Cambiar la política económica en México: razones y propuestas

 

Por un cambio urgente de la política económica

Saúl Escobar Toledo

 

El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD), con sede en la UNAM, publicó recientemente un documento en el que llama a discutir un conjunto de medidas para darle un giro a la política económica. Esta propuesta responde a un diagnóstico de la situación actual:  a estas alturas del año pueden observarse ya los serios daños sociales infligidos por la disrupción. Como sabemos, el resguardo obligado de las personas detuvo la economía y ello causó que millones de personas dejaran de recibir ingresos por su trabajo. Sin embargo, el gobierno no llevó a cabo las medidas suficientes de apoyo para compensar esas pérdidas. El resultado es fácil de adivinar: muchos hogares se han empobrecido rápidamente. Se ha calculado que entre 10 y 16 millones de personas en el mes de abril vieron caer sus haberes al punto de no poder adquirir la canasta básica alimentaria, situación que se ha prolongado para muchos de ellos durante mayo, junio y julio. Y si bien es cierto que cada vez hay más trabajadores que se reintegran a sus labores, las pérdidas ocasionadas no han sido reparadas.

No sólo eso, la ausencia de respaldo ha llevado a muchas personas a abandonar su enclaustramiento para buscar el sustento. Ello, a su vez, pone en mayor peligro a la población. El documento considera que esta dinámica puede corregirse y que contener la pandemia, proteger las fuentes de empleo y reactivar la economía son   objetivos que se pueden conseguir al mismo tiempo, y no necesariamente se tiene que elegir entre uno u otro.

El GNCD reconoce los avances obtenidos antes de la crisis sanitaria:    hubo un importante incremento de los salarios mínimos y contractuales (aunque en menor medida); se amplió el derecho a una pensión básica para adultos mayores; y se extendieron apoyos a otros grupos vulnerables.   Pero la situación cambió de manera extraordinaria y, sin embargo, la política económica no lo hizo.

Esta situación -dice este colectivo- debe corregirse. Para ello se propone una estrategia de emergencia para lo que resta de 2020 y para 2021. Este nuevo rumbo podría devolver a las familias algo de lo perdido y, sobre todo, evitar que la reactivación económica sea más lenta.

Dado que los programas sociales vigentes no son ya suficientes, se requieren medidas inmediatas para proteger a los trabajadores formales que han quedado desempleados o subocupados, y a los informales que han visto caer sus ingresos. El escrito insiste en que los más afectados han sido los que ganaban los salarios más bajos y por lo tanto son los más susceptibles de caer en una situación de pobreza, incluso de pobreza extrema.

El Grupo hace énfasis en que la reactivación de la economía no puede descansar únicamente en la dinámica del mercado. Tanto el consumo privado como la inversión pueden recuperarse muy lentamente si no hay una acción decidida del estado. Es decir, si no hay fuerte impulso fiscal. Por ello, se señala que:

Por razones de estricta justicia social vinculadas al imperativo de paliar el sufrimiento de millones de hogares y también por motivos de índole macroeconómica, sigue siendo necesario y es ahora más urgente poner en marcha un programa de ampliación del gasto público.  Esto supone incrementar el déficit público para 2020 y un presupuesto   para 2021 que fortalezca considerablemente dicho impulso.

Y agrega que, para sufragar lo anterior, se puede recurrir, por una parte, a la línea de crédito flexible de bajo costo disponible en el FMI y, por la otra, a un financiamiento directo del Banco de México.  Adicionalmente, el sistema bancario   puede cooperar con la recuperación    otorgando más crédito a empresas y personas y apoyando directamente al gobierno.   Un mayor gasto público no debe, necesariamente, convertirse en una deuda impagable y en una carga insoportable para las futuras generaciones.

Precisamente porque un mayor endeudamiento debe llevarse a cabo con prudencia, se hace indispensable una mayor cooperación entre la autoridad fiscal y monetaria. Con ello se puede lograr, de manera responsable, robustecer el sector salud; apoyar a las familias que sufrieron despidos o recortes en sus remuneraciones; y respaldar, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas con apoyos directos, no sólo créditos (hasta hoy de baja cuantía). Además, se requiere llevar a cabo un conjunto de reformas legales para implementar un seguro de desempleo; un ingreso básico para los más pobres y afectados; y el fortalecimiento de la banca de desarrollo (hoy extrañamente congelada), así como una política industrial y regional que no descanse única y pasivamente en las supuestas bondades del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Se necesita, también, un programa emergente de inversión en infraestructura. Otra vez, lo que se ha planeado (el aeropuerto, la refinería, los trenes), no es suficiente. Según las cifras oficiales publicadas hace unos días, la inversión del sector público física (obras, equipo y maquinaria) ha aumentado en términos reales en 16% pero en algunos rubros se han visto caídas (seguridad nacional; protección ambiental; recreación y cultura; sector agropecuario, silvicultura, y pesca) a cambio de otros renglones que han aumentado (salud; desarrollo económico; y energía).  

El endeudamiento adicional debe ser visto como transitorio y circunscrito a superar la emergencia. Por ello, dice el documento, resulta impostergable una reforma fiscal. Una reforma, precisa el manifiesto, que finque las bases de una nueva economía incluyente y sustentable y que sea producto de un   pacto entre los actores   políticos y sociales y los agentes económicos. La innegable fuerza del presidente, otorgada por las urnas en 2018, debe y puede servir para conseguir este acuerdo.

El escrito aquí comentado termina con una convocatoria:

“El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2021 deben tener como objetivos principales la    recuperación económica y social.  Llamamos a la Cámara de Diputados y al Senado, a sus grupos parlamentarios, y a la sociedad mexicana, a debatir con la altura de miras que demanda la emergencia nacional”.

No podemos perder más tiempo. Una política basada en la contención y recortes indiscriminados del gasto corriente; el equilibrio de las finanzas públicas; y el ahorro, objetivos que en tiempos normales o de bonanza podría ser aconsejables, no lo son en estas circunstancias tan dramáticas.

El gobierno puede presumir que, pese a la adversidad, el balance presupuestario pasó de -311 miles de millones de pesos (programado) a -319 (ejercido en el primer semestre), es decir un muy ligero aumento del déficit, de apenas 8 mmp. Pero eso ¿de qué sirve cuando la desigualdad y la pobreza se exacerban? El estado mexicano y, en primer lugar, el presidente de la república, tienen que reconocer que hay una deuda más importante que la que se registra en las finanzas públicas. El faltante que han sufrido, sufren y lamentablemente seguirán sufriendo millones de mexicanos es un asunto prioritario. No sólo desde el punto de vista de la responsabilidad social sino también pensando en el futuro. Si algo se ha aprendido de las crisis del capitalismo en estos últimos cien años es que no se puede confiar en las leyes del mercado. Es, pues, la hora de la política, de la toma de decisiones, del cambio de rumbo.

Nota: el GNCD es un colectivo plural compuesto por hombres y mujeres de experiencias, formaciones e inclinaciones políticas diversas. Ha trabajado en torno a los problemas del desarrollo desde hace más de diez años y ha producido varios libros, ensayos, y documentos. La lista completa de integrantes del Grupo y sus publicaciones están disponibles en: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx

Manifiesto: Democratizar el trabajo

Democratizar el trabajo para salvar al planeta
 Saúl Escobar Toledo
 

A iniciativa de un grupo de mujeres, Isabel Ferreras, Dominique Méda y Julia Battilana, todas ellas distinguidas profesoras de universidades  como la Católica de Lovaina en Bélgica; la de Paris-Dauphine; y la de Harvard, Estados Unidos, ha empezado a circular en las últimas semanas  un Manifiesto por el trabajo. Dicho escrito ya fue respaldado por casi 6 mil investigadores de 700 universidades de todos los continentes y ha sido publicado en 36 países y 27 diferentes idiomas. Entre quienes lo han apoyado se encuentran figuras tan conocidas e influyentes como Katharina Pistor, Dani Rodrik, y  Thomas Piketty. En México, el documento ha circulado en los medios académicos, pero no en la prensa, al alcance de un público más amplio. Así que, hasta donde sabemos, los lectores de El Sur serán los primeros en conocer, en forma resumida, el contenido de esta propuesta, la cual   se puede encontrar íntegramente en el sitio : democratizingwork.org.

 

El Manifiesto inicia reconociendo el trabajo de los médicos, enfermeros,  repartidores de  productos y encargados de las farmacias o de los establecimientos esenciales para nuestra manutención cotidiana, pues gracias a ellos hemos podido sobrevivir durante el periodo de confinamiento obligado por la pandemia. Sus labores, por lo tanto,  deben ser protegidas y no quedar expuestos a  las leyes del mercado. De lo contrario, se corre  el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas.  Por ello -afirma la proclama- hay que democratizar el trabajo, democratizando la empresa y, al mismo tiempo dejar de tratarlo como una mercancía. Estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían actuar colectivamente para limpiar y rescatar al planeta.

Democratizar el trabajo quiere decir combatir  la idea de que las personas trabajadoras deben ser tratadas como “recursos” cuando en realidad son la parte constitutiva de las empresas. Los empleados casi siempre son excluidos de la participación en el gobierno de los negocios y éste ha quedado en manos de los accionistas, los que aportan el capital. Defender la representación de los trabajadores en la dirección de las empresas no es un hecho nuevo ni imposible en las economías de mercado. Comenzó después de la Segunda Guerra Mundial a través de Comités de Empresa y diversas experiencias de cogestión. Sin embargo, los primeros fueron demasiado débiles y las segundas insuficientes Ahora, estos comités deben  tener derechos similares a los de las Juntas Directivas, a fin de someter al gobierno de la empresa, los Consejos de Administración y la gerencia general,  a una doble mayoría.

 

Se propone también  desmercantilizar el trabajo. La creación de puestos laborales en el sector de la salud y en actividades ligadas al cuidado de personas o al suministro de equipos y materiales indispensables han estado sometidos a la lógica de la rentabilidad. Las decenas de miles de fallecidos nos recuerdan, penosamente, dice el escrito, que hay necesidades colectivas estratégicas que no deberían estar regidas por el mercado.

De igual manera, el manifiesto propone garantizar para todos un trabajo digno a través de una Garantía de Empleo (job guarantee). Ello implica el reconocimiento del derecho al trabajo, como lo señala el artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos humanos (o, por ejemplo, la Constitución de México), lo que implica la libre elección de una actividad y sobre todo el derecho a  condiciones laborales justas y satisfactorias y a una protección contra el desempleo. Esta garantía de empleo debería ser administrada por  las comunidades y administraciones locales para contribuir a evitar el colapso climático y garantizar un futuro digno para todos y todas.

El Manifiesto sugiere que los estados nacionales deben  contribuir con los recursos necesarios para impulsar este  proyecto. Proponen para ello, revisar los objetivos de los bancos centrales, incluyendo el de la Unión Europea, de tal manera que éstos puedan financiar estos programas. Se ofrecería, además, una solución anticíclica al choque económico  que ya se nos vino encima por el desempleo masivo.

Finalmente, el Manifiesto llama a no repetir los errores cometidos a raíz de la Gran Recesión  de 2008 pues en esa ocasión se quiso resolver la crisis mediante el rescate incondicional del sector financiero, aumentando la deuda pública. Si los gobiernos vuelven hoy a intervenir en la economía es importante que esos apoyos se condicionen cambiando la orientación estratégica de las empresas beneficiadas. Éstas deberán cumplir normas medioambientales más estrictas y, asimismo, implantar un gobierno democrático a su interior. Según el Manifiesto, las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán las que cuenten con administraciones en las que tanto los inversionistas como aquellos que aportan su trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias que se vayan a  poner en práctica. Debe reconocerse que, hasta ahora,  el compromiso capital/trabajo/planeta ha resultado siempre desfavorable a las dos últimas y  sólo se ha beneficiado al primero. Algunas cooperativas y empresas de la economía social y solidaria, que se han propuesto como objetivos darles viabilidad financiera a sus proyectos y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones sociales y medioambientales, han implantado gobiernos internos más democráticos demostrando que son una opción viable.

El Manifiesto termina así:  No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan el capital de las empresas  no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que aportan su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar al  planeta.

Hasta aquí las tesis del Manifiesto. Desde mi punto de vista, estas ideas forman parte de un abanico cada vez más amplio de alternativas que han salido a la luz en las últimas semanas. Se ha extendido la convicción de que el confinamiento no ha sido un paréntesis, un espacio de tiempo sin consecuencias, y que a la salida de esta reclusión encontraremos, ya los estamos viendo, una realidad distinta a la que dejamos antes del encierro. Esta nueva realidad es, por lo pronto, más sombría. Para remediar esto, no podemos dejar que las condiciones sociales, económicas y políticas que han prevalecido sigan inalteradas. No podemos arriesgarnos a  prolongar esta calamidad o a sufrir otra en condiciones cada vez más adversas. Pero cambiar qué y cómo es el debate que tenemos que dar en todos lados.

El Manifiesto aporta algunas ideas estratégicas. Para el caso de México, me parecen de especial relevancia las siguientes: hacer efectiva la  garantía de empleo ( quizás en lugar de un ingreso mínimo vital); su financiamiento a través de los bancos centrales; y el rescate de empresas a condición de que cumplan  un conjunto de normas administrativas, laborales  y ecológicas. Lo anterior se traduciría, en lo inmediato, en un seguro de desempleo para los trabajadores del sector formal;  y un financiamiento y protección permanente para quienes realizan actividades  informales (en un taller familiar o por su cuenta). Igualmente, que los recursos del Banco de México ya no se canalicen a la banca privada sino directamente al gobierno o gobiernos (estatales, municipales) para apoyar la salud y la protección al empleo; y que los créditos a las empresas se otorguen solo cuando éstas garanticen un mejoramiento de su desempeño y su democratización interna.  Finalmente, habría que apoyar a la economía social y solidaria, un sector que apenas despunta en nuestro país. Estas y otras propuestas no pueden ser desechadas sin discusión. Poner en pie lo que ha estado de cabeza, para hacer uso de una cita famosa, requiere de muchas ideas nuevas y audaces.