El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.

El proyecto económico del gobierno: mantener la ruta original en un mundo que ya cambió.

Saúl Escobar Toledo

Este año, la economía mundial sufrirá una severa contracción como resultado del freno de diversas actividades económicas y la pérdida de ingresos de muchos trabajadores. Tal es el diagnóstico que comparten académicos y especialistas críticos y partidarios de la globalización neoliberal; organismos multilaterales con una orientación más progresista (como la UNCTAD) o tradicionalmente conservadora (como el FMI); y organismos privados y públicos.

Por ello, desde hace unas semanas se han anunciado paquetes de estímulos económicos de una escala sin precedentes en diversos países desarrollados y en China. Es el caso de Australia, que anunció un paquete equivalente a casi diez puntos porcentuales del PIB para los próximos cuatro años; Canadá (6% del PIB); Alemania (4.5%); y Estados Unidos con un combo que representa más del 10% de su producto interno bruto.

Todo ello, advierte por ejemplo la UNCTAD, no impedirá la recesión mundial, pero hay la esperanza de que evite una larga depresión. En el caso de los países en desarrollo, sin embargo, las cosas pueden ser más complicadas porque enfrentan diversas presiones que les impiden llevar a cabo paquetes de estímulos de gran escala:  salida de divisas, devaluaciones y los desequilibrios de la balanza de pagos. El FMI reconoce, incluso, que las economías emergentes que enfrenten la fuga de capitales “necesitarán donaciones y financiamiento de la comunidad internacional” y, si es necesario, “aplicar controles de capitales”.  Éste es el panorama internacional. En cuanto a las medidas internas, se ha señalado que cada país necesitará, por lo menos:

1) comprometer todos los recursos necesarios para combatir la pandemia: según el FMI podrían ser necesarias incluso acciones “intrusivas” por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, celebrando contratos públicos para la compra de insumos esenciales y productos finales, y  la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas.

2) Proporcionar suficientes haberes a las personas afectadas por la crisis. Los hogares que pierdan parte de sus ingresos debido al confinamiento en los hogares  y al paro técnico provocado por la caída del comercio internacional, necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente mantenga sus empleos (y sus salarios y prestaciones). Los apoyos por desempleo (en caso de que exista un seguro de desempleo) deben ampliarse y extenderse. Es necesario también que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes.

3) Los gobiernos deben proporcionar un apoyo especial a las empresas privadas, incluyendo el aplazamiento del pago de impuestos; subsidios para mantener el empleo; y programas de préstamos y garantías por la banca privada y pública. Estos apoyos deberán concentrarse en las micros y pequeñas empresas.

En una palabra, hay que garantizar que las redes económicas y comerciales se preserven y que la disminución de los ingresos de los hogares sea la menor posible, pues de ello dependerá que la recuperación tarde menos y la pobreza no se extienda tanto. En términos más técnicos, evitar un shock tanto del lado de la demanda como de la oferta.

Hay que subrayar el cambio de paradigma que todo esto supone: una mayor intervención del sector público especialmente mientras persistan las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. Ello podría incluir niveles de deuda pública más altos e incluso nuevas empresas y ramas productivas bajo control público. Es la hora del control del Estado sobre el mercado.

En el caso de los países en desarrollo, a pesar de las dificultades y riesgos por su exposición financiera, algunos gobiernos han tomado ya medidas desde el mes pasado:

Argentina, por ejemplo, desde el 23 de marzo anunció un paquete que equivale al  2% del PIB.  En Brasil las autoridades anunciaron una serie de disposiciones que representan el  3.5%. El gobierno de Chile por su parte presentó un conjunto de medidas de alrededor de 4.7% del PIB. Perú anunció un paquete de 12% (habrá que comprobar su implementación).

En México, el pasado domingo 5 de abril, el presidente López Obrador anunció una serie de medidas económicas que suman cerca de 400 mmdp, es decir, alrededor de 1.6% del PIB.  Algunos rubros ya estaban contemplados en el presupuesto. Otra parte representa créditos cuyo impacto tomará un tiempo que hoy no se puede precisar debido a que no sabemos cuándo remitirá la pandemia, como es el caso de la vivienda. Lo mismo puede decirse del número de empleos anunciados como resultado de la inversión pública.

Comparado con otros países que, incluso atraviesan por situaciones más problemáticas, el esfuerzo se ve más modesto. Faltan, además, algunas cosas:

Apoyo a trabajadores y hogares: un seguro de desempleo que tendría que ser legislado de inmediato o en su defecto apoyos en efectivo a las personas asalariadas despedidas o en paro técnico, y a trabajadores por su cuenta especialmente del sector informal.

Apoyos a PYMES: no sólo créditos directos, también aplazamientos y exenciones de impuestos y cuotas a la seguridad social.  

Para evaluar el tamaño del esfuerzo que se requiere debemos tomar en cuenta el universo de trabajadores asalariados más vulnerables y las microempresas existentes en México. En el primer caso tenemos, en número redondos de manera gruesa, y sin mucho rigor en el conteo, alrededor de 15 millones (un 28% de la población total ocupada) de trabajadores que están en peligro de sufrir una reducción prolongada de sus ingresos (desempleados, subcontratados, propineros, trabajadores informales por cuenta propia, etc). Para estos 15 millones, es indispensable llevar a cabo un programa especial consistente en otorgar transferencias directas, por ejemplo un salario mínimo diarios por tres meses. Ello equivaldría a 166 mil millones de pesos (0.7% del PIB).

Por otra parte, los micronegocios que trabajan con hasta 10 personas representan el 95% de todos los establecimientos y emplean al 38% del total de personas. Es decir, estamos hablando de alrededor de 5 millones 900 mil microempresas  que dan sustento a 13.3 millones de personas.

Para este universo, el programa anunciado por el presidente prevé 3.4 mmdp, es decir, teóricamente, unos 576 pesos por establecimiento. Si lo multiplicáramos por 10, para poder otorgar 5 760 pesos por cada changarro, ello daría un total de 34 mil mmdp, es decir un 0.14% del PIB

En total, los dos programas representarían una cantidad equivalente al 0.8-0.9% del PIB, unos 200 mil millones de pesos adicionales. Sumado a lo que se anunció el domingo, el total aumentaría a 2.5% del PIB.

Para financiarlo se requeriría más o menos lo que la Secretaría de Hacienda señaló en los llamados pre-criterios 2021 entregados al Congreso de la Unión por mandato legal hace unos días, pues consideraba que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascenderían a 4.4% del PIB (contra 2.6% originalmente aprobado). Sin embargo, el presidente no estuvo de acuerdo con estas propuestas.

Puede decirse entonces que el programa anunciado el domingo no se basó en la idea de la UNCTAD de hacer todo lo que se tenga que hacer, sino en otra estrategia: hagamos lo que podamos con lo que hay a la mano.

Esta estrategia no corresponde a la sanitaria, pues en este caso las autoridades del sector salud advirtieron desde el principio que, dado que la pandemia pegará al país, ineludiblemente, en forma drástica, en un futuro cercano (la llamada fase tres), había que prepararse con suficiente anticipación con medidas severas de confinamiento y suspensión de actividades (aplicadas desde el 24 de marzo).

En materia económica se ha elegido otra ruta: mantener, en lo fundamental, el proyecto original; adoptar un escenario más optimista; y llevar a cabo, en el mejor de los casos, una actuación postcrisis. Pronto veremos cuáles son los resultados de ambas estrategias.

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La política económica frente a la pandemia: apuntes iniciales

Un apunte sobre la política económica frente a la pandemia

Saúl Escobar Toledo 

La propagación del coronavirus representa en primer lugar una amenaza sanitaria pero también un riesgo económico. La UNCTAD, el organismo más importante de la ONU para el desarrollo ha anunciado que los efectos del Covid 19 desatarán una recesión en algunos países y un menor crecimiento en otros. La duración y la profundidad de la crisis dependerán de la gravedad del contagio pero, asimismo, de la eficacia de las políticas públicas. La caída de la producción puede tener la forma de una V, es decir, de corta duración. O puede tener la forma de una U, lo que significaría una recesión más prolongada.

Para diseñar una política económica adecuada, la UNCTAD considera que es necesario tomar en cuenta los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero.

En el primer caso, las reclusiones y aislamientos de las personas están provocando un menor consumo sobre todo en el sector servicios: turismo, restaurantes, etc. En el lado de la oferta, la suspensión de actividades y el ausentismo forzado en algunas ramas manufactureras en las localidades más contaminadas por el virus tendrán efectos a nivel global. La caída de exportaciones de bienes finales y de materias primas y otros insumos, afectarán a las empresas y el empleo en varias partes del mundo. En cuanto al sector financiero, el principal problema es el endeudamiento público y corporativo en muchos países, y un sistema dedicado a la especulación y la evasión fiscal.

La respuesta apropiada tiene que atender estos canales. Los gobiernos deben aumentar su gasto, comprando bienes esenciales para combatir la enfermedad e invirtiendo en otros rubros como la industria de la construcción, pero también realizando transferencias directas en efectivo a la población más necesitada.

Resulta fundamental tomar en cuenta que, en estos momentos, a pesar de los problemas del lado de la oferta, se requiere sostener la demanda, aunque para ello los gobiernos tengan que recurrir a un mayor endeudamiento. En cambio, la UNCTAD no recomienda llevar a cabo rescates o transferencias directas a las empresas.

Por otro lado, será necesario facilitar el otorgamiento de créditos directos a la producción sobre todo mediante los bancos de desarrollo. Instituciones multilaterales como el FMI deben ofrecer, igualmente, mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada.

Dicho en otras palabras, las políticas económicas aplicables deben partir del reconocimiento de que la pandemia está agravando otra enfermedad mayor de nuestro tiempo: la creciente y excesiva desigualdad económica y social.

Por ello, será necesario ayudar primero a las personas más vulnerables al virus y a la recesión productiva. Desde una óptica laboral, de cara a la emergencia, se pude partir  del esquema de Milanovic y tomar en cuenta cinco grupos de trabajadores: a) doctores y personal médico; b) empleados formales  en el  sector servicios  (sobre todo en el  comercio de bienes de consumo); c) obreros industriales y trabajadores rurales; d) profesionales y personas que pueden laborar  a distancia (desde su casa); y e) trabajadores informales por su cuenta de todo tipo, principalmente aquellos que se verán afectados por la caída del consumo.

El problema es que, para evitar contagios, los trabajadores deberían laborar menos tiempo o de plano irse a sus casas y recluirse. Sin embargo, en el caso de a), ello sería catastrófico; en lo que toca a b), su ausencia puede generar un desabasto de alimentos y bienes esenciales; si los empleados de c) faltan a sus labores ello puede repercutir en una menor demanda y oferta de bienes; y en referencia a e), la falta de ingresos puede conducirlos a buscar otras fuentes igualmente peligrosas desde el punto de vista sanitario o ser víctimas de una grave crisis social. Los únicos que no se verán afectados sensiblemente son los d).

Por ello, es indispensable buscar un equilibrio entre mantener activos a algunos trabajadores y recluir a otros. No se puede ni mandar a todos a su casa ni dejar que las cosas funcionen como si nada pasara. Hay que tratar de mantener la actividad económica, aunque desde luego a un menor ritmo, tanto como sea posible.

La cuestión radica entonces en explorar si se puede lograr un mejor equilibrio entre reclusión y trabajo, entre mantener una parte de la actividad económica y combatir la propagación del virus.   

Según algunos especialistas, como Wan Manan y Nazihah Noor, expertos en salud pública, la experiencia de Corea del Sur (y de Japón y Taiwán) mostraría que se puede controlar el Covid-19 (la tasa de mortalidad aquí ha sido menor al 1%) y al mismo tiempo evitar la asfixia de las actividades económicas y sociales. Las autoridades de ese país alegan haber adoptado un modelo diferente al del occidente, basado, por un lado, en restringir reuniones masivas y cerrar escuelas pero, además,  en cuidar selectivamente a la población en mayor riesgo y promover mecanismos de diagnóstico temprano y eficiente, lo que requiere la participación de las personas y las familias (no sólo del gobierno). La respuesta de estos países en materia económica sugiere también la necesidad de un estado fuerte que actúe con decisión para reasignar recursos y mano de obra, de tal manera que las empresas produzcan lo que más se necesita en estos momentos. Con base en la experiencia asiática, recomiendan a los gobiernos considerar diversas opciones y actuar con prudencia, no bajo la presión del pánico. De esta manera, señalan, se podría evitar que las medidas sanitarias y sus consecuencias económicas afecten a más personas que la propagación del virus

Podemos entonces sacar algunas conclusiones para el caso de México. Se requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva. Para ello, el gobierno debe aumentar su gasto corriente y sus inversiones en infraestructura en el sector salud y en aquellas ramas productivas que considere necesarias. Adicionalmente, elevar las transferencias directas de efectivo a la población más vulnerable: adultos mayores y trabajadores sin protección social. En materia de política fiscal, hay que subrayar que México tiene un nivel de deuda menor que otros países, por lo que hay que olvidarse de los parámetros previstos antes de la epidemia. Desde luego dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%, reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento. También habría que pensar en una reducción del IVA. El crédito a las empresas por parte de la banca de desarrollo deberá aumentarse de manera programada sobre todo en la medida en que la enfermedad vaya cediendo.

En materia laboral, habrá que hacer nuevas contrataciones para el sector salud (que no requieran una capacitación prolongada) y fortalecer la seguridad de sus condiciones de trabajo; proteger con medidas sanitarias a los trabajadores del sector servicios, sobre todo de distribución, comercialización  y venta de productos alimenticios y de consumo final más indispensables, y tratar de evitar despidos o vacaciones forzosas no pagadas;  garantizar la estabilidad laboral de los obreros  de las manufacturas (y la agricultura),  y los pagos correspondientes por enfermedades y paros técnicos. Un caso aparte son las personas que trabajan por su cuenta en la informalidad, a los cuales se le debe garantizar su atención médica gratuita, ayudarlos a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias en efectivo focalizadas).

Llevar a cabo acciones que aminoren la caída económica y al mismo tiempo eviten los contagios del virus, requiere la confianza de la ciudadanía en sí misma, en las instituciones y en la información de fuentes confiables.

La capacidad del gobierno para atender todos estos rubros será (siempre lo es) limitada. La clave del éxito no reside en la escasez sino en la capacidad del gobierno y del estado mexicano para actuar con habilidad, conocimiento y decisión. Y en la solidaridad de los ciudadanos para no sólo ver por sí mismos sino también por los más necesitados.

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Los orígenes del 8M, el Día Internacional de la Mujer: la verdadera historia

Los orígenes del 8M: la verdadera historia

Saúl Escobar Toledo

Según las fuentes históricas disponibles, todo empezó en 1908 cuando el Partido Socialista de los Estados Unidos propuso a su Comité Nacional de Mujeres hacer campaña por el sufragio y organizar diversas movilizaciones para exigir ese derecho, aún inexistente por aquel entonces, pues la reforma constitucional se logró hasta 1920.   Con ese propósito, la sociedad de mujeres de la Ciudad de Nueva York celebró una reunión masiva el 8 de marzo de ese año.

Por su parte, el Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección (ILGWU por sus siglas en inglés) había venido desatando una ola de huelgas desde finales del siglo XIX en esa misma ciudad ya que era uno de los centros de confección de ropa más importante de Estados Unidos. Nueva York era entonces un agitado punto de encuentro de diversos movimientos.

En 1909, las socialistas estadounidenses celebraron otro mitin muy concurrido en esa ciudad el 23 de febrero y declararon que, a partir de entonces, el último domingo de febrero celebrarían el Día Nacional de la Mujer.

Los partidos socialdemócratas europeos supieron del éxito de la iniciativa de las estadounidenses y en su Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en 1910 en Copenhague, discutieron el asunto. La delegada por Alemania, Luise Zietz propuso que la Conferencia proclamara un “Día Internacional de la Mujer” que se celebraría anualmente. Clara Zetkin, una de las dirigentes más importantes de la socialdemocracia europea apoyó la propuesta y la Conferencia la aprobó por unanimidad.

Clara era una de las dirigentes del movimiento de mujeres más destacada en Europa. Desde 1894 tenía a su cargo la revista Die Gleichheit (La Igualdad) que había fundado para que la socialdemocracia alemana tuviera un órgano de expresión sobre estos temas y   discutiera con otras corrientes feministas. Luego, ella misma se encargó de organizar las conferencias de mujeres de su partido y posteriormente las Conferencias Internacionales.

Todas estas actividades estaban destinadas a los partidos socialistas, a las organizaciones de mujeres y a las asociaciones de trabajadoras que “respaldan la lucha de clases”. Para Clara y las dirigentes socialdemócratas, “el feminismo burgués y el movimiento de las mujeres proletarias (eran) dos tendencias completamente diferentes”.

La resolución que fue adoptada en Copenhague decía textualmente:

“Las mujeres socialistas de todas las nacionalidades tienen que organizar un Día de la Mujer (Frauentag) en el que se debe, sobre todo, promover la propaganda por el sufragio femenino. Esta demanda debe discutirse ligada a la problemática de la mujer en su conjunto, de acuerdo con la concepción socialista”.

No se propuso, entonces, una fecha precisa y más bien se afirmó el objetivo central del movimiento: el derecho al voto. Lo que si es evidente es que las europeas tenían en mente vincular esta demanda con los postulados del socialismo y que veían a las trabajadoras como la vanguardia de ese movimiento.

Con base en esta resolución, decidieron movilizarse el 18 de marzo de 1911 debido a que ese día se recordaba el 40 aniversario de la Comuna de París. Uno de los eventos más importantes tuvo lugar en Viena. La manifestación en la capital de Austria se llenó de banderas rojas y pancartas que exigían las principales demandas femeninas por la igualdad. 

Por su parte, las mujeres socialistas de EU siguieron celebrando el Día de la Mujer en febrero. En 1911, se reunieron el día 25 porque era sábado. Sin embargo, también se unieron a la proclama de Copenhague para la celebración de un día internacional de la mujer.

Un mes después de esta reunión, el 25 de marzo de 1911 ocurrió el incendio de la fábrica de ropa Triangle Shirtwaist Factory, ubicada en el vecindario Greenwich Village de Manhattan, Nueva York. Fue el desastre industrial más mortífero en la historia de la ciudad y uno de los más terribles en la historia de los Estados Unidos.  El incendio causó la muerte de 146 trabajadores de la confección, 123 mujeres y niñas y 23 hombres que murieron a causa del fuego, inhalación de humo o saltos mortales, pues las puertas de la fábrica habían sido cerradas con candados. La mayoría de las víctimas fueron inmigrantes italianas y judías recién llegadas y en su mayoría muy jóvenes:  de entre 14 a 23 años.

La coincidencia entre las movilizaciones obreras, el incendio de la fábrica en Nueva York, las manifestaciones por el sufragio en Estados Unidos, y la decisión de la Conferencia de Copenhague, alentaron la lucha de las mujeres. Aunque no hay datos que nos permitan asegurar que todos estos movimientos estaban coordinados o tenían lazos orgánicos, sin duda confirmaron la idea de que las mujeres sufrían de una discriminación inadmisible en la vida política y en las relaciones laborales.

En los años posteriores, el movimiento de las mujeres, sobre todo en Europa, fue interrumpido por la Gran Guerra. Este terrible acontecimiento, además, dividió a la socialdemocracia europea. Algunos partidos se quedaron en la II Internacional mientras que otros rompieron definitivamente y decidieron emprender su propio camino.

Uno de estos últimos fue el partido bolchevique. A principios de 1917, tuvo lugar una gran movilización de mujeres organizada principalmente por esa fracción del partido socialdemócrata ruso.  Por razones seguramente ligadas a la situación imperante, pues la carestía se había disparado y faltaba comida en todos lados debido a la guerra en curso, la manifestación fue convocada el 23 de febrero (según el calendario gregoriano), es decir, 8 de marzo en Occidente. 

La manifestación fue disuelta a balazos y  se convirtió en una insurrección que continuó varios días después. Fue el inicio de la llamada Revolución de Febrero que llevó a la abdicación del Zar y a una nueva etapa que culminaría en octubre con la toma del poder por parte de los bolcheviques.

Los acontecimientos en Rusia sirvieron para que definitivamente se adoptara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en Europa y luego en América y el resto del mundo.

En junio de 1921, una vez que había triunfado la revolución y que ésta había reagrupado a todos los partidos disidentes de la II Internacional, en una nueva organización, la Internacional Comunista, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Mundial de Mujeres en Moscú. La presidenta de la reunión fue Clara Zetkin, quien ya había roto también con la socialdemocracia alemana y se había pasado al lado de los partidos comunistas.  En sus resolutivos se proclamó que el Día Internacional de la Mujer se celebraría en todo el mundo el 8 de marzo, en buena medida debido al recuerdo y el ejemplo de la lucha de las mujeres en la Revolución de Febrero.

Como puede verse, el 8M tuvo diversas influencias: la lucha por el sufragio femenino, pero también un activismo ligado a la lucha socialista y obrera. Aunque la idea original surgió en Nueva York, pronto fue adoptada por las socialistas europeas y luego por las mujeres rusas. Durante el siglo XX, otras corrientes feministas que no se identificaban con el socialismo,  con las comunistas o las luchas obreras, intentaron organizar eventos en otras fechas En México, por ejemplo, se tienen noticias de que en 1961,  Amalia de Castillo Ledón (miembro del PRI y conocida por haber abanderado  el reconocimiento del derecho al voto femenino) y la dramaturga Maruxa Villalta, convocaron a varias mujeres destacadas con el objetivo de establecer el 15 de febrero como el Día de la Mujer Mexicana. No tuvo mayor resonancia. En cambio, las Naciones Unidas adoptarían en 1975, el 8 de marzo, como la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer. Y es que, a pesar de los intentos de convertir el 8M en un día de felicitaciones y ramos de rosas,  se ha impuesto su espíritu original, un día de lucha por la igualdad. Lo acabamos de ver en México y muchas otras partes del mundo. 

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La CTM: la disputa por la historia

La CTM: la disputa por la historia

Saúl Escobar Toledo

El domingo pasado, el presidente de la república acudió a un acto masivo en la Ciudad de México en ocasión del 84 aniversario de la fundación de la CTM. En los discursos tanto del secretario general de esa organización como del primer mandatario se hicieron varias referencias a la historia y en particular al presidente Lázaro Cárdenas.

Quizás muchos lectores de El Sur no recuerden con precisión los hechos de aquel entonces y no comprendan cabalmente la relación del mandatario michoacano que gobernó el país entre 1934 y 1940 con la lucha sindical. Vale la pena entonces recordar que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) fue en realidad el momento culminante de un proceso de unificación que se había iniciado varios años antes. Diversas organizaciones jugaron un papel muy importante en este proceso. En primer lugar, la Confederación Sindical Unitaria de México (CSUM), una agrupación fundada por activistas sindicales, miembros del Partido Comunista, que logró reunir a un número significativo de sindicatos a fines de los años veinte. Poco tiempo después, surgiría la Confederación General del Obreros y Campesinos (CGOCM) dirigida por Vicente Lombardo Toledano. El movimiento sindical iniciaba una profunda reorganización después de varios años de sufrir el control hegemónico de la CROM (Confederación Regional de Obreros Mexicanos), organización que, con el apoyo del gobierno callista (1924-1928), había logrado desplazar a otras corrientes obreras por medio de la violencia y la ayuda oficial. Recordemos que su principal líder, Morones, había sido Secretario de Industria, Comercio y Trabajo.

Tanto la CSUM como la CGOM, junto con los nacientes sindicatos de industria como los ferrocarrileros, se propusieron la formación de un movimiento obrero independiente ajeno a “toda colaboración y sometimiento al Estado”. Durante los primeros años de la década de los treinta, se llevaron a cabo paros y manifestaciones para lograr el reconocimiento de los contratos colectivos. Así, por ejemplo, en 1934, antes de las elecciones presidenciales, se organizaron dos huelgas generales.

Cuando el general Cárdenas tomo posesión de su cargo, el sindicalismo se había convertido en “la fuerza política y social más importante del país”, según algunos historiadores. El presidente, por su parte, decidió acercarse al movimiento desde el principio de su administración. En 1935, cuando se produjo la ruptura con Calles, las organizaciones obreras decidieron apresurar su unificación. La CGOCM, la CSUM, los sindicatos nacionales de industria más importantes, ferrocarrileros, mineros y electricistas, entre otros, firmaron un pacto de unidad que dio lugar a la creación del Comité de Defensa Proletaria. Las huelgas se multiplicaron a fines de ese año y principios de 1936 abarcando diversas ramas industriales de gran importancia económica. Destacó, en ese momento, el caso de Vidriera Monterrey pues ante las quejas patronales, Cárdenas defendió sin ambigüedades a los trabajadores e incluso la participación de los comunistas en el conflicto y condenó severamente las amenazas de los empresarios regiomontanos.

En estas condiciones, a fines de febrero de 1936 se llevó a cabo al Congreso Nacional de Unificación Obrera y Campesina, convocado por el CNDP, del que surgiría la CTM. Según algunas fuentes, se logró reunir a representantes de 2 800 sindicatos tanto los más pequeños como los grandes sindicatos nacionales de industria recién creados. Una fuerza muy considerable.

El Congreso de 1936 culminó aprobando una resolución en la que se reiteraba la independencia de la organización respecto del poder público y se llamaba a la unidad con el movimiento campesino.  El objetivo, afirmaron, era la formación de un Frente Popular Antiimperialista para luchar por la “emancipación y la verdadera autonomía de la nación mexicana”.

La creación de la CTM dio un mayor impulso a la movilización de los trabajadores. Varias huelgas estallaron.  Una de las más importantes fue la ferrocarrilera que tuvo lugar en mayo. Menos de un mes después ocurrió la huelga de los electricistas que se prolongaría por diez días paralizando la mayoría de las actividades económicas de la Ciudad de México y algunas otras regiones cercanas. En noviembre, el recién constituido sindicato nacional petrolero emplazó a huelga por firma de contrato colectivo. La huelga estallaría en mayo de 1937 y, como se sabe, se resolvería en marzo de 1938 con la expropiación petrolera decretada por el presidente Cárdenas.

Valga este recuento histórico para subrayar que la CTM no fue resultado de una decisión de gobierno, aunque las políticas impulsadas por el mandatario crearon un ambiente favorable para ello. Dicha organización fue posible gracias a una estrategia de movilización desatada con plena independencia del poder público y del partido en el poder (el flamante PNR). Fue, por ello, una de las etapas históricas más sobresalientes del movimiento obrero mexicano.

Después, las cosas cambiaron y en los años cuarenta tanto los comunistas como el propio Lombardo Toledano y otros dirigentes fueron echados o salieron de la CTM. Un grupo, encabezado, entre otros, por Fidel Velázquez, se apropió de la central y decidió convertirse en aliada del gobierno para combatir a las otras corrientes sindicales. Bajo esa dirigencia y con esas estrategias, la CTM se corrompió y se creó un sistema corporativo muy autoritario.

La CTM que en estos días celebró su aniversario, hace mucho que ha dejado de ser una organización combativa e independiente; tampoco es ya, desde hace décadas, la central favorita del gobierno en turno. Se ha convertido en una administradora de contratos de protección con una afiliación dudosa: seguramente muchos trabajadores forman parte de los sindicatos de la CTM sólo en el papel y ni siquiera saben que pertenecen a esas organizaciones.

Muchas de estas cosas, la participación de los comunistas, el liderazgo de Lombardo, la represión contra la oposición sindical, el corporativismo y la simulación de los contratos colectivos, no salieron a relucir en los discursos del domingo pasado. Era de esperarse, ya que forman parte del pasado vergonzoso que explica la sobrevivencia   de los lideres cetemistas de hoy.

 El presidente López Obrador planteó en dicho acto una agenda laboral que incluyó el fortalecimiento del IMSS, un cambio en las políticas a cargo del INFONAVIT y, lo más destacado, una revisión del sistema de pensiones. A esos puntos habría que agregar otros: el tema de la subcontratación; el sostenimiento de una política salarial progresiva; y la implementación de las reformas a la ley para hacer realidad la democracia sindical y la contratación colectiva.

Puede entenderse la presencia del primer mandatario en el aniversario de la CTM de diversas maneras. Quizás considera que no queda sino arar con los bueyes que hay, no con los que uno quisiera, para echar a andar, con el consenso institucional de las organizaciones patronales y sindicales, nuevas reformas a la ley y políticas distintas en beneficio de los obreros. La agenda laboral, como pude verse, es de una gran relevancia. Ya veremos si la CTM se convierte en un lastre o apoya estos cambios. Y, sobre todo, si pasa la prueba de la democracia bajo las reglas legales apenas aprobadas el año pasado.

Pero la presencia del general Cárdenas en los discursos y la apelación a su legado, nos deben hacer reflexionar sobre ese momento histórico. Una de las cuestiones más relevantes para nuestro presente consistiría en reconocer que un gobierno dispuesto a cambiar al país debe contar con el acompañamiento de las agrupaciones sociales, y que éstas deben mantener su independencia y su propia iniciativa. Tratar de controlarlas o condicionar su participación, sólo puede hacerse por medio de la fuerza, la corrupción y el autoritarismo. La historia de la CTM es un buen ejemplo.

Financiarización

Financiarización          

Saúl Escobar Toledo
 

Bajo esta palabra, difícil de pronunciar en español, se ha traducido el término en inglés “financialization” que alude al poder de los mercados financieros en el mundo, el cual ha crecido verticalmente en las últimas décadas. En la actualidad, estos mercados y sus diversos instrumentos, algunos muy complejos en cualquier idioma (derivados, hedge funds) han tomado una mayor importancia a tal punto que las empresas productivas dedican buena parte de su capital a la especulación financiera en lugar de invertir en nuevas tecnologías, mejores equipos o la contratación de nuevos empleados.

Sorprende que el volumen de capitales que circula por todo el mundo represente varias veces el valor de las transacciones comerciales de mercancías, lo que también indica el alto grado de fianciarización.

Distinguidos economistas (ver por ejemplo J.M. Sundaram en ips.news.net) han coincidido en que la financiarización ha empeorado la desigualdad a través de varios canales, incluidas las políticas macroeconómicas. Tal cosa se puede observar claramente en los países de la OCDE (incluyendo a México): ahora hay una mayor desigualdad de ingresos debido a un marcado estancamiento en los salarios reales.

El problema se ha dado tanto en los países de altos ingresos como en las regiones menos desarrolladas. La financiarización en los países ricos ha transformado la vida cotidiana de mucha gente con más y más novedosos productos  financieros. Algunos de ellos se han vuelto indispensables para hacer frente a las incertidumbres futuras y el deterioro actual de sus ingresos familiares, carencias que ya no son mitigadas por el viejo estado de bienestar.

Aunque la financiarización es menos pronunciada en los países en desarrollo, muchas familias tienen que recurrir a créditos, hipotecas, seguros médicos y de vida, fondos de pensiones, todos ellos ofrecidos por instituciones privadas. Instrumentos que, en muchos casos son muy onerosos y pueden debilitar en lugar de fortalecer su nivel de vida presente y futuro.

En todo el mundo, los mercados financieros   aumentan la desigualdad a través de una mayor concentración de riqueza. Las personas más acaudaladas cuentan con servicios y atenciones especializadas que les permiten el acceso a información y productos de alto rendimiento, aunque muy riesgosos.

La banca privada dedica sus mejores administradores para atender a los clientes más ricos, ofreciendo ganancias de dos dígitos, mientras que la gran mayoría de los depositantes tienen que aceptar tasas de interés muy moderadas bajo esquemas muy comunes (cuentas maestras).

Además, las corporaciones y las personas adineradas utilizan frecuentemente estas ventajas exclusivas para evadir impuestos. Los paraísos o refugios fiscales han crecido notablemente debido a la extensión, sin control, de los mercados financieros con el apoyo de instituciones que gozan de gran prestigio mundial.

Las grandes ganancias de los bancos y las instituciones financiera dieron lugar a una elite o tecnocracia financiera que se enriqueció desaforadamente gracias a la especulación con los dineros de sus clientes. El escándalo fue tal, sobre todo a partir de la crisis mundial de 2008, que varias películas, videos y libros se han publicado sobre este asunto.

Frente a este proceso de financiarización, las instituciones, gobiernos y organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial han propuesto la inclusión financiera. Sin embargo, muchas veces no toman en cuenta la falta de información de las personas frente a la existencia de instrumentos cada vez más complejos. Consideran, erróneamente, que algunas normas regulatorias y la "alfabetización financiera" pueden lograr prácticas menos depredadoras.

Algunos esquemas se han elaborado para llegar a los "no bancarizados", por ejemplo, a través de servicios de microfinanzas, con innovación tecnológica (Fintech). Tales innovaciones han tenido consecuencias distributivas mixtas. En algunos casos las nuevas tecnologías sólo han servido para aumentar las ganancias de los inversionistas a expensas de clientes poco informados. Pero en otros, las innovaciones han ayudado a personas de bajos recursos.

Así, una investigación en curso, a cargo de la Universidad de Hamburgo, Alemania, está indagando sobre los beneficios reales de la inclusión financiera en el mercado de la vivienda en México en sectores de la población de bajos ingresos que no tienen acceso a créditos públicos (INFONAVIT o FOVISSSTE) ni privados, por medio de sistemas de microcréditos. Hasta ahora han comprobado estos resultados mixtos: algunas personas pueden salir beneficiados y otras simplemente se han endeudado más sin resolver sus problemas. La diferencia está en la capacidad de organización de los sujetos de crédito. Un mayor poder de negociación puede aportar mayores beneficios para un número más amplio de personas, o al menos impedir que caigan en las redes de agiotistas o en planes crediticios que los atan por casi toda su vida.

Más allá de este tipo de servicios, todavía excepcionales, lo cierto es que la financiarización se ha traducido principalmente en la intensidad de los flujos de capitales a nivel internacional. Algunos economistas se han mostrado preocupados pues consideran que, aunque la mayoría de los principios del consenso neoliberal (privatización, desregulación, integración comercial, inmigración, disciplina fiscal y la primacía del crecimiento sobre la distribución) están siendo cuestionados, no ha sucedido lo mismo con la globalización financiera.

Estos críticos (ver por ejemplo D. Rodrik en Project-syndicate.org) han advertido que, especialmente los flujos de dinero caliente sin restricciones (inversiones de corto plazo en activos financieros como acciones y fondos de inversión), agrava la inestabilidad macroeconómica, crea las condiciones para las crisis financieras y frena el crecimiento a largo plazo al hacer que las ramas económicas productivas sea menos competitivas.

Si bien el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a permitir ciertas medidas de control de los flujos de capital, aunque sólo como un último recurso temporal para resistir las oleadas cíclicas, el dogma de la globalización financiera permanece intacto. Una razón, tal vez, es que la economía del desarrollo no ha cambiado algunas tesis que atribuyen el atraso de estos países  a la falta de ahorro interno. La consecuencia de este postulado   es que las economías en desarrollo y emergentes están obligadas a atraer recursos del exterior, incluyendo capital privado extranjero especulativo.

Más allá de la ortodoxia teórica, la resistencia a imponer controles a los flujos de capital transfronterizos obedece al poder de los inversionistas. Las élites más acaudaladas, especialmente en América Latina, son firmes defensores de la globalización financiera porque lo han visto como una ruta de escape útil para conservar su riqueza. Por su parte, los administradores de las corporaciones financieras mundiales elaboraron un discurso que equiparó los controles de capital con una expropiación, de tal manera que los gobiernos no han querido ser acusados de violar los sagrados derechos de propiedad.

Recientemente, las restricciones a los flujos financieros han sido menos censuradas, por ejemplo, en el caso de Argentina a finales del año pasado.  No obstante, en el contexto actual de crecimiento anémico crónico y tasas de interés a largo plazo persistentemente bajas, o incluso negativas, en las economías avanzadas, existe el peligro de que los países en desarrollo se vean tentados a buscar un mayor endeudamiento externo. Ese camino puede conducir a una mayor volatilidad, crisis más frecuentes y menos dinamismo económico general.

La crítica al neoliberalismo debe incluir un examen más riguroso de la financiarización, incluyendo la necesidad de aplicar controles de capitales, sobre todo si, como en la actualidad, priva una incertidumbre general y los flujos cambian súbitamente de dirección. México debe tomar en cuenta seriamente este problema y tomar las debidas previsiones. 

saulescobar.blogspot.com

Crecimiento y Desarrollo

Crecimiento y Desarrollo

Saúl Escobar Toledo

Desde la década de los años sesenta, en las escuelas de economía y en una parte de la literatura especializada, se insistía en comprender la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El primer término aludía al aspecto meramente cuantitativo mientras que el segundo se refería a la calidad de la dinámica económica. La crítica más importante que sostenía esta diferenciación se basaba en la idea de que el crecimiento de aquellos años, por cierto muy alto comparado con el presente, estaba basado en un modelo concentrador y excluyente. Este fenómeno -decía por ejemplo Pedro Vuscovic hace cincuenta años- se manifestaba especialmente en las características y las tendencias de la distribución del ingreso (Cf. www.eltrimestreeconomico.com.mx).  El economista chileno, uno de los más importantes representantes de la CEPAL, agregaba que:

“las formas actuales de funcionamiento de los sistemas económicos latinoamericanos no apoyan el concepto de que el crecimiento pudiera llevar más o menos espontáneamente a un mejoramiento en la distribución del ingreso; por el contrario, en condiciones de funcionamiento espontáneo del sistema parecen ser más poderosas las fuerzas concentradoras que los efectos positivos de ciertos cambios en la estructura sectorial de la economía”

Por ello, consideraba necesario “un cambio sustancial del esquema de crecimiento, la definición de una nueva estrategia de desarrollo, con todo lo que ello supone en términos de factores favorables y obstáculos, así como de requisitos y consecuencias políticas… una nueva estrategia que podría caracterizarse como un esfuerzo para provocar modificaciones drásticas en la concentración de la propiedad y en la distribución del ingreso.”

Sin embargo, los esfuerzos por el cambio chocaron con los intereses dominantes, incluyendo dictaduras militares, y las condiciones que conoció el mundo en los años setenta caracterizadas por la inestabilidad y lo que se llamó entonces la estanflación, estancamiento con inflación.

En los años ochenta las cosas empeoraron y América Latina viviría la llamada década perdida que significó graves retrocesos en el crecimiento y el nivel de vida de la población. Debido a esto y a la globalización mundial que empezó a dominar a casi todas las sociedades del planeta, y a cambios políticos significativos como el derrumbe de la URSS, el debate sobre crecimiento y desarrollo se diluyó casi totalmente. Ahora lo importante era volver a crecer, recuperar todos los años perdidos y, para ello, ajustarse a los nuevos dictados de política económica: liberalizar los mercados, flexibilizar el trabajo y reducir los presupuestos públicos.

La calidad del crecimiento dejó de tener importancia ya que la teoría en boga aseguraba que pocos años el mundo sería plano, es decir, las desigualdades (económicas, tecnológicas, sociales y políticas) se reducirían casi totalmente gracias a las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, y al flujo sin trabas de capitales y mercancías por todo el orbe.

Las ilusiones del final de la historia, la prosperidad generalizada y el triunfo de la democracia liberal en todos lados tuvieron un serio descalabro con la Gran Recesión de 2008. A partir de entonces, las economías, significativamente las del mundo desarrollado, sufrieron caídas severas y prolongadas. De ahí se derivó un descontento político que hoy afecta a muchas partes del mundo. En varias regiones del planeta, la economía volvió a crecer, pero no la tranquilidad y la conformidad de los ciudadanos. Para entender esta situación, la discusión sobre la calidad del crecimiento ha regresado, y en particular, el tema de la desigualdad.

Como ha señalado recientemente el economista Dani Rodrik,

“La desigualdad está ocupando un lugar preponderante que desde hace mucho tiempo no se veía... Frente a la violenta respuesta política y social contra el orden económico establecido, que alimenta el ascenso de los movimientos populistas de extrema derecha y las protestas callejeras desde Chile hasta Francia, los políticos de todos los colores han convertido a este tema en una prioridad urgente”.

La preocupación por la calidad del crecimiento económico ha llevado a una reflexión sobre los indicadores, en particular, el más importante, el Producto Interno Bruto (PIB). Economistas tan distinguidos como Thomas Piketty, Emmanuel Saez, y Gabriel Zucman han propuesto el “PIB 2.0” un parámetro que incluiría datos desagregados de ingreso de diferentes sectores de la población de tal manera que se puedan observar las diferencias.

Por su parte, una comisión de economistas encabezada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, se dio a la tarea de identificar los límites del PIB como un indicador del funcionamiento de la economía y del progreso social. Sugieren que se debe cambiar el énfasis de medición, apoyado en indicadores orientados al producto, a otros enfocados en el bienestar (well-being) de la actual y las futuras generaciones. Ello plantea una visión multidimensional que engloba los estándares de vida materiales, y asimismo la evaluación de la   salud, la educación, las actividades laborales, la voz del ciudadano en actividades políticas y en las tareas de gobierno, las relaciones sociales, el medio ambiente, y la inseguridad.

Hoy, a diferencia de hace cincuenta años, la calidad se debe entender no sólo en razón de la desigualdad del ingreso, sino igualmente, de un medio ambiente sano y sustentable, de la existencia y creación de empleos dignos, y del cierre de la brecha entre hombres y mujeres.

Y, sin embargo, el mismos Stiglitz aclaró hace poco que “Por muy desacertada que sea la obsesión con el incremento permanente del PIB (y los riesgos de una catástrofe ecológica), sin crecimiento económico miles de millones de personas seguirán careciendo de una provisión adecuada de alimentos, vivienda, vestimenta, educación y atención médica”.

Desde luego, en todos estos años, el asunto de la calidad de la expansión económica no fue olvidada por completo. Sobre todo, las Naciones Unidas han hecho esfuerzos por evaluar los países con base en los índices de desarrollo humano. La UNCTAD y la CEPAL, por su parte, han elaborado propuestas para impulsar las economías mejorando sus componentes sociales.

En México tampoco estuvieron ausentes las voces críticas del modelo neoliberal. Además, afortunadamente, contamos con CONEVAL para medir mejor los fenómenos sociales y económicos. El INEGI también ha hecho esfuerzos para ofrecer indicadores que vayan más allá del comportamiento del PIB.

 El presidente de la república también se ha manifestado alegando, ante las cifras que dan cuenta de un estancamiento del PIB, que le interesa más abatir la desigualdad que acelerar el crecimiento.  No obstante, si vemos las cosas más de cerca, el impulso al nuevo Tratado Comercial; su respuesta frente a las amenazas de EU, endureciendo la política migratoria; los repetidos anuncios de compromisos con los grandes empresarios para estimular la inversión; y algunos proyectos como la refinería, el corredor transístmico y el rescate de PEMEX revelarían su preocupación por elevar las cifras de crecimiento. Algunos dirían incluso, que a costa de su calidad.

En el momento actual, entonces, la tarea consiste en impulsar un mayor desarrollo en sus dos vertientes, tanto en cantidad como en calidad. En el fondo, sin embargo, como se afirmó hace medio siglo, el reto es llevar a cabo una nueva estrategia, con todo lo que ello supone, incluyendo sus consecuencias políticas.

El debate sobre la calidad de la dinámica económica está otra vez en un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, los organismos multilaterales y los círculos académicos. Bienvenidos los nuevos términos de la polémica. En México, sin embargo, quizás tengamos, además, que discutir un índice o al menos un mapa de ruta de los conflictos políticos que un cambio de rumbo necesariamente provoca para medir acertadamente hacia dónde vamos y sus posibilidades reales de éxito.

España: nuevo gobierno ¿nuevo régimen laboral?

España: nuevo gobierno ¿nuevo régimen laboral?

Saúl Escobar Toledo 

En los primeros días de este 2020, el parlamento español eligió por una estrecha mayoría a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno para los próximos cuatro años. Dicha designación fue posible gracias a la alianza del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos. Una coalición inédita en la historia de ese país ya que es la primera vez que el PSOE entabla un acuerdo de este tipo con otro partido de izquierda. Las razones de este fenómeno son varias y complejas y se desprenden del resultado de las elecciones de noviembre del año pasado.  Principalmente, la fuerza de la extrema derecha representada por un nuevo partido, Vox; la imposibilidad de los socialistas de lograr solos la mayoría parlamentaria; pero también la necesidad del cambio expresado en las urnas.

El caso es que ahora, Unidas Podemos, una corriente política surgida del movimiento social que brotó en 2011 (los Indignados), y cuya primera experiencia electoral tuvo lugar apenas hace unos años, ha logrado formar parte de una coalición gobernante.

El programa que selló esta alianza contiene varios puntos y abarca diversos aspectos. Se trata de un documento amplio, de 50 páginas, once capítulos y más de 200 propuestas en materia de: crecimiento y empleo; derechos sociales; cambio climático; fortalecimiento de la pequeñas y medianas industrias y el sector primario; derechos y memoria democrática; cultura y deportes; políticas feministas; revertir la despoblación que padecen algunas regiones; estados autonómicos; justicia fiscal; y política exterior. Una de las partes más sustanciosas de este documento, colocada al inicio, tiene que ver con la materia laboral. La Coalición se ha comprometido a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (una nueva Ley del Trabajo) y por lo tanto a derogar las reformas de 2012, las cuales, como las que se llevaron a cabo en México ese mismo año, afectaron derechos fundamentales de los asalariados. En concreto, y de manera urgente, se proponen modificar el artículo 42.1 sobre subcontratación a efecto -aseguran- de limitarla a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

La lista de modificaciones en esta materia es muy larga e incluye revisar los contratos de los becarios; elevar el salario mínimo en términos reales; revisar la contratación a tiempo parcial; y las causas legales de despido.  

Además, como parte de la cuota de Podemos, fue designada como Ministra de Trabajo del nuevo gobierno, Yolanda Díaz, de 48 años, quien militó desde muy joven en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida. Hija de un destacado dirigente obrero, también militante del PCE y de Comisiones Obreras, Yolanda tiene una maestría en Relaciones Laborales y amplia experiencia política en Galicia, su región natal.

Todos estos asuntos tienen importancia porque parecería que España ha dado un vuelco a la izquierda y se encamina a la construcción de un nuevo régimen que deje atrás algunas de las políticas fundamentales del neoliberalismo, en primer lugar, las que tienen que ver con el trabajo y el empleo. Su principal objetivo, dice el documento de compromiso, será la protección de los derechos sociales y un nuevo impulso al crecimiento económico sostenible que reduzca la desigualdad, combata la precariedad del mercado laboral, garantice un trabajo digno, estable y de calidad, y unas pensiones justas.

Este vuelco se da en un contexto difícil en riesgo permanente debido a una delgada mayoría parlamentaria y sujeta a acuerdos con los independentistas de Cataluña. Un escenario político cargado por la polarización, sin precedentes desde la Guerra Civil (1936-39), entre las izquierdas y las derechas, y un entorno económico a nivel nacional e internacional desfavorable. Como han apuntado varios observadores, un eventual fracaso de la Coalición podría abrirle el paso a otra alianza, situada exactamente en el lado opuesto, donde Vox y el PP mantienen un discurso xenófobo, antiinmigrante y ultra nacionalista que se dedicaría a reprimir violentamente los reclamos de una mayor autonomía por parte de las comunidades.

Más allá de España, la experiencia de PSOE-Unidas Podemos tiene una importancia especial en una Europa que se debate entre gobiernos y propuestas nacionalistas de extrema derecha (como en Inglaterra) y la continuidad del neoliberalismo (como en Francia). Una tercera opción, como la que ha construido Portugal y ahora se pretende llevar a cabo en el país vecino, adquiere una gran relevancia.  

Para México y el mundo, la aventura que apenas comienza aquel lado del Atlántico puede ser también muy significativa. La posibilidad de contar con un aliado progresista en un mundo tan inestable y riesgoso no debe minimizarse. Sobre todo, para enfrentar la agitada escena política de América Latina. Pero, de igual manera, porque el derrotero del nuevo gobierno ibérico y sus logros pueden ayudar a cambiar el equilibrio mundial inclinando la balanza política, ideológica e intelectual hacia nuevos horizontes post neoliberales.

Por ejemplo, en materia laboral, las reformas que se proponen en España, tienen semejanzas y desde luego diferencias con la situación mexicana. En cuanto a este último aspecto, está claro que allá no tienen como principal preocupación la democracia sindical, ni la calidad de las instituciones estatales. En México, la reforma de 2019 busca precisamente el reconocimiento de representantes sindicales y contratos colectivos avalados por los propios trabajadores mediante el voto personal, secreto y directo. Y la construcción de nuevos organismos como los juzgados y el Centro de Conciliación.

Sin embargo, la globalización neoliberal, la flexibilización del trabajo y la apertura comercial sin control ha vuelto los mercados de trabajo cada vez más precarios en muchas partes del mundo. Uno de los problemas más acusados es el de la subcontratación. No resulta sorprendente, por lo tanto, la insistencia de Unidas Podemos en incluir tan destacadamente este asunto en el programa del nuevo gobierno.

La subcontratación, entendida como la triangulación de las relaciones laborales que ocurre cuando una empresa solicita a otra que le proporcione trabajadores para desempeñar determinadas tareas o servicios, ha sido una manera, desde principios del siglo XX, de burlar derechos fundamentales. En general, la subcontratación no ha servido para aumentar la calificación de la mano de obra o la productividad, ni siquiera para que las empresas dispongan de cuadros técnicos o especializados que de otra manera resultarían incosteables o imposibles de contratar. Aunque hay excepciones, la subcontratación se ha utilizado con el objetivo de reducir costos en materia de salarios, seguridad social, alargando la jornada de trabajo y negando prestaciones. Las empresas que reclutan trabajadores para ofrecerlos a otras empresas se distinguen, en muchos casos, por su habilidad para evadir la ley, sobre todo en el pago de impuestos y de cuotas a la seguridad social. Asimismo, han servido para ocultar la relación laboral entre los empleadores y los empleados, y para esquivar la contratación colectiva. Además, han propiciado una caída de los ingresos y prestaciones pues, debido a sus formas de contratación, el trabajador se ve obligado a aceptar condiciones muy desfavorables.

De esta manera, cualquier avance en el sentido de limitar la subcontratación en otras partes del mundo tiene un significado especial. Propicia el avance de la legislación nacional, los acuerdos internacionales en la materia, y ayuda a fomentar una cultura, sobre todo en las empresas y sus administradores, basada en la protección del trabajador, en la mejora de su calificación y en el respeto de los contratos y reglas acordadas bilateralmente.

La nave española apenas ha zarpado. Se trata de un comienzo prometedor en aguas turbulentas. Habrá que seguirla y, si es posible, acompañarla en su trayectoria.

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