Vistas de página en total

miércoles, 18 de diciembre de 2019

El Tratado comercial México-Estados Unidos- Canadá y la cuestión laboral


El T-MEC y la cuestión laboral

Saúl Escobar Toledo


Por fin, después de largas y complicadas negociaciones, el Tratado Comercial México-Estados Unidos – Canadá parece enfilarse a su ratificación final. En dichas negociaciones participaron los tres gobiernos, pero también los legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos. La votación en el Congreso de ese país, la etapa más difícil, está lista.
Para ello se ha recorrido un largo camino que incluyó, entre otras cosas, una atención muy especial a la cuestión laboral. Primero, en el texto del nuevo acuerdo que sustituirá al NAFTA o TLCAN, se dedicó un capítulo al trabajo y un anexo enfocado particularmente al caso de México. De esta manera, se obtuvo el aval de los tres gobiernos el 30 de noviembre de 2018.  De ahí resultó una amplia reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) mexicana que, si bien ya se había formulado en las enmiendas hechas al artículo 123 aprobadas en 2017, se aceleró para dejar satisfechos a los legisladores de EU y Canadá.
Sin embargo, el proceso ha tardado más de un año debido a la insatisfacción, sobre todo de los demócratas, quienes dudan de la capacidad de México para implementar las reformas a la LFT y los compromisos adquiridos en el T-MEC. Hace unos días, en la capital mexicana, se anunció un adendum o agregado al texto original acordado en 2018, llamado Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.
En dicho Protocolo (de 37 páginas), en la parte laboral, se acordaron dos textos:  el primero se refiere a las obligaciones entre EU y México, y el segundo a las que tocan a Canadá y México. En ambos se busca hacer cumplir la ley del trabajo en las empresas industriales o de servicios que comercian entre los tres países o compiten con la producción de alguno de ellos. Para este propósito, en el caso de México y Estados Unidos, se estableció un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para garantizar la reparación de una violación (denegación) de los derechos laborales particularmente en lo que toca a la libre asociación y negociación colectiva. Se formará un Panel Laboral con especialistas independientes de los gobiernos para analizar las controversias e investigar si hubo las violaciones denunciadas por algún de los países que forman el Acuerdo. Si se prueba que ocurrió una transgresión a la ley, la parte demandante podrá exigir una reparación que incluiría sanciones sobre todo de tipo arancelario a las mercancías de la empresa violadora y que naturalmente afectaría comercialmente al país donde se encuentra esa empresa. Los establecimientos motivo de estas controversias serán aquellas designadas como sectores prioritarios: manufactureras (sobre todo aeroespaciales, autos y autopartes, productos cosméticos, mercancías industriales horneadas, acero y aluminio, vidrio, cerámica, plástico, forjas y cemento), de servicios o mineras. La parte que se refiere a Canadá y México es muy similar.
Las cosas no pararon aquí pues la iniciativa de ley que se envió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos (HR 5430) incluyó no sólo este mecanismo de respuesta rápida sino también, en su título VII, Labor Monitoring and Enforcement (Monitoreo laboral y cumplimiento), la integración de un Comité Intersecretarial (Interagency labor committee) que observará la implementación de la reforma laboral en México y que podrá sugerir acciones reparatorias en caso de incumplimiento. Dicho comité podrá visitar México para estos fines y, entre otras cosas, se encargará de investigar si se están destinando los recursos presupuestales necesarios para las nuevas instituciones que se desprenden de las reformas a la LFT en los próximos años.  El Comité abrirá, además, un portal de internet especial (hot line) para recibir información confidencial o denuncias de los trabajadores mexicanos. En un plazo no mayor de 5 años dará cuenta al Congreso de EU si se han revisado y dado legitimidad a todos los contratos colectivos; si se han resuelto todas las demandas laborales prexistentes a la reforma de 2019; si se ha puesto en marcha el Centro de Conciliación Federal; si ya están funcionado los nuevos juzgados laborales; y si ya están operando los centros de conciliación en cada estado.
El problema más delicado reside en que la iniciativa incluye el nombramiento de Agregados Laborales en México (Mexico Labor Attachés). Se trata de cinco funcionarios del Departamento de Trabajo de EU que trabajarían en la Embajada de ese país y que tendrán el encargo de apoyar al Comité Intersecretarial para monitorear y hacer cumplir las obligaciones laborales de México (textualmente: Assisting the Interagency Labor Committee to monitor and enforce the labor obligations of Mexico), y elaborar reportes trimestrales para la Comisión sobre estos asuntos (cf. https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5430).
Según los textos del Protocolo firmado y anunciado en días pasados, y los dichos del negociador mexicano y subsecretario de relaciones Exteriores Jesús Seade, estos Agregados Laborales no fueron materia de la negociación y por lo tanto no se hicieron del conocimiento de México. Por ello, el gobierno se reserva el derecho de revisar sus alcances y efectos.
México debe prestar mucha atención a este asunto pues está en juego la soberanía nacional. Las funciones señaladas en la iniciativa de ley son muy generales.  Si hoy admitimos una injerencia extranjera indebida en estos asuntos, mañana puede tratarse de otros temas vitales como nuestro sistema electoral o nuestras finanzas públicas. Sin embargo, tampoco caben expresiones nacionalistas demagógicas y fuera de contexto. Según el texto presentado a los legisladores, los attachés solo podrán reportar sus observaciones a su gobierno, no podrán aplicar sanciones por su propia decisión, y en todo caso tendrían que llevar sus quejas al panel trinacional.
Más allá de esta polémica, vale la pena reflexionar sobre otro lado del asunto. Hasta ahora, los tratados comerciales carecían de mecanismos reales para hacer cumplir las cláusulas que se refieren a cuestiones laborales o de medio amiente. Los textos se quedaban en buenas intenciones. En esta ocasión, por el contrario, se ha pactado un mecanismo especial, muy detallado, para que las partes, en especial México, cumplan efectivamente con sus obligaciones laborales. Es decir, los gobiernos de EU y Canadá y los dos partidos más importantes de nuestro vecino, el Demócrata y el Republicano, han coincidido en la necesidad de vigilar y sancionar realmente que los trabajadores mexicanos ejerzan plenamente sus derechos y en especial gocen de libertad sindical y negociación efectiva de sus condiciones de trabajo.
En otras palabras, su preocupación ahora será proteger a los obreros mexicanos y no a las empresas, en especial a las trasnacionales, muchas de ellas de capital estadounidense. El sector exportador mexicano, como el automotriz, estará especialmente vigilado en materia de derechos laborales tratando de evitar que caiga en la práctica de los contratos de protección, la cual ha usufructuado durante décadas
Se trata de una mudanza excepcional que debe ser motivo de una reflexión más amplia.  Su origen se puede encontrar en el descontento social que se agudizó con posterioridad a la crisis de 2008. En términos políticos y electorales, se tradujo en el triunfo de Donald Trump en noviembre de 2016. Las banderas proteccionistas del actual presidente de EU buscan detener el flujo de empleos de aquel país a México. Con vistas a las elecciones de noviembre de 2020, ambos partidos han coincidido en poner en práctica una estrecha vigilancia de la situación laboral en nuestro país. Trump lo hace para impedir el outsourcing, es decir el traslado de empresas estadounidenses al sur de la frontera, y los demócratas porque, además, quieren un acuerdo que responda a los reclamos de los sindicatos para contar con su apoyo en las elecciones de noviembre.
Puede observarse entonces una gran influencia por parte de las organizaciones obreras de EU. Durante las últimas décadas se había dicho que el poder sindical estaba prácticamente muerto. Que la globalización neoliberal había anulado el protagonismo de esas organizaciones. Y ahora resulta que lograron imponerse al presidente Trump y a las bancadas legislativas de los dos partidos, incluso por encima de sus diferencias y el juicio político al mandatario. Este fenómeno demuestra, además de sus connotaciones políticas, el posible inicio de un cambio estructural de largo plazo.
En primer lugar, porque el capítulo laboral impone obligaciones a los tres países, no sólo a México, de tal manera que puede utilizarse para mejorar las condiciones de trabajo en toda el área norteamericana. Hay pues un giro: el libre comercio ya no es tan libre, tiene condicionamientos más tajantes que pueden ser sancionados. Ello puede llevar a un esquema de crecimiento regional en el que la mejoría de la situación de los trabajadores adquiera mayor importancia, a diferencia de las décadas pasadas.
En segundo lugar, en el caso de México, las empresas exportadoras estarán sometidas a presiones nacionales e internacionales que nunca habían tenido. La aplicación de la ley, sobre todo en materia de libre sindicalización y contratación colectiva efectiva, pueden cambiar, en el mediano plazo, su modelo de negocios y verse obligadas a adoptar una gestión que pondría el acento en su modernización tecnológica más que en la rebaja de los salarios y las condiciones de trabajo. También podrían convertirse en un freno para las nuevas inversiones estadounidenses y canadienses en nuestro país. O ambas cosas.
Finalmente, obligará al gobierno de México a hacer cumplir la ley, lo que puede presionar hacia el cambio gradual de las variables fundamentales de una economía que ha tenido como motor la exportación de manufacturas y transitar a un desarrollo basado cada vez más en el mercado interno. Igualmente, tendrá que hacerse cargo de un mayor protagonismo sindical en la negociación con las empresas y en la vida política del país. Ya los estamos viendo en el debate abierto sobre la subcontratación.
Podría pensarse que el interés, sobre todo de los demócratas de EU, para cambiar las condiciones de trabajo en toda la región y especialmente en México, es puramente electorero y terminará en noviembre del próximo año. Sin embargo, las previsiones y la vigencia del T-MEC y las leyes que pronto aprobará el Congreso de ese país disponen de la creación de mecanismos e instituciones de largo plazo que no será fácil dejar en el olvido.
¿Estamos ante el comienzo de una nueva fase del capitalismo mundial que pondrá el acento en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y se apoyará en un renovado papel de los sindicatos en la vida política de los países y en la disputa por el curso de la globalización? No lo podremos saber en el corto plazo. Pero sin duda las cosas están cambiando. El resurgimiento del sindicalismo y de las políticas e instituciones laborales es innegable en el nuevo tratado comercial norteamericano. A ver hasta dónde llega.

saulescobar.blogspot.com




.

miércoles, 4 de diciembre de 2019

De extremismos y divisiones: un mundo en la zozobra


De extremismos y divisiones

Saúl Escobar Toledo


En el mundo desarrollado, Europa y Estados Unidos, se vive una división política y social cada vez mayor. Partidos y movimientos se mueven hacia los extremos. En Inglaterra, el líder del laborismo, Jeremy Corbyn, ha logrado que su partido apruebe una plataforma muy cargada a la izquierda que ha sido catalogada por algunos como “teñido de marxismo”; en España, el PSOE selló una alianza con Podemos, una agrupación claramente más izquierdista; en Italia, desde agosto, el movimiento cinco estrellas rompió su alianza con la derecha y formó un  nuevo gobierno con la socialdemocracia; en Alemania, el SPD (socialdemócrata) acaba de elegir a una dirección  que pretende romper  con la línea política moderada que sostuvo  la alianza con Merkel . Por su parte, en Estados Unidos, dos de los tres delanteros de la carrera por la candidatura presidencial en el Partido Demócrata son del ala más radical: Elizabeth Warren y Bernie Sanders.
Sin embargo, del otro lado, las opciones de la extrema derecha no retroceden y en algunos casos se fortalecen: en Inglaterra tienen al primer ministro; en España, el partido Vox creció en las últimas elecciones; en Italia la ultraderecha catalogada como fascista mantiene una enorme fuerza en el norte; en Alemania la extrema derecha (AfD) se ha expandido en algunas regiones; y en nuestra vecindad norteña, Donald Trump puede ganar la reelección el próximo año.
Con todos los matices y diferencias que se quieran encontrar, parece que el centro (a la derecha y a la izquierda) ha perdido terreno frente a opciones más radicales. Estas tendencias, hoy se reconoce ampliamente, responden a un crecimiento de la desigualdad y de la exclusión social. Pero también a una democracia que no escucha ni responde a sus ciudadanos. En Francia, los chalecos amarillos han sido el mejor ejemplo de este fenómeno generalizado en los países más prósperos.
Mientras tanto, en América Latina la situación es aún más compleja. Fuertes movilizaciones sociales se han llevado a cabo en los últimos meses en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. A esta lista podrían agregarse   Haití y Honduras que tienen una historia más larga de crisis sociales y políticas. En Brasil, la libertad del ex presidente Lula refleja el desgaste del régimen de Bolsonaro y marca la oportunidad de una recuperación de la izquierda para enfrentarlo. En el terreno electoral, en Argentina perdió la tecnocracia neoliberal y ganó la   opción más progresista, levantando un programa diferente al del derrotado Macri. En cambio, en Uruguay, ganó la derecha gracias a una alianza con un partido extremista, cercano al militarismo autoritario de los años setenta, llamado Cabildo Abierto. Desplazó al Frente Amplio, la coalición más estable y respetada que gobernó ese país por 15 años. Y en Bolivia, se llevó a cabo un golpe de estado encabezado por el ejército y capitalizado por la ultraderecha que logró deponer a un gobierno legítimo. Aquí, la sombra de la guerra civil es más patente.
La división social y política de América Latina tiene similitudes con lo que ocurre en Europa y Estados Unidos: las opciones de la extrema derecha se fortalecen mientras que las tendencias progresistas, partidos y movimientos, se están viendo forzadas a radicalizarse para resistir esa ofensiva. Sin embargo, en nuestra región, a diferencia del mundo desarrollado, la conflictividad social, encarnada en la violencia de las manifestaciones, ha rebasado a las instituciones políticas. Quizás con la excepción de Argentina (y de Uruguay, por lo pronto), la inconformidad ha optado preferentemente por las calles y no por las urnas.
De cualquier manera, la división y el desplazamiento a los extremos en Europa, Estados Unidos y América Latina, demuestra las heridas causadas por la globalización neoliberal y la insatisfacción con la democracia realmente existente. Al mismo tiempo,  se ha agudizado también una gran confusión política e ideológica. Si la ultraderecha sólo puede atizar los conflictos sociales y agravar la situación económica mundial con sus políticas fallidas o sus guerras económicas, las izquierdas aún no afianzan un modelo alternativo capaz de convencer de manera contundente a sus electores y de superar el esquema neoliberal. Y es que esto último requiere enfrentar un enorme poder económico y político, y reformular ideas y comportamientos culturales que se han arraigado en las últimas décadas.
El domingo pasado, el presidente López Obrador, al hacer un balance anual de su gobierno destacó, como era de esperarse, los logros de su administración, aunque también aceptó los grandes pendientes sobre todo en materia de crecimiento económico y seguridad pública. Pidió un año más para dar resultados tangibles en estos últimos asuntos. En un momento de su discurso, el presidente dijo: “Es indudable que estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”.
Un balance de sus aciertos, faltantes y errores es indispensable. No obstante, en este escrito queremos intentar otro enfoque: el movimiento hacia los extremos que estamos presenciando en el mundo desarrollado y en América Latina está tocando a México si bien de una manera aún incipiente. El problema central de este gobierno es precisamente que, usando sus propias palabras, sus políticas son sin duda novedosas y van en un sentido distinto al de sus antecesores, pero no acaban de mostrar resultados contundentes. Ese proceso de transición puede durar un año o más y representa sin duda su flanco más vulnerable. Mientras, la oposición política e intelectual, inclinada a la derecha, apunta a otro lado. Ha condenado al fracaso todas las acciones del presidente y ha construido su discurso sobre la idea de que AMLO es un dictador. Con ello se mueve a la extrema derecha: su radicalismo, comparando a López Obrador con Maduro y recientemente con Evo Morales, ayuda a justificar la exigencia de su renuncia inmediata o su deposición violenta por medio de una gran movilización social que se apoye en un golpe militar. No todos los marchistas opositores el domingo comulgan con estas ideas, pero sin duda el PAN, diversos contingentes que expresaron sin rubor su anticomunismo, y varios intelectuales que se precian de liberales han abrazado esa perspectiva. Del lado izquierdo, ya hemos visto la violencia callejera de varios grupos de mujeres que creen que es la única forma de ser oídas por las autoridades y la sociedad machista que admite o provoca vejaciones diarias contra ellas.
Hasta ahora, estos radicalismos no han representado un problema mayor, como en otros países. En el caso de la derecha política, su esperanza (aunque no mucha), está en las elecciones del 2021 y sería suicida para ella propiciar la violencia más allá del discurso. En lo que toca a los movimientos sociales, una respuesta oportuna y eficaz de los gobiernos (federal y local) puede atenuar su radicalismo callejero. Hay todavía margen para ello.
Y, sin embargo, el movimiento hacia los extremos puede exacerbarse, como en otras partes del mundo si los cambios tardan demasiado en dar resultados palpables. En el caso de México no se trata sólo de una carrera contra el tiempo. El gobierno necesita construir un diálogo crítico, sereno y propositivo con diversas fuerzas sociales. El cambio que proclama el presidente es necesario y muchas de sus medidas van en sentido correcto. No obstante, para corregir errores y desviaciones, y ante el naufragio de MORENA, se requiere reunir a un conjunto de voces que, al mismo tiempo, apuesten por el cambio, señalen las fallas y propongan alternativas. Desafortunadamente, hoy en día, ese coro es muy débil, apenas unas cuantas voces aisladas. Su reagrupación y fortaleza puede ayudar a que en México se lleve a cabo algo excepcional en el mundo: la transición hacia un nuevo orden de manera pacífica y democrática.



jueves, 21 de noviembre de 2019

La tesis Almagro sobre el golpe de estado en Bolivia


La tesis Almagro sobre Bolivia

Saúl Escobar Toledo


El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en una sesión plenaria de ese organismo efectuada el 13 de noviembre, pocos días después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que el golpe de Estado en esa nación en realidad se había llevado a cabo el 20 de octubre, cuando se cometió un fraude electoral a manos del propio gobernante. Esa afirmación ha sido desmentida y ridiculizada por muchos, pero sigue sosteniéndose por diversos medios de comunicación, sus   comentaristas y, sobre todo, por algunos gobiernos del mundo. No vale mucho la pena discutir su validez jurídica o histórica pues se trata en realidad de una tesis política que, vista con más cuidado, es extremadamente peligrosa para América Latina y el mundo.
La tesis Almagro plantea en realidad dos cosas: que el ejército debe intervenir cuando un gobierno atenta contra la ley, y segundo, que el orden constitucional puede ser suspendido para reparar esas violaciones. Lo primero supone que el ejército debe usarse en lugar de los mecanismos jurídicos previstos por las instituciones correspondientes. En el caso de Bolivia, el propio presidente había aceptado encauzar el conflicto de acuerdo a las normas constitucionales, aceptando llevar a cabo una segunda vuelta. Si esto hubiera sucedido, es probable que la crisis se hubiera resuelto pacíficamente y que la transmisión del poder se hubiera realizado sin mayores sobresaltos. Por otro lado, la justificación de que el orden legal puede dejarse sin efecto por alguna razón, incluyendo un pretendido fraude electoral que en este caso no llegó a materializarse, otorga a quienes lo interrumpieron carta blanca para hacer lo que estimen conveniente sin limitación alguna.
La tesis Almagro parece aplicarse principalmente a los gobiernos de izquierda. En Honduras en 2009, para citar algún ejemplo, se aplicó una política similar. Todos recordamos, desde luego, el golpe a Salvador Allende en 1973 en Chile. Ello se debe a que, en la gran mayoría de los casos, estos levantamientos han contado con el apoyo no sólo del ejército, sino también de la participación activa de las oligarquías locales y el visto bueno o la intervención soterrada de los gobiernos de Estado Unidos.
La participación de las izquierdas latinoamericanas en los procesos electorales y sus triunfos en algunos países, parecían haber creado un clima político más estable en la región y un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Al aceptar las reglas del juego, ganar o perder en las urnas, la alternancia en el poder tendría que darse sin recurrir a la violencia. Incluso en aquellas ocasiones en las que se denunció un fraude electoral, como en México en 1988 y 2006, las protestas se dieron por medios pacíficos y utilizando los medios legales a su alcance.
La tesis Almagro y sus derivaciones parecen un regreso a los tiempos de la guerra fría, cuando el pretexto de los golpes fue la amenaza del comunismo. Ahora se alega el respeto a los principios democráticos. Se trata sin embargo de una idea muy particular, pues se presume que se trata de una democracia no sustentable, una democracia que no puede remediar sus males y sus vicios por sí sola y que tiene que recurrir al ejército para restaurarla y, por lo tanto, a la suspensión del orden establecido en sus constituciones para crear otro estado de cosas que se supone más democrático.
El problema que queremos resaltar no olvida los errores y aún las posibles violaciones a los preceptos legales de algunos, no todos, los gobiernos de izquierda. O las movilizaciones populares que se han desatado contra esos gobiernos. El problema que nos parece importante reflexionar es que ante esos yerros   y la inconformidad social, la tesis Almagro proponga una salida que necesariamente implica el uso de las fuerzas armadas, la ruptura de la legalidad y la violencia.
Así las cosas, la tesis Almagro se puede convertir en una línea política muy peligrosa para la región. Es un llamado implícito a los ejércitos para actuar, un cheque en blanco para la ruptura del orden constitucional cuando se considere la existencia de una falla de los gobiernos (puede ser un supuesto fraude electoral pero también, como en el caso de la presidenta Rousseff de Brasil, un sobre ejercicio presupuestal), y una invitación resolver las crisis políticas de la región mediante acciones represivas.
Esta línea ha sido dictada por el conductor de un organismo internacional que debería servir para conciliar y promover el entendimiento entre países y dentro de los países. De esta manera, la OEA, como en los viejos tiempos, se ha convertido en un ente faccioso que no tiene nada que ver con los principios y fines que, declarativamente, le dieron origen.
Pero la tesis Almagro es también peligrosa porque implica una amenaza a los gobiernos de izquierda o progresistas de la región. La opción electoral supuso abandonar la idea de la revolución, la insurrección armada para acceder al poder. Ello significó también sellar un pacto con los actores dominantes en el mercado, con las instituciones políticas y sus personeros, y las condiciones, muchas de ellas desventajosas, de la globalización actual. Un gobierno de izquierda se obliga, por el sólo hecho de triunfar en las urnas, a respetar algunas reglas básicas pero esenciales:  el respeto a la propiedad privada, el pluripartidimo y llevar a cabo elecciones periódicas, la separación de poderes, la libertad de expresión y manifestación, etc. Los principios básicos de lo que se ha llamado una democracia liberal.
El problema es que los gobiernos de izquierda llegan al gobierno bajo estos principios y, al mismo tiempo, intentan cambiar las cosas levantando otros postulados que van más allá (aunque no necesariamente se oponen) a la democracia liberal. Por ejemplo, un fortalecimiento de la conducción del Estado en la economía; políticas redistributivas que  pueden afectar los intereses de las oligarquías, como una reforma fiscal progresiva, o limitar el negocio privado de la educación, la salud y las pensiones; o tratar de controlar el funcionamiento de los sistemas financieros, casi siempre de carácter especulativo y fraudulento. También, llegan a cuestionar la libertad de los medios de comunicación, los cuales, frecuentemente, caen en conductas negativas como la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia (como dijera el Papa Francisco, https://www.sinembargo.mx/01-04-2019/3559260).
Así las cosas, la tesis Almagro cuestiona la posibilidad de que los gobiernos de izquierda salgan de los márgenes más estrechos de lo que usualmente se consideran los principios básicos de la democracia liberal. Y, si lo hacen, dado que actúan en un marco democrático no-sustentable, entonces la intervención militar y la ruptura del orden constitucional estarán plenamente justificadas.
Esta posición, sin embargo, se riñe con la insatisfacción creciente de los pueblos con la desigualdad y la injusticia, pero también con los cauces rígidos de esa democracia liberal que han llevado a la indiferencia y el abandono social de partidos políticos y gobernantes, como se expresa actualmente en Chile y ha reconocido el propio presidente de ese país.
Esa insatisfacción se está convirtiendo en una plaga universal. Ha permeado en países pobres y ricos, desarrollados y en desarrollo, europeos, americanos y asiáticos.  Ya veremos si en Bolivia la resistencia popular logra restablecer la legalidad, o los verdaderos golpistas se afianzan en el poder bajo sus extrañas ideas de lo que entienden por democracia: un extremismo religioso sectario, racista y violento. Lo que parece indudable es que la movilización social tiene que ser canalizada mediante fórmulas políticas que nada tienen que ver con la tesis Almagro. Una democracia con capacidad de transformación y de autorregulación, una democracia sustentable es posible y necesaria. Esa debe ser, por lo menos, nuestra esperanza.
saulescobar.blogspot.com

miércoles, 6 de noviembre de 2019

Elogio de los resentidos: los generales y el malestar social


Elogio de los resentidos

Saúl Escobar Toledo


Según el Diccionario de la Real Academia, resentimiento significa acción o efecto de resentirse, y esta última palabra quiere decir “tener sentimiento, pesar o enojo por algo”. De acuerdo con las declaraciones del general Carlos Gaytán, publicadas en La Jornada el 30 de octubre, “la sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años un gran resentimiento”. A una parte de los mandos del ejército ello les inquieta y los ofende pues fueron formados con “valores axiológicos” que chocan con la forma en que hoy se conduce el país.
Si el general  considera que tener pesar o enojo por la situación que vivimos resulta ofensivo, creo que no entiende o no comparte los sentimientos de muchos mexicanos. De manera contradictoria, él  mismo se dice afectado por “un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido”.
Aparentemente, entonces todos o  muchos estamos enojados en este país. El problema entonces consistiría en encontrar las causas de esa molestia y sus remedios. Criticar al presidente de la república y a su gobierno forma parte  de ese enojo: algunos lo están porque creen que  las soluciones no son las correctas; otros porque consideran que el peso del legado que recibió no le permite al nuevo gobierno resolver las cosas rápidamente; y hay quien están inconforme por ambas razones.
Todas estas reacciones pueden parecer naturales e incluso benéficas  para fortalecer la democracia, para encontrar nuevos proyectos y afianzar los que ha dado resultados.
Lo que no ayuda es criticar la polarización política y, al mismo tiempo,  dividir a los mexicanos entre buenos y malos: quienes se acogen a los valores que el general considera sólidos , y  aquellos a quienes califica como pretendidos izquierdistas, acusándolos de ser responsables de las malas decisiones que ha tomado el presidente. Proclamar que existe un fortalecimiento indebido del poder presidencial  y faltarle al respeto e ignorarlo como su jefe supremo, de acuerdo a los  mandatos constitucionales. Llamar a la unidad nacional y vulnerarla consciente y deliberadamente con un discurso que tiene visos de amenaza. Sostener que el alto mando del ejército debe buscar la cohesión nacional y denunciar  que desde las instituciones se puede llevar a México al caos. Manifestar su  lealtad al pueblo de México y agitar el descontento entre la tropa y la oficialidad. En fin, ejercer la crítica no tanto para llamar a la corrección sino para que el ejército o algunos mandos tomen partido no sólo contra el presidente y el gobierno, sino también contra todos los que él considera que están enojados con la realidad nacional.
El presidente López Obrador contestó señalando  que la mayoría de los mexicanos no permitiría otro golpe de estado y que no hay  lugar en este país para los Pinochet, ni para el genocidio, “ni para los canallas que lo imploren”.
El tema de un golpe de estado se convirtió entonces en parte de la polémica pública. Para algunos, los opositores, se trata de una exageración, un ardid para concitar apoyos o para ocultar fallas. No ha faltado quien asegure que el presidente hablo así, simplemente porque estaba enojado.
Lo cierto es que nos encontramos en una situación que requiere que ambas partes del conflicto rectifiquen. El presidente tiene que revisar sus políticas de seguridad y sus esquemas de mando y coordinación, dados los acontecimientos de Culiacán,  pero es indudable que ello requiere descansar en la colaboración de los jefes y funcionarios militares. Puede y debe ser una colaboración crítica y propositiva pero es difícil trabajar con aquellos que deciden utilizar su cargo para hacerse figurar como parte de la oposición política y llamar, con razón o no, a debilitar el poder presidencial. Hay que recordar que el general Gaytán, aunque retirado,  es un funcionario en activo, con un cargo en la propia Secretaría de la Defensa pues preside el Comité de Control y Desempeño Institucional según diversas publicaciones.  Si el general Gaytán se siente tan incómodo, debería dejar el gobierno del que forma parte y, como ciudadano, hacer uso de todas las tribunas que quiera para asumir las posiciones que considere convenientes.
Es indudable que el gobierno tiene que replantear varias de sus políticas. Y que aún es tiempo de evitar que los errores hagan naufragar las promesas de cambio por las que fue electo. También valdría la pena reconocer aciertos, los cuales sin duda han afectado poderosos intereses. Uno ellos, por ejemplo, se dio el 15 de octubre cuando el congreso aprobó un conjunto de reformas legales para castigar y prevenir los fraudes fiscales con facturas falsas y empresas fantasmas. Se trata de una medida dura que ha sido cuestionada por organismos como COPARMEX pero que ayudará, si se aplica correctamente,  a frenar el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal. Delitos que han implicado inmensas cantidades de dinero.  
No ha sido la única. La reforma laboral ha lastimado intereses que habían sido intocables durante  muchos años y que dieron pie a negocios sucios, los contratos de protección patronal, que han servido para engañar a los trabajadores y privarlos de sus derechos más elementales. Abogados, líderes, y autoridades laborales  formaron una verdadera mafia que por su comportamiento y esquemas de operación no se quedan lejos de los que puede definirse como  delincuencia organizada.
Podrían mencionarse otras reformas legislativas y políticas públicas que parecen promisorias, junto a fallas evidentes. Una de ellas, notablemente, la estrategia económica, la cual ha optado por la estabilidad macroeconómica y no por el crecimiento. Pero incluso en este caso, el reciente informe del FMI sobre la situación en América Latina, los estudios de la CEPAL y el Informe de la UNCTAD 2019 ofrecen una idea del panorama internacional adverso, de las dificultades que atraviesan casi todos  los países de la región, y de la complejidad de las medidas que se requieren para salir del estancamiento.
A pesar de todos estos escollos, la crítica debe mantenerse y obligar al gobierno a un replanteamiento. No se trata entonces de elegir entre señalar  los errores o la adhesión incondicional al gobierno. Por supuesto, la oposición política hará notar  las fallas y casi nunca los aciertos. Pero hay una gran cantidad de mexicanos que queremos que el gobierno cumpla con lo ofrecido y cambie al país.
Esos inconformes, a los que  el general llamó los resentidos de  muchos años, tienen razón de ser: su enojo responde a una causa, su  pesar ha surgido de un agravio sufrido: la pobreza, la falta de acceso a la educación y a la salud, la pérdida de un familiar a manos del crimen organizado, o su desaparición por la connivencia entre autoridades y delincuentes. Resultaría cansado enumerar la lista de razones que han causado su pesadumbre. Pero en las actuales circunstancias habrá que enumerarlas una por una, todo el tiempo, cada vez que se pueda, para ver si así, logramos que esa mayoría que logró llevar a AMLO a la presidencia sigua activa, se organiza y participe más.
Los resentidos son y han sido el alma de este país. Gracias a ellos, hay todavía esperanza. No merecen una condena. Hay que  reconocerles, además,  que en su gran mayoría, se hayan expresado de manera pacífica.  No puede aceptarse, entonces,  que nuestros valores, cualesquiera que estos sean, requieran el respaldo de  ciudadanos impávidos ante el horror de la violencia, mudos testigos de la injusticia diaria que les priva de una vida digna. 
Lo sentimos, distinguido general, pero ese enojo y, en especial la protesta social que, entre otras cosas,  logró el triunfo electoral el año pasado, será la energía que conducirá la historia de esta nación. O no habrá un futuro digno para todos.









miércoles, 23 de octubre de 2019

Un nuevo acuerdo verde global (A global green new deal)


Un nuevo acuerdo verde global

Saúl Escobar Toledo


¿Existe una alternativa viable para lograr un desarrollo sostenible con menor desigualdad económica y deterioro ambiental? ¿Es posible encontrar soluciones de beneficio mutuo en un mundo que enfrenta severas restricciones y presiones en sentido contrario?  La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) en su Reporte 2019 ha propuesto un Nuevo Acuerdo Global Verde (Global Green New Deal, GGND) que incluye un conjunto de reformas, bajo un acuerdo multilateral, para asegurar que los bancos, el capital privado y la deuda ayuden a financiar inversiones que permitan alcanzar las metas de desarrollo sustentable planteadas por las Naciones Unidas para 2030. El informe está disponible en https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2019_en.pdf.

Según Jomo K. Sundaram, un distinguido economista malayo que fue asesor del Secretario General de la ONU para el desarrollo económico  y luego Director General de estudios económicos en la FAO, participante en los debates previos a la elaboración del informe de la UNCTAD, el Acuerdo Verde  requiere sobre todo voluntad política para movilizar los recursos necesarios para una inversión masiva dirigida por el sector público con el fin de revertir la austeridad, el estanca miento y la vulnerabilidad existentes desde la crisis financiera mundial de 2008-2009.

Como se ha reconocido por diversos especialistas, gobiernos y organismos multilaterales (con la excepción del presidente Trump) el calentamiento global ya está causando daños severos, aunque desiguales, en todo el mundo, y representa una amenaza cada vez más grave.  Es indudable que la mitigación del cambio climático requerirá grandes inversiones, especialmente en energía renovable, sistemas alimentarios sostenibles y transporte limpio, para fomentar políticas industriales efectivas que reviertan las tendencias actuales.
El Acuerdo que publica la UNCTAD advierte que se trata de un proyecto flexible que no se puede aplicar de la misma manera en todos los países, por lo que se necesitarán políticas tecnológicas adecuadas para evitar que sigan creciendo los métodos de producción intensivos en carbono. El paquete de medidas tendrá que variar según el contexto, pero en todo caso se requerirán estímulos fiscales y recursos cuantiosos para construir infraestructura pública.

El Acuerdo Verde considera que bajo estas directrices se pueden lograr tasas de crecimiento de las economías desarrolladas entre 1 - 1.5% por encima de las actualmente previstas.  Para las economías en desarrollo, los beneficios podrían ser mayores, excepto en el caso de China que obtendría resultados menos positivos.

A diferencia de las propuestas del Banco Mundial que descansan en la recaudación de financiamiento privado mediante la banca en la sombra, es decir, entidades financieras, no reguladas como los hedge funds y otros fondos del mercado de capitales altamente especulativos, el Nuevo Acuerdo Verde propone acciones para que el sector público dirija el financiamiento, lo que a su vez podría estimular al capital privado.

La iniciativa UNCTAD incluye un aumento de las inversiones ecológicas equivalentes al 2% de los ingresos anuales a nivel mundial, alrededor de 1.7 billones de dólares, un tercio de lo que los gobiernos gastan actualmente en subsidios para combustibles fósiles. Ello podría crear más de 170 millones de empleos, garantizar una industrialización más limpia en el Sur y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según diversos especialistas, la economía mundial puede enfrentar una recesión en 2020. Las tensiones comerciales, la deuda corporativa y los rendimientos decrecientes son algunos signos negativos. La UNCTAD calcula una caída del crecimiento económico mundial a 2.3% en 2019, comparado con el 3% obtenido en 2018. No es sorprendente, por lo tanto, que el comercio también pierda dinamismo. En 2018 aumentó apenas 2.8% y este año se acercará más bien al 2%. De ahí la importancia del Acuerdo Verde, que podría crear más empleos, elevar salarios y la inversión pública.
La reconstrucción del multilateralismo y la cooperación internacional en torno al Nuevo Pacto Verde Global incluye varias medidas para garantizar que el capital, los bancos y la deuda contribuyan a acelerar el desarrollo. Entre otras:
Dar los primeros pasos para la reestructuración de la deuda soberana de aquellos países, particularmente los más pobres, que ya no puede pagarla según los contratos originales.
El Informe advierte que la deuda ha crecido en el mundo en desarrollo, mucha de ella de corto plazo y en moneda extranjera, sobre todo en el sector privado, debido a que las políticas monetarias no convencionales con tasas de interés muy bajas o cercanas a cero hizo que el crédito se volviera muy barato y accesible. Sin embargo, este endeudamiento no se ha destinado a los sectores productivos y en cambio se ha vuelto más riesgosa, sujeta cada vez más a la inestabilidad económica mundial.
Por otra parte, se recomienda la expansión de los DEGs (Derechos Especiales de Giro), una divisa creada y utilizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha funcionado como activo de reserva y como unidad de cuenta para apoyar los préstamos de esta institución a países con problemas de balanza de pagos. Ahora, según el Pacto Verde, podría utilizarse para financiar la provisión de servicios públicos en los países en desarrollo.
Un asunto sustancial de la propuesta tiene que ver con la Banca de Desarrollo ya se considera que estos organismos serían vitales para el éxito del proyecto, dada la magnitud de inversiones que se requieren. La UNCTAD observa que la banca de desarrollo está insuficientemente capitalizada. Algunos bancos de desarrollo son muy fuertes como el de China, que tiene un portafolio de préstamos equivalente a más del 13% del PIB, o el Banco Coreano con una cartera equivalente al 10.5% del PIB. Pero en otros países la situación es muy distinta, incluyendo India, Rusia, Sudáfrica, México y Malasia. Sus portafolios apenas alcanzan un 2% del PIB de sus países.

La otra medida estratégica consiste en detener los flujos financieros ilícitos que evaden al fisco y drenan recursos del sur hacia el norte, de los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Y, además, fijar Impuestos únicos a las ganancias de las corporaciones transnacionales, con una tasa corporativa fijada entre el 20-25%, es decir, similar al promedio internacional que actualmente se aplica.  Ello ayudaría también a verificar el pago de sus obligaciones fiscales.

El Acuerdo hace hincapié en la necesidad de imponer control de capitales. Éstos no deberían estar prohibidos en los acuerdos comerciales y, por el contrario, habría que incluir en ellos salvaguardas que permitan a los países regular los flujos de capital. Estos flujos tendrían que ser administrados y supervisados en ambas puntas:  tanto en los países de llegada como en los de origen. La regulación de los flujos de capital en los países desarrollados mejoraría la eficacia de sus políticas monetarias expansionistas no convencionales, limitando la filtración de dinero hacia el exterior. En los países de destino el control de capitales ayudaría a mejorar la administración de su balanza de pagos.
Otra medida que propone el Acuerdo consiste en la creación de un fondo global para el desarrollo sostenible, financiado   por los países más desarrollados, que de esta manera pagarían sus compromisos previamente incumplidos desde 1990 para la asistencia al desarrollo, equivalente al 0.7% del ingreso nacional, estimado en más de $ 3.5 billones de dólares.
El Acuerdo Verde, en síntesis, se propone cambiar las reglas económicas prevalecientes en el mundo que alientan las fuerzas del mercado, el poder de las grandes corporaciones y las políticas públicas que sostienen y fomentan las disparidades económicas y la destrucción del medio ambiente. Hay alternativas para cambiar el mundo, pero como afirma Jomo, falta la voluntad política. 



miércoles, 9 de octubre de 2019

El Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en los centros de trabajo



El Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso 


Saúl Escobar Toledo


Apenas hace unos meses, en junio de este año, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 190. Dicho instrumento se refiere a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, el cual define como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico…”. Estas conductas, dice el Convenio, “afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social.” Pueden constituir una violación de los derechos humanos y representan una amenaza “para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente”.

Considera también que una cultura del trabajo que fomente el respeto mutuo es muy importante para mejorar la calidad de los servicios públicos y privados. El acoso y la violencia afectan negativamente la organización del trabajo, las relaciones laborales, el compromiso de los trabajadores e incluso pueden dañar la reputación de la empresa y la productividad. Subraya que estas conductas afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Pueden impedirles que accedan al mercado laboral, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Por ello, es indispensable un enfoque de género que aborde los factores de riesgo, particularmente el abuso de las relaciones de poder que generalmente se ejercen de un hombre hacia una mujer.

El Convenio llama a promover un entorno de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso. Todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de ellas, prevenirlas y combatirlas. El convenio incluye a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, asalariados o no, y cualquiera que sea su situación contractual, y desde luego a los individuos que ejercen autoridad, funciones o responsabilidades de un empleador. Y debe aplicarse durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Por ello, los países que suscriban este Convenio deberán prohibirlas legalmente; diseñar políticas que aborden esta problemática; instalar mecanismos de control; velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo; y establecer sanciones. Igualmente, deberán proporcionar a los trabajadores información y capacitación acerca de los peligros y riesgos identificados, y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes

Todas estas medidas deberán aplicarse por medio de la legislación nacional y de convenios colectivos pactados entre empleadores y empleados.

Como vemos, se trata de un Convenio que trata de la manera muy amplia un conjunto de fenómenos deplorables. En algunas ramas económicas y empresas, el maltrato físico, la violencia directa contra una persona o grupos de personas es una práctica más frecuente de lo que imaginamos, sobre todo en aquellas en dónde hay una indefensión aguda de los trabajadores por la ausencia de una representación sindical o por condiciones de sobre explotación. Por ejemplo, en el trabajo agrícola, en la construcción, en el trabajo asalariado en el hogar, o en el caso de trabajadores con contratos temporales o subcontratados. Y en diversas ocupaciones informales.

En muchos centros de trabajo, el maltrato y el daño psicológico pueden ser una práctica frecuente a menudo no reconocida y parte de usos y costumbres deleznables. Los gritos, manotazos, amenazas veladas o manifiestas, y el empleo de palabras humillantes como inútil, flojo, estúpido y otras peores, así como exigir silencio y obediencia ante esas agresiones, son ahora reconocidas por la OIT como violencia y acoso laboral. Como señala el Convenio, pueden ser reiteradas, pero bastaría que se presentaran una sola vez para ser consideradas como tales. Al herir la dignidad de las personas, representan una violación a sus derechos humanos. Son, por lo anterior, inaceptables, deben ser denunciadas, y si es necesario, sancionadas. Al mismo tiempo debe darse a la víctima la oportunidad de recurrir a medidas de reparación y apoyo efectivas. Y si ésta es una mujer, se debe adoptar un enfoque de género.
Aunque el Convenio no lo menciona expresamente, otros estudios de la OIT se refieren al mobbing (un anglicismo reciente) como otra forma de violencia y acoso. Bajo este término se denominan a un conjunto de conductas sistemáticas y prolongadas que pueden producir afecciones mentales (ansiedad, miedo y depresión profunda) que ponen en peligro (frecuentemente es el objetivo de los acosadores) la permanencia en el empleo de la persona agredida.  

La violencia y el acoso psicológico requieren de un tratamiento que debe ir más allá de la vigilancia o la denuncia. Se requiere cambiar los prejuicios y las creencias (por ejemplo, que si no hubo violencia física y sólo maltrato verbal o gestual, no pasa nada) y promover permanentemente un trato respetuoso en las relaciones de trabajo, particularmente entre jefes y subordinados, y entre hombres y mujeres.

El Convenio no ha recibido aún la adhesión de ningún país del mundo. Pero la buena noticia es que apenas el pasado 3 de octubre, el Presidente de la República Oriental del Uruguay firmó el proyecto de ratificación del Convenio 190 y lo envió al poder legislativo. De esta manera, Uruguay será uno de los primeros países, quizás el número uno, que lo ratifique. El gobierno uruguayo, incluyendo los ministros de trabajo y desarrollo social afirmaron que “hemos trabajado intensamente en forma tripartita (con representaciones obreras y patronales) porque el problema del acoso y la violencia en el mundo laboral es un problema general del mundo y de Uruguay”.

México debe seguir el ejemplo de ese país sureño. La ley Federal del Trabajo (LFT) señala en su artículo 2º que “las normas de trabajo tienden a … propiciar el trabajo digno o decente, es decir que respete la dignidad humana del trabajador”, y el 3o bis explica que se entiende por hostigamiento, “el ejercicio del poder en una relación subordinada… en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas...”. También hace mención del acoso sexual. No menciona, sin embargo, como lo hace el Convenio, el daño psicológico. Ni describe tan ampliamente el fenómeno ni las medidas que deben tomarse para prevenir y sancionar todas las formas de violencia y acoso.

La ratificación del Convenio ayudaría a cambiar las relaciones laborales, a modernizarlas y dignificarlas. En un país tan machista, acostumbrado a distintas formas de violencia física y psicológica, y en el que las relaciones laborales se encuentran muy desprotegidas, este Convenio resulta indispensable. Mientras el gobierno de la república, en primer lugar, el presidente López Obrador y la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, deciden iniciar la ratificación y turnarla al Congreso de la Unión, conviene recordar que este Convenio puede ya aplicarse en México bajo el amparo del artículo primero de la Constitución, sobre todo del fragmento que señala que:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Las empresas, los sindicatos y los trabajadores, incluso de manera personal, pueden recurrir a este Convenio para promover acciones defensivas en caso de detectar o sufrir un agravio. Y, sobre todo, establecer convenios y acuerdos para fomentar una nueva cultura que lleven a desterrar la violencia y el acoso laboral en todas sus manifestaciones. 

lunes, 7 de octubre de 2019

miércoles, 25 de septiembre de 2019


Los rincones ocultos de la economía global

Saúl Escobar Toledo


La revista Finanzas y Desarrollo (FyD), correspondiente al mes de septiembre de este año (disponible en https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/index.htm) editada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), dedica buena parte de su contenido a un espinoso asunto: el dinero que circula por el mundo de manera clandestina para obtener beneficios ilícitos. 
En la presentación de la revista, el Director gerente encargado del despacho,  David Lipton, advierte que el mundo está cambiando y que el FMI debe hacerlo también. Para ello debe seguir siendo una institución relevante  que promueva la cooperación internacional. Una tarea que tiene que hacerse cargo de problemas como los siguientes:
Refugios fiscales
Uno de los más destacados artículos de la revista se refiere a los refugios (o paraísos) fiscales. Escrito por Nicholas Shaxson, un autor que ha publicado varios libros sobre estos asuntos, por ejemplo, “Las Islas del Tesoro” y “La Maldición Financiera”, el primero publicado por el FCE y el otro en prensa a cargo de la misma editorial mexicana.
Según Shaxson, entre 500 y 600 mil millones de dólares se dejan de recaudar cada año por concepto de impuestos corporativos gracias a esos refugios. En lo que toca a las personas físicas el asunto es, igualmente,  muy  grave ya que   éstas tienen algo así como 8.7 billones de dólares depositados en esos paraísos, aunque hay quien afirma que la cifra es mucho mayor, alcanzando los 36 billones. Conservadoramente, la evasión alcanzaría 200 mil millones de dólares que deben ser agregados a los gravámenes  no cobrados a las empresas. En total, cerca de un billón de dólares sustraídos a las arcas gubernamentales cada año.
Los refugios no sólo permiten burlar al fisco: son, al mismo tiempo, lugares ocultos para proteger actividades ilícitas de las élites económicas y políticas. Además, los flujos de capital que se desplazan de un país determinado a un paraíso fiscal representan un peligro para la estabilidad financiera, sobre todo de las economías emergentes. Por otro lado, la competencia entre muchos gobiernos del mundo por atraer capitales a estos centros financieros ha llevado a una caída de la tasa impositiva que se aplica a las corporaciones. Entre 1985 y el día de hoy ésta ha disminuido de 49 al 24 por ciento, mientras que las ganancias brutas de las multinacionales estadounidenses que depositan sus activos en los paraísos ha aumentado de entre un 5-10% en los noventa a un 25-30% actualmente.
La red oscura
Otro artículo, firmado por Kumar y Rosenbach,  se refiere a lo que se ha denominado la Red o el Internet oscuro (Dark Web). Según estos autores, a fines de los años noventa dos centros de investigación del Departamento de Defensa de EU desarrollaron una red de internet que permitía el anonimato y encriptaba las comunicaciones para proteger a los espías de ese país. Dicha tecnología está ahora al alcance de cualquier persona mediante una aplicación o software llamada Red Tor, acrónimo de The Onion Router o la ruta (digital) de la cebolla: muchas capas de encriptación que protegen la información que circula por esta red. La red Tor es la tecnología que soporta la internet oscura: una serie de sitios inaccesibles para quienes usan los navegadores usuales y que no puede ser localizada por buscadores como Google.
Esta red facilita un mercado clandestino creciente, poblado de criminales sofisticados que trafican drogas, armas, identidades robadas, pornografía infantil, y otros servicios y productos ilícitos. Y como la criptomonedas son los principales medios de pago, ello hace más difícil de rastrear estas nefastas actividades.
Desde 2011, cuando empezó a circular el bitcoin, la primera criptomoneda, éste ha sido el instrumento de pago preferido por los delincuentes. Según este reportaje, el comercio en esta red oculta creció de unos 250 millones de dólares a 872 millones en 2018 y llegará a mil millones en 2019. El reportaje concluye que resulta indispensable un mayor control de las operaciones realizadas mediante criptomonedas para detener el lavado de dinero y el financiamiento a actividades terroristas.
La corrupción
Otro trabajo, elaborado por Mauro, Medas y Fournier, afirma que frenar la corrupción puede generar importantes beneficios fiscales. Nuestra investigación, dicen, muestra que los ingresos públicos son más altos en los países percibidos como menos corruptos. Recaudan 4 puntos porcentuales más del PIB en impuestos que aquellos en el mismo nivel de desarrollo económico con niveles más altos de corrupción. Concluye que, si todos los países redujeran la corrupción a, digamos, un tercio, se podrían recaudar $ 1 billón en ingresos fiscales adicionales, o 1.25 por ciento del PIB mundial.
Las inversiones fantasma
En otro artículo de la revista, Damgaard, Elkjaer y Johannese analizan el caso de los flujos por concepto de Inversiones Extranjeras Directas (IED), el cual se entiende, en la práctica, como inversiones financieras transfronterizas entre empresas que pertenecen al mismo grupo multinacional.   El problema es que, gran parte de esta inversión, es de naturaleza fantasma, es decir, se trata de corrientes de capital que pasan por entidades ficticias o que existen sólo de nombre pues no llevan a cabo actividades comerciales reales sino tareas meramente administrativas destinadas minimizar o disfrazar la factura fiscal de las empresas.
Llama la atención, agregan, que algunos paraísos fiscales conocidos alberguen la gran mayoría de la IED fantasma del mundo. Luxemburgo y los Países Bajos reciben casi la mitad. Y cuando agrega a la lista Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Singapur, las Islas Caimán, Suiza, Irlanda y Mauricio, estas 10 economías albergan más del 85 por ciento de todas las inversiones fantasmas.
¿Por qué y cómo este puñado de paraísos fiscales atrae tanta IED fantasma? En algunos casos, se trata de una estrategia política deliberada para atraer la mayor cantidad de inversión extranjera posible al ofrecer tasas impositivas muy bajas o nulas. A nivel mundial, las inversiones fantasmas ascienden a la asombrosa cantidad de $ 15 billones de dólares, equivalente al PIB anual combinado de dos potencias económicas, China y Alemania.

Mi conclusión
La publicación del FMI ayuda a entender una cuestión fundamental: el poder de las corporaciones y de las mafias del crimen organizado, es decir el poder del dinero, está imponiéndose al poder político y a las capacidades de los organismos multinacionales de cooperación como el FMI, el Banco Mundial o la ONU. Estos últimos son cada vez más incapaces de controlar o detener los flujos de capitales que por diversos medios burlan al fisco, las regulaciones internacionales y los ordenamientos legales de los países. El resultado es una debilidad mayor y, por lo tanto, como señala el editor de FyD, una incapacidad creciente de las instituciones para atacar los grandes problemas de la economía global, sobre todo la desigualdad, la pobreza y la inestabilidad económica, política y social. El orden internacional está siendo socavado en aras de la ganancia, una parte de ella ilícita y escondida bajo diversas formas. Hasta el momento actual, a pesar de algunos esfuerzos, la batalla está siendo ganada por los dueños del dinero y los violadores de la ley. El FMI, un organismo que en las últimas décadas ha sido un instrumento de las políticas neoliberales, favorables a esas élites superpoderosas que ahora considera fuera de control, manifiesta la necesidad de un cambio.  Pasar de la teoría a la realidad requerirá una gran voluntad política y delinear un rumbo de la comunidad internacional bajo nuevos principios y acuerdos. ¿Tendrá el FMI la reserva intelectual y la capacidad administrativa para encabezar esas reformas? Por lo pronto, ya es un avance que se hable de estos problemas. El pensamiento único, los dogmas neoliberales hace no tantos años incontestables, parecen estar desmoronándose.

Saulescobar.blogspot.com

jueves, 12 de septiembre de 2019


Una estrategia recatada, y sus posibles consecuencias

Saúl Escobar Toledo


El gobierno de la república entregó el llamado paquete económico el pasado domingo 9 de septiembre. Las metas que ahí se exponen para el próximo año parecen modestas: un crecimiento de alrededor del 2 %, ligera pero claramente mayor al esperado para este año (que oscilará entre 0.6 y 1.2%) y que contrasta con el obtenido en los últimos meses, que se situaba en cero.
Lo anterior se deriva según los cálculos de Hacienda, de un ligero aumento de la recaudación por impuestos (3.7%) y una todavía pequeña recuperación de los ingresos petroleros (4.5%). Por lo tanto, el gasto programable (sin el pago de la deuda) se incrementará apenas 0.8%.
El documento advierte riesgos que pueden poner en peligro estas metas, tanto internos como externos. Entre estos últimos, que el crecimiento económico mundial se caiga, dando un brusco viraje a la expectativa (según el FMI) de que 2020 sea un poco mejor que 2019. Esto puede suceder por una mayor tensión política y comercial entre China y Estados Unidos y/o porque el ciclo económico muestre una tendencia negativa más rápida de lo esperado, sobre todo en el sector industrial estadounidense. Otro problema reside en que el Tratado Comercial, el T-MEC, se detenga y no sea ratificado por alguno de los otros dos socios, en este caso, sobre todo, nuestro por vecino del norte. En una palabra, los problemas mundiales están centrados en el gobierno de un señor llamado Trump, aunque siendo realistas la evolución de las economías también tienen que ver con la fase del ciclo en que nos encontramos.  Para discutir este último asunto, tendríamos que recurrir a una argumentación muy larga y polémica. Lo cierto es que los economistas y amigos que los acompañan (políticos, administradores de gobierno, gerentes, inversionistas, etc.) están de acuerdo por lo menos en una cosa: el capitalismo es un sistema económico cíclico y los periodos de auge son seguidos por otros de vacas flacas. Desde luego, los factores sociales y políticos pueden retardar, acelerar o sortear estos fenómenos, lo que hace todavía más imprevisible la llegada de una recesión. Todavía peor cuando el clima mundial está bastante revuelto como sucede en la actualidad.
Pero además hay otros problemas, los internos. Los Criterios Generales de Política Económica señalan la posibilidad de que ocurra una mayor debilidad de la inversión privada. Lo explican de esta manera:
Otras medidas como el incremento decidido de la inversión en infraestructura física se han relegado. Hay que reconocer, por otro lado, el esfuerzo para hacer más eficiente el gasto realizando algunos ajustes en los programas. Bajan algunos (como Jóvenes construyendo el futuro) y aumentan otros (como la pensión para Adultos mayores y Sembrando Vida). Por su parte, a pesar de que el presupuesto de la Secretaría de Salud no crece, el IMSS y el ISSSTE contarán con un aumento real.
Es encomiable también que se busque una mayor recaudación tributaria, combatiendo la evasión y la elusión fiscal, gravando los servicios de las plataformas digitales, la subcontratación laboral y elevando los impuestos a refrescos y cigarros. Sin embargo, el nivel de ingresos que se proponen captar para el próximo año sigue siendo bajo si lo comparamos internacionalmente con otros países de América Latina y desde luego para impulsar la expansión económica y superar las carencias más importantes en materias como salud, agua, medio ambiente, y otros.

Esta formulación, si se ajusta a lo que realmente se propone la estrategia gubernamental, tiene pros y contras. A favor, pudiera decirse que busca garantizar la estabilidad política y económica, y descartar la repetición de episodios ocurridos en el pasado, particularmente en la crisis de 1982. Y otras experiencias negativas de la izquierda en América Latina. Cualquier avance, así sea pequeño pero consistente, en el terreno de la seguridad y la violencia podría verse, sin duda, como un gran logro. Y poner de pie a PEMEX después de tantos años de desmantelamiento sería igualmente otro acierto indudable.
En contra de esta lógica, debería subrayarse que el comportamiento de la economía puede ser demasiado frágil sin un liderazgo del sector público fortalecido. La recesión o desaceleración mundial serán más difíciles de asimilar si persiste un aparato estatal fiscal   y productivamente débil. De igual manera, las presiones internas, también podrían resistirse mejor si el gobierno decidiera poner sobre la mesa un plan de recuperación económica que exija a todos los actores productivos una contribución mayor, proporcional a la riqueza y los ingresos de cada quien, bajo la premisa de que se puede y se debe, al mismo tiempo, crecer y distribuir mejor.
Por lo pronto, esta última opción se ha descartado. Habrá que ver si definitivamente. pues los escenarios pueden cambiar más rápido de lo que se piensa. Se tendrá que revisar entonces la estrategia planteada.  Y seguir insistiendo en que se requiere un plan B.












miércoles, 28 de agosto de 2019

La economía mexicana: una situación inédita


La economía mexicana: una situación inédita

Saúl Escobar Toledo

Los últimos indicadores de la evolución de la economía mexicana muestran una combinación que no habíamos visto en los últimos tiempos y probablemente en la historia reciente del país. Por un lado, un estancamiento de la producción y una muy débil creación de empleos, aunque el crecimiento de los puestos de trabajo formales (registrados en el IMSS) sea mayor al del producto (PIB), una situación que no es nueva y viene presentándose desde alrededor de 2010. Por otra, una inflación controlada (con una baja en la primera quincena de agosto) y anualizada en 3.3%. Pero, al mismo tiempo, un aumento de los salarios mínimos y contractuales, sobre todo de los primeros y en mucho menor medida de los segundos; un aumento real y por tanto superior al de las últimas décadas. En 2018, entre enero y junio éstos tuvieron cifras negativas a diferencia de lo que sucedió en ese mismo lapso de 2019.  Consecuentemente el comercio minorista aumentó poco más de dos puntos porcentuales.

En pocas palabras, a pesar de que la economía no crece, lo han hecho los salarios y el poder de compra de muchos mexicanos. Lo que habíamos visto en los últimos años era un esquema distinto:  el producto crecía también lentamente, los empleos todavía más, y  una inflación controlada, pero con una disminución de los salrios  (mínimos y contractuales).
La caída en la producción desde luego es el hecho más significativo y preocupante: la industrial cayó 2.9% en el segundo trimestre, acumulando nueve meses de retrocesos, mientras que los servicios, que aportan más del 60% del PIB, probablemente por el aumento de la demanda interna, crecieron un poco. La industria de la construcción ha sido la más afectada con una caída de casi 3%.
La diferencia fundamental entre el pasado y el presente parece estar recayendo en la política salarial, tanto en el aumento al mínimo, que tuvo un alza sin precedentes en las últimas décadas, como en los contractuales. El crecimiento de estos últimos ha sido muy moderado, pero se advierte una política distinta. El gobierno y, en particular las autoridades del trabajo no están interviniendo para que las revisiones se den al parejo de la tasa de inflación esperada. Ya no hay interés en ponerle topes a los salarios.
Repartir mejor el pastel, aunque éste no crezca, podría verse como un escenario aceptable. El problema es que esta situación no puede durar mucho tiempo. En el corto plazo, el estancamiento de la producción va a presionar al mercado laboral y la oferta de empleos, al debilitarse, hará que los salarios se vean presionados a la baja. La posibilidad de un repunte de la demanda por el aumento del consumo interno se ve muy complicaa pues el aumento de los ingresos laborales es todavía pequeño, de alrededor de uno o dos puntos porcentuales. A ello hay que agregar las dificultades que ha habido en el ejercicio del gasto, en particular, las transferencias monetarias de los programas sociales.
Un cambio sustancial del esquema de crecimiento requiere una política de inversiones públicas cuantiosa.  Por ejemplo, para recuperar la industria petrolera y lograr que la producción de crudo y los niveles de exportación se eleven, al mismo tiempo que mejora la producción de gasolinas y refinados. Igualmente, es necesario detonar otras obras de infraestructura que mejoren las comunicaciones y la red de servicios de salud, sobre todo en las zonas más rezagadas del país. Pero la inversión pública, por su propia naturaleza, tendrá efectos en el largo plazo.
La demanda externa, la exportación, ha sido el motor de la economía mexicana desde los años noventa. A tal punto que el ciclo económico del país se alineó al de Estados Unidos.
Sin embargo, el panorama mundial, según diversos analistas, es sombrío. Un reportaje de la AP (Associated Press) lo describe así: fábricas con baja producción, negocios paralizados, el crecimiento global que vacila y las dos economías más poderosas del mundo enfrentadas en una guerra comercial. Hace apenas un año, las grandes economías gozaban de un período inusual de prosperidad compartida, pero ahora la globalización parece estar al borde de caer en una grieta similar a la que precipitó la crisis financiera de 2007.
El enfrentamiento entre Estados Unidos y China y el temor a que el ciclo económico muestre tendencias hacia la recesión, está provocando un nerviosismo general.  La Europa de la zona euro está registrando un crecimiento de apenas 1% y Alemania la gran potencia económica de esta región contrajo su producción en 0.1%. A ello hay que agregar los problemas del BREXIT.
La palabra más usual para definir la situación mundial es incertidumbre. Analistas, instituciones y empresarios la dicen todo el tiempo. En parte tienen razón pues no se sabe qué pude pasar con las estrategias proteccionistas de Trump o cuál será la decisión que vayan a tomar los gobernantes del Reino Unido y los dirigentes de la Unión Europea por su diferendo.  Las alarmas también están sonando debido a que la calidad del crecimiento en Estados Unidos y Europa ha sido mala. Los problemas de la recesión de 2008 no se han resuelto y en cierto sentido se han agravado. Los instrumentos de política económica están casi agotados (sobre todo en materia de política monetaria) y no se avizoran soluciones nuevas ni en la mente ni en la voluntad de quienes toman las principales decisiones en la conducción de la economía en esas regiones del mundo.  
Esa misma palabra, incertidumbre, se ha aplicado retiradamente para describir la situación en México. Pero aquí se mezclan con razones de política interna.  Según algunos voceros de los organismos empresariales, la incertidumbre proviene de que  se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco. Lo que suena más bien a una estrategia de presión para lograr ventajas.
Si el gobierno pudiera desatar para el próximo año (mediante una reforma fiscal o cualquier otro medio) una cantidad de recursos suficientes para estimular el crecimiento mediante inversiones bien planeadas y ejecutadas es probable que nuestra incertidumbre interna pasaría a un segundo plano.
El frente externo es el que realmente puede convertirse en el problema más difícil de resolver. Las relaciones con Estados Unidos enfrentan diversos problemas conectados desgraciadamente con la campaña por la reelección de Donald Trump. Tenemos en esta agenda principalmente la aprobación del T-MEC (el Acuerdo comercial trilateral), el tema de la migración, y las políticas proteccionistas que afectan directamente al país. En el primer caso, nadie pude asegurar que el voto aprobatorio en el Congreso de EU esté asegurado. O que éste se lleve a cabo de inmediato.  Y aunque el tema migratorio parece estar en un impasse, el hecho de que Trump lo haya ligado a sanciones comerciales lo convierte en un tema que abona a la incertidumbre.
Así que la suma de incertidumbre, internas y externas, puede convertirse en un factor real que impida el crecimiento de México para éste y el próximo o próximos años.
Por ello, las medidas que puedan tomarse ahora, en estos meses, cuando la recesión aún no se ha presentado, serán vitales: la definición de un presupuesto más expansivo y un ajuste de las prioridades del gasto público para detectar fallas, desperdicios y retrasos. En pocas palabras, una revisión profunda de la estrategia económica que rescate los componentes esenciales que la animaron desde el principio: una mejor redistribución del ingreso mediante una política salarial más flexible y progresista; fomento al empleo; recursos a programas sociales esenciales, sobre todo en educación y salud.  Revisar metas, evaluar los instrumentos y cambiar lo que sea necesario. Antes de que la incertidumbre se convierta en hechos consumados.

saulescobar.blogspot.com


miércoles, 14 de agosto de 2019


Pobreza, desigualdad y trabajo

Saúl Escobar Toledo



Los informes del INEGI y de CONEVAL sobre la pobreza en México, publicados recientemente, deben ser materia de un amplio debate nacional. Algunas voces se han expresado ya, incluyendo la de aquellos que consideran que hay una considerable subestimación de este problema. La titular del Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli Damián, por ejemplo, ha señalado que según sus estimaciones hay 90 millones de pobres y no 52, como indica CONEVAL. La metodología utilizada tendrá que seguirse discutiendo. Sin embargo, los datos ofrecidos dan cuenta de una persistencia histórica de los niveles de indigencia, pues en los últimos diez años la situación, en el mejor de los casos, no ha cambiado sustancialmente: en 2008 eran 49.5 millones de mexicanos que representaban el 44.4 % de la población y en 2018 pasaron a 52.4 millones, el 42%. Por su parte, la población no pobre ni vulnerable representaba en 2018 apenas el 22% del total, poco más de 27 millones de personas. Por cierto que, si tomamos en cuenta sólo esta última cifra, nos deja un total de 98 millones de personas pobres o vulnerables, una cantidad aún mayor que la señalada por el Consejo de la Ciudad de México.
Ahora bien, considerando, como señala la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares 2018 de INEGI, que más de dos tercios (67%) del ingreso de los hogares proviene del trabajo, nos enfocaremos en este aspecto. Los ingresos por trabajo subordinado (asalariado) representaron  el 84% de esos ingresos y el trabajo independiente sólo el 12%, pero los primeros aumentaron a un menor ritmo en los últimos dos años en comparación de los segundos, lo que quiere decir que aunque la gran mayoría de los hogares depende de un salario, éste resulta cada vez más insuficiente y tiene que ser compensado por ocupaciones por cuenta propia que realiza el integrante de la familia que ya tiene un empleo  o por otro que tiene que salir a buscar un ingreso extra. Entre 2016 y 2018 las remuneraciones por trabajo subordinado disminuyeron en 0.1% mientras que los ingresos por trabajo independiente aumentaron 4.7.
Por su parte CONEVAL, con base en los datos de la Encuesta confirma este aumento de la informalidad señalando que la carencia de Seguridad Social es la más importante, afectando a casi 72 millones de mexicanos, el 57% de la población total. Y aunque aquí hubo una leve mejoría respecto a 2008 pues la cobertura incluyó a 800 mil personas más en un periodo de diez años, el ritmo parece demasiado lento.
Abundando en el asunto, este organismo señala que si sólo tomamos en cuenta los ingresos recibidos por el trabajo desempeñado (y se descuentan los subsidios gubernamentales y otros rubros), la población con una percepción igual o inferior a la línea de pobreza, incluyendo aquella que CONEVAL define como población vulnerable por ingresos sumaba en 2018, 70 millones de mexicanos y representaba el 56% del total. Cifras muy similares a las anteriores.
Lo anterior significa que uno de los grandes problemas del país que explican la pobreza tan extendida y su persistencia crónica reside en que la mayoría de los mexicanos trabajan en ocupaciones informales, con bajas remuneraciones, y en condiciones de alta vulnerabilidad.
Los datos de la Encuesta y CONEVAL sacan a la luz otro asunto de enorme gravedad: la desigualdad regional. En algunas entidades estos parámetros (ingresos inferiores a la línea de pobreza y población vulnerable por ingresos) tuvieron una mejoría y abarcaron a menos de la mitad de la población. Por ejemplo, en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. En cambio, en otros estados, la situación fue la inversa, ya que estos indicadores   empeoraron o se mantuvieron prácticamente igual entre 2008 y 2018. Fue el caso de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.  Por supuesto, la lista de entidades donde el número de personas pobres es mayoría absoluta es más extensa y habría que mencionar también a Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Veamos algunos ejemplos en ambos extremos:  en Baja California la población con ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza representaba el 36.6% en 2018 pero en Chiapas abarcaba al 81.4%. Además, la desigualdad se ha profundizado: en Nuevo León este mismo sector de la población pobre pasó de 35.8 a 27.7% del total, mientras que en Veracruz aumentó de 57.4 a 74%.
Otros datos: en las entidades donde los indicadores de ingreso son mejores, la proporción de trabajadores asalariados tiene, en su mayoría, un contrato de trabajo. Así, para seguir con los mismos ejemplos, en 2018, en Baja California, el 61% tenía un contrato y el 39% no lo tenía; en Nuevo León, los porcentajes eran del 64 y el 36%. Por su parte, en Chiapas, el 27% tenía contrato y el 73% no, y en Veracruz, los indicadores fueron el 32 y el 68% respectivamente.
En Guerrero, las cifras son similares a las de las entidades menos favorecidas: el 72.5% de la población tenía, en 2018, ingresos inferiores a la línea de pobreza o era vulnerable por ingresos. Situación que no cambió en los últimos diez años. La carencia de seguridad social alcanzó a 76%.  Los trabajadores subordinados con contrato representaron el 31% y sin contrato el 69%.
Las entidades relativamente más prósperas seguramente lo son porque ahí se encuentran localizadas muchas empresas manufactureras de exportación y se concentra el empleo industrial, pero tampoco aquí hubo un progreso sustantivo. Por ejemplo, en Aguascalientes la carencia de seguridad social afectaba al 42%, en Baja California al 45% de la población, y en Chihuahua al 42% en 2018.
Podemos afirmar entonces que la pobreza y la desigualdad están estrechamente relacionados con el trabajo. Los menores niveles de indigencia están ligados a una mayor protección de la seguridad social y a la existencia de contratos. Y donde hay más pobres existe mayor vulnerabilidad debido a la carencia de seguridad social y de trabajadores contratados. La desigualdad regional se está profundizando, sobre todo en materia de ingresos recibidos por trabajo, lo que se refleja en bajos niveles de contratación. Y aún en las regiones más prósperas los avance en los últimos años han sido muy graduales. Aunque en menor medida, aún subsiste una porción muy grande de ocupaciones informales.
En una palabra, el problema central reside en la mala calidad y ausencia de trabajos bien remunerados y protegidos. Lo demás es relativamente accesorio, aunque no carezca de importancia.
Se necesitan entonces más y mejores niveles de ocupación. Y para ello, un mayor crecimiento económico acompañado de una expansión de la seguridad social y de la contratación (sobre todo colectiva), apoyado en un esquema de desarrollo que fomente el crecimiento de los salarios y la reversión de la brecha regional. Lo anterior podría también señalar las prioridades de las políticas gubernamentales: el fomento al desarrollo, sobre todo en las regiones más atrasadas, acompañado de un fortalecimiento de las instituciones de seguridad social y una política laboral que aliente la sindicalización y la contratación colectiva.
Probablemente lo anterior suene a algunos muy conocido. Pero es el caso que no ha faltado quien opine, después de conocer los informes de INEGI y CONEVAL que, a pesar de todo, vamos avanzando y que hay que seguir por el mismo camino. O que lo prioritario son los subsidios a los pobres, no la calidad y cantidad de los empleos.

saulescobar.blogspot.com