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miércoles, 17 de junio de 2020

Manifiesto: Democratizar el trabajo

Democratizar el trabajo para salvar al planeta
 Saúl Escobar Toledo
 

A iniciativa de un grupo de mujeres, Isabel Ferreras, Dominique Méda y Julia Battilana, todas ellas distinguidas profesoras de universidades  como la Católica de Lovaina en Bélgica; la de Paris-Dauphine; y la de Harvard, Estados Unidos, ha empezado a circular en las últimas semanas  un Manifiesto por el trabajo. Dicho escrito ya fue respaldado por casi 6 mil investigadores de 700 universidades de todos los continentes y ha sido publicado en 36 países y 27 diferentes idiomas. Entre quienes lo han apoyado se encuentran figuras tan conocidas e influyentes como Katharina Pistor, Dani Rodrik, y  Thomas Piketty. En México, el documento ha circulado en los medios académicos, pero no en la prensa, al alcance de un público más amplio. Así que, hasta donde sabemos, los lectores de El Sur serán los primeros en conocer, en forma resumida, el contenido de esta propuesta, la cual   se puede encontrar íntegramente en el sitio : democratizingwork.org.

 

El Manifiesto inicia reconociendo el trabajo de los médicos, enfermeros,  repartidores de  productos y encargados de las farmacias o de los establecimientos esenciales para nuestra manutención cotidiana, pues gracias a ellos hemos podido sobrevivir durante el periodo de confinamiento obligado por la pandemia. Sus labores, por lo tanto,  deben ser protegidas y no quedar expuestos a  las leyes del mercado. De lo contrario, se corre  el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas.  Por ello -afirma la proclama- hay que democratizar el trabajo, democratizando la empresa y, al mismo tiempo dejar de tratarlo como una mercancía. Estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían actuar colectivamente para limpiar y rescatar al planeta.

Democratizar el trabajo quiere decir combatir  la idea de que las personas trabajadoras deben ser tratadas como “recursos” cuando en realidad son la parte constitutiva de las empresas. Los empleados casi siempre son excluidos de la participación en el gobierno de los negocios y éste ha quedado en manos de los accionistas, los que aportan el capital. Defender la representación de los trabajadores en la dirección de las empresas no es un hecho nuevo ni imposible en las economías de mercado. Comenzó después de la Segunda Guerra Mundial a través de Comités de Empresa y diversas experiencias de cogestión. Sin embargo, los primeros fueron demasiado débiles y las segundas insuficientes Ahora, estos comités deben  tener derechos similares a los de las Juntas Directivas, a fin de someter al gobierno de la empresa, los Consejos de Administración y la gerencia general,  a una doble mayoría.

 

Se propone también  desmercantilizar el trabajo. La creación de puestos laborales en el sector de la salud y en actividades ligadas al cuidado de personas o al suministro de equipos y materiales indispensables han estado sometidos a la lógica de la rentabilidad. Las decenas de miles de fallecidos nos recuerdan, penosamente, dice el escrito, que hay necesidades colectivas estratégicas que no deberían estar regidas por el mercado.

De igual manera, el manifiesto propone garantizar para todos un trabajo digno a través de una Garantía de Empleo (job guarantee). Ello implica el reconocimiento del derecho al trabajo, como lo señala el artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos humanos (o, por ejemplo, la Constitución de México), lo que implica la libre elección de una actividad y sobre todo el derecho a  condiciones laborales justas y satisfactorias y a una protección contra el desempleo. Esta garantía de empleo debería ser administrada por  las comunidades y administraciones locales para contribuir a evitar el colapso climático y garantizar un futuro digno para todos y todas.

El Manifiesto sugiere que los estados nacionales deben  contribuir con los recursos necesarios para impulsar este  proyecto. Proponen para ello, revisar los objetivos de los bancos centrales, incluyendo el de la Unión Europea, de tal manera que éstos puedan financiar estos programas. Se ofrecería, además, una solución anticíclica al choque económico  que ya se nos vino encima por el desempleo masivo.

Finalmente, el Manifiesto llama a no repetir los errores cometidos a raíz de la Gran Recesión  de 2008 pues en esa ocasión se quiso resolver la crisis mediante el rescate incondicional del sector financiero, aumentando la deuda pública. Si los gobiernos vuelven hoy a intervenir en la economía es importante que esos apoyos se condicionen cambiando la orientación estratégica de las empresas beneficiadas. Éstas deberán cumplir normas medioambientales más estrictas y, asimismo, implantar un gobierno democrático a su interior. Según el Manifiesto, las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán las que cuenten con administraciones en las que tanto los inversionistas como aquellos que aportan su trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias que se vayan a  poner en práctica. Debe reconocerse que, hasta ahora,  el compromiso capital/trabajo/planeta ha resultado siempre desfavorable a las dos últimas y  sólo se ha beneficiado al primero. Algunas cooperativas y empresas de la economía social y solidaria, que se han propuesto como objetivos darles viabilidad financiera a sus proyectos y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones sociales y medioambientales, han implantado gobiernos internos más democráticos demostrando que son una opción viable.

El Manifiesto termina así:  No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan el capital de las empresas  no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que aportan su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar al  planeta.

Hasta aquí las tesis del Manifiesto. Desde mi punto de vista, estas ideas forman parte de un abanico cada vez más amplio de alternativas que han salido a la luz en las últimas semanas. Se ha extendido la convicción de que el confinamiento no ha sido un paréntesis, un espacio de tiempo sin consecuencias, y que a la salida de esta reclusión encontraremos, ya los estamos viendo, una realidad distinta a la que dejamos antes del encierro. Esta nueva realidad es, por lo pronto, más sombría. Para remediar esto, no podemos dejar que las condiciones sociales, económicas y políticas que han prevalecido sigan inalteradas. No podemos arriesgarnos a  prolongar esta calamidad o a sufrir otra en condiciones cada vez más adversas. Pero cambiar qué y cómo es el debate que tenemos que dar en todos lados.

El Manifiesto aporta algunas ideas estratégicas. Para el caso de México, me parecen de especial relevancia las siguientes: hacer efectiva la  garantía de empleo ( quizás en lugar de un ingreso mínimo vital); su financiamiento a través de los bancos centrales; y el rescate de empresas a condición de que cumplan  un conjunto de normas administrativas, laborales  y ecológicas. Lo anterior se traduciría, en lo inmediato, en un seguro de desempleo para los trabajadores del sector formal;  y un financiamiento y protección permanente para quienes realizan actividades  informales (en un taller familiar o por su cuenta). Igualmente, que los recursos del Banco de México ya no se canalicen a la banca privada sino directamente al gobierno o gobiernos (estatales, municipales) para apoyar la salud y la protección al empleo; y que los créditos a las empresas se otorguen solo cuando éstas garanticen un mejoramiento de su desempeño y su democratización interna.  Finalmente, habría que apoyar a la economía social y solidaria, un sector que apenas despunta en nuestro país. Estas y otras propuestas no pueden ser desechadas sin discusión. Poner en pie lo que ha estado de cabeza, para hacer uso de una cita famosa, requiere de muchas ideas nuevas y audaces.

 

 

 


miércoles, 29 de enero de 2020

Crecimiento y Desarrollo


Crecimiento y Desarrollo

Saúl Escobar Toledo

Desde la década de los años sesenta, en las escuelas de economía y en una parte de la literatura especializada, se insistía en comprender la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El primer término aludía al aspecto meramente cuantitativo mientras que el segundo se refería a la calidad de la dinámica económica. La crítica más importante que sostenía esta diferenciación se basaba en la idea de que el crecimiento de aquellos años, por cierto muy alto comparado con el presente, estaba basado en un modelo concentrador y excluyente. Este fenómeno -decía por ejemplo Pedro Vuscovic hace cincuenta años- se manifestaba especialmente en las características y las tendencias de la distribución del ingreso (Cf. www.eltrimestreeconomico.com.mx).  El economista chileno, uno de los más importantes representantes de la CEPAL, agregaba que:
“las formas actuales de funcionamiento de los sistemas económicos latinoamericanos no apoyan el concepto de que el crecimiento pudiera llevar más o menos espontáneamente a un mejoramiento en la distribución del ingreso; por el contrario, en condiciones de funcionamiento espontáneo del sistema parecen ser más poderosas las fuerzas concentradoras que los efectos positivos de ciertos cambios en la estructura sectorial de la economía”
Sin embargo, los esfuerzos por el cambio chocaron con los intereses dominantes, incluyendo dictaduras militares, y las condiciones que conoció el mundo en los años setenta caracterizadas por la inestabilidad y lo que se llamó entonces la estanflación, estancamiento con inflación.
En los años ochenta las cosas empeoraron y América Latina viviría la llamada década perdida que significó graves retrocesos en el crecimiento y el nivel de vida de la población. Debido a esto y a la globalización mundial que empezó a dominar a casi todas las sociedades del planeta, y a cambios políticos significativos como el derrumbe de la URSS, el debate sobre crecimiento y desarrollo se diluyó casi totalmente. Ahora lo importante era volver a crecer, recuperar todos los años perdidos y, para ello, ajustarse a los nuevos dictados de política económica: liberalizar los mercados, flexibilizar el trabajo y reducir los presupuestos públicos.
La calidad del crecimiento dejó de tener importancia ya que la teoría en boga aseguraba que pocos años el mundo sería plano, es decir, las desigualdades (económicas, tecnológicas, sociales y políticas) se reducirían casi totalmente gracias a las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, y al flujo sin trabas de capitales y mercancías por todo el orbe.
Las ilusiones del final de la historia, la prosperidad generalizada y el triunfo de la democracia liberal en todos lados tuvieron un serio descalabro con la Gran Recesión de 2008. A partir de entonces, las economías, significativamente las del mundo desarrollado, sufrieron caídas severas y prolongadas. De ahí se derivó un descontento político que hoy afecta a muchas partes del mundo. En varias regiones del planeta, la economía volvió a crecer, pero no la tranquilidad y la conformidad de los ciudadanos. Para entender esta situación, la discusión sobre la calidad del crecimiento ha regresado, y en particular, el tema de la desigualdad.
Como ha señalado recientemente el economista Dani Rodrik,
“La desigualdad está ocupando un lugar preponderante que desde hace mucho tiempo no se veía... Frente a la violenta respuesta política y social contra el orden económico establecido, que alimenta el ascenso de los movimientos populistas de extrema derecha y las protestas callejeras desde Chile hasta Francia, los políticos de todos los colores han convertido a este tema en una prioridad urgente”.
La preocupación por la calidad del crecimiento económico ha llevado a una reflexión sobre los indicadores, en particular, el más importante, el Producto Interno Bruto (PIB). Economistas tan distinguidos como Thomas Piketty, Emmanuel Saez, y Gabriel Zucman han propuesto el “PIB 2.0” un parámetro que incluiría datos desagregados de ingreso de diferentes sectores de la población de tal manera que se puedan observar las diferencias.
Por su parte, una comisión de economistas encabezada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, se dio a la tarea de identificar los límites del PIB como un indicador del funcionamiento de la economía y del progreso social. Sugieren que se debe cambiar el énfasis de medición, apoyado en indicadores orientados al producto, a otros enfocados en el bienestar (well-being) de la actual y las futuras generaciones. Ello plantea una visión multidimensional que engloba los estándares de vida materiales, y asimismo la evaluación de la   salud, la educación, las actividades laborales, la voz del ciudadano en actividades políticas y en las tareas de gobierno, las relaciones sociales, el medio ambiente, y la inseguridad.
Hoy, a diferencia de hace cincuenta años, la calidad se debe entender no sólo en razón de la desigualdad del ingreso, sino igualmente, de un medio ambiente sano y sustentable, de la existencia y creación de empleos dignos, y del cierre de la brecha entre hombres y mujeres.
Y, sin embargo, el mismos Stiglitz aclaró hace poco que “Por muy desacertada que sea la obsesión con el incremento permanente del PIB (y los riesgos de una catástrofe ecológica), sin crecimiento económico miles de millones de personas seguirán careciendo de una provisión adecuada de alimentos, vivienda, vestimenta, educación y atención médica”.
Desde luego, en todos estos años, el asunto de la calidad de la expansión económica no fue olvidada por completo. Sobre todo, las Naciones Unidas han hecho esfuerzos por evaluar los países con base en los índices de desarrollo humano. La UNCTAD y la CEPAL, por su parte, han elaborado propuestas para impulsar las economías mejorando sus componentes sociales.
En México tampoco estuvieron ausentes las voces críticas del modelo neoliberal. Además, afortunadamente, contamos con CONEVAL para medir mejor los fenómenos sociales y económicos. El INEGI también ha hecho esfuerzos para ofrecer indicadores que vayan más allá del comportamiento del PIB.
 El presidente de la república también se ha manifestado alegando, ante las cifras que dan cuenta de un estancamiento del PIB, que le interesa más abatir la desigualdad que acelerar el crecimiento.  No obstante, si vemos las cosas más de cerca, el impulso al nuevo Tratado Comercial; su respuesta frente a las amenazas de EU, endureciendo la política migratoria; los repetidos anuncios de compromisos con los grandes empresarios para estimular la inversión; y algunos proyectos como la refinería, el corredor transístmico y el rescate de PEMEX revelarían su preocupación por elevar las cifras de crecimiento. Algunos dirían incluso, que a costa de su calidad.
En el momento actual, entonces, la tarea consiste en impulsar un mayor desarrollo en sus dos vertientes, tanto en cantidad como en calidad. En el fondo, sin embargo, como se afirmó hace medio siglo, el reto es llevar a cabo una nueva estrategia, con todo lo que ello supone, incluyendo sus consecuencias políticas.
El debate sobre la calidad de la dinámica económica está otra vez en un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, los organismos multilaterales y los círculos académicos. Bienvenidos los nuevos términos de la polémica. En México, sin embargo, quizás tengamos, además, que discutir un índice o al menos un mapa de ruta de los conflictos políticos que un cambio de rumbo necesariamente provoca para medir acertadamente hacia dónde vamos y sus posibilidades reales de éxito.



miércoles, 23 de octubre de 2019

Un nuevo acuerdo verde global (A global green new deal)


Un nuevo acuerdo verde global

Saúl Escobar Toledo


¿Existe una alternativa viable para lograr un desarrollo sostenible con menor desigualdad económica y deterioro ambiental? ¿Es posible encontrar soluciones de beneficio mutuo en un mundo que enfrenta severas restricciones y presiones en sentido contrario?  La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) en su Reporte 2019 ha propuesto un Nuevo Acuerdo Global Verde (Global Green New Deal, GGND) que incluye un conjunto de reformas, bajo un acuerdo multilateral, para asegurar que los bancos, el capital privado y la deuda ayuden a financiar inversiones que permitan alcanzar las metas de desarrollo sustentable planteadas por las Naciones Unidas para 2030. El informe está disponible en https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2019_en.pdf.

Según Jomo K. Sundaram, un distinguido economista malayo que fue asesor del Secretario General de la ONU para el desarrollo económico  y luego Director General de estudios económicos en la FAO, participante en los debates previos a la elaboración del informe de la UNCTAD, el Acuerdo Verde  requiere sobre todo voluntad política para movilizar los recursos necesarios para una inversión masiva dirigida por el sector público con el fin de revertir la austeridad, el estanca miento y la vulnerabilidad existentes desde la crisis financiera mundial de 2008-2009.

Como se ha reconocido por diversos especialistas, gobiernos y organismos multilaterales (con la excepción del presidente Trump) el calentamiento global ya está causando daños severos, aunque desiguales, en todo el mundo, y representa una amenaza cada vez más grave.  Es indudable que la mitigación del cambio climático requerirá grandes inversiones, especialmente en energía renovable, sistemas alimentarios sostenibles y transporte limpio, para fomentar políticas industriales efectivas que reviertan las tendencias actuales.
El Acuerdo que publica la UNCTAD advierte que se trata de un proyecto flexible que no se puede aplicar de la misma manera en todos los países, por lo que se necesitarán políticas tecnológicas adecuadas para evitar que sigan creciendo los métodos de producción intensivos en carbono. El paquete de medidas tendrá que variar según el contexto, pero en todo caso se requerirán estímulos fiscales y recursos cuantiosos para construir infraestructura pública.

El Acuerdo Verde considera que bajo estas directrices se pueden lograr tasas de crecimiento de las economías desarrolladas entre 1 - 1.5% por encima de las actualmente previstas.  Para las economías en desarrollo, los beneficios podrían ser mayores, excepto en el caso de China que obtendría resultados menos positivos.

A diferencia de las propuestas del Banco Mundial que descansan en la recaudación de financiamiento privado mediante la banca en la sombra, es decir, entidades financieras, no reguladas como los hedge funds y otros fondos del mercado de capitales altamente especulativos, el Nuevo Acuerdo Verde propone acciones para que el sector público dirija el financiamiento, lo que a su vez podría estimular al capital privado.

La iniciativa UNCTAD incluye un aumento de las inversiones ecológicas equivalentes al 2% de los ingresos anuales a nivel mundial, alrededor de 1.7 billones de dólares, un tercio de lo que los gobiernos gastan actualmente en subsidios para combustibles fósiles. Ello podría crear más de 170 millones de empleos, garantizar una industrialización más limpia en el Sur y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según diversos especialistas, la economía mundial puede enfrentar una recesión en 2020. Las tensiones comerciales, la deuda corporativa y los rendimientos decrecientes son algunos signos negativos. La UNCTAD calcula una caída del crecimiento económico mundial a 2.3% en 2019, comparado con el 3% obtenido en 2018. No es sorprendente, por lo tanto, que el comercio también pierda dinamismo. En 2018 aumentó apenas 2.8% y este año se acercará más bien al 2%. De ahí la importancia del Acuerdo Verde, que podría crear más empleos, elevar salarios y la inversión pública.
La reconstrucción del multilateralismo y la cooperación internacional en torno al Nuevo Pacto Verde Global incluye varias medidas para garantizar que el capital, los bancos y la deuda contribuyan a acelerar el desarrollo. Entre otras:
Dar los primeros pasos para la reestructuración de la deuda soberana de aquellos países, particularmente los más pobres, que ya no puede pagarla según los contratos originales.
El Informe advierte que la deuda ha crecido en el mundo en desarrollo, mucha de ella de corto plazo y en moneda extranjera, sobre todo en el sector privado, debido a que las políticas monetarias no convencionales con tasas de interés muy bajas o cercanas a cero hizo que el crédito se volviera muy barato y accesible. Sin embargo, este endeudamiento no se ha destinado a los sectores productivos y en cambio se ha vuelto más riesgosa, sujeta cada vez más a la inestabilidad económica mundial.
Por otra parte, se recomienda la expansión de los DEGs (Derechos Especiales de Giro), una divisa creada y utilizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha funcionado como activo de reserva y como unidad de cuenta para apoyar los préstamos de esta institución a países con problemas de balanza de pagos. Ahora, según el Pacto Verde, podría utilizarse para financiar la provisión de servicios públicos en los países en desarrollo.
Un asunto sustancial de la propuesta tiene que ver con la Banca de Desarrollo ya se considera que estos organismos serían vitales para el éxito del proyecto, dada la magnitud de inversiones que se requieren. La UNCTAD observa que la banca de desarrollo está insuficientemente capitalizada. Algunos bancos de desarrollo son muy fuertes como el de China, que tiene un portafolio de préstamos equivalente a más del 13% del PIB, o el Banco Coreano con una cartera equivalente al 10.5% del PIB. Pero en otros países la situación es muy distinta, incluyendo India, Rusia, Sudáfrica, México y Malasia. Sus portafolios apenas alcanzan un 2% del PIB de sus países.

La otra medida estratégica consiste en detener los flujos financieros ilícitos que evaden al fisco y drenan recursos del sur hacia el norte, de los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Y, además, fijar Impuestos únicos a las ganancias de las corporaciones transnacionales, con una tasa corporativa fijada entre el 20-25%, es decir, similar al promedio internacional que actualmente se aplica.  Ello ayudaría también a verificar el pago de sus obligaciones fiscales.

El Acuerdo hace hincapié en la necesidad de imponer control de capitales. Éstos no deberían estar prohibidos en los acuerdos comerciales y, por el contrario, habría que incluir en ellos salvaguardas que permitan a los países regular los flujos de capital. Estos flujos tendrían que ser administrados y supervisados en ambas puntas:  tanto en los países de llegada como en los de origen. La regulación de los flujos de capital en los países desarrollados mejoraría la eficacia de sus políticas monetarias expansionistas no convencionales, limitando la filtración de dinero hacia el exterior. En los países de destino el control de capitales ayudaría a mejorar la administración de su balanza de pagos.
Otra medida que propone el Acuerdo consiste en la creación de un fondo global para el desarrollo sostenible, financiado   por los países más desarrollados, que de esta manera pagarían sus compromisos previamente incumplidos desde 1990 para la asistencia al desarrollo, equivalente al 0.7% del ingreso nacional, estimado en más de $ 3.5 billones de dólares.
El Acuerdo Verde, en síntesis, se propone cambiar las reglas económicas prevalecientes en el mundo que alientan las fuerzas del mercado, el poder de las grandes corporaciones y las políticas públicas que sostienen y fomentan las disparidades económicas y la destrucción del medio ambiente. Hay alternativas para cambiar el mundo, pero como afirma Jomo, falta la voluntad política.