¿Recesión inminente en Estados Unidos?

¿Habrá una recesión en Estados Unidos? Saúl Escobar Toledo Hace un poco más de una semana, en una entrevista por televisión, le preguntaron al presidente de Estados Unidos si pensaba que su país se enfilaba hacia una recesión. Biden contestó: a lo mejor una chiquita. Bueno, en realidad dijo: “no creo que vaya a ocurrir una recesión. Si la hay, será… muy pequeña. Es decir, nos moveremos hacia abajo poco a poco. Es posible. Mira, es posible. No la anticipo.” La declaración muestra, por un lado, una gran incertidumbre, y por otro, la opinión de muchos inversionistas, economistas y banqueros que han advertido que la posibilidad de una recesión en EU es altamente probable en los próximos meses (Cf. CNN, 11 de octubre). Acerca del primer asunto, en efecto, en estos momentos, hay signos confusos o contradictorios en la economía estadounidense: por ejemplo, dicen, el mercado laboral todavía está muy robusto. La tasa de desempleo es la más baja desde los años sesenta, aunque, advierten, la creación de nuevos empleos se debilitó en septiembre. Al mismo tiempo, sin embargo, no hay señales de despidos masivos que muestren que la recesión ya haya comenzado. Por su parte, la Bolsa de Valores ha sufrido bajas considerables y los grandes consorcios financieros como JP Morgan y el Banco de América creen que es altamente probable que se caiga en recesión “en los próximo seis o nueve meses”. Esta incertidumbre se ha estado disipando; cada vez hay más pronósticos que anuncian esa caída a fines de este año o durante 2023 y se basan, sobre todo, en la insistencia del Banco Central en continuar aumentando las tasas de interés. Algunos creen que en noviembre y diciembre habrá dos alzas muy fuertes, un paquete “jumbo” que podrían llegar a 150 puntos base. Y es que, lo que más le preocupa a la Fed, es precisamente que el mercado laboral de EU se mantenga robusto; de lo que se trata, entonces, es de enfriarlo hasta que se dejen de generar empleos y las empresas despidan algunos de sus empleados y, por lo tanto, los aumentos salariales empiecen a ceder y colocarse por debajo de la inflación. Es decir, lo que más le importa al banco central de EU es bajar los salarios reales. Y, de paso, tratar de hacer más difícil el renacimiento de un poder sindical en EU que se estaba manifestando en los últimos años. Al punto que, empresas como Amazon, que habían prohibido siempre a sus trabajadores formar un sindicato, han tenido que aceptar el surgimiento de varias organizaciones gremiales en sus diversas filiales. A nivel mundial, las cosas no se ven tampoco bien. El informe más reciente del FMI acaba de anunciar que “lo peor está, por venir y que, para mucha gente, 2023 se sentirá como un año recesivo”. Todas las economías más importantes del mundo están cayendo. Sus pronósticos para el próximo año empeoraron: de 3.8 % que calcularon a principios de este año a 2.7% apenas hace unos días. En el caso de EU, este país crecería apenas 1% en 2023 (en un escenario optimista). La empresa Bloomberg tiene un panorama más sombrío: 2.5% de crecimiento mundial para 2023 y, además, dan por segura la recesión en Estados Unidos. Por cierto, el informe del FMI explica por qué, en un entorno inflacionario, usualmente los salarios pierden la carrera frente a los precios. Aseguran que, desde 2021, los ingresos laborales se han deteriorado en los países desarrollados mientras que en los de desarrollo medio y más pobres no han recuperado su nivel prepandémico. Calculan que para 2022 y los años siguientes, los salarios perderán aún más terreno. La razón principal es que estas caídas son resultado de una menor capacidad de producción y de generación de empleo, motivadas por diferentes factores: disrupciones del comercio internacional; aumento mundial de los precios de los alimentos y la energía; y los incrementos de las tasas de interés. Estas últimas seguirán al alza hasta lograr controlar la inflación, provocando aún más daño a la capacidad de producción, al empleo y a los salarios. Es decir, en lugar de una espiral en la que los salarios tratan de alcanzar a los precios, lo que observamos es una política que busca reprimir la inflación a costa de la expansión productiva. En resumen, aunque EU no haya caído todavía en una recesión, hay muchas probabilidades de que ello suceda. Se presentan, así, dos escenarios para fines de este año y 2023: el malo y el peor. En el primer caso observaremos un periodo de “estanflación”, estancamiento con inflación: tasas de crecimiento muy bajas con aumento de precios significativas. En el segundo, una caída de la producción de EU, lo que podría llevar a una disminución significativa de los precios si otros factores no lo impiden, como la guerra en Europa y la pugna económica entre EU y China. Tampoco se puede asegurar la duración de cualquiera de los dos escenarios. Es posible que el periodo de estanflación pudiera ser más prolongado que el de la recesión, pero menos doloroso para los trabajadores y la mayor parte de la sociedad. En ambos supuestos, la vuelta a la estabilidad y el crecimiento podría tomar un año o varios. En México, un periodo de estanflación prolongado produciría un aumento sustantivo de la pobreza laboral debido a que casi un 60% de los trabajadores son informales, de tal manera que difícilmente podrán elevar sus ingresos por encima de la inflación. Según cifras de CONEVAL, la canasta alimentaria aumentó a un ritmo anual (de junio de 2021 al mismo mes de 2022) de entre 12 y 13%. Al final del año, aunque el índice general podría situarse en 8.5%, ligeramente menor a la registrada en septiembre, los alimentos difícilmente cederán y es probable que los precios en este rubro se mantengan en niveles cercanos al 15%. El porcentaje de mexicanos en pobreza laboral bajó desde finales de 2021 en comparación con los tiempos pandémicos que se vivieron en 2020. En el segundo trimestre de 2022 fue de 38.3% (frente a un máximo de 46% en el tercer trimestre de 2020); sin embargo, ello se debió a una expansión de la ocupación más que de los ingresos. En el segundo semestre de este año, es probable que el número de pobres y extremadamente pobres aumente debido a la persistencia de la inflación, sobre todo en alimentos, y a un freno de las ocupaciones por el clima recesivo que impera a nivel mundial. Los trabajadore formales, por su parte, también verán disminuir sus salarios reales en 2022. Este año, las revisiones contractuales raramente han superado el 8%, lo que indicaría una caída de, al menos 2%, si tomamos en cuenta los datos de CONEVAL: la canasta alimentaria y no alimentaria aumentó a un ritmo anual cercano al 10%. Ahora bien, si EU cayera en recesión, el problema más grave, para México, sería el desplome del empleo, ya que bajarían las exportaciones manufactureras a ese país y ello podría causar, como en otros casos similares que se presentaron en las últimas décadas, diversos problemas a nivel productivo y financiero. El resultado ha sido una caída del producto porcentualmente más grave que en EU; y lamentablemente despidos masivos en muchas empresas y un retroceso de los salarios reales. Ahora, la situación podría ser peor si el Banco de México decide seguir aumentando las tasas de interés en un ambiente global tan negativo. En cualquiera de los dos escenarios, la pobreza aumentaría mes tras mes, día tras día, como ya se puede ver en estos momentos. Un incremento sustancial de los salarios mínimos a finales de este año puede ayudar a detener esta tendencia, pero no será suficiente. Habrá que pensar, además, en apoyos en efectivo y en especie para paliar el hambre de los más pobres, especialmente de los hogares que dependen del trabajo informal por cuenta propia. No obstante, si los peores augurios se hacen realidad, se tendrá que revisar el proyecto económico pensado para 2023, es decir, habrá que volver a colocar el tablero, poner otra vez las fichas y proponer una nueva estrategia para evitar un sufrimiento mayor de la inmensa mayoría de los mexicanos. saulescobar.blogspot.com

El aumento de las tasas de interés en el mundo y algunas repercusiones en México

Una plaga de halcones atormenta al mundo Saúl Escobar Toledo Un conjunto de factores, entre ellos la pandemia, la interrupción de las cadenas de suministro y la guerra en Europa, desató este año un proceso inflacionario en el mundo. La respuesta a este fenómeno provocó una subida de las tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos (oficialmente, el Sistema de la Reserva Federal, también conocido informalmente como la Fed). Esta medida fue seguida por muchos otros bancos centrales del planeta, incluyendo México. En los análisis y reportes económicos es común señalar a las políticas alcistas de tasas de interés como propias de “halcones” (hawkish) a diferencias de aquellas que buscan mantener bajas esas mismas tasas a los que se les denomina como “palomas” (dovish). En estos últimos meses, particularmente desde septiembre, los halcones se han impuesto en muchos países. Con ello, según diversos estudios, se corre el riesgo de una recesión global que puede ser de largo plazo. Ésta puede iniciarse en Estados Unidos, o en otras latitudes, principalmente en Europa. En cualquier caso, economistas prestigiados como Bradford De Long advierten que: “La economía puede sufrir una pérdida de al menos media década de crecimiento, y la desigualdades sociales y políticas serán más pronunciadas”. Otros, más enfáticos, como Nouriel Rubini, ya dan como un hecho el estallido de una crisis financiera (Project Syndicate, 03102022). Sin embargo, las autoridades monetarias de casi toda América Latina y Europa, y de algunas naciones de África y Asia, han aumentado notablemente las tasas de interés. Las únicas excepciones, hasta ahora, han sido Japón y China. Todos coinciden en que lo que desató esta plaga fue la decisión de la Reserva Federal, la cual no sólo incrementó sensiblemente esas tasas, sino que anunció que lo seguirá haciendo en el futuro cercano. Esta ola de incrementos ha provocado ya varias conmociones: de manera inmediata, se ha fortalecido el dólar y, consecuentemente, se han debilitado el resto de las monedas, ya que los flujos de capital se han movido, sobre todo, para comprar bonos del tesoro de Estados Unidos. Ha sido el caso, entre otras, de la libra esterlina, el euro, el yuan chino y el yen japonés. En lo que toca a Estados Unidos, la política de la Fed aumenta el riesgo de que la economía de ese país se detenga o por lo menos se vuelva mucho más lenta. Ello debido a una caída del consumo y un alza de las hipotecas. También, porque las empresas pueden quebrar o reducir sus actividades y su expansión, debido a que sus deudas se encarecen, sus ventas disminuyen y sus ganancias se pueden achicar. Incluso las bolsas de valores salen afectadas pues los inversionistas prefieren ganancias más seguras comprando bonos del gobierno, en lugar de comprar acciones de empresas que corren riesgos de ver caer sus utilidades. En tono con lo anterior, los economistas Jomo K. Sundaram y Anis Chowdhury, han escrito: “La fobia a la inflación entre los bancos centrales está arrastrando a las economías a la recesión y crisis de deuda”. La subida de las tasas, en todo el mundo, como respuesta a las decisiones de la Fed, son una "carrera hacia el abismo" contraccionista. Destacan que, incluso el Banco Mundial, ha señalado estos riesgos advirtiendo un “daño duradero” principalmente para “las economías emergentes y en desarrollo". Agregan que las subidas de las tasas tampoco lograrán reducir los precios en el corto plazo. Y es que, en efecto, la medida supone que hay que elevar los precios para bajarlos, lo que parece incongruente. Por ello, el Banco Mundial ha sugerido que "los formuladores de políticas podrían cambiar su enfoque de reducir el consumo y, en cambio, impulsar la producción... generar inversiones adicionales y mejorar la productividad… fundamental para el crecimiento y la reducción de la pobreza". ¿Por qué entonces esta plaga mundial de halcones? La explicación no reside tanto en el control de la inflación sino en otros factores: en primer lugar, tratar de impedir la fuga de capitales y las devaluaciones, lo que provoca, entre otras cosas, que sea más costoso importar artículos esenciales como alimentos y combustible. Por su parte, las razones de la Fed pueden explicarse, por un lado, como sugieren diversos autores, debido a la ausencia de un pensamiento no dogmático, innovador y políticamente desafiante que pueda poner en práctica otras medidas. Prefieren dar respuestas habituales a problemas nuevos. No se atreven a pensar “fuera de la caja”. Esta rendición intelectual obedece también a intereses políticos y económicos: para muchos estadounidenses, la inflación refleja el fracaso político del gobierno que han “gastado demasiado” y ha optado por una “intervención excesiva del Estado en la economía”. Son dogmas arraigados en la mente de políticos, intelectuales y ciudadanos comunes y corrientes. Asimismo, responden a otro cálculo: los jefes de la Fed creen que la economía de EU podrá resistir una recesión, aunque el resto del mundo sufra mucho más. De esta manera, se proponen fortalecer la hegemonía estadounidense en la economía mundial. Sobre todo, en estos momentos en que la guerra en Ucrania y las rivalidades con Rusia y China se han agudizado. En México, nuestro Banco Central también ha aumentado las tasas. La última vez a fines de septiembre, pero ya ha declarado que, si la Fed vuelve a subirlas, ellos harán lo mismo. En su informe Banxico reconoce que “…se prevé que el ritmo de crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre de 2022 se desacelere respecto del crecimiento observado en la primera mitad del año”. El Banco ha advertido, igualmente, que la inflación puede seguir subiendo aún con las alzas de las tasas de interés si aquella persiste a nivel mundial o si México sufre una devaluación severa. Además, señalan que puede ocurrir “una desaceleración de la actividad económica mundial mayor a la anticipada”. A pesar de los riesgos, consideran que la medida es necesaria para evitar, como en otras partes del mundo, una fuga de capitales y el aumento del costo de las deudas públicas y privadas en dólares. Afortunadamente, México no ha sufrido una devaluación de su moneda como otros países. Tampoco la deuda externa pública es demasiado elevada en comparación a otras naciones. No obstante, si Estados Unidos, a diferencia de lo que piensa la Fed, cae en una severa recesión, México será arrastrado. Entonces, todas las medidas cautelosas que se han tomado para mantener la estabilidad no servirán de mucho. Por otra parte, el fin del sexenio exigirá, como ya se pude ver en el presupuesto para 2023, una política más expansionista que naturalmente choca con la política “halcona” de Banxico. El secretario de Hacienda declaró apenas ayer, 3 de octubre, que “a diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta”, sugiriendo una política más “dovish”. No está claro qué efectos puede tener esta contradicción. Ya veremos, por ejemplo, el caso de los aumentos al salario mínimo. Calculamos que un aumento cercano al 20 por ciento estaría más alineado con las políticas de contención de precios, y que un incremento de alrededor del 30 por ciento indicaría que se busca una restitución del poder adquisitivo, y más cerca de que, por fin, alcance para adquirir la canasta básica (suponiendo que, en una familia de cuatro miembros, dos de ellos trabajan). Es innegable que el fenómeno de la inflación y los riesgos de recesión tienen una dimensión que rebasa las políticas domésticas. Algunos expertos e instituciones han sugerido que la mejor solución consistiría en un gran acuerdo mundial para controlar la inflación, la fuga de capitales y las crisis de las deudas. Y, desde luego, para tratar de detener la guerra en Ucrania. Sin embargo, aquí en México, no podemos resignarnos a que nuestro destino se decida en la Fed de EU. También requerimos una renovación intelectual que nos lleva a soluciones y pactos novedosos que involucren a la sociedad y el gobierno para enfrentar los negros presagios. saulescobar.blogspot.com

La reforma de las pensiones: privatizar ganancias y socializar pérdidas (de nueva cuenta).

Saúl Escobar Toledo
 

El anuncio dado a conocer en Palacio Nacional el 22 de julio, justo hace una semana, en el sentido de que se enviará una iniciativa de ley “tripartita” destinada a “fortalecer el sistema de pensiones”, deja más dudas que certezas. Ello se debe en buena medida a que no se conoce el texto de la reforma. De esta manera, varias de las metas señaladas en el comunicado oficial no están claramente sustentadas y dejan muchas interrogantes en el aire. Los ejes fundamentales que se plantearon fueron: a) un aumento escalonado de las aportaciones al seguro de retiro; b) una disminución importante del número de semanas requeridas para alcanzar una pensión; y c) un incremento a la cuantía de la pensión mínima garantizada.

Para lograr lo anterior, la aportación patronal aumentará en forma gradual de 5.15% a 13.87% en un lapso de ocho años. Y aquí empiezan los cuestionamientos porque sorprende que los representantes de los empresarios que apenas un día antes reclamaban subsidios y apoyos del gobierno, ahora festejen un proyecto de ley que afectará directamente a las empresas. Adujeron que estas aportaciones entrarán en vigor hasta 2023. Pero dos años de gracia no puede considerarse un plazo apropiado pues aún no sabemos el momento en que la economía se vaya a recuperar al punto en que se considere que están dadas las condiciones para aumentar los costos laborales. Tampoco está claro, como se dijo extraoficialmente, que las pequeñas y medianas empresas no serán afectadas debido a que “el aporte patronal será diferenciado de acuerdo (con) los ingresos de los trabajadores”. 

Este esquema tendrá que ser explicado más detalladamente ya que puede inducir a que los patrones (de todo tipo) congelen los ingresos de sus trabajadores. Como dijo el líder del CCE en una entrevista a un medio de comunicación, lo cual fue reportado oportunamente por El Sur, “nuestra sugerencia a todas las empresas es que el punto porcentual se negocie dentro del paquete de prestaciones. Es decir, si le ibas a dar 7 por ciento de aumento al trabajador, darle 6 por ciento al salario y un punto se lo dejas en el cochinito”(sic). Muchos otros especialistas incluso del sector privado han advertido que la reforma alentará la informalidad, puede ser un factor inflacionario y será un freno para la inversión del país. Hay entonces un riesgo evidente:  el aumento de la cuota patronal será pagado de una forma u otra por los trabajadores y afectará sensiblemente el crecimiento del empleo formal y bien pagado.  

Debe quedar claro que, para fines prácticos, técnicos y legales, se trata de una reforma fiscal ya que  según el Código respectivo, las aportaciones a la seguridad social se consideran contribuciones para los gastos públicos, obligatorias para las personas físicas y morales “conforme a las leyes fiscales respectivas”. El aumento de la cuota patronal puede calificarse como una reforma regresiva, muy distinta a la que se había propuesto por un grupo amplio de organizaciones y personas, consistente en aumentar los gravámenes, mediante la Ley del Impuesto sobre la Renta (a las personas físicas), a las grandes fortunas que concentran la enorme mayoría de la riqueza y los ingresos en este país. Una pena que se haya optado por un camino totalmente distinto.

El segundo objetivo, la disminución de las semanas de jubilación (de 1250 a 750) probablemente beneficiará a los trabajadores que les toque en suerte gozar esta nueva disposición, pero no está claro a partir de cuándo. Algunos asumen que al otro día que se apruebe la ley mientras que otros suponen que ello sucederá al final del periodo de transición, allá por el 2030. Además, para mayor confusión, el boletín oficial afirma que este requisito “posteriormente se elevará gradualmente, en un periodo de 10 años, a 1,000 semanas”. ¿En qué quedamos entonces?

 Subsiste, por otro lado, el problema de la cobertura. Los altos niveles de informalidad, cercanos al 60% han sido la causa principal de que el sistema haya incluido a un reducido número de trabajadores; sin embargo, también debe tomarse en cuenta la enorme cantidad de ocupaciones vulnerables o precarias (muchas de ellas por medio de la subcontratación). La reforma no ofrece alternativas para mejorar la calidad del empleo y, además, deja pendiente, de manera indefinida, los cambios para los trabajadores del apartado B.

El tercer objetivo, el incremento de la cuantía de la pensión mínima garantizada,  llama igualmente la atención por la vaguedad de los números debido a  que, se afirma, esta aportación se incrementará en función de la edad, el salario y las semanas de cotización. En declaraciones hechas por un funcionario del CCE se aseguró   que el gobierno pagará más a los que ganan menos, por ejemplo, “si un trabajador gana un salario mínimo el gobierno asumirá el 100% del aumento”.  La pregunta que surge es ¿cuánto significará para las finanzas públicas esta nueva carga? ¿Qué tanto representará en materia de endeudamiento público?

Otras afirmaciones hechas por funcionarios de Hacienda y el CCE parecen sólo buenas intenciones: por ejemplo, reducir las comisiones de las AFORES.  Éstas, por cierto, manejarán, según estos voceros, una cantidad de recursos que pasará de un estimado actual de 17.2% hasta el 40% del PIB. Sin duda éste es uno de los objetivos de la reforma que motiva tanta alegría a sus impulsores. Por lo menos eso se desprende de los estudios de la OCDE y de la iniciativa del Partido Acción Nacional, documentos que, muy probablemente, sirvieron de base al documento presentado ese miércoles 22.

Por otro lado, está el tema de los rendimientos. Teóricamente, para que el trabajador obtenga una buena pensión, las SIEFORES tienen que invertir en instrumentos muy rentables. De ahí la propuesta de que se eleve el porcentaje permitido para fondos de renta variable en el extranjero. Ello, sin embargo, implica mayores riesgos. Por el contrario, invertir en bonos de deuda pública es más seguro, pero ofrece menores rendimientos. Esta contradicción, junto con el cobro de jugosas comisiones, ha causado una incertidumbre permanente y frecuentes altas y bajas en las cuentas de los trabajadores. Se trata de un problema sin solución porque el sistema se basa en un negocio diseñado para ofrecer ganancias a las agencias privadas, no mejores prestaciones laborales.

En síntesis, la reforma puede castigar a las pequeñas y medianas empresas y afectar negativamente el empleo y los ingresos laborales. La prisa por anunciar una reforma que empezará a aplicarse, probablemente, dentro de dos años, no sólo desentona con el momento económico que estamos viviendo. Desde el punto de vista político parece sellar un compromiso del gobierno con el sector más poderoso de los empresarios para cancelar definitivamente otras reformas como la de gravar a las personas más acaudaladas, establecer un seguro de desempleo, y el financiamiento de otros programas como la renta básica. Además, contradice la promesa presidencial de no aumentar la carga fiscal ni endeudar más al país. Cuestiones que, por cierto, recaerán, principalmente, en la administración que tomara posesión en diciembre de 2024 (no importa de qué signo partidario).

La presentación de la iniciativa de ley y su discusión en el congreso seguramente despertará reacciones no tan festivas como las que se dieron en Palacio Nacional. No puede esperarse que muchos empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, se sientan tan conformes; ni que otras representaciones sindicales, incluso las que formaron parte del viejo aparato corporativo, vayan a quedarse calladas. Esperemos que los legisladores, sobre todo del partido mayoritario, estén dispuestos a promover un debate amplio e informado. Según la OIT, de 30 países que privatizaron el sistema, 18 lo revirtieron y regresaron a un modelo público y solidario. Y tuvieron éxito. ¿Por qué entonces, reforzar un modelo que ha saqueado los bolsillos de los trabajadores?

 

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La política económica frente a la pandemia: apuntes iniciales

Un apunte sobre la política económica frente a la pandemia

Saúl Escobar Toledo 

La propagación del coronavirus representa en primer lugar una amenaza sanitaria pero también un riesgo económico. La UNCTAD, el organismo más importante de la ONU para el desarrollo ha anunciado que los efectos del Covid 19 desatarán una recesión en algunos países y un menor crecimiento en otros. La duración y la profundidad de la crisis dependerán de la gravedad del contagio pero, asimismo, de la eficacia de las políticas públicas. La caída de la producción puede tener la forma de una V, es decir, de corta duración. O puede tener la forma de una U, lo que significaría una recesión más prolongada.

Para diseñar una política económica adecuada, la UNCTAD considera que es necesario tomar en cuenta los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero.

En el primer caso, las reclusiones y aislamientos de las personas están provocando un menor consumo sobre todo en el sector servicios: turismo, restaurantes, etc. En el lado de la oferta, la suspensión de actividades y el ausentismo forzado en algunas ramas manufactureras en las localidades más contaminadas por el virus tendrán efectos a nivel global. La caída de exportaciones de bienes finales y de materias primas y otros insumos, afectarán a las empresas y el empleo en varias partes del mundo. En cuanto al sector financiero, el principal problema es el endeudamiento público y corporativo en muchos países, y un sistema dedicado a la especulación y la evasión fiscal.

La respuesta apropiada tiene que atender estos canales. Los gobiernos deben aumentar su gasto, comprando bienes esenciales para combatir la enfermedad e invirtiendo en otros rubros como la industria de la construcción, pero también realizando transferencias directas en efectivo a la población más necesitada.

Resulta fundamental tomar en cuenta que, en estos momentos, a pesar de los problemas del lado de la oferta, se requiere sostener la demanda, aunque para ello los gobiernos tengan que recurrir a un mayor endeudamiento. En cambio, la UNCTAD no recomienda llevar a cabo rescates o transferencias directas a las empresas.

Por otro lado, será necesario facilitar el otorgamiento de créditos directos a la producción sobre todo mediante los bancos de desarrollo. Instituciones multilaterales como el FMI deben ofrecer, igualmente, mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada.

Dicho en otras palabras, las políticas económicas aplicables deben partir del reconocimiento de que la pandemia está agravando otra enfermedad mayor de nuestro tiempo: la creciente y excesiva desigualdad económica y social.

Por ello, será necesario ayudar primero a las personas más vulnerables al virus y a la recesión productiva. Desde una óptica laboral, de cara a la emergencia, se pude partir  del esquema de Milanovic y tomar en cuenta cinco grupos de trabajadores: a) doctores y personal médico; b) empleados formales  en el  sector servicios  (sobre todo en el  comercio de bienes de consumo); c) obreros industriales y trabajadores rurales; d) profesionales y personas que pueden laborar  a distancia (desde su casa); y e) trabajadores informales por su cuenta de todo tipo, principalmente aquellos que se verán afectados por la caída del consumo.

El problema es que, para evitar contagios, los trabajadores deberían laborar menos tiempo o de plano irse a sus casas y recluirse. Sin embargo, en el caso de a), ello sería catastrófico; en lo que toca a b), su ausencia puede generar un desabasto de alimentos y bienes esenciales; si los empleados de c) faltan a sus labores ello puede repercutir en una menor demanda y oferta de bienes; y en referencia a e), la falta de ingresos puede conducirlos a buscar otras fuentes igualmente peligrosas desde el punto de vista sanitario o ser víctimas de una grave crisis social. Los únicos que no se verán afectados sensiblemente son los d).

Por ello, es indispensable buscar un equilibrio entre mantener activos a algunos trabajadores y recluir a otros. No se puede ni mandar a todos a su casa ni dejar que las cosas funcionen como si nada pasara. Hay que tratar de mantener la actividad económica, aunque desde luego a un menor ritmo, tanto como sea posible.

La cuestión radica entonces en explorar si se puede lograr un mejor equilibrio entre reclusión y trabajo, entre mantener una parte de la actividad económica y combatir la propagación del virus.   

Según algunos especialistas, como Wan Manan y Nazihah Noor, expertos en salud pública, la experiencia de Corea del Sur (y de Japón y Taiwán) mostraría que se puede controlar el Covid-19 (la tasa de mortalidad aquí ha sido menor al 1%) y al mismo tiempo evitar la asfixia de las actividades económicas y sociales. Las autoridades de ese país alegan haber adoptado un modelo diferente al del occidente, basado, por un lado, en restringir reuniones masivas y cerrar escuelas pero, además,  en cuidar selectivamente a la población en mayor riesgo y promover mecanismos de diagnóstico temprano y eficiente, lo que requiere la participación de las personas y las familias (no sólo del gobierno). La respuesta de estos países en materia económica sugiere también la necesidad de un estado fuerte que actúe con decisión para reasignar recursos y mano de obra, de tal manera que las empresas produzcan lo que más se necesita en estos momentos. Con base en la experiencia asiática, recomiendan a los gobiernos considerar diversas opciones y actuar con prudencia, no bajo la presión del pánico. De esta manera, señalan, se podría evitar que las medidas sanitarias y sus consecuencias económicas afecten a más personas que la propagación del virus

Podemos entonces sacar algunas conclusiones para el caso de México. Se requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva. Para ello, el gobierno debe aumentar su gasto corriente y sus inversiones en infraestructura en el sector salud y en aquellas ramas productivas que considere necesarias. Adicionalmente, elevar las transferencias directas de efectivo a la población más vulnerable: adultos mayores y trabajadores sin protección social. En materia de política fiscal, hay que subrayar que México tiene un nivel de deuda menor que otros países, por lo que hay que olvidarse de los parámetros previstos antes de la epidemia. Desde luego dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%, reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento. También habría que pensar en una reducción del IVA. El crédito a las empresas por parte de la banca de desarrollo deberá aumentarse de manera programada sobre todo en la medida en que la enfermedad vaya cediendo.

En materia laboral, habrá que hacer nuevas contrataciones para el sector salud (que no requieran una capacitación prolongada) y fortalecer la seguridad de sus condiciones de trabajo; proteger con medidas sanitarias a los trabajadores del sector servicios, sobre todo de distribución, comercialización  y venta de productos alimenticios y de consumo final más indispensables, y tratar de evitar despidos o vacaciones forzosas no pagadas;  garantizar la estabilidad laboral de los obreros  de las manufacturas (y la agricultura),  y los pagos correspondientes por enfermedades y paros técnicos. Un caso aparte son las personas que trabajan por su cuenta en la informalidad, a los cuales se le debe garantizar su atención médica gratuita, ayudarlos a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias en efectivo focalizadas).

Llevar a cabo acciones que aminoren la caída económica y al mismo tiempo eviten los contagios del virus, requiere la confianza de la ciudadanía en sí misma, en las instituciones y en la información de fuentes confiables.

La capacidad del gobierno para atender todos estos rubros será (siempre lo es) limitada. La clave del éxito no reside en la escasez sino en la capacidad del gobierno y del estado mexicano para actuar con habilidad, conocimiento y decisión. Y en la solidaridad de los ciudadanos para no sólo ver por sí mismos sino también por los más necesitados.

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