Una cuenta por cobrar: el salario
Saúl Escobar Toledo
De todos los saldos y pendientes del sexenio de Peña Nieto, uno de las más
graves se refiere al salario. En primer lugar, claro, el salario mínimo, el
que, a pesar de un ligero aumento en los últimos dos años, sigue estando por
debajo de la línea de la pobreza. Pero la situación no es mejor en el resto de
la estructura salarial. Más de la mitad de las familias, según el VI Informe de
gobierno, se sostiene con un nivel de percepciones menor a 5 SMD (salarios
mínimos diarios) a pesar de que en ese hogar más de una persona puede estar
aportando ingresos. Según el mismo informe, la población vulnerable por
ingresos aumentó entre 2012 y 2016, lo que sólo puede explicarse por una
disminución de sus remuneraciones y la informalidad laboral.
De la misma manera, el Informe
muestra que el salario base de cotización de los trabajadores asegurados del
IMSS apenas creció un poco por encima de la inflación general (INPC) pero por
debajo del aumento de la canasta básica calculada por CONEVAL, perdiendo casi 2
puntos porcentuales en los últimos cinco años. Incluso en la industria de la
transformación (en la que deberían situarse los trabajadores mejor pagados) el
salario medio apenas representa alrededor de 4 SMD. Llama también la atención
que en las grandes empresas los aumentos hayan sido menores que en las medianas
y en las pequeñas, lo cual puede explicarse por un control salarial más
estricto. Peor aún, en dólares estadounidenses por hora, los jornales de los
trabajadores mexicanos en la industria de la manufactura disminuyeron entre
2012 y 2017 mientras que en EU aumentaron. La brecha salarial entre los dos
países se hizo más profunda.
La agenda del próximo gobierno en
esta materia es pues un asunto inevitable y urgente. Diversos integrantes del
futuro equipo de gobierno han manifestado su voluntad para aumentar el salario
mínimo a poco más de 100 pesos diarios para nivelarlo con el nivel de pobreza
señalado por CONEVAL. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho cálculo no
toma en cuenta los hijos del trabajador. Si éste tiene, como sucede
generalmente, un hogar formado por lo menos por cuatro personas y es el único
que aporta ingresos, el salario mínimo vital (como lo marca la Constitución) debería
ser de alrededor de seis mil pesos mensuales. De esta manera, aunque un aumento
como el señalado es positivo, el problema no se resuelve del todo.
Habrá que agregar que un
incremento al mínimo difícilmente repercutirá en el conjunto de la estructura
salarial, es decir en aquellas que teóricamente se pactan entre el empleado y
el empleador por medio de un contrato. Según diversos estudios, la relación
entre los aumentos al SMD y a los salarios contractuales ha cambiado en el
tiempo. Durante muchos años (entre principios de los años ochenta hasta el año
2000) el SMD sirvió como índice para topar los aumentos otorgados por las
empresas. A principios del siglo XXI y hasta 2008, cuando estalló la crisis
mundial, los salarios medios aumentaron mientras el mínimo se quedó congelado.
Desde entonces, ambos, el mínimo y el medio casi no se han modificado. Parte
del problema se explica por la escasa capacidad de negociación de los
trabajadores y a la ausencia de sindicatos representativos. También hay que
recordar que el salario mínimo lo obtiene un reducido número de trabajadores
ubicados en los sectores más desprotegidos de la economía: en los micronegocios
y en las áreas rurales donde predomina el trabajo informal (que no cuentan con
seguridad social). Se trata de un conjunto de alrededor de 8 millones de
trabajadores (de un total ocupado de aproximadamente 56 millones), es decir
alrededor del 15%.
Además, después de la crisis de
2018, la estructura salarial se ha seguido comprimiendo hacia abajo: el número de trabajadores que gana hasta 3
SMD ha venido aumentando mientras que los que perciben más de esa cantidad se reducen
año tras año. Ello está ligado a los bajos índices de crecimiento de la
economía y a la destrucción de empleos en los puestos más calificados en las
ramas económicas más modernas.
Una medida que todavía no
conocemos pero que tendrá igual o mayor importancia que el aumento a los
mínimos se refiere a las percepciones de los trabajadores del sector público a
nivel federal. Durante los gobiernos de Cárdenas, López Obrador y Ebrard (hasta
2010) se otorgaron aumentos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de
México en porcentajes promedio superiores no sólo no sólo al mínimo legal sino
también a la inflación. Habrá que ver si esta política se aplicará bajo la
presidencia de AMLO tanto a nivel local (en los estados que gobernará MORENA
principalmente) y a nivel nacional.
Legisladores del partido
mayoritario y de otros grupos parlamentarios
han manifestado su interés en cambiar la ley sobre los salarios mínimos. Un
asunto central se refiere al organismo que toma esa decisión, la CONSAMI
(Comisión Nacional de Salarios Mínimos). Sin duda, ha sido una entidad
incondicional al mandatario en turno y bastante inútil. Habrá que pensar en su reemplazo. Para ello, deberá
tomarse en cuenta que, según estudios de la OIT, en los países donde existe un
salario mínimo legal sólo hay tres modelos: en el primero, que es el método más
frecuente a nivel mundial, la fijación de este ingreso mínimo se toma por una autoridad,
usualmente el ministerio del trabajo, previa consulta con los interlocutores
sociales, es decir los sindicatos y la representación patronal. En el segundo caso,
la decisión se toma por una entidad tripartita, como la CONSAMI de México. Una
instancia similar existe en otros países por ejemplo Corea (del Sur) y Costa
Rica. En el tercer caso, el fallo recae en el órgano legislativo (Brasil,
Estados Unidos).
La CONSAMI puede cambiar de nombre,
pero eso no es lo importante. Lo relevante consiste en si se migra de un modelo
tripartito a cualquiera de los otros dos. Según mi parecer, la decisión debería
recaer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, previa
consulta con los representantes de obreros y empleadores y auxiliado por una
comisión técnica ad hoc que permita tomar una decisión acorde con las metas de
política económica señaladas por el Ejecutivo y bajo la estrategia de una
mejora gradual pero permanente. De esta manera, el aumento tendría un mayor
impacto y serviría de base para las negociaciones contractuales. La idea sería
que el conjunto de la economía se moviera en un mismo sentido, mejorando los
ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.
Para ello, las reformas a la LFT
pendientes desde la reforma constitucional de 2017 que garantizan el voto
secreto de los trabajadores en la elección de sus representantes y de su
contrato colectivo, así como la creación de una institución independiente para
el registro de los sindicatos, pueden efectivamente conducir a una negociación
real en los centros de trabajo.
Estaríamos así frente a un
andamiaje institucional distinto que recaería en cuatro patas: una política de
aumento del salario mínimo propiciada y planeada por el gobierno, pero
consultada con las representaciones obreras y patronales; una estrategia de
aumento real de las retribuciones de los servidores públicos; un nuevo método
para decidir el monto anual del SMD que recaería en la Cámara de Diputados; y
una estructura legal que garantizaría una negociación efectiva entre obreros y
patrones.
No faltará quien afirme que estos
cambios podrían conducir a una espiral perversa inflación- salarios, lo que
afectaría la competitividad internacional. Eso no sucederá si existe una conducción
del Estado (principalmente del poder ejecutivo y el Congreso) responsable,
apoyada en el diálogo social, que plantee un esquema de cambio previsto para
varios años. El otro camino es el que ya conocemos: dejar que los ingresos
laborales se reduzcan permanentemente, con el consecuente aumento de la pobreza
y la desigualdad. Tenemos más de 35 años
bajo esta estrategia y sólo ha arrojado pérdidas para la inmensa mayoría de la
población.
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