Un nuevo acuerdo verde global (A global green new deal)

Un nuevo acuerdo verde global

Saúl Escobar Toledo

¿Existe una alternativa viable para lograr un desarrollo sostenible con menor desigualdad económica y deterioro ambiental? ¿Es posible encontrar soluciones de beneficio mutuo en un mundo que enfrenta severas restricciones y presiones en sentido contrario?  La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) en su Reporte 2019 ha propuesto un Nuevo Acuerdo Global Verde (Global Green New Deal, GGND) que incluye un conjunto de reformas, bajo un acuerdo multilateral, para asegurar que los bancos, el capital privado y la deuda ayuden a financiar inversiones que permitan alcanzar las metas de desarrollo sustentable planteadas por las Naciones Unidas para 2030. El informe está disponible en https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2019_en.pdf.

Según Jomo K. Sundaram, un distinguido economista malayo que fue asesor del Secretario General de la ONU para el desarrollo económico  y luego Director General de estudios económicos en la FAO, participante en los debates previos a la elaboración del informe de la UNCTAD, el Acuerdo Verde  requiere sobre todo voluntad política para movilizar los recursos necesarios para una inversión masiva dirigida por el sector público con el fin de revertir la austeridad, el estanca miento y la vulnerabilidad existentes desde la crisis financiera mundial de 2008-2009.

Como se ha reconocido por diversos especialistas, gobiernos y organismos multilaterales (con la excepción del presidente Trump) el calentamiento global ya está causando daños severos, aunque desiguales, en todo el mundo, y representa una amenaza cada vez más grave.  Es indudable que la mitigación del cambio climático requerirá grandes inversiones, especialmente en energía renovable, sistemas alimentarios sostenibles y transporte limpio, para fomentar políticas industriales efectivas que reviertan las tendencias actuales.

El Acuerdo que publica la UNCTAD advierte que se trata de un proyecto flexible que no se puede aplicar de la misma manera en todos los países, por lo que se necesitarán políticas tecnológicas adecuadas para evitar que sigan creciendo los métodos de producción intensivos en carbono. El paquete de medidas tendrá que variar según el contexto, pero en todo caso se requerirán estímulos fiscales y recursos cuantiosos para construir infraestructura pública.

El Acuerdo Verde considera que bajo estas directrices se pueden lograr tasas de crecimiento de las economías desarrolladas entre 1 - 1.5% por encima de las actualmente previstas.  Para las economías en desarrollo, los beneficios podrían ser mayores, excepto en el caso de China que obtendría resultados menos positivos.

A diferencia de las propuestas del Banco Mundial que descansan en la recaudación de financiamiento privado mediante la banca en la sombra, es decir, entidades financieras, no reguladas como los hedge funds y otros fondos del mercado de capitales altamente especulativos, el Nuevo Acuerdo Verde propone acciones para que el sector público dirija el financiamiento, lo que a su vez podría estimular al capital privado.

La iniciativa UNCTAD incluye un aumento de las inversiones ecológicas equivalentes al 2% de los ingresos anuales a nivel mundial, alrededor de 1.7 billones de dólares, un tercio de lo que los gobiernos gastan actualmente en subsidios para combustibles fósiles. Ello podría crear más de 170 millones de empleos, garantizar una industrialización más limpia en el Sur y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según diversos especialistas, la economía mundial puede enfrentar una recesión en 2020. Las tensiones comerciales, la deuda corporativa y los rendimientos decrecientes son algunos signos negativos. La UNCTAD calcula una caída del crecimiento económico mundial a 2.3% en 2019, comparado con el 3% obtenido en 2018. No es sorprendente, por lo tanto, que el comercio también pierda dinamismo. En 2018 aumentó apenas 2.8% y este año se acercará más bien al 2%. De ahí la importancia del Acuerdo Verde, que podría crear más empleos, elevar salarios y la inversión pública.

La reconstrucción del multilateralismo y la cooperación internacional en torno al Nuevo Pacto Verde Global incluye varias medidas para garantizar que el capital, los bancos y la deuda contribuyan a acelerar el desarrollo. Entre otras:

Dar los primeros pasos para la reestructuración de la deuda soberana de aquellos países, particularmente los más pobres, que ya no puede pagarla según los contratos originales.

El Informe advierte que la deuda ha crecido en el mundo en desarrollo, mucha de ella de corto plazo y en moneda extranjera, sobre todo en el sector privado, debido a que las políticas monetarias no convencionales con tasas de interés muy bajas o cercanas a cero hizo que el crédito se volviera muy barato y accesible. Sin embargo, este endeudamiento no se ha destinado a los sectores productivos y en cambio se ha vuelto más riesgosa, sujeta cada vez más a la inestabilidad económica mundial.

Por otra parte, se recomienda la expansión de los DEGs (Derechos Especiales de Giro), una divisa creada y utilizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha funcionado como activo de reserva y como unidad de cuenta para apoyar los préstamos de esta institución a países con problemas de balanza de pagos. Ahora, según el Pacto Verde, podría utilizarse para financiar la provisión de servicios públicos en los países en desarrollo.

Un asunto sustancial de la propuesta tiene que ver con la Banca de Desarrollo ya se considera que estos organismos serían vitales para el éxito del proyecto, dada la magnitud de inversiones que se requieren. La UNCTAD observa que la banca de desarrollo está insuficientemente capitalizada. Algunos bancos de desarrollo son muy fuertes como el de China, que tiene un portafolio de préstamos equivalente a más del 13% del PIB, o el Banco Coreano con una cartera equivalente al 10.5% del PIB. Pero en otros países la situación es muy distinta, incluyendo India, Rusia, Sudáfrica, México y Malasia. Sus portafolios apenas alcanzan un 2% del PIB de sus países.

La otra medida estratégica consiste en detener los flujos financieros ilícitos que evaden al fisco y drenan recursos del sur hacia el norte, de los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Y, además, fijar Impuestos únicos a las ganancias de las corporaciones transnacionales, con una tasa corporativa fijada entre el 20-25%, es decir, similar al promedio internacional que actualmente se aplica.  Ello ayudaría también a verificar el pago de sus obligaciones fiscales.

El Acuerdo hace hincapié en la necesidad de imponer control de capitales. Éstos no deberían estar prohibidos en los acuerdos comerciales y, por el contrario, habría que incluir en ellos salvaguardas que permitan a los países regular los flujos de capital. Estos flujos tendrían que ser administrados y supervisados en ambas puntas:  tanto en los países de llegada como en los de origen. La regulación de los flujos de capital en los países desarrollados mejoraría la eficacia de sus políticas monetarias expansionistas no convencionales, limitando la filtración de dinero hacia el exterior. En los países de destino el control de capitales ayudaría a mejorar la administración de su balanza de pagos.

Otra medida que propone el Acuerdo consiste en la creación de un fondo global para el desarrollo sostenible, financiado   por los países más desarrollados, que de esta manera pagarían sus compromisos previamente incumplidos desde 1990 para la asistencia al desarrollo, equivalente al 0.7% del ingreso nacional, estimado en más de $ 3.5 billones de dólares.

El Acuerdo Verde, en síntesis, se propone cambiar las reglas económicas prevalecientes en el mundo que alientan las fuerzas del mercado, el poder de las grandes corporaciones y las políticas públicas que sostienen y fomentan las disparidades económicas y la destrucción del medio ambiente. Hay alternativas para cambiar el mundo, pero como afirma Jomo, falta la voluntad política.