Un país de pobres pero distintos

Saúl Escobar Toledo

Al principio de su famosa novela, Ana Karenina, León Tolstoi escribió: “Las familias felices son todas iguales; las infelices lo son cada una a su manera”.

Revisando el estudio de CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social) publicado recientemente, podría decirse de manera similar que México es un país compuesto, en su mayoría, de familias pobres, pero que éstas son distintas unas de otras pues las condiciones y razones de su exclusión social son diferentes.  

Según este organismo, sólo el 22.6% de la población es no pobre y no vulnerable, lo que haría a este grupo más o menos homogéneo con la excepción de un pequeño porcentaje de familias ricas y muy ricas. El resto está compuesto por personas pobres (43.6%) o vulnerables (26.8%). Esto quiere decir que hay familias que no tienen acceso suficiente, al menos, a una de estas carencias:  alimentación, vivienda, seguridad social o servicios de salud. Otras, en cambio, están privadas de todas ellas. Asimismo, algunas familias pueden recibir ingresos por debajo del bienestar mínimo (y por lo tanto no les alcanza para comprar los alimentos de la canasta básica) y otras reciben ingresos inferiores a la línea de bienestar (es decir, no ganan lo suficiente para adquirir los bienes y servicios básicos en los rubros antes señalados).

No sólo se trata de diferentes tipos de carencias y niveles de ingreso. También padecen exclusión en mayor o menor medida debido a su género, su edad, si se trabajan en el campo o en las ciudades, si son indígenas o no, y a la región en la que habitan.

Así, una persona tiene mayores posibilidades de ser pobre si es mujer, adulta mayor, realiza labores agrícolas, es indígena y vive en una región donde se concentran todas esas privaciones. Peor aún, si éste es el caso, también le será más difícil superar esas condiciones adversas y acceder a un mejor nivel de vida.

Concentremos la atención, por esta vez, en el nivel regional. Según CONEVAL, con datos actualizados hasta 2016, el porcentaje de personas que vivían en pobreza era mayor a la media nacional (43.6%) en 15 entidades.  Con base en lo anterior y tomando como criterio la proximidad geográfica, podemos dibujar una franja que abarca los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, y Campeche abarcando la costa del Pacifico y el Golfo, así como el centro sur.  Un territorio compuesto por 9 entidades.

Por su parte, el Programa Regional de Desarrollo Sursureste 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto incluyó a todas estas entidades con la excepción de Michoacán y Morelos, pero sumó a Quintana Roo y Yucatán.

Si consideramos el conjunto de esos once estados, observamos que suman 25.5 millones de personas en pobreza, es decir el 48% del total nacional. Tomando en cuenta sólo las personas en extrema pobreza sumarían el 67% de todos los mexicanos que padecen esta condición.

Hay desde luego otras entidades donde los niveles de pobreza son elevados, sobre todo en el centro norte, pero podemos decir que las once entidades mencionadas forman una porción maciza y consistente del territorio nacional donde se concentra la exclusión social. No es la única, pero si la más importante. Dentro de esta franja hay ciudades prósperas y ramas industriales dinámicas y de exportación. Pero en su conjunto la población padece elevados índices de marginación y grandes carencias sociales.

Las diferencias se hacen más visibles si revisamos otras regiones. Los estados donde el número de pobres es, según los datos, proporcionalmente menor incluyen a:  Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa Chihuahua, Nuevo León Aguascalientes, la Ciudad de México, Jalisco, y Querétaro: otras once entidades en donde podría decirse que se concentra la modernización y los niveles de vida más altos. Aquí también hay pobres, pero en un porcentaje relativamente menor que va del 14 al 31% según la entidad de que se trate.

El diagnóstico publicado en el Plan Sur Sureste puede aplicarse al conjunto de esta franja de la pobreza. A diferencia del resto del país, en estas entidades sus habitantes se encuentran dispersos en zonas rurales pues casi la mitad vive en localidades menores a 2,500 habitantes, mientras que a nivel nacional sólo lo hace el 28%. Salvo excepciones, aquí se presenta una insuficiente y deteriorada red carretera, ferroviaria, marítima y aeroportuaria. En una palabra, la infraestructura productiva es atrasada e insuficiente

Asimismo, existen pocos motores económicos o polos de desarrollo y éstos se reducen básicamente a la industria petrolera y el turismo. La agricultura, salvo algunas excepciones, también padece en general, de bajos niveles de desarrollo, compuesta por pequeños productores de baja rentabilidad. Predominan, en cambio, las ocupaciones de baja productividad. Los servicios financieros y el acceso al crédito son muy limitado.   No es entonces sorprendente que este conjunto de entidades tenga una baja participación en el PIB nacional: poco más del 20%, y que no existan suficientes empleos formales. De acuerdo con el IMSS, estos apenas representan el 17% del total nacional.

A todos los problemas mencionados, debe agregarse un acceso deficiente a las instituciones públicas sanitarias, así como bajos niveles de escolaridad. Lo mismo sucede con la vivienda y los servicios esenciales que requieren las familias.   En cobertura de agua y drenaje, por ejemplo, esta región se encuentra por debajo de la media nacional.

En síntesis, hay un patrón de desarrollo que ha convertido a esta región  en la menos productiva y la de mayor atraso:  de los 125 municipios de México con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), 123 se encuentran en estas entidades. Y, sin embargo, cuentan con recursos naturales muy abundantes pues concentran más del 70% de la biodiversidad de América Septentrional. Pero ello no ha sido aprovechado para crear un mayor bienestar de la población residente y en cambio ha servido para financiar el desarrollo de otras regiones.

La franja de la pobreza, compuesta por esas once entidades, que abarca desde Michoacán hasta la península yucateca es el territorio más amplio y consistente del atraso económico y la exclusión social. El país, en su conjunto, no podrá alcanzar mejores niveles de desarrollo si esta situación persiste.  Aquí radica quizás el desafío mayor de nuestro presente. Hasta ahora, el modelo de crecimiento imperante ha favorecido principalmente a las industrias exportadoras de manufacturas, marginando al resto de las actividades productivas. Cambiar este patrón,  exigirá mayor inversión, sobre todo pública, en infraestructura, vivienda, educación y salud. Ello no puede reducirse a programas focalizados.  Se requiere un gran esfuerzo, planeado para varios años. Perpetuar la pobreza y el atraso de una franja tan vasta es ya insostenible. El próximo gobierno de la república tendrá que hacerse cargo de ello, o seguiremos viviendo en la ficción del crecimiento desigual, una apariencia que esconde el hecho de que millones de mexicanos no tengan posibilidades reales de acceder a una mejor calidad de vida debido, entre otras cosas, pero destacadamente, a que les tocó fincar su hogar, su familia y su trabajo, en este espacio de la geografía mexicana.

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