitera: “La variación del ingreso después de las transferencias en 2020 respecto a 2018 tuvo un menor impacto en los deciles más pobres”. Quizás valga la pena recordar que, para estudiar la distribución del ingreso, se divide a la población en diez partes o deciles de acuerdo con los ingresos que recibe por su trabajo, rentas de inmuebles o bancarias, y transferencias del gobierno (y otras ayudas como las remesas que viene del extranjero). Bajo esta clasificación, el más pobre es el I y el más rico el X. El informe de Hacienda no duda en señalar que el gasto del gobierno en desarrollo social en 2020, comparado con el de 2018, tuvo un cambio de orientación que dio como resultado que los sectores más beneficiados fueran aquellos que están ubicados en los deciles del V al VIII, y en menor medida los más pobres ubicados en los deciles del I al III. Eso no quiere decir que haya empeorado la distribución del ingreso pues, por ejemplo, estos tres deciles mejoraron levemente su participación en el ingreso nacional, pasaron del 20.8 al 23.5 por ciento. Pero indica que el gasto gubernamental de esta administración tuvo como efecto que el aumento de los ingresos, mediante las transferencias que reciben por parte del gobierno, beneficiara mayormente a los sectores que se ubican por encima del 50 por ciento de la población. Hay que subrayar que cuando se habla de ingresos que reciben las familias, Hacienda contempla las transferencias del gobierno que se clasifican como monetarias, es decir las que reciben los hogares en efectivo, y por otro lado las transferencias no monetarias o en especie que son aquellas que perciben los hogares en rubros como alimentación, uso del transporte público, servicios de conservación para la vivienda, medicamentos y bienes para el cuidado de la salud, y material y equipo educativo. Hacienda justifica este resultado debido al “nuevo enfoque de política social” que dio lugar a nuevos programas sociales basado en la universalidad y no programas focalizados. Sin embargo, el propio estudio señala que, en realidad, lo que sucedió fue que aumentaron notablemente las transferencias monetarias, pero al mismo tiempo se redujeron las transferencias no monetarias. Así, por ejemplo, rubros del presupuesto como educación, cultura, vivienda y protección ambiental disminuyeron proporcionalmente con relación al gasto total. Esta reducción no socorrió principalmente a los más pobres: “La distribución de las transferencias no monetarias en 2018 estaba dirigida, en mayor proporción, a los primeros deciles; en contraste, con el nuevo enfoque de política social, se observa que las transferencias no monetarias en los tres órdenes de gobierno cambian considerablemente su distribución en 2020, favoreciendo, en términos generales, a los deciles V, VI, VII y VIII”. De esta manera, se produjo un desequilibrio. Al aumentar la importancia de las transferencias monetarias y disminuir las no monetarias, el impacto en la sociedad fue disparejo, beneficiando a los sectores ubicado en los deciles superiores, con excepción del X. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que los programas que transfieren dinero en efectivo directamente a los hogares tampoco son iguales: el más destacado y que concentra la mayor cantidad de recursos es el de adultos mayores. Otros, como Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, recibieron una menor porción del presupuesto a pesar de que favorecen a los más pobres. Sin embargo, Hacienda afirma que el programa universal para adultos mayores tiene mucho mayor incidencia en la población urbana que en la rural; ha favorecido más a los hombres que a las mujeres; y a los hogares de mayores ingresos. De esta manera, según Hacienda, las transferencias monetarias también favorecieron “particularmente” a los deciles V, VI y VII en comparación con 2018. Se produjeron por lo tanto dos desequilibrios: el primero, al aumentar las transferencias monetarias y disminuir las no monetarias; y el segundo, al destinar mucho mayores recursos al programa para adultos mayores y en menor medida a los otros programas, pagados en efectivo, que llegan a los hogares cada determinado tiempo. Estos dos desequilibrios explicarían la mejoría relativa de los deciles situados por encima de la mitad de la población. Corregir estos desequilibrios requiere, fundamentalmente, abandonar la estrategia de sostener un presupuesto austero (o “franciscano”) y, por medio de una reforma fiscal, aumentar los recursos para el desarrollo social, particularmente aquellos que requieren las familias en especie y en rubros como alimentación, educación, vivienda y transporte. En el documento que comentamos, se afirma que los impuestos, especialmente el Impuesto sobre la renta (ISR) es “progresivo” pues paga más el que recibe más ingresos. Sin embargo, un análisis más detallado mostraría que se puede mejorar mucho esa progresividad si tomamos en cuenta no sólo al decil superior sino al 1% más rico, el cual acapara una porción desproporcionada del ingreso nacional. No se trata entonces de echar marcha atrás en el carácter universal de algunos programas o de reducir su monto, como en el caso de los adultos mayores, sino de mejorar el conjunto de la política social. Hay que recordar que el estudio de Hacienda analiza sólo el año 2020. Ahora, en 2022, nos encontramos en una nueva situación, en la que la inflación está afectando a la población más pobre debido a que el aumento de precios ha sido más elevado en el caso de los alimentos. Por ello, mantener la misma estrategia en el caso del gasto social no parece una buena idea. Por otro lado, contener la inflación mediante los subsidios a la gasolina y el diésel también tiene efectos regresivos. El estudio de Hacienda reconoce que: “el gasto en estos combustibles está altamente concentrado en los hogares con mayores ingresos”. Y subraya que menos del 25.0% del gasto se realiza por el 50.0% de la población de menores ingresos, mientras que el 44.5% del gasto en estos bienes es ejercido por el 20.0% de las personas más acomodadas. Sin embargo, recientemente, el titular de la secretaría declaró que la gasolina barata ha ayudado a atenuar la inflación debido a sus efectos en el transporte de personas y mercancías y en los costos de producción de las empresas (por su consumo de electricidad y gas). Según el funcionario, la inflación sería dos puntos mayor sin estos subsidios. El problema es que esta medida no ha tenido efectos muy notables en el caso de los alimentos. De acuerdo con las últimas cifras, la inflación en estos rubros ha sido notablemente mayor que el promedio general (8.16% en julio). Además, el alza en las tasas de interés afectará el ritmo de la actividad económica y al empleo. Encarecerá, a diferencia de lo que afirman sus defensores, el costo de algunos productos, especialmente, aquellos cuya demanda no disminuye tan aceleradamente (bienes básicos) o que dependen de la oferta externa de insumos (como los fertilizantes). En estas condiciones, se antoja una nueva política de impuestos y de gasto público. La “autocrítica” de Hacienda no es suficiente ni es del todo correcta. saulescobar.blogspot.com

Los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos sufren constantemente de abusos laborales

Los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos padecen de violaciones constantes a sus derechos laborales. Saúl Escobar Toledo

Ahora que se están discutiendo las quejas de Estados Unidos y Canadá contra México en el marco del T-MEC o USMC, vale la pena consultar un reporte elaborado en 2020 por un centro de estudios independiente, el Economic Policy Institute (EPI), acerca de la situación de los trabajadores agrícolas que laboran en Estados Unidos (disponible en https://www.epi.org). Según el reporte, estos trabajadores ganan los salarios más bajos de ese país y sufren una cantidad de atropellos en su lugar de trabajo por encima del promedio nacional. Agrega que la gran mayoría (más del 70%) de las inspecciones realizadas por la División de Salarios y Horas (Wage and Hour Division, WHD) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, detectaron diversas infracciones laborales, como robo de salarios (wage theft) por parte de los empleadores; alojamiento y transportación de los trabajadores inadecuados; despidos injustificados y registros irregulares de sus contratos, entre otras, que no cumplen con las leyes previstas para proteger a los trabajadores rurales (farmworkers), sobre todo en los estados de California y Florida. Las inspecciones detectaron millones de dólares sustraídos a los trabajadores pues no se pagaron los salarios completos, lo que ha acarreado multas millonarias a los empleadores agrícolas. Se calcula que los patrones tuvieron que pagar 76 millones de dólares a 154 mil trabajadores rurales y otros 63 millones por multas debido a diversos incumplimientos legales entre 2000 y 2019.En particular, a los trabajadores temporales, han sido los más vulnerados. Los contratistas de trabajadores rurales que no son patrones (sino enganchadores) fueron los violadores más severos entre 2005 y 2019. Estos subcontratistas representaron el 14% del empleo rural, pero fueron responsables del 24% de las infracciones entre 2005 y 2019. Sin embargo, dice el EPI, estas cifras son apenas la punta del iceberg. La detección de las violaciones a las leyes laborales se complica por dos razones: Primero, debido a que gran parte de los trabajadores rurales son indocumentados o sólo tienen permisos temporales (con la visa H-2 A). Su situación migratoria dificulta que hagan las quejas correspondientes. Por otro lado, las autoridades del trabajo de EU carecen de capacidad para hacer cumplir la ley debido a la falta de fondos y de personal. Todo ello hace a estos trabajadores queden muy vulnerables a la explotación y muestra que las transgresiones detectadas representen sólo una pequeña parte de las que realmente existen. Los empleadores pueden transgredir las leyes impunemente, ya que dichos atropellos, la mayoría de las veces, no son denunciados. Además, según el estudio del EPI, la ley federal exenta a los trabajadores rurales de algunos derechos básicos que gozan otros trabajadores en los EU, por ejemplo, el derecho a formar y adherirse a sindicatos, y a que se les paguen las horas extras adicionales a las 8 horas diarias o 40 horas a la semana. Se calcula que puede haber entre 2.5 a 3.4 millones de trabajadores rurales. Los diversos censos de las autoridades estadounidenses no son precisos debido a la temporalidad de los empleos y a la rotación de los trabajadores. Además, la intervención de los subcontratistas hace que se dificulte saber con exactitud cuántos trabajadores realmente laboran en las faenas agrícolas en EU. De acuerdo con lo anterior, puede suponerse que hay millones de mexicanos que laboran en empresas rurales en Estados Unidos que sufren constantes agresiones a sus derechos laborales. Sólo una pequeña parte recibe atención por parte de las autoridades y muchos casos quedan ocultos y por lo tanto se repiten cada año. Este sombrío panorama no concuerda con los compromisos adquiridos en el T-MEC, en particular en el capítulo 23. Ahí se señala, entre otras cosas, que cada “parte” es decir cada uno de los gobiernos que integran el Tratado, se comprometen a adoptar… “leyes y regulaciones, y prácticas… que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo”. Tampoco se apega a la cláusula que señala que cada país promoverá el cumplimiento de sus leyes laborales a través de medidas gubernamentales adecuadas, tales como: nombrar y capacitar inspectores; vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones a la ley; iniciar, de una manera oportuna, procedimientos para procurar sanciones o remedios adecuados por violaciones a sus leyes laborales; e implementar remedios y sanciones impuestos por el incumplimiento con sus leyes laborales, incluyendo la recaudación oportuna de multas y la reinstalación de los trabajadores. Y, claramente, hay una abierta violación al Artículo 23.8 que se refiere explícitamente a los trabajadores migrantes, ya que en este apartado se dice: “Las Partes (gobiernos) reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por consiguiente… cada Parte asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la Parte”. La situación de los jornaleros o trabajadores agrícolas en México es también lamentable. Sin embargo, ello no puede justificar que nuestro país deje de reclamar el cumplimiento del T-MEC del lado estadounidense. Las dos partes (y Canadá) tienen que proteger mejor a los trabajadores. A eso se comprometieron explícitamente, según el texto del Tratado. Aumentar el número de visas temporales para los mexicanos (y centroamericanos) no merece festejarse si no se acompaña de una queja, reclamo o solicitud de investigación, bajo los mecanismos del T-MEC, para que el gobierno de EU aumente los fondos federales para la inspección del Departamento de Trabajo; se contrate a un mayor número de inspectores y se les capacite adecuadamente; se les destine especialmente a los estados de California y Florida; se recomiende revisar o crear nuevas leyes que protejan a los trabajadores agrícolas; y se regule adecuadamente la subcontratación de aquellas empresas o personas que llevan trabajadores mexicanos y de otros países a los campos agrícolas de EU. El Tratado contempla diversos mecanismos en materia laboral: en primer lugar, cualquiera de los tres países podrá solicitar consultas con otro gobierno respecto a cualquier asunto laboral mediante la entrega de una solicitud escrita. Una vez recibida la solicitud, deberá iniciarse un diálogo entre las partes dentro de los 30 días siguientes que pude conducir a la “implementación de un plan de acción”; “la verificación independiente del cumplimiento o implementación por los individuos o entidades, tales como la OIT”; o “programas de cooperación” entre los países involucrados, para resolver los problemas planteados. Para analizar estos asuntos, el Tratado dispone también de un Consejo Laboral formado por los “ministerios de comercio y trabajo, según lo designe cada Parte” que podrá “considerar cualquier asunto dentro del ámbito de aplicación de este Capítulo laboral”. De la misma manera, existe un llamado “punto de contacto” es decir, una “oficina o un funcionario dentro de su ministerio del trabajo”. Tiene, entre otras, la obligación de: “…responder a solicitudes de información y proporcionar suficiente información para permitir un examen exhaustivo de asuntos relacionados con los asuntos laborales”. De acuerdo con las investigaciones oficiales e independientes, hay materia para aprovechar estos mecanismos y plantear el tema de la situación laboral de los trabajadores agrícolas mexicanos que laboran en Estados Unidos. La impunidad ha sido, hasta ahora, la tónica dominante. Las violaciones de los derechos laborales han sido masivas y reiteradas desde hace tiempo. Algo se puede y se tiene que hacer al respecto…. saulescobar.blogspot.com

El sexenio 1970- 1976

Echeverría y el sexenio 1970-1976. Saúl Escobar Toledo El fallecimiento del expresidente Luis Echeverría ha dado lugar a diversos comentarios en los medios de comunicación. Sin embargo, creo que se le ha dado demasiada importancia al personaje y, en menor medida, a discutir el sistema político que LEA encabezó. Lo anterior resulta explicable dado que no todos los días muere un personaje de este calibre. No obstante, también puede ser ocasión para reflexionar acerca de la herencia que nos dejó ese sexenio. Una visión histórica simplista y un tanto rudimentaria, basada en la idea de la “presidencia imperial” pretende decirnos que Echeverría fue el responsable de un conjunto de infortunios que se explican a partir de sus decisiones en el poder ejecutivo. Así, el pleito con los empresarios, el proyecto económico, pretendidamente redistributivo, y su política exterior “progresista” condujeron a la devaluación del peso y a la “guerra sucia”, la represión y la crisis. Todo, debido a los propósitos malignos, irresponsables y demagógicos del presidente. Dicha interpretación da a entender que estos acontecimientos estuvieron directamente relacionados y fueron parte de un mismo proyecto. El asesinato de Garza Sada, por ejemplo, ocurrió por la irresponsabilidad o complicidad presidencial, lo mismo que la desaparición de cientos de opositores y la masacre del 10 de junio. Esta mezcolanza contradictoria adquiere sentido, según sus autores, a partir de las decisiones de un solo individuo: Luis Echeverría. Sin embargo, hay otra manera de ver la historia: como un conjunto de fuerzas sociales y actores políticos que se enfrentan con diferentes causas y propósitos en una realidad en la que las tendencias económicas nacionales y mundiales; las estructuras políticas; y el descontento social, resultan factores esenciales para comprender los acontecimientos. Una visión más compleja que puede permitirnos entender mejor los hechos ocurridos en ese periodo. Echeverría fue, sin duda, el principal responsable, como jefe del Estado mexicano, de la matanza del jueves de Corpus, de la represión ilegal e inmisericorde contra los grupos guerrilleros y otros movimientos sociales pacíficos. Como señaló el Comité 68 pro libertades democráticas, con base en las investigaciones disponibles, puede afirmarse que fue uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre (como secretario de Gobernación), de los crímenes del 10 de junio de 1971, y de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la “Guerra Sucia”. Pero no fue el único. Estos hechos fueron responsabilidad del Estado mexicano. Participaron en ellos fuerzas del ejército, de las policías, y de diversas dependencias a nivel federal, estatal e incluso municipal. El poder judicial y legislativo fueron, al menos, cómplices. Desde este punto de vista, el fallecimiento de Echeverría es irrelevante. Las investigaciones y los procesos judiciales tienen que continuar. La reciente apertura de los archivos militares, su análisis y sus resultados, deberán ofrecernos mayor luz acerca de las desapariciones forzadas ocurridas durante la década de 1970 y de lo que significó para los derechos humanos y la democracia. Por otro lado, la política económica de ese gobierno y sus afanes por redistribuir mejor el ingreso, no pueden ni justificar ni atenuar las acciones represivas; sin embargo, tampoco fue el origen o la causa de estas últimas. El cambio, en esta materia, respondía a una reclamo social y político que dejó el 68 y al surgimiento de nuevos actores sociales. El fracaso de esas medidas económicas, por su parte, se pueden explicar por un conjunto de factores, principalmente por la coyuntura internacional y la existencia de un régimen político permeado por la corrupción, el autoritarismo y la inexistencia de un apoyo social que nunca se movilizó para defender ese proyecto. Aquí tampoco hay un responsable único, sino un conjunto de actores políticos: algunos se enriquecieron con el manejo de los recursos públicos; otros tomaron decisiones equivocadas; y también hubo aquellos que pensaron, sinceramente, que estaban haciendo lo correcto. Pongamos de ejemplo la política laboral: se elevaron los salarios mínimos reales y contractuales; aumentó el empleo; se modificaron varias disposiciones legales, para la revisión anual (y no bianual) de los salarios; se crearon instituciones como el INFONAVIT y FONACOT. Al mismo tiempo, el gobierno desató una represión contra los movimientos sindicales insurgentes de esos años, particularmente contra la tendencia de los electricistas democráticos. Estos movimientos tuvieron diversas demandas, relacionadas por supuesto con sus condiciones de trabajo. No obstante, la principal, fue el reclamo por la democracia en las organizaciones sindicales, el derecho a elegir libremente a sus dirigentes. No hubo en este aspecto, ninguna “apertura democrática”. El gobierno decidió defender, sin concesiones, el aparato de control sindical corporativo, el charrismo. Lo hizo, otra vez, no sólo por decisión presidencial, sino también porque ese sistema de control obrero, encabezado por la CTM y el Congreso del Trabajo, presionaron para defender sus privilegios y mantenerse como el único interlocutor reconocido por el gobierno. Esta capa de líderes fue tan culpable, como el presidente y su gobierno, de esas campañas de aniquilamiento de las oposiciones democráticas obreras. En lo que toca a las contradicciones dentro del propio gobierno y con el bloque dominante empresarial, éstas reflejaron la incapacidad de un régimen autoritario para conducir y poner en práctica exitosamente un conjunto de reformas, pero, igualmente, la absoluta cerrazón y la rigidez de esa élite privilegiada, el llamado sector privado, para cambiar el rumbo de una economía que ya presentaba, varios años atrás, serias contradicciones que apuntaban a una crisis inminente. Algo parecido puede decirse de la política exterior del sexenio. Sus posiciones progresistas, especialmente en el caso del golpe militar en Chile y su discurso tercermundista, se daba de topes con su comprobada sujeción a los dictados provenientes de Washington y su colaboración con la CIA. En especial, para acabar con todo vestigio de una amenaza comunista en nuestro país en aras de la “seguridad hemisférica”. Dos caras de un mismo régimen. Contradictorias, y al mismo tiempo, funcionales para la sobrevivencia y la continuidad de la clase política agrupada en el PRI. El análisis del sexenio de 1970-1976 no puede reducirse a la conducta de un solo personaje. Tampoco, desde luego, se debe subestimar su responsabilidad política e histórica. Si lo observamos de manera más amplia, nos arroja un panorama complejo en el que sobresale la rigidez de un sistema político; los rasgos de un gobierno que decidió sacrificar sus impulsos reformistas para salvar la continuidad del régimen priista; y la codicia de las élites dominantes, políticas y económicas. Hasta aquí podría decirse que fue el principio del fin de la hegemonía indisputada del partido único. Sin embargo, también fueron años en que los actores sociales, obreros, campesinos, organizaciones urbano-populares, clases medias y grupos de estudiantes, profesores y de la cultura, surgieron con nuevas propuestas programáticas, políticas e intelectuales. Muchos de estos actores fueron reprimidos y en ocasiones exterminados. A pesar de ello, en conjunto, lograron traspasar esas fronteras cronológicas y construir una conciencia democrática que se volvería materia de disputa en los años siguientes. Por un lado, aquellos que postularon una democracia “sin adjetivos”, anuncio de las ideas neoliberales que se impondrían años después. Por otro, los que han sostenido una democracia que abarque los derechos humanos plenos: económicos, sociales, y culturales. En este debate seguimos, en condiciones muy distintas, pero arrastrando todavía muchos cuestionamientos, aún no aclarados, que dejaron esa primera mitad de los años sesenta.

Una nueva estrategia de desarrollo para Brasil

Frente “Vamos juntos por Brasil”: por una nueva estrategia de desarrollo Saúl Escobar Toledo

En un documento publicado hace unos días, el Frente que contendrá en las elecciones generales de Brasil el próximo mes de octubre y que tiene como candidato a la presidencia a Lula Da Silva, se plantean, de manera muy general, algunas propuestas para lo que será el programa de gobierno de esta coalición formada por diversos partidos y organizaciones, incluyendo, desde luego al Partido de los Trabajadores (PT). El documento contiene 121 puntos y será sometido a debate público por medio de las plataformas digitales, señalaron los autores. Para ello está disponible en la página https://www.programajuntospelobrasil.com.br. De esta manera, podemos pensar que se trata de un conjunto de bases programáticas que han logrado la unidad de las izquierdas brasileñas para apoyar a sus candidatos y, sobre todo, para ofrecer a la sociedad brasileña un nuevo proyecto “para la reconstrucción y transformación” de ese país. Lo interesante, para el resto de los latinoamericanos, consiste en saber si este proyecto aporta cosas nuevas: en relación con las pasadas administraciones de los gobiernos de Lula y Dilma entre 2003 y 2016, y frente a otros agrupamientos de la izquierda de nuestra región que han logrado ganar la conducción del Estado. Desde este punto de vista, podríamos adelantar que en el proyecto hay, en efecto, nuevas orientaciones, continuidades y, también, ideas que parecen obsoletas o, por lo menos, poco interesantes. El documento señala en primer lugar, como era de esperarse, que “el primer y más urgente compromiso que asumimos es la restauración de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población brasileña… combatiendo el hambre, la pobreza, el desempleo, la precarización del trabajo y del empleo, y la desigualdad y la concentración de los ingresos y la riqueza”. Estos objetivos son y han sido banderas de las izquierdas y reflejan las principales críticas a los gobiernos neoliberales. Son planteamientos indispensables quede deben ser incluidos en cualquier programa de izquierda. Las novedades surgen cuando señalan que estos propósitos se lograrán mediante “la sustentabilidad social, ambiental, y económica para enfrentar el cambio climático…” Ello, afirman, “requiere cuidar nuestras riquezas naturales y producir y consumir de forma sustentable…”. Es decir, avanzar en la “transición ecológica y energética propiciando el surgimiento de una economía verde incluyente”. Para ello el documento plantea el financiamiento y apoyo a la producción de alimentos de los pequeños agricultores y a la agricultura orgánica. Asimismo, se comprometen a la protección de los derechos y los territorios de los pueblos indígenas. Tenemos, dicen, “el deber de asegurar la posesión de sus tierras, y, al mismo tiempo, combatir la depredación de los recursos naturales y estimular las actividades económicas con menor impacto ecológico”. Para ello, agregan, será necesaria una reforma agraria que propicie una economía verde e incluyente basada en la conservación, restauración y el uso sustentable de la biodiversidad. Estas medidas servirán para alcanzar la soberanía alimentaria apoyando sobre todo la agricultura familiar y a las agroindustrias que agreguen valor a la producción y tengan una alta competitividad mundial. En esta misma dimensión proponen una reforma urbana que reduzca las desigualdades territoriales y fomente la transición ecológica de las ciudades por medio de inversiones en infraestructura del transporte público, vivienda, y equipamiento social. Para ello consideran, se requerirá “un vigoroso programa de inversiones públicas”. Por otro lado, plantean la necesidad de una nueva legislación laboral. Aquí, lo más interesante, es que se trata de extender la protección social para “todas las formas de ocupación, de empleo y de relaciones de trabajo, con especial atención a los trabajadores autónomos, a los que trabajan por cuenta propia, trabajadores domésticos, teletrabajo, home office, y por medio de plataformas y aplicaciones digitales…” Para ello sugieren la necesidad de un nuevo modelo de pensiones y de renta básica ciudadana que transite gradualmente hacia un sistema universal con un financiamiento sustentable. Otro punto destacable consiste en su propósito de fortalecer y modernizar la estructura productiva por medio de la reindustrialización basada en el estímulo a los sectores y proyectos innovadores. Una reindustrialización de nuevo tipo basada en nuevos sectores asociados a la economía digital y verde. Ello, añaden, requerirá un gran proceso de transformación tecnológica. Para financiar estas metas consideran la necesidad de una reforma tributaria solidaria, justa y sustentable, en la que los pobres paguen menos y los ricos más, reduciendo los impuestos al consumo y combatiendo la evasión. Finalmente, hay que señalar que en los puntos que se refieren a la seguridad pública, 31 a 35, lamentablemente no hay nada nuevo. Sin duda es un tema que deberá ser objeto de un debate más profundo. Desde mi punto de vista, el documento propone algunas ideas que reflejan un cambio de estrategia que podemos resumir en varios aspectos: Primero, la insistencia, en todo el documento, de que el desarrollo deberá basarse en una economía verde e incluyente. Segundo, en el señalamiento de que las políticas públicas se enfoquen en la protección de los trabajadores más desprotegidos, especialmente aquellos que laboran por cuenta propia, y en las nuevas formas de contratación que utilizan las redes digitales. Tercero, en la propuesta de una nueva política industrial que no sólo fortalezca el crecimiento de este sector, sino que también lo haga fomentando, mediante la inversión pública, una producción basada en el cambio tecnológico y la transición ecológica. Y cuarto, la mención de una reforma tributaria que combata la corrupción, fomente la transparencia del gasto, propicien el consumo interno y grave a los sectores más opulentos. Si recordamos, las administraciones del PT se basaron en la exportación de bienes de consumo primarios, lo que llevó a descuidar la sustentabilidad ecológica del desarrollo. A pesar de algunos avances legales, se consideraba que “la lógica económica no es compatible con la lógica de la ecología”. Ahora, según el documento, se trata de cambiar completamente este paradigma y se propone que la sustentabilidad ecológica es la mejor vía para el desarrollo económico. Por otra parte, aunque aumentó el consumo interno, se propició un retraso en la industrialización del país y a una pérdida de su competitividad internacional. Al mismo tiempo, se dejó de lado cualquier intento de llevar a cabo una reforma fiscal progresista. Asimismo, se avanzó poco en los propósitos de establecer medidas como la pensión no contributiva y el ingreso básico con cobertura universal. Las políticas redistributivas se basaron en los aumentos del salario mínimo y las transferencias de ingresos a las familias, en especial, las que se encontraban en extrema pobreza. No hubo un programa para proteger, específicamente, a los trabajadores no asalariados más vulnerables. Indiscutiblemente, los gobiernos del PT sacaron de la pobreza a millones de brasileños, se redistribuyó el ingreso y hubo un crecimiento económico importante. Este esquema, sin embargo, se basó en un modelo primario-exportador muy vulnerable a los cambios de los mercados internacionales lo cual se manifestó en el gobierno de Dilma a partir de 2012 El “programa de reconstrucción de Brasil” parece haber aprendido las lecciones del pasado y proponer, en trazos gruesos, un nuevo esquema de desarrollo. Esperemos que se profundice y, por supuesto, que se haga realidad. Significaría un nuevo comienzo de la izquierda brasileña: no sólo al lograr, otra vez, un triunfo electoral y la asunción de Lula a la presidencia de la república; también, ofreciendo una nueva ruta programática de cambio para América Latina. saulescobar.blogspot.com