Pensiones: la reforma de la reforma

Saúl Escobar Toledo

Una de las llamadas reformas estructurales más importantes que se impuso en diversas partes del mundo en plena ola neoliberal consistió en el cambio del sistema de pensiones, de un esquema basado en la solidaridad intergeneracional y administrado por el Estado, a otro privatizado, de cuentas individuales, y rendimientos inciertos. 

Esta gran reforma, según un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha resultado un fracaso (el texto completo se pude consultar en:  https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2018/10/Reversing-Pension-Privatizations.pdf). El libro llega a esta conclusión, documentada y sin ambages, a partir de un análisis pormenorizado de 15 países, entre otros, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (desafortunadamente no incluye a México).

Anunciada hace ya más de tres décadas, como la gran solución para enfrentar el envejecimiento de la población y asegurar la sustentabilidad de las pensiones, los resultados han sido, en general, adversos. El análisis ofrece 12 argumentos contundentes, entre ellos, que las tasas de cobertura, es decir el número de trabajadores participantes en el sistema pensionario, se estancó o disminuyó; la tasa de remplazo, o sea el ingreso que recibe el trabajador al retirarse, como porcentaje de su salario cuando estaba en activo, se redujo, provocando una mayor pobreza de los adultos mayores. No se cumplió así con uno de los principales propósitos de la reforma, proveer un pago seguro y digno para los jubilados.  Además, los costos de transición del viejo modelo al nuevo fueron demasiado altos y provocaron fuertes presiones fiscales. Lo mismo sucedió con los servicios de administración, lo que afectó las cuentas de los trabajadores, obviamente reduciendo la cuantía de sus pensiones y aumentando las ganancias de administradoras privadas (en México, las AFORES). El estudio también señala otro problema mayor: la regulación de estos agentes fue laxa, cayendo en manos de grupos de interés pues los órganos encargados de vigilar y administrar el sistema fueron ocupados por miembros del sector financiero privado. Así, se establecieron vínculos entre las autoridades políticas y las empresas con el objetivo de cuidar los intereses de estas últimas, no de los trabajadores. No resulta sorprendente entonces que, al paso de los años, se haya formado un mercado oligopólico, con una baja competencia, dominado por un puñado de grupos multinacionales.

Todavía más, los fondos provenientes del ahorro forzoso de los trabajadores y de las contribuciones patronales (cuando las hubo) no se invirtieron en proyectos de desarrollo nacional sino en los mercados de capitales, alimentando la especulación. Y, cuando se convirtieron en deuda pública, ésta sirvió para financiar los costos de transición, generando un círculo vicioso. Peor aún, en momentos de crisis (como en los años posteriores a 2008), los rendimientos de los fondos se desplomaron y las pérdidas se transfirieron a las cuentas de los trabajadores. De esta manera, según el estudio de la OIT, los principales beneficiarios fueron las grandes empresas financieras.

Esta reforma neoliberal fue apoyada decididamente por los organismos internacionales, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se impuso, muchas veces sin consulta ni diálogo suficiente. Entre finales del siglo XX y principios del XXI, treinta países privatizaron parcial o totalmente sus sistemas de pensiones contributivas. De ellos, catorce fueron latinoamericanos, incluyendo México, otros catorce europeos (sobre todo del Este), Rusia, y dos naciones más ubicadas en África.

En varios casos, cuando se empezaron a ver los resultados de la reforma en los bolsillos de los jubilados, se produjo un amplio malestar social y fuertes protestas obreras, destacadamente en Chile y Argentina por mencionar los más conocidos para nosotros. En otras naciones, los costos fiscales hicieron reflexionar a los gobiernos sobre la viabilidad de la reforma. El estudio da cuenta de que, hasta el año pasado, dieciocho países, es decir la mayoría, habían revertido la privatización total o parcialmente: Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia, y Lituania, Hungría, Croacia, Macedonia, Polonia, Rusia, Kazajistán, la República Checa, y Rumanía. 

Llevar a cabo  la reforma de la reforma, según el estudio de la OIT, arrojó resultados positivos: los beneficios de los trabajadores mejoraron en la mayoría de los casos, aumentaron las tasas de remplazo, se crearon administraciones públicas más eficientes y menos costosas reduciendo los cargos a las cuentas de los trabajadores. El cambio benefició sobre todo a las mujeres. E incluso ha tenido impactos fiscales alentadores,  mejorando las finanzas públicas, por lo menos en el corto plazo, lo que permitió invertir parte de los fondos nacionalizados en proyectos de beneficio general.

En la reforma de la reforma que llevaron a cabo algunos de estos países, se logró también incluir una pensión solidaria no contributiva (es decir financiada con impuestos generales y no mediante cuotas obrero-patronales) de carácter universal. Con ello, el sistema se amplió y los beneficios se extendieron a sectores de la población no ocupados, informales o que no cubrieron los requisitos de años trabajados.

En México, prácticamente todos los problemas señalados como producto de la privatización, también ocurrieron. La generación de trabajadores que se jubilará bajo este esquema en los próximos años recibirá un ingreso muy reducido. La tasa de remplazo será muy baja, incluso más que en los casos estudiados por la OIT; muchos de ellos recibirán una pensión garantizada por el Estado, lo que significará un enorme esfuerzo fiscal. Y otros no recibirán ni un centavo.  La pobreza acecha a millones de adultos mayores que laboraron muchos años y esperan una pensión digna. En nuestro caso, también puede afirmarse que los grandes beneficiarios han sido las compañías financieras, a costa del deterioro de las instituciones, el IMSS y el ISSSTE, y de su capacidad de mejorar sus servicios y cobertura.

Para nadie escapa, incluyendo los representantes de las empresas privadas (AFORES), organismos como el Banco Mundial y la OCDE, y las autoridades hacendarias del nuevo gobierno, que es indispensable llevar a cabo un conjunto de reformas. El problema es que los interesados y ganones de este experimento, con el aparente consenso de personeros del gobierno de AMLO, creen que el mismo modelo pude corregirse con algunas enmiendas, a pesar de que el mundo, como hemos visto, va en sentido contrario. Un proyecto de ley que anda circulando en el Congreso confirma esta creencia. Afortunadamente, no ha sido dictaminado.

La cuantía de lo que está en juego, un mercado financiero de aproximadamente 15% del PIB, según datos oficiales, puede hacer creer a nuestras autoridades que volver a un esquema de administración pública sería una tarea extremadamente riesgosa. Pero el estudio de la OIT ofrece una visión más optimista y tranquilizadora. Además, el malestar social y la extensión de la pobreza y la desigualdad, como resultado del experimento neoliberal, ya están aquí. Es necesario entonces que, una vez resueltas la reforma educativa y la laboral, se abra un gran diálogo social que permita discutir las opciones que tenemos realmente, no sólo aquellas que seguirían engordado a las grandes empresas, casi todas multinacionales. Si dieciocho naciones (incluyendo la Federación Rusa, más poblada y más rica), con el apoyo de sus trabajadores, pudieron llevar a cabo una verdadera reforma de la reforma y reconstruir un sistema público, solidario y más justo, debemos tomarlo en cuenta y actuar en consecuencia.  Corregir el rumbo es posible y necesario. Si se puede, aseguran los expertos de la OIT.

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