La reforma de las pensiones: privatizar ganancias y socializar pérdidas (de nueva cuenta).

Saúl Escobar Toledo
 

El anuncio dado a conocer en Palacio Nacional el 22 de julio, justo hace una semana, en el sentido de que se enviará una iniciativa de ley “tripartita” destinada a “fortalecer el sistema de pensiones”, deja más dudas que certezas. Ello se debe en buena medida a que no se conoce el texto de la reforma. De esta manera, varias de las metas señaladas en el comunicado oficial no están claramente sustentadas y dejan muchas interrogantes en el aire. Los ejes fundamentales que se plantearon fueron: a) un aumento escalonado de las aportaciones al seguro de retiro; b) una disminución importante del número de semanas requeridas para alcanzar una pensión; y c) un incremento a la cuantía de la pensión mínima garantizada.

Para lograr lo anterior, la aportación patronal aumentará en forma gradual de 5.15% a 13.87% en un lapso de ocho años. Y aquí empiezan los cuestionamientos porque sorprende que los representantes de los empresarios que apenas un día antes reclamaban subsidios y apoyos del gobierno, ahora festejen un proyecto de ley que afectará directamente a las empresas. Adujeron que estas aportaciones entrarán en vigor hasta 2023. Pero dos años de gracia no puede considerarse un plazo apropiado pues aún no sabemos el momento en que la economía se vaya a recuperar al punto en que se considere que están dadas las condiciones para aumentar los costos laborales. Tampoco está claro, como se dijo extraoficialmente, que las pequeñas y medianas empresas no serán afectadas debido a que “el aporte patronal será diferenciado de acuerdo (con) los ingresos de los trabajadores”. 

Este esquema tendrá que ser explicado más detalladamente ya que puede inducir a que los patrones (de todo tipo) congelen los ingresos de sus trabajadores. Como dijo el líder del CCE en una entrevista a un medio de comunicación, lo cual fue reportado oportunamente por El Sur, “nuestra sugerencia a todas las empresas es que el punto porcentual se negocie dentro del paquete de prestaciones. Es decir, si le ibas a dar 7 por ciento de aumento al trabajador, darle 6 por ciento al salario y un punto se lo dejas en el cochinito”(sic). Muchos otros especialistas incluso del sector privado han advertido que la reforma alentará la informalidad, puede ser un factor inflacionario y será un freno para la inversión del país. Hay entonces un riesgo evidente:  el aumento de la cuota patronal será pagado de una forma u otra por los trabajadores y afectará sensiblemente el crecimiento del empleo formal y bien pagado.  

Debe quedar claro que, para fines prácticos, técnicos y legales, se trata de una reforma fiscal ya que  según el Código respectivo, las aportaciones a la seguridad social se consideran contribuciones para los gastos públicos, obligatorias para las personas físicas y morales “conforme a las leyes fiscales respectivas”. El aumento de la cuota patronal puede calificarse como una reforma regresiva, muy distinta a la que se había propuesto por un grupo amplio de organizaciones y personas, consistente en aumentar los gravámenes, mediante la Ley del Impuesto sobre la Renta (a las personas físicas), a las grandes fortunas que concentran la enorme mayoría de la riqueza y los ingresos en este país. Una pena que se haya optado por un camino totalmente distinto.

El segundo objetivo, la disminución de las semanas de jubilación (de 1250 a 750) probablemente beneficiará a los trabajadores que les toque en suerte gozar esta nueva disposición, pero no está claro a partir de cuándo. Algunos asumen que al otro día que se apruebe la ley mientras que otros suponen que ello sucederá al final del periodo de transición, allá por el 2030. Además, para mayor confusión, el boletín oficial afirma que este requisito “posteriormente se elevará gradualmente, en un periodo de 10 años, a 1,000 semanas”. ¿En qué quedamos entonces?

 Subsiste, por otro lado, el problema de la cobertura. Los altos niveles de informalidad, cercanos al 60% han sido la causa principal de que el sistema haya incluido a un reducido número de trabajadores; sin embargo, también debe tomarse en cuenta la enorme cantidad de ocupaciones vulnerables o precarias (muchas de ellas por medio de la subcontratación). La reforma no ofrece alternativas para mejorar la calidad del empleo y, además, deja pendiente, de manera indefinida, los cambios para los trabajadores del apartado B.

El tercer objetivo, el incremento de la cuantía de la pensión mínima garantizada,  llama igualmente la atención por la vaguedad de los números debido a  que, se afirma, esta aportación se incrementará en función de la edad, el salario y las semanas de cotización. En declaraciones hechas por un funcionario del CCE se aseguró   que el gobierno pagará más a los que ganan menos, por ejemplo, “si un trabajador gana un salario mínimo el gobierno asumirá el 100% del aumento”.  La pregunta que surge es ¿cuánto significará para las finanzas públicas esta nueva carga? ¿Qué tanto representará en materia de endeudamiento público?

Otras afirmaciones hechas por funcionarios de Hacienda y el CCE parecen sólo buenas intenciones: por ejemplo, reducir las comisiones de las AFORES.  Éstas, por cierto, manejarán, según estos voceros, una cantidad de recursos que pasará de un estimado actual de 17.2% hasta el 40% del PIB. Sin duda éste es uno de los objetivos de la reforma que motiva tanta alegría a sus impulsores. Por lo menos eso se desprende de los estudios de la OCDE y de la iniciativa del Partido Acción Nacional, documentos que, muy probablemente, sirvieron de base al documento presentado ese miércoles 22.

Por otro lado, está el tema de los rendimientos. Teóricamente, para que el trabajador obtenga una buena pensión, las SIEFORES tienen que invertir en instrumentos muy rentables. De ahí la propuesta de que se eleve el porcentaje permitido para fondos de renta variable en el extranjero. Ello, sin embargo, implica mayores riesgos. Por el contrario, invertir en bonos de deuda pública es más seguro, pero ofrece menores rendimientos. Esta contradicción, junto con el cobro de jugosas comisiones, ha causado una incertidumbre permanente y frecuentes altas y bajas en las cuentas de los trabajadores. Se trata de un problema sin solución porque el sistema se basa en un negocio diseñado para ofrecer ganancias a las agencias privadas, no mejores prestaciones laborales.

En síntesis, la reforma puede castigar a las pequeñas y medianas empresas y afectar negativamente el empleo y los ingresos laborales. La prisa por anunciar una reforma que empezará a aplicarse, probablemente, dentro de dos años, no sólo desentona con el momento económico que estamos viviendo. Desde el punto de vista político parece sellar un compromiso del gobierno con el sector más poderoso de los empresarios para cancelar definitivamente otras reformas como la de gravar a las personas más acaudaladas, establecer un seguro de desempleo, y el financiamiento de otros programas como la renta básica. Además, contradice la promesa presidencial de no aumentar la carga fiscal ni endeudar más al país. Cuestiones que, por cierto, recaerán, principalmente, en la administración que tomara posesión en diciembre de 2024 (no importa de qué signo partidario).

La presentación de la iniciativa de ley y su discusión en el congreso seguramente despertará reacciones no tan festivas como las que se dieron en Palacio Nacional. No puede esperarse que muchos empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, se sientan tan conformes; ni que otras representaciones sindicales, incluso las que formaron parte del viejo aparato corporativo, vayan a quedarse calladas. Esperemos que los legisladores, sobre todo del partido mayoritario, estén dispuestos a promover un debate amplio e informado. Según la OIT, de 30 países que privatizaron el sistema, 18 lo revirtieron y regresaron a un modelo público y solidario. Y tuvieron éxito. ¿Por qué entonces, reforzar un modelo que ha saqueado los bolsillos de los trabajadores?

 

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El T-MEC ¿una alternativa para el crecimiento y el desarrollo de México?

T-MEC: Un ferrocarril detenido en la estación

Saúl Escobar Toledo

 

La visita a Estados Unidos del presidente López Obrador el día 8 de julio se ha recibido con beneplácito en diversos sectores de la sociedad mexicana. A pesar de que el viaje fue seguramente requerido por el mandatario de aquel país para fines electorales y de que se corría el riesgo de un gesto ofensivo de su parte, el resultado -se ha dicho- fue positivo. Es probable que para Trump lo haya sido pues quería hacer un gesto de acercamiento a los votantes de origen “latino”. Para el gobierno de México, por su lado, resultó una aventura con costos relativamente bajos. Entre los más importantes, la reprobación muda o explícita de los trabajadores mexicanos que radican en EU y que simpatizan en su gran mayoría con los demócratas y son parte de las bases de las organizaciones sindicales, las cuales también han mostrado su preferencia con la oposición al Sr. Trump. En cambio, López Obrador parece haber logrado un reencuentro con los empresarios y sus diversos bloques y expresiones, y la aprobación casi unánime de sus partidarios que no se sintieron decepcionados y pudieron respirar con tranquilidad y alivio al final de la jornada.

Sin embargo, en este tipo de eventos, las victorias diplomáticas y políticas suelen ser pasajeras. Como dicen que dijo José Saramago: “La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”. (Cf. “José Saramago: una mirada triste y lúcida” de Andrés Sorel). En el caso de Trump su gesto puede quedar corto y perder la elección de noviembre. De hecho, su encuentro con el presidente López Obrador tuvo pocas repercusiones mediáticas: el candidato republicano tendrá que hacer muestras más efusivas hacia los llamados “hispanos”, lo cual podría restarle votos en su lado duro antiinmigrante.

Por su parte, Andrés Manuel, a su regreso a nuestro país, tuvo que enfrentar la compleja situación interna marcada por la epidemia y la caída de la economía, todo lo cual está repercutiendo en un aumento muy acelerado de la pobreza, el desempleo y la inconformidad social. La conferencia nocturna del subsecretario López -Gatell del viernes 10 confirmó lo que la OMS había señalado poco antes: en varios estados del país hubo una apertura muy acelerada del desconfinamiento y un repunte de los contagios a tal grado que la enfermedad se ha “descontrolado”. Ello tendría que llevar, de acuerdo con el funcionario, a volver a cerrar establecimientos comerciales y productivos, y a acelerar las reconversiones hospitalarias. La OMS señaló y López Gatell, también coincidió en que ha habido una “vigilancia epidemiológica débil”. El problema es que la coordinación entre la federación y los estados no está funcionando.

Particularmente sensibles son los casos de rebrotes en Cancún, Matamoros y en el estado de Tabasco pues son ejemplo de las actividades económicas que urgía echar andar: el turismo, la maquila y la construcción de la refinería.

La ausencia de apoyos directos a las familias que han perdido su trabajo (formal o informal) y a las microempresas, está generando mayor desesperación y la desobediencia a las indicaciones sanitarias más elementales. Aunque la querella se ha centrado, erróneamente y con fines políticos, en la persona del subsecretario de salud, el verdadero problema radica en que la pobreza y el hambre están alcanzando a millones de mexicanos por las medidas de reclusión, la caída del consumo y la desaparición de cientos de miles de micronegocios.  Todo ello empuja a reaperturas desordenadas y a conflictos entre autoridades de distintos niveles.

Ahora bien, la posibilidad, como se repitió varias veces ese miércoles en Washington, de que el T-MEC sirva para reanimar la economía de la región es por lo pronto, casi nula. Basten algunas cifras: la producción manufacturera en EU disminuyó 5.5% en marzo, 19.5% en abril y 16.5% en mayo. Destaca en especial, por sus implicaciones para el Tratado, la caída en la producción de autos:  de 2 millones 760 mil unidades en febrero a 542 mil en mayo (más de 80%). No resulta sorprendente que las exportaciones totales de nuestro vecino bajaran de 207 miles de millones de dólares (mmd) en febrero a 144.5 mmd en junio (-30%) y que las importaciones se redujeron de 247. 5 miles de millones de dólares en febrero a 199 mmd en junio (-19.5%).

Estas cifras sugieren que la reconstrucción de las cadenas de valor entre EU y México tardará un buen tiempo. Las nuevas inversiones van a dilatarse y por lo pronto las fábricas funcionarán por debajo de su capacidad instalada. Además, nadie, ni por supuesto los empresarios que asistieron a la cena esa noche en la Casa Blanca están seguros de que esta reconstrucción vaya a darse en los mismos términos históricos de los últimos decenios.

Según James Galbraith, la economía de Estados Unidos tardará mucho tiempo en salir de la crisis debido a que la demanda mundial de bienes y servicios de tecnología avanzada en sectores como la industria aeroespacial, tecnologías de información, armamento, servicios petroleros o finanzas es probable que se recuperen muy lentamente.  Por su parte, el mercado interno estadounidense va a resentir una disminución del consumo, sobre todo en el sector servicios que más empleos ha generado en ese país. Más importante aún: el gasto de las familias en los 60 estaba impulsado por un alza en los salarios. En cambio, argumenta Galbraith, en esta última etapa, las remuneraciones no crecieron    a la misma velocidad   y el aumento del gasto en la última década ha dependido de la contratación de mayores deudas personales y corporativas. El peso de esas obligaciones frenará aún más la oferta y la demanda.  

El T-MEC tiene por lo menos dos problemas adicionales que pueden detener las inversiones hacia México: las cláusulas que se refieren a las reglas de origen, la solución de controversias, y el capítulo laboral. Las empresas tendrán que aprender a enfrentar estas nuevas disposiciones, lo que las obligará a ser más cautas en el corto plazo.

En cambio, la disputa de EU con China puede representar una nueva oportunidad para nuestro país. Sin embargo, para los grandes corporativos, salirse de ese país asiático y trasladarse a nuestro territorio representa una decisión muy compleja. A corto plazo, la ruptura de las cadenas productivas existentes entre China y EU ahondaría la recesión mundial. No es lo mismo cambiar de lugar una fábrica que apretar un botón para mover cientos de miles de dólares de un banco a otro, o de un paraíso fiscal en Suiza a las Islas Caimán. Las inversiones no financieras funcionan de otra manera: la globalización de la producción (mediante el llamado outsourcing) tardó en consolidarse desde los ochentas hasta bien entrados los noventa. A todo esto, habría que agregar que las nuevas manufacturas que inundan el mercado mundial son, en buena parte, de alta tecnología. Volver a México un actor relevante en esos sectores requeriría un cambio profundo que nadie, ni los empresarios ni el gobierno está planeando ni preparando.  Parecen haberse resignado a que permanezcamos como una economía maquiladora, lo cual traería los mismos resultados de las últimas décadas: bajo crecimiento, mayores desigualdades y pocos empleos productivos.

En resumen, el T-MEC es por lo pronto un proyecto afectado más por las incertidumbres que por la confianza de los inversionistas. Es un tren detenido en la estación y no hay seguridad de cuándo echará a andar y a dónde se dirigirá.  La economía de la región (México, EU y Canadá), como la globalización mundial, están en plena resaca. Cuándo y qué tipo de oleada vendrá, nadie lo sabe y es probable que tarde varios años en hacerse realidad. Mientras tanto, la contradicción entre desacelerar los contagios o la actividad económica sigue siendo un dilema sin resolver en ambos lados de la frontera. Nuestro gobierno y el poder legislativo tienen que hacerse cargo ya de esta situación, y tomar las decisiones correspondientes.

 

El falso dilema de la Gran Disrupción

Saúl Escobar Toledo

¿Cuántas vidas humanas equivalen a un punto porcentual del producto interno bruto (PIB)?

Hasta ahora, la pandemia causada por el Covid-19 no ha encontrado otros remedios más eficaces que la reclusión domiciliaria y el distanciamiento social para detener los contagios y la pérdida de vidas. Se frenaron casi todas las actividades económicas en el planeta durante varios meses: tuvo lugar la Gran Disrupción 2020. Ahora, se está planteando la necesidad de reabrir algunas labores. Una decisión muy compleja pues persiste el riesgo de que se aceleren de nueva cuenta la propagación de la enfermedad. ¿Cómo tomar una decisión acertada ?

Algunos gobernantes, por ejemplo Donald Trump, ha sostenido “que no podemos permitir que el remedio sea peor que la enfermedad”. Su consejero económico, Larry  Kudlow señaló, en el mismo tono,  que:   “el daño económico causado por el distanciamiento social es simplemente demasiado grande. No podemos detener la economía y tendremos que encontrar los puntos de equilibrio (trade-offs) entre la protección de nuestros ciudadanos contra el virus y el regreso de las actividades del mercado bursátil a su nivel anterior”. Es decir, el Sr. Kudlow quiere averiguar cuantas personas equivalen a tantos puntos del índice Dow Jones de Wall Street.

Formularse así las cosas podría llevarnos, como ha escrito con sorna Michel  Husson ( del Instituto sindical de investigaciones económicas y sociales de París), a la tentación de elaborar un modelo que nos lleve a un  punto de “equilibrio” óptimo entre el número de   contagiados y el volumen de las actividades económicas. Tal cosa sería desde luego absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético, pero también demostraría la absoluta incapacidad de la ciencia económica (y en general del conocimiento humano) y de la política para tratar de encontrar otra solución que ponga por delante la vida humana.

La pregunta debería entonces formularse de otra manera: ¿qué hacer para reducir al máximo la pérdida de vidas y al mismo tiempo echar a andar los mercados de la manera más segura posible?. Para encontrar una respuesta se requiere una acción decidida del estado; la convicción de que se necesitan cambios inmediatos; y la participación activa de la sociedad (sobre todo de las organizaciones sindicales).

En el caso de México, para proteger el empleo, conviene tratar de construir una agenda que pueda servir para el debate. Aquí unas notas, seguramente incompletas:

1.- Seguro de desempleo

Las empresas (de todos tamaños y sectores) están enfrentando serios problemas para mantener la plantilla laboral ante la caída de la demanda y la falta de insumos. Algunas podrán soportar varios meses, otras cerrarán definitivamente y habrá también las que tratarán de recortar una parte de su personal. Un seguro de desempleo serviría para evitar que las personas despedidas de estas empresas caigan en la pobreza y ayudaría también a estimular la demanda efectiva.

2.- Ingreso vital focalizado y temporal

El debate sobre una renta básica universal lleva ya varios años. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, se está hablando de un ingreso básico focalizado por tiempo definido.

Por ejemplo, en Brasil,  se instrumentó  un programa financiado enteramente con recursos públicos con un costo estimado de 18 600 millones de dólares para beneficiar a entre 15 y 25 millones de trabajadores (casi todos informales) que consiste en una ayuda de unos 120 dólares estadounidenses por tres meses que puede duplicarse a 240 dólares en caso de hombres o mujeres solteros con hijos. Un programa similar se está llevando a cabo en Argentina.

3.- Política salarial

El gobierno de la república decidió cambiar la política salarial desde un principio. Gracias a ello, el salario mínimo ha recuperado su valor en términos reales un 35% desde diciembre de 2018 y los contractuales un  4% acumulado en los dos últimos años. Mantener los aumentos reales en las percepciones de los asalariados será más sustentable si se avanzara en la implementación de un seguro de desempleo y un ingreso mínimo focalizado. El riesgo de que los patrones traten de buscar un equilibrio (otro trade off) entre el número de empleados y los aumentos salariales puede convertirse en una epidemia que contagie a muchas empresas.

4.- Reforma laboral 2019

La reforma que abrió la posibilidad de una mayor libertad e independencia sindicales para fortalecer la negociación entre obreros y patrones y  hacer a un lado los contratos de protección  está avanzando pero faltan algunas cuestiones muy importantes. Además, una vez puesto en operación el Tratado comercial, la vigilancia de Estados Unidos sobre México en materia laboral podría ser más severa, de acuerdo con las cláusulas pactadas. Para evitar conflictos con nuestros socios, el gobierno de México tendrá que llevar a cabo una actividad de inspección y conciliación más intensa;   apresurar la puesta en práctica de la reforma (con los recursos presupuestales suficientes); y cuidar que no se lleven a cabo actos represivos contra los trabajadores inconformes, como en el caso de Susana Prieto, defensora de los obreros de la maquila en el norte del país.

5.- Subcontratación

Según el Censo Económico 2018, había un total de 4.5 millones de trabajadores “no dependientes de la razón social” en la que trabajaban. Podemos suponer que forman parte del universo de personas  subcontratadas,  un sector especialmente vulnerable a los despidos, la inexistencia de contratos colectivos  y  la protección de la seguridad social. Es probable que una buena parte de estos trabajadores hayan sido cesados y no figuren en las cifras del IMSS. Es indispensable que el Congreso regule de mejor manera la subcontratación.

Las reformas a la LFT también deberán atender el caso de los trabajadores que laboran bajo la modalidad de plataformas digitales (como en el caso de las empresas Uber de transportación de pasajeros o Didi Eats para la repartición de alimentos) ya que no son reconocidos como asalariados al servicio de un patrón y carecen de todos los derechos laborales.

6.- Pensiones

De acuerdo con la OIT y muchos estudiosos del tema,  el sistema privado de cuentas individuales sujetas al mercado de las AFORES ha representado un gran fracaso. La necesidad de una reforma del sistema ha sido reconocida por el presidente de la república.

Por lo pronto, millones de adultos mayores  reciben solamente la transferencia monetaria del gobierno, equivalente a 2 620 pesos bimestrales. Ahora, según los planes de esta administración, esa cantidad tendrá que ser repartida entre todos los miembros de la familia que no reciben otra prestación.

En resumen, el mercado laboral mexicano ya era muy vulnerable y la Gran Disrupción agravó la  pobreza por ingresos, la ausencia de protección para desempleados, el abandono casi total de los trabajadores informales, la escasa fuerza de negociación de los asalariados y los magros o nulos ingresos para jubilados y adultos mayores.

La expectativa de un repunte de las actividades económicas no va a resolver el daño causado a unos 12 millones de trabajadores (según INEGI) que dejaron de recibir ingresos en abril,  mayo y, probablemente en  junio de 2020. Tampoco está claro que esa reactivación será lo suficientemente rápida para que en el segundo semestre se repongan las plazas   perdidas y las actividades informales que daban sustento a millones de familias.

Por ello, en lugar de confiar en los mercados, sobre todo en el T-MEC, lo que se requiere es una acción decidida del  gobierno de la república y el poder legislativo para frenar la pobreza y reanimar la economía con los menores peligros posibles. Dejar abandonados a los trabajadores que han sido afectados por la disrupción económica es inaceptable desde el  punto de vista de los derechos humanos y no puede ser la vía para construir  una nación mejor preparada para prevenir las  enfermedades, remediar las carencias económicas y ofrecer una vida digna a la inmensa  mayoría de los mexicanos.