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viernes, 26 de abril de 2019

Outsourcing o subcontratación: ¿hay diferencias?


¿Outsourcing?

Saúl Escobar Toledo

Como parte del debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que están a punto de culminar en el Senado, esperemos que con buenos resultados a pesar de la enorme presión empresarial para cambiar el sentido del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, han surgido otros temas importantes. Uno de ellos es el del llamado outsourcing.
Tanto los medios de comunicación como los diputados y senadores utilizan ahora este término como si su significado estuviera perfectamente claro. Sin embargo, como veremos, las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, habría que decir que se trata de un neologismo que se empezó a utilizar en las últimas décadas del siglo pasado y que no tiene una traducción precisa en español. Podría interpretarse como abastecimiento externo, en referencia a las empresas que adquieren un insumo (refacciones, maquinaria, tecnología, servicios o fuerza de trabajo) de otra empresa asociada para producir un bien final. 
Al principio se usaba sobre todo para aludir a la contratación   de mano de obra por fuera de la empresa. De esta manera, la responsabilidad legal, su administración y reclutamiento queda en manos de una tercera empresa, aunque el personal trabaja en las instalaciones que recurre al outsourcing. En este sentido, equivale en español a la palabra subcontratación. De hecho, en la literatura escrita en inglés subcontracting y outsourcing se usan como sinónimos.
Posteriormente, sin embargo, el significado de este vocablo se amplió para referirse a otros fenómenos, sobre todo al desplazamiento de procesos productivos de un país desarrollado a otro menos desarrollado.  Es el caso de las automotrices: Ford, por ejemplo, tienen fábricas de motores en México, pero el resto de los componentes y el ensamble final se realiza en otros países. Otro ejemplo, son las maquiladoras que producen algunas refacciones o componentes para la elaboración de teléfonos celulares, computadoras y otros productos electrónicos.  China se convirtió desde hace varias décadas en el destino favorito de esta modalidad del outsourcing. Posteriormente, el outosurcing se extendió a servicios y tareas como el telemarketing y a otras más sofisticadas, como el diseño de software o programas de ingeniería. En este último caso, India se distinguió como un caso muy exitoso. Sin embargo, hay que recalcar en todas estas modalidades, el diseño, la producción y la distribución de los bienes y servicios adquiridos permanecen bajo el control de los administradores de la empresa matriz.
Así, el outsorcing puede ocurrir dentro o fuera del país inversor (en este último caso también se usa la palabra offshoring) y referirse a, por lo menos, tres modalidades distintas:  1) la subcontratación de fuerza de trabajo, 2) al desplazamiento de fragmentos del proceso de producción a varias empresas localizadas en diversas partes del mundo, o 3) la adquisición de servicios especializados a proveedores diversos. 
En los medios de comunicación, la literatura académica e incluso en los documentos oficiales que circulan en Estados Unidos y otros países de habla inglesa, el término outsourcing se utiliza, casi siempre, para describir los casos 2 y 3. Y es que estos fenómenos han traído, como una de sus consecuencias más importantes, la redistribución de los empleos a nivel mundial ya que las cadenas de valor se han fracturado entre un gran número de empresas localizadas globalmente.  Un reparto que, sin embargo, no es parejo pues las matrices se quedan con la parte más sustanciosa y cara del proceso productivo y por lo tanto con los trabajadores más calificados y mejor pagados.
Destacados investigadores han afirmado que éste es uno de los rasgos más importante de la globalización actual. Los grandes consorcios navegan alrededor del mundo buscando costos más bajos, sobre todo salarios y ventajas fiscales, para elevar rápidamente sus ganancias.  Es sin duda uno de los temas más debatidos en la opinión pública y la academia sobre todo en EU y Europa. Hay un amplio consenso en que ello ha redundado en el desplazamiento o cancelación de puestos de trabajo en los países más desarrollados. Precisamente, el malestar que ha provocado este fenómeno fue una de las causas que propició el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. De ahí sus consignas como América Primero y su preocupación por reducir el déficit comercial, sus críticas al viejo TLCAN, y sus promesas de regresas los empleos a Estados Unidos.
Así pues, es importante no confundir estos tres fenómenos que frecuentemente se engloban bajo el término outsourcing. Hay que subrayar, además, que el offshore outsourcing, es decir la fragmentación, descolocación, externalización, terciarización, o como quiera llamarse en castellano al fenómeno de producir y adquirir insumos de capital o servicios en distintos países para la producción de un bien final, es un fenómeno que surge gracias a los avances de la tecnología (principalmente el internet y las llamadas tecnologías de la información) y la liberalización de los mercados de capitales y mercancías. En cambio, el otro fenómeno, el outsourcing local, entendido como la subcontratación de mano de obra para que labore en las instalaciones de una empresa a cargo de una tercera, tiene que ver más bien con la naturaleza de las instituciones de ese país, sus leyes laborales, sus políticas, la fuerza de sus sindicatos.
Dicho esto, hay que subrayar que, para este último caso, no hay mejor palabra en español que subcontratación. Además, se encuentra ya en nuestra legislación (como régimen de subcontratación) y parecería completamente inconveniente sustituirlo por otro vocablo, en este caso, de un idioma extranjero.
 Diferenciar la subcontratación de los otros fenómenos a los que alude el outsourcing es importante pues de esta manera podremos entender mejor sus causas y consecuencias. Las leyes, las políticas públicas y las acciones que deberían promoverse para enfrentar estos fenómenos no pueden ser iguales. El outsourcing entendido como la instalación en México de empresas que producen refacciones o servicios especializados para la producción de un bien final, como en el caso de las maquiladoras, las automotrices o la aeronáutica, requieren de políticas públicas que alienten la producción de infraestructura, la sustitución de insumos importados, una mayor capacitación de la mano de obra, el fomento de tecnologías producidas localmente, y una mayor protección del trabajo y de los salarios.
En cambio, la subcontratación, es decir la compra de fuerza de trabajo a una empresa externa para evadir la responsabilidad laboral, requiere sobre todo de la aplicación de la ley. En las últimas décadas, las autoridades fomentaron esta práctica que ahora es común en oficinas públicas, negocios de todo tipo, pequeños, medianos y grandes, incluyendo cafeterías, hoteles y reparto de comida rápida, en la industria de la construcción, y hasta en las instalaciones de poderosas empresas e instituciones financieras (Bancomer). Aquí no se trata, en lo fundamental, de una fragmentación de los procesos productivos, producto de la globalización, sino de una política laboral abusiva que se aprovecha de la permisividad gubernamental y de la debilidad de las organizaciones de los trabajadores.
Por ello, ahora que se ha agendado para su discusión, convendría dejar a un lado la palabra outsourcing para referirse a la subcontratación de la fuerza de trabajo. No se necesita ese disfraz idiomático. Tampoco se trata de cuidar la pureza del lenguaje.  El propósito consiste, más bien, en hablar claro y enfrentar el problema en sus justas dimensiones. De otra manera, se puede convocar a un debate en el que se hable de muchas cosas distintas sin llegar a conclusiones que realmente sirvan para corregir las flagrantes violaciones a los derechos laborales.
saulescobar.blogspot.com



miércoles, 10 de abril de 2019


Pensiones: la reforma de la reforma

Saúl Escobar Toledo

Una de las llamadas reformas estructurales más importantes que se impuso en diversas partes del mundo en plena ola neoliberal consistió en el cambio del sistema de pensiones, de un esquema basado en la solidaridad intergeneracional y administrado por el Estado, a otro privatizado, de cuentas individuales, y rendimientos inciertos. 
Esta gran reforma, según un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha resultado un fracaso (el texto completo se pude consultar en:  https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2018/10/Reversing-Pension-Privatizations.pdf). El libro llega a esta conclusión, documentada y sin ambages, a partir de un análisis pormenorizado de 15 países, entre otros, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (desafortunadamente no incluye a México).
Anunciada hace ya más de tres décadas, como la gran solución para enfrentar el envejecimiento de la población y asegurar la sustentabilidad de las pensiones, los resultados han sido, en general, adversos. El análisis ofrece 12 argumentos contundentes, entre ellos, que las tasas de cobertura, es decir el número de trabajadores participantes en el sistema pensionario, se estancó o disminuyó; la tasa de remplazo, o sea el ingreso que recibe el trabajador al retirarse, como porcentaje de su salario cuando estaba en activo, se redujo, provocando una mayor pobreza de los adultos mayores. No se cumplió así con uno de los principales propósitos de la reforma, proveer un pago seguro y digno para los jubilados.  Además, los costos de transición del viejo modelo al nuevo fueron demasiado altos y provocaron fuertes presiones fiscales. Lo mismo sucedió con los servicios de administración, lo que afectó las cuentas de los trabajadores, obviamente reduciendo la cuantía de sus pensiones y aumentando las ganancias de administradoras privadas (en México, las AFORES). El estudio también señala otro problema mayor: la regulación de estos agentes fue laxa, cayendo en manos de grupos de interés pues los órganos encargados de vigilar y administrar el sistema fueron ocupados por miembros del sector financiero privado. Así, se establecieron vínculos entre las autoridades políticas y las empresas con el objetivo de cuidar los intereses de estas últimas, no de los trabajadores. No resulta sorprendente entonces que, al paso de los años, se haya formado un mercado oligopólico, con una baja competencia, dominado por un puñado de grupos multinacionales.
Todavía más, los fondos provenientes del ahorro forzoso de los trabajadores y de las contribuciones patronales (cuando las hubo) no se invirtieron en proyectos de desarrollo nacional sino en los mercados de capitales, alimentando la especulación. Y, cuando se convirtieron en deuda pública, ésta sirvió para financiar los costos de transición, generando un círculo vicioso. Peor aún, en momentos de crisis (como en los años posteriores a 2008), los rendimientos de los fondos se desplomaron y las pérdidas se transfirieron a las cuentas de los trabajadores. De esta manera, según el estudio de la OIT, los principales beneficiarios fueron las grandes empresas financieras.
Esta reforma neoliberal fue apoyada decididamente por los organismos internacionales, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se impuso, muchas veces sin consulta ni diálogo suficiente. Entre finales del siglo XX y principios del XXI, treinta países privatizaron parcial o totalmente sus sistemas de pensiones contributivas. De ellos, catorce fueron latinoamericanos, incluyendo México, otros catorce europeos (sobre todo del Este), Rusia, y dos naciones más ubicadas en África.
En varios casos, cuando se empezaron a ver los resultados de la reforma en los bolsillos de los jubilados, se produjo un amplio malestar social y fuertes protestas obreras, destacadamente en Chile y Argentina por mencionar los más conocidos para nosotros. En otras naciones, los costos fiscales hicieron reflexionar a los gobiernos sobre la viabilidad de la reforma. El estudio da cuenta de que, hasta el año pasado, dieciocho países, es decir la mayoría, habían revertido la privatización total o parcialmente: Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia, y Lituania, Hungría, Croacia, Macedonia, Polonia, Rusia, Kazajistán, la República Checa, y Rumanía. 
Llevar a cabo  la reforma de la reforma, según el estudio de la OIT, arrojó resultados positivos: los beneficios de los trabajadores mejoraron en la mayoría de los casos, aumentaron las tasas de remplazo, se crearon administraciones públicas más eficientes y menos costosas reduciendo los cargos a las cuentas de los trabajadores. El cambio benefició sobre todo a las mujeres. E incluso ha tenido impactos fiscales alentadores,  mejorando las finanzas públicas, por lo menos en el corto plazo, lo que permitió invertir parte de los fondos nacionalizados en proyectos de beneficio general.
En la reforma de la reforma que llevaron a cabo algunos de estos países, se logró también incluir una pensión solidaria no contributiva (es decir financiada con impuestos generales y no mediante cuotas obrero-patronales) de carácter universal. Con ello, el sistema se amplió y los beneficios se extendieron a sectores de la población no ocupados, informales o que no cubrieron los requisitos de años trabajados.
En México, prácticamente todos los problemas señalados como producto de la privatización, también ocurrieron. La generación de trabajadores que se jubilará bajo este esquema en los próximos años recibirá un ingreso muy reducido. La tasa de remplazo será muy baja, incluso más que en los casos estudiados por la OIT; muchos de ellos recibirán una pensión garantizada por el Estado, lo que significará un enorme esfuerzo fiscal. Y otros no recibirán ni un centavo.  La pobreza acecha a millones de adultos mayores que laboraron muchos años y esperan una pensión digna. En nuestro caso, también puede afirmarse que los grandes beneficiarios han sido las compañías financieras, a costa del deterioro de las instituciones, el IMSS y el ISSSTE, y de su capacidad de mejorar sus servicios y cobertura.
Para nadie escapa, incluyendo los representantes de las empresas privadas (AFORES), organismos como el Banco Mundial y la OCDE, y las autoridades hacendarias del nuevo gobierno, que es indispensable llevar a cabo un conjunto de reformas. El problema es que los interesados y ganones de este experimento, con el aparente consenso de personeros del gobierno de AMLO, creen que el mismo modelo pude corregirse con algunas enmiendas, a pesar de que el mundo, como hemos visto, va en sentido contrario. Un proyecto de ley que anda circulando en el Congreso confirma esta creencia. Afortunadamente, no ha sido dictaminado.
La cuantía de lo que está en juego, un mercado financiero de aproximadamente 15% del PIB, según datos oficiales, puede hacer creer a nuestras autoridades que volver a un esquema de administración pública sería una tarea extremadamente riesgosa. Pero el estudio de la OIT ofrece una visión más optimista y tranquilizadora. Además, el malestar social y la extensión de la pobreza y la desigualdad, como resultado del experimento neoliberal, ya están aquí. Es necesario entonces que, una vez resueltas la reforma educativa y la laboral, se abra un gran diálogo social que permita discutir las opciones que tenemos realmente, no sólo aquellas que seguirían engordado a las grandes empresas, casi todas multinacionales. Si dieciocho naciones (incluyendo la Federación Rusa, más poblada y más rica), con el apoyo de sus trabajadores, pudieron llevar a cabo una verdadera reforma de la reforma y reconstruir un sistema público, solidario y más justo, debemos tomarlo en cuenta y actuar en consecuencia.  Corregir el rumbo es posible y necesario. Si se puede, aseguran los expertos de la OIT.


saulescobar.blogspot.com

miércoles, 3 de abril de 2019



Aquí pueden consultar el ejemplar correspondiente al segundo trimestre 
Ruego su atención a la nota “Un nuevo Trimestre Económico “ PP. 229-232.
El resto del contenido fue preparado por la dirección saliente.


http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view/875/1057