Saúl Escobar Toledo
Entre el 30 de noviembre y el 15 de
diciembre se suscitaron un conjunto de acontecimientos muy lamentables. Estos
días serán recordados como uno de los
momentos más oscuros de nuestra vida política. En primer lugar, se aprobó la Ley de Seguridad Interior (LSI).
El asunto suscitó un amplio rechazo de los organismos internacionales (la ONU y
la OEA), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de
Acceso a la Información (INAI) y de consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE). A ello se sumaron los
rectores de la UNAM, de Guadalajara y la Ibero; un amplio conjunto de
especialistas en derecho internacional; y una gran diversidad de grupos y organizaciones sociales. Sus razones
han sido ampliamente difundidas. Quizás valga reiterar solamente dos cosas: se
otorga un mayor poder a las fuerzas armadas y se dispone una centralización del mando en las tareas de
seguridad pública. Todo ello en perjuicio de la defensa de los derechos humanos
y por lo tanto de las garantías elementales de los ciudadanos para evitar ser
atropellados por policías y ejércitos.
Habrá que reflexionar sobre las razones que
llevaron al gobierno a ignorar todas estas protestas. Parecería que se trata de
asegurar la continuidad de una estrategia más allá del fin del sexenio e
imponerla a la siguiente administración, gane quien gane. Una estrategia que ha probado ser un fracaso
para detener la violencia, los delitos de alto impacto, los asesinatos
políticos, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales y los actos de
tortura por parte de las fuerzas del Estado. Sin embargo, para los promotores
de la LSI, es la única vía para garantizar “la supervivencia de las
instituciones de la República y el orden constitucional” como afirmó el General
Alejandro Ramos, el vocero principal, en el Congreso, del ordenamiento
finalmente aprobado. Lo que significa que, desde su punto de vista, la guerra es inevitable y durará todavía
mucho tiempo.
Otra mala noticia se produjo en estos días.
El 7 de diciembre, en el senado de la República, dos legisladores del PRI,
Tereso Medina e Isaías Gonzáles, presentaron un proyecto de reformas a la Ley
Federal del Trabajo que incluye la creación del Instituto de Conciliación y
Registro Laborales. En dicha iniciativa,
se pretende autorizar la subcontratación sin más condiciones que el
registro del trabajador en el Seguro Social, abrogando las condiciones
señaladas en la ley vigente, a pesar de
que es ampliamente reconocido que este tipo de contratos causan graves
perjuicios a los asalariados y permite el incumplimiento de las
responsabilidades legales del patrón.
Igualmente, se propone que el Instituto
quede a cargo de un Consejo Técnico compuesto mayoritariamente por
representantes patronales y de las
organizaciones sindicales, todos ellos
con voz y voto. De esta manera, el nuevo organismo, que debería gozar de
plena autonomía, caería bajo el control
de los empleadores y los dirigentes sindicales corruptos y antidemocráticos
escogidos por el gobierno. Hay que
subrayar que el Instituto debe ser el
encargado de otorgar los registros y tomas de nota de las directivas
sindicales. Si la iniciativa es aceptada,
se fomentarán los sindicatos fantasmas y
los contratos de protección.
También se intenta desaparecer la obligación de realizar una consulta
previa a los trabajadores, mediante voto secreto, para la firma de un contrato
colectivo, como lo señala la Constitución. Ello dejaría al patrón con las manos
libres para escoger al sindicato que le parezca y poner obstáculos insalvables
para aquellos gremios que surjan de la voluntad libre de los trabajadores. De esta manera, el empleador podría “pactar”
las prestaciones y salarios a su plena conveniencia.
Frente a ello, el Observatorio Laboral,
integrado por abogados, representaciones de sindicatos independientes,
académicos, y organizaciones sociales, ha manifestado su rechazo a la iniciativa
presentada por el PRI y exige un debate abierto, con el propósito de que las
reformas a la Ley resulten congruentes con los principios establecidos en la
reforma del 123 constitucional. También
propone la ratificación inmediata del Convenio 98 de la OIT con el fin
de impulsar una negociación colectiva auténtica, con sindicatos representativos
y bajo condiciones que garanticen el pleno respeto a las decisiones de los
trabajadores.
Afortunadamente la reforma iniciada por el
PRI se detuvo, por lo menos este fin de
año, y legisladores del PT, PRD y MORENA se han comprometido a unir esfuerzos
para que se deseche completamente. La amenaza, sin embargo, sigue latente. Y
con ello la posibilidad de que prospere “la peor reforma laboral de las últimas
décadas para favorecer a los grandes empresarios extranjeros y nacionales”, según
afirmaron dirigentes obreros que forman parte del sindicalismo independiente.
Esta quincena tampoco fue alentadora si
atendemos el inicio, el 14 de diciembre, de las “precampañas” de los candidatos que contendrán en las
elecciones presidenciales del próximo año. Por un lado, se confirmó que Meade,
representante del PRI, tiene como objetivo la continuidad del desastre actual
bajo las mismas políticas que han dañado tanto a nuestro país. A este personaje
podría llamársele “el mudo”, pues hasta ahora en sus discursos y
pronunciamientos no ha dicho nada. Ninguna propuesta, ni siquiera una frase que
resulte distintiva de lo que quiere hacer si resulta electo, o que pudiera atraerle votantes.
Por otro lado, también se ratificó la
desaparición del PRD como opción de izquierda, apoyando alegremente la
candidatura de Ricardo Anaya para la presidencia de la República. Así, la
orientación y conducción de la campaña
quedará en manos del representante del PAN, el partido histórico de la derecha
mexicana. Hasta ahora, este personaje ha
tratado de destacar frente a sus adversarios criticando la actuación de Fox y
Calderón. Curiosamente, intenta aparecer
como una opción más hacia la izquierda de lo que ha sido la tradición doctrinaria y política de su
partido. Se trata de una impostura arriesgada ya que puede alejar a los
votantes duros del PAN, conservadores y reacios a medidas que ellos mismos han llamados populistas como
la renta básica universal. Y tampoco convencería a los electores de la
izquierda que desconfiarán naturalmente de un candidato que hasta hace unos
días se preciaba de apoyar las reformas estructurales y encarnar la doctrina de
su partido.
Pero quizás la mayor sorpresa vino de
MORENA, partido que anunció una alianza con el Partido Encuentro Social, el 13
de diciembre. Esta organización política representa la ultra derecha en el
espectro ideológico del país. Un partido que ha apoyado todas las reformas
“estructurales” del PRI y del PAN, la última, por cierto, la Ley de Seguridad
Interior. Y que obviamente choca con muchos puntos del ideario de las
izquierdas y los grupos progresistas mexicanos. La coalición responde, quiero
pensarlo así, a una maniobra pragmática
de ambos lados: sumar votos sin importar las diferencias y contradicciones.
Peor sería suponer que existen afinidades políticas o ideológicas.
Casi al mismo tiempo, además, el jueves 14,
López Obrador dio a conocer su gabinete presidencial. Desde luego hay personas
de gran mérito, pero algunos casos han llamado la atención: Esteban Moctezuma
en Educación; y Víctor Villalobos en Agricultura. El primero ha apoyado siempre
la reforma educativa de Peña Nieto y a
la dirección del SNTE; el segundo ha sido denunciado por Greenpeace y diversos
grupos ecologistas y campesinos por sus ligas con Monsanto, la gran
empresa multinacional, y su apoyo
decidido, algunos agregan ilegal (como funcionario de SAGARPA), al uso de transgénicos.
Con estas decisiones, MORENA se aleja de
activistas, organizaciones y posibles electores simpatizantes de la comunidad
LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e
intersexuales); de las feministas comprometidas con los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; de la
disidencia magisterial agrupada en la CNTE; y de los defensores del medio
ambiente. Si estas comunidades, entre
otras, no se ven representadas políticamente podrían optar por la abstención y
la distancia entre la sociedad y los partidos se ahondaría aún más.
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