La tesis Almagro sobre el golpe de estado en Bolivia

La tesis Almagro sobre Bolivia

Saúl Escobar Toledo

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en una sesión plenaria de ese organismo efectuada el 13 de noviembre, pocos días después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que el golpe de Estado en esa nación en realidad se había llevado a cabo el 20 de octubre, cuando se cometió un fraude electoral a manos del propio gobernante. Esa afirmación ha sido desmentida y ridiculizada por muchos, pero sigue sosteniéndose por diversos medios de comunicación, sus   comentaristas y, sobre todo, por algunos gobiernos del mundo. No vale mucho la pena discutir su validez jurídica o histórica pues se trata en realidad de una tesis política que, vista con más cuidado, es extremadamente peligrosa para América Latina y el mundo.

La tesis Almagro plantea en realidad dos cosas: que el ejército debe intervenir cuando un gobierno atenta contra la ley, y segundo, que el orden constitucional puede ser suspendido para reparar esas violaciones. Lo primero supone que el ejército debe usarse en lugar de los mecanismos jurídicos previstos por las instituciones correspondientes. En el caso de Bolivia, el propio presidente había aceptado encauzar el conflicto de acuerdo a las normas constitucionales, aceptando llevar a cabo una segunda vuelta. Si esto hubiera sucedido, es probable que la crisis se hubiera resuelto pacíficamente y que la transmisión del poder se hubiera realizado sin mayores sobresaltos. Por otro lado, la justificación de que el orden legal puede dejarse sin efecto por alguna razón, incluyendo un pretendido fraude electoral que en este caso no llegó a materializarse, otorga a quienes lo interrumpieron carta blanca para hacer lo que estimen conveniente sin limitación alguna.

La tesis Almagro parece aplicarse principalmente a los gobiernos de izquierda. En Honduras en 2009, para citar algún ejemplo, se aplicó una política similar. Todos recordamos, desde luego, el golpe a Salvador Allende en 1973 en Chile. Ello se debe a que, en la gran mayoría de los casos, estos levantamientos han contado con el apoyo no sólo del ejército, sino también de la participación activa de las oligarquías locales y el visto bueno o la intervención soterrada de los gobiernos de Estado Unidos.

La participación de las izquierdas latinoamericanas en los procesos electorales y sus triunfos en algunos países, parecían haber creado un clima político más estable en la región y un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Al aceptar las reglas del juego, ganar o perder en las urnas, la alternancia en el poder tendría que darse sin recurrir a la violencia. Incluso en aquellas ocasiones en las que se denunció un fraude electoral, como en México en 1988 y 2006, las protestas se dieron por medios pacíficos y utilizando los medios legales a su alcance.

La tesis Almagro y sus derivaciones parecen un regreso a los tiempos de la guerra fría, cuando el pretexto de los golpes fue la amenaza del comunismo. Ahora se alega el respeto a los principios democráticos. Se trata sin embargo de una idea muy particular, pues se presume que se trata de una democracia no sustentable, una democracia que no puede remediar sus males y sus vicios por sí sola y que tiene que recurrir al ejército para restaurarla y, por lo tanto, a la suspensión del orden establecido en sus constituciones para crear otro estado de cosas que se supone más democrático.

El problema que queremos resaltar no olvida los errores y aún las posibles violaciones a los preceptos legales de algunos, no todos, los gobiernos de izquierda. O las movilizaciones populares que se han desatado contra esos gobiernos. El problema que nos parece importante reflexionar es que ante esos yerros   y la inconformidad social, la tesis Almagro proponga una salida que necesariamente implica el uso de las fuerzas armadas, la ruptura de la legalidad y la violencia.

Así las cosas, la tesis Almagro se puede convertir en una línea política muy peligrosa para la región. Es un llamado implícito a los ejércitos para actuar, un cheque en blanco para la ruptura del orden constitucional cuando se considere la existencia de una falla de los gobiernos (puede ser un supuesto fraude electoral pero también, como en el caso de la presidenta Rousseff de Brasil, un sobre ejercicio presupuestal), y una invitación resolver las crisis políticas de la región mediante acciones represivas.

Esta línea ha sido dictada por el conductor de un organismo internacional que debería servir para conciliar y promover el entendimiento entre países y dentro de los países. De esta manera, la OEA, como en los viejos tiempos, se ha convertido en un ente faccioso que no tiene nada que ver con los principios y fines que, declarativamente, le dieron origen.

Pero la tesis Almagro es también peligrosa porque implica una amenaza a los gobiernos de izquierda o progresistas de la región. La opción electoral supuso abandonar la idea de la revolución, la insurrección armada para acceder al poder. Ello significó también sellar un pacto con los actores dominantes en el mercado, con las instituciones políticas y sus personeros, y las condiciones, muchas de ellas desventajosas, de la globalización actual. Un gobierno de izquierda se obliga, por el sólo hecho de triunfar en las urnas, a respetar algunas reglas básicas pero esenciales:  el respeto a la propiedad privada, el pluripartidimo y llevar a cabo elecciones periódicas, la separación de poderes, la libertad de expresión y manifestación, etc. Los principios básicos de lo que se ha llamado una democracia liberal.

El problema es que los gobiernos de izquierda llegan al gobierno bajo estos principios y, al mismo tiempo, intentan cambiar las cosas levantando otros postulados que van más allá (aunque no necesariamente se oponen) a la democracia liberal. Por ejemplo, un fortalecimiento de la conducción del Estado en la economía; políticas redistributivas que  pueden afectar los intereses de las oligarquías, como una reforma fiscal progresiva, o limitar el negocio privado de la educación, la salud y las pensiones; o tratar de controlar el funcionamiento de los sistemas financieros, casi siempre de carácter especulativo y fraudulento. También, llegan a cuestionar la libertad de los medios de comunicación, los cuales, frecuentemente, caen en conductas negativas como la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia (como dijera el Papa Francisco, https://www.sinembargo.mx/01-04-2019/3559260).

Así las cosas, la tesis Almagro cuestiona la posibilidad de que los gobiernos de izquierda salgan de los márgenes más estrechos de lo que usualmente se consideran los principios básicos de la democracia liberal. Y, si lo hacen, dado que actúan en un marco democrático no-sustentable, entonces la intervención militar y la ruptura del orden constitucional estarán plenamente justificadas.

Esta posición, sin embargo, se riñe con la insatisfacción creciente de los pueblos con la desigualdad y la injusticia, pero también con los cauces rígidos de esa democracia liberal que han llevado a la indiferencia y el abandono social de partidos políticos y gobernantes, como se expresa actualmente en Chile y ha reconocido el propio presidente de ese país.

Esa insatisfacción se está convirtiendo en una plaga universal. Ha permeado en países pobres y ricos, desarrollados y en desarrollo, europeos, americanos y asiáticos.  Ya veremos si en Bolivia la resistencia popular logra restablecer la legalidad, o los verdaderos golpistas se afianzan en el poder bajo sus extrañas ideas de lo que entienden por democracia: un extremismo religioso sectario, racista y violento. Lo que parece indudable es que la movilización social tiene que ser canalizada mediante fórmulas políticas que nada tienen que ver con la tesis Almagro. Una democracia con capacidad de transformación y de autorregulación, una democracia sustentable es posible y necesaria. Esa debe ser, por lo menos, nuestra esperanza.

saulescobar.blogspot.com

Elogio de los resentidos: los generales y el malestar social

Elogio de los resentidos

Saúl Escobar Toledo

Según el Diccionario de la Real Academia, resentimiento significa acción o efecto de resentirse, y esta última palabra quiere decir “tener sentimiento, pesar o enojo por algo”. De acuerdo con las declaraciones del general Carlos Gaytán, publicadas en La Jornada el 30 de octubre, “la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años un gran resentimiento”. A una parte de los mandos del ejército ello les inquieta y los ofende pues fueron formados con “valores axiológicos” que chocan con la forma en que hoy se conduce el país.

Si el general  considera que tener pesar o enojo por la situación que vivimos resulta ofensivo, creo que no entiende o no comparte los sentimientos de muchos mexicanos. De manera contradictoria, él  mismo se dice afectado por “un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido”.

Aparentemente, entonces todos o  muchos estamos enojados en este país. El problema entonces consistiría en encontrar las causas de esa molestia y sus remedios. Criticar al presidente de la república y a su gobierno forma parte  de ese enojo: algunos lo están porque creen que  las soluciones no son las correctas; otros porque consideran que el peso del legado que recibió no le permite al nuevo gobierno resolver las cosas rápidamente; y hay quien están inconforme por ambas razones.

Todas estas reacciones pueden parecer naturales e incluso benéficas  para fortalecer la democracia, para encontrar nuevos proyectos y afianzar los que ha dado resultados.

Lo que no ayuda es criticar la polarización política y, al mismo tiempo,  dividir a los mexicanos entre buenos y malos: quienes se acogen a los valores que el general considera sólidos , y  aquellos a quienes califica como pretendidos izquierdistas, acusándolos de ser responsables de las malas decisiones que ha tomado el presidente. Proclamar que existe un fortalecimiento indebido del poder presidencial  y faltarle al respeto e ignorarlo como su jefe supremo, de acuerdo a los  mandatos constitucionales. Llamar a la unidad nacional y vulnerarla consciente y deliberadamente con un discurso que tiene visos de amenaza. Sostener que el alto mando del ejército debe buscar la cohesión nacional y denunciar  que desde las instituciones se puede llevar a México al caos. Manifestar su  lealtad al pueblo de México y agitar el descontento entre la tropa y la oficialidad. En fin, ejercer la crítica no tanto para llamar a la corrección sino para que el ejército o algunos mandos tomen partido no sólo contra el presidente y el gobierno, sino también contra todos los que él considera que están enojados con la realidad nacional.

El presidente López Obrador contestó señalando  que la mayoría de los mexicanos no permitiría otro golpe de estado y que no hay  lugar en este país para los Pinochet, ni para el genocidio, “ni para los canallas que lo imploren”.

El tema de un golpe de estado se convirtió entonces en parte de la polémica pública. Para algunos, los opositores, se trata de una exageración, un ardid para concitar apoyos o para ocultar fallas. No ha faltado quien asegure que el presidente hablo así, simplemente porque estaba enojado.

Lo cierto es que nos encontramos en una situación que requiere que ambas partes del conflicto rectifiquen. El presidente tiene que revisar sus políticas de seguridad y sus esquemas de mando y coordinación, dados los acontecimientos de Culiacán,  pero es indudable que ello requiere descansar en la colaboración de los jefes y funcionarios militares. Puede y debe ser una colaboración crítica y propositiva pero es difícil trabajar con aquellos que deciden utilizar su cargo para hacerse figurar como parte de la oposición política y llamar, con razón o no, a debilitar el poder presidencial. Hay que recordar que el general Gaytán, aunque retirado,  es un funcionario en activo, con un cargo en la propia Secretaría de la Defensa pues preside el Comité de Control y Desempeño Institucional según diversas publicaciones.  Si el general Gaytán se siente tan incómodo, debería dejar el gobierno del que forma parte y, como ciudadano, hacer uso de todas las tribunas que quiera para asumir las posiciones que considere convenientes.

Es indudable que el gobierno tiene que replantear varias de sus políticas. Y que aún es tiempo de evitar que los errores hagan naufragar las promesas de cambio por las que fue electo. También valdría la pena reconocer aciertos, los cuales sin duda han afectado poderosos intereses. Uno ellos, por ejemplo, se dio el 15 de octubre cuando el congreso aprobó un conjunto de reformas legales para castigar y prevenir los fraudes fiscales con facturas falsas y empresas fantasmas. Se trata de una medida dura que ha sido cuestionada por organismos como COPARMEX pero que ayudará, si se aplica correctamente,  a frenar el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal. Delitos que han implicado inmensas cantidades de dinero.  

No ha sido la única. La reforma laboral ha lastimado intereses que habían sido intocables durante  muchos años y que dieron pie a negocios sucios, los contratos de protección patronal, que han servido para engañar a los trabajadores y privarlos de sus derechos más elementales. Abogados, líderes, y autoridades laborales  formaron una verdadera mafia que por su comportamiento y esquemas de operación no se quedan lejos de los que puede definirse como  delincuencia organizada.

Podrían mencionarse otras reformas legislativas y políticas públicas que parecen promisorias, junto a fallas evidentes. Una de ellas, notablemente, la estrategia económica, la cual ha optado por la estabilidad macroeconómica y no por el crecimiento. Pero incluso en este caso, el reciente informe del FMI sobre la situación en América Latina, los estudios de la CEPAL y el Informe de la UNCTAD 2019 ofrecen una idea del panorama internacional adverso, de las dificultades que atraviesan casi todos  los países de la región, y de la complejidad de las medidas que se requieren para salir del estancamiento.

A pesar de todos estos escollos, la crítica debe mantenerse y obligar al gobierno a un replanteamiento. No se trata entonces de elegir entre señalar  los errores o la adhesión incondicional al gobierno. Por supuesto, la oposición política hará notar  las fallas y casi nunca los aciertos. Pero hay una gran cantidad de mexicanos que queremos que el gobierno cumpla con lo ofrecido y cambie al país.

Esos inconformes, a los que  el general llamó los resentidos de  muchos años, tienen razón de ser: su enojo responde a una causa, su  pesar ha surgido de un agravio sufrido: la pobreza, la falta de acceso a la educación y a la salud, la pérdida de un familiar a manos del crimen organizado, o su desaparición por la connivencia entre autoridades y delincuentes. Resultaría cansado enumerar la lista de razones que han causado su pesadumbre. Pero en las actuales circunstancias habrá que enumerarlas una por una, todo el tiempo, cada vez que se pueda, para ver si así, logramos que esa mayoría que logró llevar a AMLO a la presidencia sigua activa, se organiza y participe más.

Los resentidos son y han sido el alma de este país. Gracias a ellos, hay todavía esperanza. No merecen una condena. Hay que  reconocerles, además,  que en su gran mayoría, se hayan expresado de manera pacífica.  No puede aceptarse, entonces,  que nuestros valores, cualesquiera que estos sean, requieran el respaldo de  ciudadanos impávidos ante el horror de la violencia, mudos testigos de la injusticia diaria que les priva de una vida digna. 

Lo sentimos, distinguido general, pero ese enojo y, en especial la protesta social que, entre otras cosas,  logró el triunfo electoral el año pasado, será la energía que conducirá la historia de esta nación. O no habrá un futuro digno para todos.