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miércoles, 2 de diciembre de 2020

Un Estado débil protege poco a la gente

Un Estado debilucho Saúl Escobar Toledo Según cifras publicadas recientemente por la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), México tiene un gasto público, destinado a proteger a sus habitantes de las inclemencias del mercado, muy reducido, muy pequeño. De ahí que la desigualdad, la pobreza y los daños causados por catástrofes como la que nos ha azotado todo este año, crezcan cada vez más. Mientras los países analizados por este organismo erogaron un promedio de 20% de su PIB en distintos renglones del gasto social, México apenas destinó el 7.5% (en 2019). Evidentemente estamos muy lejos de los países ricos como Francia (30%) o Alemania, Italia y Austria que presupuestaron un poco menos. México está incluso por debajo de Colombia (13.1%) Chile (11.4%) y Costa Rica (12.2%) Somos el último de la lista de la OECD. Dentro de este tipo de gasto, México ha realizado una inversión muy pequeña en servicios de salud. El año pasado le destinamos apenas un 2.8% del PIB mientras que Costa Rica, Colombia y Chile erogaron 5.4; 4.8 y 4.5% respectivamente. Para no mencionar a Francia o Alemania que pusieron más del 8%. Además, en las décadas anteriores, este gasto fue mal administrado, según nos han informado las autoridades actuales, lo que da una idea de la poca capacidad de respuesta que hemos observado frente a las enfermedades crónicas y las epidemias. Otro renglón en que México invierte poco es el destinado a beneficios en efectivo para dotar de ingresos a la población en edad de trabajar. Se trata de pagos por enfermedades e incapacidades; apoyos a familias con hijos pequeños; y también aquellas destinadas a políticas activas (promoción del empleo, capacitación, ayudas fiscales) y pasivas (seguro de desempleo). Mientras el promedio de los países de la OCDE gasta un 3.7% en estos renglones, nuestro país apenas le ha destinado un 0.5%. Y es que las políticas neoliberales se afianzaron en México crudamente. Los ajustes al gasto público que tuvieron como objetivos obtener presupuestos nivelados, contener la deuda y no elevar impuestos llevaron a que las partidas previstas para proteger a la gente se mantuvieran en niveles bajos y completamente insuficientes. Se trata de una política que ya lleva tiempo. El gasto social se ha mantenido prácticamente igual en los últimos diez años (7.4% en 2010, 7.2 en 2018 y 7.5 en 2019). La OCDE advierte que la pandemia del COVID-19 seguramente aumentará este tipo de erogaciones al presentarse un aumento de la demanda de servicios de salud y la necesidad de apoyar a la población, mediante distintas formas, por los daños económicos y los empleos perdidos. Por ejemplo, subsidios de corto plazo a trabajadores desempleados; ayudas a los padres y a sus niños y niñas que no pudieron asistir a las escuelas cerradas por razones sanitarias. Sin embargo, México parece ser otra vez una excepción como lo demuestra el presupuesto andrajoso aprobado por el Congreso para 2021. Comparado con casi todos los países del mundo, el gasto social de éste y el próximo año han observado aumentos raquíticos. Los renglones que componen este tipo de gasto son un reflejo bastante fiel de lo que hace un Estado nacional para proteger a sus ciudadanos de la pobreza, las enfermedades, el rezago educativo, la falta de vivienda, la carencia de empleos bien remunerados. Si estas erogaciones son pequeñas, eso quiere decir que las capacidades estatales son reducidas. El Consenso de Washington promovió el debilitamiento del Estado, alegando que de esta manera se abriría el horizonte para un crecimiento más rápido pues las empresas no tendrían que pagar más impuestos, la inflación estaría controlada, y no tendría la competencia “desventajosa” de la inversión estatal. Como ya comprobamos en casi todo el mundo, estas recetas no sólo no cumplieron con esta promesa, sino que además condujeron a una desigualdad de ingresos y de riqueza sin precedentes y alentaron la inestabilidad política y social. Desde luego, aún en los países ricos donde el gasto en salud ha sido históricamente alto, la pandemia vino a dejar en claro el costo en vidas humanas que dejaron las políticas neoliberales, ya que en estas naciones también se congelaron las inversiones o se privatizaron los servicios sanitarios. El ogro filantrópico; el Estado obeso; las economías mixtas burocráticas e ineficientes, fueron algunos de los términos que se utilizaron para restarle fuerza a la administración pública en aras de abrir el paso a una mayor libertad a los mercados. Incluso se ha llegado a pensar que un Estado débil equivale a un estado democrático y, por lo contrario, que uno fuerte, con crecientes capacidades para proteger a sus ciudadanos, llevan a las dictaduras, los populismos y otras formas despóticas de gobierno. Ahora que la pandemia ha mostrado los saldos adversos de los paradigmas neoliberales, sus defensores voltean a ver a otro lado y nos proponen reflexionar sobre la importancia de los contras pesos al poder presidencial para conservar el clima de libertades y los avances democráticos que, según ellos, hemos alcanzado. Olvidan que, en realidad, hemos vivido una pesadilla repleta de episodios de violencia, inseguridad, saqueos y bandidaje que han carcomido las instituciones públicas. No quieren reconocer que hemos transitado hacia un sistema político fácilmente vulnerable, abusado por las mafias, y acorde con una administración pública que ha sido sistemáticamente desmantelada. Y es que un Estado débil es incapaz de promover el respeto a los derechos humanos. O, dicho de otra manera, sólo un régimen con las capacidades necesarias en términos fiscales, administrativos y económicos puede garantizar que estos derechos sean exigibles y se traduzcan en mejores políticas púbicas para combatir las carencias y afectaciones de las personas. Un Estado fuerte puede ser más o menos democrático: o si se prefiere más o menos autoritario. Pero, un Estado flaco, irremediablemente dará lugar a que las minorías poderosas que juegan en el mercado se impongan sobre la mayoría de los ciudadanos. Una administración púbica robusta, sin duda, tendría que ser acompañada por una participación ciudadana exigente, para obligar a una rendición de cuentas y a la corrección de errores y desviaciones. Por ello, resulta extraño que la 4T piense, por ejemplo, que la corrupción se debe, como dice el dicho a que, en cofre abierto, hasta el más justo peca, cuando en realidad se trata de un sistema de complicidades que se aprovecha de las debilidades estatales para actuar impunemente. También sorprende la insistencia en aplicar una política de austeridad presupuestal cuando se necesita que el Estado responda de la mejor manera posible o, como dice la UNCTAD, con todo lo que sea necesario, para proteger a sus ciudadanos. O que la capacidad de endeudamiento del gobierno federal se entienda como un factor absoluto cuando en realidad depende de los ingresos fiscales, las necesidades presentes y futuras de la sociedad, y de una estrategia encaminada para fortalecer las instituciones públicas. Peor aún resulta pensar que la negativa a emprender una reforma fiscal puede formar parte de un plan destinado a mejorar el nivel de vida de la gente cuando lo que estamos observando es un resultado de un proyecto de adelgazamiento que lleva ya casi cuatro décadas, debido a la presión de los intereses de un estrato de ricos y super ricos que no quiere pagar más contribuciones, lo que ha llevado, entre otras muchas cosas, a tener un sistema de salud enano. En fin, en pleno siglo XXI, retomar el propósito de construir un Estado con mayores recursos fiscales; con una administración diestra y trabajando con un patrón laboral decente; con instituciones saneadas, pero igualmente aptas, humana y materialmente, para atender los reclamos ciudadanos; y con un plan multianual que dirija la inversión privada mediante una creciente inversión pública: en una palabra, levantar un Estado fuerte, debería ser la lección que nos ha dejado esta pandemia. Desafortunadamente, parece que no todos hemos entendido el mensaje de la misma manera. saulescobar.blogspot.com

jueves, 19 de noviembre de 2020

Disgustos patronales: la iniciativa de ley para regular la subcontratación

Disgustos patronales

Saúl Escobar Toledo

El pasado 12 de noviembre, el presidente López Obrador presentó una iniciativa para regular algunas modalidades de un fenómeno complejo, la subcontratación laboral. De inmediato, los organismos empresariales cúpula y algunos de sus voceros oficiales y oficiosos protestaron acremente. La COPARMEX, en un documento público, señaló que el proyecto “representa una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal”. De manera dolosa, aseguró que 4.6 millones de personas ocupadas bajo esta modalidad están en peligro inminente de ser despedidas. El documento patronal buscaba también confundir deliberadamente a la opinión pública proponiendo que la subcontratación se debe “regular, no prohibir”.

Una opinión casi idéntica se puede encontrar, por ejemplo, en el editorial de Enrique Quintana, director de El Financiero quien aventuró que, definitivamente, no se contratará directamente a los trabajadores que hoy están en esquemas de “outsourcing” (término que no están en la iniciativa ni en las leyes). Opiniones más ríspidas se han publicado estos días sin faltar alguno que las calificó de “recetas bolivarianas” es decir, supongo, propias de la Venezuela de Chávez, no del libertador Simón Bolívar.

Resulta curioso que todos admitan que se ha abusado de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, a la hacienda pública y a la seguridad social. Sin embargo, Quintana llegó al extremo de afirmar que estos ilícitos tuvieron un efecto benéfico pues “permitieron una mayor flexibilidad laboral”. O sea que las leyes pueden violarse impunemente cuando arrojan un beneficio para las empresas.

 La idea de que las normas laborales siempre son, en general,  perjudiciales para la inversión privada es parte sustantiva de la ideología patronal y del liberalismo. Su paradigma es que, a mayor libertad de los mercados, incluyendo la compra de fuerza de trabajo, mayores los beneficios para las empresas y la creación de empleos. La realidad, no obstante, ha sido distinta. En las últimas décadas, cuando tal paradigma ha sido hegemónico, hemos observado una dinámica viciosa: la desregulación ha llevado a la creación de empleos cada vez más precarios y vulnerables, y a aumentar las ganancias en detrimento de los salarios. Los ingresos se han concentrado de manera más desigual, a niveles inusitados, mientras que las condiciones de vida de los trabajadores han decaído en casi todo el mundo incluyendo los países más desarrollados. Esta desigualdad creciente ha sido la causa -reconocida por académicos de renombre incluyendo varios premios Nobel de economía y la CEPAL- de un crecimiento económico inestable e insuficiente; un descontento social muy amplio; y una polarización política que incluso ha capitalizado la extrema derecha como en el caso de Trump en Estados Unidos.

 

Revisando con cuidado la propuesta del gobierno, que reforma distintas leyes, principalmente la del trabajo, se pude observar que busca impedir varias prácticas, aparentemente legales, que en realidad burlan derechos fundamentales. Primero, los intermediarios que contratan (y pagan a) trabajadores por una labor que se lleva a cabo en beneficio de una determinada empresa. Esto es especialmente visible en la industria de la construcción (que incluso lo destacan en letreros puesto en las obras) y en el reclutamiento de jornaleros agrícolas. Segundo, más importante, empresas que son filiales de un consorcio y que administran la nómina de los trabajadores, pero no realizan ninguna actividad productiva. Los consorcios bancarios, call centers, hoteles y restaurantes (que no son pequeños o micronegocios) han sido muy afectos a esta simulación. Tercero, empresas fantasmas que sólo existen en el papel porque fueron registradas ante notario público con un domicilio inexistente y que son fachadas para transferir recursos de un lado a otro y frecuentemente a paraísos fiscales.  Algunas de éstas manejan nóminas y pagos a la seguridad social en libros de contabilidad con información falsa. En todos estos casos, las empresas contratantes no se hacen responsables de las obligaciones patronales o las disminuyen para bajar los costos de las compañías beneficiarias.

En cambio, la iniciativa de ley permite la contratación de trabajadores por una empresa para que realice o ejecute servicios u obras especializadas en un establecimiento distinto. Por ejemplo, las tareas de limpieza y vigilancia; contabilidad y finanzas; mantenimiento, instalación o creación de equipo y programas digitales (software y hardware); etc. Ahora, sin embargo, para evitar las simulaciones antes descritas estas empresas tienen que registrarse ante la Secretaría del Trabajo para comprobar que realmente hacen lo que declaran. Y se incluye la “responsabilidad solidaria” que significa que, si la razón social contratante no cumple con sus obligaciones laborales, la beneficiaria tendrá que cubrir esas omisiones. Esto resulta muy importante sobre todo en materia de seguridad social pues es frecuente que los subcontratistas dejen de pagar esas cuotas y el trabajador y su familia quede sin servicio médico.

Como pude observarse, la reglamentación propuesta no tiene que afectar la creación de empleos ni aumentar la informalidad. Lo cierto y comprobable es que muchos de los puestos subcontratados actualmente son informales como hemos tratado de explicar. Así que las afirmaciones en este sentido pecan de cinismo y de falta de responsabilidad social.

El problema del empleo desde luego es un asunto que se ha vuelto más acuciante debido a la pandemia y las restricciones impuestas a los establecimientos comerciales y productivos. Para mejorar la situación actual y una recuperación más rápida, hay que crear y poner en práctica un conjunto de programas como el seguro de desempleo, una renta vital focalizada a los trabajadores afectados (sobre todo informales) y un presupuesto contra cíclico. Pero requiere, asimismo, que no se afecte a los empleados con salarios y prestaciones reducidas, propósitos que   han cumplido sobradamente las empresas que recurren a las prácticas de subcontratación.   Un mayor poder de compra de la población trabajadora ayudaría sin duda a una recuperación más rápida.

 

El paquete de reformas enviado al Congreso se puede perfeccionar para que cumplan mejor sus objetivos y se eviten malentendidos. Igualmente, requerirá de la voluntad política del gobierno, el cual deberá fortalecer la inspección del trabajo y poner de su parte, predicando con el ejemplo, para que las limitaciones que contiene el proyecto de ley se apliquen en los gobiernos municipales, estatales y el federal. La administración pública se ha vuelto también el reino de la subcontratación simulada y los contratos precarios.

 

Habría que agregar, finalmente, que los problemas derivados de esas prácticas nefastas:  los abusos de los patrones, la falta de mecanismos de defensa de los trabajadores y la tolerancia de la autoridad, no se van a resolver definitivamente con esta iniciativa. Queda pendiente, entre otros, el asunto de las plataformas digitales que contratan (o subcontratan) trabajadores y que ofrecen servicios de transporte, de paquetería o de provisión de alimentos a domicilio solicitados por el internet. Estas empresas no admiten ninguna responsabilidad laboral ya que no se reconocen como patrones.

 

COPARMEX y sus voceros sostienen que “tras la crisis provocada por el COVID-19 las condiciones en el mundo deberán de tender hacia la flexibilización…” y que, por lo tanto, “debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado”. Para ellos, los sindicatos, la negociación bilateral, los contratos colectivos, las leyes y los derechos de los trabajadores entorpecen el funcionamiento de las empresas y la creación de empleos. Ahora, como en otras ocasiones, la COPARMEX y sus voceros quieren resolver la crisis a costa de los trabajadores. La iniciativa propuesta por el gobierno no apunta en esa dirección. Esas es la verdadera razón de sus enojos.

 

  

jueves, 5 de noviembre de 2020

Trabajadores rigurosamente vigilados

 

Trabajadores rigurosamente vigilados

Saúl Escobar Toledo

 publicado en El Sur el miércoles 3 de noviembre de 2020

Estimado lector, usted, que ya tiene en sus manos una ejemplar de El Sur, es probable que conozca al triunfador de las elecciones presidenciales y cuál será la composición del Congreso de Estados Unidos.  Ello, a menos que surja un conflicto poselectoral, como en el año 2000, cuando se perpetró un fraude a manos de Jeff Bush, gobernador de Florida, en favor de su hermano George, lo que provocó un litigio que se resolvió varias semanas después de la fecha comicial.  

 

El mundo, no sólo Estados Unidos, están a la expectativa de unos comicios que tendrán un impacto histórico perdurable. Si Trump lograra reelegirse, la incertidumbre, ya de por sí enorme por la pandemia y sus efectos, pondría en peligro la recuperación económica a nivel mundial. Dentro de EU, la inestabilidad social también empeoraría como resultado de enfrentamientos cada vez más violentos entre las comunidades negras y los supremacistas blancos. Los esfuerzos por detener el deterioro ambiental y el cambio climático quedarían estancados, y, en fin, un conjunto de problemas domésticos y planetarios quedarían a merced de un personaje imprevisible, mentiroso e irremediablemente corrupto y corruptor. El triunfo de Biden, el demócrata, no garantiza grandes soluciones, pero al menos un poco más de transparencia, certeza y estabilidad.

 

Para México, el resultado podría impactar en distintos sentidos:  la política hacia América Latina; las presiones por detener la migración indocumentada; y los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones. Hay, sin embargo, un asunto especial que merece mayor atención porque ha sido menos conocido: las relaciones laborales en México.

 

Para entender el asunto, vale la pena recordar que la renegociación del TLCAN y la firma del T-MEC dieron lugar a un nuevo capítulo laboral. En dicho tratado se incluyó el llamado anexo 23-A que se titula “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. No hay duda de que dicho anexo fue pactado para tratar de impedir que en nuestro país se siguieran aplicando los contratos de protección y el llamado dumping social, es decir, la caída permanente de los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos con el objeto de atraer inversiones y empresas de allá para acá.  En función de esos acuerdos, México se comprometió a reformar su legislación laboral, cosa que sucedió efectivamente en abril de 2019.

 

Las enmiendas dieron luz, legalmente, a un nuevo modelo.  El que estuvo vigente durante más de cien años se basaba en la justicia tripartita (gobierno, empresarios y trabajadores); éste se apoya ahora en tribunales judiciales. El viejo orden daba al gobierno la facultad de reconocimiento y control de los sindicatos; el nuevo se funda en una muy amplia libertad sindical. El esquema anterior construyó un sistema de negociación colectiva manejado por los empleadores y a veces por el gobierno en turno: el que se inaugura deja el poder de decisión a los trabajadores. Por primera vez en mucho tiempo, éstos tendrán la posibilidad de elegir mediante voto secreto, personal y directo a sus dirigentes y representantes; y adherirse a la organización que prefieran. 

 

A pesar de estas reformas, la votación del (nuevo) Tratado en el Congreso de EU fue un asunto complicado que finalmente se resolvió gracias a la Ley 5430 aprobada el 3 de enero de 2020 por los legisladores estadounidenses. Dicho ordenamiento incluyó la creación de una Comisión Interinstitucional de Asuntos Laborales que “evaluará semestralmente en qué medida México cumple sus obligaciones” relativas a las reformas del derecho laboral, y “especialmente, si los recursos asignados por México son consistentes con el compromiso asumido”. La comisión contará con el apoyo de un Comité Independiente de Expertos Laborales, cuyos 12 integrantes serán designados por ambos partidos representados en el Congreso (demócratas y republicanos) y por el gobierno. En el caso de incumplimiento, la comisión podrá recomendar sanciones de carácter comercial.  Se establecerá asimismo una línea directa (hot line) para los trabajadores mexicanos, y el gobierno de EU   deberá contratar cinco agregados laborales que se instalarán en la embajada de EU en México y que tendrán la tarea de asistir a la comisión para “monitorear y hacer cumplir” las obligaciones contenidas en el T-MEC y la ley mexicana.

 

En síntesis, el Tratado contempla un pesado aparato burocrático que vigilará las condiciones de los trabajadores mexicanos, especialmente en industrias como: ensamblado de automóviles; autoparte; aeroespacial; electrónica; call centers; minería y acero y aluminio. Esta inspección podrá realizarse in situ, en los centros de trabajo, y los agregados también estarán en condiciones de recibir quejas directas de los trabajadores mexicanos mediante una línea telefónica y un sitio de internet especialmente dispuestos para ello. En caso de encontrar violaciones que no sean subsanadas, las mercancías producidas en estas empresas serían detenidas en la frontera sin poder ingresar a EU y Canadá, o bien recibirían un arancel especial.

 

Esta maquinaria, legal e institucional, va a quedar en pie no obstante los cambios políticos que se produzcan en Washington por las elecciones del 3 de noviembre.

 

Mientras, en México las cosas cambiaron en más de un sentido:  los efectos de la pandemia y el freno económico tuvieron una respuesta del gobierno que consistió en mantener su programa original, previsto desde el año pasado y, además, llevar a cabo un ajuste al gasto público. Esta política de austeridad se confirmó en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso para 2021.

 

De esta manera, el desplome de la ocupación, formal e informal, y de los ingresos de las familias, no han tenido una compensación, provocando una enorme deuda social que se reflejará en un aumento de los índices de pobreza y pobreza extrema.  Asimismo, es previsible que la recuperación económica sea mucho más lenta durante el resto del año y 2021.Esta situación, sin duda, hará más difícil la negociación colectiva pues las empresas buscarán (ya lo están haciendo), recortar personal, otorgar menos prestaciones o congelar los salarios. Además, mientras no se resuelva el problema sanitario, se corre el riesgo de que la reanudación de actividades provoque más contagios y muertes como parece que está sucediendo en la industria maquiladora en la frontera norte del país. Los brotes de inconformidad social dentro y fuera de los centros de trabajo pueden surgir y extenderse a diversas ramas económicas.

En estas condiciones, la implementación de la reforma laboral, con la vigilancia y en algunos casos la inspección directa de personal estadounidense podría ser causa de disputas y controversias. Aunque el tinglado armado por demócratas y republicanos no se va a modificar, gane quien gane la presidencia, probablemente habría una diferencia notable en la manera de aplicarse. Si el triunfador fuera Trump, es probable que la supervisión pudiera ser más tolerante con las empresas o utilizarse como mecanismo de chantaje para obtener otras ventajas. Y si ganan los demócratas, la presión de los sindicatos de ese país podría ser mayor para que el “monitoreo” de nuestro país se cumpla eficaz y puntualmente.

De cualquier manera, es evidente que urge una acción decidida del gobierno de la república y el poder legislativo mexicanos para frenar la pobreza y el desempleo, proteger a los trabajadores y reanimar la economía con los menores peligros sanitarios posibles. Sólo de esta manera se podrá fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores.

El futuro de la reforma laboral no puede depender de la presión de Estados Unidos sobre México. Aún si admitiéramos que las intenciones son loables, los trabajadores mexicanos no pueden convertirse en piezas de un mecanismo al servicio de un país extranjero: nada más y nada menos que la nación más poderosa del mundo.

saulescobar.blogspot.com

 

miércoles, 21 de octubre de 2020

El presidente Cárdenas y el movimiento obrero

 

El presidente Cárdenas y el movimiento obrero

Saúl Escobar Toledo
 

El lunes 19 recordamos al General Lázaro Cárdenas por el cincuentenario de su fallecimiento. Valga la ocasión para ofrecer al lector algunas notas sobre su política laboral, misma que hoy deberíamos volver a analizar con cuidado para reflexionar sobre los problemas actuales.

En cierto sentido, la presidencia de Cárdenas no empezó el 1º de diciembre de 1934 sino el 12 de junio de 1935 cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) invitó a las organizaciones sindicales más importantes a discutir la situación creada por las declaraciones del expresidente Calles, llamando a reprimir las huelgas que habían tenido lugar en los primeros meses del sexenio. A esta convocatoria asistieron la CGOCM (Confederación General de Obreros y Campesinos de México); la CSUM (Confederación Sindical Unitaria de México), y varios otros gremios importantes como el Minero. Poco después, decidieron constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), un frente que tuvo como propósito unificar a los trabajadores, fortalecer sus luchas, apoyar la política laboral del presidente y evitar que prosperara la reacción callista.

Muchos sindicatos que formaron el Comité venían de una ruptura con la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), la cual se había convertido en un organismo de control antidemocrático y corrupto bajo el liderazgo de Morones y la protección de Calles. También, de una etapa de fuerte represión contra los sindicatos independientes, en particular contra la CSUM, dirigida por militantes del Partido Comunista. De esta manera, en los inicios de los años 30s se desataron varias huelgas y movilizaciones y surgieron nuevos sindicatos como el ferrocarrilero que agrupaba miles de trabajadores. Según algunos historiadores, a fines de 1934, el movimiento obrero se había convertido en la fuerza política y social más importante del país.

La creación del CNDP alentó la movilización obrera y a partir de ese momento estallaron varias huelgas en ramas estratégicas como la petrolera, minera y en la industria del papel, el cemento y el vidrio. Por su parte, el presidente Cárdenas defendió el derecho de huelga incluso ante las protestas patronales, como en el caso de la Vidriera de Monterrey, y manifestó su apoyo a la unificación de los trabajadores y a sus principales demandas.

La existencia del CNDP y después, en febrero de 1936, la fundación de la CTM (Confederación de Trabajadores de México), selló en los hechos una alianza entre el gobierno y el sindicalismo. Este apoyo le permitió al mandatario consolidar su política laboral, fortalecer su gobierno, excluir al callismo, y desatar un programa de reformas de gran alcance que, como sabemos abarcó la reforma agraria, la creación de nuevas instituciones y la expropiación de los ferrocarriles y la industria petrolera.

Para las organizaciones obreras, la alianza abrió el camino para su crecimiento orgánico y, sobre todo, para hacer realidad los derechos que ya estaban plasmados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.  Durante el cardenismo, se desató lo que algunos estudiosos han llamado la “revolución contractual”: se pactaron contratos colectivos de trabajo en muchas ramas económicas, los cuales habían sido negados por las autoridades y las empresas y habían sido motivo de duras y a veces cruentas luchas desde los años 20s.

Sin duda, la movilización y la fuerza organizada de los trabajadores fue un factor muy importante, aunque no el único, para que el presidente decidiera decretar la expropiación de los ferrocarriles (en junio de 1937) y el petróleo (en marzo del siguiente año). La historia y el desenlace de estas importantes medidas fue dispareja. La primera llevó, incluso, a que Cárdenas decidiera, en mayo de 1938, la creación de la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México (AOFM), experiencia que tuvo una corta vida pues en diciembre de 1940 fue echada abajo por el mandatario entrante, Ávila Camacho. La segunda, en cambio, permitió la creación de una industria pública que fue un sostén fundamental del desarrollo económico de México hasta la privatización de ese recurso hace algunos años.

Por otro lado, hay que decir que la independencia y combatividad del movimiento obrero mexicano se fue perdiendo poco a poco durante los últimos años del cardenismo. La adhesión de la CTM al recién creado PRM (Partido de la Revolución Mexicana) poco después de la expropiación petrolera y el poder ascendente de un grupo oportunista dentro de esa organización (representado por Fidel Velázquez) junto con los errores de los principales dirigentes, en particular de Lombardo Toledano y la fracción comunista, permitieron que la confederación abandonara poco a poco sus principios y se plegara cada vez más a la maquinaria estatal. Esta situación no acabó con el sindicalismo independiente que mantuvo una lucha intensa en los siguientes años, pero con una correlación de fuerzas cada vez más desfavorable. Al final, en 1948, el presidente Alemán decidió usar toda la fuerza del estado para aniquilar estas oposiciones.

En el caso de los ferrocarriles, una historia menos conocida, Cárdenas entregó a los obreros la administración de la empresa a pesar de las dudas de funcionarios de su propio gobierno y de los ferrocarrileros. Fue un experimento arriesgado y radical que mostró, por un lado, la confianza del presidente en el sindicalismo y en los trabajadores, y por otra la inexperiencia de estos últimos. La situación de la empresa ya era muy compleja y difícil desde que, durante el porfiriato, se había creado una empresa con participación accionaria mayoritaria del gobierno (en 1908) que nunca pudo despegar bajo las gerencias posteriores. Sacarla adelante hubiera requerido inversiones masivas, una fuerte reorganización administrativa y una cultura obrera experimentada en la creación de cooperativas y en la participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Ninguno de estos elementos se conjugó durante el breve periodo de la AOFM.

La política laboral del cardenismo y sus consecuencias fueron resultado de muchos factores, no sólo la voluntad presidencial. Lo que queda claro, sin embargo, es que el General entendió que la fuerza organizada del movimiento obrero sería vital para emprender un cambio de rumbo del país. Para lograr su apoyo dialogó muchas veces con las organizaciones, alentó reformas legales que los beneficiaban, aceptó y vio con simpatía sus manifestaciones, aunque éstas a veces interrumpieran servicios tan esenciales como el suministro de energía eléctrica. Promovió un aumento de los salarios mínimos reales y alentó los incrementos en los contractuales. Los sindicatos lograron una enorme fuerza de negociación frente a las empresas. 

Ese poder se convirtió después en pilar de un estado despótico y corporativo que rigió el país desde los años cincuenta. Cárdenas nunca vio con buenos ojos esas desviaciones y manifestó su oposición, hasta sus últimos días, de distintas maneras, al rumbo que habían tomados los gobiernos posrevolucionarios.

El 20 de noviembre de 1970, Cuauhtémoc Cárdenas dio lectura a un conjunto de reflexiones que había preparado el General poco antes de su fallecimiento. El texto expresa, entre otras cosas, que:

“Se podría argüir que no es responsabilidad del gobierno sino de los trabajadores, conquistar la democracia interna en los sindicatos y, en el caso de los no agrupados, que existen garantías para organizarse de acuerdo con la ley. Esto sería verdad en la medida que las condiciones de abatimiento social de los trabajadores dejaran de responder a indebidos privilegios de que disfrutan sus dirigentes para mantener en la inmovilidad a las masas organizadas y al hecho de haber dejado en el desamparo a las que no están organizadas. Hay que considerar que la explotación patronal se ha recrudecido porque las organizaciones obreras han perdido su independencia…”

saulescobar.blogspot.com

miércoles, 7 de octubre de 2020

La ultraderecha en México protesta

 ¿Representa la ultraderecha un peligro para México? 

Saúl Escobar Toledo

El pasado sábado 3 de octubre miles de personas llevaron a cabo una marcha al zócalo de la Ciudad de México. Su intención consintió en reunir más de cien mil asistentes para forzar la renuncia del presidente de la república. Aunque naturalmente se desató una guerra de cifras, los testimonios de la prensa mexicana dan cuenta de una reunión mucho más pequeña. Fue, no obstante, más numerosa que en otras ocasiones y decidieron ocupar buena parte de la plaza con casas de campaña, lo que da a entender que seguirán con sus protestas. 

El lenguaje de sus líderes y simpatizantes se han caracterizado por ser “irracional, vulgar y violento” como señaló Mario Luis Fuentes en un editorial.  La expresión más elaborada acusa a AMLO de “comunista” pero su discurso se compone más bien de insultos e imploraciones   a la Virgen de Guadalupe.  Su insistencia en que el primer mandatario debe renunciar de inmediato no ha generado mucha aceptación en el amplio abanico opositor que incluye partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y escritores e intelectuales que saben que este llamado suena a golpismo y que resulta completamente inviable. 

De esta manera, el plantón del llamado FRENAA puede resultar incluso funcional al gobierno pues le da la oportunidad de presumir su talante democrático. El presidente ha prometido no reprimir a los manifestantes y respetar su protesta. Hasta aquí todo parecería ser un brote extremista de ciudadanos inconformes que con el tiempo se irá diluyendo. Sin embargo, el problema puede radicar en que el verdadero propósito de los organizadores sea montar una provocación que pueda derivar en choques con otros grupos civiles. El zócalo es un espacio al que recurren una gran cantidad de contingentes que se manifiestan por diversas causas casi todos los días. Ha habido expresiones muy violentas que e incluso han atentado contra el palacio nacional lanzando bombas molotov y tratando de incendiar las puertas de ese inmueble histórico. De esta manera, no importaría mucho el número real de ocupantes de las casas de campaña. Bastaría una confrontación entre unas docenas de personas por ambos lados para generar un conflicto de consecuencias imprevisibles. 

Los partidos de oposición y sus voceros, que se manifiestan en la prensa o en las redes sociales saben que no pueden mostrar una adhesión abierta a FRENAA. Su ambición consiste, como han dicho muchas veces, en formar una coalición muy amplia que les permita ganar la cámara de diputados en las elecciones del próximo año. Intentar derribar a López Obrador con movilizaciones callejeras utilizando un lenguaje tan primitivo, seguramente les restaría votos. Por su parte, los simpatizantes de la 4T saben que pueden organizar una o varias marchas, mucho más grandes, y superar ampliamente a las de la ultraderecha. 

 

Y, sin embargo, el gobierno no debería subestimar la situación. La pandemia y sus efectos han generado desempleo y empobrecimiento de las capas sociales más vulnerables, un escenario que no está siendo respondido correctamente. Tal cosa se demuestra claramente en el proyecto de presupuesto para el próximo año y en un conjunto de medidas, como la liquidación de los fideicomisos. Decisiones que no ayudan a una recuperación económica más vigorosa y con menores costos sociales. La insistencia en una estrategia conservadora que propone reducir el gasto y no admite ni mayor endeudamiento ni aumentar los recursos fiscales ha decepcionado a sectores progresistas: grupos sindicales, de productores agrícolas y de servicios, y organizaciones diversas de la sociedad civil. 

Por otro lado, el partido que llevó al triunfo al presidente y a conquistar la mayoría en las Cámaras de Senadores y Diputados, vive una crisis que no es seguro que pueda resolverse en los próximos días con el nombramiento de los principales dirigentes de MORENA. No sería extraño que el conflicto interno se prolongara un tiempo más, debido a las decisiones del Tribunal y al nivel de confrontación interna. 

Además, hay varios focos de protesta social, legítima y verdadera, que sienten que no han encontrado las respuestas que se esperaría de un gobierno progresista. Tal ha sido el caso de agrupaciones del movimiento feminista, pero también de otros grupos sociales que se han manifestado por la defensa del medio ambiente y del territorio de los pueblos y comunidades, como en Morelos, Chihuahua y otras localidades del sureste mexicano. Asimismo, habría que incluir la huelga de NOTIMEX que inexplicablemente se ha prolongado por la conducta de la directora de esta agencia de noticias. Algunas secciones de la CNTE han reanudado algunas movilizaciones de protesta. 

La principal queja de la oposición partidista se ha basado en lo que han llamado el autoritarismo del presidente y una excesiva concentración de poder. El discurso del primer mandatario parecería darles la razón: reitera a cada momento que cualquier crítica es neoliberal, conservadora o expresión de quienes buscan mantener sus privilegios a costa de la corrupción. Con ello, da a entender que no le interesa el diálogo con todos y que es insensible a cualquier rectificación. Irrita, además, a sectores de la sociedad que lo apoyaron y que esperaban otro tipo de políticas, particularmente en el ámbito económico y social, y que han sugerido la necesidad de modificar algunas líneas de gobierno. Se pierde de vista la diferencia entre quienes reclaman la reparación de injusticias y aspiran a profundizar el cambio, y aquellos que desean la continuidad del estatus quo de los regímenes del PRI y el PAN. 

De esta manera un diagnóstico alternativo y la elaboración de propuestas para una mayor justicia social son simplemente condenadas. Se supone que un gobierno progresista se basa no sólo en sus políticas públicas sino también en su capacidad de diálogo, sobre todo con los más castigados por décadas de injusticia, y en su disposición para establecer alianzas con los movimientos sociales. Por ejemplo, en lo que toca a los desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno ha entablado una relación que, aunque con pocos resultados, ha sido apreciada por los familiares de los normalistas desaparecidos. No ha sido así en otros casos.  Y, sobre todo, no ha habido ninguna intención para entablar un pacto o acuerdo de largo plazo como el que se ha buscado con los sectores empresariales más poderosos. 

La movilización de la ultraderecha no representa un peligro inminente para las instituciones políticas ni para la continuidad del gobierno, pero fomenta un clima que dificulta aún más la interlocución con sectores sociales inconformes y fortalece la figura y el endurecimiento del discurso presidencial. 

 Y, sin embargo, cabe esperar todavía que la 4T reconozca que este enturbiamiento es un factor de tensión que puede crecer y llevar a confrontaciones indeseadas. Podría entonces aprovechar el radicalismo de la derecha para acercarse a los sectores progresistas, aceptar las críticas y establecer un nuevo trato que haga posible la construcción de nuevos proyectos de cambio. En esta vía, MORENA podría jugar un papel destacado. No sería la primera vez en la historia de México y América Latina que los partidos y gobiernos que se han propuesto romper con un pasado oprobioso, rectifican y cambian sus estrategias. El movimiento que llevó a AMLO a la presidencia viene de una larga historia de lucha. La sensibilidad forjada en esos años debería servir ahora para entender que el poder no radica sólo en los puestos públicos sino, principalmente, en el apoyo y la participación activa de los ciudadanos. Las dificultades actuales, muchas de ellas derivadas de la pandemia y de viejas injusticias, pueden llevar a una creciente incapacidad gubernamental para dar respuesta los reclamos legítimos de la población y, a final de cuentas, a la prolongación de un estado de cosas que ya se ha visto que resulta intolerable. 

 

 

 

 

 

 

miércoles, 23 de septiembre de 2020

Un impuesto a la riqueza

 

Gravar la riqueza: la propuesta argentina

Para Oscar Estrada, que acaba de partir…

Saúl Escobar Toledo

A finales de agosto de este año ingresó a la Cámara de Diputados de Argentina un proyecto de ley que pretende gravar a las grandes fortunas. Según el texto oficial se denomina “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Se trata de un impuesto que se aplicaría por única vez a las personas que al 31 de diciembre de 2019 hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos argentinos (una cantidad equivalente a entre 2.5 y 3 millones de dólares). La tasa correspondiente se aplicaría progresivamente hasta quienes posean un patrimonio superior a los 3 000 millones de pesos argentinos (alrededor de 40 millones de dólares). La cuota mínima sería de 2% y la máxima de 3.5%. Se calcula que los afectados sumarían alrededor de 12 mil personas.

Si se aprueba la iniciativa, el gravamen se aplicaría a las personas físicas de acuerdo con la totalidad de los bienes que poseen en el país y en el exterior, incluyendo las “sucesiones indivisas” (es decir, ingresos o propiedades obtenidos por herencias o testamentos). De esta manera, las personas de nacionalidad argentina que tengan su residencia en países de baja o nula tributación (paraísos fiscales) también serían consideradoras sujetas a esta ley. El gravamen se aplicaría exclusivamente a las personas y no afectaría a los bienes o ingresos de las empresas.

El proyecto de ley señala que, en el caso de los fondos que se encuentren en el exterior, se incrementaría la tasa con una fracción alícuota adicional, misma que se dejaría de aplicar si se repatrian los capitales.

Los proponentes (un conjunto de diputados afines al gobierno del presidente Alberto Fernández) han proyectado que se podrían recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos argentinos (poco más de 4 mil millones de dólares). Una cantidad equivalente a la recaudación tributaria que se obtuvo en el mes de enero de este año (que incluye lo que en nuestro país sería el IVA, ISR y IEPS, sin las aportaciones de la seguridad social ni los impuestos al comercio exterior). Estos fondos se destinarían a equipo médico (20%); subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa (20%); becas para educación (20%); apoyos para habitantes de barrios populares (15%), y el programa de exploración y producción de gas natural (25%).

Esos cuatro mil millones de dólares significan algo así como un 0.6% del PIB de esa nación en 2019 y un aumento del 9% del total de los impuestos obtenidos durante todo ese año, o un 5.5% de la recaudación total. 

Como era de esperarse, la propuesta ha sido rechazada por las organizaciones empresariales argentinas por considerarlo “confiscatorio” y por “alterar las condiciones de equilibrio de la oferta y la demanda”. Hay que subrayar que, a fines del año pasado, se había aprobado otro impuesto, el PAIS (“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que grava algunas transacciones en moneda extranjera con una cuota de 30%, incluyendo la compra de servicios de transporte de pasajeros con destinos fuera del país por vía terrestre, aérea o acuática, excepto que se trate de naciones limítrofes por vía terrestre.  Se aprobó, asimismo, un gravamen de 8% sobre la contratación de servicios digitales.

No cabe aquí discutir la viabilidad política para la aprobación de este “aporte solidario”, ni sus posibles consecuencias económicas, asuntos que requerirían un examen muy extenso y una información que sólo puede provenir de fuentes directas. En cambio, vale la pena subrayar el significado que esta propuesta tiene para las naciones, en especial de América Latina.

En primer lugar, porque los impuestos a la propiedad y al patrimonio son muy bajos en el mundo, pero especialmente   en nuestra región. Ello, a pesar de que estos bienes se reparten entre la población mundial y al interior de cada país, de forma mucho más desigual de lo que lo hacen los ingresos o el gasto en el consumo privado.  Debe señalarse que, según la OCDE, la riqueza de las personas incluye activos no financieros como las propiedades inmuebles, autos y joyas; activos financieros (depósitos en bancos, bonos y acciones); y créditos. En América Latina, además, hay países que obtienen más recursos por este tributo como Bolivia, Brasil y Colombia y otros que obtienen cantidades muy exiguas. En México, por ejemplo, apenas tenemos el predial que se aplica a bienes inmuebles pero su aporte es muy pequeño (alrededor del 0.3% del PIB). A ello hay que agregar que la recaudación de todos los tributos es también muy reducida, de tal manera que México carece de recursos para impulsar el desarrollo y ofrecer mejores niveles de educación, salud, vivienda e infraestructura.

Agregaríamos que la propuesta alude, aunque de manera tangencial, a uno de los problemas más serios que enfrentan los gobiernos del mundo: la evasión fiscal, la fuga de capitales y la protección que otorgan los llamados paraísos fiscales. Las personas que poseen cuantiosos recursos, incluyendo aquellos que los obtienen de actividades ilícitas, gozan de una impunidad sin límites. Un impuesto que grave las fortunas fuera del territorio nacional puede ayudar a transparentar estos fenómenos indeseables e incentivar un poco su corrección.

En tercer lugar, porque, en momentos de crisis, la cuestión central reside en saber quiénes pagarán los costos. En nuestro caso, éstos los están pagando sin duda los sectores más pobres de la población, quienes han dejado de recibir ingresos debido a la paralización de las actividades económicas y a la lentitud de la recuperación. Una mayor contribución fiscal por parte de los sectores más ricos ayudaría sin duda a repartir esta carga. No hacerlo sólo puede acentuar la desigualdad.

Cuarto, llamar a la solidaridad de los más favorecidos es algo más que pedir un gesto piadoso, aunque algo hay de eso. Significa, sobre todo, recuperar el valor de la política para conducir la salida de la crisis de manera un poco más equilibrada. Los más ricos hasta ahora sólo han ofrecido sus buenas intenciones. Si los gobiernos, los poderes legislativos y los partidos políticos sólo se preocupan por el reparto del poder y, aún con las mejores intenciones, tratan de velar porque esa disputa se lleve a cabo con la mayor limpieza y equidad; o buscan un mejor equilibrio de poderes y que las libertades se respeten, la verdad es que todo ello no basta. Los poderes estatales tienen más obligaciones que éstas pues dejar a la inercia de las fuerzas del mercado la recuperación de la actividad económica, la desigualdad y el aumento de la pobreza es un error que ya hemos sufrido bastante. La pasividad de las fuerzas políticas y las instituciones frente a crisis y catástrofes se ha traducido en otros momentos en graves costos sociales, un deterioro de la democracia y riesgos de mayor violencia.

En estos momentos, el debate en México parece estar más preocupado por las próximas elecciones legislativas que por la vida de los mexicanos. La oposición ataca al presidente y éste contesta, pero la discusión, aunque ruidosa, muchas veces carece de sustancia. La necesidad de una reforma fiscal ha sido considera como indispensable por distintos actores de la academia, las instituciones internacionales y uno que otro personaje de la política. Y, sin embargo, no está en el centro del debate. Un impuesto a los ricos como se pretende en Argentina puede o no ser aconsejable para México. Hay, no obstante, una amplia variedad de opciones. El problema es que la gran mayoría de opinadores y responsables políticos prefieren mirar hacia otro lado. Creen que su misión consiste en la reyerta verbal con miras a desprestigiar al otro y tratar de ganar votos. La verdad es que sólo están evadiendo los problemas principales. Requerimos un debate serio y extenso que nos lleve a tomar decisiones para reconstruir al país y evitar que sea arrasado por la pandemia y “los equilibrios naturales de la oferta y la demanda”.

saulescobar.blogspot.com

martes, 8 de septiembre de 2020

La deuda social no reconocida

 

La deuda que el gobierno no quiere reconocer

Saúl Escobar Toledo

La encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por INEGI, con cifras actualizadas a julio de 2020, muestra una mejoría ocurrida en los últimos dos meses.  Sin embargo, la situación laboral, comparada con los datos existentes antes de la pandemia, sigue presentando graves problemas:

De los 12 millones que salieron del mercado de trabajo (es decir, de la población económicamente activa) ya regresaron 7.2; no lo han hecho por lo tanto los otros 4.8 millones (que necesitan un empleo pero no lo buscan). Además, otra porción muy importante de la fuerza de trabajo pasó a formar parte de las personas caracterizadas como “ausentes con vínculo laboral” es decir aquellos trabajadores que no asistieron a sus centros de trabajo, pero no fueron despedidos. No se sabe si a todos ellos  se les han pagado sus salarios y prestaciones íntegramente y, sobre todo, si esos millones de ausentes algún día volverán a laborar o serán despedidos definitivamente.

El INEGI registró una población ocupada de casi 50 millones de personas (49.8); debe destacarse, no obstante, que el aumento entre junio y julio correspondió al género masculino, con un incremento de 2.2 millones de personas al mismo tiempo que hubo una reducción de 750 mil mujeres.  

A lo largo de estos meses, uno de los sectores más golpeados ha sido el de los trabajadores por cuenta propia: se quedaron inactivos un 20% en abril; 16% en mayo; 10% en junio y ya apenas un 2% en julio. Los empleados no remunerados (que sólo reciben propinas o pagos en especie) también fueron muy afectados: se quedaron sin ocupación el 21% en abril, aunque en julio estaban casi todos laborando.

Si medimos el fenómeno tomando en cuenta los informales (que laboran por cuenta propia o al servicio de un patrón), las cifras son más dramáticas: en abril dejaron de laborar 10 millones, en mayo 8, en junio 5, en julio todavía 3 millones. Si acumulamos todas estas cifras nos da un total de 26 millones, lo que daría una idea de los días/trabajador perdidos en estos últimos meses y los ingresos que no fueron percibidos. Algunos perdieron sólo un mes, otros dos o tres,  y todavía en julio muchos no recibían ningún recurso. La parálisis ha afectado sobre todo al género femenino, pero la suma de damnificados es impresionante.

Por su parte, la tasa de desocupación abierta fue de 5.4% en julio, la mismo que el mes pasado, lo que arroja una cifra de 2.8 millones de personas. Aquí, otra vez, la tasa es más alta en mujeres que en hombres (6.3% vs 4.8%). Por edad, los más afectados han sido las personas que tienen entre 24 y 44 años las cuales representan más del 50% del total. Hay que subrayar que esta tasa ha aumentado, no disminuido, pues representaba el 4.7% en abril.

Más grave aún, la tasa de subocupación, aunque se redujo en julio respecto al mes anterior, es todavía de 18.4%. Ello representa un aumento de 3.21 veces en abril; 3.78 en mayo; 2.75 en junio y 2.45 en julio respecto al promedio histórico previo a la pandemia. Lo anterior quiere decir que las nuevas ocupaciones se han vuelto más precarias, inseguras, peor pagadas y seguramente muy mal protegidas.

En síntesis, tenemos varios problemas. El daño causado por la parálisis económica y la pandemia: 1) afectó severamente a los asalariados formales que fueron despedidos y no han encontrado otro empleo (se encuentran en desocupación abierta), o no han asistido todavía a su centro de trabajo y viven en la incertidumbre, o se han refugiado en la subocupación (perdiendo ingresos y prestaciones). Y 2) a los trabajadores por cuenta propia, a los informales y a los que laboran sin remuneración, los cuales   sufrieron una pérdida considerable de sus jornales durante estos meses.

Todo este perjuicio ya fue causado y nada está previsto hasta ahora para reponerlo. Se trata de una deuda social de grandes dimensiones. La reparación de este boquete inmenso en la economía de las familias mexicanas no se soluciona con los programas sociales que ya estaban previstos. No es posible que la pensión para adultos mayores o los apoyos para personas con discapacidad sirvan para sostener a toda una familia; o que las becas para estudiantes se destinen a reponer las retribuciones perdidas por la falta de trabajo.

Por ejemplo, el programa para la pensión de adultos mayores, el cual tiene los recursos presupuestales más cuantiosos y abarca a un mayor número de personas. La cantidad de dinero entregada no sólo resulta hoy insuficiente (12 401 pesos por adulto mayor entre enero y junio de 2020, alrededor de 2 mil pesos mensuales según el II Informe presidencial). Además, esta ayuda que debería servir para dignificar al beneficiario y darle una mejor calidad de vida, se convirtió, en ocasiones, en un recurso que se le sustrajo para sostener al resto de la familia.

Sin duda, el daño causado, los ingresos que no han sido repuestos, llevará a un aumento de la pobreza (entre marzo y mayo aumentó el número de pobres de 36 al 55% según CONEVAL). La desigualdad también habrá aumentado pues la masa salarial, según algunos estudios, sufrió una caída de entre 6.6 y 13.8% en el segundo trimestre del año calculado anualmente. Ello se ha traducido, naturalmente, en una disminución del consumo privado de alrededor del 20% comparativo anual (aún con el repunte de junio y julio).

Un país con una mayor pobreza y más desigualdad no puede ser un resultado deseable para un gobierno que se propuso exactamente lo contrario. Sobre todo, porque frente a estos fenómenos, el gobierno no se ha propuesto ninguna acción especial.

Por otro lado, la disminución de los haberes que han sufrido las familias apunta a una recuperación económica más lenta debido a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales no han podido remediar estas pérdidas y seguramente no lo harán en lo que resta del año debido a la magnitud del frenazo económico.

El presupuesto 2021 representa una oportunidad para resarcir algo de lo que las familias mexicanas han perdido; para prevenir que sigan empobreciéndose y para estimular una recuperación económica más rápida. Se ha argumentado que un crecimiento de los pasivos del gobierno puede resultar perjudicial para un mañana indeterminado.  Sin embargo, no se quiere reconocer que el estado mexicano ya contrajo una deuda con millones de familias que han perdido sus ingresos desde marzo de este año, muchas de las cuales siguen sin recibir alguna remuneración por su trabajo.  Encontrar una fórmula para pagar esta deuda social y al mismo tiempo evitar una crisis financiera en el futuro no es imposible, ni es una disyuntiva sin salida.

A su vez, la posibilidad de una reforma fiscal progresiva que sirva para pagar esa deuda social y para una reactivación económica más vigorosa, tampoco pude descartarse por razones políticas (las elecciones de 2021 o el temor a una reacción negativa de un sector privilegiado). Lo más sorprendente es que hay una iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones que justamente propone un aumento de las contribuciones patronales y requerirá un mayor gasto público. Ello equivale a un aumento de impuestos y un incremento de la deuda del gobierno federal. ¿Cómo entonces se niega cobrar un mayor tributo a los más ricos y prósperos, y se propone un esquema para favorecer a las AFORES, empresas que se han beneficiado de los ahorros de los trabajadores?

Una mayor reducción del gasto y la inversión pública (lo que ahora llaman austeridad) sólo puede tener como resultado que, una vez más, el costo de la crisis la tendrá que pagar la gran mayoría de la población. Sus consecuencias serían igualmente negativas para la producción, el consumo y la prosperidad del país.

El gobierno y sus propósitos de transformación, la 4t, tiene que enfrentar la cuestión más importante de todas: darles a los mexicanos la oportunidad de superar esta crisis con las menores pérdidas posibles. Si no lo logra, toda su arquitectura quedará prendida de alfileres. Y puede convertirse en un mero ejercicio retórico.

 

saulescobar.blogspot.com