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miércoles, 4 de marzo de 2026

El asalto a Venezuela a cargo de Donald Trump (enero, 2026)

 El caso Venezuela: notas acerca de un Imperio sin cerebro

Saúl Escobar Toledo

6 de enero de 2026

El asalto armado perpetrado por el ejército de Estados Unidos y ordenado por el presidente Trump la madrugada del sábado 3 de enero en distintos puntos de Venezuela violó las leyes internacionales y las de la nación agresora. De esta manera, el gobierno de Washington actuó como una banda de malhechores.

Como lo aclaró el mandatario estadounidense ese mismo día en conferencia de prensa, de lo que se trata es de apropiarse del petróleo venezolano, aunque se ponga como argumentos la seguridad de Estados Unidos y el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, justificó sus acciones con base en la Doctrina Monroe y su corolario trumpista, dando a entender que la región caribeña y latinoamericana debe ser una zona controlada por su gobierno, y que las economías de esta parte del mundo deben estar al servicio de su país, y de nadie más.

Los objetivos y el sustento legal y político de la incursión armada, si se les mira con detalle, resultan incoherentes, imposibles de concretar y, sin embargo, muy peligrosos para el continente y el mundo.

Los dichos de Trump, Marco Rubio y otros funcionarios de la Casa Blanca, han resultado confusos. ¿Pretenden administrar el gobierno venezolano o solamente orientarlo según sus deseos o intereses? ¿Negociaron o pretenden negociar con la sucesora de Maduro, la señora Delcy Rodríguez y el gobierno chavista, o buscan sustituirlo? ¿Cómo pretenden allegar los recursos petroleros a las empresas estadounidenses? ¿ Es rentable la industria petrolera en un corto plazo? Todas estas cuestiones no tienen respuesta simplemente porque Trump tampoco las tiene. La incertidumbre que hay en gobiernos, especialistas y comentaristas en el mundo acerca del futuro de Venezuela no se explica por un secreto bien guardado de la administración estadounidense, sino por la ausencia de un plan bien calculado.

Sus afanes imperiales en América Latina y el Caribe, utilizando la violencia contra los gobiernos que considere peligrosos para la seguridad de su país, tienen pocas posibilidades de hacerse realidad en todo el subcontinente. Brasil, por ejemplo, no es tan vulnerable como Venezuela. Incluso Argentina, Perú y Chile, gobernados hoy o en los próximos meses por simpatizantes de Trump, difícilmente van a romper sus lazos comerciales con China. Tampoco parece realista que el sistema BRICs vaya a esfumarse del mapa del mundo o de Latinoamérica. Las amenazas de Washington se han enfocado en aquellas naciones que considera más débiles como Colombia. No obstante, en mayo de este año se celebrarán elecciones en esa nación y bien podrían esperar sus resultados que pueden no favorecer a la izquierda, lo que tampoco significaría que el gobierno que lo suceda esté dispuesto a entregar incondicionalmente sus riquezas a Estados Unidos.  Además, Trump a diferencia de Rubio, dijo que Cuba “no le interesa” probablemente porque sus recursos naturales tampoco.

En el caso de México, una intervención armada para perseguir capos mafiosos o aprender figuras políticas o empresarios supuestamente ligados con las mafias no tiene sentido en la medida en que la colaboración entre ambos gobiernos y sistemas de inteligencia están trabajando aparentemente sin problemas. En cuanto a la economía, la integración de ambos países es cada vez mayor y muchos empresarios, poderosos e influyentes, han defendido la continuación del TMEC. Las amenazas de Trump sirven, más bien, como medio de presión para las negociaciones de ese tratado.

El poder militar de Estados Unidos no es suficiente para cambiar la situación geopolítica, particularmente de Sudamérica, la cual desde hace años se ha acercado económicamente y en algunos casos política y estratégicamente a China. Hay cosas que la fuerza de las armas no puede hacer.

Sin embargo, la posibilidad de extender la violencia a otros países, como lo hizo con Venezuela,  apoyándose en aparato técnico y militar notablemente superior a cualquier capacidad de defensa doméstica, es real. Seguramente, esas acciones armadas carecerán de sustento legal y de un plan estratégico: de la misma manera que un asesino serial decide elegir su próxima víctima mediante reflexiones que no tienen que ver con la lógica o el sentido común, sino con sus fobias, caprichos y una percepción deformada de la realidad, Trump puede decidir perpetrar un nuevo golpe en algún lugar del mundo incluyendo América Latina y el Caribe. Los instintos belicistas de Washington parecen responder a un síntoma de ansiedad provocado por la debilidad cada vez mayor de Estados Unidos en la economía mundial, lo que se ha visto reflejado, claramente, en la pérdida de valor y de influencia del dólar estadounidense.

La irracionalidad del “corolario Monroe” y su apuesta por la violencia unilateral puede también dar malos resultados. Si en Venezuela, por ejemplo, se mantiene el régimen político durante este año, más o menos sin grandes cambios, o el petróleo no fluye a Estados Unidos tal como Trump se lo imagina o dice que lo imagina,  lo anterior se entendería como una derrota política y diplomática.  Una nueva incursión militar, propiciar un golpe de estado o la división del grupo gobernante, complicaría la crisis venezolana y puede resultar muy costosa en términos de vidas humanas: la situación económica, igualmente,  se vería afectada y, con ello, la explotación del petróleo. En lo que respecta al presidente Maduro y su esposa, es probable que el juicio dure muchos meses y no salga nada importante a relucir. Por lo pronto, han fabricado dos mártires que, a los ojos de un sector de la opinión pública internacional y de Venezuela, han resistido la crueldad del imperio.    Asimismo,  es posible que esa estrategia provoque serias fisuras dentro de MAGA y,  sobre todo, en el electorado estadounidense,  lo cual es de gran importancia tomando en cuenta la proximidad de las elecciones de noviembre.

No obstante, la imprudencia de Trump puede llevarlo a elegir muy mal el próximo golpe y desatar una respuesta militar por parte de China, la cual tiene a Taiwán como una carta que jugar en una crisis internacional más grave. Por su lado, Rusia se sentirá más confiada en la medida que Trump ha utilizado como único argumento válido el uso de la fuerza para atacar un país, derrocar a su líder y acceder a sus recursos naturales. Incluso Europa se siente más amenazada por el deseo reiterado del jefe de la Casa Blanca de apropiarse de Groenlandia.

Lo anterior mostraría que estamos frente a un gobierno “idiota”,  como lo calificaron desde su inicio analistas como De Long y Krugman. Si su política comercial (mediante la elevación de aranceles) ha resultado confusa, desordenada y de dudosos resultados, no se puede esperar otra forma de actuar en el plano militar y diplomático. Sin embargo, en la medida que tiene a su disposición el ejército más poderoso del mundo, este comportamiento resulta sumamente peligroso.

El gobierno estadounidense ha violado la legalidad internacional en otros momentos, como Bush después de los ataques de septiembre 11 a las torres gemelas de NY, invadiendo a países como Iraq; o como el asesinato de Bin Laden por órdenes de Obama.  Pero el asunto venezolano es distinto,  como ha analizado David Coyle en la revista NRB. Argüir la legitima defensa,  por el tráfico de drogas desde Venezuela,  es insostenible para justificar una agresión militar. El flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos no puede equipararse a un ataque armado o una amenaza militar en su contra.  Lo mismo puede decirse en términos de la legalidad interna, dada la falta de notificación al Congreso. La aprehensión de Maduro tampoco puede justificar el asalto. Por un lado porque, de acuerdo con la opinión de los expertos en derecho internacional,  se trata de un presidente que goza de inmunidad personal absoluta, conocida como  ratione personae, según lo expresado en la Carta de las Naciones Unidas, lo que impide que sea arrestado o juzgado por tribunales extranjeros, inmunidad que no distingue entre presidentes “legítimos” o “ilegítimos” y que sólo tiene dos excepciones: el consentimiento del propio Estado, o una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Inmunidad que, por cierto,  alegó el propio Trump cuando trataron de juzgarlo cuando ya había dejado el cargo.

Castigar a los gobiernos que juzga que no hacen bien las cosas o las hacen de otra manera, es un argumento ridículo que se sostiene solamente porque EU es un país más poderoso, militarmente, que cualquier nación latinoamericana y caribeña. El ejemplo de la aprehensión de Noriega en 1989 puede ser un antecedente; sin embargo,  en este caso, el personaje no era un mandatario electo y Washington no se propuso retomar el control del Canal o apropiarse de alguna de sus riquezas naturales. Además, en aquel momento, la Asamblea Nacional había declarado a Panamá en estado de guerra contra Estados Unidos.

Horas negras esperan a América Latina y quizás al mundo mientras Trump esté al mando. Pueden ser muchas, o quizás menos de las que hoy imaginamos. Dicen que los locos no comen lumbre, quizás los idiotas lo hagan: ojalá que sea pronto y paguen las consecuencias de sus actos.

saulescobar.blogspot.com

 

 

 

 

 

miércoles, 21 de octubre de 2020

El presidente Cárdenas y el movimiento obrero

 

El presidente Cárdenas y el movimiento obrero

Saúl Escobar Toledo
 

El lunes 19 recordamos al General Lázaro Cárdenas por el cincuentenario de su fallecimiento. Valga la ocasión para ofrecer al lector algunas notas sobre su política laboral, misma que hoy deberíamos volver a analizar con cuidado para reflexionar sobre los problemas actuales.

En cierto sentido, la presidencia de Cárdenas no empezó el 1º de diciembre de 1934 sino el 12 de junio de 1935 cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) invitó a las organizaciones sindicales más importantes a discutir la situación creada por las declaraciones del expresidente Calles, llamando a reprimir las huelgas que habían tenido lugar en los primeros meses del sexenio. A esta convocatoria asistieron la CGOCM (Confederación General de Obreros y Campesinos de México); la CSUM (Confederación Sindical Unitaria de México), y varios otros gremios importantes como el Minero. Poco después, decidieron constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), un frente que tuvo como propósito unificar a los trabajadores, fortalecer sus luchas, apoyar la política laboral del presidente y evitar que prosperara la reacción callista.

Muchos sindicatos que formaron el Comité venían de una ruptura con la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), la cual se había convertido en un organismo de control antidemocrático y corrupto bajo el liderazgo de Morones y la protección de Calles. También, de una etapa de fuerte represión contra los sindicatos independientes, en particular contra la CSUM, dirigida por militantes del Partido Comunista. De esta manera, en los inicios de los años 30s se desataron varias huelgas y movilizaciones y surgieron nuevos sindicatos como el ferrocarrilero que agrupaba miles de trabajadores. Según algunos historiadores, a fines de 1934, el movimiento obrero se había convertido en la fuerza política y social más importante del país.

La creación del CNDP alentó la movilización obrera y a partir de ese momento estallaron varias huelgas en ramas estratégicas como la petrolera, minera y en la industria del papel, el cemento y el vidrio. Por su parte, el presidente Cárdenas defendió el derecho de huelga incluso ante las protestas patronales, como en el caso de la Vidriera de Monterrey, y manifestó su apoyo a la unificación de los trabajadores y a sus principales demandas.

La existencia del CNDP y después, en febrero de 1936, la fundación de la CTM (Confederación de Trabajadores de México), selló en los hechos una alianza entre el gobierno y el sindicalismo. Este apoyo le permitió al mandatario consolidar su política laboral, fortalecer su gobierno, excluir al callismo, y desatar un programa de reformas de gran alcance que, como sabemos abarcó la reforma agraria, la creación de nuevas instituciones y la expropiación de los ferrocarriles y la industria petrolera.

Para las organizaciones obreras, la alianza abrió el camino para su crecimiento orgánico y, sobre todo, para hacer realidad los derechos que ya estaban plasmados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.  Durante el cardenismo, se desató lo que algunos estudiosos han llamado la “revolución contractual”: se pactaron contratos colectivos de trabajo en muchas ramas económicas, los cuales habían sido negados por las autoridades y las empresas y habían sido motivo de duras y a veces cruentas luchas desde los años 20s.

Sin duda, la movilización y la fuerza organizada de los trabajadores fue un factor muy importante, aunque no el único, para que el presidente decidiera decretar la expropiación de los ferrocarriles (en junio de 1937) y el petróleo (en marzo del siguiente año). La historia y el desenlace de estas importantes medidas fue dispareja. La primera llevó, incluso, a que Cárdenas decidiera, en mayo de 1938, la creación de la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México (AOFM), experiencia que tuvo una corta vida pues en diciembre de 1940 fue echada abajo por el mandatario entrante, Ávila Camacho. La segunda, en cambio, permitió la creación de una industria pública que fue un sostén fundamental del desarrollo económico de México hasta la privatización de ese recurso hace algunos años.

Por otro lado, hay que decir que la independencia y combatividad del movimiento obrero mexicano se fue perdiendo poco a poco durante los últimos años del cardenismo. La adhesión de la CTM al recién creado PRM (Partido de la Revolución Mexicana) poco después de la expropiación petrolera y el poder ascendente de un grupo oportunista dentro de esa organización (representado por Fidel Velázquez) junto con los errores de los principales dirigentes, en particular de Lombardo Toledano y la fracción comunista, permitieron que la confederación abandonara poco a poco sus principios y se plegara cada vez más a la maquinaria estatal. Esta situación no acabó con el sindicalismo independiente que mantuvo una lucha intensa en los siguientes años, pero con una correlación de fuerzas cada vez más desfavorable. Al final, en 1948, el presidente Alemán decidió usar toda la fuerza del estado para aniquilar estas oposiciones.

En el caso de los ferrocarriles, una historia menos conocida, Cárdenas entregó a los obreros la administración de la empresa a pesar de las dudas de funcionarios de su propio gobierno y de los ferrocarrileros. Fue un experimento arriesgado y radical que mostró, por un lado, la confianza del presidente en el sindicalismo y en los trabajadores, y por otra la inexperiencia de estos últimos. La situación de la empresa ya era muy compleja y difícil desde que, durante el porfiriato, se había creado una empresa con participación accionaria mayoritaria del gobierno (en 1908) que nunca pudo despegar bajo las gerencias posteriores. Sacarla adelante hubiera requerido inversiones masivas, una fuerte reorganización administrativa y una cultura obrera experimentada en la creación de cooperativas y en la participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Ninguno de estos elementos se conjugó durante el breve periodo de la AOFM.

La política laboral del cardenismo y sus consecuencias fueron resultado de muchos factores, no sólo la voluntad presidencial. Lo que queda claro, sin embargo, es que el General entendió que la fuerza organizada del movimiento obrero sería vital para emprender un cambio de rumbo del país. Para lograr su apoyo dialogó muchas veces con las organizaciones, alentó reformas legales que los beneficiaban, aceptó y vio con simpatía sus manifestaciones, aunque éstas a veces interrumpieran servicios tan esenciales como el suministro de energía eléctrica. Promovió un aumento de los salarios mínimos reales y alentó los incrementos en los contractuales. Los sindicatos lograron una enorme fuerza de negociación frente a las empresas. 

Ese poder se convirtió después en pilar de un estado despótico y corporativo que rigió el país desde los años cincuenta. Cárdenas nunca vio con buenos ojos esas desviaciones y manifestó su oposición, hasta sus últimos días, de distintas maneras, al rumbo que habían tomados los gobiernos posrevolucionarios.

El 20 de noviembre de 1970, Cuauhtémoc Cárdenas dio lectura a un conjunto de reflexiones que había preparado el General poco antes de su fallecimiento. El texto expresa, entre otras cosas, que:

“Se podría argüir que no es responsabilidad del gobierno sino de los trabajadores, conquistar la democracia interna en los sindicatos y, en el caso de los no agrupados, que existen garantías para organizarse de acuerdo con la ley. Esto sería verdad en la medida que las condiciones de abatimiento social de los trabajadores dejaran de responder a indebidos privilegios de que disfrutan sus dirigentes para mantener en la inmovilidad a las masas organizadas y al hecho de haber dejado en el desamparo a las que no están organizadas. Hay que considerar que la explotación patronal se ha recrudecido porque las organizaciones obreras han perdido su independencia…”

saulescobar.blogspot.com