La libertad sindical en México cuestionada en la OIT

Tarjeta roja para México

Saúl Escobar Toledo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró su 107a reunión en su sede de Ginebra, Suiza, apenas hace unos días. Como parte de sus actividades, la Comisión de Aplicación de Normas, una de las más importantes de este organismo, pues ahí se discuten y califican las posibles violaciones a los derechos de los trabajadores, analizó el caso de México en relación con el Convenio 87. Este documento obliga a los países a respetar la libertad sindical que faculta a los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas sin ninguna distinción y sin autorización previa; también exige a los gobiernos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de estas prerrogativas.   

Desde hace algunos años se considera que en nuestro país persisten graves prácticas y disposiciones legales que contravienen dicho Convenio.  México forma parte de una lista negra de naciones donde la libertad sindical, en realidad, no existe.

Las razones para estar bajo la lupa de la OIT se hicieron más apremiantes en los últimos años debido a las denuncias de actos de violencia contra sindicalistas ocurridos en nuestro país, entre otras, el asesinato de cuatro miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros el estado de Guerrero; las detenciones de 14 trabajadores agrícolas en Baja California; y los muertos, numerosos heridos y el arresto de sindicalistas en el contexto del conflicto magisterial en Oaxaca.

Una de las acusaciones más persistentes y añejas contra el gobierno se refiere a la violación constante a la libertad sindical debido a la práctica generalizada de los contratos de protección. También se ha observado que el Estado mexicano no ha ratificado el Convenio sobre el derecho a la sindicación y la negociación colectiva (núm. 98), complemento indispensable del 87.

En respuesta a estos señalamientos, las autoridades mexicanas adujeron que dichas violaciones están en vías de resolverse gracias, principalmente, a la reforma constitucional aprobada el año pasado. Sin embargo, no se han aprobado los cambios a la Ley Federal del Trabajo, indispensables para que puedan llevarse a la realidad los nuevos preceptos de nuestra Carta Magna. La representación oficial aseguró que se han llevado a cabo numerosas reuniones con trabajadores, empleadores, académicos, y abogados, a fin de encontrar el consenso requerido para la aprobación esas modificaciones. Asimismo, informó que las Comisiones del Senado de la República acordaron la celebración de audiencias públicas para conocer las sugerencias, observaciones y propuestas de los interesados en torno al anteproyecto de dictamen de la legislación secundaria.

Sobre los contratos de protección patronal, simplemente respondió que las denuncias hechas son observaciones “genéricas” que no aluden a casos concretos ni aportan elementos objetivos para presumir la existencia de una práctica “habitual” que menoscabe la libertad sindical y la negociación colectiva, mucho menos para presumir que existe complicidad del gobierno para fomentarla. También dio cuenta de un nuevo protocolo de inspección que tiene como propósito detectar prácticas de simulación y verificar que los trabajadores realmente conozcan del contrato colectivo en sus centros de trabajo.

Los argumentos esgrimidos por la representación oficial serían risibles si no se tratara de un asunto tan delicado, pues las audiencias del Senado fueron definitivamente canceladas casi al mismo tiempo que se celebraba la comparecencia en Ginebra.

Para responder a los argumentos gubernamentales, por parte de los trabajadores mexicanos, destacaron los alegatos de Héctor Barba y José Olvera de la UNT. Este último insistió que desde 2015 el gobierno mexicano ha manifestado su compromiso de solucionar los reclamos de la Comisión, sin que hasta la fecha haya ocurrido algún avance. También denunció que las autoridades se han negado a recoger las opiniones de su organización gremial y del sindicalismo independiente. Por su parte, Barba explicó detalladamente la forma amañada bajo la cual algunos legisladores vinculados al sindicalismo oficial, protegidos por las autoridades del ramo, trataron de simular una consulta sobre las adecuaciones a la LFT, con la verdadera intención de imponer una contrarreforma que haga nugatoria la Constitución. 

Al revisar las actas de la sesión que analizó el caso de México, destaca la participación de los representantes de los trabajadores de diversas partes del mundo. Los obreros de Alemania, por ejemplo, afirmaron que sólo ha habido progresos en el papel, pero no en la práctica; que no hay libertad sindical por el procedimiento arbitrario de registro de los sindicatos y la prevalencia de contratos de protección; y que las Juntas de Conciliación no son tribunales independientes ni imparciales. Pusieron varios ejemplos que demuestran que diversos convenios laborales se han negociado sin el conocimiento de los trabajadores en algunas industrias de capital germánico instaladas en México pertenecientes al sector automotriz, mismos que se firmaron incluso antes de que la planta haya sido construida.

Representantes de trabajadores de Estados Unidos y Canadá reiteraron este punto de vista de manera enfática. Advirtieron, además, que los cambios constitucionales acordados desde febrero de 2007 deben ponerse en práctica antes de que termine la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

De manera similar se pronunciaron los comisionados obreros de Argentina y Colombia quienes señalaron que la reincidencia de las violaciones a los derechos laborales en nuestro país requiere medidas drásticas por parte de la OIT. Por su parte, los observadores que hablaron en nombre de IndustriALL Global Union, una de las centrales sindicales más numerosa del mundo, aseguraron que los contratos de protección se han extendido a todos los sectores de la economía ya que garantizan bajos costos para los empleadores al impedir que los trabajadores tengan una representación legítima para negociar sus salarios y prestaciones.

En fin, y en pocas palabras, las audiencias de la OIT demostraron que el mundo sindical conoce bien la situación mexicana y que coincide en que la principal calamidad son los contratos de protección y la ausencia de libertad sindical.

El resultado final fue negativo para el gobierno mexicano, le sacaron tarjeta roja, pues la Comisión de Aplicación de Normas exigió formalmente a nuestras autoridades que:

Asegure que el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva libre y voluntaria queden protegidos debidamente en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, ajustándose a la letra del Convenio 89. Para ello el gobierno debe incluir y procurar que se incluya en las consultas y deliberaciones a todos los interlocutores sociales, incluyendo los sindicatos independientes. Todo esto para que en los hechos y no sólo en el papel se hagan los cambios necesarios que pongan fin a todas las prácticas viciosas que afectan directamente la negociación contractual, la elección de los representantes de los trabajadores y la formación de sindicatos autónomos.

La resolución señaló, finalmente, que el gobierno mexicano debe proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de estas medidas antes de la Reunión de Expertos que tendrá lugar en noviembre de 2018.

Para entonces el Congreso electo en julio estará ya instalado. Esperemos que retome el camino legislativo señalado por la OIT y que, posteriormente, el nuevo gobierno haga suyos los Convenios 89 y 98 como parte de una nueva política laboral. Es indispensable acabar con la corrupción en la vida sindical y la contratación colectiva. De eso dependerá que México pueda transitar a un orden social más justo y democrático. La comunidad internacional y las expresiones más representativas de los trabajadores mexicanos estarán, seguramente, pendientes de los avances o retrocesos que ocurran en esta materia.

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Elecciones México; López Obrador; izquierda latinoamericana

¿Tarde o temprano?
Saúl Escobar Toledo
Hace casi veinte años, en diciembre de 1998, Hugo Chávez ganaba las elecciones presidenciales en Venezuela. A partir de entonces, se desató un ciclo de gobiernos en América Latina que se propusieron romper con las políticas dominantes. En 2003, Lula ganaría la presidencia de Brasil, el país más poblado del subcontinente. Casi al mismo tiempo se sumaría Argentina y pocos años después, Uruguay con el Frente Amplio y Honduras con Zelaya. En poco tiempo, seguirían Bachelet en Chile, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua. Y, posteriormente, Lugo en Paraguay y el FMLN en El Salvador, ya en 2009.
Vale la pena puntualizar que, en 2006-2007, existían nueve presidentes de la república que, con todas las diferencias que se quieran encontrar, se consideraban de izquierda y gobernaban más de 200 millones de habitantes. Tan sólo en Sudamérica, representaban más del 80% de la población.
La explicación esos triunfos debe encontrarse en los resultados de las políticas neoliberales aplicadas durante casi dos décadas. Entre 1980 y 2003, el PIB per cápita en Latinoamérica aumentó en total apenas un 3.5 por ciento (en dólares americanos de 1995). La inestabilidad y el estancamiento económico profundizaron la indigencia:  el porcentaje de la población pobre que radicaba en esos territorios era mayor en el año 2003 que en 1980.
Los comicios presidenciales de 2006 en México parecían favorables para un candidato progresista. El contexto político que prevalecía en esos momentos en la región así lo anunciaba. Como sabemos, ello no sucedió. Una maniobra concertada por el presidente Fox (según reveló Jorge Castañeda hace unos días) e implementada por la entonces máxima dirigente del partido Nueva Alianza y del Sindicato de Trabajadores de la Educación, junto con una campaña financiada por grandes empresarios (según lo reconoció el Tribunal Electoral) lo impidió de mala manera. No creo que sea necesario extenderme sobre las pruebas y mecanismos utilizados para burlar la voluntad popular. El caso es que México no se sumó a la ola progresista.
A pesar de las muchas diferencias que se puedan encontrar en aquellas experiencias triunfantes, debe reconocerse que se trataba de proyectos políticos novedosos. Habían derrotado a la derecha, apegada a los dictados del Consenso de Washington. Eran partidos y movimientos que nunca habían accedido al gobierno nacional; tenían propuestas originales que aspiraban a superar los paradigmas neoliberales; una clara voluntad de ejercer una mayor autonomía en sus relaciones con el mundo, despegándose del liderazgo estadounidense; y un conjunto de reformas que en algunos casos culminaron en nuevas constituciones.
Hoy, México parece llegar tarde a ese ciclo de victorias izquierdistas si se confirma el muy posible triunfo de MORENA y Andrés Manuel López Obrador. Lo haría, sin embargo, no sólo a destiempo, sino también cuando algunos gobiernos enfrentan situaciones extremadamente difíciles como en el caso de Venezuela y Nicaragua. O después de haber sido desplazados en las urnas, como en Argentina y Chile; o a la mala, bajo procedimientos antidemocráticos, golpes de Estado blandos, como en Brasil.  A pesar de la permanencia de administraciones tan pulcras como la de Uruguay, para muchos observadores el ciclo izquierdista ha terminado ya desde hace años. Regresaron los políticos de clara orientación neoliberal y se ha producido un giro a la derecha.
El balance de esta etapa mostraría que al menos entre 2003 y 2013, 72 millones de personas salieron de la pobreza gracias a las medidas redistributivas tomadas por esos gobiernos progresistas. Sin embargo, la crisis mundial de 2008 pegó duramente a toda la región. El precio de los bienes de exportación primarios (petróleo y agrícolas) los dejó sin recursos y no pudieron o no supieron administrar la escasez. Contó también la incapacidad de frenar la corrupción, extendida en todo el aparato del Estado. Y, desde luego, la fuerza de la derecha, apoyada en los grandes capitales, que nunca se prestó a establecer un acuerdo para impulsar el cambio.
Pero quizás, desde otra perspectiva, el triunfo de MORENA podría anunciar un nuevo comienzo. El triunfo de un proyecto que busca una mejor redistribución del ingreso y acelerar el crecimiento. Combatir eficazmente la corrupción y, sobre todo, ensayar nuevos esquemas para frenar la violencia y la inseguridad ciudadana.
Desde luego, este nuevo intento se daría en condiciones muy diferentes. No hay en el contexto internacional, como en aquellos años de principios de siglo, una situación de estabilidad económica y certidumbre política. Gobierna Estados Unidos un personaje que se ha distinguido por una conducta errática, frecuentemente disruptiva y, sobre todo, brutalmente hostil a la inmigración procedente del sur.
Pero también debe anotarse que la depresión de fines de la década pasada no repercutió solamente en la marcha económica sino también en una notable y más extendida conciencia de los fracasos y vicios de la globalización. El descontento se ha expresado en la elección de personajes ligados a la derecha y ultraderecha; en la aparición de nuevos partidos y expresiones como Podemos en España o el liderazgo de Corbyn en Inglaterra; y en fenómenos tan extraños como la coalición gobernante actualmente en Italia. También ha hecho surgir movimientos sociales con nuevas prácticas y horizontes programáticos e ideológicos.
En América Latina, ese malestar explica no sólo el caso de México, sino también el logro de un candidato progresista, Gustavo Petro, que competirá en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia; los graves conflictos que aquejan a Brasil; y el enorme malestar social que se observa en Argentina. Es decir, la derecha y sus recetas neoliberales tampoco han sido capaces de controlar los desequilibrios económicos ni de afianzar una gobernabilidad democrática.
Parecería que buena parte del mundo sigue buscando nuevos caminos sin encontrar cabalmente un proyecto que satisfaga a sus ciudadanos. Ni el regreso de las políticas ortodoxas, ni los experimentos de la izquierda alternativa conocidos hasta hoy, ni la socialdemocracia que aún se debate en la ambigüedad programática, han construido, en los hechos, un rumbo sustentable y más justo, ni un régimen político que merezca la confianza de sus ciudadanos.
Bajo esta situación, incierta y difícil, pero con una sociedad más rebelde y crítica, la experiencia mexicana puede ser el inicio de un camino inédito, la puesta en práctica de un proyecto que intente superar los viejos esquemas de la derecha neoliberal y los errores de las izquierdas latinoamericanas. El triunfo de AMLO sería entonces el anunció de que México no llegó tarde, sino que se ha adelantado. Su presidencia representaría un hecho inédito, pues ocurrirá después de la Gran Recesión y el supuesto vuelco a la derecha ocurrido en esta parte del planeta.
Tiene, de su lado, un enorme apoyo popular y una oposición profundamente dividida. No le ayudará en cambio su pragmatismo, encarnado en alianzas de dudosa lealtad con una propuesta de cambio, sus devaneos ideológicos con la derecha confesional, y la existencia de una sociedad harta y enojada pero dispersa, sin interlocutores fuertes y organizados.
Todo eso si se confirma su triunfo. Si ello no sucede, el futuro se ve aún más negro. Más de lo mismo parece insostenible en un país que ya se encuentra al límite de su hartazgo, de la quiebra de las instituciones del Estado, de la ingobernabilidad, la corrupción y la pobreza. No hay entonces más que apostar al cambio, pero sabiendo que éste no será un camino fácil.
Dicen que nuestro gran poeta, José Emilio Pacheco, dijo alguna vez en una reunión pública: “No sean pesimistas y no sufran por lo que no ha pasado porque va a suceder de otra manera”
Así que, por lo pronto, no dejemos que decaiga la esperanza y preparémonos para ir a votar. Y trabajemos para que la sociedad sepa responder a las incógnitas de ese nuevo amanecer que asomará el 2 julio.
Twitter: #saulescoba