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miércoles, 22 de noviembre de 2017

Reforma y contrarreforma laboral
Saúl Escobar Toledo
En solidaridad con Indyra Sandoval, defensora de derechos humanos
En memoria de Ranferi Hernández, luchador social

Veinticuatro de febrero de 2017. ¿Quién se acuerda de esa fecha? Casi nadie y sin embargo ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional más importante en materia laboral desde 1917. De manera sorpresiva, la iniciativa había sido enviada por el presidente de la República y aprobada por una amplia mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y por los Congresos de las entidades del país entre abril de 2016 y enero de 2017.
Una reforma que cambia sustancialmente cuatro aspectos centrales: primero, la justicia laboral (aunque únicamente para los trabajadores del sector privado), eliminando las juntas de conciliación y arbitraje tripartitas que ahora estará a cargo de tribunales laborales locales y federales del Poder Judicial que deberán actuar bajo los principios de “legalidad, imparcialidad, trasparencia, autonomía e independencia”. También, separa las funciones de impartición de justicia de la conciliación entre trabajadores y patrones. En tercer lugar, se crea una nueva institución para hacerse cargo de esta tarea y, lo más sobresaliente, para el registro de todos los sindicatos y los contratos colectivos, un organismo descentralizado que tendrá  “plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión” y operará bajo los principios de “certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad”. En cuarto lugar, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la elección de dirigentes y, muy importante, para solicitar la firma de un contrato colectivo, se requerirá el voto de los trabajadores “personal, libre y secreto” el cual será garantizado por la ley.

Esta reforma ataca directamente severos problemas que han padecido los trabajadores: la parcialidad, el burocratismo y la corrupción endémica de las Juntas;  el registro de sindicatos y contratos  bajo el  consentimiento y directriz de los gobiernos federal y estatales, anulando casi totalmente la posibilidad de formar sindicatos independientes;  la continuidad  de dirigentes electos antidemocráticamente en las organizaciones gremiales;  y, de manera destacada, la existencia  de los contratos de protección patronal, el cáncer mayor que corroe la vida laboral en México.
Se trataba, sin duda, de una reforma constitucional que avanzaba en el camino de la democracia y la libertad sindical, la justicia y la legitimidad de las representaciones sindicales y la titularidad de los contratos colectivos. Sin embargo, para que todo esto se volviera realidad y las reformas empezaran a funcionar, se requería completar la tarea y llevar a cabo una compleja reforma a las leyes de la materia, en especial a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para ello, se dio el plazo de un año, el cual está por vencerse si consideramos el calendario de sesiones del Congreso.
Debe señalarse que esta reforma constitucional se propuso en un contexto en el que el Estado mexicano estaba a punto de firmar el TPP (Tratado Transpacífico), un acuerdo comercial de grandes dimensiones en el que participarían doce países de Asia y América, incluyendo los Estados Unidos. Según la información disponible y las opiniones de diversos actores que participaron en el debate, la iniciativa presidencial fue resultado de una presión muy fuerte, a nivel internacional, que ejercieron organismos como la OIT, sindicatos y defensores de los derechos laborales de algunos de los países  socios del Transpacífico. Fue de alguna manera, una condición que plantearon antes sus gobiernos y parlamentos para aceptar la incorporación de México a ese gran acuerdo económico.

Pero, como se sabe, la vida da muchas vueltas. El TPP fue repudiado por el presidente Trump en los primeros meses de 2017. Después, se abrió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego el país entró en la etapa electoral con vistas al 2018. Bajo estas nuevas condiciones, completamente distintas a las que había cuando Peña Nieto presentó la iniciativa, el gobierno y la representación de los grandes empresarios decidieron torcer la ruta original.

Debido a ello, los debates parlamentarios de las leyes reglamentarias se han venido posponiendo. Peor aún, según diversas fuentes, hay una negociación secreta entre la Secretaría del Trabajo y algunas organizaciones empresariales con el objetivo de presentar al Congreso una propuesta que pretenden echar para atrás el espíritu y la sustancia del nuevo mandato constitucional. Preparan una contrarreforma elaborada por los abogados más inescrupulosos del medio laboral, aquellos que siempre han defendidos los contratos de protección.  Los principales objetivos de esta confabulación son: que el organismo descentralizado encargado del registro de los sindicatos y los contratos sea tripartito, abriendo el espacio otra vez al viejo modelo de control: gobierno-empresarios-líderes sindicales del viejo corporativismo y ahora administradores de los contratos de protección. También pretenden colar, de contrabando, pues no tiene que ver con las nuevas disposiciones constitucionales, una reforma a la ley para facilitar (todavía más) la subcontratación, una de las prácticas más perjudiciales para los derechos de los trabajadores; y para colmo, se proponen también burlar el derecho al voto secreto establecido en la nueva redacción del artículo 123.


Frente a esta pretensión, un amplio grupo compuesto por los abogados laboralistas más destacados del país que no responden a los intereses del gobierno; la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT) y otros sindicatos independientes; académicos y especialistas connotados en cuestiones laborales; y organizaciones sociales y civiles diversas como el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC, han formado un Observatorio Laboral que se ha pronunciado, en primer lugar,  para exigir  que se dé a conocer el proyecto de los abogados patronales y la Secretaría del Trabajo,  y que se organice  un amplio debate abierto y público para redactar la nueva LFT.

El Observatorio exige que las leyes secundarias sean congruentes con los principios   fundamentales de la reforma constitucional. Insistirá también en que el senado ratifique el Convenio 98 de la OIT, sobre negociación colectiva y libertad sindical que entró en vigor desde 1951 pero que el gobierno mexicano se ha negado a respaldar para proteger a los dirigentes sindicales “charros” que nunca han sido electos por los trabajadores.

Estamos a unos meses de que se venza el plazo previsto en la reforma constitucional para que el Congreso apruebe las nuevas leyes reglamentarias y aparentemente no hay nadie que se ocupe del asunto. ¿Se prepara un auténtico albazo legislativo y una aprobación al vapor de una nueva ley federal del trabajo cocinada en algún cuarto oscuro de la Secretaría del Trabajo? ¿O simplemente el gobierno y el Congreso han sido rebasados por los acontecimientos y la carga legislativa? Si es así, ¿buscarán el diálogo y ampliar los tiempos legales para redactar una iniciativa que refleje adecuadamente el texto constitucional aprobado? ¿Cuál es la posición de los partidos de oposición frente a este problema?

Veinticuatro de febrero de 2017: el Observatorio Laboral se ha propuesto que esa fecha se recuerde como el día en que se inició una verdadera transformación de la vida laboral y, en consecuencia,  se frene una de las maniobras gatopardistas más monstruosas del gobierno mexicano y sus aliados patronales: cambiar de fondo la Constitución para que todo, en la ley reglamentaria, siga igual. El Observatorio Laboral tiene como objetivos que  los diputados y senadores no  actúen solos, exigirá transparencia, un  trabajo legislativo incluyente,  rendición de cuentas, y que se atiendan las propuestas del  sector más representativo del mundo laboral. Seguiremos informando…

Twitter: #saulescoba



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Crecimiento, empleo y salarios: México en los años del TLCAN

Saúl Escobar Toledo

 Publicado en REVISTA ESTADO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ARGENTINA
TUCUMÁN 1966 (C1026AAC)
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
REVISTA
Nº 9, Año V, octubre de 2017-abril de 2018
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
ISSN (versión electrónica): 2310-550X | ISSN (versión impresa): 2413-8274


Resumen: Después de la crisis de la deuda y de la llamada “década perdida” de los años ochenta del siglo pasado, México intentó recuperar gradualmente la estabilidad económica, adoptando severas medidas de austeridad y reformas de corte neoliberal.  En 1994 entró en vigor el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) o NAFTA (North American Free Trade Agreement) después varios años de negociación entre los tres países involucrados: Canadá, Estados Unidos y México. Con ello, se esperaba que el país iniciaría una nueva senda de expansión económica. En las siguientes páginas se hará un balance de cuales fueron los resultados durante este periodo en materia de crecimiento del PIB, empleos, y salarios. Se analizará también el papel de la política laboral y su debilidad institucional, lo que ha propiciado una mayor vulnerabilidad de los trabajadores y la proliferación de contratos y sindicatos que no representan a los trabajadores. Se concluye con un conjunto de datos que muestran el crecimiento de la desigualdad, en particular en la distribución factorial del ingreso, y la magnitud de la pobreza, derivada de los bajos ingresos de los trabajadores, lo que explica su persistencia crónica a lo largo de las últimas décadas en México.
Palabras clave: TLCAN, México, Crecimiento, Empleo y Salarios.

Abstract: After the debt crisis and the so called “lost decade” originated in the early 1980s, México made strong austerity plans and adopted neoliberal reforms to regain economic stability. In 1994, the North American Free Trade Agreement (NAFTA) or Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) went into effect after several years of negotiations among Canada, US and Mexico. It was expected that NAFTA would pave the way for a new stage of economic growth and employment. In the following pages an outcome of this period is provided covering the last years and emphasizing the trends found in GDP, employment and wages. Labor policy will also be studied underlining its institutional weakness and explaining why it has inflicted a stronger vulnerability of the working class and the proliferation of unions and labor contracts that are not representative of the will and even the knowledge of the workers. At the end, a set of data will show the growth of inequality, especially in the distribution of income between labor and capital. It will describe also the size of poverty, over all originated in the low income of the workers. This last issue explains why poverty has become chronical in the last decades in Mexico.
Keywords: NAFTA, Mexico, Growth, Employment and Wages.

El crecimiento económico
Las reformas no se limitaron a la implementación de políticas públicas. Desde fines de la década de los ochenta del siglo pasado hasta ahora, se han aprobado un conjunto de cambios constitucionales, muchas de ellos de gran trascendencia, con el objetivo de modificar la relación entre el Estado y el mercado e insertar al país en la globalización[1].
“La crisis de la deuda externa en 1982 fue vista como la prueba eficiente del final de una etapa en la historia del desarrollo mexicano a partir de la cual se empezó a gestar en el Estado y en poderosos grupos del capital la convicción de que la industrialización dirigida por el Estado debería ser cambiada por una ruta que promoviera una economía abierta y de mercado” (Cordera, 2016:19)
Las reformas iniciaron una nueva perspectiva de desarrollo para México y, en particular con Estados Unidos, se abrió una etapa de mayor integración. Los resultados fueron “espectaculares” (Cárdenas, 2015: 285).
El volumen del comercio internacional aumentó de alrededor del 30% del PIB al 70% entre 1994 y 2007. En tan solo seis años, de 1994 a 2000, las exportaciones mexicanas se triplicaron. Representaban el 10% del PIB y al final del siglo ya habían alcanzado casi el 25%; para el 2014 rozaban el 35% del PIB (Cordera, 2016: 27).  El índice de actividad industrial aumentó en un promedio anual de 7.2% entre 1996 y 2000, una vez superada la crisis financiera de 1994.
Una parte significativa de estos bienes han sido producidas con tecnologías complejas. Según la clasificación de la OCDE, se trata de manufacturas “basadas en recursos no naturales”. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, casi el 19% del total de exportaciones manufactureras pueden ser clasificadas como de “alta tecnología” (Moreno Brid y Ros, 2010: 248).
A pesar del entusiasmo de los gobiernos que anunciaban un “proceso de convergencia en el ingreso per cápita similar… al de la Unión Europea” gracias al TLCAN (Moreno Brid-Ros: 2010: 293), el crecimiento del PIB no fue tan acelerado como el de las exportaciones manufactureras e incluso fue inferior al que se registró en las décadas pasadas.

Cuadro 1
PIB, PIB per cápita y crecimiento de la población

1940/1970
1970/1981
1981/2000
2000/2015
PIB
6.2
6.8
2.1
2.0
PIB per cápita
2.9
4.1
0.4
0.8
Población
3.2
2.6
1.9
1.1
Fuente: (Cordera, 2016: 8)

¿Cómo fue posible que el boom de las exportaciones no jalara al conjunto de la economía? ¿Por qué el país entró desde la firma del TLCAN en una senda de crecimiento lento?
 “…en vez de elevar el ritmo de expansión, la economía entró en una senda de lento crecimiento, sujeta a recurrentes crisis de balanza de pagos. En este lapso el PIB per cápita real bajó su crecimiento del 3,2% anual al 1%, con lo que se abrió más su rezago frente al PIB per cápita de los Estados Unidos. En 1980, medido en dólares constantes, éste fue cuatro veces el de México, en 1994 era casi cinco veces más grande. Hoy es cerca de 5,6 veces superior, una brecha similar a la que prevalecía en los años cincuenta”.
El factor decisivo en México, para explicar este ritmo de crecimiento  se encuentra en   el débil comportamiento de la inversión, en particular de la inversión fija :
En 1988-2015 su ritmo de expansión fue la mitad del que tuvo en 1961-1981(Moreno-Brid et al, 2016:44). Ros, por su parte,  coincide en que la tasa de acumulación de capital (tasa de crecimiento del acervo neto de capital que incluye solo maquinaria y equipo y construcción no residencial)  cayó a menos de la mitad entre 1970-1981 y 1982-2012 de alrededor de 8% al año a menos de 4%.  (Ros, 2013: Cuadro 7.2)
Hay que destacar que  la inversión pública tuvo una caída más drástica : de 11 al 4.4% del PIB, es decir 7 puntos porcentuales,  en ese mismo periodo, arrastrando con ella la inversión fija total. Para 2010-2012 la situación no había mejorado mucho: aunque  la inversión privada se recuperó y superó los niveles de 1979-1981, la inversión pública seguía  5.5 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos al ajuste de la deuda ocurrido en los años ochenta (Ros, 2013:36).  La caída de la inversión pública jugó un papel determinante pues ésta ocurrió principalmente en la infraestructura. Cayó como porcentaje del PIB del 2.4 en la década de los ochenta a la mitad (1.2%) entre 2001 y 2006. La economía mexicana era, entre las mayores economías latinoamericanas, la que menos invertía en infraestructura (Ros: 2013).  
Con ello se ha desalentado  la inversión en otras  regiones y ramas productivas que no se vincularon al sector exportador manufacturero. También le ha restado ventajas a la inversión privada, disminuyendo  su impacto en el crecimiento. Para tener una idea de la omisión y del esfuerzo que se requiere para generar un mayor desarrollo, según la CEPAL, una economía requiere invertir en infraestructura el 6. 2% del PIB. (Larde y Sánchez, 2014 cit. por Moreno-Brid, et al,  2017: 46)
La inversión en infraestructura por su parte ha sido particularmente baja en el sur, la región más atrasada económicamente.  Por ello la estructura industrial de esta región es considerablemente diferente del resto del país y sus niveles de productividad son mucho menores. (Ros: 2015:46).
La caída de la inversión pública en infraestructura deriva en buena medida de la baja carga fiscal lo que a su vez  impide gastar en otros renglones destinados a los servicios públicos (agua, salud, educación seguridad pública), necesarios para crecer más rápido” (Ross, 2016:159) La recaudación total representaba alrededor del 10% del PIB en 2012; la reforma fiscal de finales del 2013 aportó poco más del 1% del PIB pero sigue siendo insuficiente y de poca cuantía en comparación a otros países de desarrollo similar.
Al mismo tiempo, el crecimiento de las exportaciones trajo consigo también un aumento sin precedentes de las importaciones llegando a representar el 45% del PIB en 2006 (Moreno Brid-Ros, 2010: 250). Muchas de las cosas que se producían en México dejaron de fabricarse y desde entonces se compraron en el exterior, arruinando a miles de empresas y dejando sin empleo a  muchos trabajadores.
Las repercusiones de lo anterior se reflejaron sobre todo en el campo: aquí la ocupación sufrió un “desastre” ya que “el empleo agropecuario estuvo marcado por un proceso sostenido de desalojo de mano de obra que entre 1997 y 2010 representó la cancelación masiva de 2.7 millones de empleos en este sector (según datos de INEGI-ENE-ENOE) (Samaniego, 2016: 288)
Además, “La intensa y sostenida penetración de las importaciones en el mercado interno debilitó la capacidad de arrastre del sector exportador al resto de la economía” (Moreno Brid y Ros, 2010:251) pues se trata en buena medida de bienes intermedios que sirven de insumos a las empresas productivas (De la Garza:2010: 62).
Otra razón que se ha planteado para explicar la caída en la inversión y el bajo crecimiento  tiene que ver con el financiamiento bancario a las actividades productivas. En México después de la crisis de 1994, el crédito al sector privado ha sido de apenas de 26% del PIB. Ello se debe en buena medida al reducido financiamiento de los bancos privados: su cartera como proporción del PIB pasó de 17.14% en 2000 a sólo el 18.85% en 2013 y el crédito al sector privado en relación con los activos de los bancos fue de 43%, un índice muy bajo según los parámetros internacionales. Por su parte la aportación de la banca de desarrollo alcanza apenas equivalente al 2.9% del PIB. (Delgado, 2016: 321)
Un factor se refiere a la política monetaria y en particular al manejo de la paridad del peso con el dólar: Según Ros, la apreciación del tipo de cambio real desde 1990  ha tenido un efecto  negativo en el crecimiento de la economía mexicana desde la liberalización comercial y especialmente desde la puesta en marcha del TLCAN, ya que “al modificar los precios relativos en favor de los bienes no comerciables, un tipo de cambio real apreciado reduce la rentabilidad de la inversión privada en sectores comerciables y promueve la reasignación de recursos en contra de esos sectores” (Ross, 2013: 26)
Dado el lento crecimiento del conjunto de la economía y de la inversión, no resulta sorprendente que la estructura del PIB cambiara poco en estas últimas décadas y que incluso las manufacturas hayan perdido importancia relativa y, en cambio, hayan ganado terreno el comercio y los servicios.
Cuadro 2
Composición del PIB por ramas económicas (en %)

1990
2014
Agropecuarios
4.2
3.2
Minería
12.2
7.6
Energía
1.4
2.4
Construcción
9.5
7.5
Manufactura
18.7
17.2
Comercio
11.3
15.8
Transportes
6.0
5.9
Comunicaciones
1.0
3.4
Servicios generales
35.7
37.0
Fuente: Moreno-Brid et al (2016: 35) con datos de INEGI, Sistema de cuentas nacionales.

La transformación estructural de la economía mexicana ha tenido como uno de sus rasgos más notables la concentración de la inversión productiva: dentro de la manufactura sólo unas cuantas ramas aumentaron su importancia relativa tanto en su aportación al valor agregado bruto total como al acervo neto de capital.

Cuadro 3
Composición % de las manufacturas, ramas seleccionadas

1990 valor agregado bruto
1990 acervo neto de capital
2014 valor agregado bruto
2014 acervo neto de capital
Equipo de cómputo, comunicaciones y medición
2.6
9.9
4.5
21.1
Fabricación de maquinaria y equipo
2.5
4.6
4.0
7.7
Fabricación de equipo de transporte
7.7
17.9
18.3
19.0
Fuente: Moreno-Brid, et al (2016: 37) con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Productividad total de los factores, modelo KLEMS, 2016.
Estas ramas industriales han competido exitosamente en los mercados mundiales. Sin embargo, sus renovados procesos de producción conllevan menores y más bien bajos encadenamientos con el resto del aparato productivo local. Con ello, sus capacidades de innovación, de potenciar su crecimiento y productividad, ya no se diga su acceso a cadenas globales de valor, es pobre. El panorama resultante ha sido “una industria manufacturera polarizada y fragmentada, con un lento crecimiento de su actividad productiva y con debilitada capacidad de arrastre al resto de la economía mexicana a una senda de elevado crecimiento”. (Moreno-Brid et al, 2016: 40)
 Ros ha llamado a este modelo, la “trampa del lento crecimiento”: un esquema basado en la expansión del sector exportador, principalmente manufacturero, pero acompañado por bajas tasas de recaudación fiscal, escaso crédito bancario, y una política cambiaria que busca sostener el valor del peso. Todo ello con el fin de lograr la estabilidad de precios y el control de la balanza de pagos. Para ello, otro ingrediente central ha sido mantener un riguroso control de la demanda agregada. Se trata de un patrón de crecimiento que depende casi totalmente del ciclo económico de Estados Unidos y que, deliberadamente o no, ha conseguido modestos avances en la expansión productiva, a cambio de la estabilidad macroeconómica.
Si el patrón de crecimiento había sido lento desde finales del siglo pasado, la crisis mundial de 2008-2009, la “gran recesión”, hizo más acusada esta tendencia: en México, la caída del producto 2009 fue de casi 7%. Posteriormente las exportaciones crecieron de nueva cuenta y alcanzaron un ritmo de 8.5% promedio anual entre 2010 y 2014,  pero el  PIB  creció a una tasa mucho menor y  todavía no alcanzaba en términos reales, el nivel previo a la crisis. Por su parte, el producto per cápita apenas aumento al 1% promedio anual en ese mismo periodo (Grupo, 2016: 53).

El mercado laboral
La “trampa del lento crecimiento” nos ayuda a  explicar también la dinámica del mercado laboral en México. La insuficiente tasa de acumulación de capital  y su concentración en algunas ramas económicas y áreas geográficas se ha reflejado.  en primer lugar, en la escasez de empleos remunerados y formales. Un rezago que se originó en los años ochenta pero que ha continuado hasta el presente.

Cuadro 4
PEA y personal ocupado. Tasa de crecimiento anual (%)
Periodo
PEA
Personal ocupado remunerado
1970-1982
3.7
4.1
1983-1995
3.5
1.9

1994-2010
1.9
1.7

     Fuente: Ruiz Nápoles y Ordaz Díaz (2011: 98) con datos de CONAPO e INEGI.   

Cuadro 5
Crecimiento de la PEA, empleos asalariados y afiliados al IMSS
(en miles de personas)

1998
2015
Diferencia
PEA
39 562
53 809
14 247
Total empleos asalariados

20 199
35 143
14 944
Total afiliados IMSS

11,073
17 724
6 651
Déficit empleos formales


8 293
                        Fuente INEGI, 2017. Las cifras del 2015 son del cuarto trimestre.
Nota: Existen otros institutos, además del IMSS, que atienden a los trabajadores asalariados y a sus familias, pero esta institución absorbe a más del 90% de los trabajadores formales.

La escasez de empleos remunerados y formales propició la ocupación informal, como ha sucedido en casi todos los países de América Latina. Para medir la magnitud de este fenómeno, en México contamos con nuevas cifras sobre el trabajo informal a partir de 2012. El INEGI  adoptó a partir de ese año la medición de la informalidad  de acuerdo con las normas de la OIT que agrega a la definición tradicional ( fundamentalmente los trabajadores por su cuenta), los trabajadores subordinados no registrados en el IMSS, los trabajadores domésticos y los trabajadores informales agropecuarios.
En el IV 2016, la situación era la siguiente:


Cuadro 6
Tasas de trabajo informal de acuerdo a diversos indicadores (% sobre el total de ocupados)
(Cuarto trimestre -2016)
Tasa de ocupación en el sector informal a
27.2
Tasa de informalidad laboral b
57.2
Tasa de ocupación en el sector informal 2 c
31.4
Tasa de informalidad laboral 2 d
52.4

a Se refiere a los trabajadores que laboran por su cuenta; b Se refiere a los trabajadores por su cuenta y a los subordinados y asalariados; c Se refiere a los trabajadores por su cuenta no agropecuarios; d Se refiere a los trabajadores por su cuenta y subordinados y asalariados no agropecuarios
Fuente: INEGI, 2017

Según estas cifras, la mayor parte de los trabajadores informales laboran por cuenta propia pero alrededor del 30% y un poco más del 20% de los trabajadores no agropecuarios (del total de trabajadores ocupados a nivel nacional) son personas asalariadas que laboran en una empresa, pero no están inscritos en el Seguro Social. Estas tasas de informalidad se han sostenido en los últimos años con pequeñas variaciones.
La informalidad entre los asalariados predomina en la industria de la construcción, el comercio y los servicios diversos, y es más bajo en la industria manufacturera, extractiva y de electricidad. Aun así, en estas ramas la tasa de informalidad es alta, 43%.  (Ross, 2013:cuadro2.2)
La situación es distinta también si tomamos en cuenta la geografía del país: la ocupación y el empleo informal rebasa el 80% en Chiapas y Oaxaca, y apenas alcanza el 40% en Nuevo León y Chihuahua.
La magnitud de la precariedad de las condiciones laborales que privan entre los trabajadores asalariados, se puede observar con más detalles en los datos que proporciona la ENOE-INEGI. En el cuarto trimestre de 2016, alrededor del 45% de los trabajadores asalariados carecía de servicios de salud lo cual quiere decir que no está afiliado al IMSS ni a ninguna otra institución pública (ISSSTE; Fuerzas Armadas, Institutos estatales, etc.); alrededor del 37% no tenía prestaciones como vacaciones, aguinaldo, pago de séptimo día, etc.; y casi el 45% carecía de un contrato escrito por lo que las prestaciones y el salario se pactan verbalmente
Otro indicador que resulta muy importante  es la  tasa de rotación laboral que en México es mucho más elevada que en otros países. Según la  STPS  existe una “alta rotación laboral”, ya que menos del 15% permanecen más de 25 meses en su empleo. Seis millones de personas entran y salen del IMSS al año, aunque un 65% se reincorpora aun trabajo antes de 8 semanas. De éstas, 50% son renuncias voluntarias, por lo que no reciben ninguna indemnización, y sólo 20% acuden a la justicia de los tribunales laborales (Martínez, P, 2016:190)
El número de trabajadores eventuales también ha ido en aumento según cifras del Seguro Social: en diciembre de 1997 representaban el 4% del total y en diciembre de 2016 ya alcanzaban el 14% (STPS:2017)  
¿Existe una relación directa entre el grupo de trabajadores que labora en condiciones más precarias y el tamaño de las unidades productivas? Las cifras  parecen confirmar que en efecto el grupo  de  trabajadores asalariados  que no tiene acceso a las instituciones de salud, carece de contrato escrito y de prestaciones laborales  se concentra en los micro y pequeños negocios. Según la ENOE-INEGI (2017 con datos del IV trimestre de 2016), el 49% de los trabajadores asalariados laboraban en una micro o pequeña empresa y sólo el 14% lo hacían en grandes establecimientos.
De acuerdo a un estudio de la CEPAL: “La característica distintiva de las economías de la región (América Latina y el Caribe) es la alta heterogeneidad de su estructura productiva que se manifiesta en grandes diferencias en la productividad de los trabajadores. Estas diferencias en productividad se traducen en brechas salariales y…determinan las desigualdades del ingreso de los hogares… “(CEPAL, 2014: 147-148)
Otro estudio afirma que en México: “…se ha ampliado el cisma entre un grupo de empresas grandes, que invierten masivamente, se modernizan y exportan exitosamente, y el resto de empresas que, con mínima capacidad de invertir, ven erosionarse su productividad y cerrarse su posibilidad de incorporación a cadenas globales de valor y atienden a un mercado local con escaso dinamismo de la demanda interna” (Moreno-Brid et al, 2016: 19).
Las brechas de productividad se han ensanchado también a nivel regional: entre 2005 y 2014 el índice de productividad laboral aumentó en más del 2% en algunos estados mientras que se redujo en 3.1 % en otras entidades (CEPAL, 2016: 5). Ello ha originado la concentración del sector manufacturero, en especial de la industria automotriz, en algunas localidades del país desde la puesta en marcha del TLCAN (Carbajal, Y. et al, 2016: 46).  
La heterogeneidad productiva de las empresas se ha reflejado en los ingresos de los trabajadores, pero también, cada vez más, en las condiciones de trabajo. Según un estudio de McKinsey (Bolio, E. et al 2014), esta situación se refleja en la existencia de “dos Méxicos” compuesto por “un sector económico altamente productivo y moderno, y otro de baja productividad y de economía tradicional.”
Basados en el enfoque de la heterogeneidad estructural con base en el tamaño de las empresas los autores del estudio coinciden en que muchas de las empresas del sector tradicional (donde laboran 10 trabajadores o menos) pueden ser catalogadas como empresas informales que trabajan sin registro y por lo tanto no pagan impuestos, seguridad social ni cumplen con la ley… Alrededor del 54% de los trabajadores mexicanos no agrícolas están empleados en el sector informal…” (Bolio, E., et al, 2014: 22)
Uno de los aspectos más interesantes del estudio es el reconocimiento de que el México tradicional está creando más empleos que el moderno por lo que los puestos de trabajo de alta productividad se están moviendo hacia empleos de baja productividad. “El empleo en las empresas tradicionales está creciendo: en 1999 representaba el 39 por ciento y en 2009 el 42 por ciento” Por su parte, “las empresas grandes más modernas se están expandiendo también pero no están creando los empleos a una velocidad suficiente para elevar su porcentaje de 20% del total”
El crecimiento del empleo en el sector tradicional ha elevado por lo tanto el número de trabajadores que labora en condiciones precarias pero el estudio reconoce que también las grandes compañías están optando por subcontratar para evadir el pago de las prestaciones que marca la ley (incluyendo los de la seguridad social). Todo ello a pesar de que la productividad de las empresas más grandes y modernas se ha elevado en 5.8% anualmente desde 1999”. (Bolio, E., et al, 2014: 18-22)
En resumen, el empleo en México está creciendo en las pequeñas o micro empresas que contratan trabajadores bajo condiciones precarias y que pagan los salarios más bajos. Al mismo tiempo, sin embargo, las empresas más productivas también están precarizando los empleos. Como veremos más adelante, esta tendencia se ha agravado después de la crisis de 2008-09 lo que ha resultado en situación más adversa para los trabajadores en materia de condiciones de trabajo y salarios.
La incapacidad de absorber a los nuevos demandantes de empleo en los sectores de alta productividad llevó también a que la fuerza de trabajo en expansión se refugiara en las actividades de baja productividad de los sectores de servicios, mientras que la caída en la tasa de acumulación de capital limitaba la absorción de nuevas tecnologías. Todo ello redujo el crecimiento de la productividad y del empleo en el sector industrial al mismo tiempo que incrementó la participación en el empleo del sector servicios…” (Ros, 2013: 42)
Estas tendencias explican los cambios en la estructura de la ocupación ocurridos en los últimos años.
Cuadro 7
Estructura de la ocupación (incluye trabajadores asalariados y no asalariados) en %.

Rama de actividad económica
2000-IV %
2016-IV %
Actividades agropecuarias
18
13
Industria Manufacturera
20
16
Construcción
8
8
Comercio
18
19
Servicios y gobierno
32
37
Transportes y comunicaciones
5
5
No especificado
0.0
0.1
Industria extractiva y de la electricidad
1
1
Total
100
100
Fuente: Perfil Nacional, Información laboral, Subsecretaría de empleo y productividad laboral. (STPS, 2017:11),

Ante este panorama, llama la atención el comportamiento de un indicador del mercado laboral, la tasa de desocupación abierta (TDA) (calculada de acuerdo a los criterios de la OIT y la OECD con base en la PEA, incluyendo a personas de 14 años o más, que están buscando activamente una ocupación remunerada[2]), la cual se ha mantenido en tasas muy bajas incluso en comparación a otros países de América Latina. Por ejemplo, en 2009, el año más duro de la crisis, llegó a 5.5%, y actualmente alcanza el 3.5%.
El INEGI publica diversos indicadores, además de la TDA, pero la más adecuada para los fines de este estudio es la Tasa de presión general (TPRG) que se refiere al segmento de los trabajadores ocupados que buscan un empleo, ya sea para cambiarse de trabajo o para tener una fuente de ingresos adicionales. Se calcula, como la tasa de desocupación abierta, como porcentaje de la PEA y obedece a razones del mercado laboral. En el cuarto trimestre de 2016, la TDA representó el 3.5% y la TPRG 6.5%, lo que daría un total de 10%, una cifra que se acerca más a la realidad de México y de los países de América Latina.

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que en “México hay menores tasas de desempleo, pero menores tasas de participación en actividad económica” (Uhtoff. A. 2016:206-210). Ello quiere decir que hay una cantidad significativa de personas que han renunciado a seguir buscando trabajo, pero desearían tener uno, quedando como una fuerza de trabajo “disponible” que se refugia ocasionalmente en la economía informal.
Aunque estos indicadores dan una idea más completa del problema, no se podría entender cabalmente el comportamiento del mercado de trabajo y en particular las bajas tasas de desempleo abierto, si no incluimos el fenómeno de la migración. El flujo de trabajadores a los Estados Unidos, junto con el trabajo informal, han sido una importantísima “válvula de escape” frente a la escasez de empleos bien remunerados.

La Migración

Según datos de CONAPO (2012) la población nacida en México que se fue a radicar a Estados Unidos aumentó en 4.9 millones de personas entre 1990 -2000 y en 2.6 millones entre 2000 y 2010, lo que hace un total, en estos veinte años, de 7.5 millones con un promedio anual de 375 mil mexicanos migrantes.

En lo que toca más precisamente al mercado laboral, las cifras muestran que en 2010 habían emigrado a Estados Unidos un total acumulado de 11.1 millones de personas mayores de 15 años. De ellos, residían en 2010, (no habían sido deportados ni habían regresado voluntariamente a México) alrededor de 8 millones[3].
El enganche económico de México a la economía de Estados Unidos vía el TLCAN ha estimulado la migración laboral en lugar de desalentarla.  Una de las razones principales, quizá la más importante, que explica la salida de mexicanos hacia el Norte radica en las diferencias en los salarios, reflejo de las asimetrías en el aparato productivo de ambos países, mismas que se han acentuado no disminuido con el TLC. El diferencial de salarios entre Estados Unidos y México es de más del 340%. Un salario bajo en EU es significativamente más alto que en México[4].

Por ello, desde los noventas, se observa una “transformación en el patrón migratorio: de un patrón con predominio del migrante circular se pasa a uno con preeminencia del migrante establecido, incluidas algunas variantes como la mayor participación de mujeres y familias enteras” (Delgado, T y Márquez, H., 2006: 86).

Sin embargo, debido al hecho de que en el TLC se liberaron los mercados de mercancías, servicios y capitales, pero no de la fuerza de trabajo, la migración hacia Estados Unidos se realizó sobre todo de manera indocumentada. La magnitud e importancia de esta población laboral a lo largo de los años ha fortalecido la existencia de un mundo laboral underground, en la sombra, que sirve a la economía legal, tanto a grandes empresas como a pequeños negocios. Estos trabajadores, en su mayoría, pagan impuestos y contribuciones a la seguridad social, pero por su condición se ven obligados a aceptar puestos de trabajo inestables, inseguros con baja protección y donde hay frecuentemente violaciones a la ley en el pago del salario mínimo y las horas extras[5]. A pesar de que los mexicanos migrantes se han ocupado en empleos con salarios y prestaciones por abajo del promedio existente en el país receptor, la magnitud del flujo observado en los últimos 25 años, sobre todo antes de la crisis de 2008, refleja dramáticamente la existencia de un mercado laboral en su país de origen que no ha podido ofrecer, sobre todo a la población más joven, opciones para un trabajo bien remunerado.

Finalmente, cabe preguntarse, si esos 8 millones de trabajadores mexicanos que residían en Estados Unidos y que estaban trabajando o buscando un empleo se hubieran quedado en el país o regresaran a él, ¿cómo impactaría  al mercado de trabajo en México?

Salarios
La estructura del mercado laboral está sustentada también en un esquema de salarios bajos que ha imperado desde la crisis de 1982. El primer indicador de lo anterior se refleja en el comportamiento del salario mínimo legal[6].
De acuerdo a la serie oficial más larga de evolución de los salarios mínimos para este periodo, publicados por el Banco de México e INEGI se pude observar claramente los siguientes periodos:
 De 1969 a 1977, el salario mínimo real creció al 5.7% anual llegando a su punto más alto en este último año. Luego seguirá un periodo más corto, de 1977 a 1982 en que el salario mínimo tiene un ligero decrecimiento de 1.3% anual. En cambio, entre 1982 y 1992 se presentó la peor caída del salario mínimo en la historia del país: 6.36% anual acumulando una baja del -63.6%.
Posteriormente entre 1992 y 1995 la caída es un poco más suave, de 2% anual para luego volver a incrementarse entre 1995 y 2003 a un ritmo negativo de 2.5% anual. Finalmente, entre 2003 y 2014 el salario mínimo se ha mantenido constante, ni crece ni decrece.

Cuadro 8
Salario mínimo real 1969 -2014
Periodo
Acumulado %
Crecimiento/decrecimiento anual
1969 - 1977
45.8
5.7
1977 - 1982
-6.5
-1.3
1982 – 1992
-63.6
-6.36
1992 – 1995
-6.2
-2.0
1995 - 2003
-20.2
-2.5
2003- 2014
0
0
1977 - 2014
-74.5
-2.0
Elaboración propia con datos de INEGI/Banco de México (2015)

Diversos estudiosos del tema y los organismos internacionales como la CEPAL (2014) y la OIT (2013) han llamado la atención sobre la persistencia de un salario mínimo tan reducido[7]. Por su parte, las autoridades mexicanas, en especial el Banco de México, han argumentado que un aumento en términos reales del salario mínimo legal tendría efectos adversos sobre el empleo y la inflación (Cf. Capraro: 2015: 95).
Este punto de vista ha sido rebatido en distintos estudios. Las consecuencias de un aumento del salario mínimo sobre el empleo y la inflación, sobre todo tomando en cuenta el “efecto faro” (lighthouse effect) han sido estudiados por diversos autores en el caso de México. Kaplan y Pérez Arce (2006) y por su parte, Campos, Esquivel y Santillán, encontraron “que en ningún caso se evidencian efectos negativos en el empleo o en los ingresos derivados de (un aumento) del salario mínimo y en cambio sí se elevó significativamente la propensión a transitar hacia la formalidad…” (2015: 27). Similares conclusiones se encuentran en el estudio de Cunningham, W. et al (2016). Por su lado, unos conjuntos de expertos publicaron un libro coordinado por Miguel Ángel Mancera (2015) en el que concluyeron en la necesidad aumentar el salario mínimo para combatir la pobreza dado que el monto de este salario está por debajo de los precios de la canasta básica. Y que, dado su nivel tan bajo, un aumento moderado no tendría repercusiones negativas en el ámbito laboral ni en materia de empleo ni de los precios.

El caso del salario mínimo mexicano es notable porque muestra la extrema rigidez de los principales responsables de la política económica (la Secretaria de Hacienda, pero sobre todo el Banco de México) para controlar (y reprimir) la demanda interna y las variaciones en la distribución del ingreso, en especial mediante la contención de los salarios, con el objeto de mantener la estabilidad macroeconómica (Capraro, S. 2016: 131). De manera reiterada, han declarado a los medios de comunicación, que un aumento del salario mínimo provocaría un aumento de los salarios contractuales (un “efecto dominó” o ripple effect) generalizado y, con ello, una espiral inflacionaria 
Esta hipótesis no parece razonable. Es cierto que poco después de la crisis de 1982, los aumentos decretados al salario mínimo se usaron como un instrumento para poner un tope a los salarios contractuales. Pero ello empezó a perder eficacia, después de la crisis de 94 cuando los efectos del TLCAN empezaron a sentirse y ello permitió un aumento muy lento pero palpable de los salarios contractuales. A pesar de estas alzas, como vimos, desde 2003 las autoridades han decidido mantener congelado el salario mínimo en términos reales. La relación entre salario mínimo y los contractuales, en consecuencia, ha venido cayendo a tal punto que actualmente los montos decretados legalmente al primero, “influyen cada vez menos en la determinación del salario medio real” (Ros, J. (2013: 65).
Para entender mejor este asunto, vale la pena detenerse un momento en las características de los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo diario (SMD). En los últimos años, los trabajadores asalariados (no el total de ocupados) que ganan hasta un SMD han representado entre el 11 % (en 2005) y el 10.2 % (en 2016).

Cuadro 9
Trabajadores ocupados y remunerados que ganan hasta 1 SMD
(en miles de personas 2016-IV)
Total
Total
Hombres
Mujeres
Hombres/total %
Mujeres/total %
Hasta 1 SMD
3 623
1 786
1 837
49.3
50.7
Total remunerados
35 665
22 161
13 505
62.1
37.9
%
10.16
8.1
13.6


Fuente: ENOE-INEGI (2017)

Observando con más detalle las estadísticas disponibles se puede afirmar que estos trabajadores se ubican principalmente en las áreas menos urbanizadas y sobre todo en el área rural donde casi el 20% del total de los asalariados recibe este nivel de ingresos.   En la Ciudad de México, en cambio, el número de trabajadores que recibía un SMD representaba el 6.4% en ese mismo año. Además, el número de mujeres  (respecto al total) que recibe un salario mínimo es superior al de los hombres a pesar de que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo está muy por debajo de la de sus congéneres. Ello indica que la precarización del empleo tiene, sobre todo, un rostro femenino. Se trata, en resumen, de trabajadores sin contrato colectivo, sin prestaciones y sin seguridad social que laboran en micro y pequeñas empresas.  Por ello, la hipótesis de que un aumento del SMD pueda impactar al conjunto de los salarios parece tener poco sustento.
En cambio, lo que se ha logrado y quizás lo que en realidad ha sido el verdadero objetivo, es convertir el salario mínimo en un instrumento sin utilidad alguna para la política laboral, dado que el número de trabajadores asalariados que lo obtienen tiende, aunque lentamente, a reducirse.
Lo más grave, sin embargo, es que, bajo esta estrategia, la política salarial del estado mexicano ha llevado a la “irrelevancia del salario mínimo como instrumento efectivo y digno en el mercado de trabajo para prevenir que los trabajadores con menor calificación y más vulnerable caigan en la pobreza” (Bensusán: 2015: 211).
Salarios medios y contractuales
Los salarios medios no han tenido la misma suerte que los mínimos. Según datos de la CEPAL, los salarios medios sufrieron una caída muy severa en los años ochenta y noventa, pero luego tuvieron una recuperación a finales de esa última década y sobre todo en los primeros años del siglo XXI. Aunque se trató de una recuperación muy limitada, al menos no disminuyeron en términos reales como sucedió con el salario mínimo legal.   
En el siguiente cuadro se puede observar que la relación entre el salario base del IMSS y el salario medio en la industria manufacturera, respecto del mínimo, ha aumentado en los últimos años.

Cuadro 10
Salarios nominales 1996 -2013 (pesos corrientes)
Año
Salario base IMSS
Sal medio ind. transf.
Salario mínimo nominal
(promedio)
Relación IMSS/SMD
Relación
Ind. Transf/ SMD
Min.
1996
67.63
66.04
21.13
3.2
3.1
2013
270.18
283.33
63.07
4.3
4.5
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y Banco de México

La recuperación de los salarios medios y de la industria de la transformación sin embargo no llegó a los niveles previos a la crisis de 1994 (De la Garza, 2010:63). Peor aún, los avances obtenidos a principios del siglo XXI se revertieron después de la crisis de 2008.  Además, se perdieron los puestos de trabajo mejor pagados que fueron sustituidos por empleos con una menor remuneración. En el siguiente cuadro se puede observar que los salarios más bajos (hasta 3 SMD) crecieron mientras que lo más elevados se redujeron proporcionalmente (más de 3 SMD y sobre todo de más de 5 SMD) Ello supone además una reducción de la masa salarial.
Actualmente, dos terceras partes de los asalariados ganan hasta 3 SMD lo que los coloca en el límite de la pobreza, como veremos más adelante. En el otro extremo, menos del 7% del total de los asalariados ganan más de 5 SMD.

Cuadro 11
Trabajadores remunerados por nivel de ingresos (salarios mínimo diario)
2005-2016 en %

I -2005
IV - 2016
Nivel de ingresos

100
100
Hasta 3 SMD
64.0
65.9
Más de 3 hasta 5 SMD

20.2
15.2
Más de 5 SMD

10.8
6.7
No especificado
5.1
12.3

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI: El número de personas bajo el rubro “no especificado” ha venido aumentando debido, probablemente, a que se niegan a contestar al encuestador en razón de la situación de violencia e inseguridad que priva en varias regiones del país. Aun tomando en cuenta este problema, los resultados muestran la predominancia de los bajos salarios y la tendencia que han adquirido los cambios en la estructura de los salarios.
Incluso en las empresas más productivas y volcadas a la exportación como la automotriz, los trabajadores gozan de salarios bajos y éstos no tienden a no aumentar, como los señala Bloomberg (2017). Según este reporte, en 2014, la empresa BMW logró negociar un contrato colectivo, incluso antes de que empezara a operar la fábrica con un salario inicial de un 1.10 dólares por hora  y un salario máximo de 2.53 dólares para los  trabajadores de la línea de ensamblado. Esta cantidad representaba poco más de la mitad de los 2.04 dólares la hora, que es el promedio que se paga en las plantas automotrices mexicanas. El reportaje agrega que los obreros mexicanos de la línea de ensamblado de los automóviles ganan alrededor de una décima parte de lo que ganan sus homólogos estadounidenses y no les alcanza para el sostenimiento de sus familias. Reciben entre dos y tres veces el SMD que, como veremos está muy cerca de la línea de la pobreza.

Debilidad institucional
Los bajos salarios y la precarización del empleo en México se han generalizado tanto en las industrias grandes como pequeñas, en las grandes corporaciones como en las informales. En las primeras, como hemos visto, por su atraso tecnológico y escasa inversión en acervos de capital, mientras que en las segundas se impuso vía la flexibilidad de las relaciones laborales “implícita en el cambio tecnológico y explícita en las nuevas formas de organización (del trabajo)” (De la Garza, 2010: 61) desde finales de los años ochenta.  De esta manera, existe un mercado de trabajo que permite una amplia movilidad entre los puestos laborales con distintos niveles salariales y entre diversos sectores y ramas económicas (De la Garza, E. y Bouzas, A. 1998). Además, desde mediados de la primera década del nuevo siglo la subcontratación, no ha dejado de extenderse en todo el mercado laboral (De la Garza:2010: 70).   
Sin embargo, para entender cabalmente  cómo y por qué se ha generalizado la precarización del trabajo y el comportamiento negativo de los salarios  no basta analizar  el funcionamiento de los mercados, las  razones puramente económicas o los cambios tecnológicos. A ello hay que agregar lo que algunos han llamado una profunda debilidad  de las instituciones laborales.
Desde de la crisis de la deuda de principios de los ochenta y el drástico ajuste que sufrió el país, y luego con más fuerza  a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los gobiernos nacionales promovieron la flexibilización de las relaciones laborales. Dejaron también a un lado la mediación y promoción de los derechos de los trabajadores, lo cual encajaban bien en el esquema neoliberal que se ha sustentado la contención de los salarios como condición básica para mantener la estabilidad macroeconómica.

La política laboral que se aplicó contradecía diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual tuvo como origen el artículo 123 de la Constitución de 1917 y que luego fortaleció su espíritu proteccionista, muy a tono con el modelo de crecimiento de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Durante más de treinta años, a pesar de las presiones de los grupos de empleadores y de los organismos internacionales como el FMI, la ley no se reformó, pero ello no fue obstáculo para que la flexibilización se extendiera en la vida real de las empresas y las relaciones laborales. Para remediar esta incongruencia se llevó a cabo una reforma a la LFT en 2012[8] que pretendió legalizar lo que ya era una práctica generalizada particularmente en el llamado salario por horas y en la intermediación laboral. Sin embargo, esta reforma no ha logrado poner orden en las relaciones laborales.
La gran distancia que desde hace décadas existe entre la ley y la vida real se mantiene inalterada y ello ha provocado una marcada debilidad de las instituciones.
Esta debilidad institucional se manifiesta en una nula vigilancia y aplicación de la ley por las autoridades del ramo (inspección del trabajo) y en la ausencia de sindicatos legítimos y la proliferación de contratos de protección[9].
La existencia de estos contratos de protección y de sindicatos de papel puede explicarse debido al control del gobierno sobre el registro y vigencia legal de los sindicatos, prerrogativas que se originaron desde principios de los años treinta. Desde entonces, de manera casuística, según de quién se trate, se otorgan registros a las organizaciones sindicales y reconocimiento a los dirigentes afines al gobierno en turno. Lo mismo sucede con el derecho a la contratación colectiva, la cual también depende de las decisiones políticas del gobierno.

Los contratos de protección ocultan la  ausencia de un estado de derecho en el ámbito laboral. Las mafias sindicales han convertido la contratación colectiva y la representación simulada de los trabajadores en negocios rentables, con base en el chantaje a los empleadores y  las cuotas que cobran a los trabajadores. Esta simulación  reproduce y fortalece la corrupción.

Mantener un régimen de ficción en el mundo laboral está provocando un alto costo social y representa un importante déficit democrático. La inexistencia de sindicatos representativos acentúa la asimetría del poder entre empleadores y empleados y provoca una ausencia de interlocución entre el mundo del trabajo y el Estado. Ni las autoridades, ni las organizaciones de empresas y empresarios pueden entablar un diálogo con los trabajadores simplemente porque la representación de estos últimos es muy débil o de dudosa calidad. En estas condiciones, el dialogo social se vuelve muy difícil para entablar negociaciones en beneficio de los trabajadores y no sólo de las empresas.

Desigualdad y Pobreza laboral
El bajo crecimiento económico, la debilidad de la oferta laboral, sobre todo en los sectores más dinámicos, la precarización general del empleo, la caída de la masa salarial y la debilidad institucional han propiciado una mayor desigualdad.
Esta se puede observar , como se señaló antes en la desigualdad entre regiones, entre los géneros (por una mayor precarización del empleo en el caso de las mujeres) y desde luego en la relación entre capital y trabajo.  
Antes de la crisis de 1982, la participación de los salarios en el PIB había llegado a poco más del 40% según Samaniego (2016: gráfica XI.25: 315) para luego caer en los ochenta a menos del 30%. Se elevó  poco más de esta cifra entre finales del siglo XX y principios del XXI para luego caer otra vez por la crisis mundial hasta alrededor del 27%.
Esta desigualdad creciente ha ido acompañada también por una pobreza laboral crónica que ha empeorado en los últimos años. En el informe trimestral de CONEVAL sobre Pobreza Laboral se señala que: “El poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares (ingreso real) cayó 16.4% entre el tercer trimestre de 2007 y el tercer trimestre de 2014, lo que significó que en estos años aumentó el porcentaje de personas que no podían adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo” (CONEVAL, 2017).
Por su parte el ITLP-IS (Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza) aumentó de 0.85 antes de la crisis a más 1.10 para luego caer moderadamente hasta poco menos de 1.05 a finales de 2016[10]. Según el mismo estudio, y para mayor precisión, el ingreso laboral per cápita registró una pérdida real, con base en los precios de la canasta alimentaria, de 26% entre principios de 2007 y el segundo semestre de 2016
En 2014, el panorama de la pobreza en México registraba las siguientes cifras:  
Cuadro 12
Porcentaje y número de personas por indicador de pobreza
Indicadores
Porcentaje
Millones de personas
Pobreza


Población en situación de pobreza


46.2


55.3
Población en situación     de pobreza moderada
36.6
43.9
Población en situación de pobreza extrema
9.5
11.4
Población vulnerable por carencias sociales
26.3
31.5
Población vulnerable por ingresos
  7.1
8.5
Población no pobre y no vulnerable
20.5
24.6
Bienestar


Población con ingreso inferior al bienestar mínimo
20.6
24.6
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
53.2
63.8
               Fuente: CONEVAL, 2017

Como puede observarse, si sumamos las personas en situación de pobreza con las que son vulnerables por los ingresos que reciben (es decir que pueden entrar o salir de la pobreza por algún problema relacionado con el mercado de trabajo), tenemos un total de 53.3% o 63.6 millones de personas. De la misma manera, el total de la población que recibe un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porque no les alcanza a adquirir la canasta alimentaria y sufren hambre) y la que recibe ingresos inferiores a la línea de bienestar (pues no puede adquirir otros bienes básicos como vivienda, educación, salud, etc.) suma 53.2%, un total de 63.8 millones de personas. Ello quiere decir que la razón fundamental de la pobreza reside en los ingresos insuficientes que recibe la población por las ocupaciones que desempeña. Sólo un poco más del 20% del total de la población mexicana puede ser  considerada que no es pobre ni vulnerable  y que lo es porque no tiene carencias sociales y recibe ingresos suficientes para cubrir sus gastos más elementales.  
Conclusiones
La integración de México a la globalización capitalista de finales del siglo pasado se construyó, de manera prioritaria, sobre la base del TLCAN. Para ello, las élites gubernamentales y del poder económico abrieron los mercados de bienes y capitales y centraron su atención en el  fomento a las exportaciones, principalmente de manufactureras, lo que resultó muy exitoso. Los pilares de esta integración fueron, por un lado, la estabilidad de precios y del tipo de cambio, con el objetivo de atraer la inversión extranjera y nacional en aquellos bienes que resultaran atractivos para el mercado internacional, cuidando que los saldos comerciales y de la balanza de pagos no se convirtieran en un riesgo para la estabilidad macroeconómica del país. Ello requirió un control sobre la demanda interna y del gasto público, sin alterar el régimen fiscal. Bajo estas condiciones, la inversión pública disminuyo, sobre todo en el ramo de la infraestructura. Al mismo tiempo, se aplicó una política de contención de los salarios y se otorgó una amplia flexibilidad laboral a los empleadores. El resultado, sin embargo, no fue tan exitoso desde el punto de vista del crecimiento del conjunto de la economía debido a que la inversión se concentró en un sector reducido de ramas industriales y empresas. No hubo, paralelamente, una política industrial que permitiera generar los eslabonamientos productivos con otras ramas económicas y tampoco una política de inversión pública que alentara la apertura de nuevos campos de inversión (De Maria, 2016). Tampoco se diseñaron mecanismos para ampliar el crédito a las empresas.
El costo de este esquema de crecimiento y de conducción de la política económica consistió en una ampliación de las desigualdades en la estructura productiva, lo que propició también una desigualdad creciente entre regiones, entre el trabajo y el capital, en la distribución del ingreso de los hogares, entre hombres y mujeres, y una pobreza crónica que no ha podido atenuarse significativamente debido a los bajos salarios y a la precarización del empleo.
La política laboral ha ido acompañada también de una debilidad institucional muy marcada, lo que ha dado lugar a una distancia muy grande entre la ley y la realidad que impera en las relaciones laborales. Esta debilidad se ha traducido en una mayor asimetría de poder entre los empleadores y los trabajadores que, en el caso de las grandes empresas, ha sido aprovechada para mantener artificialmente bajos salarios, al margen de los aumentos de la productividad y de su modernización y crecimiento, y de prácticas laborales que han puesto a los asalariados en una situación de vulnerabilidad extrema no sólo en lo que toca a la defensa de sus derechos laborales en las empresas (prestaciones, riesgos de trabajo, estabilidad en el empleo) sino también en el disfrute de otras provisiones de bienes sociales como la salud, las pensiones y la vivienda.
De esta manera, el mercado interno se ha adelgazado, y no ha sido un factor determinante para alentar el crecimiento económico. Por el contrario, la idea dominante en los círculos gobernantes y empresariales es que la contención de la demanda interna es indispensable para mantener la competitividad y la estabilidad económica del país.
Bajo esta orientación se han subestimado o de plano descartado los costos sociales de este esquema de crecimiento, lo que ha sido favorecido por la ausencia de sindicatos representativos que pudieran reclamar o hacer visibles estos costos.
En momentos de crisis, como la que se ha vivido desde 2008, los costos sociales tienden a aumentar en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores. A pesar de ello,  y de los cambios que se han observado en el panorama mundial, incluyendo el triunfo del Presidente Trump, con un visión más proteccionista que sus antecesores, el gobierno mexicano sigue convencido de que el camino seguido hasta ahora debe mantenerse. De esta manera, el gobierno carece de alternativas frente a las crisis internas y externas, en el ámbito económico, político o social,  confiado en que éstas podrán  controlarse de alguna manera o que serán transitorias. Con ello condenan al país a seguir un patrón de crecimiento lento, sujeto a los vaivenes de la economía norteamericana y de las decisiones que allá se tomen, y a un riesgo cada vez mayor de agudización de las contradicciones sociales y sus efectos en la vida democrática del país. Las fracturas cada vez más visibles del país debido a las desigualdades que lo aquejan y la consolidación de la pobreza como un fenómeno crónico que afecta de una u otra manera al 80% de la de la población, debería llevar a un replanteamiento del curso del desarrollo del país y a la búsqueda de nuevas prioridades e instrumentos para acelerar el crecimiento y mejorar la distribución de la riqueza y del ingreso.  Para ello, el balance de los últimos años, sobre todo desde la vigencia del TLCAN, forma parte de una reflexión indispensable.

Bibliografía
Libros
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CEPAL. (2014). Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible. Santiago de Chile: CEPAL.
De la Garza, E. y Bouzas, A. (1998) Contratación colectiva y flexibilidad del trabajo en México. México: IIEc-UNAM.
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Tello, C. (2007). Estado y desarrollo económico: México 1920-2006. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.
Varios autores (2012). México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Capítulos y artículos de libro
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Bouzas, A. y Gaitán, M. (2001). Contratos colectivos de trabajo de protección. En Bouzas, A. (comp.), Democracia sindical (pp. 49-66). México: IIE-UNAM
Cárdenas, E. (2015). La economía mexicana en el dilatado siglo XX, 1929-2010. En Kuntz, S. (Coord.), La economía mexicana 1519-2010 (pp. 232-303).  México: El Colegio de México.
Capraro, S. (2015). Política monetaria y salario mínimo en México: una visión crítica. En Mancera, M.A. (Coordinador), Del salario mínimo al salario digno (pp. 91-147). México: Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
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Artículos de Revistas
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[1] Un estudio de algunas de esas reformas, sobre todo las que se aprobaron en los últimos años, se puede encontrar en (Hernández, T. et al, 2016).
[2] La encuesta se rediseñó a partir de 2005 para tener una mejor medición del desempleo. (Heath, J. 2012: 87). El autor considera también que la tasa de desempleo abierta es menor en México que en otros países debido a la ausencia de un seguro de desempleo. 
[3] Una reflexión más amplia sobre el tema se puede encontrar en (Escobar, S. 2012: 159-169)
[4] En 2012 el salario mínimo federal en EU (aunque hay variantes estatales) era alrededor de 12 veces más el salario mínimo promedio de México (Pew Center, 2012)
[5] Sobre esta cuestión véase (Traub, A. y Major, D. 2009) donde se habla de un” two-tiered labor market”, un mercado de trabajo de dos pisos en Estados Unidos donde, en uno de ellos se cumple la ley y en el otro, el de los inmigrantes, no se cumple. “En Estados Unidos opera un sistema de explotación laboral por la vía de la flexibilización y precarización del trabajador migrante, que le confiere, en el mayor de los casos, un estatus indocumentado y propicia su desvalorización acentuada”. (Delgado. R. y Márquez, H. 2006: 88).
[6] Una revisión histórica de la evolución de los salarios mínimos y contractuales desde principios del siglo XX se ofrece en (Escobar, S. 2016: 317-350)
[7] El caso fue analizado incluso por la Comisión de Derechos Humanos de México que concluyó que la insuficiencia de los salarios mínimos viola la Constitución y los Derechos Humanos y recomendó su “recuperación gradual y sostenida”. (CNDH 2016: 24-27). Disponible en línea.
[8] Cf. Escobar, S. (2016 b: 197-203)
[9] Los contratos colectivos de protección patronal son instrumentos jurídicos que se pactan sin el conocimiento de los trabajadores entre un sindicato legalmente registrado y el patrón o representante de la empresa. Contienen las prestaciones y derechos mínimos que marca la ley y nunca son negociados con los representantes legítimos de los trabajadores. Estos contratos simulan cumplir la ley, bajo la apariencia de que existe una organización representativa de los trabajadores. Según algunos investigadores, 90 por ciento de los trabajadores están contratados bajo este esquema ficticio (Bouzas y Gaitán: 2001). Diversas organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su preocupación y repudio a estas negociaciones simuladas, como la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, la IndustriALL Global Union, y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (orit). La OIT analizó las quejas (caso 2694 México) e informó que “en agosto de 2013 se llevó a cabo una reunión entre la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Gobierno, en las que el Gobierno reconoció que existen los contratos de protección, pero señaló que no tienen el carácter de un instrumento legítimo dentro de la ley. El Gobierno se comprometió a dialogar con los sindicatos para buscar una solución al respecto y para tomar medidas para ratificar el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)”. Esto último no ha sucedido y las prácticas de negociación laboral simuladas continúan afectando a la mayoría de los trabajadores.
[10] Según CONEVAL, el ITLP refleja el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares en relación a la canasta alimentaria. Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo del hogar mejora y el ITLP-IS tiende a bajar. De forma inversa, si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo empeora y el ITLP tiende a subir.
(CONEVAL, IV-2016, versión electrónica)