Un nuevo acuerdo verde global
Saúl Escobar Toledo
¿Existe una alternativa viable
para lograr un desarrollo sostenible con menor desigualdad económica y
deterioro ambiental? ¿Es posible encontrar soluciones de beneficio mutuo en un
mundo que enfrenta severas restricciones y presiones en sentido contrario? La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Comercio y Desarrollo) en su Reporte 2019 ha propuesto un Nuevo
Acuerdo Global Verde (Global Green New Deal, GGND) que incluye un conjunto de
reformas, bajo un acuerdo multilateral, para asegurar que los bancos, el
capital privado y la deuda ayuden a financiar inversiones que permitan alcanzar
las metas de desarrollo sustentable planteadas por las Naciones Unidas para
2030. El informe está disponible en
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2019_en.pdf.
Según Jomo K. Sundaram, un
distinguido economista malayo que fue asesor del Secretario General de la ONU
para el desarrollo económico y luego Director
General de estudios económicos en la FAO, participante en los debates previos a
la elaboración del informe de la UNCTAD, el Acuerdo Verde requiere sobre todo voluntad política para movilizar
los recursos necesarios para una inversión masiva dirigida por el sector
público con el fin de revertir la austeridad, el estanca miento y la
vulnerabilidad existentes desde la crisis financiera mundial de 2008-2009.
Como se ha reconocido por
diversos especialistas, gobiernos y organismos multilaterales (con la excepción
del presidente Trump) el calentamiento global ya está causando daños severos,
aunque desiguales, en todo el mundo, y representa una amenaza cada vez más
grave. Es indudable que la mitigación
del cambio climático requerirá grandes inversiones, especialmente en energía
renovable, sistemas alimentarios sostenibles y transporte limpio, para fomentar
políticas industriales efectivas que reviertan las tendencias actuales.
El Acuerdo que publica la UNCTAD
advierte que se trata de un proyecto flexible que no se puede aplicar de la
misma manera en todos los países, por lo que se necesitarán políticas
tecnológicas adecuadas para evitar que sigan creciendo los métodos de
producción intensivos en carbono. El paquete de medidas tendrá que variar según
el contexto, pero en todo caso se requerirán estímulos fiscales y recursos
cuantiosos para construir infraestructura pública.
El Acuerdo Verde considera que
bajo estas directrices se pueden lograr tasas de crecimiento de las economías desarrolladas
entre 1 - 1.5% por encima de las actualmente previstas. Para las economías en desarrollo, los beneficios
podrían ser mayores, excepto en el caso de China que obtendría resultados menos
positivos.
A diferencia de las propuestas
del Banco Mundial que descansan en la recaudación de financiamiento privado
mediante la banca en la sombra, es decir, entidades financieras, no reguladas
como los hedge funds y otros fondos del mercado de capitales altamente
especulativos, el Nuevo Acuerdo Verde propone acciones para que el sector
público dirija el financiamiento, lo que a su vez podría estimular al capital
privado.
La iniciativa UNCTAD incluye un
aumento de las inversiones ecológicas equivalentes al 2% de los ingresos
anuales a nivel mundial, alrededor de 1.7 billones de dólares, un tercio de lo
que los gobiernos gastan actualmente en subsidios para combustibles fósiles.
Ello podría crear más de 170 millones de empleos, garantizar una
industrialización más limpia en el Sur y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Según diversos especialistas, la
economía mundial puede enfrentar una recesión en 2020. Las tensiones
comerciales, la deuda corporativa y los rendimientos decrecientes son algunos
signos negativos. La UNCTAD calcula una caída del crecimiento económico mundial
a 2.3% en 2019, comparado con el 3% obtenido en 2018. No es sorprendente, por
lo tanto, que el comercio también pierda dinamismo. En 2018 aumentó apenas 2.8%
y este año se acercará más bien al 2%. De ahí la importancia del Acuerdo Verde,
que podría crear más empleos, elevar salarios y la inversión pública.
La reconstrucción del
multilateralismo y la cooperación internacional en torno al Nuevo Pacto Verde Global
incluye varias medidas para garantizar que el capital, los bancos y la deuda
contribuyan a acelerar el desarrollo. Entre otras:
Dar los primeros pasos para la
reestructuración de la deuda soberana de aquellos países, particularmente los
más pobres, que ya no puede pagarla según los contratos originales.
El Informe advierte que la deuda
ha crecido en el mundo en desarrollo, mucha de ella de corto plazo y en moneda
extranjera, sobre todo en el sector privado, debido a que las políticas
monetarias no convencionales con tasas de interés muy bajas o cercanas a cero
hizo que el crédito se volviera muy barato y accesible. Sin embargo, este
endeudamiento no se ha destinado a los sectores productivos y en cambio se ha
vuelto más riesgosa, sujeta cada vez más a la inestabilidad económica mundial.
Por otra parte, se recomienda la expansión
de los DEGs (Derechos Especiales de Giro), una divisa creada y utilizada por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha funcionado como activo de reserva y
como unidad de cuenta para apoyar los préstamos de esta institución a países
con problemas de balanza de pagos. Ahora, según el Pacto Verde, podría
utilizarse para financiar la provisión de servicios públicos en los países en
desarrollo.
Un asunto sustancial de la
propuesta tiene que ver con la Banca de Desarrollo ya se considera que estos organismos
serían vitales para el éxito del proyecto, dada la magnitud de inversiones que
se requieren. La UNCTAD observa que la banca de desarrollo está
insuficientemente capitalizada. Algunos bancos de desarrollo son muy fuertes
como el de China, que tiene un portafolio de préstamos equivalente a más del
13% del PIB, o el Banco Coreano con una cartera equivalente al 10.5% del PIB.
Pero en otros países la situación es muy distinta, incluyendo India, Rusia,
Sudáfrica, México y Malasia. Sus portafolios apenas alcanzan un 2% del PIB de
sus países.
La otra medida estratégica consiste
en detener los flujos financieros ilícitos que evaden al fisco y drenan
recursos del sur hacia el norte, de los países en desarrollo hacia los países
desarrollados. Y, además, fijar Impuestos únicos a las ganancias de las
corporaciones transnacionales, con una tasa corporativa fijada entre el 20-25%,
es decir, similar al promedio internacional que actualmente se aplica. Ello ayudaría también a verificar el pago de
sus obligaciones fiscales.
El Acuerdo hace hincapié en la
necesidad de imponer control de capitales. Éstos no deberían estar prohibidos en
los acuerdos comerciales y, por el contrario, habría que incluir en ellos salvaguardas
que permitan a los países regular los flujos de capital. Estos flujos tendrían
que ser administrados y supervisados en ambas puntas: tanto en los países de llegada como en los de
origen. La regulación de los flujos de capital en los países desarrollados
mejoraría la eficacia de sus políticas monetarias expansionistas no
convencionales, limitando la filtración de dinero hacia el exterior. En los
países de destino el control de capitales ayudaría a mejorar la administración
de su balanza de pagos.
Otra medida que propone el
Acuerdo consiste en la creación de un fondo global para el desarrollo
sostenible, financiado por los países más
desarrollados, que de esta manera pagarían sus compromisos previamente
incumplidos desde 1990 para la asistencia al desarrollo, equivalente al 0.7%
del ingreso nacional, estimado en más de $ 3.5 billones de dólares.
El Acuerdo Verde, en síntesis, se
propone cambiar las reglas económicas prevalecientes en el mundo que alientan
las fuerzas del mercado, el poder de las grandes corporaciones y las políticas
públicas que sostienen y fomentan las disparidades económicas y la destrucción
del medio ambiente. Hay alternativas para cambiar el mundo, pero como afirma
Jomo, falta la voluntad política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario