Pobreza, desigualdad y trabajo
Saúl Escobar Toledo
Los informes del INEGI y de CONEVAL
sobre la pobreza en México, publicados recientemente, deben ser materia de un
amplio debate nacional. Algunas voces se han expresado ya, incluyendo la de aquellos
que consideran que hay una considerable subestimación de este problema. La
titular del Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli
Damián, por ejemplo, ha señalado que según sus estimaciones hay 90 millones de
pobres y no 52, como indica CONEVAL. La metodología utilizada tendrá que
seguirse discutiendo. Sin embargo, los datos ofrecidos dan cuenta de una
persistencia histórica de los niveles de indigencia, pues en los últimos diez
años la situación, en el mejor de los casos, no ha cambiado sustancialmente: en
2008 eran 49.5 millones de mexicanos que representaban el 44.4 % de la
población y en 2018 pasaron a 52.4 millones, el 42%. Por su parte, la población
no pobre ni vulnerable representaba en 2018 apenas el 22% del total, poco más
de 27 millones de personas. Por cierto que, si tomamos en cuenta sólo esta
última cifra, nos deja un total de 98 millones de personas pobres o
vulnerables, una cantidad aún mayor que la señalada por el Consejo de la Ciudad
de México.
Ahora bien, considerando, como señala
la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares 2018 de INEGI, que más de dos
tercios (67%) del ingreso de los hogares proviene del trabajo, nos enfocaremos
en este aspecto. Los ingresos por trabajo subordinado (asalariado)
representaron el 84% de esos ingresos y
el trabajo independiente sólo el 12%, pero los primeros aumentaron a un menor
ritmo en los últimos dos años en comparación de los segundos, lo que quiere
decir que aunque la gran mayoría de los hogares depende de un salario, éste resulta
cada vez más insuficiente y tiene que ser compensado por ocupaciones por cuenta
propia que realiza el integrante de la familia que ya tiene un empleo o por otro que tiene que salir a buscar un
ingreso extra. Entre 2016 y 2018 las remuneraciones por trabajo subordinado
disminuyeron en 0.1% mientras que los ingresos por trabajo independiente
aumentaron 4.7.
Por su parte CONEVAL, con base en los
datos de la Encuesta confirma este aumento de la informalidad señalando que la
carencia de Seguridad Social es la más importante, afectando a casi 72 millones
de mexicanos, el 57% de la población total. Y aunque aquí hubo una leve mejoría
respecto a 2008 pues la cobertura incluyó a 800 mil personas más en un periodo
de diez años, el ritmo parece demasiado lento.
Abundando en el asunto, este
organismo señala que si sólo tomamos en cuenta los ingresos recibidos por el
trabajo desempeñado (y se descuentan los subsidios gubernamentales y otros
rubros), la población con una percepción igual o inferior a la línea de pobreza,
incluyendo aquella que CONEVAL define como población vulnerable por ingresos
sumaba en 2018, 70 millones de mexicanos y representaba el 56% del total.
Cifras muy similares a las anteriores.
Lo anterior significa que uno de los
grandes problemas del país que explican la pobreza tan extendida y su
persistencia crónica reside en que la mayoría de los mexicanos trabajan en
ocupaciones informales, con bajas remuneraciones, y en condiciones de alta
vulnerabilidad.
Los datos de la Encuesta y CONEVAL
sacan a la luz otro asunto de enorme gravedad: la desigualdad regional. En
algunas entidades estos parámetros (ingresos inferiores a la línea de pobreza y
población vulnerable por ingresos) tuvieron una mejoría y abarcaron a menos de
la mitad de la población. Por ejemplo, en Aguascalientes, Baja California,
Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. En cambio, en otros estados, la situación fue
la inversa, ya que estos indicadores empeoraron o se mantuvieron prácticamente igual
entre 2008 y 2018. Fue el caso de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y
Veracruz. Por supuesto, la lista de
entidades donde el número de personas pobres es mayoría absoluta es más extensa
y habría que mencionar también a Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala
y Zacatecas.
Veamos algunos ejemplos en ambos
extremos: en Baja California la población
con ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza representaba el 36.6%
en 2018 pero en Chiapas abarcaba al 81.4%. Además, la desigualdad se ha profundizado:
en Nuevo León este mismo sector de la población pobre pasó de 35.8 a 27.7% del
total, mientras que en Veracruz aumentó de 57.4 a 74%.
Otros datos: en las entidades donde
los indicadores de ingreso son mejores, la proporción de trabajadores
asalariados tiene, en su mayoría, un contrato de trabajo. Así, para seguir con
los mismos ejemplos, en 2018, en Baja California, el 61% tenía un contrato y el
39% no lo tenía; en Nuevo León, los porcentajes eran del 64 y el 36%. Por su
parte, en Chiapas, el 27% tenía contrato y el 73% no, y en Veracruz, los
indicadores fueron el 32 y el 68% respectivamente.
En Guerrero, las cifras son similares
a las de las entidades menos favorecidas: el 72.5% de la población tenía, en 2018,
ingresos inferiores a la línea de pobreza o era vulnerable por ingresos.
Situación que no cambió en los últimos diez años. La carencia de seguridad
social alcanzó a 76%. Los trabajadores
subordinados con contrato representaron el 31% y sin contrato el 69%.
Las entidades relativamente más
prósperas seguramente lo son porque ahí se encuentran localizadas muchas
empresas manufactureras de exportación y se concentra el empleo industrial, pero
tampoco aquí hubo un progreso sustantivo. Por ejemplo, en Aguascalientes la
carencia de seguridad social afectaba al 42%, en Baja California al 45% de la
población, y en Chihuahua al 42% en 2018.
Podemos afirmar entonces que la
pobreza y la desigualdad están estrechamente relacionados con el trabajo. Los
menores niveles de indigencia están ligados a una mayor protección de la
seguridad social y a la existencia de contratos. Y donde hay más pobres existe
mayor vulnerabilidad debido a la carencia de seguridad social y de trabajadores
contratados. La desigualdad regional se está profundizando, sobre todo en
materia de ingresos recibidos por trabajo, lo que se refleja en bajos niveles
de contratación. Y aún en las regiones más prósperas los avance en los últimos
años han sido muy graduales. Aunque en menor medida, aún subsiste una porción
muy grande de ocupaciones informales.
En una palabra, el problema central reside
en la mala calidad y ausencia de trabajos bien remunerados y protegidos. Lo
demás es relativamente accesorio, aunque no carezca de importancia.
Se necesitan entonces más y mejores
niveles de ocupación. Y para ello, un mayor crecimiento económico acompañado de
una expansión de la seguridad social y de la contratación (sobre todo
colectiva), apoyado en un esquema de desarrollo que fomente el crecimiento de
los salarios y la reversión de la brecha regional. Lo anterior podría también
señalar las prioridades de las políticas gubernamentales: el fomento al
desarrollo, sobre todo en las regiones más atrasadas, acompañado de un
fortalecimiento de las instituciones de seguridad social y una política laboral
que aliente la sindicalización y la contratación colectiva.
Probablemente lo anterior suene a algunos
muy conocido. Pero es el caso que no ha faltado quien opine, después de conocer
los informes de INEGI y CONEVAL que, a pesar de todo, vamos avanzando y que hay
que seguir por el mismo camino. O que lo prioritario son los subsidios a los
pobres, no la calidad y cantidad de los empleos.
saulescobar.blogspot.com
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