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miércoles, 28 de agosto de 2019

La economía mexicana: una situación inédita


La economía mexicana: una situación inédita

Saúl Escobar Toledo

Los últimos indicadores de la evolución de la economía mexicana muestran una combinación que no habíamos visto en los últimos tiempos y probablemente en la historia reciente del país. Por un lado, un estancamiento de la producción y una muy débil creación de empleos, aunque el crecimiento de los puestos de trabajo formales (registrados en el IMSS) sea mayor al del producto (PIB), una situación que no es nueva y viene presentándose desde alrededor de 2010. Por otra, una inflación controlada (con una baja en la primera quincena de agosto) y anualizada en 3.3%. Pero, al mismo tiempo, un aumento de los salarios mínimos y contractuales, sobre todo de los primeros y en mucho menor medida de los segundos; un aumento real y por tanto superior al de las últimas décadas. En 2018, entre enero y junio éstos tuvieron cifras negativas a diferencia de lo que sucedió en ese mismo lapso de 2019.  Consecuentemente el comercio minorista aumentó poco más de dos puntos porcentuales.

En pocas palabras, a pesar de que la economía no crece, lo han hecho los salarios y el poder de compra de muchos mexicanos. Lo que habíamos visto en los últimos años era un esquema distinto:  el producto crecía también lentamente, los empleos todavía más, y  una inflación controlada, pero con una disminución de los salrios  (mínimos y contractuales).
La caída en la producción desde luego es el hecho más significativo y preocupante: la industrial cayó 2.9% en el segundo trimestre, acumulando nueve meses de retrocesos, mientras que los servicios, que aportan más del 60% del PIB, probablemente por el aumento de la demanda interna, crecieron un poco. La industria de la construcción ha sido la más afectada con una caída de casi 3%.
La diferencia fundamental entre el pasado y el presente parece estar recayendo en la política salarial, tanto en el aumento al mínimo, que tuvo un alza sin precedentes en las últimas décadas, como en los contractuales. El crecimiento de estos últimos ha sido muy moderado, pero se advierte una política distinta. El gobierno y, en particular las autoridades del trabajo no están interviniendo para que las revisiones se den al parejo de la tasa de inflación esperada. Ya no hay interés en ponerle topes a los salarios.
Repartir mejor el pastel, aunque éste no crezca, podría verse como un escenario aceptable. El problema es que esta situación no puede durar mucho tiempo. En el corto plazo, el estancamiento de la producción va a presionar al mercado laboral y la oferta de empleos, al debilitarse, hará que los salarios se vean presionados a la baja. La posibilidad de un repunte de la demanda por el aumento del consumo interno se ve muy complicaa pues el aumento de los ingresos laborales es todavía pequeño, de alrededor de uno o dos puntos porcentuales. A ello hay que agregar las dificultades que ha habido en el ejercicio del gasto, en particular, las transferencias monetarias de los programas sociales.
Un cambio sustancial del esquema de crecimiento requiere una política de inversiones públicas cuantiosa.  Por ejemplo, para recuperar la industria petrolera y lograr que la producción de crudo y los niveles de exportación se eleven, al mismo tiempo que mejora la producción de gasolinas y refinados. Igualmente, es necesario detonar otras obras de infraestructura que mejoren las comunicaciones y la red de servicios de salud, sobre todo en las zonas más rezagadas del país. Pero la inversión pública, por su propia naturaleza, tendrá efectos en el largo plazo.
La demanda externa, la exportación, ha sido el motor de la economía mexicana desde los años noventa. A tal punto que el ciclo económico del país se alineó al de Estados Unidos.
Sin embargo, el panorama mundial, según diversos analistas, es sombrío. Un reportaje de la AP (Associated Press) lo describe así: fábricas con baja producción, negocios paralizados, el crecimiento global que vacila y las dos economías más poderosas del mundo enfrentadas en una guerra comercial. Hace apenas un año, las grandes economías gozaban de un período inusual de prosperidad compartida, pero ahora la globalización parece estar al borde de caer en una grieta similar a la que precipitó la crisis financiera de 2007.
El enfrentamiento entre Estados Unidos y China y el temor a que el ciclo económico muestre tendencias hacia la recesión, está provocando un nerviosismo general.  La Europa de la zona euro está registrando un crecimiento de apenas 1% y Alemania la gran potencia económica de esta región contrajo su producción en 0.1%. A ello hay que agregar los problemas del BREXIT.
La palabra más usual para definir la situación mundial es incertidumbre. Analistas, instituciones y empresarios la dicen todo el tiempo. En parte tienen razón pues no se sabe qué pude pasar con las estrategias proteccionistas de Trump o cuál será la decisión que vayan a tomar los gobernantes del Reino Unido y los dirigentes de la Unión Europea por su diferendo.  Las alarmas también están sonando debido a que la calidad del crecimiento en Estados Unidos y Europa ha sido mala. Los problemas de la recesión de 2008 no se han resuelto y en cierto sentido se han agravado. Los instrumentos de política económica están casi agotados (sobre todo en materia de política monetaria) y no se avizoran soluciones nuevas ni en la mente ni en la voluntad de quienes toman las principales decisiones en la conducción de la economía en esas regiones del mundo.  
Esa misma palabra, incertidumbre, se ha aplicado retiradamente para describir la situación en México. Pero aquí se mezclan con razones de política interna.  Según algunos voceros de los organismos empresariales, la incertidumbre proviene de que  se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco. Lo que suena más bien a una estrategia de presión para lograr ventajas.
Si el gobierno pudiera desatar para el próximo año (mediante una reforma fiscal o cualquier otro medio) una cantidad de recursos suficientes para estimular el crecimiento mediante inversiones bien planeadas y ejecutadas es probable que nuestra incertidumbre interna pasaría a un segundo plano.
El frente externo es el que realmente puede convertirse en el problema más difícil de resolver. Las relaciones con Estados Unidos enfrentan diversos problemas conectados desgraciadamente con la campaña por la reelección de Donald Trump. Tenemos en esta agenda principalmente la aprobación del T-MEC (el Acuerdo comercial trilateral), el tema de la migración, y las políticas proteccionistas que afectan directamente al país. En el primer caso, nadie pude asegurar que el voto aprobatorio en el Congreso de EU esté asegurado. O que éste se lleve a cabo de inmediato.  Y aunque el tema migratorio parece estar en un impasse, el hecho de que Trump lo haya ligado a sanciones comerciales lo convierte en un tema que abona a la incertidumbre.
Así que la suma de incertidumbre, internas y externas, puede convertirse en un factor real que impida el crecimiento de México para éste y el próximo o próximos años.
Por ello, las medidas que puedan tomarse ahora, en estos meses, cuando la recesión aún no se ha presentado, serán vitales: la definición de un presupuesto más expansivo y un ajuste de las prioridades del gasto público para detectar fallas, desperdicios y retrasos. En pocas palabras, una revisión profunda de la estrategia económica que rescate los componentes esenciales que la animaron desde el principio: una mejor redistribución del ingreso mediante una política salarial más flexible y progresista; fomento al empleo; recursos a programas sociales esenciales, sobre todo en educación y salud.  Revisar metas, evaluar los instrumentos y cambiar lo que sea necesario. Antes de que la incertidumbre se convierta en hechos consumados.

saulescobar.blogspot.com


miércoles, 14 de agosto de 2019


Pobreza, desigualdad y trabajo

Saúl Escobar Toledo



Los informes del INEGI y de CONEVAL sobre la pobreza en México, publicados recientemente, deben ser materia de un amplio debate nacional. Algunas voces se han expresado ya, incluyendo la de aquellos que consideran que hay una considerable subestimación de este problema. La titular del Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli Damián, por ejemplo, ha señalado que según sus estimaciones hay 90 millones de pobres y no 52, como indica CONEVAL. La metodología utilizada tendrá que seguirse discutiendo. Sin embargo, los datos ofrecidos dan cuenta de una persistencia histórica de los niveles de indigencia, pues en los últimos diez años la situación, en el mejor de los casos, no ha cambiado sustancialmente: en 2008 eran 49.5 millones de mexicanos que representaban el 44.4 % de la población y en 2018 pasaron a 52.4 millones, el 42%. Por su parte, la población no pobre ni vulnerable representaba en 2018 apenas el 22% del total, poco más de 27 millones de personas. Por cierto que, si tomamos en cuenta sólo esta última cifra, nos deja un total de 98 millones de personas pobres o vulnerables, una cantidad aún mayor que la señalada por el Consejo de la Ciudad de México.
Ahora bien, considerando, como señala la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares 2018 de INEGI, que más de dos tercios (67%) del ingreso de los hogares proviene del trabajo, nos enfocaremos en este aspecto. Los ingresos por trabajo subordinado (asalariado) representaron  el 84% de esos ingresos y el trabajo independiente sólo el 12%, pero los primeros aumentaron a un menor ritmo en los últimos dos años en comparación de los segundos, lo que quiere decir que aunque la gran mayoría de los hogares depende de un salario, éste resulta cada vez más insuficiente y tiene que ser compensado por ocupaciones por cuenta propia que realiza el integrante de la familia que ya tiene un empleo  o por otro que tiene que salir a buscar un ingreso extra. Entre 2016 y 2018 las remuneraciones por trabajo subordinado disminuyeron en 0.1% mientras que los ingresos por trabajo independiente aumentaron 4.7.
Por su parte CONEVAL, con base en los datos de la Encuesta confirma este aumento de la informalidad señalando que la carencia de Seguridad Social es la más importante, afectando a casi 72 millones de mexicanos, el 57% de la población total. Y aunque aquí hubo una leve mejoría respecto a 2008 pues la cobertura incluyó a 800 mil personas más en un periodo de diez años, el ritmo parece demasiado lento.
Abundando en el asunto, este organismo señala que si sólo tomamos en cuenta los ingresos recibidos por el trabajo desempeñado (y se descuentan los subsidios gubernamentales y otros rubros), la población con una percepción igual o inferior a la línea de pobreza, incluyendo aquella que CONEVAL define como población vulnerable por ingresos sumaba en 2018, 70 millones de mexicanos y representaba el 56% del total. Cifras muy similares a las anteriores.
Lo anterior significa que uno de los grandes problemas del país que explican la pobreza tan extendida y su persistencia crónica reside en que la mayoría de los mexicanos trabajan en ocupaciones informales, con bajas remuneraciones, y en condiciones de alta vulnerabilidad.
Los datos de la Encuesta y CONEVAL sacan a la luz otro asunto de enorme gravedad: la desigualdad regional. En algunas entidades estos parámetros (ingresos inferiores a la línea de pobreza y población vulnerable por ingresos) tuvieron una mejoría y abarcaron a menos de la mitad de la población. Por ejemplo, en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. En cambio, en otros estados, la situación fue la inversa, ya que estos indicadores   empeoraron o se mantuvieron prácticamente igual entre 2008 y 2018. Fue el caso de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.  Por supuesto, la lista de entidades donde el número de personas pobres es mayoría absoluta es más extensa y habría que mencionar también a Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Veamos algunos ejemplos en ambos extremos:  en Baja California la población con ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza representaba el 36.6% en 2018 pero en Chiapas abarcaba al 81.4%. Además, la desigualdad se ha profundizado: en Nuevo León este mismo sector de la población pobre pasó de 35.8 a 27.7% del total, mientras que en Veracruz aumentó de 57.4 a 74%.
Otros datos: en las entidades donde los indicadores de ingreso son mejores, la proporción de trabajadores asalariados tiene, en su mayoría, un contrato de trabajo. Así, para seguir con los mismos ejemplos, en 2018, en Baja California, el 61% tenía un contrato y el 39% no lo tenía; en Nuevo León, los porcentajes eran del 64 y el 36%. Por su parte, en Chiapas, el 27% tenía contrato y el 73% no, y en Veracruz, los indicadores fueron el 32 y el 68% respectivamente.
En Guerrero, las cifras son similares a las de las entidades menos favorecidas: el 72.5% de la población tenía, en 2018, ingresos inferiores a la línea de pobreza o era vulnerable por ingresos. Situación que no cambió en los últimos diez años. La carencia de seguridad social alcanzó a 76%.  Los trabajadores subordinados con contrato representaron el 31% y sin contrato el 69%.
Las entidades relativamente más prósperas seguramente lo son porque ahí se encuentran localizadas muchas empresas manufactureras de exportación y se concentra el empleo industrial, pero tampoco aquí hubo un progreso sustantivo. Por ejemplo, en Aguascalientes la carencia de seguridad social afectaba al 42%, en Baja California al 45% de la población, y en Chihuahua al 42% en 2018.
Podemos afirmar entonces que la pobreza y la desigualdad están estrechamente relacionados con el trabajo. Los menores niveles de indigencia están ligados a una mayor protección de la seguridad social y a la existencia de contratos. Y donde hay más pobres existe mayor vulnerabilidad debido a la carencia de seguridad social y de trabajadores contratados. La desigualdad regional se está profundizando, sobre todo en materia de ingresos recibidos por trabajo, lo que se refleja en bajos niveles de contratación. Y aún en las regiones más prósperas los avance en los últimos años han sido muy graduales. Aunque en menor medida, aún subsiste una porción muy grande de ocupaciones informales.
En una palabra, el problema central reside en la mala calidad y ausencia de trabajos bien remunerados y protegidos. Lo demás es relativamente accesorio, aunque no carezca de importancia.
Se necesitan entonces más y mejores niveles de ocupación. Y para ello, un mayor crecimiento económico acompañado de una expansión de la seguridad social y de la contratación (sobre todo colectiva), apoyado en un esquema de desarrollo que fomente el crecimiento de los salarios y la reversión de la brecha regional. Lo anterior podría también señalar las prioridades de las políticas gubernamentales: el fomento al desarrollo, sobre todo en las regiones más atrasadas, acompañado de un fortalecimiento de las instituciones de seguridad social y una política laboral que aliente la sindicalización y la contratación colectiva.
Probablemente lo anterior suene a algunos muy conocido. Pero es el caso que no ha faltado quien opine, después de conocer los informes de INEGI y CONEVAL que, a pesar de todo, vamos avanzando y que hay que seguir por el mismo camino. O que lo prioritario son los subsidios a los pobres, no la calidad y cantidad de los empleos.

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