Por un cambio urgente de la política
económica
Saúl Escobar Toledo
El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo
(GNCD), con sede en la UNAM, publicó recientemente un documento en el que llama
a discutir un conjunto de medidas para darle un giro a la política económica.
Esta propuesta responde a un diagnóstico de la situación actual: a estas alturas del año pueden observarse ya los
serios daños sociales infligidos por la disrupción. Como sabemos, el resguardo
obligado de las personas detuvo la economía y ello causó que millones de
personas dejaran de recibir ingresos por su trabajo. Sin embargo, el gobierno no
llevó a cabo las medidas suficientes de apoyo para compensar esas pérdidas. El
resultado es fácil de adivinar: muchos hogares se han empobrecido rápidamente.
Se ha calculado que entre 10 y 16 millones de personas en el mes de abril
vieron caer sus haberes al punto de no poder adquirir la canasta básica
alimentaria, situación que se ha prolongado para muchos de ellos durante mayo,
junio y julio. Y si bien es cierto que cada vez hay más trabajadores que se
reintegran a sus labores, las pérdidas ocasionadas no han sido reparadas.
No sólo eso, la ausencia de respaldo ha
llevado a muchas personas a abandonar su enclaustramiento para buscar el
sustento. Ello, a su vez, pone en mayor peligro a la población. El documento
considera que esta dinámica puede corregirse y que contener la pandemia, proteger
las fuentes de empleo y reactivar la economía son objetivos que se pueden conseguir al mismo
tiempo, y no necesariamente se tiene que elegir entre uno u otro.
El GNCD reconoce los avances
obtenidos antes de la crisis sanitaria: hubo un importante incremento de los salarios
mínimos y contractuales (aunque en menor medida); se amplió el derecho a una pensión
básica para adultos mayores; y se extendieron apoyos a otros grupos
vulnerables. Pero la situación cambió
de manera extraordinaria y, sin embargo, la política económica no lo hizo.
Esta situación -dice este colectivo-
debe corregirse. Para ello se propone una estrategia de emergencia para lo que
resta de 2020 y para 2021. Este nuevo rumbo podría devolver a las familias algo
de lo perdido y, sobre todo, evitar que la reactivación económica sea más lenta.
Dado que los programas sociales
vigentes no son ya suficientes, se requieren medidas inmediatas para proteger a
los trabajadores formales que han quedado desempleados o subocupados, y a los informales
que han visto caer sus ingresos. El escrito insiste en que los más afectados
han sido los que ganaban los salarios más bajos y por lo tanto son los más susceptibles
de caer en una situación de pobreza, incluso de pobreza extrema.
El Grupo hace énfasis en que la
reactivación de la economía no puede descansar únicamente en la dinámica del
mercado. Tanto el consumo privado como la inversión pueden recuperarse muy
lentamente si no hay una acción decidida del estado. Es decir, si no hay fuerte
impulso fiscal. Por ello, se señala que:
Por razones de estricta justicia social
vinculadas al imperativo de paliar el sufrimiento de millones de hogares y también
por motivos de índole macroeconómica, sigue siendo necesario y es ahora más urgente
poner en marcha un programa de ampliación del gasto público. Esto supone incrementar el déficit público
para 2020 y un presupuesto para 2021 que
fortalezca considerablemente dicho impulso.
Y agrega que, para sufragar lo anterior,
se puede recurrir, por una parte, a la línea de crédito flexible de bajo costo disponible
en el FMI y, por la otra, a un financiamiento directo del Banco de México. Adicionalmente, el sistema bancario puede cooperar con la recuperación otorgando
más crédito a empresas y personas y apoyando directamente al gobierno. Un mayor gasto público no debe,
necesariamente, convertirse en una deuda impagable y en una carga insoportable
para las futuras generaciones.
Precisamente porque un mayor
endeudamiento debe llevarse a cabo con prudencia, se hace indispensable una
mayor cooperación entre la autoridad fiscal y monetaria. Con ello se puede
lograr, de manera responsable, robustecer el sector salud; apoyar a las
familias que sufrieron despidos o recortes en sus remuneraciones; y respaldar,
sobre todo, a las micro y pequeñas empresas con apoyos directos, no sólo créditos
(hasta hoy de baja cuantía). Además, se requiere llevar a cabo un conjunto de
reformas legales para implementar un seguro de desempleo; un ingreso básico
para los más pobres y afectados; y el fortalecimiento de la banca de desarrollo
(hoy extrañamente congelada), así como una política industrial y regional que
no descanse única y pasivamente en las supuestas bondades del Tratado comercial
con Estados Unidos y Canadá.
Se necesita, también, un programa
emergente de inversión en infraestructura. Otra vez, lo que se ha planeado (el aeropuerto,
la refinería, los trenes), no es suficiente. Según las cifras oficiales publicadas
hace unos días, la inversión del sector público física (obras, equipo y
maquinaria) ha aumentado en términos reales en 16% pero en algunos rubros se han
visto caídas (seguridad nacional; protección ambiental; recreación y cultura;
sector agropecuario, silvicultura, y pesca) a cambio de otros renglones que han
aumentado (salud; desarrollo económico; y energía).
El endeudamiento adicional debe ser visto
como transitorio y circunscrito a superar la emergencia. Por ello, dice el
documento, resulta impostergable una reforma fiscal. Una reforma, precisa el
manifiesto, que finque las bases de una nueva economía incluyente y sustentable
y que sea producto de un pacto entre
los actores políticos y sociales y los
agentes económicos. La innegable fuerza del presidente, otorgada por las urnas
en 2018, debe y puede servir para conseguir este acuerdo.
El escrito aquí comentado termina con
una convocatoria:
“El Presupuesto de Egresos y la Ley de
Ingresos para 2021 deben tener como objetivos principales la recuperación económica y social. Llamamos a la Cámara de Diputados y al Senado,
a sus grupos parlamentarios, y a la sociedad mexicana, a debatir con la altura
de miras que demanda la emergencia nacional”.
No podemos perder más tiempo. Una
política basada en la contención y recortes indiscriminados del gasto corriente;
el equilibrio de las finanzas públicas; y el ahorro, objetivos que en tiempos
normales o de bonanza podría ser aconsejables, no lo son en estas circunstancias
tan dramáticas.
El gobierno puede presumir que, pese
a la adversidad, el balance presupuestario pasó de -311 miles de millones de
pesos (programado) a -319 (ejercido en el primer semestre), es decir un muy
ligero aumento del déficit, de apenas 8 mmp. Pero eso ¿de qué sirve cuando la
desigualdad y la pobreza se exacerban? El estado mexicano y, en primer lugar,
el presidente de la república, tienen que reconocer que hay una deuda más importante
que la que se registra en las finanzas públicas. El faltante que han sufrido,
sufren y lamentablemente seguirán sufriendo millones de mexicanos es un asunto prioritario.
No sólo desde el punto de vista de la responsabilidad social sino también pensando
en el futuro. Si algo se ha aprendido de las crisis del capitalismo en estos
últimos cien años es que no se puede confiar en las leyes del mercado. Es,
pues, la hora de la política, de la toma de decisiones, del cambio de rumbo.
Nota: el GNCD es un colectivo plural compuesto por hombres y mujeres de experiencias, formaciones e inclinaciones políticas diversas. Ha trabajado en torno a los problemas del desarrollo desde hace más de diez años y ha producido varios libros, ensayos, y documentos. La lista completa de integrantes del Grupo y sus publicaciones están disponibles en: http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario