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miércoles, 19 de diciembre de 2018

El proyecto económico del nuevo gobierno en 2019


¿Demasiado o demasiado poco?

Un comentario crítico al paquete económico 2019 del nuevo gobierno

Saúl Escobar Toledo


El llamado paquete económico contiene, como ya se ha hecho costumbre, tres documentos: los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la Federación, y el Presupuesto de Egresos. Apenas el pasado sábado 15, el Secretario de Hacienda entregó el correspondiente a 2019 al Congreso de la Unión y ya se ha desatado un amplio debate. Su importancia radica en que contiene las propuestas más importantes del nuevo gobierno en materia económica. Su análisis debería revelar no sólo cómo se piensa conducir al país el próximo año, sino también cuáles son sus ideas centrales, lo que podría llamarse el proyecto de nación que piensa llevar a cabo.
Una ojeada a estos documentos, en particular el de los Criterios, pues aquí se plasman las líneas centrales, muestran un proyecto ortodoxo y conservador que, al mismo tiempo rompe con el pasado. Hay una combinación de todo ello que parece un tanto contradictorio. Veamos por partes.
La ortodoxia se refleja en su apego a los lineamientos de un déficit reducido, sin aumento de la deuda, y con una acentuada preocupación por mantener la inflación bajo control. Se calcula que ésta será menor que en 2018. La estabilidad macroeconómica se pone por delante.  No hay, como se ha repetido muchas veces, nuevos impuestos, pero tampoco la intención de mejorar los ingresos haciendo más eficiente la recaudación fiscal o aumentando la exportación de petróleo. Al contrario, éstas serán, según el documento, ligeramente menores que este año.
Es también conservador porque sus expectativas son extremadamente cautelosas para todo el sexenio. El crecimiento económico será menor en 2019 y, lo que resulta muy sorprendente, tampoco se calcula un aumento significativo para los próximos seis años: apenas un 2.6 promedio anual, es decir una cifra exactamente igual al que se observó entre 2012 y 2018. En el caso de la producción industrial, los datos son más preocupantes pues ésta pasaría de un crecimiento de 3.7% en 2018 a 2.7 para el próximo año. Es decir, según Hacienda, la economía seguirá la inercia de los años pasados. La principal razón de este conservadurismo se achaca al entorno internacional. Caracterizado -se afirma- por una marcada incertidumbre, un elevado nivel de volatilidad financiera y una actividad económica mundial más moderada. En particular, en el caso de Estados Unidos, se calcula que su PIB se reducirá de 2.9 % al 1.9% promedio en los próximos años.
Hay también en el documento de las autoridades hacendarias un espíritu continuista pues por ejemplo en materia de empleo, el diagnóstico es muy similar al que hizo en su momento la administración de Peña Nieto. Reconocen un fortalecimiento del mercado laboral, apoyándose en datos como la caída de la desocupación abierta y la informalidad laboral. Pero desconoce, como muchos lo han (hemos) dicho, incluyendo el presidente de la república y su secretaria de trabajo, que el problema son los bajos salarios y la pobre calidad de los empleos. Sobre esto, no se dice una palabra.
La innovación radica en los 18 programas que suman un total de 251.6 miles de millones de pesos (mmp). Hay que decir, sin embargo, que esta cantidad significa el 4.3% del gasto neto total propuesto (lo que incluye la deuda y otros renglones como las participaciones a estados y municipios) y el 6.15% del gasto programable, es decir, aquel que efectivamente se ejerce por el gobierno federal. De ese tamaño es el verdadero cambio. Hasta ahí alcanzó.
Las 18 acciones previstas se pueden clasificar, en orden de importancia, en apoyos sociales (124.3 mmp = 49.4%); infraestructura (60 mmp = 24%); subsidios a la producción (23 mmp = 9%); y de apoyo al empleo con 44.3 mmp que representa el 17.6% del total de los recursos destinado a estos renglones.
El más costoso es el de Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores (100 mmp). No haya duda de que éste y el resto de los programas sociales mejorarán el nivel de vida de las familias beneficiadas. En cuanto al renglón productivo, debe recalcarse que una parte sustancial se destinará al sureste del país, la región más abandonada y pobre del país. En ambos casos, sin embargo, habrá que evaluar su impacto real en materia de combate a la pobreza y a la desigualdad.
Una mención especial merece el que se ha llamado Jóvenes Construyendo el Futuro. Se trata de un proyecto sin precedentes ya que se trata de becar en el lugar de trabajo a alrededor de 2 millones de jóvenes por seis meses por un monto de 3 600 pesos mensuales (aunque estaba previsto para 2.6 millones de becarios).  El programa puede ser muy exitoso y lograr resolver uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, el desempleo juvenil, pero también tiene riesgos pues puede servir solamente para subsidiar a las empresas sin crear plazas de trabajo estables; o podría utilizarse incorrectamente para que los jóvenes realicen tareas que no les proporcionarán una calificación certificada que les permita continuar su carrera laboral en el mercado de trabajo.
Desde luego, el financiamiento de estos proyectos ha requerido un recorte de otros rubros del gasto. Particularmente, se ha mencionado el caso de las universidades. La pregunta entonces es si destinar fondos para becas escolares y para construir nuevas universidades (con un modesto presupuesto), justifica la poda a los centros educativos ya establecidos.
Dada la importancia que le ha otorgado el presidente López Obrador, podría suponerse que los 18 programas anunciados tendrán un impacto sustantivo en el desarrollo económico, ya sea porque habrá un mayor consumo de los hogares o por la ampliación de la infraestructura productiva. Podría incluso aceptarse que sus repercusiones se reflejarán, principalmente, a largo plazo. Pero, como hemos visto, Hacienda piensa lo contrario. En los próximos seis años, la economía seguirá más o menos las mismas pautas, el mismo rumbo y el mismo ritmo. Los cambios, por lo menos en términos cuantitativos, serán menores, como puede deducirse de la lectura del capítulo 4 de los Criterios. Aunque se anota que las cifras se pueden ajustar cuando se presente el Plan nacional de Desarrollo, por lo pronto se prevé una caída del gasto público a lo largo del sexenio, incluyendo el programable y, lo más preocupante, en especial el de inversión (que caería del 3% del PIB en 2018 hasta 2.3%).
Estas proyecciones quizás estén destinadas a tranquilizar a los inversionistas del mercado financiero, tratando de demostrar que el gobierno actuará responsablemente a lo largo de los seis años. O podría ser una forma de darle tiempo al tiempo, confiando en que la realidad será más exitosa que los proyectos plasmados en el papel. Pero también es posible que tengamos una visión conservadora y excesivamente cautelosa por parte de los responsables de la Secretaría de Hacienda. Ello querría decir que no saldremos de nuestras principales desgracias: desigualdad, pobreza, malos empleos.
Lo anterior, me parece, debe llevarnos a una conclusión: la estrategia tiene que fortalecerse con nuevas medidas, principalmente una nueva, profunda y progresiva reforma fiscal. La oposición se ha dividido en su crítica al paquete: unos dicen que se trata de un proyecto demasiado optimista sobre todo en lo que se refiere al cálculo de los ingresos y el manejo de la deuda. Otros recalcan que se ha quedado corto frente a las promesas de campaña. Se trata en el primer caso de una apreciación equivocada y en el segundo de un juicio parcial, pues no toman en cuenta los nuevos programas. Lo cierto, sin embargo, es que los documentos de Hacienda dan pie tanto a la decepción como a la esperanza.
Todos podemos equivocarnos, se dice comúnmente. En este caso, esperemos que Hacienda lo haya hecho al calcular sus proyecciones a largo plazo. Podría suceder también que, viendo que sus datos se confirman y las cosas no cambian, acepte que el error está en el proyecto mismo y entonces se decida cambiar la estrategia. Ya lo veremos en los próximos meses. Apenas estamos empezando.
saulescobar.blogspot.com



sábado, 15 de diciembre de 2018

El Desafío del Empleo Tendencias globales y perspectivas nacionales





Del libro:
Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de
desarrollo para México
Grupo Nuevo Curso de Desarrollo

UNAM
2018

Avance de la edición

Grupo Nuevo Curso de Desarrollo

 

El Desafío del Empleo Tendencias globales y perspectivas nacionales


Saúl Escobar Toledo



La globalización y su impacto en el mundo del trabajo

Desde la segunda posguerra hasta principios de los años ochenta del siglo pasado, las economías de mercado adoptaron como parte central de sus políticas públicas la meta del pleno empleo. Estos años son también los momentos de consolidación del Estado del Bienestar. En esta etapa, el capitalismo conoce tasas sostenidas de crecimiento económico y los trabajadores sus mejores tiempos: los salarios más altos, los mejores índices de ocupación, los mayores niveles de protección institucional. Las organizaciones sindicales adquieren también una gran fuerza política. Es una etapa que ha sido llamada la edad de oro del siglo XX1.
A esta tramo histórico siguió otro, que se ubica desde el primer gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Se trata del viraje neoliberal de las políticas públicas que golpeará el nivel de vida y las condiciones de trabajo de la clase obrera en una magnitud desconocida. Ello impulsará la liberación de los mercados y un nuevo esquema de


1       Hobsbawn, Eric (1998) Segunda Parte, pp. 229 402. Piketty (2014) los considera más bien un periodo excepcional en la historia del capitalismo.


crecimiento económico apoyado en la revolución tecnológica que tuvo lugar sobre todo en la informática y la telecomunicación.
Desde entonces, el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente. Aunque el proceso conocerá distintos grados de intensidad, se puede afirmar que en las economías capitalistas,
“... ha tenido  lugar  una  transformación  a  gran  escala  debido  al tránsito a los mercados de trabajo flexibles. En estos nuevos mercados,. gran parte de la fuerza de trabajo carece en la actualidad
incluso de la seguridad económica que daba el trabajo asalariado. Su mundo es el del trabajo a tiempo parcial, los contratos temporales y el empleo por cuenta propia… La erosión de los niveles de vida de los trabajadores, debido a una inseguridad laboral cada vez mayor, es la respuesta a una organización social del trabajo que está en una situación de flujo casi continuo, con incesantes mutaciones bajo el impacto de la innovación tecnológica y de la competencia de un mercado desregulado. La empresa ha…abandonado muchas de las
responsabilidades que hacían que el mundo del trabajo resultara humanamente tolerable en el pasado: Algunas de ellas no están lejos de ser instituciones virtuales” (Gray, 1998: 95-96).

Bajo el modelo actual hay una tendencia dominante a reducir los costos laborales como método principal para mantener a las empresas en la competencia (Ibarra, 2017). En razón de lo anterior, se han generalizado diversas medidas como el traspaso de empresas desde los países más desarrollados hacia otros lugares del planeta mediante el llamado outsourcing o deslocalización2; se han impuesto normas laborales flexibles; y se contratan trabajadores, bajo diversas modalidades, sin las prestaciones y la protección legal de una plaza de trabajo asalariada permanente.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde hace más tres décadas hay una tendencia generalizada a



2 Joseph Stiglitz asegura que: “La palabra de moda en el debate sobre la globalización actualmente es outsourcing. De pronto los estadounidenses -campeones eternos de la globalización-parecen estar preocupados por los efectos adversos que tiene sobre su economía”. Cfr. “Outsosurced and out of work”, Stiglitz, (2004). Este neologismo se usa a veces para designar diversas formas de subcontratación, aún dentro de un mismo país, pero surgió, originalmente, para describir la fuga de empresas de EUA hacia China.


propiciar la devaluación del trabajo3 en todo el mundo. Se ha observado tanto en los países en desarrollo y en los más pobres como en Europa y Estados Unidos de América (EUA), aunque desde luego bajo formas y ritmos diferentes.


Del crecimiento sin empleo a la gran recesión

Uno de los rasgos fundamentales de los mercados de trabajo que se consolidaron en los años noventa, según un informe de Naciones Unidas, fue el llamado crecimiento sin empleo4.
La preocupación de que el crecimiento económico no redujera sensiblemente las tasas de desempleo llevó a profundizar las medidas para flexibilizar la contratación, pensando que ello podría alentar el número de plazas de trabajo disponibles. Ello no sucedió y,  en cambio, la especulación financiera dio lugar   a una grave crisis, la llamada gran recesión. Aunque durante algunos años, se había observado una tasa de crecimiento más o menos estable, la situación cambió notablemente a partir de 2008. En uno de sus más recientes informes la OIT, señalaba:
“El PIB global llegó a su sexto año de crecimiento bajo en 2016, con un estimado de 3.1%. Este desempeño ha despertado preocupaciones sobres la posibilidad de que las economías: i) generen suficiente número de empleos, ii) mejoren la calidad de los empleos para aquellos que tienen uno, y iii) asegure que las ganancias del crecimiento se compartan de manera inclusiva pues los trabajadores comparten una porción cada vez menor de la riqueza mundial y nacional. De esta manera, los países del mundo

3       “El actual modelo de globalización devalúa el trabajo” dijo Juan Somavia, en ese momento Director General de la OIT, en “Panorama Laboral (2003).
4       Entre 1996 y 2006, la fuerza de trabajo mundial aumentó un 16,6%, a 2.900 millones de personas. En el mismo período, la tasa de desempleo mundial aumentó de un 6,0% al 6,3%, y el número de desempleados aumentó hasta alcanzar los 195 millones de personas. Este aumento se produjo al mismo tiempo que la producción económica mundial crecía a una tasa del 3,8% por año, dando lugar al fenómeno del “crecimiento sin empleo”, es decir,  la economía crece sin que se generen puestos de trabajo, o el número de puestos creados ha ido disminuyendo en relación con una tasa determinada de crecimiento económico. Naciones Unidas, (2007).


enfrentan un doble reto: reparar el daño causado por la crisis y crear oportunidades para empleos de calidad para los nuevos ingresos a los mercados laborales” (OIT, 2017).

Apenas en 2017, por fin, después de más de diez años, las cosas parecían cambiar. En su último informe (2018) la OIT aseguraba que el crecimiento económico mundial alcanzó el 3,6 por ciento en 2017, tras tocar en 2016 su nivel mínimo en seis años. La recuperación fue generalizada y se debió a la expansión tanto en los países en desarrollo como en los emergentes y los desarrollados. Sin embargo, es probable que el crecimiento futuro se mantenga por debajo del 4%, pues en la mayoría de las principales economías la actividad económica se normaliza sin estímulos significativos y la inversión fija permanece en un nivel relativamente moderado.
La caída de los niveles de empleo y su recuperación no se dio de manera pareja en todo el mundo. En un primero momento, en los primeros años de la crisis, el desempleo afectó particularmente al mundo desarrollado, EUA y Europa. Y luego cuando en estos países, sobre todo en la potencia americana, hubo una franca recuperación, la situación era distinta en otras regiones:
“En 2018, los países desarrollados (entrarán) en su sexto año consecutivo con tasas de desempleo descendentes, pero los países emergentes entre 2014 y 2017 registraron un aumento por la desaceleración de la economía”. Entre estos, los latinoamericanos presentaba un panorama sombrío: la tasa de desempleo urbano se elevó de un 9.3% a un 10.2% entre el primer semestre de 2016 y el mismo periodo de 2017 (Cepal/OIT, 2017).


De la cantidad y la calidad del empleo

Aunque las tasas de desempleo  abierto  han  sido  abatidas,  en algunos casos a los niveles previos de la crisis, la calidad del empleo ha seguido deteriorándose tanto en los países


desarrollados como en aquellos en desarrollo. La calidad del empleo se ha vuelto ahora la principal preocupación de los organismos internacionales y de muchos estudiosos del tema.
Para analizar la nuevas formas de trabajo y el menoscabo de los empleos se han utilizado diversos términos: empleo atípico, ocupaciones vulnerables, precarización, informalidad y trabajo no clásico.
Según la OIT, (2016):
Las formas atípicas de empleo (en adelante, el empleo atípico) se han convertido en una característica contemporánea de los mercados de trabajo alrededor del mundo. En las últimas décadas, su utilización generalizada en todos los sectores económicos y ocupaciones ha incrementado su importancia tanto en los países en desarrollo como en los industrializados.
El empleo atípico comprende cuatro modalidades distintas de empleo que difieren de la «relación de trabajo típica», entendida como el trabajo que es a tiempo completo, indefinido e inscrito en una relación subordinada entre un empleado y un empleador:
Empleo temporal: contratos de duración determinada por proyecto o por tarea; estacional; y ocasional que puede ser por días.
Trabajo a tiempo parcial: Horas de trabajo más reducidas que a tiempo a completo; trabajo a pedido.
Relación de trabajo multipartita: intermediación por medio de agencia y prestación de servicios en régimen de subcontratación
Encubierto: porcuentapropiafalsooclasificadoerróneamente
El empleo atípico aumenta la inseguridad de los trabajadores de distintas maneras: en primer lugar la transición de un empleo temporal a uno permanente es muy larga y ocurre en un promedio muy bajo; por otro lado, existe una mayor inseguridad en materia de  riesgos  de  trabajo  pues  se  ha  observado que


las tasas de lesiones son mayores entre los trabajadores que desempeñan trabajos atípicos; en tercer lugar hay una menor cobertura de la seguridad social ya que no estos empleos no cuentan en absoluto con ella o su temporalidad ofrece cobertura inadecuada o prestaciones limitadas; igualmente, hay menores probabilidades de recibir capacitación en el trabajo; y finalmente, se puede asegurar que, en general, en este tipo de empleos los trabajadores son excluidos del acceso a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva por motivos legales o porque su vinculación con el lugar de trabajo es más débil. El uso generalizado del empleo atípico puede acentuar la segmentación del mercado de trabajo y dar lugar a una mayor volatilidad del empleo, con consecuencias para la estabilidad económica.
Por su parte el empleo o la ocupación informal se refiere a aquellos trabajadores que no cuentan con seguridad social, sean o no asalariados5. En cambio, el empleo o la ocupación vulnerable se define como:
“la suma de trabajadores con empleo independiente y los trabajadores familiares no remunerados. Regularmente no tienen acuerdos formales de trabajo, carecen de condiciones de trabajo decente, seguridad social apropiada y voz en los sindicatos, con frecuencia tienen ingresos inadecuados, baja productividad y condiciones de trabajo difíciles que socavan los derechos fundamentales de los trabajadores” (OIT, 2018).

Por trabajo precario debería entenderse entonces el trabajo atípico, informal o vulnerable. Es aquel que se realiza sin contrato, es inestable, discontínuo, sin beneficios sociales, con ingresos reducidos y sin negociación colectiva. No cumple con las características que ha formulado la OIT para designar a los “empleos decentes o empleos dignos (decent jobs)”. El empleo o

5       Para medir la magnitud de este fenómeno, en México contamos con nuevas cifras sobre el trabajo informal a partir de 2012. El Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) adoptó a partir de ese año la medición de la informalidad de acuerdo con las normas de la OIT que agrega a la definición tradicional (fundamentalmente los trabajadores por su cuenta), los trabajadores subordinados no registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los trabajadores domésticos y los trabajadores informales agropecuarios.


la ocupación precarios y el trabajo decente, digno o de calidad serían términos o conceptos “espejo” según Reygadas (2011).
Debe advertirse, sin embargo, que:
“al hablar de la precariedad laboral, es preciso diferenciar entre los conceptos de precariedad del empleo y precariedad del trabajo. El análisis de la precariedad de los empleos permite calificar la relación entre el capital y el trabajo y examinar la situación laboral de los trabajadores asalariados. La noción de precariedad del trabajo, por su parte, es más amplia y permite comparar a los trabajadores asalariados con los por cuenta propia (Mora & De Oliveira, 2010: 200-201).

Es decir, la precariedad afecta a trabajadores asalariados y no asalariados y deben advertirse sus diferentes modalidades en cada caso.
Otros estudios han elaborado el término “trabajo no clásico”, el cual incluye trabajo asalariado y por cuenta propia y pretende distinguir las antiguas ocupaciones de las nuevas bajo un concepto ampliado de trabajo. Entre las más importantes:
a)   procesos de servicios en los que el cliente, derechohabiente o usuario está implicado en el propio proceso de producción   y por lo tanto el control sobre el proceso introduce un tercer agente que no es obrero ni empleador en el propio proceso   de producción; b) los trabajadores desterritorializados, como la venta a domicilio que subvierten los conceptos de jornada de trabajo y de espacio productivo, y por lo tanto de cómo se controla; y c) la producción meramente de símbolos, como la generación de espectáculos públicos o de software no sujetos históricamente a una etapa taylorista y fordista y que siguen dependiendo en buena manera de las cualidades del trabajador (De la Garza, 2011).
En el presente ensayo, dedicado al empleo y no al análisis de las diversas formas de trabajo, se utilizará los términos precario, informal y vulnerable, ya que resultan útiles desde la perspectiva de los derechos humanos y de políticas públicas. Permiten


reconocer la ausencia de derechos adquiridos que deberían gozar los trabajadores desde la perspectiva de las organismos internacionales como la OIT, y evaluar las decisiones de los órganos del estado como los parlamentos (al emitir o abrogar leyes) y de los gobiernos (en materia de fomento y protección al empleo).


Empleo vulnerable y economía gig


Para la OIT, según su informe más reciente , la mayor preocupación es el empleo vulnerable. Actualmente el 42% del empleo total en 2017 es vulnerable, sumando unos 1,400 millones en todo el mundo. Crecen a un ritmo de 11 millones cada año.
Formas de empleo vulnerable e informal prevalecen tanto en sectores declinantes (como la agricultura) como en sectores en crecimiento (servicios de mercado, market services), particularmente en el comercio al mayoreo  y  menudeo,  en los servicios de hotelería y de venta de comida, transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde proliferan las empresas de franquicia y la subcontratación.
En los últimos años, se ha extendido un esquema de contratación vulnerable que varios empiezan a llamar como la “gig economy6. Un término polémico que se utiliza de manera descriptiva y que no tiene todavía una traducción al español que se caracteriza por: i) estar controlado por una plataforma digital, es decir se requiere necesariamente el intenet para contratar los servicios de un trabajador; ii) se trata de trabajos temporales o a tiempo parcial, es decir no son empleos permanentes; iii) no se les reconoce como trabajadores asalariados, sino por su cuenta o freelance”, que ofrecen sus servicios a una compañía por

6       La palabra gig se utiliza en el lenguaje coloquial en EUA para describir a un ejecutante o a un grupo musical que tocaba ocasionalmente por invitación o para sustituir algún faltista. Después se generalizó a todo el mundo del espectáculo. Cfr. para el tema: Pew Research Center, (2016); Robert Reich, (2016); Slaughter, Anne-Marie y Aubrey Hruby, (2017); Spence, Michael y James y Manyika (2015).


medio de un contrato mercantil, no laboral; y iv) por lo tanto, el trabajador no tienen ninguna prestación, ni seguridad social y la empresa puede prescindir de sus servicios cuando le parezca sin ninguna obligación legal.
El ejemplo clásico de la economía gig es Uber, la empresa de taxis que se contrata por medio de un teléfono celular y que cumple con el trabajo de transportar al cliente de un lugar a otro por un precio establecido entre el consumidor y el empleador.
Otra modalidad es la llamada economía de plataformas (y se distingue de la economía gig) cuando se trata de profesionales de alto nivel que tienen las mismas características pero con una diferencia sustancial: el pago es más alto pues el trabajo que desempeñan es mucho más calificado. Por ejemplo, diseñar programas (de contabilidad, de servicios legales o de mercadotecnia o de diseño industrial) para una compañía.
Las virtudes de este tipo de mercado de trabajo (de plataformas digitales o gig) radican, según se ha dicho, en que ofrece flexibilidad en el horario de trabajo y que a veces el servicio o tarea se puede hacer desde el hogar u oficina del empleado sin tener que desplazarse a la oficina de la compañía. Las desventajas son obvias: no hay protección social ni legal, se paga por la tarea realizada y no hay un salario regular. Otro problema es que ni los patrones ni los trabajadores pagan impuestos (como en el caso de una relación asalariado formal) lo que ha despertado también la molestia de los gobiernos. Fomenta la economía informal y la evasión fiscal.
La expansión de la economía gig ha sido vertical: según   un   estudio de McKinsey, el 15% de los trabajadores de EUA   y Europa forman parte o han acudido a este tipo de mercado laboral basado en plataformas digitales. Según el Pew Research Center, los trabajadores gig son más pobres en EUA que el conjunto: 49% de ellos ganaban menos de 30 mil dólares anuales comparados con el 26% correspondiente al promedio de todos los trabajadores adultos en activo.


El sector servicios y la desindustrialización.

El nuevo modelo laboral es producto también de un cambio, producto de la globalización, en  el  dinamismo  sectorial  de las economías del mundo. Así, en 2006, la participación del sector de los servicios en el empleo mundial total llegó al 40% y, por primera vez, sobrepasó a la agricultura, mientras que el sector industrial representó el 21,3% del empleo total, cifra virtualmente idéntica a la de 1996.
La tendencia a eliminar puestos de trabajo en la manufactura, independientemente de su expansión productiva, ha sido una característica de los países desarrollados desde el decenio de 1980. Esto también ha venido ocurriendo en muchos países  en desarrollo, los cuales han sufrido una transferencia neta de puestos de trabajo del sector agrícola al sector de los servicios.
“El mundo está pasando rápidamente a un sistema económico dominado por el sector de los servicios, en el que muchos puestos de trabajo tienen remuneraciones bajas y son precarios, y no están cubiertos por mecanismos oficiales de protección social”7. Según Milanovic (2017), la desigualdad salarial ha aumentado mucho más en los servicios que en la manufactura provocando también una mayor desigualdad en los ingresos debido a que en aquel sector de la economía hay una mayor dispersión física de los establecimientos y éstos son además de menor tamaño.
La OITconsideraquesehaproducidouna desindustrialización precoz según la cual, en comparación con los países desarrollados, los países con menores ingresos registran una proporción descendente de empleo industrial en etapas tempranas de desarrollo.


7       OIT (2018): “En el sector servicios, el empleo a jornada parcial o el empleo y el trabajo intermitentes son más comunes y los horarios de trabajo más difíciles de regular. Ello ha sucedido particularmente entre los jóvenes que todavía realizan algún tipo de estudios, y entre los trabajadores de más edad, que permanecen en el mercado de trabajo voluntariamente o desean hacerlo por necesidad económica”.


Según la información disponible, la porción del empleo en las manufacturas cayó 5% en los países desarrollados en las dos últimas décadas. Por su parte, los países de ingreso medio en el estrato superior8 experimentaron una caída mayor del 6%, en el mismo lapso y se prevé que decline aún más en los próximos años. Es probable que estas tendencias se exacerben debido la adopción creciente de nuevas tecnologías, una mayor intensidad del trabajo y una creciente demanda de fuerza de trabajo altamente calificada. Todo ello hará más difícil la competencia en los mercados globales para los países en desarrollo y puede ser un obstáculo para la reducción del empleo informal y vulnerable.


Mercados de trabajo y desigualdades.

La desigualdad en los ingresos entre el trabajo y el capital han venido aumentando desde el decenio de 1980 en la gran mayoría de los países del mundo9 (Ibarra, 2017; Tello & Ibarra, 2012). Los salarios y beneficios de los trabajadores han tendido a declinar, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Este desplazamiento regresivo en la distribución funcional del ingreso se debe al modelo de globalización capitalista pues en la medida en que la competencia presiona los salarios hacia la baja, tiende a reducirse la participación de la mano de obra en el producto nacional. Igualmente, esa  competencia  propicia la contratación en condiciones más desventajosas para los trabajadores en países con distintos niveles de desarrollo.


8       En el informe de la ONU (2018), los países fueron clasificados de acuerdo a su nivel de desarrollo, medido por su ingreso nacional per cápita, en países de ingresos altos, países de ingresos medios de estrato superior, de ingresos medios estrato inferior, y de bajos ingresos. México se ubica en el segundo grupo junto con otros 46 países como Argentina, Brasil, Colombia, Cosa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, y Venezuela. También forma parte de este grupo la República Popular China.
9       Sobre la desigualdad en el mundo, entre otros, se encuentran los estudios de Stiglitz (2002, 2004 y 2017); Piketty (2014); Rodrik (2017); y Reich (2008 y 2015).


El modelo de globalización imperante y las nuevas formas de contratación han aumentado la desigualdad no sólo entre el trabajo y el capital; también han producido nuevas formas de exclusión. Destacamos tres: la que se da entre hombres y mujeres; entre distintos grupos etarios; y entre regiones, tanto al interior de los países como entre distintas naciones.
Mujeres. La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado en todo el mundo: un mayor número  de puestos de trabajo están siendo ocupadas por personas del sexo femenino. A pesar de ello, todavía es notable la diferencia entre ambos géneros en lo que toca a su participación en el mercado laboral. Actualmente, las mujeres sufren un déficit de participación de más del 26% respecto a los hombres.
Lo más grave, sin embargo, es que la feminización de la mano de obra esté asociada al aumento del carácter precario de los puestos de trabajo. Las mujeres tienden a estar sobre representadas en el sector informal y en el empleo por cuenta propia, donde las remuneraciones son más bajas, los puestos menos seguros, y una cobertura escasa por la seguridad social. En los países en desarrollo, en 2017, 82% de mujeres y sólo 72% de hombres estaban colocados en empleos vulnerables Lo mismo sucede en el sector servicios donde también se concentra la ocupación de las mujeres. Ello propicia que las trabajadoras se coloquen, con más frecuencia que los hombres, en trabajos a tiempo parcial, por lo que suelen quedar excluidas de las estadísticas laborales e ignoradas por los sistemas de inspección laboral.
El trabajo mediante contratos externos o agencias intermediarias es otra tendencia mundial conexa que afecta desproporcionadamente a las mujeres  porque  su  posición  de negociación es más débil y por que ellas están obligadas a cumplir con la jornada de trabajo doméstico para la atención de sus familias. Todo ello ha contribuido a que se mantenga la brecha salarial de género en todo el mundo (OIT, 2018).


Jóvenes. Este grupo etario constituye aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo desempleada del mundo, aunque sólo representan una quinta parte del total de habitantes del planeta. Los jóvenes menores de 25 años sufren una tasa de desempleo de 13% frente a la de 4.3 que padecen los adultos A pesar del envejecimiento de la población y de la caída de   las tasas de natalidad, en el mundo en desarrollo la tasa de crecimiento de la oferta laboral que representa la incorporación por primera vez de los jóvenes a este mercado ha crecido todavía a tasas superiores al 3%, mientras que la oferta de empleos se ha rezagado considerablemente. La falta de empleos entre los jóvenes ha propiciado la extensión de la ocupación informal y la migración. En América Latina, es uno de los problemas más graves que enfrenta la región
Migración y desigualdad regional. El movimiento mundial hacia una mayor desregulación social y liberalización económica ocurridos en las últimas décadas ha ayudado también a generar la migración, tanto dentro de los países como en el plano internacional. La mayor parte de la migración se produce en búsqueda de mejores perspectivas de vida y bienestar. Esta migración por razones laborales, que se da fundamentalmente del Sur al Norte y de los países más pobres a los más desarrollados, se realiza frecuentemente sin papeles o de manera ilegal según el país receptor. Por ello, la contratación de este tipo de trabajadores favorece los bajos salarios, la subcontratación y la precariedad e inseguridad en el empleo.


Propiciar el trabajo decente

En un contexto tan complejo, en el que las tendencias del mercado global y las acciones del Estados, han propiciado de diferentes maneras el deterioro de las ocupaciones y el empleo, la sociedad no se puede rendir. Por ello, la OIT defiende el


concepto de trabajo decente, digno o de calidad10.
Sólo el fomento y protección del trabajo de calidad puede combatir eficazmente la pobreza y debe entenderse como una condición previa y necesaria para su erradicación. El crecimiento económico por sí solo no resulta suficiente. El enfoque del trabajo decente o digno considera que las plazas de trabajo deben cumplir con las normas internacionales más importantes (discutidas y aprobadas en la OIT por sindicatos y empleadores y después ratificados por los estados nacionales). Para lograrlo, se requiere de un marco institucional fuerte en cada país o región, lo que supone la revisión y ampliación permanente    de la reglamentación de la legislación laboral y asegurar su cumplimiento mediante la inspección laboral y el acceso mejor a una justicia bajo tribunales imparciales e independientes. También es indispensable garantizar la libertad, la democracia y la transparencia sindical.
La OIT considera necesario cambiar el modelo económico y ampliar la base productiva de las naciones en desarrollo, sobre todo de aquellas que dependen demasiado de la exportación de bienes primarios (granos, alimentos, minerales o petróleo). Para ello se requiere aumentar los ingresos públicos y gastar mejor, ampliando la inversión pública, sobre todo en infraestructura.
La Organización con sede en Ginebra insiste en poner en práctica políticas de empleo basadas en la mejora constante de los

10     OIT (2016). Debe agregarse que, en el caso de México, la Ley Federal  del  Trabajo recogió el término trabajo decente desde 2012. Expresamente el artículo segundo de este ordenamiento, dice: “Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales” Asimismo expresa que: “Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta la dignidad del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene prevenir riesgos de trabajo”. Y agrega, finalmente, que: “El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva”.


niveles de calificación de los trabajadores y facilitar la transición del empleo informal al formal, mediante diversos estímulos y políticas públicas. Finalmente, considera que la protección social debe tener un lugar central, ampliando su cobertura sobre todo de aquellas personas que no pueden trabajar (por su edad o por enfermedad).
Esta agenda, asegura, es la única que  puede  garantizar una reducción de la pobreza y la desigualdad, y evitar que el descontento social se canalice a gobiernos proteccionistas y ultra nacionalistas de derecha. Y con ello mejorar el desempeño de las democracias en las sociedades de mercado. En otras palabras, sin empleos decentes o dignos y una agenda pertinente para fomentarlos y protegerlos, no hay futuro de prosperidad, ni democracia, ni paz social.


El panorama laboral en México

La crisis de la deuda en 1982 puso fin al modelo Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), también llamado modelo de Crecimiento hacia Adentro o, en México, desarrollo estabilizador (entre 1952 y 1982), que se caracterizaba por la intervención del estado en el mercado y una política redistributiva y protectora de los trabajadores urbanos11, aunque bajo un régimen político despótico que tenía como uno de sus pilares el control autoritario de los sindicatos. En su lugar empezó a delinearse un esquema basado en la liberación de los mercados, las privatizaciones y las políticas de ajuste macroeconómico. Fue una transición traumática. Entre 1982 y 1988 se presenta la caída salarial más pronunciada del siglo. Se iniciaba así un cambio del modelo económico pero

11     Cfr. los trabajos de Enrique De la Garza (2010 y 2011), Graciela Bensusán (2015) y Mora Salas y Orlandina de Oliveira (2010). Por mi parte he tratado de abordar este asunto en dos textos (2006 y 2016).


también en las relaciones de los sindicatos con las fuerzas políticas y la reestructuración productiva y del mercado de trabajo Se impuso la flexibilización de facto de las relaciones laborales con el fin de lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales.12 El nuevo modelo se consolidó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
Los resultados, sin embargo, no han sido alentadores. En primer lugar, el crecimiento económico en México ha sido bajo en este período, sobre todo si lo comparamos con el crecimiento de las personas que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo. Así, la oferta de nuevas plazas de trabajo muestra un rezago notable.
Tabla 1. Tasas de crecimiento del PIB, PIB per cápita y de la población (en %)


1940/1970
1970/1981
1981/2000
2000/2015
PIB
6.2
6.8
2.1
2.0
PIB per cápita
2.9
4.1
0.4
0.8
Población
3.2
2.6
1.9
1.1
Fuente: Cordera, (2016: 8)

La comparación internacional tampoco resulta favorable: México creció muy por debajo del promedio anual a nivel mundial y de los países emergentes entre 2000 y 2015 (Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, 2015: 27 y 54) .
Las razones por las cuales el país entró desde la firma del TLCAN en una senda de crecimiento lento han sido discutidas por diversos autores. El hecho central es que el crecimiento “espectacular” (Cárdenas, 2015: 232-303) de las exportaciones no se reflejó en el conjunto de la economía.
Según un estudio sobre la formación de capital en México, “el redireccionamiento hacia afuera del motor de expansión no

12     Cfr., entre otros, Ibarra, David (2017), Bensusán (2015) y Mora y Oliveira Bensusán (2010).


se reflejó en mayor dinamismo de la economía mexicana…”, pues “…en vez de elevar el ritmo de expansión, la economía entró en una senda de lento crecimiento…”. El factor decisivo en México, para explicar esto último se encuentra en el débil comportamiento de la inversión fija: entre 1988-2015 su ritmo de expansión fue la mitad del que tuvo en 1961-1981.
Hay que destacar que la inversión pública tuvo una caída más drástica: de 11 al 4.4% del PIB, es decir 7%  en  ese  mismo periodo, arrastrando con ella la inversión fija total. La caída de la inversión pública jugó un papel determinante pues ésta ocurrió principalmente en la infraestructura. Cayó como porcentaje del PIB del 2.4 en la década de los ochenta a la mitad (1.2%) entre 2001 y 2006. La economía mexicana era, entre las mayores economías latinoamericanas, la que menos invertía en infraestructura (Moreno-Brid, et.al., 2016) .
La caída de la inversión pública en infraestructura deriva en buena medida de la baja carga fiscal lo que a su vez “impide gastar en otros renglones destinados a los servicios públicos (agua, salud, educación seguridad pública), necesarios para crecer más rápido”. A ello hay que agregar la evasión fiscal y la salida recurrente de capitales a los paraísos fiscales13.


El mercado laboral

La “trampa del lento crecimiento” nos ayuda a explicar también la dinámica del mercado laboral en México. La insuficiente tasa de acumulación de capital y su concentración en algunas ramas económicas y áreas geográficas propició una caída de la ocupación en el sector agropecuario de casi 1.7 millones de personas, la

13     Se estima que hay al menos 7.6 billones de dólares, alrededor del 8% de la riqueza mundial, depositados en distintos paraísos fiscales. La publicación de los Papeles de Panamá y de las Bahamas han revelado parte de esta fenómeno. El escrutinio de esos documentos se ha hecho por el International Consotium of Investigative Journalists (2017) y pude consultarse en www.icij.org.


expansión de actividades por cuenta propia y no remuneradas, y la emigración laboral hacia EUA14. La economía informal y la fuga masiva de fuerza de trabajo hacia nuestro vecino del norte explica los bajos niveles de desempleo comparados con otros países de la región latinoamericana.
Por otra parte, hay que destacar que el crecimiento del empleo en establecimientos formales ha sido más lento que en los micronegocios sin establecimiento entre 1995 y 2008. Así, el aumento de la población ocupada y asalariada respecto de la población económicamente activa (PEA) total se refugió en los negocios de más baja productividad (micronegocios) que suman casi la mitad de la población ocupada, y no, como pudiera pensare en las empresas más modernas ligadas a la exportación; con ello se expandió también el empleo más precario. Lo que podríamos considerar el sector más moderno de la economía compuesto por los establecimientos grandes15 representaron apenas entre el el 10 y el 11% de la población ocupada no agropecuaria en los últimos años.













14     Según datos de Consejo Nacional de Población (Conapo) (2012) la población nacida en México que se fue a radicar a EUA aumentó en 4.9 millones de personas entre 1990 -2000 y en 2.6 millones entre 2000 y 2010, lo que hace un total, en estos 20 años, de 7.5 millones con un promedio anual de 375 mil mexicanos migrantes. En lo que toca más precisamente al mercado laboral, las cifras muestran que en 2010 habían emigrado a EUA un total acumulado de 11.1 millones de personas mayores de 15 años.
15     Se consideran bajo esta denominación a las unidades económicas que tienen de 251 y más trabajadores en cualquier sector de la actividad económica.


Cuadro de texto: 289
 

Tabla 2. Población ocupada no agropecuaria en diversos establecimientos 1995-2017 (en miles de personas y en %)


Ocupada no agropecuaria (a)
Ocupada en Micronegocios (total) (b)
Ocupada en Micronegocios sin establecimiento (c)
Ocupada en negocios con Establecimiento (d)
Ocupada en Grandes negocios (e)
1995
24 871.7
11 982
6 541
10 329
ND
2008
38 426.3
18 665
10 078
15 268
4 053.3
2017
43 544.8
20 734
11 517
17 987
4 773.3
Tasas cto %
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
2017/1995
3.4
3.3
3.46
3.37
ND
% del total





1995
100
48.2
26.3
41.5
ND
2008
100
48.6
26.2
39.7
10.5
2017
100
47.6
26.4
41.3
11
Nota: En la población ocupada no agropecuaria no se incluyen gobierno y otros.
Fuente: V informe de gobierno (2017) con base en datos de INEGI-ENOE


Los niveles de empleo han tenido oscilado en los últimos años. Después de los años de crisis y desempleo masivo de los años ochenta, se observó un ligero repunte entre 1995 y 2004; luego vino la gran recesión mundial y sus impactos se sintieron en México sobre todo entre 2009 y 2011.
La recuperación del empleo que observamos desde hace unos años se refleja en la caída de la tasa de desocupación16. Aún así, en 2017, todavía era mayor el número de personas que se ocupan en los micronegocios que en los establecimientos formales. Además, se puso en marcha una formalización de empleos, lo que ha elevado el número de asegurados en el IMSS a un ritmo más elevado que el número de trabajadores asalariados17.
A pesar de estos avances, la estructura del empleo se ha mantenido casi sin cambios. La mayoría de la fuerza de trabajo se ubica en el sector servicios (más del 60% de la población ocupada), en los micronegocios y en la economía informal. Según el Coneval, la tasa de informalidad medida por el INEGI no se modificó sustancialmente entre 2005 y 2017, manteniendo niveles de alrededor del 60%. En cuanto al empleo vulnerable, la OIT calcula para el caso de México que afectaría en 2018, a
15.5 millones de personas, es decir el 27% del total ocupado (Coneval, 2018; OIT, 2018).







16     Ésta se redujo de 5.3% en 2010 a 3.3 en 2017.
17     Entre enero de 2013 y febrero de 2018 la cifra de asegurados en el IMSS había aumentado en 3.6 millones de asegurados. Sin embargo, el número de asalariados aumentó en 2.7 millones. La diferencia se explica por la formalización de empleos ya existentes. Según el IV Informe de gobierno (2016), “entre diciembre de 2012 y mayo de 2016 se crearon 1 millón 900 mil empleos formales gracias a que se pudieron inscribir en el IMSS ese número de trabajadores… debido a la simplificación y digitalización de 18 trámites”. Esta cifra no fue confirmada en el V Informe que señala que entre el cuarto trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2017 se formalizaron “más de medio millón de puestos de trabajo”.


Tabla 3. Ocupación de los asalariados por sector económico en México y en el mundo 1992- 2017 (en % del total)

México
Mundo

Industria
Servicios
Agricultura
Industria
Servicios
Agricultura
1992
24 %
50%
27%
24%
34%
43%
2007
27
61
13
24
44
33
2017
27
61
13
24
51
26
Fuente: OIT disponible en: www.ilo.org

Tomando en cuenta sólo lo trabajadores asalariados alrededor del 45% carecía de servicios de salud lo cual quiere decir que no está afiliado al IMSS ni a ninguna otra institución pública (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Fuerzas Armadas, institutos estatales, etc.); alrededor del 37% no tenía prestaciones como vacaciones, aguinaldo, pago de séptimo día, etc.; y casi el 45% carecía de un contrato escrito por lo que las prestaciones y el salario se pactan verbalmente. Además, alrededor de 15 millones de trabajadores laboraban más de 48 horas a la semana, es decir casi el 15% del total. Otro indicador que resulta muy importante se refiere a la tasa de rotación que en México es más elevada que en otros países. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “menos del 15% de los trabajadores permanecen más de 25 meses en su empleo. Seis millones de personas entran y salen del IMSS al año, aunque un 65% se reincorpora a un trabajo antes de 8 semanas. De éstas, 50% son renuncias voluntarias, por lo que no reciben ninguna indemnización, y sólo 20% acuden a la justicia de los tribunales laborales (Martínez, 2016). El número de trabajadores eventuales también ha ido en aumento según cifras del IMSS: en diciembre de 1997 representaban el 4% del total y en febrero de 2018 el 14.5 por ciento.
No sorprende entonces que los trabajadores mexicanos tengan, en su conjunto, un nivel de capacitación mediocre: apenas el 19% es considerado nivel alto pero en el otro extremo


el 23.5 es bajo, situación que ha venido empeorando en los últimos años (tabla 4).


Los salarios y la calidad del empleo

La estructura del mercado laboral está sustentada también en un esquema de salarios bajos que ha imperado desde la crisis de 1982. El primer indicador de lo anterior se refleja en el comportamiento del salario mínimo legal, el cual ha conocido una caída en términos reales de más del 70% desde 1977 a pesar de un ligero aumento real después de 2014, de alrededor del 6 por ciento18.
Los salarios medios, en cambio, después de una caída muy pronunciada en los años ochenta y noventa tuvieron una recuperación a finales de esa última década y sobre todo en los primeros años del siglo XXI. La recuperación de los salarios medios y de la industria de la transformación sin embargo no llegó a los niveles previos a la crisis de 1994. Peor aún, los avances obtenidos a principios del siglo XXI se revertieron después de 2008. Además, se perdieron los puestos de trabajo mejor pagados que fueron sustituidos por empleos con una menor remuneración. Actualmente, casi 70% de los asalariados ganan hasta 3 veces el salario mínimo diario (SMD). En el otro extremo, menos del 5% del total de los asalariados ganan más de 5 SMD (De la Garza, 2010; INEGI-ENOE, 2018).
Según el Informe 2018 de Coneval, el promedio anual del salario de los trabajadores afiliados al IMSS aumentó en términos reales entre 2000 y 2008, pero desde entonces hasta 2017 se ha mantenido sin cambios (a precios constantes de agosto de 2017) .


18     Una revisión histórica de la evolución de los salarios mínimos y contractuales desde principios del siglo XX se ofrece en Escobar, S. (2016); el último dato corresponde al informe de Coneval (2018).


Cuadro de texto: 293
 


Tabla 4. Niveles de Competencia de la fuerza de trabajo en México en los años 2000 y 2017 (en miles de personas ocupadas y en %)


Total
Nivel 3 (alto)
Nivel 2 (medio)
Nivel 1 (bajo)
% Total
% 3
% 2
% 1
Total
2000
39 304
6931
25 559
6813
100.0
17.6
65.0
17.3
Total
2017
56040
10607
32 253
13179
100.0
18.9
57.6
23.5
Fuente: OIT, (2018)


Incluso en las empresas más productivas y volcadas a la exportación, como la automotriz, los trabajadores gozan de salarios bajos y éstos no tienden a no aumentar, como los señala Bloomberg (2017). Según este reporte, en 2014, la empresa BMW logró negociar un contrato colectivo, incluso antes de que empezara a operar la fábrica, con un salario inicial de un 1.10 dólares por hora y un salario máximo de 2.53 dólares para los trabajadores de la línea de ensamblado. El reportaje agrega que los obreros mexicanos ganan alrededor de una décima parte de lo que ganan sus homólogos estadounidenses y no les alcanza para el sostenimiento de sus familias (Bloomberg, 2017).
En resumen, la calidad del empleo ha empeorado a pesar de una recuperación cuantitativa (tabla 5).
Según la tabla 5; elaborada por el BID; la calidad de los empleos y la ocupación de México está en los últimos lugares en América Latina, muy lejos de los punteros Uruguay, Chile, Brasil y Argentina y pegado a los países vecinos de Centroamérica,  El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las peores calificaciones no están en el subíndice de cantidad sino en el de calidad. En los rubros de informalidad y bajos salarios, México está muy por debajo del promedio de AL.


Desigualdades

El bajo crecimiento económico, la debilidad de la oferta laboral en los sectores más dinámicos y modernos, la precarización general del empleo, la caída de la masa salarial y la debilidad institucional han propiciado una mayor desigualdad y exclusión laboral19.
Lo  anterior se puede     observar   en la desigualdad entre

19     Mora Salas y Oliveira, 2010: 131. De manera más amplia, sobre la evolución de la desigualdad y la pobreza en México y los retos sociales y políticos que ello implica, cfr. Cordera, 2017.
                                294                             


Cuadro de texto: 295
 

Tabla 5. Índice de mejores trabajos (BID)

América Latina (AL) y México
Año
Desagregación
Particip. Laboral
Ocupación
Subíndice Cantidad
Formalidad
Salarios suficiente
Subindice calidad
Indice mejores trabajos
América Latina
2015
total
76.96
71.29
74.13
33.51
46.72
40.11
57.12
México
2015
total
74.16
70.71
72.43
22.99
33.20
28.10
50.26
AL
2015
Mujeres
74.16
70.71
72.43
22.99
33.20
28.10
50.26
México
2015
Mujeres
55.87
53.94
54.91
16.63
23.04
19.83
37.37
AL
2015
Hombres
91.28
85.43
88.36
39.89
58.17
49.03
68.69
México
2015
Hombres
94.14
88.73
91.43
29.95
44.51
37.23
64.33
AL
2015
Jóvenes
76.53
64.25
70.39
22.39
32.46
27.43
48.91
México
2015
Jóvenes
74.31
68.05
71.18
15.36
17.79
16.57
43.88
AL
2015
Adultos
76.98
72.97
74.98
36.18
50.21
43.20
59.09
México
2015
Adultos
73.98
71.27
72.62
24.96
37.26
31.11
51.87
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2015).


regiones, entre los géneros (por una mayor precarización del empleo en el caso de las mujeres) y desde luego en la relación entre capital y trabajo.
Antes de la crisis de 1982, la participación de los salarios en el PIB había llegado a poco más del 40% para luego caer en los ochenta a menos del 30%. Se elevó poco más de esta cifra entre finales del siglo XX y principios del XXI para luego caer otra vez por la crisis mundial hasta alrededor del 27% (Samaniego, 2016). Según el informe más reciente de Coneval, la masa salarial es decir el monto total de las remuneraciones laborales que reciben los hogares a nivel nacional (lo que incluye a trabajadores rurales y urbanos) se mantuvo inamovible entre 2005 y 2017.
Mujeres
La desigualdad entre géneros se refleja en los índices de cantidad y calidad. Las mujeres se han incorporado al mercado laboral cada vez más en diversas ocupaciones pero la desigualdad sigue siendo alta en relación con los hombres. Más grave aún, dado que el modelo exportador, basado en bajos salarios y escasos empleos de calidad, han llevado a los hogares a tratar de completar sus ingresos con el trabajo de otros miembros de la familia, se ha forzado a que las mujeres se ubiquen principalmente en el sector servicios, en la economía informal, y en la industria maquiladora por lo que esa incorporación se ha dado en condiciones cada vez más precarias. Debe subrayarse también que las mujeres que trabajan en el sector formal de la economía, aunque cuenten con puestos de trabajo más estables, siguen sufriendo de discriminación, diferencias salariales, y diversas agresiones a su dignidad, como el acoso sexual, sin que éstas sean sancionadas adecuadamente por la ley.


Tabla 6. Participación en el mercado de trabajo de mujeres y hombres: México 2017 (en % del total de cada género)


Mujeres
Hombres
Tasa particip fuerza de trabajo /(PEA)
43.4
77.7
Ocupados/PEA
41.7
74.7
Asalariados total
36
64
Fuente: OIT, (2017).

A todo ello hay que destacar que la distribución del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado es desigual entre mujeres y hombres. Este fenómeno ha persistido a través de los años, ya que las mujeres destinan más tiempo al trabajo no remunerado de los hogares. Como resultado de ello, además de las diferencias salariales en empleos similares, las mujeres enfrentan serios obstáculos para participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres. En 2014, el valor del trabajo no remunerado de las mujeres representó 24.2 por ciento del PIB de México20.
Jóvenes
La desigualdad en el caso de los jóvenes se refleja en primer lugar en la tasa de desocupación que era muchos más elevada, casi el doble que el total (7.7 vs. 3.9) en 2016, aunque su participación en la PEA sea inferior. Pero en comparación al promedio de AL, los jóvenes mexicanos sufren especialmente por la informalidad laboral y los magros salarios. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9% se encontraban en empleos informales (Coneval, 2018).






20     Información de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares en México, INEGI. Citado por Coneval (2018).


Tabla 7. (en % respecto al total nacional)


Jóvenes
Total
% PEA
44.2
59.7
Desocupación %
7.7
3.9
Fuente: Elaboración propia, (2018).

La situación laboral de la juventud ha sido una de las causas más importantes de la migración, el aumento de la delincuencia, y representa uno de los problemas sociales más importantes del país.
Pobreza laboral
La desigualdad ha ido acompañada también por una pobreza laboral crónica. Según el informe de Coneval (2017), el ITLP-IS (Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza) aumentó de 0.85 antes de la crisis a más 1.10 para luego caer moderadamente hasta poco menos de 1.05 a finales de 2016. Según el mismo estudio, y para mayor precisión, el ingreso laboral per cápita registró una pérdida real, con base en los precios de la canasta alimentaria, de 26% entre principios de 2007 y el segundo semestre de 2016. Por ello el porcentaje de población a nivel nacional con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria llegó a 41% en el cuarto trimestre de 201721.
La persistencia de la pobreza en México está sin duda asociada al rezago en la creación de empleos y a la baja calidad de la ocupación. La estrategia ha recaído en la ejecución de programas sociales de carácter asistencial, focalizados a ciertos grupos de la población, y no se ha fomentado la creación de trabajos decentes o de calidad. Sus resultados no han sido satisfactorios: el número de mexicanos pobres ha seguido aumentando.


21     Según Coneval, el ITLP refleja el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares en relación a la canasta alimentaria. Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP-IS tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo empeora y el ITLP tiende a subir.


La dimensión regional

Según Coneval, con datos actualizados hasta 2016, el porcentaje de personas que vivían en pobreza era mayor a la media nacional (43.6%) en 15 entidades. Con base en lo anterior y tomando como criterio la proximidad geográfica, podemos dibujar una franja que abarca los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, y Campeche abarcando la costa del Pacifico y el Golfo, así como el centro sur. Un territorio compuesto por nueve entidades. Si agregamos a Quintana Roo y Yucatán22, el conjunto de esos once estados, suman 25.5 millones de personas en pobreza, es decir el 48% del total nacional. Tomando en cuenta sólo las personas en extrema pobreza sumarían el 67% de todos los mexicanos que padecen esta condición.
Hay desde luego otras entidades donde los niveles de pobreza son elevados, sobre todo en el centro norte, pero podemos decir que las once entidades mencionadas forman una porción maciza y consistente del territorio nacional donde se concentra la exclusión social. No es la única, pero si la más importante. Dentro de esta franja hay ciudades prósperas y ramas industriales dinámicas y de exportación. Pero en su conjunto la población padece elevados índices de marginación y grandes carencias sociales.
Las diferencias se hacen más visibles si observamos otras regiones. Los estados donde el número de pobres es, según los datos, proporcionalmente menor incluyen a: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco y Querétaro: otras
11 entidades en donde podría decirse que se concentra la modernización y los niveles de vida más altos. Aquí también hay

22     Como lo hace el Programa Regional de Desarrollo Sursureste 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto. Cfr. Diario Oficial de la Federación. Programa Regional de Desarrollo del Sur- Sureste 2014 – 2018, (2014) Cfr. Ros, Jaime (2016), pp. 167-169


pobres, pero en un porcentaje relativamente menor que va del 14 al 31% según la entidad de que se trate.
Como señala el diagnóstico publicado en el Plan Sur Sureste, a diferencia del resto del país, en la entidades de esta región, sus habitantes se encuentran dispersos en zonas rurales pues casi la mitad vive en localidades menores a 2,500 habitantes, mientras que a nivel nacional sólo lo hace el 28%. Salvo excepciones, aquí se presenta una insuficiente y deteriorada red carretera, ferroviaria, marítima y aeroportuaria. En una palabra, la infraestructura productiva es atrasada e insuficiente.
Asimismo, existen pocos motores económicos o polos de desarrollo y éstos se reducen básicamente a la industria petrolera y el turismo. La agricultura, salvo algunas excepciones, padece en general, de bajos niveles de desarrollo, compuesta por pequeños productores de baja rentabilidad. En otras actividades también predominan las ocupaciones de escasa productividad. Los servicios financieros y el acceso al crédito son muy limitados. No es entonces sorprendente que este conjunto de entidades tenga una baja participación en el PIB nacional: poco más del 20%, y que no existan suficientes empleos formales. De acuerdo con el IMSS, apenas representan el 17% del total nacional. Consecuentemente, en 8 estados de esta franja, el porcentaje de población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria es de los más elevados del país y oscila entre 71 y el 49%, por encima de la media nacional (41%).
A todos los problemas mencionados, debe agregarse un acceso deficiente a las instituciones públicas sanitarias, así como bajos niveles de escolaridad. Lo mismo sucede con la vivienda y los servicios esenciales que requieren las familias. En cobertura de agua y drenaje, por ejemplo, esta región se encuentra por debajo de la media nacional.
En síntesis, hay un patrón de desarrollo que ha convertido a esta región en la menos productiva y la de mayor atraso. Hasta ahora, el modelo de crecimiento imperante ha favorecido


principalmente a las industrias exportadoras de manufacturas, marginando al resto de las actividades productivas23.


Políticas de protección y fomento al empleo

En varios países, los gobiernos han tratado de compensar los efectos de la globalización y de las políticas neoliberales con medidas destinadas a proteger el empleo y contener el desempleo. Algunas de estas medidas vienen del viejo Estado de Bienestar y se han conservado. Otras han buscado renovar las políticas públicas y adaptarlas a las nuevas condiciones.
Vale la pena revisar, brevemente, el caso de América Latina. En los años sesenta, en esta región, se entendía por política de empleo simplemente el conjunto de medidas adoptadas con el fin de elevar el ritmo de absorción de mano de obra en la economía. Se pensaba que, con el tiempo, la tasa de desempleo sería cada vez menor en la medida en que la economía fuera creciendo. De acuerdo con esta perspectiva, las políticas de empleo deberían dirigirse a lo que ahora llamamos el sector formal (Tokman, 2004). Esta forma de ver las cosas respondía a un modelo económico que crecía a ritmos aceptables. El crecimiento industrial en AL, se consideró entonces, seguiría expandiéndose hasta absorber a casi toda la mano de obra disponible.
En las últimas décadas, sin embargo, desde que se inició la fase de inestabilidad y lento crecimiento en los años ochenta, se ha hecho patente que tal visión resultó insuficiente. La debilidad de la demanda de fuerza de trabajo y la generalización del trabajo de baja calidad, dio lugar a una expansión muy acelerada de la ocupación informal en el sector urbano. Frente a esta nueva situación, las políticas de fomento al empleo deben ser revisadas. Los esquemas de asistencia basados exclusivamente

23     Cfr. dos ensayos sobre el trabajo precario en distintas regiones del país que fueron elaborados por: Barrón Pérez, María Antonieta (2013), y Cuchcatla Méndez, Cristina (2016)


en prestaciones económicas y transferencias han demostrado ser insuficientes. De ahí la necesidad de renovar y fortalecer las políticas de fomento activas y pasivas.
Como se recordará, esta clasificación surgió en Europa en los años ochenta del siglo pasado ante la crisis de los modelos tradicionales y el creciente desempleo estructural. Las políticas activas buscan incidir directamente en la demanda de trabajo mediante incentivos económicos y fiscales para que las empresas realicennuevascontrataciones oporlomenosparaquemantengan la plantilla laboral sin recortes. Adicionalmente, se han creado programas de capacitación y servicios de intermediación entre el empleador y el buscador de empleo (como las bolsas de trabajo). Debe subrayarse que la capacitación es uno de los instrumentos mejor evaluados por los gobiernos y los empleadores. Gracias a ella, “el trabajador adquiere mayores competencias y se torna más necesario, aporta más valor a la empresa y adquiere, por lo tanto, mayor probabilidad de conservar su puesto de trabajo…. Ello contribuye a atenuar el efecto del ajuste sobre el desempleo” (Tokman, 2004: 166).
El segundo tipo de políticas de fomento al empleo, llamadas pasivas, ofrecen diversos apoyos al trabajador: subsidios al desempleo; esquemas de retiro anticipado; y fondos individuales de compensación. Una de las más importantes es el seguro de desempleo, el cual ha sido considerado como uno de los pilares principales de los estados benefactores: protege a los trabajadores contra los peores efectos del desempleo y actúa al mismo tiempo como un estabilizador macroeconómico pues mantiene aunque sea a un nivel mínimo, la demanda efectiva de un sector de la población trabajadora.
En AL se destina una baja proporción de recursos tanto a las políticas laborales activas como a las pasivas, casi siete veces menos que en la Unión Europea (UE) y seis veces menos que el promedio de países de la OCDE. La UE ha destinado en las últimas décadas, para políticas activas y pasivas, el 3.35% del PIB


y los países de la OCDE el 2.8%, lo que contrasta con lo que ha sucedido en la región latinoamericana donde el gasto ha oscilado entre el 0.3 y 0.4 % del PIB (Tokman, 2004). Dentro de este panorama desolador destaca México que destina prácticamente cero recursos a los programas de empleo, política que se ha venido deteriorando en los últimos años.
Tabla 8. Gasto público como % del PIB destinado a programas laborales en Chile y México


México - 2015
Chile - 2015
Administración y Programas
0
0.03
Colocación
0
0.02
Capacitación
0.1-0
0.08
Incentivos empleadores
0
0
Creación empleos directos
0
0.05
Seguro desempleo
0
0.36
Total
0.01
0.53
Políticas activas
0.01
0.17
Políticas pasivas
0
0.36
Nota: 0 se refiere a nulo o menor al 0.005%.
Fuente: OECD, (2015)



Debilidad institucional

México presenta además una gran debilidad institucional, manifiesta en una “cultura de inobservancia de la legislación del trabajo” (Bensusán, 2015). Ello se refleja en una vigilancia y aplicación de la ley por las autoridades del ramo (inspección del trabajo) casi inexistente, pero también en la parcialidad, morosidad y la corrupción endémica de la justicia laboral; el registro de sindicatos y contratos bajo el consentimiento y directriz de los gobiernos federal y estatales, anulando casi


totalmente la posibilidad de formar sindicatos independientes; la continuidad de dirigentes electos antidemocráticamente en las organizaciones gremiales; y, de manera destacada, la existencia de los contratos de protección patronal24, el cáncer mayor que corroe la vida laboral en México.
Todo ello explica por qué en el México laboral del siglo XXI priva la simulación jurídica en materia de sindicatos y contratos colectivos. Y también la casi indefensión del trabajador que no cuenta con organizaciones, autoridades, ni tribunales de justicia que lo apoyen.
De esta manera, los bajos salarios y la precarización del empleo en México se han generalizado tanto en las industrias grandes como pequeñas, en las grandes corporaciones y en los establecimientos informales. En los micronegocios, como hemos visto, por su atraso tecnológico y escasa inversión en acervos de capital, mientras que en las primeras se impuso por medio de la flexibilidad de las relaciones laborales “implícita en el cambio tecnológico y explícita en las nuevas formas de organización (del trabajo)” (De la Garza, 2010: 61), desde finales de los años ochenta.


24     Los contratos colectivos de protección patronal son instrumentos jurídicos que se pactan sin el conocimiento de los trabajadores entre un sindicato legalmente registrado y el patrón o representante de la empresa. Contienen las prestaciones y derechos mínimos que marca la ley y nunca son negociados con los representantes legítimos de los trabajadores. Estos contratos simulan cumplir la ley, bajo la apariencia de que existe una organización representativa de los trabajadores. Según algunos investigadores, 90% de los trabajadores están contratados bajo este esquema ficticio (Bouzas & Gaitán, 2001; Bouzas, 2009). Diversas organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su preocupación y repudio a estas negociaciones simuladas, como la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, la IndustriALL Global Union, y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT). La OIT analizó las quejas (caso 2694 México)    e informó que “en agosto de 2013 se llevó a cabo una reunión entre la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Gobierno, en las que el Gobierno reconoció que existen los contratos de protección, pero señaló que no tienen el carácter de un instrumento legítimo dentro de la ley. El Gobierno se comprometió a dialogar con los sindicatos para buscar una solución al respecto y para tomar medidas para ratificar el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)”. Esto último no ha sucedido   y las prácticas de negociación laboral simuladas continúan afectando a la mayoría de los trabajadores.


Mantener un régimen de ficción en el mundo laboral está provocando un alto costo social y representa un importante déficit democrático. La inexistencia de sindicatos representativos acentúa la asimetría del poder entre patrones y trabajadores y provoca una ausencia de interlocución entre los empleados, los empleadores y el Estado. En México no existe diálogo social y el malestar laboral no puede expresarse, ni hay quien lo escuche.


Conclusiones

El empleo es uno de los problemas más acuciantes y complejos del mundo del siglo XXI. La liberación de los mercados ha impuesto un modelo laboral que ha tenido efectos diversos en el orbe. Aunque en el proceso de globalización ha habido ganadores y perdedores25, en todo el mundo se han propagado diversas formas de empleo de mala calidad. Este deterioro se explica por la nuevas formas de contratación aprovechando, en algunos casos, sobre todo en los países desarrollados, las nuevas tecnologías de la información. En países en desarrollo como México se ha conocido un desempleo crónico que ha encontrado salida en  la migración y la economía informal, aunque también padecen nuevas formas de empleo precario y ocupaciones vulnerables. La desigualdad creciente: una inusitada concentración del ingreso en un minoría muy reducida no podría explicarse tampoco al margen de las condiciones laborales que han sido aprovechadas por los grandes consorcios multinacionales y los beneficiarios del libre comercio de mercancías, servicios y capitales.
Esta situación ha provocado manifestaciones de descontento social muy variadas y el surgimiento de tendencias políticas de diverso signo. El malestar con la democracia y los sistemas

25     Milanovic (2017), p. 31, afirma que los beneficiarios de la globalización, además de las personas más ricas del planeta, han sido también amplios grupos de ”personas de las economías asiáticas emergentes, principalmente de China, India, Tailandia, Vietnam e Indonesia”, que vieron aumentar su ingreso per cápita y sus salarios reales.


políticos tradicionales se explican en la medida en que éstos no han sabido dar respuesta a los problemas del nuevo siglo, sobre todo la escasez y mala calidad de los empleos, y la desigualdad en los ingresos y las condiciones de trabajo. Han surgido así posiciones extremistas de derecha y al mismo tiempo nuevas expresiones sociales y políticas que buscan reformas encaminadas a construir una nueva globalización y a detener la incertidumbre, el desempleo y la falta de protección laboral.
México forma parte de este panorama mundial con sus propias características. En nuestro caso, el problema del empleo radica tanto en su cantidad como en su calidad. Ello obedece a diversas razones: en primer lugar por la forma en que nuestro país se ha insertado en el mercado mundial, a través de la exportación de manufacturas y los tratados comerciales, fundamentalmente el TLCAN. Junto a ello, se desplegado un manejo de la economía y de las políticas laborales que han buscado atraer inversiones con base en una deterioro constante y sistemático de la calidad del empleo. También ha contribuido la debilidad de las instituciones públicas y la ausencia de organizaciones sindicales representativas.
Para hacer frente a esta situación se requiere, como lo manda el orden legal vigente, poner en el centro de las políticas públicas el fomento y la protección del empleo decente, digno o de calidad y, en consonancia con lo anterior, llevar a la práctica un plan integral que incluya, entro otros, los siguientes aspectos:
a)    Un nuevo curso de desarrollo económico26 que, en síntesis, enrumbe al país hacia un mayor crecimiento económico basado en la inversión pública en infraestructura y una mayor regulación de las políticas sociales para mejorar la distribución del ingreso y los niveles de salud, educación, vivienda y servicios públicos. Especial atención deberá ponerse en la necesidad de superar la desigualdad regional.

26     Los documentos y textos del GNCD disponibles en nuevocursodedesarrollo.unam.mx.


b)   Una política laboral que se apoye en tres ejes : un fortalecimiento de las funciones institucionales como la inspección del  trabajo;  una  política  de  fomento al empleo basada en  políticas  activas  y  pasivas,  con recursos, tecnología y medidas adecuadas a la realidad laboral; y que el gobierno asuma un nuevo papel de facilitador del diálogo social para fortalecer la bilateralidad contractual. Esto último significa que debe abandonar la función que tradicionalmente ha jugado, consistente en apoyar y proteger a dirigentes y grupos sindicales no representativos, y en hacer caso omiso de su obligación de hacer cumplir la ley para tratar de satisfacer a los empleadores y dar la apariencia de una paz laboral absoluta.
c)    Un fortalecimiento de la legislación laboral encaminada a mejorar la justicia laboral y la libertad sindical. Un paso alentador en este sentido fueron las reformas constitucionales de febrero de 2017,27 pero éstas no han concluido en las reformas correspondientes  los ordenamientos secundarios, particularmente la

27     El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional más importante en materia laboral desde 1917. Una reforma que cambia sustancialmente aspectos centrales: primero, la justicia laboral (aunque únicamente para los trabajadores del sector privado), eliminando las juntas de conciliación y arbitraje tripartitas que ahora estará a cargo de tribunales laborales locales y federales del Poder Judicial que deberán actuar bajo los principios de “legalidad, imparcialidad, trasparencia, autonomía e independencia”. En segundo lugar, se crea una nueva institución para el registro de todos los sindicatos y los contratos colectivos, un organismo descentralizado que tendrá “plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión” y operará bajo los principios de “certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad”. Finalmente, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la elección de dirigentes y, muy importante, para solicitar la firma de un contrato colectivo, se requerirá el voto de los trabajadores “personal, libre y secreto”. Sin embargo, hasta el momento de redactar este escrito, el Congreso de la Unión no había llevado a cabo las reformas a la Ley Federal del Trabajo que permitirían implementar los mandamientos constitucionales. Ello ha provocado ya un vació legal y llevará, necesariamente, a retrasar su cumplimiento. Pero aún, la Cámara de Senadores había recibido un proyecto de dictamen elaborado por una parte del grupo parlamentario del PRI que contradecía los avances de la reforma constitucional. Hay pues, en estos momentos, una gran incertidumbre sobre el futuro de las nuevas instituciones del trabajo.


Ley Federal del Trabajo. El Congreso debe también revisar y proponer nuevas disposiciones  legales  las previsiones presupuestales necesarias para la protección de los trabajadores informales, precarios y vulnerables, así como de otras formas de trabajo no pagadas, lo que supone por ejemplo el reconocimiento del trabajo de cuidado de personas, tal como lo hizo ya la Constitución de la Ciudad de México aprobada recientemente. Entre otros temas, es necesario volver a poner en la mesa de los debates del Congreso el seguro de desempleo, pero también otras propuestas como la renta básica universal. También merecen revisarse los mecanismos institucionales de decisión del salario mínimo legal.28 Un tema aparte, que no se ha tocado en este ensayo, se refiere a la necesidad ineludible de ajustar o reemplazar el sistema pensiones contributivo vigente, impuesto desde 1995.
d)   Un diálogo social inclusivo y transparente que permita un acuerdo fundamental para ponerle tiempo y plazos a las reformas necesarias, tanto de las políticas públicas como de la legislación laboral. Por ejemplo, y de manera urgente, el aumento del salario mínimo legal, de tal manera que en un plazo relativamente corto alcance el monto suficiente para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria. Para que este diálogo social tenga efectos positivos se requiere la participación de organizaciones representativas de los trabajadores y empleadores.




28     En otro ensayo he considerado la conveniencia de que sea el Congreso de la Unión y no una comisión tripartita o la decisión unilateral del Ejecutivo el encargado de definir los salarios mínimos legales. Cfr. Escobar, Saúl (2016).


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