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miércoles, 4 de marzo de 2026

La fuerza de trabajo mundial: distribución geográfica y condiciones laborales

 ¿Dónde están las manos que mueven al mundo?

Saúl Escobar Toledo

4 de marzo de 2026

La fuerza del trabajo mundial, en 2026, está formada por 3 mil 822 millones de personas. El 7.8% se ubican en los países de “bajos ingresos”; mientras que casi tres cuartas partes están localizadas en países de medianos ingresos los cuales se dividen en dos niveles: el inferior (35%) y el superior (38%). Por su lado, los países de altos ingresos concentran sólo el 20% de la fuerza de trabajo. Lo anterior según el informe de la OIT, “Tendencias sociales y del empleo 2026” (disponible en www.ilo.org), publicado hace un par de semanas.

La clasificación en esos cuatro niveles fue elaborada por el Banco Mundial de acuerdo con el nivel de ingresos per cápita de cada país, calculados en dólares estadounidenses. Las naciones más pobres suman 26, entre ellas, muchas africanas y algunas asiáticas como Afganistán o Siria. Las de medianos ingresos del nivel inferior son 51, entre las cuales hay también varias ubicadas en África, pero igualmente algunas latinoamericanas como Bolivia, Haití, y Honduras; y países tan destacados como India. En el nivel superior de medianos ingresos están 49 naciones, comprende la mayoría nuestro subcontinente incluyendo México, pero igualmente China Irán, y Turquía. Finalmente, las de altos ingresos son 63; en esta clasificación se encuentran Estados Unidos, Israel, casi todas las naciones europeas, algunas latinoamericanas como Chile y Costa Rica; Rusia; varias naciones asiáticas como la República de Corea; y países árabes exportadores de petróleo (Arabia Saudita, Emiratos, y Catar).

 Esta clasificación es un tanto inexacta ya que no mide otras variables como los niveles de desarrollo productivo y tecnológico, ni los índices de bienestar y desigualdad. Sin embargo, resulta útil para algunas comparaciones. Por ejemplo, el año pasado, aunque el desempleo a nivel mundial se calculó en 4.9%, la desocupación juvenil fue mucho mayor, 12,4%. Además, el porcentaje de personas de estas edades que no recibieron un ingreso por su trabajo y tampoco estaban estudiando o en algún programa de capacitación llegó a 20% a nivel mundial y era mucho más alto en los países más pobres (28%), en los de ingreso medio inferior (22.8%), y en los del nivel mediano superior como México, (17.1%) mientras que en las naciones ricas el porcentaje de estos jóvenes sin empleo ni educación era de 11%. Es decir, mayores oportunidades de empleo o educación para los jóvenes propicia mejores ingresos per cápita a nivel nacional.

Algo similar sucede en las tasas de informalidad y trabajadores por cuenta propia, grupos que tienen en su gran mayoría una gran vulnerabilidad ya que no están asegurados, no tienen contratos ni estabilidad en el empleo ni, frecuentemente, un ingreso fijo. En los países más pobres, los trabajadores por cuenta propia representaban el 53.5% y los informales el 90,2%; en los de medianos ingresos de nivel inferior, 49.4 y 83,4% respectivamente; en los medianos de nivel superior como el nuestro, 26.6% y 53%. En cambio, en las naciones ricas, los trabajadores por cuenta propia fueron apenas el 7.4% y los informales el 8,5% del total de la fuerza de trabajo. Así, el nivel de informalidad y el porcentaje de trabajadores por cuenta propia pueden tomarse en cuenta como indicadores, muy elocuentes, del nivel de prosperidad de una nación. Es posible afirmar que la pobreza de ingresos laborales por persona en un país es mayor en la medida en que lo sea la existencia de trabajadores informales y empleados por cuenta propia.

Además, el fenómeno de la informalidad ha venido aumentando: a nivel mundial: pasó de 57.4 % en 2015 a 57,7% en 2025 y afectó especialmente a las mujeres pues el nivel de informalidad de los hombres en los últimos 10 años (2015-2025) disminuyó ligeramente de 59.1 a 58,9% mientras que en el caso de las mujeres aumentó de 54.8 a 55,9%. Lo anterior mostraría que, no obstante algunos progresos en materia de equidad entre los géneros, las condiciones de las mujeres trabajadoras han empeorado.

Evidentemente, los ingresos que se reciben por el trabajo y la informalidad laboral se ven reflejado en los niveles de pobreza, según los parámetros de la OIT y el BM. En los países con menores ingresos la pobreza extrema llegó al 50.5 y la moderada al 17,2% del total de la fuerza de trabajo; en los medianos inferiores, 10.1 y 13%; en los medianos nivele superior 14 y 2.3%, y en los ricos no hubo registro estadístico. Las mujeres fueron más afectadas en las naciones más pobres:  en 2023, la pobreza extrema y moderada fue de 66.8% para los hombres y de 71.1% para las mujeres.

En síntesis, a pesar de las objeciones que pueden hacerse a la clasificación del Banco Mundial, de manera agregada puede encontrarse que, a menores ingresos per cápita, la informalidad será mayor, los trabajadores por cuenta propia más numerosos, y por supuesto más elevados los niveles de pobreza por ingresos laborales.

Como señalamos antes, las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo ubicadas en los países de medianos ingresos (inferior y superior) tienen un nivel de informalidad agregado de casi 50%%. Si agregamos las naciones más pobres, la informalidad aumenta a 56.4% es decir 2 155 millones de personas trabajan en la informalidad, incluyendo 1058 que trabajan por cuenta propia.

En otras palabras, los brazos de hombres y mujeres que mueven al mundo son en su mayoría trabajadores sin protección, sin gozar de derechos laborales y con ingresos poco seguros.

En México, según los últimos datos de INEGI, la pobreza laboral (es decir, las personas con un ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta básica) alcanzó en el cuarto trimestre de 2025 a nivel nacional al 32.3% de la población; fue más elevada en el ámbito rural (46.6%) y menor en el urbano (28.1%).  Mostró una disminución anual de 3.1 puntos porcentuales, el cual se explica por el aumento del ingreso laboral per cápita de 5.3% a nivel nacional

No obstante, hay que subrayar que, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la pobreza laboral sigue siendo elevada con niveles de 59.8, 56.6 y 51.3% por ciento respectivamente.  En cambio, en Baja California Sur y Baja California se observaron los más bajos: 14.2; y 18.2% en ese orden.  Porcentajes similares a estos se observaron en otras entidades norteñas. Igualmente, en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de informalidad fue de 55% y fue más acentuada entre los jóvenes (68%).  

Ambos indicadores, el de pobreza laboral y de informalidad, elaborados por INEGI, no son comparables con los de la OIT debido a que utilizan parámetros distintos. Sin embargo, muestran que el reto para México sigue siendo mejorar la calidad de los empleos.

Lo anterior supone, destacadamente, cerrar la brecha regional, principalmente, entre el medio rural y el urbano, y entre las entidades del sureste y el norte. Esta brecha ha sido resultado de procesos históricos de muchos años que se ha acentuado debido a la integración de México a la economía estadounidense.

Superar esa brecha supone un conjunto de políticas públicas relacionadas con la inversión en infraestructura social y productiva, la atención al campo y a sus trabajadores; mejorar las oportunidades de educación y capacitación para los jóvenes; y proteger a las mujeres trabajadoras. Implica, asimismo, reducir la dependencia del modelo exportador de manufacturas hacia Estados Unidos y construir una economía más sustentable en el consumo interno y en cadenas de valor más complejas y diversificadas.

Los brazos y manos de los mexicanos y mexicanas que producen lo que consumimos y permiten exportar mercancías no pueden estar divididos entre una mayoría que labora en la informalidad o por cuenta propia, y otra, minoritaria, que labora en mejores condiciones. Todos merecen un futuro más promisorio, pero la posibilidad de esa mejoría depende en buena medida de que los más vulnerables superen esas condiciones críticas.

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El debate acerca de la reducción de la jornada laboral en México

 La polémica acerca de las cuarenta horas

Saúl Escobar Toledo

La reforma constitucional del artículo 123 ha sido aprobada en el Senado y pronto será discutida y seguramente tendrá luz verde, sin modificaciones, en la Cámara de Diputados. Pasará entonces a los congresos estatales los cuales también la votarán favorablemente.

La reforma consiste en varios cambios: reduce la jornada semanal “ordinaria” a 40 horas; aumenta el “trabajo extraordinario” a doce horas (en lugar de las nueve vigentes) las cuales se pagarán un cien por ciento más que las horas ordinarias; y prohíbe que las personas menores de 18 años (en lugar de 16) laboren tiempo extra. Añade, como obligación patronal, el registro electrónico de la jornada laboral para cada persona trabajadora. Finalmente, establece la reducción gradual de la jornada semanal, cada dos años, a partir de 2027 hasta 2030.

La reforma ha causado polémica entre sindicalistas, abogados laboralistas y académicos que se ocupan de estos asuntos debido, en primer lugar, a que deja sin cambios la jornada semanal de seis días con uno de descanso. Se esperaba que la reforma contemplara cinco días laborables y dos de descanso. Mantener los seis días implica que los gastos para trasladarse al centro de trabajo seguirán pesando en los ingresos de los trabajadores y que no gozarán de más tiempo para el descanso y el disfrute de actividades culturales, deportivas, y familiares.

No cabe duda de que, mantener la semana laboral de seis días, fue una concesión a la patronal. El gobierno podrá aducir diversas razones para defender la reforma “posible” argumentado los problemas actuales de la economía y la necesidad de contar con el visto bueno de los empresarios. Sin embargo, es entendible y motivo de aplauso que muchos sindicatos manifiesten su disgusto y mantengan la demanda de 5 x 2. No sólo por el bienestar de los trabajadores; igualmente porque de esta manera se podría avanzar más rápidamente hacia una economía con niveles de productividad más elevados que incorporen los avances tecnológicos para el bien de la sociedad y no, únicamente, para aumentar las ganancias de las empresas.

Pero la polémica no termina aquí. Otro motivo de disgusto ha sido la extensión de las horas extras que se pagan al doble de 9 a 12, pues evidentemente se está abaratando el tiempo extra. Con los datos aportados por la Secretaría del Trabajo, puede calcularse que el ahorro para los empresarios, gracias a esta rebaja del tiempo extra, será de más de 8% mensual. Es una muestra más de las “compensaciones” que pudo arrancar la parte patronal. La reducción de la jornada se atenúa, pues sumando la jornada ordinaria y la extraordinaria da un total de 52 horas (40+12), mientras que hasta ahora la suma da 57 (48 + 9).

El gobierno argumenta que, si el trabajador no acepta laborar horas extras, podrá descansar más tiempo. El problema es que la reforma le da argumentos a la patronal para alargar la jornada más allá de las 40 horas de tal manera que los trabajadores se verán obligados o, si se quiere, mejor dispuestos, a cambiar su tiempo libre por dinero. Es decir, a reducir sus horas de descanso para obtener más ingresos.

La discusión no terminará con la reforma constitucional. En un par de meses o un poco más se discutirán las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Y la polémica se avivará. La propuesta del Poder Ejecutivo trae dos cuestiones que, de acuerdo con la opinión de los abogados laboralistas, son muy cuestionables. Por un lado, define la jornada laboral como “el tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas en favor de la persona empleadora” en lugar del texto actual: “Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón…”. Por otro, define al empleador como aquella “persona física o moral que contrata a una o más personas…” en lugar de lo que reza actualmente la LFT, como “la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores”.

No se trata de tecnicismos jurídicos pues en el primer caso, el tiempo de la jornada laboral pagada pude reducirse por razones ajenas al trabajador, por ejemplo, en las fábricas, por un retraso en el inicio de labores por falta de energía eléctrica o por problemas técnicos; en las empresas que ofrecen servicios al público, por abrir tarde o, incluso, no tener clientes que atender. Si prospera la iniciativa, este tipo de incidentes podrían descontarse del tiempo que el trabajador está al servicio del patrón y  reducir su salario.

En el segundo aspecto, se podría presumir que, si no hay contrato escrito, no existe la relación laboral. Y con ello se perderían los derechos que consagra la LFT. Contradice, además, otros artículos de la ley, y puede encubrir la subcontratación

Ambas redacciones tienen una clara inspiración patronal. El gobierno, ¿las aceptó sin estudiarlas detenidamente, o fueron parte de las negociaciones? Como quiera que haya sido, los legisladores tendrán que decidir de qué lado se inclinan. Lo cierto es que estos dos asuntos, si se aprueban tal cual están redactados, provocarían una involución del derecho laboral y una fuente de conflictos en los tribunales. 

La reforma constitucional recién aprobada no fijó un límite para la jornada semanal cuando se “prolonga” más de las 12 horas, únicamente establece que “obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria” Actualmente, la ley vigente tampoco contempla un tope para esta jornada “prolongada”. Ahora, el Ejecutivo propone una enmienda en la LFT que disponga cuatro horas semanales más como máximo, con los cual la jornada semanal podría acumular hasta 56 horas (40+12+4). Igualmente, señala que “la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria nunca podrá superar las 12 horas diarias”. En ambos casos se trata de cantidades muy elevadas y otorga mayor flexibilidad a los empresarios para manejar las horas extras.

Tomadas en su conjunto, todos estos goles a favor de los patrones dejan la impresión de que se aceptaron demasiadas concesiones. Sin embargo, hay que admitir que la movilización de los trabajadores fue escasa. No presenciamos grandes marchas o mítines nutridos por el reclamo de las 40 horas. Los sindicatos corporativos simplemente esperaron la conclusión de los arreglos del gobierno con los empresarios, aceptando, sin conceder, pero sin pelear, que el resultado sería mejor que lo que dispone la ley actualmente.  Por su parte, el sindicalismo independiente y democrático tampoco desplegó su mejor esfuerzo, probablemente porque pensó que no incidiría de manera determinante en la correlación de fuerzas.

De esta manera, el gobierno, a pesar de contar con mayorías en ambas cámaras prefirió una reforma pactada que incluyera las concesiones que hoy observamos calculando que el descontento sindical no sería considerable.  

Sin embargo, los legisladores no pueden ser indiferentes ante la irritación de un conjunto de sindicatos y sindicalistas. Esperemos que en el debate de las reformas a la LFT escuchen y reflexionen acerca de los aspectos más negativos. Tal como se han presentado las iniciativas, se empequeñece el propósito central anunciado por el gobierno: la reducción de la fatiga y accidentes laborales, la mejoría en salud y seguridad en el trabajo y un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Asimismo, que los trabajadores mexicanos dejen de laborar uno de los promedios de horas más altos del mundo.

La polémica que se ha desatado, sobre todo en los corrillos de algunos sindicatos, abogados y académicos no es gratuita ni pretende desconocer los aspectos positivos de las reformas. Pero estas voces tienen que subir de tono y el gobierno y los legisladores tienen que entender que estamos ante un cambio que, por lo menos, tendrá un impacto hasta el 2030. No hay espacio para dejar las cosas para mañana. De otra manera, la situación de los trabajadores cambiará muy poco e incluso hay el riesgo de que empeore.

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Minneapolis: terror de Estado

 Minneapolis: terror de Estado

Saúl Escobar Toledo

3 de febrero de 2026

Los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Minneapolis, ubicada en el estado de Minnesota, en la frontera con Canadá, han llevado a concluir por parte de distintos observadores que se ha tratado de una operación de Estado “destinada a provocar el terror en Estados Unidos”.

Así lo aseguró el periodista del diario New York Times, M. Gessen, quien afirmó en un editorial publicado el día 3 de febrero:

“Después de las tres últimas semanas de violencia en Mineápolis, ya no es posible afirmar que el gobierno de Donald Trump sólo pretende gobernar este país. Pretende reducirnos a todos a un estado de miedo constante, un miedo a la violencia de la que algunas personas pueden librarse en un momento dado, pero de la que nadie estará nunca de verdad a salvo. Esa es nuestra nueva realidad nacional”

El periodista repasa los acontecimientos ocurridos en los primeros días de enero de este año, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió sus operaciones en Mineápolis y St. Paul (una localidad vecina, por lo cual se les conoce a ambas como las “ciudades gemelas”). El asesinato de Renee Good, una mujer blanca y madre de clase media; las amenazas brutales  a una abogada embarazada en el estacionamiento de su bufete; la detención de varios ciudadanos estadounidenses incluyendo uno que sacaron de su casa en ropa interior; el asalto indiscriminado  a automóviles que pasaban por la ciudad, rompiendo cristales de las ventanillas;  la detonación de granadas y gases lacrimógenos contra manifestantes; los arrestos de personas en el aeropuerto; la detención de un niño de cinco años junto con su padre;  y el homicidio de otro ciudadano estadounidense en la calle cuando se encontraba ya en el suelo, con varios disparos a quemarropa, Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos sin antecedentes penales . Este caudal de agresiones agrega el columnista, tiene una explicación: “El presidente Trump está utilizando todos los instrumentos: las cuotas de detenciones del ICE que se han reportado; la fuerza paramilitar formada por matones embriagados de su propia brutalidad; el espectáculo de la violencia aleatoria, particularmente en las calles de las ciudades; y el vilipendio post mortem de las víctimas muestran una lógica, “y esta lógica tiene un nombre. Se llama terror de Estado”.

Una conclusión similar sacó Robin Kaiser-Schatzlein, un periodista independiente que creció en St. Paul, autor de un relato de primera mano, el cual fue publicado en la revista New York Review Books.

Según Robin, ICE no llegó a las ciudades gemelas para detener y deportar personas sino para “aterrorizar a sus habitantes”. Agrega que los agentes no estaban bien preparados ni la operación fue planeada correctamente: sus autos se atascaban frecuentemente en la nieve y los agentes se resbalaban en las calles heladas (a menos de 15° bajo cero). Sin embargo, señala, su incompetencia los hacía más peligrosos. Agrega que los agentes no dieron muestras de temor ante las cámaras de los ciudadanos o de la prensa. “En realidad, participaron activamente en difundir su propia brutalidad, a menudo usando botes de humo de colores para generar efectos teatrales.”

El reportaje de Robin destaca que las personas han resistido al miedo y a la violencia de diversas maneras. “De la noche a la mañana, varias iglesias han logrado almacenar comida, gracias a las donaciones y el trabajo voluntario de miles de ciudadanos, para entregarla a quienes han tenido que esconderse en sus casas y no pueden salir de compras ni ir a trabajar”. Muchos ciudadanos también se han organizado para transportar en sus vehículos a las personas que pueden ser objeto de persecución para llevarlos a sus trabajos y citas médicas, incluso se formaron redes para proveer leche materna a bebés cuyos padres han sido detenidos por ICE. Esas redes han creado chats en Signal y WhatsApp para alertar a los residentes cuando ICE aparece y convocar a muchos observadores, haciendo sonar silbatos y cláxones.

“La magnitud del esfuerzo de ayuda mutua es difícil de comprender - dice Robin- al igual que la velocidad con la que se ha organizado y la valentía de quienes lo llevan adelante para enfrentar a tres mil agentes federales”. Y resume: “El tamaño de la Operación Metro Surge (en las ciudades gemelas) es delirante y desmesurado; no obstante, la gente ha hecho todo lo que puede para protegerse mutuamente y resistir”.

Un caso especial ha sido el de las personas de origen somalí, las cuales fueron señaladas por el presidente Trump en diciembre como inmigrantes “basura”. Más de sesenta mil personas de este origen radican en Minneapolis, de un total de aproximadamente 170 mil en todo Estados Unidos. Sin embargo, el 90 por ciento de aquellos que viven en las ciudades gemelas son ciudadanos estadounidenses, de tal manera que los indocumentados apenas serían unos 5 mil. Lo anterior confirmaría, igualmente, que el objetivo de Trump no ha sido cazar inmigrantes ilegales sino agredir sin misericordia a los ciudadanos de las ciudades gemelas. Según Robin, “mujeres somalíes en el vecindario Cedar-Riverside se han organizado para patrullar por turnos las calles con chalecos de seguridad, informando a las personas acerca de sus derechos y ofreciendo bebidas calientes, y han montado una guardia casi permanente frente a un centro comercial somalí en Minneapolis y un supermercado mexicano en St. Paul, blanco de las redadas”.

Vale la pena recordar que Minneapolis han sido escenario de protestas en los últimos 20 años. Una de las más relevantes que tuvo impacto mundial fue la que ocurrió por la muerte de George Floyd a manos de agentes policiacos en mayo de 2020.  La agresión se gravó en un video y exhibió al oficial Chauvin poniendo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante varios minutos mientras la víctima murmuraba “no puedo respirar” hasta su fallecimiento. Otros crímenes pueden mencionarse: Jamar Clark en 2015, un joven afroamericano también asesinado por policías. O Philando Castille en 2016 en circunstancias similares, entre varios más.

 Es difícil pensar que el terror de enero en las ciudades gemelas fue simplemente una venganza contra una población que ha mostrado su enojo y la búsqueda de justicia por sus muertos a manos de agentes policiacos locales o federales. Tampoco puede decirse que el objetivo principal fue detener inmigrantes ilegales. De acuerdo con los reportajes citados se trata de algo más:  demostrar fuerza excesiva y usarla para infundir miedo, con el propósito de reforzar el mensaje de que cualquiera puede ser la próxima víctima.

Otras guerras desatadas por Trump:  mediante la imposición unilateral de aranceles a casi todos los países del mundo; incursiones armadas en Irán y Venezuela; y las presiones a México, se han basado en la amenaza de la fuerza, pero, al mismo tiempo, han buscado abrir espacios de negociación para lograr algunas ganancias. La guerra contra la inmigración desatada por Trump en su propio país parece tener un carácter distinto. Se trata de infundir miedo sin que se busque algún logro material a cambio. El objetivo es demostrar que por medio de la violencia se puede lograr imponer la voluntad del gobernante. ¿Un aviso de lo que pude suceder en las elecciones de noviembre? Quizás: no obstante, también es cierto que la respuesta ciudadana en Minneapolis y muchas ciudades de Estados Unidos pueden hacer recular al tirano, así sea por un tiempo. La movilización de la sociedad tendrá que mantenerse y, en su momento, traducirse en un enorme caudal de votos. O ese régimen basado en el terror de Estado se afianzará por un tiempo indeterminado.

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La economía mexicana en 2025

 No hubo final feliz en 2025

Saúl Escobar Toledo

20 de enero de 2026

De acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI en los últimos días, la economía mexicana no terminó bien el año. Tomemos en primer lugar los indicadores de la inversión fija bruta ya que éstos explican en buena medida los problemas que enfrentamos el año pasado. Hasta octubre, ese rubro mostraba una caída anual de 5.8%. Según otros reportes (Siller), se hilaron catorce meses consecutivos de contracción. Para todo el año, se espera que la disminución llegue a 7.1%.  Hay que destacar que la inversión en maquinaria y equipo tuvo un resbalón de 10.3% entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025. Lo más preocupante: la inversión pública se redujo en 20.2%, particularmente en la industria de la construcción, con una caída de casi 31%. Por su parte, la inversión privada cayó en total 4.9%: aumentó 0.8 % en la industria de la construcción, aunque en la compra de maquinaria y equipo se achicó en 10.2%.

El comportamiento de estos indicadores se reflejó en el empleo.  En la industria manufacturera la reducción de personal fue de 2.73% hasta noviembre. El impacto fue más fuerte en la fabricación de equipo de transporte (-7.44%) y la fabricación de maquinaria y equipo (-6.05%).

No todas las ramas de la manufactura de exportación presentaron una menor cantidad de personal ocupado total. La fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos tuvieron un aumento de 2.75%. Ello se debe a que las exportaciones de equipo de cómputo hacia Estados Unidos han impulsado el crecimiento de las exportaciones totales de México. Gracias a que estos productos gozan de bajos aranceles, México está sustituyendo las importaciones de otros países asiáticos, principalmente de China. Se calcula que el valor (en dólares) de estos productos tuvieron un crecimiento anual de 84.39%, pagando un arancel al mes de septiembre de 0.27%, mientras que las exportaciones de automóviles tipo turismo acumularon una caída de 7.26%, pagando un arancel a septiembre del 14.97%.

Sin embargo, los establecimientos manufactureros de la industria maquiladora (programa IMEX) también redujeron su personal en 3.3% entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025.

De esta manera, según datos del tercer trimestre de 2025, los trabajadores subordinados y remunerados habían disminuido en más de 225 mil personas mientras que los trabajadores del sector informal que laboran “en micronegocios no registrados”, por ejemplo vendedores en vía pública, proveedores de servicios para el hogar, y productores y artesanos diversos, aumentaron en más 800 mil personas (sin contar el trabajo doméstico remunerado, aquellos que laboran en empresas y gobierno sin seguridad social, y los trabajadores del ámbito agropecuario) .

Sin duda, la política comercial, confusa, agresiva e impredecible de Estados Unidos ha afectado las exportaciones de México a ese país y por consiguiente las inversiones en maquinaria y equipo, golpeando severamente el empleo formal.  El auge que se preveía años atrás con el mentado “nearshoring” ha ido decayendo, aunque no en todos los productos. La sustitución de China por México, como principal exportador de productos manufacturados a Estados Unidos, ha tenido un éxito parcial. A pesar de convertirnos en su proveedor más importante, algunos productos han caído y otros han aumentado su producción, pero, en conjunto, los efectos para México no se han traducido en un crecimiento significativo.

Las caídas en la inversión de maquinaria, equipo y en la industria de la construcción, y sus efectos en el empleo en la industria manufacturera, fueron determinantes para la economía en su conjunto. Para el año pasado, se estima que el crecimiento del PIB será de 0.6% o menos, muy lejos de lo estimado por la Secretaría de Hacienda (entre 1.5-2.3%). La industria manufacturera por su lado había caído en 0.8% hasta noviembre.

Estos datos muestran que el año pasado coincidieron un par de fenómenos desafortunados: la política arancelaria de Trump, la cual afectó especialmente las exportaciones de equipo de transporte; y el ajuste del gasto público del gobierno de México que se reflejó en la reducción de la inversión pública y total. Así las cosas, la economía se estancó y el empleo asalariado disminuyó, con el consiguiente aumento del trabajo informal. Una coincidencia que tiene por lo tanto un componente interno que afecta a todo el aparato productivo.  Si se mantiene la tendencia recesiva de la inversión pública, México seguirá estancado, aunque las exportaciones manufactureras crezcan, lo cual también está en duda hasta que se disipen los efectos de la negociación del TMEC y quizás después, si Trump mantiene sus políticas erráticas.

No obstante, además de estos dos factores coyunturales que se presentaron el año pasado, hay causas estructurales, de largo plazo, que han afectado la economía y el empleo. Y es que la industria manufacturera de exportación sigue perdiendo terreno debido a que importa cada vez más insumos. Es decir, no se producen en el país muchos componentes del bien final.

De acuerdo con datos proporcionados por El Economista,  en el III trimestre de 2025, el PIB del sector industrial representó 30.8% del total del producto y la industria manufacturera el 20.4%. En 2018, representaron, respectivamente, el 32.6% y el 20.5%. Con datos del 2000, la reducción es más notoria pues en ese año el sector industrial representaba el 37.9% y las manufacturas el 23.2%. Es decir, la tendencia de largo plazo muestra un proceso de desindustrialización a pesar del auge de las exportaciones manufactureras.

La SHCP afirma que en 2025 nuestro país se consolidó como líder regional en materia de exportaciones. “Somos-señala- el principal exportador de los 20 principales productos de alta tecnología como vehículos ligeros de gasolina, unidades de procesamiento digital (computadoras)  con un valor de más de 600 mil millones de dólares”. Una cantidad superior, por ejemplo, a la de Brasil, cuyas exportaciones totales equivalieron a casi 350 mil millones de dólares.

Sin embargo, el valor agregado de nuestras exportaciones es muy reducido, de tal manera que México produce esos bienes, en un alto porcentaje, con piezas y refacciones importados de Estados Unidos. Lo anterior afecta igualmente el consumo interno: aunque los salarios aumenten (sobre todo los mínimos y en menor medida los contractuales), el empleo formal crece muy poco y, en cambio, aumentan las ocupaciones informales y vulnerables.

De esta manera, cuando a esta tendencia estructural se añaden factores coyunturales, el resultado es el estancamiento económico (y el peligro de una recesión) además de la reducción del empleo formal en números absolutos.

La economía mexicana no sólo requiere certidumbre en sus relaciones con Estados Unidos; urge, asimismo, una mayor inversión pública y una política industrial que aliente las ramas manufactureras que proveen de insumos y equipos a la industria que abastece el mercado externo y el consumo doméstico. También es indispensable un mayor gasto público en la infraestructura necesaria para la expansión económica, construyendo más puertos, carreteras, vías férreas, y fuentes de energía (sobre todo limpias). Asimismo,  un apoyo más cuantioso a la investigación,  el desarrollo tecnológico y la educación superior. Y, desde luego, la infraestructura que sirve directamente a la población: hospitales, escuelas, y servicios urbanos. Si la inversión pública sigue retrocediendo, la economía y el empleo serán muy vulnerables ante los cambios externos y no se sentarán las bases de un crecimiento sostenido. En el mejor de los casos, nos mantendremos como un gran taller maquilador; en el peor, un país sin alternativas de empleos dignos para los mexicanos.

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El asalto a Venezuela a cargo de Donald Trump (enero, 2026)

 El caso Venezuela: notas acerca de un Imperio sin cerebro

Saúl Escobar Toledo

6 de enero de 2026

El asalto armado perpetrado por el ejército de Estados Unidos y ordenado por el presidente Trump la madrugada del sábado 3 de enero en distintos puntos de Venezuela violó las leyes internacionales y las de la nación agresora. De esta manera, el gobierno de Washington actuó como una banda de malhechores.

Como lo aclaró el mandatario estadounidense ese mismo día en conferencia de prensa, de lo que se trata es de apropiarse del petróleo venezolano, aunque se ponga como argumentos la seguridad de Estados Unidos y el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, justificó sus acciones con base en la Doctrina Monroe y su corolario trumpista, dando a entender que la región caribeña y latinoamericana debe ser una zona controlada por su gobierno, y que las economías de esta parte del mundo deben estar al servicio de su país, y de nadie más.

Los objetivos y el sustento legal y político de la incursión armada, si se les mira con detalle, resultan incoherentes, imposibles de concretar y, sin embargo, muy peligrosos para el continente y el mundo.

Los dichos de Trump, Marco Rubio y otros funcionarios de la Casa Blanca, han resultado confusos. ¿Pretenden administrar el gobierno venezolano o solamente orientarlo según sus deseos o intereses? ¿Negociaron o pretenden negociar con la sucesora de Maduro, la señora Delcy Rodríguez y el gobierno chavista, o buscan sustituirlo? ¿Cómo pretenden allegar los recursos petroleros a las empresas estadounidenses? ¿ Es rentable la industria petrolera en un corto plazo? Todas estas cuestiones no tienen respuesta simplemente porque Trump tampoco las tiene. La incertidumbre que hay en gobiernos, especialistas y comentaristas en el mundo acerca del futuro de Venezuela no se explica por un secreto bien guardado de la administración estadounidense, sino por la ausencia de un plan bien calculado.

Sus afanes imperiales en América Latina y el Caribe, utilizando la violencia contra los gobiernos que considere peligrosos para la seguridad de su país, tienen pocas posibilidades de hacerse realidad en todo el subcontinente. Brasil, por ejemplo, no es tan vulnerable como Venezuela. Incluso Argentina, Perú y Chile, gobernados hoy o en los próximos meses por simpatizantes de Trump, difícilmente van a romper sus lazos comerciales con China. Tampoco parece realista que el sistema BRICs vaya a esfumarse del mapa del mundo o de Latinoamérica. Las amenazas de Washington se han enfocado en aquellas naciones que considera más débiles como Colombia. No obstante, en mayo de este año se celebrarán elecciones en esa nación y bien podrían esperar sus resultados que pueden no favorecer a la izquierda, lo que tampoco significaría que el gobierno que lo suceda esté dispuesto a entregar incondicionalmente sus riquezas a Estados Unidos.  Además, Trump a diferencia de Rubio, dijo que Cuba “no le interesa” probablemente porque sus recursos naturales tampoco.

En el caso de México, una intervención armada para perseguir capos mafiosos o aprender figuras políticas o empresarios supuestamente ligados con las mafias no tiene sentido en la medida en que la colaboración entre ambos gobiernos y sistemas de inteligencia están trabajando aparentemente sin problemas. En cuanto a la economía, la integración de ambos países es cada vez mayor y muchos empresarios, poderosos e influyentes, han defendido la continuación del TMEC. Las amenazas de Trump sirven, más bien, como medio de presión para las negociaciones de ese tratado.

El poder militar de Estados Unidos no es suficiente para cambiar la situación geopolítica, particularmente de Sudamérica, la cual desde hace años se ha acercado económicamente y en algunos casos política y estratégicamente a China. Hay cosas que la fuerza de las armas no puede hacer.

Sin embargo, la posibilidad de extender la violencia a otros países, como lo hizo con Venezuela,  apoyándose en aparato técnico y militar notablemente superior a cualquier capacidad de defensa doméstica, es real. Seguramente, esas acciones armadas carecerán de sustento legal y de un plan estratégico: de la misma manera que un asesino serial decide elegir su próxima víctima mediante reflexiones que no tienen que ver con la lógica o el sentido común, sino con sus fobias, caprichos y una percepción deformada de la realidad, Trump puede decidir perpetrar un nuevo golpe en algún lugar del mundo incluyendo América Latina y el Caribe. Los instintos belicistas de Washington parecen responder a un síntoma de ansiedad provocado por la debilidad cada vez mayor de Estados Unidos en la economía mundial, lo que se ha visto reflejado, claramente, en la pérdida de valor y de influencia del dólar estadounidense.

La irracionalidad del “corolario Monroe” y su apuesta por la violencia unilateral puede también dar malos resultados. Si en Venezuela, por ejemplo, se mantiene el régimen político durante este año, más o menos sin grandes cambios, o el petróleo no fluye a Estados Unidos tal como Trump se lo imagina o dice que lo imagina,  lo anterior se entendería como una derrota política y diplomática.  Una nueva incursión militar, propiciar un golpe de estado o la división del grupo gobernante, complicaría la crisis venezolana y puede resultar muy costosa en términos de vidas humanas: la situación económica, igualmente,  se vería afectada y, con ello, la explotación del petróleo. En lo que respecta al presidente Maduro y su esposa, es probable que el juicio dure muchos meses y no salga nada importante a relucir. Por lo pronto, han fabricado dos mártires que, a los ojos de un sector de la opinión pública internacional y de Venezuela, han resistido la crueldad del imperio.    Asimismo,  es posible que esa estrategia provoque serias fisuras dentro de MAGA y,  sobre todo, en el electorado estadounidense,  lo cual es de gran importancia tomando en cuenta la proximidad de las elecciones de noviembre.

No obstante, la imprudencia de Trump puede llevarlo a elegir muy mal el próximo golpe y desatar una respuesta militar por parte de China, la cual tiene a Taiwán como una carta que jugar en una crisis internacional más grave. Por su lado, Rusia se sentirá más confiada en la medida que Trump ha utilizado como único argumento válido el uso de la fuerza para atacar un país, derrocar a su líder y acceder a sus recursos naturales. Incluso Europa se siente más amenazada por el deseo reiterado del jefe de la Casa Blanca de apropiarse de Groenlandia.

Lo anterior mostraría que estamos frente a un gobierno “idiota”,  como lo calificaron desde su inicio analistas como De Long y Krugman. Si su política comercial (mediante la elevación de aranceles) ha resultado confusa, desordenada y de dudosos resultados, no se puede esperar otra forma de actuar en el plano militar y diplomático. Sin embargo, en la medida que tiene a su disposición el ejército más poderoso del mundo, este comportamiento resulta sumamente peligroso.

El gobierno estadounidense ha violado la legalidad internacional en otros momentos, como Bush después de los ataques de septiembre 11 a las torres gemelas de NY, invadiendo a países como Iraq; o como el asesinato de Bin Laden por órdenes de Obama.  Pero el asunto venezolano es distinto,  como ha analizado David Coyle en la revista NRB. Argüir la legitima defensa,  por el tráfico de drogas desde Venezuela,  es insostenible para justificar una agresión militar. El flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos no puede equipararse a un ataque armado o una amenaza militar en su contra.  Lo mismo puede decirse en términos de la legalidad interna, dada la falta de notificación al Congreso. La aprehensión de Maduro tampoco puede justificar el asalto. Por un lado porque, de acuerdo con la opinión de los expertos en derecho internacional,  se trata de un presidente que goza de inmunidad personal absoluta, conocida como  ratione personae, según lo expresado en la Carta de las Naciones Unidas, lo que impide que sea arrestado o juzgado por tribunales extranjeros, inmunidad que no distingue entre presidentes “legítimos” o “ilegítimos” y que sólo tiene dos excepciones: el consentimiento del propio Estado, o una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Inmunidad que, por cierto,  alegó el propio Trump cuando trataron de juzgarlo cuando ya había dejado el cargo.

Castigar a los gobiernos que juzga que no hacen bien las cosas o las hacen de otra manera, es un argumento ridículo que se sostiene solamente porque EU es un país más poderoso, militarmente, que cualquier nación latinoamericana y caribeña. El ejemplo de la aprehensión de Noriega en 1989 puede ser un antecedente; sin embargo,  en este caso, el personaje no era un mandatario electo y Washington no se propuso retomar el control del Canal o apropiarse de alguna de sus riquezas naturales. Además, en aquel momento, la Asamblea Nacional había declarado a Panamá en estado de guerra contra Estados Unidos.

Horas negras esperan a América Latina y quizás al mundo mientras Trump esté al mando. Pueden ser muchas, o quizás menos de las que hoy imaginamos. Dicen que los locos no comen lumbre, quizás los idiotas lo hagan: ojalá que sea pronto y paguen las consecuencias de sus actos.

saulescobar.blogspot.com

 

 

 

 

 

jueves, 30 de octubre de 2025

La revisión del TMEC: la cuestión laboral

 La revisión del TMEC: los asuntos laborales

21 de octubre de 2025. El Sur

Saúl Escobar Toledo

El tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (TMEC o USMC por sus siglas en inglés)aprobado entre 2018 y 2019 y en vigor desde 2020, introdujo dos cambios muy importantes en materia de trabajo: el capítulo 23 y su Anexo que obligó a México a reformar sus leyes e instituciones laborales; y el Anexo 31-A que se incluyó casi en el último momento y estableció el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), en inglés Rapid Response Labor Mechanism (RRLM)Por medio de este mecanismo un gobierno (Estados Unidos) puede reclamar a otro (México) la violación de derechos laborales en una “instalación de producción cubierta” y, en caso de no haber acuerdo,someter el asunto a un panel, el cual verifica la petición bajo ciertos requisitosSi se confirma, podrá solicitar al gobierno demandado tomar medidas para la reparación de esas violaciones. Sin embargo, igualmente, el gobierno reclamante tiene la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no cumplan con la ley.Estas sanciones pueden ser aranceles más elevados o multas, particularmente en los casos de negación de los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva. 

El MRR se puede aplicar solamente en sectores económicos “prioritarios” principalmente manufactura de exportación y minería. Además, el gobierno de EE. UU.creó un Comité Laboral Interinstitucional, el cual es responsable de supervisar la implementación y cumplimiento de las obligaciones en materia laboral contenidas en el Tratado y en las leyes mexicanasEl verdadero objetivo del MRR fue, desde el principio, permitir a Estados Unidos tomar medidas contra empresas establecidas en México que no respetan los derechos laborales. Tiene un carácter unilateral que hace casi imposible que México utilice el MRR para denunciar y exigir el cumplimiento de esos derechos en Estados Unidos. 

Diversos informes han señalado que las disposiciones del TMEC “no han sido los esperados” para generar un auténtico movimiento laboral democrático, pues apenas unos 27 mil trabajadores han sido beneficiados por el MRR. A pesar de ello, representantes de organizaciones democráticas han coincidido en que este mecanismo ha sido el instrumento más efectivo del TMEC para hacer valer los derechos de los trabajadores mexicanos.

Hasta octubre de este año, según un reporte del comitéindependiente de expertos laborales para México, nombrados por el Congreso de Estados Unidosel MRR había iniciado 39 casos en empresas instaladas en nuestro país, la mayoría de capital estadounidensevinculadas al sector automotriz. Las quejas surgieron,principalmente, de sindicatos independientes mexicanos y, en menor medida, de los gobiernos de nuestros socios comerciales.

Desde luego, el MRR no puede ser el principal instrumento para cambiar las condiciones de trabajo y la vida sindical de México. Esta tarea debe corresponder en primer lugar a los asalariados, a sus organizaciones gremiales legitimas y a las autoridades laborales de nuestro país, aunque se requerirá, asimismo de un fortalecimiento de las alianzas entre sindicatos democráticos, asociaciones civiles personalidadesprogresistas de las tres naciones

No obstante, como es sabido, el próximo año 2026 se revisará el TMEC y resultará inevitable poner a discusión su capítulo laboral y, en particular, las deficiencias y bondades del MRR. 

Este debate se realiza en una situación de gran incertidumbre debida a las políticas cambiantes del gobierno de Trump en materia comercial y acerca de la relación bilateral entre nuestros países.  

No está claro, por ende, cuál será la postura del gobierno de EU en lo que se refiera al tema laboral del TMEC. En principio, habría tres posibilidades. Una, que esta parte del Acuerdo no se modifique y el MRR siga operando en los mismos términos; una segunda, que este Mecanismo se refuerce tomando en cuenta la experiencia de estos últimos años y las recomendaciones de sus expertos; y una tercera, que el gobierno de Washington ponga más el acento en las “reglas de origen” y descuide o incluso suprima diversas disposiciones incluyendo el MRR. Si Trump sigue considerando que el problema principal es el déficit comercial entre nuestros dos países, es probable que haga más insistencia en las reglas de origen alegandoque las mercancías destinadas la exportación a EE. UU. deben producirse por trabajadores con salarios sustancialmente más elevados. Si eso no sucede, dichos bienes podrían ser materia de aranceles muy costosos para las empresas.  Otra posibilidad reside en que el gobierno de Washington considere que el problema en el que debe enfocarse sea el freno al creciente poder económico de China, por lo que podría poner más interés en reforzar las cláusulas laborales y el MRR. En este complejo panorama faltaría también conocer la opinión de la representación de las empresas que invierten en México, y de los sindicatos estadounidenses. Seguramente los primeros objetarán el MRR y los segundos apoyarán su fortalecimiento. 

Sin embargo, más allá de estas dudas, resulta necesario que el gobierno y los sindicatos mexicanos tengan una posición común. Afortunadamente, el pasado 14 de octubre un conjunto de sindicatosindependientes dio a conocer la entrega de un documento a las secretarías de Trabajo y Economía, titulado “Desde la acción sindical hacia políticas comerciales justas”, con el propósito de participar activamente en el proceso de revisión del TMECEl objetivo consiste en “dar voz a activistas, líderes sindicales, y personas trabajadoras… actores del movimiento sindical democrático”En dicho escrito planearon varias recomendaciones para ampliar y robustecer el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y reforzar la capacidad de las instituciones mexicanas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores

Las más destacadas son:  establecer (gradualmente) un salario mínimo regional en los sectores estratégicos cubiertos por el T-MEC, con énfasis en el sector automotriz y de autopartes; reducir la carga probatoria para los trabajadores que presentan quejas bajo el MLRR; ampliar la cobertura del Capítulo Laboral a sectores agrícolas, de servicios y de plataformas digitales en los tres países; y fortalecer la inspección y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral(CFCRL) para que cuenten “con una mayor capacidad para emitir sanciones efectivas”.

De esta manera, el documento busca mejorar las remuneraciones de los trabajadores mexicanos mediante “mesas de diálogo” trilaterales con la participación de las empresas, los sindicatos y  las autoridades laborales; facilitar y hacer más sencillos el acceso de los trabajadores a los trámites y estudios necesarios para activar la  queja prevista en el MRR; terminar con la unilateralidad del MRR, ya que la posibilidad de  su aplicación en Estados Unidos es prácticamente nula por diversas razones legales y políticas y, por lo tantocoadyuvar a la protección de los trabajadores migrantes documentados e indocumentados. Igualmente, ampliar la cobertura del Capítulo Laboral y el MRR a sectores no contemplados actualmente en el Mecanismo, particularmente al sectoragrícola. Y, finalmente otorgar más recursos y facultades a las autoridades mexicanas del ramo (el CFCRL y la Secretaría del Trabajo) para, entre otras cosas, emitir sanciones efectivas a los actores que violen los derechos de los trabajadores (líderes sindicales y empleadores) especialmente en materia de democracia sindical y negociación colectiva. Finalmente, las propuestas buscan que se lleve a cabo una consulta permanente con las organizaciones yactivistas sindicales en cada una de las etapas del MRR, lo que podría ayudar a que los casos no se cierren sin escuchar su opinión; a que las violaciones a la ley sean realmente tomadas en cuenta; y a que los colectivos de trabajadores que se oponen a los líderes corruptos y a empresas abusadoras no sean reprimidos.

CEPAL: una nueva política fiscal para América Latina

 CEPAL: una nueva política fiscal, la opción para América Latina

23 de septiembre de 2025

Por Saúl Escobar Toledo

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el mes pasado su “Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2025”. En dicha publicación se asegura de manera enfática que “fortalecer la política fiscal es una condición necesaria para cualquier estrategia de desarrollo”. Es decir que para lograr un mayor crecimiento económico y para cubrir las necesidades de la población en materia de educación, salud y protección social, se requiere cambiar la política tributaria. 

Esta conclusión , se explica, en primer lugar,  por la desaceleración generalizada de la economía mundial tanto en los países avanzados como en las regiones en desarrollo, en un contexto de alta incertidumbre y tensiones crecientes. Se vislumbra -agrega el estudio- “una disminución del comercio mundial y una caída de los flujos de capital hacia las economías emergentes”  debido al incremento de los conflictos geopolíticos y la fragmentación de la cooperación mundial. 

En el caso de América Latina, la CEPAL asegura que “se confirma un decenio de bajo crecimiento en el periodo 2016 – 2025, el cual ha sido inferior al registrada en los años ochenta (cuando ocurrió la crisis de la deuda y varias nacionesincluyendo México, dejaron de pagar sus obligaciones externas).

Para salir de este casi estancamiento, América Latina debe aumentar la inversión, la tasa de participación de las mujeres y los jóvenes en la ocupación, y mejorar la educación. Todo lo anterior requiere superar un problema central : el reducido espacio fiscal de los gobiernos de la región debido al aumento de los intereses de la deuda pública. Es decir, para pagar a sus acreedores, los gobiernos han optado por contener su gasto a pesar de que las necesidades de la población se han seguido abultando.

El envejecimiento de la población presiona cada vez más las instituciones de salud, las pensiones y los servicios de cuidado. Al mismo tiempo, ha habido una mudanza en el perfil epidemiológico, caracterizado por una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, cuyo tratamiento implica costos más elevados y, por ende, mayores necesidades de financiamiento. Igualmente,  el cambio climático requiere mayores inversiones. Y ,sin duda, las desigualdades sociales y los niveles de pobreza existentes requieren un mayor y mejor gasto social. 

La CEPAL abunda. El envejecimiento de la población ha provocado una elevación del gasto en pensiones. Los sistemas contributivos (administrados por las Aforeshan requerido ingentes recursos fiscales que, sin embargo,  no han resuelto problemas como su cobertura o el pago de jubilaciones dignas. Por ello, los gobiernos han tenido que implementar programas de pensiones no contributivos (como el programa universal de adultos mayores en México)Así, dice la CEPAL, en el año 2000 el gasto en estas pensiones, financiadas en su totalidad por el gobierno, representaban en promedio apenas el 0.15% del PIB mientras que en 2021 se habían triplicado alcanzado un promedio del 0.42% del PIB.

 

La CEPAL insiste en que América Latina necesita, en particular,  aumentar la inversión pública pues ésta juega un papel central “en la provisión de servicios económicos —como infraestructura e investigación y desarrollo—, así como en reglones esenciales, como educación, salud pública, seguridad y justicia”. Sin embargo, agrega la CEPAL, ésta se ha reducido, lo que ha debilitado el papel del Estado como motor del crecimiento”

La carencia de recursos se agudiza no sólo por las presiones del gasto social (las pensiones) y el aumento del servicio de la deuda. También porque existe “una recaudación tributaria baja y regresiva. “Los ingresos tributarios en la región, que en promedio representaron un 21,3% del PIB en 2023, distan significativamente de los niveles observados en economías desarrolladas34,0% del PIB en 2022 para el promedio de países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La CEPAL agrega que, en América Latina, “la recaudación se concentra en los impuestos al consumo de bienes y servicios y en menor medida en el gravamen sobre la renta y las ganancias de capitalElos países de la OCDE sucede lo contrario: estos gravámenes son notablemente mayores que los impuestos a los bienes y servicios

El estudio advierte que los impuestos al consumo tienden en su mayoría a ser regresivos(afectan más a las personas de menores recursosmientras que el que afecta la renta de las personas físicas,  tiene, como lo demuestran diversos estudios, un diseño “altamente progresivo”. A esto se suma una evasión fiscal en nuestra región, que alcanzó los 433.000 millones de dólares anuales en 2023

Así las cosas, “los ingresos tributarios se estancaron y no fueron suficientes para sostener el nivel de gasto público, lo que derivó en déficits fiscales elevados y persistentes (y) en un aumento significativo del endeudamiento público. En consecuencia, el nivel promedio de deuda pública del gobierno central en América Latina aumentó de un mínimo del 29,4% del PIB en 2008 al 51,2% del PIB en 2024”. Peor aún, “durante los últimos años, el incremento de los pagos de intereses fue contrarrestado, en parte, con recortes en la inversión pública”La adquisición de activos fijos fue el componente más afectado, lo que llevó a la paralización de proyectos de infraestructura y a restricciones en la compra de maquinaria.

Por ello, la CEPAL propone “una política fiscal transformadora”. Una primera medida consistiría en “aumentar las tasas máximas del impuesto sobre la renta de las personas físicas…  y garantizar que las ganancias de capital sean gravadas de forma amplia y efectiva”y agrega “para complementar estas acciones, puede explorarse la posibilidad de implementar gravámenes a la propiedad, la riqueza individual o familiar, y a las herencias”.

Igualmente, propone revisar el IVA, pero destaca la necesidad de “ampliar la cobertura y la calidad del gasto público”Asegura que es fundamental “fortalecer el sector de los cuidados mediante el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo no remunerado” Y agrega que, en el ámbito de la salud, es preciso mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como capacitar al personal médico en el uso de herramientas digitales. Finalmente, señala que es esencial superar la lógica subsidiaria y promover la inversión en infraestructura social y servicios básicos.” Es decir, revisar los programas de transferencias monetarias de tal manera que no debiliten el gasto en la construcción de nuevas escuelas, hospitales y renglones como el abastecimiento de agua, drenaje y vivienda. 

Finalmente, la CEPAL considera que es “indispensable reconfigurar la arquitectura financiera internacional ya que actualmente socava las reformas tributarias nacionalespues prevalece la elusión y evasión de tributos corporativos impulsados por la digitalización acelerada de la economía mundial. Además, “la competencia en la tributación a las empresas entre países resta recursos a los gobiernos de la región para el financiamiento del desarrollo. También, agrega, son motivos de preocupación los flujos financieros ilícitos”.

Las recomendaciones de la CEPAL parecen chocar con las prioridades políticas de la mayoría de los gobiernos de América Latina los cuales han escogido el camino del endeudamiento para mantener su gasto al mismo tiempo que dedican cada más recurso para sufragar los intereses de esos préstamos. Un círculo vicioso que los ha llevado a disminuir, sobre todo, la inversión social y en proyectos productivos. Por otra parteel poder de las grandes empresas trasnacionales ha dificultado el control de la evasión fiscal. Sin embargo, según esa institución, no hay otra salida más que fortalecer las arcas públicas gravando más a las personas más ricas. Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y Uruguay han acordado impuestos al patrimonio y la riqueza. Brasil, por su lado, desde 2024, grava a individuos con grandes fortunas (superiores a mil millones de dólares)  con una tasa mínima del 2%. Estas experiencias deben estudiarse para tomar una decisión que, como en México, es cada vez más urgente si, por ejemplo, el Plan México se va a tomar en serio.