Un país de pobres pero distintos

Saúl Escobar Toledo

Al principio de su famosa novela, Ana Karenina, León Tolstoi escribió: “Las familias felices son todas iguales; las infelices lo son cada una a su manera”.

Revisando el estudio de CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social) publicado recientemente, podría decirse de manera similar que México es un país compuesto, en su mayoría, de familias pobres, pero que éstas son distintas unas de otras pues las condiciones y razones de su exclusión social son diferentes.  

Según este organismo, sólo el 22.6% de la población es no pobre y no vulnerable, lo que haría a este grupo más o menos homogéneo con la excepción de un pequeño porcentaje de familias ricas y muy ricas. El resto está compuesto por personas pobres (43.6%) o vulnerables (26.8%). Esto quiere decir que hay familias que no tienen acceso suficiente, al menos, a una de estas carencias:  alimentación, vivienda, seguridad social o servicios de salud. Otras, en cambio, están privadas de todas ellas. Asimismo, algunas familias pueden recibir ingresos por debajo del bienestar mínimo (y por lo tanto no les alcanza para comprar los alimentos de la canasta básica) y otras reciben ingresos inferiores a la línea de bienestar (es decir, no ganan lo suficiente para adquirir los bienes y servicios básicos en los rubros antes señalados).

No sólo se trata de diferentes tipos de carencias y niveles de ingreso. También padecen exclusión en mayor o menor medida debido a su género, su edad, si se trabajan en el campo o en las ciudades, si son indígenas o no, y a la región en la que habitan.

Así, una persona tiene mayores posibilidades de ser pobre si es mujer, adulta mayor, realiza labores agrícolas, es indígena y vive en una región donde se concentran todas esas privaciones. Peor aún, si éste es el caso, también le será más difícil superar esas condiciones adversas y acceder a un mejor nivel de vida.

Concentremos la atención, por esta vez, en el nivel regional. Según CONEVAL, con datos actualizados hasta 2016, el porcentaje de personas que vivían en pobreza era mayor a la media nacional (43.6%) en 15 entidades.  Con base en lo anterior y tomando como criterio la proximidad geográfica, podemos dibujar una franja que abarca los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, y Campeche abarcando la costa del Pacifico y el Golfo, así como el centro sur.  Un territorio compuesto por 9 entidades.

Por su parte, el Programa Regional de Desarrollo Sursureste 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto incluyó a todas estas entidades con la excepción de Michoacán y Morelos, pero sumó a Quintana Roo y Yucatán.

Si consideramos el conjunto de esos once estados, observamos que suman 25.5 millones de personas en pobreza, es decir el 48% del total nacional. Tomando en cuenta sólo las personas en extrema pobreza sumarían el 67% de todos los mexicanos que padecen esta condición.

Hay desde luego otras entidades donde los niveles de pobreza son elevados, sobre todo en el centro norte, pero podemos decir que las once entidades mencionadas forman una porción maciza y consistente del territorio nacional donde se concentra la exclusión social. No es la única, pero si la más importante. Dentro de esta franja hay ciudades prósperas y ramas industriales dinámicas y de exportación. Pero en su conjunto la población padece elevados índices de marginación y grandes carencias sociales.

Las diferencias se hacen más visibles si revisamos otras regiones. Los estados donde el número de pobres es, según los datos, proporcionalmente menor incluyen a:  Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa Chihuahua, Nuevo León Aguascalientes, la Ciudad de México, Jalisco, y Querétaro: otras once entidades en donde podría decirse que se concentra la modernización y los niveles de vida más altos. Aquí también hay pobres, pero en un porcentaje relativamente menor que va del 14 al 31% según la entidad de que se trate.

El diagnóstico publicado en el Plan Sur Sureste puede aplicarse al conjunto de esta franja de la pobreza. A diferencia del resto del país, en estas entidades sus habitantes se encuentran dispersos en zonas rurales pues casi la mitad vive en localidades menores a 2,500 habitantes, mientras que a nivel nacional sólo lo hace el 28%. Salvo excepciones, aquí se presenta una insuficiente y deteriorada red carretera, ferroviaria, marítima y aeroportuaria. En una palabra, la infraestructura productiva es atrasada e insuficiente

Asimismo, existen pocos motores económicos o polos de desarrollo y éstos se reducen básicamente a la industria petrolera y el turismo. La agricultura, salvo algunas excepciones, también padece en general, de bajos niveles de desarrollo, compuesta por pequeños productores de baja rentabilidad. Predominan, en cambio, las ocupaciones de baja productividad. Los servicios financieros y el acceso al crédito son muy limitado.   No es entonces sorprendente que este conjunto de entidades tenga una baja participación en el PIB nacional: poco más del 20%, y que no existan suficientes empleos formales. De acuerdo con el IMSS, estos apenas representan el 17% del total nacional.

A todos los problemas mencionados, debe agregarse un acceso deficiente a las instituciones públicas sanitarias, así como bajos niveles de escolaridad. Lo mismo sucede con la vivienda y los servicios esenciales que requieren las familias.   En cobertura de agua y drenaje, por ejemplo, esta región se encuentra por debajo de la media nacional.

En síntesis, hay un patrón de desarrollo que ha convertido a esta región  en la menos productiva y la de mayor atraso:  de los 125 municipios de México con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), 123 se encuentran en estas entidades. Y, sin embargo, cuentan con recursos naturales muy abundantes pues concentran más del 70% de la biodiversidad de América Septentrional. Pero ello no ha sido aprovechado para crear un mayor bienestar de la población residente y en cambio ha servido para financiar el desarrollo de otras regiones.

La franja de la pobreza, compuesta por esas once entidades, que abarca desde Michoacán hasta la península yucateca es el territorio más amplio y consistente del atraso económico y la exclusión social. El país, en su conjunto, no podrá alcanzar mejores niveles de desarrollo si esta situación persiste.  Aquí radica quizás el desafío mayor de nuestro presente. Hasta ahora, el modelo de crecimiento imperante ha favorecido principalmente a las industrias exportadoras de manufacturas, marginando al resto de las actividades productivas. Cambiar este patrón,  exigirá mayor inversión, sobre todo pública, en infraestructura, vivienda, educación y salud. Ello no puede reducirse a programas focalizados.  Se requiere un gran esfuerzo, planeado para varios años. Perpetuar la pobreza y el atraso de una franja tan vasta es ya insostenible. El próximo gobierno de la república tendrá que hacerse cargo de ello, o seguiremos viviendo en la ficción del crecimiento desigual, una apariencia que esconde el hecho de que millones de mexicanos no tengan posibilidades reales de acceder a una mejor calidad de vida debido, entre otras cosas, pero destacadamente, a que les tocó fincar su hogar, su familia y su trabajo, en este espacio de la geografía mexicana.

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El regreso del TPP
Saúl Escobar Toledo

Mientras cientos de miles de mujeres se manifestaban en el mundo para exigir igualdad y el fin de la violencia machista, ese mismo día,  8 de marzo, en Santiago de Chile, se firmaba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). En la foto oficial del acto, divulgada en todos los medios,  aparecen los representantes de los gobiernos participantes, once hombres, ni una sola mujer, sonrientes y tomados de las manos. Una desafortunada  coincidencia que mostraba que, en asuntos como el manejo de las economías y las negociaciones globales, las mujeres no participan o lo hacen todavía de manera muy escasa. Triste realidad que se confirmaba en el caso de la  anfitriona, la  presidenta de Chile, la única que quedaba en América Latina,  quien entregaría el poder a su sucesor, el señor Piñeira, pocos días después.
Aquel jueves, bajo un nuevo y pomposo nombre, se revivía el acuerdo de libre comercio llamado   TPP (Acuerdo Transpacífico o Trans-Pacific Partnership) pactado en febrero de 2016, pero ahora sin Estados Unidos. De esta manera, si antes había 12 socios, en esta ocasión sólo lo refrendaron Nueva Zelandia, Singapur, Chile, Brunei, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, por lo que también se le ha llamado el TPP 11. El Transpacífico entonces, no estaba muerto, andaba de parranda como dice la canción, y regresó a la vida sobe todo por el activismo diplomático del gobierno de Japón.
El Pacto se refrendaba además mientras el presidente Trump ordenaba la imposición de  nuevos aranceles a la importación de acero y aluminio a los EU, lo que puede desatar una guerra comercial mundial o al menos consolidar un fuerte giro proteccionista. No deja de resultar curioso, por decirlo de alguna manera, que si el gobierno de ese país, con Obama, impulsó el TPP original para contrarrestar el poder económico de China, apenas unos años después se pactaba otro similar para combatir la visión proteccionista del nuevo ocupante de la Casa Blanca (la de Washington, por supuesto).
Sin embargo, hoy como ayer, con o sin EU, el debate sobre este nuevo TPP tiene que ver con los beneficios del libre comercio sobre todo en materia laboral. Los apoyadores de estos pactos se basan en la teoría de que quitarle barreras a la circulación de mercancías y capitales destruye, pero también crea nuevas plazas de trabajo por lo que el nivel general de ocupación no resulta afectado. Pero para otros estudiosos del tema, entre los cuales destaca Jomo Sundaram, ex subsecretario general de las Naciones Unidas para el desarrollo económico, la expansión irrestricta de los mercados ha repercutido negativamente sobre los salarios y el empleo pues privilegia a los inversionistas e impone costos muy altos a los países, lo que repercute en muy dudosos beneficios para la población.
 El texto del TPP 11 es casi igual al anterior excepto en el caso de  20 cláusulas que quedan suspendidas, no abrogadas. Dentro de éstas, una de las más agresivas, protegía la propiedad intelectual de las industrias farmacéuticas bajo condiciones tales que se afectaban seriamente la producción local de medicamentos genéricos. También hubo cambios en lo que se refiere al mecanismo de solución de diferencias inversionista (como se le llama en la traducción oficial, poco clara, al español, del término ISDS, investor-state-dispute settlement) que tiene que ver con la posibilidad de que las empresas puedan demandar  a un gobierno en un tribunal extranjero si alegan que las regulaciones de ese país reducen sus ganancias esperadas.
En cambio, el capítulo laboral, quedó intacto. Expresamente, el texto señala que
“Cada Parte (es decir, cada país) adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones, y en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes derechos tal y como se establecen en la Declaración de la OIT:
(a) libertad de asociación y reconocimiento efectivo al derecho de contratación colectiva;
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores de edad.
(d) la eliminación de la discriminación en materia de  empleo y  ocupación; y
(e) el establecimiento de condiciones aceptables en el trabajo en lo que respecta a salario mínimo, jornada de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.
En otro apartado de este capítulo se expresa el compromiso de que cada país cuente con “tribunales imparciales e independientes para la aplicación de las leyes laborales” bajo  procedimientos que   deberán ser justos, equitativos y transparentes.
Hay un inciso sobre cooperación, entendida como el “mecanismo para la implementación efectiva” de los compromisos en materia laboral, que incluye a los sindicatos. Se establece, asimismo, la formación de un Consejo Laboral, a nivel ministerial, designado por  cada uno de los gobiernos participantes. Las funciones de este Consejo son, entre otras: orientar la cooperación laboral y revisar las quejas que se hagan llegar de un país a otro. De la misma manera, se llamará a formar, en cada país, un órgano “consultivo o asesor” para que los interesados “incluyendo representantes de las organizaciones laborales y empresariales”, puedan ofrecer sus puntos de vista sobre los asuntos relativos a este Capítulo.
Se prevé igualmente un mecanismo para tramitar quejas por violaciones a los derechos laborales que pasa por consultas  entre los países miembros  y que al final, en caso de que prevalezca el desacuerdo, podría terminar en el establecimiento de un panel que se regirá por las normas contenidas en el apartado sobre solución de controversias.
Una primera lectura puede dar  la impresión de que el TPP contiene fuertes mecanismos de protección para los trabajadores. En el caso mexicano, es imposible desligar la adhesión al viejo TPP cuando parecía cien por ciento segura la participación de EU, hace dos años, con las reformas constitucionales de febrero de 2017. En especial con la creación de tribunales laborales locales y federales adscritos al Poder Judicial, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje,  y la formación  de un órgano independiente encargado del registro de contratos y sindicatos.
Sin embargo, la experiencia derivada de otros tratados comerciales no ha sido tan buena como los postulados y promesas que están escritas en ellos. En los hechos ha sido muy difícil obtener resultados significativos. Las quejas y controversias tardan mucho en resolverse y al final no hay sanciones o medidas correctivas.
Con el nuevo TPP las cosas cambian, pero no mucho. Permanecen los riesgos de que se afecten a pequeños productores de diversos sectores económicos de México; de que más libre comercio no se traduzca en mejores condiciones de trabajo, salarios y empleos; y de que se trate de un acuerdo para beneficiar a las grandes corporaciones (ahora básicamente asiáticas y canadienses). Las cláusulas suspendidas y la ausencia de EU son, sin embargo, significativas. La presión es ahora mayor dada la posible ruptura del TLCAN y la necesidad de que nuestro país busque nuevos mercados en otros lugares del planeta.
En fin, que la resurrección del TTP, sólo con 11, será  un asunto muy complejo  que tendrá que discutirse en nuestro país. Una aprobación al vapor sería inaceptable. En medio de la campaña electoral, el tema parece  inoportuno, pero según lo firmado, el CPTTP entrará en vigor 60 días después de que al menos seis de los países signatarios notifiquen su ratificación. Los candidatos y partidos tendrán que manifestarse sobre el tema. Hacerse guajes no ayudará. Pero, sobre todo, las organizaciones de los trabajadores y la sociedad tienen que tomar en sus manos este debate. A pesar de la poca importancia que se le ha dado en los medios, no se trata de un asunto menor. Por el contrario, puede marcar el futuro de las relaciones laborales en nuestro país.
Twitter: #saulescoba