Una breve evaluación del empleo en México : segundo trimestre 2022

La recuperación del empleo: luces y sombras

Saúl Escobar Toledo Uno de los problemas más inquietantes de la situación actual es el empleo. La pandemia, el bajo crecimiento económico y luego los problemas por lo que ha atravesado la escena internacional, incluyendo la guerra y la inflación, han afectado seriamente los niveles de ocupación en todo el mundo y, también, en México. De acuerdo a los últimos datos de la ENOE -INEGI, la situación en nuestro país ha evolucionado de la siguiente manera, tomando en cuenta la “brecha laboral”, un concepto más comprensivo que incluye a las personas que están desocupadas; a las que están en esta situación pero no buscan activamente un trabajo aunque han manifestado que necesitan un empleo remunerado (y que por lo tanto forman parte de la Población Económicamente No Activa disponible); y los subocupados (que declaran que necesitan laborar más tiempo o buscan otra ocupación, ya sea complementaria o con un mayor horario, debido a que requieren mayores ingresos para subsistir): En el primer trimestre de 2020, todas estas personas sumaron 12.4 millones. En el tercer trimestre, momento en el que se sintió el efecto más fuerte de la reclusión sanitaria, se elevó a 22. 4 millones, un incremento de más de 80 por ciento. Un año después, en el tercer trimestre de 2021, había bajado a 17.5 millones y en el segundo trimestre de este año se encontraba ya en 14.5 millones. Estas cifras mostrarían, primero, que el impacto de la pandemia en 2020 fue enorme. Muchos hogares se quedaron sin ingresos durante varios meses o éstos se recortaron sensiblemente. Como resultado de lo anterior, aumentó la pobreza laboral. Y, para tratar de remediar esta caída de sus jornales, las familias se endeudaron, vendieron parte de su patrimonio, y dejaron de adquirir bienes indispensables o aquellos que deseaban comprar para por mejorar su calidad de vida. La reducción de este patrimonio (no sólo de sus ingresos) está todavía por investigarse puntualmente; sin embargo, el informe de la desigualdad en el mundo de este año (disponible en https://wir2022.wid.world) muestra que el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.2%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; por su parte, el 40 por ciento situado en la mitad superior poseía el 21.5 por ciento de la riqueza nacional. En cambio, el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.7 por ciento y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47 por ciento. Por otro lado, los datos más recientes muestran una mejoría de la situación en comparación a la segunda mitad de 2020, ya que la brecha laboral se había reducido, aunque no hemos llegado a alcanzar los índices que existían antes de la pandemia. Todavía, dos millones de personas más que a principios de ese año, seguían sin trabajo o con remuneraciones insuficientes. Lo anterior se reflejó también en un aumento del ingreso laboral per cápita, según CONEVAL. Por ello, la pobreza laboral (personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con los recursos que recibe por sus actividades), pasó del 46.3 por ciento en el tercer trimestre de 2020 al 38. 3 por ciento en el segundo trimestre de este año. De la misma manera que en el caso de los niveles de ocupación, todavía no se llega a los porcentajes que se registraron antes de la pandemia (35.6 por ciento). Los progresos descritos ocurrieron a pesar de la inflación que ha lastimado a los hogares más pobres, lo que indicaría que, por un lado, hay factores que contrarrestaron este fenómeno y, por otro lado, desafortunadamente, que existen muchas familias que aún siguen afectadas, sobre todo en el área rural (donde los porcentajes no variaron) y en aquellas ubicadas en las zonas urbanas que se encuentran más desprotegidas. Uno de los factores que atenuaron la pobreza, fue un nivel de ocupación más alto, como quedó de manifiesto con la reducción de la brecha laboral. Otro, el incremento de los salarios mínimos, y un tercero parece haber sido que, según el IMSS, “a un año de la reforma en materia de subcontratación, 2.9 millones de trabajadores están ahora contratados de manera directa, lo que significa el 55.7% del universo identificado en noviembre de 2020, lo que, asimismo, se reflejó en una elevación de su salario base de cotización de 469 a 597 pesos”. No obstante, hay que destacar que la mejoría de los niveles de ocupación se debe a un crecimiento del empleo informal: de los poco más de dos millones de personas que encontraron una ocupación remunerada en el año (entre el II trimestre de 20221 y 2022), casi 700 mil lo hicieron por cuenta propia y más de 400 mil en un empleo asalariado, también informal. Por ello, el conjunto de este sector (trabajadores por cuenta propia y asalariados) representa casi el 56 por ciento del total de personas empleadas (32 millones de un total de 57.5). Son, por supuesto, las más vulnerables: carecen, en su inmensa mayoría, de seguridad, protección y estabilidad laboral, y reciben ingresos muy reducidos. Otro dato que ilustra lo anterior se refleja en que el incremento de la ocupación se debió principalmente al sector servicios (1.6 millones) y a las microempresas (1 millón), y en menor medida, a las manufacturas (480 mil) y los grandes establecimientos (430 mil). Por cierto, el sector gobierno tuvo cifras negativas: redujo sus plazas de trabajo en más de 300 mil personas. En resumen, se pueden detectar un adelanto en materia de empleo, bajo condiciones adversas y una dinámica que no permite avizorar un cambio importante en la distribución del ingreso y la riqueza; ni la superación de las condiciones históricas del mercado laboral, caracterizado por la informalidad y la exclusión (sobre todo de mujeres y jóvenes). Las expectativas cifradas en un aumento de las exportaciones, amparadas en el T-MEC y las disputas de EU con China, aún son precarias e inciertas. Las reformas en esta materia han dado algunos resultados, pero no han sido suficientes. Y reflejan, igualmente, la lenta marcha del conjunto de la economía. Como hemos repetido varias veces en estas páginas de El Sur y han afirmado académicos e instituciones dedicados a estos temas, se requiere un mayor esfuerzo gubernamental: cambios legales tan indispensables como la creación de un seguro de desempleo (recomendado por CONEVAL, entre otras medidas, para incluirse en el presupuesto de 2023); la revisión del sistema de pensiones contributivo; y programas de apoyo a las familias, monetarios y no monetarios, que les permita superar el bache en el que cayeron durante la pandemia y acceder a más bienes, principalmente, alimenticios. Además, no lo olvidemos, asignar los recursos suficientes a las instituciones encargadas de implementar la reforma laboral de 2019 en materia de democracia sindical y contratación colectiva. Quizás la reflexión más destacada que pude sacarse del panorama descrito consiste en que el proceso de cambio no puede limitarse a lo que ya se ha hecho. El impulso reformista tiene que ser de largo plazo y revisarse constantemente. De otra manera, los avances obtenidos corren el riesgo de perderse o diluirse en un mundo tan turbulento como el que vivimos hoy en día. saulescobar.blogspot.com

Los programas sociales del gobierno de AMLO: una evaluación comentada de la SHCP

Los programas sociales del gobierno actual: ¿para los más pobres? Saúl Escobar Toledo

Los programas sociales que lleva a cabo el gobierno actual, podría pensarse, están destinados a aliviar la pobreza extrema y a los sectores de la población de menores ingresos. Bueno, no exactamente, según un documento preparado por la Secretaría de Hacienda (disponible en: www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx). En el informe que entregó esta dependencia, hace unos meses, a la Cámara de Diputados acerca de la “distribución del pago de impuestos y recepción del gasto púbico por deciles de hogares y personas, resultados para el año 2020”, se afirma que: “Al analizar el cambio… de las transferencias (gubernamentales) entre 2018 y 2020, se aprecia una reducción en la incidencia en el ingreso total para los primeros deciles en 2020”. Y reitera: “La variación del ingreso después de las transferencias en 2020 respecto a 2018 tuvo un menor impacto en los deciles más pobres”. Quizás valga la pena recordar que, para estudiar la distribución del ingreso, se divide a la población en diez partes o deciles de acuerdo con los ingresos que recibe por su trabajo, rentas de inmuebles o bancarias, y transferencias del gobierno (y otras ayudas como las remesas que viene del extranjero). Bajo esta clasificación, el más pobre es el I y el más rico el X. El informe de Hacienda no duda en señalar que el gasto del gobierno en desarrollo social en 2020, comparado con el de 2018, tuvo un cambio de orientación que dio como resultado que los sectores más beneficiados fueran aquellos que están ubicados en los deciles del V al VIII, y en menor medida los más pobres ubicados en los deciles del I al III. Eso no quiere decir que haya empeorado la distribución del ingreso pues, por ejemplo, estos tres deciles mejoraron levemente su participación en el ingreso nacional, pasaron del 20.8 al 23.5 por ciento. Pero indica que el gasto gubernamental de esta administración tuvo como efecto que el aumento de los ingresos, mediante las transferencias que reciben por parte del gobierno, beneficiara mayormente a los sectores que se ubican por encima del 50 por ciento de la población. Hay que subrayar que cuando se habla de ingresos que reciben las familias, Hacienda contempla las transferencias del gobierno que se clasifican como monetarias, es decir las que reciben los hogares en efectivo, y por otro lado las transferencias no monetarias o en especie que son aquellas que perciben los hogares en rubros como alimentación, uso del transporte público, servicios de conservación para la vivienda, medicamentos y bienes para el cuidado de la salud, y material y equipo educativo. Hacienda justifica este resultado debido al “nuevo enfoque de política social” que dio lugar a nuevos programas sociales basado en la universalidad y no programas focalizados. Sin embargo, el propio estudio señala que, en realidad, lo que sucedió fue que aumentaron notablemente las transferencias monetarias, pero al mismo tiempo se redujeron las transferencias no monetarias. Así, por ejemplo, rubros del presupuesto como educación, cultura, vivienda y protección ambiental disminuyeron proporcionalmente con relación al gasto total. Esta reducción no socorrió principalmente a los más pobres: “La distribución de las transferencias no monetarias en 2018 estaba dirigida, en mayor proporción, a los primeros deciles; en contraste, con el nuevo enfoque de política social, se observa que las transferencias no monetarias en los tres órdenes de gobierno cambian considerablemente su distribución en 2020, favoreciendo, en términos generales, a los deciles V, VI, VII y VIII”. De esta manera, se produjo un desequilibrio. Al aumentar la importancia de las transferencias monetarias y disminuir las no monetarias, el impacto en la sociedad fue disparejo, beneficiando a los sectores ubicado en los deciles superiores, con excepción del X. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que los programas que transfieren dinero en efectivo directamente a los hogares tampoco son iguales: el más destacado y que concentra la mayor cantidad de recursos es el de adultos mayores. Otros, como Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, recibieron una menor porción del presupuesto a pesar de que favorecen a los más pobres. Sin embargo, Hacienda afirma que el programa universal para adultos mayores tiene mucho mayor incidencia en la población urbana que en la rural; ha favorecido más a los hombres que a las mujeres; y a los hogares de mayores ingresos. De esta manera, según Hacienda, las transferencias monetarias también favorecieron “particularmente” a los deciles V, VI y VII en comparación con 2018. Se produjeron por lo tanto dos desequilibrios: el primero, al aumentar las transferencias monetarias y disminuir las no monetarias; y el segundo, al destinar mucho mayores recursos al programa para adultos mayores y en menor medida a los otros programas, pagados en efectivo, que llegan a los hogares cada determinado tiempo. Estos dos desequilibrios explicarían la mejoría relativa de los deciles situados por encima de la mitad de la población. Corregir estos desequilibrios requiere, fundamentalmente, abandonar la estrategia de sostener un presupuesto austero (o “franciscano”) y, por medio de una reforma fiscal, aumentar los recursos para el desarrollo social, particularmente aquellos que requieren las familias en especie y en rubros como alimentación, educación, vivienda y transporte. En el documento que comentamos, se afirma que los impuestos, especialmente el Impuesto sobre la renta (ISR) es “progresivo” pues paga más el que recibe más ingresos. Sin embargo, un análisis más detallado mostraría que se puede mejorar mucho esa progresividad si tomamos en cuenta no sólo al decil superior sino al 1% más rico, el cual acapara una porción desproporcionada del ingreso nacional. No se trata entonces de echar marcha atrás en el carácter universal de algunos programas o de reducir su monto, como en el caso de los adultos mayores, sino de mejorar el conjunto de la política social. Hay que recordar que el estudio de Hacienda analiza sólo el año 2020. Ahora, en 2022, nos encontramos en una nueva situación, en la que la inflación está afectando a la población más pobre debido a que el aumento de precios ha sido más elevado en el caso de los alimentos. Por ello, mantener la misma estrategia en el caso del gasto social no parece una buena idea. Por otro lado, contener la inflación mediante los subsidios a la gasolina y el diésel también tiene efectos regresivos. El estudio de Hacienda reconoce que: “el gasto en estos combustibles está altamente concentrado en los hogares con mayores ingresos”. Y subraya que menos del 25.0% del gasto se realiza por el 50.0% de la población de menores ingresos, mientras que el 44.5% del gasto en estos bienes es ejercido por el 20.0% de las personas más acomodadas. Sin embargo, recientemente, el titular de la secretaría declaró que la gasolina barata ha ayudado a atenuar la inflación debido a sus efectos en el transporte de personas y mercancías y en los costos de producción de las empresas (por su consumo de electricidad y gas). Según el funcionario, la inflación sería dos puntos mayor sin estos subsidios. El problema es que esta medida no ha tenido efectos muy notables en el caso de los alimentos. De acuerdo con las últimas cifras, la inflación en estos rubros ha sido notablemente mayor que el promedio general (8.16% en julio). Además, el alza en las tasas de interés afectará el ritmo de la actividad económica y al empleo. Encarecerá, a diferencia de lo que afirman sus defensores, el costo de algunos productos, especialmente, aquellos cuya demanda no disminuye tan aceleradamente (bienes básicos) o que dependen de la oferta externa de insumos (como los fertilizantes). En estas condiciones, se antoja una nueva política de impuestos y de gasto público. La “autocrítica” de Hacienda no es suficiente ni es del todo correcta. saulescobar.blogspot.com

Los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos sufren constantemente de abusos laborales

Los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos padecen de violaciones constantes a sus derechos laborales. Saúl Escobar Toledo

Ahora que se están discutiendo las quejas de Estados Unidos y Canadá contra México en el marco del T-MEC o USMC, vale la pena consultar un reporte elaborado en 2020 por un centro de estudios independiente, el Economic Policy Institute (EPI), acerca de la situación de los trabajadores agrícolas que laboran en Estados Unidos (disponible en https://www.epi.org). Según el reporte, estos trabajadores ganan los salarios más bajos de ese país y sufren una cantidad de atropellos en su lugar de trabajo por encima del promedio nacional. Agrega que la gran mayoría (más del 70%) de las inspecciones realizadas por la División de Salarios y Horas (Wage and Hour Division, WHD) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, detectaron diversas infracciones laborales, como robo de salarios (wage theft) por parte de los empleadores; alojamiento y transportación de los trabajadores inadecuados; despidos injustificados y registros irregulares de sus contratos, entre otras, que no cumplen con las leyes previstas para proteger a los trabajadores rurales (farmworkers), sobre todo en los estados de California y Florida. Las inspecciones detectaron millones de dólares sustraídos a los trabajadores pues no se pagaron los salarios completos, lo que ha acarreado multas millonarias a los empleadores agrícolas. Se calcula que los patrones tuvieron que pagar 76 millones de dólares a 154 mil trabajadores rurales y otros 63 millones por multas debido a diversos incumplimientos legales entre 2000 y 2019.En particular, a los trabajadores temporales, han sido los más vulnerados. Los contratistas de trabajadores rurales que no son patrones (sino enganchadores) fueron los violadores más severos entre 2005 y 2019. Estos subcontratistas representaron el 14% del empleo rural, pero fueron responsables del 24% de las infracciones entre 2005 y 2019. Sin embargo, dice el EPI, estas cifras son apenas la punta del iceberg. La detección de las violaciones a las leyes laborales se complica por dos razones: Primero, debido a que gran parte de los trabajadores rurales son indocumentados o sólo tienen permisos temporales (con la visa H-2 A). Su situación migratoria dificulta que hagan las quejas correspondientes. Por otro lado, las autoridades del trabajo de EU carecen de capacidad para hacer cumplir la ley debido a la falta de fondos y de personal. Todo ello hace a estos trabajadores queden muy vulnerables a la explotación y muestra que las transgresiones detectadas representen sólo una pequeña parte de las que realmente existen. Los empleadores pueden transgredir las leyes impunemente, ya que dichos atropellos, la mayoría de las veces, no son denunciados. Además, según el estudio del EPI, la ley federal exenta a los trabajadores rurales de algunos derechos básicos que gozan otros trabajadores en los EU, por ejemplo, el derecho a formar y adherirse a sindicatos, y a que se les paguen las horas extras adicionales a las 8 horas diarias o 40 horas a la semana. Se calcula que puede haber entre 2.5 a 3.4 millones de trabajadores rurales. Los diversos censos de las autoridades estadounidenses no son precisos debido a la temporalidad de los empleos y a la rotación de los trabajadores. Además, la intervención de los subcontratistas hace que se dificulte saber con exactitud cuántos trabajadores realmente laboran en las faenas agrícolas en EU. De acuerdo con lo anterior, puede suponerse que hay millones de mexicanos que laboran en empresas rurales en Estados Unidos que sufren constantes agresiones a sus derechos laborales. Sólo una pequeña parte recibe atención por parte de las autoridades y muchos casos quedan ocultos y por lo tanto se repiten cada año. Este sombrío panorama no concuerda con los compromisos adquiridos en el T-MEC, en particular en el capítulo 23. Ahí se señala, entre otras cosas, que cada “parte” es decir cada uno de los gobiernos que integran el Tratado, se comprometen a adoptar… “leyes y regulaciones, y prácticas… que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo”. Tampoco se apega a la cláusula que señala que cada país promoverá el cumplimiento de sus leyes laborales a través de medidas gubernamentales adecuadas, tales como: nombrar y capacitar inspectores; vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones a la ley; iniciar, de una manera oportuna, procedimientos para procurar sanciones o remedios adecuados por violaciones a sus leyes laborales; e implementar remedios y sanciones impuestos por el incumplimiento con sus leyes laborales, incluyendo la recaudación oportuna de multas y la reinstalación de los trabajadores. Y, claramente, hay una abierta violación al Artículo 23.8 que se refiere explícitamente a los trabajadores migrantes, ya que en este apartado se dice: “Las Partes (gobiernos) reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por consiguiente… cada Parte asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la Parte”. La situación de los jornaleros o trabajadores agrícolas en México es también lamentable. Sin embargo, ello no puede justificar que nuestro país deje de reclamar el cumplimiento del T-MEC del lado estadounidense. Las dos partes (y Canadá) tienen que proteger mejor a los trabajadores. A eso se comprometieron explícitamente, según el texto del Tratado. Aumentar el número de visas temporales para los mexicanos (y centroamericanos) no merece festejarse si no se acompaña de una queja, reclamo o solicitud de investigación, bajo los mecanismos del T-MEC, para que el gobierno de EU aumente los fondos federales para la inspección del Departamento de Trabajo; se contrate a un mayor número de inspectores y se les capacite adecuadamente; se les destine especialmente a los estados de California y Florida; se recomiende revisar o crear nuevas leyes que protejan a los trabajadores agrícolas; y se regule adecuadamente la subcontratación de aquellas empresas o personas que llevan trabajadores mexicanos y de otros países a los campos agrícolas de EU. El Tratado contempla diversos mecanismos en materia laboral: en primer lugar, cualquiera de los tres países podrá solicitar consultas con otro gobierno respecto a cualquier asunto laboral mediante la entrega de una solicitud escrita. Una vez recibida la solicitud, deberá iniciarse un diálogo entre las partes dentro de los 30 días siguientes que pude conducir a la “implementación de un plan de acción”; “la verificación independiente del cumplimiento o implementación por los individuos o entidades, tales como la OIT”; o “programas de cooperación” entre los países involucrados, para resolver los problemas planteados. Para analizar estos asuntos, el Tratado dispone también de un Consejo Laboral formado por los “ministerios de comercio y trabajo, según lo designe cada Parte” que podrá “considerar cualquier asunto dentro del ámbito de aplicación de este Capítulo laboral”. De la misma manera, existe un llamado “punto de contacto” es decir, una “oficina o un funcionario dentro de su ministerio del trabajo”. Tiene, entre otras, la obligación de: “…responder a solicitudes de información y proporcionar suficiente información para permitir un examen exhaustivo de asuntos relacionados con los asuntos laborales”. De acuerdo con las investigaciones oficiales e independientes, hay materia para aprovechar estos mecanismos y plantear el tema de la situación laboral de los trabajadores agrícolas mexicanos que laboran en Estados Unidos. La impunidad ha sido, hasta ahora, la tónica dominante. Las violaciones de los derechos laborales han sido masivas y reiteradas desde hace tiempo. Algo se puede y se tiene que hacer al respecto…. saulescobar.blogspot.com