El embrollo migratorio: la razón de la sinrazón
Saúl Escobar
Toledo
El
enfrentamiento entre Estados Unidos y México, desatado hace unas semanas por el
gobierno de Trump tiene, como se ha comentado profusamente, dos causas
principales: la inescrupulosa ambición política del presidente de aquel país, y
su natural inclinación a provocar el sufrimiento ajeno. Pero también hay otras
razones más concretas que propiciaron el manotazo, ligadas al fenómeno
migratorio.
Para
entenderlas vale la pena citar el memorándum del 27 de abril de la entonces
secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Nielsen, quien aseguraba:
“La
situación en nuestra frontera sur es extremadamente grave. Estamos viendo
flujos históricos migratorios que exceden de lejos la capacidad de EU y una
situación humanitaria que se agrava cada día. Los agentes migratorios no están
preparado ni equipados para tratar con el volumen de personas vulnerables que
llegan a nuestro territorio. Nuestras instalaciones están excedidas, nuestros
agentes y oficiales son muy reducidos, los niños están llegando más enfermos
que nunca y estamos en un grave riesgo de incidentes que amenazan la vida, dadas
las proporciones sin precedentes de los flujos… Como resultado, hemos tomado la
difícil decisión de desviar recursos de la seguridad fronteriza y dedicarlos a
una respuesta humanitaria de tiempo completo.
Y nos hemos visto obligados a poner en libertad a individuos antes de
que hayan sido completamente procesados mediante el sistema de inmigración… En
breve, hemos llegado a un punto de quiebra de todo el sistema. He pedido al
Congreso mayores recursos de emergencia y la contratación de nuevos agentes
para lidiar con la crisis. Estamos
obligados a restaurar el orden y al mismo tiempo cumplir con nuestras
obligaciones humanitarias”.
Es probable
que esta posición haya resultado inaceptable para el presidente, lo que llevó
al despido de la secretaria Nielsen. Ahora bien, los estudios realizados por el
Centro Pew (https://www.pewhispanic.org) confirman varios hechos importantes:
desde hace tres años, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han arrestado
a más personas de origen centroamericano que de nacionalidad mexicana. Ahora,
éstos son una minoría, a diferencia con lo que sucedía antes, hace dos décadas,
cuando la proporción era completamente inversa: los mexicanos detenidos
representaban el 98% y las otras nacionalidades apenas el 2%. Más importante
aún, del total de arrestos ocurridos en los últimos años, en el 53% de los
casos se trata de grupos familiares, es decir que incluyen menores de edad. Se
trata de un cambio sustancial pues en el pasado se detenía, en una gran proporción,
a personas que viajaban solas, principalmente hombres.
Estos nuevos
perfiles de la migración han provocado fuertes presiones a las autoridades
estadounidenses ya que, de acuerdo a las leyes de ese país, en especial la Ley
de Refugiados y el Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados de 1980, el
gobierno está obligado a examinar las solicitudes de las familias y a ayudarlas
a que obtengan los medios económicos suficientes para sobrevivir tan pronto
lleguen a suelo estadounidense. También
pone un plazo que no puede exceder 20 días (Acuerdo Flores) de detención a las
personas que estén acompañadas por niños.
De ahí que
el gobierno como decía Nielsen, esté obligado a proporcionar ayuda humanitaria
a estos solicitantes, tratar de cumplir con el plazo señalado o liberar a los
detenidos, y además vigilar la frontera para evitar que entren al territorio de
ese país. Ante la imposibilidad, según la ex secretaria, de hacer todo ello,
Nielsen aparentemente decidió poner mayor atención y recursos a la ayuda humanitaria.
Debe advertirse
que la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos ha venido disminuyendo,
sobre todo en el caso de los indocumentados. Esto último obedece a que ahora
los mexicanos que regresan son más que los que tratan de llegar allá. Así, el
número de personas nacidas fuera de EU, no documentadas, que trabajan o buscan
un trabajo en EU es menor que hace unos diez años: pasaron del 5.4% al 4.8% del
total de la fuerza de trabajo civil.
Consecuentemente,
el número de deportados se ha reducido: de un promedio anual de 375 mil con
Obama a 295 mil con Trump. El cambio ha sido muy notorio en la frontera con México:
aquí las detenciones cayeron de 1 millón
en 2006 (y un número aún mayor en los años ochenta y noventa) a 400 mil en
2018.
Es decir,
para el gobierno de Estados Unidos, el problema más urgente ya no radica en el
número de migrantes que tratan de ingresar sin permiso, sino en el hecho de que
se trata de grupos acompañados de niños provenientes principalmente de tres
países: El Salvador, Guatemala y Honduras. Familias que solicitan refugio, de
acuerdo a las leyes de ese país.
El
mandatario ha tratado de cambiar o saltarse la ley (The Refugee Act) y todas
las obligaciones que se derivan de ella. Ante la negativa del Congreso y de
algunos jueces, el presidente decidió que México debería hacerse cargo del
problema (o de una parte de él). De esta manera Trump está tratando de resolver
un asunto administrativo, la falta de presupuesto y personal adecuado, y evadir
la obligación legal de atender debidamente a las familias. Igualmente, presiona
a los legisladores y desde luego intenta demostrar sus votantes que cumple con
la promesa de fronteras seguras.
El gobierno
mexicano tendrá ahora que resolver la problemática
que apuntaba la secretaria Nielsen: atender debidamente a las familias
migrantes, incluyendo el delicado asunto de los niños, y tratar de detener el
flujo. Son asuntos difícilmente compatibles: detener a los migrantes con la fuerza militar y
arrestarlos, afectará sin duda, principalmente, a los menores. El esfuerzo en
materia de recursos, calidad del servicio, adiestramiento del personal,
instalaciones apropiadas y protocolos de detención para que las madres, padres
e infantes vean respetados sus derechos más elementales será enorme y muy
complicado. Todavía más si se acepta finalmente convertirnos en tercer país
seguro.
Desde luego,
resulta evidente que las familias centroamericanas abandonan su territorio no
sólo por razones de búsqueda de un trabajo, como en el caso de la mayoría de
los mexicanos que se han ido (ahora en menor número) a EU. La violencia que
sufren en sus países de origen, al sur de nuestra
frontera, se ha convertido en la causa principal. Ningún padre o madre de
familia arriesgaría a sus propios hijos a una atravesía tan arriesgada sólo
porque piensan que de esta manera puede ser más viable obtener un ingreso legal
a Estados Unidos. El terror que sufren en sus barrios y vecindarios debe ser
mayúsculo.
El gobierno
mexicano tiene razón en tratar de promover programas económicos en la zona del
Triángulo Norte de Centro América para tratar de frenar la migración. Pero no
basta. Las detenciones y deportaciones que lleven a cabo nuestras autoridades,
sobre todo cuando se trate de familias, deberían ser excepcionales. El acento
debería recaer en la disuasión, los permisos temporales que garanticen su
tranquilidad, y un programa de ayuda para garantizarles alimentos y asistencia
médica.
Estas
políticas, que se intentaron al principio del sexenio, chocan con los acuerdos más
recientes entablados con EU. México no pude responsabilizarse de una probable
catástrofe humanitaria. Durante los próximos días veremos si estos peligros se
confirman o se desvanecen. Pero lo más razonable es prepáranos para un escenario
más ingrato. La estrategia de contención en la frontera sur y de acogida en la
norte pueden resultar inviables con el respeto a los derechos humanos de las
familias. Los flujos no necesariamente
se van a reducir a los niveles que desea Estados Unidos, lo cual podría de
nueva cuenta ser motivo de represalias comerciales. Se trata sin duda de un
problema muy complejo, un verdadero embrollo, en el que la vida y la seguridad de
cientos de miles de personas, sobre todo niños, está en riesgo.
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